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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05996-00

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05996-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por Ghisella Mayerllin Ortiz Tolosa, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Niéganse las solicitudes de desvinculación formuladas por la Fiduprevisora SA y el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05996-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

24 de agosto de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05996-00
Demandante: GHISELLA MAYERLLIN ORTIZ TOLOSA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR FALTA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la actora cuestionó la sentencia que revocó la decisión de no condenarla en
costas en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y, en su lugar, le impuso esa
obligación en la primera instancia. La Sala encontró que no se superó el requisito de relevancia
constitucional porque la controversia se limita a un asunto que no trasciende el ámbito de la
legalidad ni evidencia una decisión judicial arbitraria.

La Sala decide la acción de tutela presentada 1, por intermedio de apoderado judicial,
por la señora Ghisella Mayerllin Ortiz Tolosa en contra del Tribunal Administrativo del
Meta para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso
a la administración de justicia previstos en los artículos 29 y 229 de la Constitución
Política así como del principio de gratuidad, presuntamente vulnerados con ocasión de
la sentencia proferida el 22 de enero de 2026 en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación no. 50001-33-33-003-2024-00208-01.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 29 de julio de 2026. (Índice 2 del aplicativo
SAMAI).

Expediente: 11001-03-15-000-2026-05996-00
Demandante: Ghisella Mayerllin Ortiz Tolosa
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

1) La parte actora promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Villavicencio con
el fin de que se anularan los actos que negaron sus solicitudes de nivelación salarial,
se inaplicaran los decretos salariales correspondientes y se ordenara el pago de las
diferencias reclamadas.

2) El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenarla en costas2.

3) El Ministerio de Educación Nacional y la parte demandante apelaron la decisión3 y,
mediante sentencia del 22 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo del Meta
confirmó la negativa de las pretensiones, revocó el ordinal que se abstuvo de imponer
costas y condenó por ese concepto a la parte actora en la primera instancia.

4) En cuanto a las costas, sostuvo que, por tratarse de una controversia encaminada a
obtener un beneficio patrimonial particular y no de un asunto de interés público,
resultaban aplicables las reglas de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, según
las cuales debe condenarse a la parte vencida cuando aquellas aparezcan causadas y
comprobadas, sin que sea necesario valorar su conducta procesal, temeridad o mala
fe.

5) Como la sentencia fue totalmente adversa a la parte actora y las entidades
demandadas ejercieron una defensa efectiva mediante apoderados judiciales que
contestaron la demanda y presentaron alegatos de conclusión, encontró acreditada la
causación de agencias en derecho; por ello, revocó la decisión de abstenerse de
imponer costas y condenó a la demandante por las de la primera instancia, no así
respecto de la segunda instancia porque, aunque el recurso de la demandante no
prosperó, las entidades demandadas no actuaron en esa etapa y por tanto no se
causaron.

2
La autoridad judicial de primera instancia, en sentencia del 22 de septiembre de 2025 consideró que
las categorías 2AE y 3AM no eran comparables, que los incrementos diferenciados respondían a la
estructura del escalafón docente y que no se acreditó vulneración del derecho fundamental a la igualdad.

Se abstuvo de condenar en costas porque no advirtió temeridad, mala fe o una conducta irregular de la
parte actora. (Índice 027 del expediente ordinario en SAMAI).
3
En su recurso el ministerio cuestionó la abstención de condenar en costas mientras que la aquí
demandante se opuso a la decisión de fondo y sostuvo que las costas no aparecían causadas ni
comprobadas en el expediente. (Índices 030 y 032 del expediente ordinario en SAMAI).

Expediente: 11001-03-15-000-2026-05996-00
Demandante: Ghisella Mayerllin Ortiz Tolosa
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

2. Los fundamentos de la vulneración

La parte demandante alegó que la providencia cuestionada incurrió en defecto
sustantivo porque interpretó de manera fragmentaria el artículo 188 del CPACA,
adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 4 cuya expresión “en todo caso”
obliga al juez a verificar si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de
fundamento legal antes de imponer costas.

Aunque no invocó de manera expresa la configuración de un defecto por
desconocimiento del precedente judicial, alegó que el tribunal aplicó un criterio
meramente objetivo y desconoció que ambas subsecciones de la Sección Segunda del
Consejo de Estado han exigido valorar la conducta procesal y el fundamento jurídico
de la demanda en asuntos laborales como quedó plasmado en las sentencias de tutela
proferidas el 18 de abril y 24 de julio de 2024, en los expedientes nos. 11001-03-15-
000-2024-01360-005 y 11001-03-15-000-2024-03343-006.

