Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04805-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04805-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04805-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04805-00
Accionante: Juan Gregorio Saray Muñoz
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Tema: Derechos debido proceso, acceso a la administración de justicia y
principio de gratuidad. Condena en costas. DECLARAR
IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Juan Gregorio Saray, en
contra del Tribunal Administrativo del Meta.
ANTECEDENTES
El accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y al principio de gratuidad; que considera
vulnerados con la sentencia del 19 de noviembre de 2025, la cual fue
complementada el 11 de diciembre del mismo año, proferida dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33 004-
2024-00194-00/02.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el 31 de enero de 2024, radicó ante el Ministerio de Educación Nacional
reclamación administrativa del reconocimiento y pago de las diferencias salariales
derivadas de incrementos porcentuales desiguales aplicados en los años 2008,
2009 y 2011. Posteriormente presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
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derecho contra esa entidad y el Municipio de Villavicencio. - Archivo Central.
Que el 13 de diciembre de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Villavicencio negó las pretensiones. El 19 de noviembre de 2025, el Tribunal
Administrativo del Meta confirmó la decisión de primera instancia.
Que el 11 de diciembre de 2025, el Tribunal adicionó la sentencia del 19 de
noviembre de 2025, en el sentido de confirmar la decisión del juez de primera
instancia de condenar en costas a la parte derrotada en el proceso.
Considera que el Tribunal incurrió en los defectos
i) sustantivo, porque desconoció la modificación introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021 al artículo 188 del CPACA, donde se estableció como criterio
obligatorio para la procedencia de la penalidad la verificación de que la demanda
hubiera sido presentada con manifiesta ausencia de fundamento legal; de modo
que, el juez tenía la obligación de realizar un análisis expreso y motivado sobre esta
exigencia.
ii) desconocimiento del precedente, la línea jurisprudencial de la Sección Segunda
del Consejo de Estado coincide en la tesis que habrá lugar a la imposición de la
condena en costas solo si demuestra el elemento objetivo valorativo. En este
sentido, fija la postura que en los asuntos laborales debe estudiarse la conducta de
las partes para imponer la penalidad de que trata el artículo 188 del CPACA. Citó
las sentencias del 7 de diciembre de 20211, del 27 de enero de 20222, del 11 de
agosto de 20233, del 24 de agosto de 20234, del 8 de febrero de 20245, del 4 de abril
de 20246, del 18 de abril de 20247, del 23 de mayo de 20248, del 30 de mayo de
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejera
Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia del 7 de diciembre de 2021, Rad. No. 25000-23-42-000-2018-
02785-01, demandante: Luzmila Ramírez de Gómez contra la UGPP
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero
Ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, Rad. No. 25000-23-42-000-2016-05174-01, demandante: Yansy Viviana
Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente Empresa Social del
Estado
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero
Ponente: César Palomino Cortés, sentencia del 11 de agosto de 2023, Rad. No. 18001-23-33-000-2014-00249-
01, demandante: Bernardino Barrera Goyeneche contra la Nación– Ministerio de Defensa Nacional– Ejército
Nacional
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Conejero
Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, sentencia del 24 de agosto de 2023, Rad. No. 05001-23-33-000-
2017-00562-01, demandante Henry Andrés García Patiño contra Municipio de Medellín
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero
Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 8 de febrero de 2024, Rad. No.
520013333000201800041600(4256-2021), demandante Oscar Fernando Cerón Ortega contra la Procuraduría
General de la Nación
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda- Subsección A, Consejero
Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, sentencia del 4 de abril de 2024, Rad. No. 20001-23-33-000-2013-
00352-01 (2466-16), demandante Rosalba Cordero Villalobos contra la E.S.E. Hospital Francisco Canossa de
Pelaya, Cesar.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero
ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 18 de abril de 2024, Rad. No. 11001-03-15-000-2024-
01360-00, actor Yelenis Patricia Rodríguez Araújo contra el Tribunal Administrativo de Antioquia
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero
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20249, del 24 de julio de 202410, del 25 de julio de 202411, del 27 de marzo- Archivo Central.
de 202512 ,
y del 23 de abril de 202513.
PRETENSIONES
El accionante pide que se amparen los derechos invocados; y, en consecuencia, se
ordene al Tribunal Administrativo del Meta efectuar el examen de procedencia de la
condena en costas.
TRÁMITE DEL PROCESO
El 24 de junio de 2026, se admitió la acción, se vinculó a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y al Municipio de Villavicencio, como terceros interesados y se
ordenó notificar a las partes y los vinculados.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Meta adujo que la sentencia cuestionada contiene
toda la fundamentación fáctica, jurídica y jurisprudencial vigente al momento en el
que la corporación analizó los pedimentos sobre la condena en costas que cuestiona
la parte actora.
Por otro lado, expuso que la tutela carece de relevancia constitucional, pues lo que
se pretende es dar trámite de tercera instancia a un debate ordinario que está
revestido de cosa juzgada, en la medida que lo que se busca es dejar sin efectos la
sentencia de segunda instancia emitida por este Tribunal Administrativo, mediante
la cual se concluyó confirmar la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones y condenó en costas a la parte actora.
Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 23 de mayo de 2024, Rad. No. 25000-23-42-000-2015-
0335-01 (3526-2019), demandante Juan Ignacio Rojas Buitrago contra la Nación– Ministerio de Defensa–
Policía Nacional.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero
Ponente: Jorge Portocarrero Banguera, sentencia del 30 de mayo de 2024, Rad. No. 23001-23-33-+000-2016-
00148-01, demandante: Cilar del Carmen Garcés Canchila contra la Nación– MEN- Fomag
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda– Subsección B, Consejero
Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del 24 de julio de 2024, Rad. No. 11001-03-15-000-
2024-03343-00, actor Claudia Patricia Cortés Jiménez contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y Otros.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda– Subsección B, Consejero
Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 25 de julio de 2024, Rad. No. 11001-03-15-000-2024-
03346-00, actor Claudia Milena Ortega Roldan contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejera
Ponente: Luís Eduardo Mesa Nieves, sentencia del 27 de marzo de 2025, Rad. No. 110010-03-25-000-2016-
00173-00, demandante Jorgé Iván Ospina Gómez contra la Procuraduría General de la Nación.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejera
Ponente: Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del 23 de abril de 2025, Rad. No. 11001-03-25-000-2016-00592-
00, demandante: Juan Carlos Martínez Sierra contra la Nación– Procuraduría General de la Nación
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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS - Archivo Central.
El Ministerio de Educación Nacional manifestó que la acción de tutela resulta
improcedente por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional, ya que no
se demuestra que las vulneraciones a las garantías procesales y fundamentales
invocadas comprometan gravemente la existencia o supervivencia del accionante,
ni el acceso a la administración de justicia; además, tampoco se acreditó que exista
una vulneración indirecta de los derechos fundamentales de las personas naturales
que tienen relación con la tardanza en la respuesta a sus solicitudes.
El Municipio de Villavicencio guardó silencio.
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales14, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia
C590/0515. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia
SU128/21, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
14 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
15 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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• Archivo Central.
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(...)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (...)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»16
16 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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• Archivo Central.
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-0215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se
dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre,
su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente
pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada17.
(...) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”18. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (...). Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela19.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
La Corte Constitucional20 en su jurisprudencia ha establecido que el requisito de la
relevancia constitucional se encuentra satisfecho cuando: i) el asunto tiene la
entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; ii) la controversia no se limita a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y iii) se justifica razonablemente la existencia de una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Igualmente, el máximo tribunal constitucional21 ha sostenido que dicha exigencia
tiene como finalidades mantener la independencia y autonomía judicial; evitar que
la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional y restringir el ejercicio de
la acción de tutela a debates relacionados con derechos fundamentales.
La Sala observa que los reparos planteados por el accionante están orientados
exclusivamente a discutir la imposición de una condena en costas, lo cual se traduce
en una afectación meramente económica como resultado de una interpretación legal
17 Sentencia SU-074 de 2022.
18 Sentencia SU-074 de 2022.
19 Sentencia SU-072 de 2018.
20 Corte Constitucional, SU-215 de 2022.
21 Sentencia T-352 de 2025.
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efectuada por el juez competente para ello, en la cual no está de por- medioArchivo Central.
una
verdadera afectación de derechos fundamentales o una discusión frente a su
alcance, goce o contenido, máxime cuando lo que debate el actor no es propiamente
la controversia que dio lugar al proceso ordinario, sino únicamente la consecuencia
económica por los gastos procesales.
Debe entonces recordarse que la tutela fue instituida para lograr la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por las autoridades o los
particulares en los casos previstos en la ley, mas no como una instancia adicional
en la que pueda reabrirse un debate netamente legal y económico con el fin de
imponer una solución que resulta más favorable al peticionario y desconocer la
autonomía e independencia del juez de la causa, quien, en este caso, además, se
pronunció sobre los argumentos de apelación que versaron sobre el debate aquí
planteado.
Sin perjuicio de lo anterior, frente al alegato del actor según el cual, la postura de la
Sección Segunda del Consejo de Estado es que, para la viabilidad de la condena
en costas, el juez debe verificar que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal, actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria; lo cierto es
que frente al tema la autoridad mencionada ha señalado que la norma establece un
criterio objetivo, es decir, que quien pierde total o parcialmente el caso debe asumir
el pago de los gastos y expensas del proceso.
En tal sentido y, sin que haya una decisión unificada al respecto, ha dicho la
autoridad judicial, que la reforma de la Ley 2080 de 2021 solo introdujo una
excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en asuntos
donde se ventile un interés público, a menos que la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal. En los demás casos se impone la condena
en costas a la parte vencida en el proceso.
En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela, por no satisfacer
el requisito de la relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Juan Gregorio Saray Muñoz, conforme a las consideraciones expuestas en esta
providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
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• Archivo Central.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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