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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03343-00

Fecha
24 de julio de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
21 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03343-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Claudia Patricia Cortés Jiménez, en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS el numeral segundo de la sentencia proferida el 7 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001-33- 33-013-2022-00112-01. TERCERO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03343-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

24 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 11001-03-15-000-2024-03343-001
Demandante : Claudia Patricia Cortés Jiménez
Demandado : Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta
Vinculados : Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, Departamento de
Antioquia y Juzgado Trece (13) Administrativo de Medellín
Acción : Tutela
Derechos : Debido proceso, acceso a la administración de justicia y
presuntamente gratuidad
vulnerados
Tema : Tutela contra providencia, condena en costas
Decisión : Sentencia de primera instancia – accede

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela
incoada por Claudia Patricia Cortés Jiménez contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la gratuidad.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por la
actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a
la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a
las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

Claudia Patricia Cortés Jiménez, quien actúa a través de apoderada judicial, interpuso el
presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la

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Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-03343-00
Demandante: Claudia Patricia Cortés Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta

gratuidad, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta.

En consecuencia, solicitó dejar sin efectos, el numeral 2 del fallo de 7 de junio de 2024,
por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta2 la condenó al
pago de costas procesales dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que promovió contra el departamento de Antioquia y la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
[expediente 05001-33-33-013-2022-00112-01], encaminado a que se declarara la nulidad
del acto administrativo a través del cual no se le otorgó el pago de la sanción por
consignación extemporánea de las cesantías consagrada en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990. En su lugar, pidió ordenar a la autoridad accionada emitir una nueva providencia
en la que se revoque la aludida condena en costas impuesta en ese asunto ordinario.

Hechos

La demandante aduce que promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el departamento de Antioquia y la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
[expediente 05001-33-33-013-2022-00112-01], encaminado a que se declare la nulidad
del oficio ANT 2021EE035288 de 30 de agosto de 2021, por cuyo conducto le fue
negado el reconocimiento de la sanción por mora pretendida por la consignación no
oportuna de las cesantías correspondientes al año 2020, prevista en la Ley 50 de 1990
y, como consecuencia de esa declaración y a título de restablecimiento del derecho se
conceda dicha prestación, “desde el 15 de febrero de 2021 […] hasta el día en que se
efectúe [su] pago”.

Que, en dicho trámite contencioso administrativo, en primera instancia, el Juzgado Trece
(13) Administrativo de Medellín, con sentencia de 27 de septiembre de 2023 negó las
pretensiones, al considerar que, “no existe fundamento legal que consagre la obligación
de consignación en una cuenta individual de cada docente, pues los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio provienen de diferentes fuentes y están
sometidos al principio de unidad de caja en los términos del artículo 16 del Decreto 111
de 1996, […] situación abiertamente contraria a lo establecido para la aplicación de la
sanción por no consignación oportuna en los términos de la Ley 50 de 1990, que exige

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M.P. Martha Cecilia Madrid Roldán.
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Demandante: Claudia Patricia Cortés Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta

la existencia de una afiliación a un fondo privado de cesantías y la obligación de
consignación de manera individual en unas fechas precisas”.

Expone que, inconforme con esa decisión, interpuso recurso de apelación, desatado el 7
de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, en el sentido
de confirmarla, al estimar que “mediante sentencia de unificación proferida el once (11)
de octubre de dos mil veintitrés, por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro
del radicado 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022), [se] precisó que los
docentes estatales afiliados al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO, no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3
del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, toda vez que no es compatible con el sistema de
administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Empero, [aquellos] en
servicio activo que no estén afiliados al FOMAG, les será aplicable la Ley 50 de 1990 y,
por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social a
[su] favor”; y, además de ello, la condenó al pago de costas procesales al resultar vencida
dentro de ese proceso.

La tutelante sostiene que la providencia censurada, en lo relativo a la condena en costas
que le impuso, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la gratuidad, dado que no tuvo en cuenta que su actuación
dentro de las diligencias ordinarias no fue temeraria o dilatoria.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 3 de julio de
2024, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó notificar al
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta; y (ii) dispuso vincular a la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, al departamento de Antioquia y al Juzgado Trece (13) Administrativo de
Medellín, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción

2.1.1 Nación - Ministerio de Educación Nacional3. Solicitó declarar improcedente la
acción de tutela de la referencia, comoquiera que la actora “presenta como debate
procesal una controversia de naturaleza estrictamente económica, un litigio que involucra

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Índices 00011, 00012 y 00013 de Samai.
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Demandante: Claudia Patricia Cortés Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta

intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutela, por carecer
de absoluta relevancia constitucional”.