3. Pretensiones.

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META en
sentencia proferida del 22 de enero de 2026 dentro del proceso
50001333300320240020801, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y
PRINCIPIO DE GRATUIDAD del docente, habida cuenta que las razones de
la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y al precedente judicial del
órgano de cierre en la jurisdicción [de lo] contencioso administrativo,
referente a la condena en costas.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META efectuar el examen de procedencia de la
condena en costas impuestas al proceso ordinario conforme la normatividad
vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de salvaguardar las
garantías iusfundamentales de la accionante.”. (negrillas y mayúsculas del
original - archivo disponible en medio magnético en el índice 2 del aplicativo
SAMAI)

4
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó
la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
5
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01360-00, demandante: Yelenis Patricia Rodríguez Araujo,
demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, MP Jorge Iván Duque Gutiérrez.
6
Expediente: 11001-03-15-000-2024-03343-00, demandante: Claudia Patricia Cortes Jiménez,
demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, MP Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Expediente: 11001-03-15-000-2026-05996-00
Demandante: Ghisella Mayerllin Ortiz Tolosa
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

4. Actuación procesal.

Mediante auto del 3 de agosto de 2026 (índice 4 del aplicativo SAMAI) se admitió la
acción de tutela, se notificó al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo del Meta y se vinculó al titular del Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Villavicencio, al director del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y al ministro de Educación Nacional, a quienes se les entregó
copia de la demanda y sus anexos.

5. Actuación de la autoridad judicial demandada y las autoridades vinculadas

La magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Meta se remitió íntegramente a
las consideraciones de la providencia cuestionada y sostuvo que la acción de tutela
pretende emplearse como una tercera instancia para controvertir la condena en costas
de la primera instancia.

El secretario del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Villavicencio informó que ese despacho profirió la sentencia del 22 de septiembre de
2025, concedió en efecto suspensivo los recursos de apelación y recibió nuevamente
el expediente el 30 de enero de 2026.

La directiva 3 del Grupo de Gerencia Jurídica de la Fiduprevisora SA en condición de
vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio solicitó declarar improcedente la acción de tutela y desvincular
a esa autoridad por falta de legitimación en la causa por pasiva con fundamento en que
no profirió la providencia cuestionada ni vulneró los derechos fundamentales
invocados.

El jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Educación Nacional pidió declarar
improcedente la acción de tutela porque la controversia carece de relevancia
constitucional, es de naturaleza legal y económica y no se acreditó una actuación
judicial arbitraria; también sostuvo que esa cartera carece de legitimación por pasiva
frente a la providencia atacada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Expediente: 11001-03-15-000-2026-05996-00
Demandante: Ghisella Mayerllin Ortiz Tolosa
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) las solicitudes de
desvinculación y 3) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. Las solicitudes de desvinculación

La Fiduprevisora SA y el Ministerio de Educación Nacional solicitaron su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no profirieron la providencia
cuestionada ni desplegaron una conducta vulneradora de los derechos invocados.

La Sala no accederá a esas solicitudes en tanto la vinculación de tales autoridades no
obedeció a que se les atribuyera la vulneración alegada sino a su condición de terceros
con interés en el resultado de la presente actuación constitucional.

En efecto, el Ministerio de Educación Nacional integró el extremo demandado del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se profirió la providencia
cuestionada; por consiguiente, una eventual decisión que dejara sin efectos esa
sentencia podría afectar directamente su situación jurídica.

Expediente: 11001-03-15-000-2026-05996-00
Demandante: Ghisella Mayerllin Ortiz Tolosa
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

De igual manera, la Fiduprevisora SA interviene como vocera y administradora del
patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
cual se encuentra afiliada la parte demandante y como en el proceso ordinario se
reclamó, además de las diferencias salariales, la reliquidación de prestaciones a cargo
del sistema del magisterio, dicha autoridad pública tiene interés en las consecuencias
que podría producir una eventual concesión del amparo.

En consecuencia, se negarán las solicitudes de desvinculación.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Meta con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes referidos, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia
del 22 de enero de 2026, mediante la cual se confirmó la decisión que negó las
pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por la parte actora y se revocó la abstención de condenarla en costas de
primera instancia.

En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional,
conforme se expone a continuación:

3.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia
de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de

Expediente: 11001-03-15-000-2026-05996-00
Demandante: Ghisella Mayerllin Ortiz Tolosa
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales
la imperiosa necesidad de constatar que el debate propuesto reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales
ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente 7, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez
constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el
ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional
que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de
índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de
un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos
legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de
una norma procesal8”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se
acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos
fundamentales.

7
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

Expediente: 11001-03-15-000-2026-05996-00
Demandante: Ghisella Mayerllin Ortiz Tolosa
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora
“busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos
con la intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste
la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales9”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su
pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte
Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se
presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de
un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema
jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se
pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre
el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración
concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del
requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia
de una restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

Expediente: 11001-03-15-000-2026-05996-00
Demandante: Ghisella Mayerllin Ortiz Tolosa
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o
simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de
la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de
las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta
diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único
fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente
por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente, pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente
a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas
facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una
genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales,
en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de
vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de
tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias
proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a
reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser
contenido.

