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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03346-00

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
25 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03346-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de Claudia Milena Ortega Roldan, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Dejar sin efectos el numeral segundo de la sentencia proferida el 7 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001 33 33 036 2022 00448 01. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03346-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

25 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03346-00
Demandante: Claudia Milena Ortega Roldan
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho para reclamar el reconocimiento y pago de sanción
moratoria por la no consignación de cesantías anualizadas en
favor de docente / Condena en costas / Defecto sustantivo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por Claudia Milena Ortega Roldan, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Claudia Milena Ortega Roldan promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión del numeral
segundo de la sentencia proferida el 7 de junio de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 05001333303620220044801.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Presentó, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio2 y el departamento de Antioquia, con el fin
de cuestionar la legalidad del acto administrativo que le negó el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías
correspondientes al año 2020, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
y de la indemnización por el pago inoportuno de los intereses a las cesantías, de

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «
1_DemandaWeb_Demanda_TUTELACLAUDIAMILENAO(.pdf) NroActua 2»
2
En adelante FOMAG
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03346-00
Demandante: Claudia Milena Ortega Roldan

acuerdo con el artículo 1 de las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990, y el Decreto
Nacional 1176 de 1991.

ii) El Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín en
sentencia proferida el 24 de julio de 2023 negó las súplicas de la demanda. En
contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.

iii) El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 7 de junio de 2024
confirmó lo resuelto por el a quo al considerar que, tal como definió el Consejo de
Estado, Sección Segunda en sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023
proferida el 11 de octubre de 2023 3, «[l]os docentes estatales afiliados al FOMAG no
tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50
de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989».

Asimismo, condenó «en costas en esta instancia a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas en el juzgado de origen, incluyendo las agencias en derecho de esta instancia
que serán fijadas por el a quo.» (sic)

iv) La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto sustantivo4 por indebida aplicación del artículo 188 de la Ley 1437
de 2011, adicionado por el 47 de la Ley 2080 de 2021, que dispone la condena en
costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal», lo cual no ocurrió en el asunto contencioso-administrativo
cuestionado, sin contar con que al tratarse de una controversia de puro derecho, no
se acreditó que la entidad demanda hubiera sufragado gastos judiciales.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÒN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y conforme a esto se
REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA MAGISTRADO PONENTE
MARTHA CECILIA MADRID ROLDAN radicado 05001333303620220044801 el
numeral segundo donde condena en costas en esta instancias […]» (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1 El Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín5, si bien allegó el expediente contencioso-administrativo solicitado, guardó
silencio respecto al amparo pretendido.

3 Expediente 66001333300120220001601 (5746-2022)
4 Aunque no se identifica de forma expresa, la motivación efectuado permite establecerlo
5 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado «17RECIBE PRUEBAS_TUTELA202403346pdf(.pdf)

NroActua 13»
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03346-00
Demandante: Claudia Milena Ortega Roldan

1.2.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia6, luego de recordar las
consideraciones contenidas en la decisión acusada que motivaron la condena en
cosas a la demandante en esa instancia, solicitó que se declarara improcedente la
tutela ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados y
de relevancia constitucional.

1.2.3 Previsora La Fiduprevisora S.A.7 requirió que se declarara la improcedencia
de la solicitud de tutela, en razón a que la decisión de la autoridad judicial
demandada se ajustó a los postulados jurisprudenciales existentes sobre la materia.

1.2.4 El Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Antioquia
guardaron silencio.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021,8 esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que
en su interior se habían desarrollado sobre el tema.10 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de

6
Ver índice 14 de Samai. Archivo denominado «18RECIBE PRUEBAS_ANEXO20240334600pdf(.pdf) NroActua
14»
7 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «13_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-

CLAUDIAMILENAORTEG(.pdf) NroActua 12»
8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
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Demandante: Claudia Milena Ortega Roldan

junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo11 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos13, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales14.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Demandante: Claudia Milena Ortega Roldan

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los
derechos fundamentales de Claudia Milena Ortega Roldan con ocasión del numeral
segundo de la sentencia del 7 de junio de 2024, a través de la cual la condenó en
costas en esa instancia, con lo cual incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo
por indebida aplicación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1 Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado.

