Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04738-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04738-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-04738-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04738-01
Demandante: Javier Enrique Solano Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Reconocimiento de diferencias salariales dejadas de
percibir en el escalafón docente. Condena en costas.
Decisión: Confirma decisión de primera instancia.
La Sala decide la impugnación presentada por Javier Enrique Solano Ramos contra
la Sentencia de 23 de julio de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 19 de junio de 2026, Javier Enrique Solano Ramos a través de apoderado
judicial, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia1, con ocasión de la Sentencia de 6 de noviembre de
2025 proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 50001-
33-33-004-2024-00162-00/012.
2. A título de amparo constitucional, solicitó que se ordene al Tribunal
Administrativo del Meta efectuar el examen de procedencia de la condena en costas
impuestas al proceso ordinario conforme la normatividad vigente y el precedente
jurisprudencial.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la parte actora manifestó que
se desempeña como docente oficial en la categoría 2A del escalafón docente
regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.
4. Señaló que durante el año 2011 el Gobierno Nacional no fijó de manera
equitativa la asignación salarial básica entre los escalafones 2A y 3AM, pues
1 Mencionó también la presunta vulneración del principio de gratuidad de la justicia.
2 Mediante Sentencia complementaria del 11 diciembre de 2025 se resolvió el recurso de aclaración y adición
presentado pro la parte actora contra la providencia del 6 de noviembre de 2025. Notificada el 18 de diciembre
de 2025.
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Demandante: Javier Enrique Solano Ramos
mientras la categoría 2A del escalafón recibió un incremento del 5,7% la
categoría 3AM recibió un incremento del 11,3%3.
5. Debido a lo anterior, presentó reclamación ante la Nación - Ministerio de
Educación Nacional y el Departamento del Meta, mediante la cual solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas del incremento
desigual. El Departamento del Meta negó la solicitud mediante oficio No 17003-19-
70, mientras el Ministerio de Educación guardó silencio.
6. El 5 de agosto de 2024, el señor Solano Ramos interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho4 contra los actos administrativos del
Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del Meta con el fin de obtener
el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas durante los 3 años
anteriores a la presentación de la reclamación administrativa.
7. Mediante sentencia de 16 de diciembre de 2024, el Juzgado 4
Administrativo de Villavicencio negó las pretensiones de la demanda. Señaló que lo
decretos salariales fueron diseñados con el propósito de garantizar los principios de
igualdad y progresividad, así como de promover el desarrollo profesional de los
docentes. Asimismo, indicó que las nuevas escalas salariales buscan incentivar la
meritocracia en la carrera docente. Por lo anterior, concluyó que dichos decretos no
son contrarios a la Constitución ni a la ley, pues la fijación de porcentajes
diferenciados de incremento salarial entre los distintos grados del escalafón docente
responde a criterios objetivos propios de ese régimen salarial.
8. Finalmente, el Juzgado condenó en costas al demandante, al considerar
acreditado que la parte demandada desplegó una actividad profesional efectiva para
la defensa judicial de sus intereses dentro del proceso.
9. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación.
Sostuvo que la sentencia no efectuó un análisis exhaustivo del problema planteado,
pues se limitó a afirmar que los incrementos salariales estaban justificados por el
escalafón docente. A su juicio, el Gobierno debía explicar de manera suficiente y
precisa las razones técnicas y jurídicas que los llevaron a fijar los porcentajes de
incremento salarial aplicables a cada grado del escalafón. Asimismo, frente a la
condena en costas, sostuvo que esta resultaba improcedente, por cuanto no se
acreditó la causación de gastos procesales ni agencias en derecho.
10. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 6 de noviembre
de 2025, confirmó la decisión de primer grado. Precisó que las diferencias salariales
estuvieron justificadas, ya que el demandante no tiene las mismas condiciones de
los educadores ubicados en el grupo 3AM y por lo tanto no se encontraban en
igualdad de condiciones. En conclusión, los aumentos salariales efectuados por el
Gobierno Nacional no vulneraron el derecho a la igualdad, pues se fundamentaron
en criterios objetivos, técnicos y constitucionalmente legítimos. No obstante, omitió
3 Indicó que, en los años 2005, 2006 y 2007 el empleador reconoció el incremento salarial en condiciones
idénticas de porcentaje para el personal docente vinculado al nuevo escalafón establecido en el Decreto Ley
1278 de 2002.
4 El proceso fue asignado al Juzgado 4 Administrativo de Villavicencio con radicado No. 50001-33-33-004-2024-
00162-00 /01.
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pronunciarse expresamente sobre el cuestionamiento formulado contra la
condena en costas impuesta por el Juzgado 4 Administrativo de Villavicencio.
11. La parte demandante solicitó la adición de la sentencia para que se emitiera
un pronunciamiento expreso respecto de la condena en costas impuesta en primera
instancia por el Juzgado 4 Administrativo de Villavicencio mediante la sentencia del
16 de diciembre de 2024. En consecuencia, solicitó que dicha condena fuera
revocada, al considerar que en el expediente no existían pruebas que acreditaran
causación de costas.
12. Mediante Sentencia complementaria de 11 de diciembre de 2025, el
Tribunal adicionó la Sentencia de 6 de noviembre de 2025 y confirmó la condena en
costas impuesta por el Juez de primera instancia. Para ello, concluyó que en el
expediente se encontraba acreditada la causación de las costas, derivadas de la
actividad procesal desplegada por el Ministerio de Educación Nacional durante el
trámite del proceso.
13. Como fundamento de la vulneración, alegó que el Tribunal aplicó
indebidamente el artículo 188 del CPACA, pues desconoció la modificación
introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. Según el accionante, dicha
reforma exige verificar si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de
fundamento legal para efectos de imponer condena en costas.
14. Asimismo, afirmó que el Tribunal se limitó a aplicar un criterio de
vencimiento procesal y omitió examinar si la demanda carecía manifiestamente de
fundamento jurídico. En su criterio, ello condujo a una aplicación fragmentada del
artículo 188 del CPACA, pues la autoridad judicial tomó en consideración
únicamente algunos apartes de la disposición e ignoró la modificación introducida
por la Ley 2080 de 2021, con desconocimiento de los principios de favorabilidad e
inescindibilidad normativa.
15. Afirmó que el Tribunal desconoció el precedente de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, conforme al cual la condena en costas dentro de los asuntos
laborales administrativos no procede automáticamente por el simple hecho de
resultar vencido en el proceso. Según expuso, la jurisprudencia exige un análisis
objetivo–valorativo de la actuación procesal de las partes, así como la verificación
de una manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda. En respaldo de
esta tesis citó diversas providencias de la Sección Segunda y varias sentencias de
tutela del Consejo de Estado: (i) 7 de diciembre de 20215, (ii) 27 de enero de 20226,
(iii)11 de agosto de 20237, (iv) 24 de agosto de 20238, (v) 8 de febrero de 20249, (vi)
5 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 7 de diciembre de 2021, Rad. No. 25000-
23-42-000-2018-02785-01.
6 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 27 de enero de 2022, Rad. No. 25000-23-
42-000-2016-05174-01.
7 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 11 de agosto de 2023, Rad. No. 18001-
23-33-000-2014-00249-01.
8 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección A. Sentencia del 24 de agosto de 2023, Rad. No. 05001-
23-33-000-2017-00562-01.
9 Aunque el accionante identificó la providencia mediante un radicado que no corresponde exactamente al
proceso citado, la verificación efectuada en el sistema SAMAI permite concluir que la sentencia a la que
realmente se refiere es la proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el 8 de febrero
de 2024, dentro del proceso con Rad. No. 52001-33-33-000-2018-00461-00.
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4 de abril de 202410, (vii) 23 de mayo de 202411, (viii) 30 de mayo de 202412, (ix)
13 de junio de 202413, (x) 27 de marzo de 202514 y, (xi) 23 de abril de 202515.