Expediente: 11001-03-15-000-2026-05996-00
Demandante: Ghisella Mayerllin Ortiz Tolosa
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-
128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción
de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela
debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación,
aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia
no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de
proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación
grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una
decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una
pretensión dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y
resueltas en el proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción
competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo
establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta
hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios.”.

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara
y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones
probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.

3.2. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

Expediente: 11001-03-15-000-2026-05996-00
Demandante: Ghisella Mayerllin Ortiz Tolosa
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

1) La Sala considera que la presente acción de tutela no superó el requisito de
relevancia constitucional porque los reproches de la actora se dirigen, esencialmente,
a controvertir un aspecto meramente económico relacionado con la condena en costas.

2) Si bien la parte demandante invocó la vulneración de sus derechos fundamentales
del debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como del principio de
gratuidad, lo cierto es que la censura no propone un debate constitucional sino un mero
desacuerdo con la imposición de costas procesales.

3) La providencia cuestionada también contiene un análisis sobre la causación de las
costas y en él se estableció que el litigio perseguía un beneficio patrimonial de carácter
particular, que la sentencia fue totalmente adversa a la parte demandante y que las
entidades demandadas desplegaron una defensa efectiva:

“En el caso particular, como ya se dijo, encontramos que el asunto no era de
interés público, que la sentencia de primera instancia fue totalmente adversa,
y que además la parte demandada realizó diferentes actividades tendientes
a desplegar una actividad de defensa jurídica. Así, resulta cierto como lo
expuso la Nación - Ministerio de Educación, que actuó a través de apoderada
judicial al momento de contestar la demanda y presentar alegatos de
conclusión, lo que permite acreditar la causación de las agencias de derecho
que forman parte de las costas como lo dispone la norma, lo cual aconteció
también respecto [del] Municipio de Villavicencio10.”.

4) De ese modo, la providencia cuestionada contiene una motivación expresa sobre el
alcance del inciso incorporado por la Ley 2080 de 2021 y la comprobación de la
actividad profesional de las partes favorecidas sin que el desacuerdo con esas
conclusiones demuestre, por sí solo, que el tribunal hubiera actuado de manera
caprichosa, irrazonable o al margen del ordenamiento.

5) La controversia relacionada con el alcance de los artículos 188 del CPACA y 365
del CGP y con la procedencia de la acción de tutela para cuestionar una condena en
costas no es ajena a esta Corporación. En efecto, en sentencia del 24 de julio de 2024
esta Subsección resolvió una solicitud de amparo promovida por una docente contra
la providencia que la condenó por ese concepto y declaró su improcedencia por falta
de relevancia constitucional, al considerar que la censura se circunscribía a controvertir
la interpretación y aplicación de las normas procesales que regulan las costas y sus
consecuencias económicas11.

10
Ibídem.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 24 de julio de 2024, CP Fredy Ibarra Martínez, radicación no. 11001-03-15-000-2024-03333-00.

Expediente: 11001-03-15-000-2026-05996-00
Demandante: Ghisella Mayerllin Ortiz Tolosa
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

6) Ahora bien, la circunstancia de que la parte actora invoque providencias de tutela
proferidas por las Subsecciones de la Sección Segunda que acogieron una
comprensión distinta no transforma esta discrepancia hermenéutica en un problema
constitucional autónomo.

7) Además, en la apelación ordinaria la demandante controvirtió la condena en costas
con el argumento de que no aparecían causadas ni comprobadas en los términos del
artículo 365.8 del CGP y en la acción de tutela reformuló esa inconformidad con apoyo
en el inciso adicionado al artículo 188 pero persiguió el mismo propósito económico de
obtener la revocatoria de la condena y un nuevo examen de la interpretación normativa
efectuada por el tribunal.

8) Finalmente, en la acción de tutela se afirmó que la condena en costas constituyó una
carga desproporcionada para la parte actora en su condición de docente sin que se
expusiera o acreditara una afectación concreta del mínimo vital, del acceso efectivo a
la administración de justicia o de otro derecho fundamental que permitiera superar el
carácter legal y patrimonial del debate.

9) En conclusión, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, porque la parte actora pretende debatir un
aspecto meramente económico.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por Ghisella Mayerllin Ortiz
Tolosa, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2º) Niéganse las solicitudes de desvinculación formuladas por la Fiduprevisora SA y el
Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

3°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

Expediente: 11001-03-15-000-2026-05996-00
Demandante: Ghisella Mayerllin Ortiz Tolosa
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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