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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01360-00

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
17 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01360-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora Yelenis Patricia Rodríguez Araújo. Segundo: Dejar sin efectos el ordinal tercero de la sentencia del 20 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, a través del cual se condenó en costas en ambas instancias a la parte demandante, de conformidad con la parte motiva de este proveído. Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 1 36 0- 0 0 Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01360-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

18 de abril de 2024

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 1 36 0- 0 0

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01360-00
Accionante: Yelenis Patricia Rodríguez Araújo
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión.

Temas: Acción de tutela contra sentencia de segunda instancia dictada en proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se revocó la decisión de
acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se negaron
y se condenó en costas en ambas instancias a la parte actora.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por la señora Yelenis Patricia
Rodríguez Araújo contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Decisión, por la expedición de la sentencia del 20 de octubre de 2023, en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-004-
2022-00077-00/01.

ANTECEDENTES

La señora Yelenis Patricia Rodríguez Araújo promovió acción de tutela para que se
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, así como el principio de gratuidad, los cuales considera
vulnerados por la autoridad judicial accionada.

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Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 1 36 0- 0 0

HECHOS

La parte actora narró que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y del departamento de Antioquia, en
la que solicitó la nulidad del acto administrativo ANT2021EE035131 del 28 de
agosto de 2021, mediante el cual le negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria establecida en la Ley 50 de 1990.

Que la anterior demanda tuvo como fundamento el ordenamiento jurídico y la
jurisprudencia dictada sobre la materia hasta ese momento, lo que denota que actuó
bajo los principios de buena fe y confianza legítima.

Que el 31 de marzo de 2023 el Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, pero el 23 de octubre de esa
anualidad el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, revocó
esa sentencia y la condenó en costas en ambas instancias.

Que la decisión anterior obedeció a la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-
2023 del 11 de octubre de 2023, radicado 5746-2022, proferida por el Consejo de
Estado, la cual fue posterior al inicio del proceso y atendió a la necesidad de definir
las dos posturas diversas establecidas en la jurisdicción contenciosa administrativa
sobre la materia.

Considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión,
vulneró los derechos fundamentales reclamados en protección e incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución (artículos 29 y 53
y los principios de gratuidad y acceso a la administración de justicia) porque no
realizó un análisis de ponderación subjetiva sobre la conducta procesal asumida por
las partes previo a la imposición de la condena en costas, consistente en verificar si
existieron acciones temerarias o dilatorias que hayan obstruido o dificultado el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, en los términos del artículo 79
del Código General del Proceso y, de esta forma, establecer si en el expediente
aparecía probada su causación.

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Que en el caso no se evidenció que actuara con mala fe o temeridad y, por
consiguiente, no se demostraron los gastos judiciales sufragados por la entidad
demandada, por tratarse de un asunto de pleno derecho. Agregó que en la
sentencia de unificación sobre la materia no se condenó en costas a la parte
demandante y que antes de la expedición de esta el Consejo de Estado reconocía
la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a
los docentes oficiales con independencia de si estaban o no afiliados al Fomag.

Que existió un desconocimiento de «ordenamientos judiciales» frente a la condena
en costas por parte del Consejo de Estado, para fundamentar su dicho citó las
sentencias del 9 de febrero de 2023, radicado 2017-01196, y 16 de abril de 2015,
expediente 25000-23-24-000-2012-00446-01 e hizo referencia al inciso adicionado
al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
según el cual se dispondrá sobre la condena en costas cuando la demanda haya
sido presentada con manifiesta carencia de fundamento legal.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó revocar parcialmente la sentencia dictada el 23 de
octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Decisión, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
instauró.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 20 de marzo de 2024 la acción de tutela de la referencia fue admitida, mediante
proveído, en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Decisión, como accionado; y al Ministerio de Educación Nacional, al
Fomag y al departamento de Antioquia, como terceros con interés.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, guardó
silencio.