Además de las sentencias de tutela del 18 de abril de 202416, 25 de julio de 202417
y 24 de julio de 202418.
Intervenciones19
16. El Juzgado 4 Administrativo de Villavicencio20 manifestó que no incurrió en
vulneración alguna de derechos fundamentales ya que la sentencia de 16 de
diciembre de 2024 fue proferida con plena observancia de las normas aplicables y
la jurisprudencia vigente en materia de condena en costas. Afirmó que la
inconformidad del accionante se dirige realmente a cuestionar la interpretación
jurídica efectuada por los jueces del proceso respecto al régimen de costas.
17. El Departamento del Meta solicitó declarar improcedente la acción de tutela
por carecer de legitimación en la causa por pasiva. Subsidiariamente, pidió negar el
amparo solicitado, al considerar que no se encontraba acreditada la vulneración de
derechos fundamentales y que tampoco se configuraba alguno de los defectos
específicos que justifican la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
18. Asimismo, destacó que el Tribunal expuso de manera suficiente las razones
jurídicas que sustentaron su decisión, identificó y analizó las normas que estimó
aplicables al caso concreto, y dio respuesta a las inconformidades formuladas por
el demandante en el recurso de apelación.
19. El Tribunal Administrativo del Meta21 manifestó que ratificaba los
argumentos jurídicos que sustentaron la providencia. Señaló que el accionante
estaba acudiendo a la acción de tutela como una tercera instancia, ya que en la
decisión fueron expuestos los argumentos para confirmar el fallo. Solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, ya que no cuenta con los requisitos generales de
procedencia, o en su defecto negar el amparo solicitado.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección A. Sentencia del 4 de abril de 2024, Rad. No.20001-23-
33-000-2013-00352-01.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2024, Rad. No. 25000-
23-42-000-2015-03335-01.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 30 de mayo de 2024, Rad. No 23001-23-
33-000-2016-00148-01.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 13 de junio de 2024, Rad. No. 25000-23-
42-000-2012-01145-02
14 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 27 de marzo de 2025, Rad. No. 11001-
03-25-000-2016-00176-00.
15 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 23 de abril de 2025, Rad. No. 11001-03-
25-000-2016-00592-00.
16 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección A. Sentencia del 18 de abril de 2024, Rad. No. 11001-03-
15-000-2024-01360-00.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 25 de julio de 2024. Rad. No. 11001-03-
15-000-2024-03346-00.
18 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 24 de julio de 2024. Rad. No. 11001-03-
15-000-2024-03343-00.
19 Mediante Auto de 19 de junio de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Meta y, vinculó al Juzgado 4 Administrativo de Villavicencio, a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional, al Departamento del Meta, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), a la Fiduprevisora S.A y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
20 Envió el expediente digital del proceso.
21 Adjunto el link del proceso.
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20. El Ministerio de Educación solicitó declarar improcedente la acción de tutela
al considerar que no existía vulneración de derechos fundamentales y que no se
cumplen los presupuestos que habilitan excepcionalmente el estudio de una
providencia judicial mediante este mecanismo constitucional. Asimismo, resaltó el
carácter subsidiario de la acción de tutela y sostuvo que el asunto carece de
relevancia constitucional, pues la controversia se circunscribe a la imposición de
una condena en costas, materia que involucra la interpretación y aplicación de
disposiciones legales de carácter procesal. Por último, solicitó su desvinculación
dentro de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
21. La Fiduprevisora solicitó declarar improcedente la acción de tutela y, en
consecuencia, ser desvinculada del proceso. Sostuvo que la solicitud de amparo no
desarrollaba de manera suficiente las causales específicas que habilitan la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Asimismo, señaló que la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, dado
que la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el
accionante se atribuye únicamente al Tribunal Administrativo del Meta.
22. El FOMAG y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se
pronunciaron.