2.4.2 Defecto sustantivo

En cuanto a este defecto, es importante recordar que la Corte Constitucional ha
señalado que se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda el
marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable
al caso concreto15. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este
defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta
no es una facultad absoluta16, para lo cual precisó que los límites se encuentran en
el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al Estado Social de Derecho.

El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contraevidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma; y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.

15 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
16 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03346-00
Demandante: Claudia Milena Ortega Roldan

Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales17.

2.4.3 Sobre el caso concreto

Claudia Milena Ortega Roldan acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
el numeral segundo de la sentencia del 7 de junio de 2024, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia la condenó en costas en esa instancia, al
negarle las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria en los
términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y de la indemnización por el pago
inoportuno de los intereses a las cesantías, de acuerdo con el artículo 1 de las Leyes
52 de 1975 y 50 de 1990, y el Decreto Nacional 1176 de 1991.

Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto sustantivo por indebida
interpretación y aplicación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por
el 47 de la Ley 2080 de 2021, que dispone la condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal», lo
cual no ocurrió en el asunto contencioso-administrativo cuestionado, sin contar con
que al tratarse de una controversia de puro derecho, no se acreditó que la entidad
demandada hubiera sufragado gastos judiciales.

Para mayor claridad del asunto, y en aras de desatar el cargo propuesto, se
recuerda que el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 7 de junio de
2024, entre otras, resolvió condenar en costas a la demandante en esa instancia, al
considerar:

«[…] Sobre la condena en costas, el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo disponía lo siguiente:

[…]

En razón a que el Código de Procedimiento Civil fue derogado por el Código General del
Proceso, debe entenderse que la remisión que hace el C.P.A.C.A., es a la normativa
procesal vigente de aplicación inmediata y que para el asunto que nos ocupa es el
artículo 365, disposición que introdujo un criterio eminentemente objetivo para
determinar la procedencia de la condena en costas18.

Sin embargo, el artículo 188 del C.P.A.C.A. fue adicionado por el artículo 47 de la ley
2080 de 2021, en los siguientes términos:

“En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal”.

Lo anterior supone que se mantuvo el criterio objetivo que pregonaba la ley 1437 de 2011
para su imposición en procesos distintos a aquellos en lo que se ventile un interés público
y previó un criterio subjetivo en relación con estos últimos para su condena.

17 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03346-00
Demandante: Claudia Milena Ortega Roldan

Por lo anterior se condenará a la parte vencida al pago de las costas de esta instancia.
[…]».

Como se observa, el tribunal demandado acudió a un criterio objetivo valorativo para
condenar a la demandante en costas, con fundamento en los artículos 365 del CGP
y 188 de la Ley 1437 de 2011, sin embargo, consideró que la adición de esta última
traída por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, al disponer que «[e]n todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal», ratificó la procedencia de
condena en cosas, solo que previó un criterio subjetivo en tratándose de asuntos en
los que se ventile un interés público.

Sobre este punto, esta Sala de decisión en sentencia del 10 de julio de 202418,
señaló:

«[…] 43. Ahora bien, la adición de la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 del CPACA
refuerza el argumento relativo a la necesidad de analizar la conducta de las partes, pues
deja en evidencia que debe evaluarse si la demanda se presentó con manifiesta carencia
de fundamento legal, es decir, aun cuando el demandante haya sido vencido en el
proceso y no se haya advertido una conducta temeraria o de mala fe que implique ser
condenado en costas, esta procederá si se observa que no tenía fundamento legal.

44. De esta manera, está claro que el legislador no pretendió imponer al juez la
necesidad de condenar en costas cuando una las partes fue vencida, sino la de
pronunciarse sobre esas costas, sobre la base de un juicio subjetivo valorativo.