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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Ministerio de Educación Nacional, a través del jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, adujo que acceder a las pretensiones de la tutela implicaría desconocer la
independencia y autonomía judicial, así como la presunción de acierto y legalidad
de la providencia discutida. Añadió que no se demostró la vulneración de las
garantías procesales y fundamentales invocadas y la discusión planteada es
eminentemente económica, lo que excede la competencia del juez de tutela, por
carecer de relevancia constitucional, por lo cual solicitó declarar improcedente la
acción de tutela.

Los demás vinculados guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

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“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En síntesis, la accionante considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Decisión, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y violación
directa de la Constitución (artículos 29 y 53 y los principios de gratuidad y acceso a
la administración de justicia) porque, al imponer la condena en costas, omitió
analizar que no actuó con mala fe o temeridad, en los términos del artículo 79 del
Código General del Proceso; no tuvo en cuenta que en la sentencia de unificación
sobre la materia no se condenó en costas a la parte demandante y que antes de la
expedición de esta el Consejo de Estado reconocía la sanción moratoria prevista en
el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales con
independencia de si estaban o no afiliados al Fomag.

A esta Subsección le corresponde, en primer lugar, verificar si se superan los
requisitos generales de procedibilidad que habilitan el estudio de la providencia
discutida y, de ser así, si se configuran los defectos invocados en esta acción
constitucional.

La Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad de la
presente acción de tutela para discutir las providencias censuradas en esta sede,
en tanto 1) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se
vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección; 2) la acción se
presentó con inmediatez; 3) la parte accionante no cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial; 4) no se está invocando una irregularidad procesal, por lo que no
hay lugar al análisis de esa exigencia; 5) la solicitante identificó claramente los

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hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos y 6) no se trata
de una sentencia de tutela.

En el proveído objeto de esta acción, respecto a la condena en costas, aspecto de
interés para el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta
de Decisión, expuso que variaría el criterio que la anterior Sala de Decisión tenía de
no condenar en costas conforme al numeral 8 del artículo 365 del Código General
del Proceso, en el que se previó que solo hay lugar a imponerlas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación, o por
haberse dictado sentencia por cambio de jurisprudencia en relación con la vigente
cuando se instauró la demanda.

La referida autoridad judicial sostuvo que en la sentencia debía disponerse sobre
las costas, salvo en los casos de interés público, de acuerdo con el artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, y había que condenar a la parte vencida en el proceso o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso interpuesto, de acuerdo con el
artículo 365 del Código General del Proceso.

Con fundamento en lo anterior coligió que esas normas consagran un supuesto
objetivo para la imposición de costas, las cuales están a cargo de la parte vencida,
por lo cual condenó en costas en ambas instancias a la parte demandante.

Sobre el particular, esta Subsección advierte que aun cuando el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, analizó el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011 para determinar la procedencia de la condena en costas, lo cierto
es que no tuvo en cuenta el inciso adicionado en el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, el cual es del siguiente tenor «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».

Ciertamente, la autoridad judicial aquí accionada omitió estudiar si la demanda
tendiente a lograr la nulidad del acto administrativo en el que se negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 se
presentó con o sin manifiesto fundamento legal, con lo cual desconoció la norma
precitada.

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Así las cosas, dicha autoridad pasó por alto que en primera instancia se accedió
parcialmente a las pretensiones y que, solo hasta antes de que se profiriera
sentencia de segunda instancia, la Sección Segunda del Consejo de Estado dictó
la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, en el
proceso con radicado interno 5746-2022, sobre la materia objeto de debate, lo que
impide predicar la manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda, para el
momento en que se instauró.

En consecuencia, esta Subsección advierte que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, incurrió en un defecto sustantivo, por lo cual se
amparará el derecho fundamental al debido proceso de la señora Yelenis Patricia
Rodríguez Araújo y se dejará sin efectos el ordinal tercero de la sentencia del 20 de
octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta
de Decisión, a través del cual se condenó en costas en ambas instancias a la parte
demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora Yelenis
Patricia Rodríguez Araújo.

Segundo: Dejar sin efectos el ordinal tercero de la sentencia del 20 de octubre de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión,
a través del cual se condenó en costas en ambas instancias a la parte demandante,
de conformidad con la parte motiva de este proveído.

Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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