Sentencia impugnada
23. Mediante Sentencia del 23 de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que el accionante
pretendía reabrir el debate ordinario y constituir una tercera instancia para que se
revocara lo ya resuelto por el juez administrativo. Resaltó que los reproches
formulados por el accionante reflejaban una mera inconformidad con la decisión del
Tribunal.
Impugnación
24. El accionante interpuso escrito de impugnación solicitando se revocara la
sentencia de primera instancia. Para ello sostuvo que el asunto si tiene relevancia
constitucional porque no se trata de una simple inconformidad con una decisión ni
de una discusión económica sobre la condena en costas, sino de una presunta
vulneración de los derechos fundamentales.
25. Afirmó que la acción de tutela no pretende reabrir un debate ni cuestionar
la existencia de la condena en costas, sino cuestionar una decisión que, en su
criterio, carece de motivación suficiente y desconoce la normatividad aplicable. Para
sustentar esta posición, invocó varias sentencias del Consejo de Estado del año
202422, en las que se concedió el amparo constitucional al evidenciarse que las
autoridades judiciales impusieron condenas en costas sin examinar el requisito
relativo a la manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda, incorporado
en la Ley 2080 de 2021.
22
Sentencia del 18 de abril de 2024, Rad. No. 11001-03-15-000-2024-01360-00. Sentencia del 25 de julio de
2024. Rad. No. 11001-03-15-000-2024-03346-00. Sentencia del 24 de julio de 2024. Rad. No. 11001-03-15-
000-2024-03343-00.
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II.CONSIDERACIONES
Competencia
26. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo del Meta, vulnero
los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia de la parte actora con ocasión de la Sentencia de 6 de noviembre de 2025
proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado No.
50001-33-33-004-2024-00162-00/01.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
28. La Sala confirmará la decisión de primera instancia mediante la cual se
declaró la improcedencia de la acción de tutela al no superar el requisito general de
relevancia constitucional, como se expone a continuación:
29. De acuerdo con la Corte Constitucional, el requisito bajo estudio encuentra
su razón de ser en el carácter residual de este mecanismo constitucional, así como
en la necesidad de preservar las competencias judiciales y el respeto de la
autonomía e independencia de los jueces. Por tal razón, la acción de tutela contra
providencia judicial se restringe a asuntos donde se afecten los derechos y
garantías fundamentales, en aras de evitar que se convierta en una instancia
adicional del proceso ordinario23.
30. Por su parte, en la Sentencia SU-215 de 202224, se establecieron los
siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:
31. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no
meramente legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la
determinación de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta
interpretación o aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el
debate no sea estrictamente monetario de ni connotaciones particulares o privadas
que no representen un interés general25.
32. Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con
que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la administración de
justicia o a la reparación efectiva, sino que debe ir más allá «de la mera adecuación
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-215 de 2022 y SU – 179 de 2021.
24
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022, MP Cristina Pardo Schlesinger.
25 Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte
Constitucional.
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del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales»,
lo cual supone justificar de manera razonada y clara la «existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental»26.
33. Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre
este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra
providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si se
verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»27.
34. Que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial28.
35. En el caso concreto se advierte que la acción de tutela no cumple con la
carga de relevancia constitucional toda vez que la parte actora pretende que, a
través del amparo constitucional se resuelva un debate que es de competencia del
juez natural de la causa y claramente desborda sus límites y finalidad.
36. En ese contexto, debe recordarse que la acción de tutela contra
providencias judiciales tiene un carácter absolutamente excepcional, y solo procede
cuando se acreditan, de manera estricta y reforzada, defectos que trasciendan el
mero desacuerdo con la decisión judicial adoptada y demuestren una verdadera
trasgresión de derechos fundamentales.
37. De acuerdo con lo anterior, aunque la demanda se estructura formalmente
bajo las causales específicas de defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial, del examen integral de sus argumentos se advierte que ambos
reproches convergen en una misma inconformidad, esto es, la discrepancia de la
actora con la interpretación que el Tribunal Administrativo del Meta realizó del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, al confirmar la condena en costas impuesta dentro del proceso ordinario.