45. Este juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las
diferentes etapas del procedimiento26. Al respecto esta corporación ha acudido a los
criterios señalados en el artículo 79 del CGP a efectos de establecer los eventos en los
que se puede concluir que se ha actuado con temeridad o mala fe, esto es cuando por
ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad;
se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines
claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u
omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del
proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas.

46. De acuerdo con lo expuesto, frente a la condena de las costas el juez debe realizar
un análisis subjetivo valorativo, en tanto para decidir si condena es necesario que i)
revise la conducta de las partes en el proceso; y ii) en el expediente, identifique si las
referidas costas se causaron. Distinto es que, luego de concluir que hay lugar a condenar
en costas, la cuantía de la condena se fije en atención a lo dispuesto en el CGP y a la
posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador,
el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos
recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo
1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, modificado por
el Acuerdo PSAA13-9943 de 2013). […]»

A juicio de la Sala, la autoridad judicial demandada incurrió en defecto sustantivo al
condenar en costas a Claudia Milena Ortega Roldan bajo un criterio objetivo, pese,
a que la materia fue redimensionada por el legislador a través de la Ley 2080 de
2021, en el sentido de que si bien ello es procedente respecto de la parte vencida

18 CP Juan Enrique Bedoya Escobar. Expediente: 50001-23-33-000-2019-00438-01 (0280-2023)

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03346-00
Demandante: Claudia Milena Ortega Roldan

en ambas instancias y de quien no se haya advertido una conducta temeraria o de
mala fe, además, deberá establecerse si careció de fundamento legal para
demandar, es decir, la decisión dependerá de un juicio valorativo de las
particularidades del caso.

En cuanto a este último requisito, llama la atención de la Sala que la controversia
traída por la demandante como docente oficial, obedeció a su intención de lograr el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
del año 2020, asunto que, para el momento en que acudió a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo no era pacífico, tan es así, que fue objeto de decisión
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia de unificación SUJ-032-
CE-S2-2023 proferida el 11 de octubre de 202319, en la que se fijó como criterio que
«[l]os docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989».

Es decir, la demanda presentada por Claudia Milena Ortega Roldan contaba con
fundamento legal y decisional del Consejo de Estado al momento en que la radicó,
diferente es, que en razón a la disparidad de criterios existentes al interior de la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo sobre la materia, el asunto fuera
unificado el 11 de octubre de 2023, es decir, durante el trámite de su proceso.

En este punto es relevante recordar que, en cuanto a la condena en costas, en la
pluricitada sentencia de unificación se consideró:

«[…] 193. No se impondrá condena en costas. Lo anterior, en línea con el criterio
acogido por esta Sección165 en anteriores oportunidades, en las cuales consideró que,
en los casos resueltos a través de una sentencia de unificación, en aplicación de las
reglas allí definidas no hay lugar a ello, al amparo de los principios de buena fe y
confianza legítima.

Es decir, mal podría considerarse la condena en costas en cuyas controversias se
definen con fundamento en posturas producto de un cambio jurisprudencial o
sentencia de unificación proferida durante el curso del proceso ordinario, situación
que a todas luces conllevaría un desconocimiento del derecho de acceso a la
administración de justicia de las partes en contienda.

De conformidad con lo expuesto, la Sala amparará los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia de Claudia Milena Ortega
Roldan, pues, si bien se le respetaron cada una de las etapas procesales en el
trámite del proceso contencioso-administrativo cuestionado, lo cierto es que el
numeral segundo de la sentencia del 7 de junio de 2024 incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
adicionado por el 47 de la Ley 2080 de 2021, al condenarla en costas bajo un
criterio objetivo.

19 CP Juan Enrique Bedoya Escobar. Expediente 66001333300120220001601 (5746-2022)

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03346-00
Demandante: Claudia Milena Ortega Roldan

En consecuencia, se dejará sin efectos el numeral segundo de la sentencia
proferida el 7 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 05001 33 33 036 2022 00448 01.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de Claudia Milena Ortega Roldan, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.

Segundo. Dejar sin efectos el numeral segundo de la sentencia proferida el 7 de
junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001 33 33 036
2022 00448 01.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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