2.1.2 Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, departamento de Antioquia
y Juzgado Trece (13) Administrativo de Medellín. Guardaron silencio en la oportunidad
prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de
las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de
2021.

3.2 La acción

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual
quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el numeral 2° del fallo de 7
de junio de 2024, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta
condenó a la tutelante al pago de costas procesales dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra el departamento de Antioquia y la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG) [expediente 05001-33-33-013-2022-00112-01]; y, en caso

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afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la gratuidad invocadas en la solicitud de amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo
judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía
una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo
vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento del principio de autonomía
funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia
judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se
determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como
vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa
completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de
tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.
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Demandante: Claudia Patricia Cortés Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una
sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en
aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si
no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los
órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias
judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de
procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela
contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia
constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que
se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las

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consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo
de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente
para controvertir decisiones judiciales4, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de
julio de 20125, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra
providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y
la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos6.

3.5 Caso concreto

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la gratuidad
de la tutelante; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se

4
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
5
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
6
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo
de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta

establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías
superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la providencia
atacada quedó ejecutoriada el 18 de junio de 20247 y la solicitud de amparo se presentó
el 28 siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (10 días); y (v) el fallo acusado
no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo, pues pese a que la
actora no la alega, su inconformidad se contrae a la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
gratuidad con ocasión a la condena en costas que se le impuso en la sentencia
reprochada, por lo que en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de
tutela está en la obligación de interpretar de manera extensiva el escrito inicial8, resulta
procedente analizar este trámite a partir de la aludida causal de procedencia de tutela
contra providencia judicial.

3.5.1 Defecto sustantivo

Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los
jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las
autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que
regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional9 ha estimado que la providencia judicial proferida con
desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo,
que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una
disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada
inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la
interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla.

7
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 11 de junio de 2024, motivo por el cual
se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 13 siguiente, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
8
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela, esta Corte
ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos fundamentales
de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su deber esclarecer los hechos
que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y en esta
medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
9
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta

Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

“Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en
una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar
a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos constitucionales.” 10

Ahora bien, antes de proceder a realizar el estudio de fondo del presente asunto, resulta
oportuno anotar que, “[e]l concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende
los denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias
del derecho, los llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros como son los
necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios
de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte de expediente al
superior en caso de apelación”11.

El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, sobre la condena en costas, dispone:

“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.” (Énfasis propio).

Por su parte, se precisa que, comoquiera que el Código de Procedimiento Civil fue
derogado por el Código General del Proceso, se entiende que el aludido artículo 188 del
CPACA, hace remisión directa al último (Ley 1564 de 2012), el cual, al respecto en su
artículo 365, preceptúa:

“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores
a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

10
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 28 de octubre de 2021, expediente 08001-23-33-000-2015-
80001-01 (6072-2019), C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
9

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Demandante: Claudia Patricia Cortés Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente,
la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin
perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar
en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará
en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán
distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se
les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin
embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o
transacción.”

En el asunto sub examine se observa que la autoridad accionada, en la sentencia
censurada, fundamentó su determinación de condenar en costas a la actora, así:

“5. SOBRE LA CONDENA EN COSTAS EN ESTA INSTANCIA. Precisa la Sala que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA (Ley 1437 de 2011), deberá
disponerse en la sentencia sobre la condena en costas, a menos que se trate de un asunto de
interés público, dándosele el trámite consagrado para tal efecto en el Código General del
Proceso.

El Consejo de Estado, en materia de condena en costas señaló:

“Esta subsección en providencia de 7 de abril de 2016 12, sobre la condena en costas en
vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para la imposición de
condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al
pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios
del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso.
Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

12
Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-
2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-03343-00
Demandante: Claudia Patricia Cortés Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por
lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho
de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del
secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.» (Negrillas
de la Sala)

De acuerdo con lo expuesto, la condena en costas obedece a un criterio objetivo valorativo
que tiene en cuenta, entre otros asuntos, la acreditación de haberse causado las mismas en
el proceso, se puede disponer de la fijación de agencias en derecho y dependerá de la posición
en la que se encuentren los sujetos procesales.