38. La Sala observa que la controversia planteada gira exclusivamente en torno
a la interpretación y aplicación de normas procesales que regulan la condena en
costas, sin embargo, esto no constituye por sí mismo una restricción al acceso a la
administración de justicia, debido a que se trata de una consecuencia procesal
prevista por el legislador. Por lo tanto, la sola discrepancia respecto de su imposición
no transforma automáticamente el debate en una controversia constitucional.
39. Así las cosas, la Sala advierte que el accionante no plantea una controversia
constitucional autónoma relacionada con la afectación directa de un derecho
fundamental, sino que cuestiona la interpretación que el Tribunal Administrativo del
Meta realizó del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 47
26
Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
27 Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
28 Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
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de la Ley 2080 de 2021, respecto de los presupuestos para la imposición de la
condena en costas. En tal sentido, la pretensión de amparo se orienta a obtener la
sustitución del criterio jurídico adoptado por el juez natural por aquel que el actor
considera más acertado.
40. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta causal únicamente
se configura cuando la interpretación judicial resulta ostensiblemente irrazonable o
carece de soporte jurídico suficiente. En este caso, del examen de la providencia
cuestionada se advierte que el Tribunal identificó expresamente el reparo formulado
por el demandante frente a la condena en costas, reseñó los argumentos expuestos
en el recurso de apelación y desarrolló un estudio específico sobre el régimen
jurídico aplicable. Así mismo, la providencia analizó el alcance del artículo 188 del
CPACA, la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, la relación de dicha
disposición con el artículo 365 del CGP y la jurisprudencia existente sobre la
materia.
41. Tal planteamiento resulta insuficiente para acreditar el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que la jurisprudencia ha sido uniforme en señalar
que la tutela contra providencias judiciales no constituye un mecanismo orientado a
escoger entre interpretaciones jurídicas plausibles ni una instancia destinada a
corregir desacuerdos hermenéuticos surgidos dentro del ejercicio ordinario de la
función jurisdiccional. Su finalidad se limita a conjurar actuaciones judiciales
ostensiblemente arbitrarias que comprometan de manera real y directa derechos
fundamentales.
42. Ahora bien, el expediente demuestra que el Tribunal Administrativo del Meta
no ignoró la discusión jurídica propuesta por la parte actora. Por el contrario, en la
sentencia, identificó expresamente el reparo formulado contra la condena en costas,
reseñó los argumentos expuestos en el recurso de apelación y emprendió un
estudio específico del régimen normativo aplicable, incluyendo el alcance del
artículo 188 del CPACA, la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 y el
artículo 365 del CGP y la postura del Consejo de Estado sobre la materia. Dichas
circunstancias resultan relevantes para el análisis de procedibilidad, pues
evidencian que el asunto fue objeto de consideración expresa por parte del juez
natural y que la decisión cuestionada se sustentó en una interpretación razonada
del ordenamiento jurídico, descartándose así la existencia de una actuación judicial
arbitraria, caprichosa o desprovista de fundamentación.
43. Aunado a lo anterior, la propia providencia reconoció que la cuestión
debatida ha sido objeto de interpretaciones divergentes dentro de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo29, circunstancia que evidencia la existencia de una
controversia hermenéutica legítima y no el desconocimiento manifiesto de una regla
jurídica unívoca. Por tal razón, el desacuerdo planteado por la accionante se ubica
en el ámbito de la interpretación judicial y no en el de una actuación ostensiblemente
arbitraria o caprichosa susceptible de control constitucional.
29 Sentencia complementaria del 11 de diciembre de 2025, Tribunal Administrativo del Meta, - «En cuanto al
criterio vigente para la imposición de costas, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha abordado el tema
con mayor rigor, aunque con posiciones divergentes tanto entre sus subsecciones como al interior de ellas. Por
una parte, existen decisiones que interpretan que la Ley 1437 de 2011 consagra un criterio subjetivo, atendiendo
la conducta procesal de las partes; mientras que, por otra, se sostiene que el criterio aplicable es de naturaleza
objetiva-valorativa, basado en la verificación de la causación de las costas y su comprobación en el expediente».