En este caso en particular, encuentra la Sala procedente imponer costas de segunda instancia,
motivo por el cual se condenará en tal sentido a la parte demandante y a favor de la
demandada lo cual incluye la fijación de Agencias en Derecho por el A Quo, pues conforme el
numeral 1° del artículo 365 del CGP, Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso.”

De lo anterior se concluye que la autoridad accionada, en cuanto a la condena en costas
impuesta en el asunto ordinario con radicado 05001-33-33-013-2022-00112-01, acogió
lo previsto en el numeral primero del artículo 365 del CGP, según el cual “[s]e condenará
en costas a la parte vencida en el proceso […]”, “sin perjuicio de lo dispuesto en relación
con la temeridad o mala fe”, por ende, el argumento de la actora relacionado con que se
debe observar su buena conducta en dichas diligencias, no es suficiente para dejar sin
efectos la aludida determinación.

Sin embargo, para la Sala la autoridad accionada (i) dejó de lado que se debe comprobar
la causación de las costas, lo cual, es un análisis que le corresponde efectuar solo al juez
de conocimiento, “bajo los criterios establecidos en la ley, por tanto, no obedecen al
arbitrio o discrecionalidad de los sujetos procesales ni tampoco al […]”13 suyo, lo cual no
se acreditó en este asunto; y (ii) desatendió que el artículo 188 del CPACA fue adicionado
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que dispone que la condena en costas resulta
procedente “cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia
de fundamento legal”, lo que no ocurrió en este caso, si se tiene en cuenta que la intención
de la actora era lograr el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías del año 2020, lo cual, para el momento en que radicó su demanda no

13
Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia de 6 de agosto de 2029, expediente 15001-33-33-007-2017-
00036-01, C. P. Rocío Araújo Oñate.

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Demandante: Claudia Patricia Cortés Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta

era pacifico, pues, fue precisamente ello, lo que conllevó a que dicho tema fuera objeto
de decisión por la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 proferida el 11 de octubre de 202314, en la que se determinó que
“[l]os docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989”.

Por consiguiente, para la Sala no es dable que se pueda alegar indebido fundamento
legal en los temas relacionados con las demandas de sanción moratoria por pago tardío
de cesantías de docentes, cuando en el curso del proceso se notificó la sentencia de
unificación de 11 de octubre de 2023 que cambió el criterio y desfavoreció a los
accionantes.

Al respecto, en sentencia de tutela de 25 de julio de 2024, esta Subsección15 dispuso:

“A juicio de la Sala, la autoridad judicial demandada incurrió en defecto sustantivo al condenar
en costas a Claudia Milena Ortega Roldan bajo un criterio objetivo, pese, a que la materia fue
redimensionada por el legislador a través de la Ley 2080 de 2021, en el sentido de que si bien
ello es procedente respecto de la parte vencida en ambas instancias y de quien no se haya
advertido una conducta temeraria o de mala fe, además, deberá establecerse si careció de
fundamento legal para demandar, es decir, la decisión dependerá de un juicio valorativo de
las particularidades del caso.
[…]
Es decir, mal podría considerarse la condena en costas en cuyas controversias se definen
con fundamento en posturas producto de un cambio jurisprudencial o sentencia de unificación
proferida durante el curso del proceso ordinario, situación que a todas luces conllevaría un
desconocimiento del derecho de acceso a la administración de justicia de las partes en
contienda. […]”

De acuerdo con lo anotado, se puede concluir que la providencia censurada incurre en
defecto sustantivo, lo que impone acceder al amparo solicitado.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la actora acreditó
que la sentencia de 7 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de

14
CP Juan Enrique Bedoya Escobar. Expediente 66001333300120220001601 (5746-2022).
15
Expediente: 11001-03-15-000-2024-03346-00, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar
12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-03343-00
Demandante: Claudia Patricia Cortés Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta

Antioquia, Sala Cuarta, incurrió en defecto sustantivo. Por tal motivo, se accederá a la
solicitud de amparo invocada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de Claudia Patricia Cortés Jiménez, en los términos indicados
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS el numeral segundo de la sentencia proferida el 7 de
junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001-33-
33-013-2022-00112-01.

TERCERO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

13

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