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04738-01
Demandante: Javier Enrique Solano Ramos
44. Aunado a lo anterior, se advierte que el principal supuesto sobre el
cual se estructura la acción de tutela carece de respaldo en las actuaciones
procesales. En ese entendido, el accionante sostuvo que el Tribunal desconoció la
modificación introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 del
CPACA; sin embargo, la lectura de la sentencia evidencia precisamente lo contrario.
45. Así las cosas, la autoridad judicial no solo citó expresamente la reforma
legal invocada, sino que examinó su alcance, la finalidad perseguida por el
legislador y la forma en que debía armonizarse con las restantes disposiciones que
regulan la condena en costas30. En consecuencia, el desacuerdo planteado por el
accionante se ubica dentro del margen de interpretación propio de la función
jurisdiccional y no revela, una posible vulneración de derechos fundamentales
susceptible de control excepcional mediante la acción de tutela.
46. En ese entendido, la Sala estima particularmente relevante que el Tribunal
no se limitó a ratificar de manera automática la decisión adoptada en primera
instancia, sino que por el contrario, examinó nuevamente la procedencia de la
condena en costas, revisó la jurisprudencia aplicable, estudió la relación entre el
CPACA y el CGP y concluyó que en el caso concreto se encontraba acreditado tanto
el elemento objetivo como el elemento valorativo exigidos por el ordenamiento
jurídico.
47. Así las cosas, la providencia contiene una motivación específica31 orientada
a responder precisamente los argumentos que hoy se reiteran en sede
constitucional, lo que excluye la existencia de una cuestión constitucional autónoma
susceptible de ser revisada por vía de tutela.
48. En ese contexto, la Sala concluye que el accionante no demuestra la
existencia de una restricción desproporcionada de los derechos fundamentales
invocados, ni identifica una cuestión constitucional autónoma distinta de su
desacuerdo con la interpretación adoptada por las autoridades judiciales.
49. Admitir la procedencia de la tutela en estas circunstancias implicaría
convertir este mecanismo excepcional en una instancia adicional destinada a revisar
la corrección jurídica de las interpretaciones judiciales, desconociendo los principios
de autonomía judicial, seguridad jurídica y distribución constitucional de
competencias.
30 Sentencia complementaria del 11 de diciembre de 2025, Tribunal Administrativo del Meta, - «El Alto Tribunal
ha señalado que la interpretación más adecuada de la disposición es aquella que asegura su efectividad
mediante una lectura sistemática de los incisos primero y segundo del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, con
la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, lo que implica aplicar la regla general —condena en costas
a la parte vencida, demandante o demandada, en cualquier tipo de proceso—, salvo en aquellos en que se
discuta un interés público (acciones públicas). En todo caso, en este tipo de asuntos será procedente imponer
costas al demandante cuando se advierta que la demanda carece por completo de fundamento legal, pues se
busca sancionar el ejercicio infundado e irresponsable del derecho de acción, evitando el desgaste innecesario
del aparato jurisdiccional»
31 Ibidem, - «De lo anterior se desprende que el a quo aplicó los parámetros normativos y jurisprudenciales
vigentes al decidir sobre la condena en costas. Por una parte, consideró que la demandante era la parte vencida
en el proceso (criterio objetivo); y, por otra, contrario a lo sostenido por el recurrente, no se limitó a este
elemento, sino que también tuvo en cuenta el aspecto valorativo, al señalar en la sentencia que las costas se
encontraban acreditadas con la actividad procesal desplegada por los apoderados de las entidades
demandadas».
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50. Por lo anterior, la controversia planteada no supera el requisito de
relevancia constitucional exigido para la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales, de tal suerte que la Sala confirmará la decisión
de primera instancia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que
declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia de 23 de julio de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente
la acción de tutela.
SEGUNDO. REMITIR la anterior decisión a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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