RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 25000-23-42-000-2016-05174-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05174-01

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05174-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 31 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección D), que negó las súplicas de la demanda incoada por la señora Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, de acuerdo con la parte motiva. 2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, que incluye las agencias en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-05174-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

27 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Demandante : Yansy Viviana Hernández Betancourt
Demandada : Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
Empresa Social del Estado (ESE)
Tema : Aceptación de renuncia; cargo de libre remoción

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante
contra la sentencia de 31 de mayo de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección D), mediante la
cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 2 a 25). La señora Yansy Viviana Hernández
Betancourt, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente Empresa Social del Estado (ESE), para que
se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de «[…] la Resolución N° 043 de 2016
(may. 2), expedida por la gerente de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR OCCIDENTE, E. S. E., “por la cual se acepta una renuncia”,
de YANCY VIVIANA HERNÁNDEZ BETANCOURT» (sic).

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene «[…] reintegrarla en el empleo que desempeñaba en el momento del
retiro o a otro de igual o similar categoría y remuneración, declarándose la no
solución de continuidad […]»; y el pago, «[…] a título de indemnización, [de]
todos los salarios con los aumentos o ajustes anuales y los aportes para pensión
y las prestaciones sociales dejadas de percibir [y] el ajuste de valor sobre los
valores causados» (sic). Por último, se condene en costas e intereses a la
accionada.

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la demandante que «[…] se vinculó al
HOSPITAL DE BOSA II Nivel, en el empleo de Subgerente Administrativa en
esta ciudad de Bogotá».

Afirma que «[e]l Gerente del HOSPITAL DE BOSA II nivel, el cuatro (4) de
abril/16, [le] solicitó a [ella] y a otros servidores de la Entidad presentaran
Renuncia al empleo que desempeñaban» (sic).

Que «[…] en contra de su voluntad, el 6 de abril de 2016, presentó al gerente
del hospital de Bosa II nivel, la renuncia solicitada».

Dice que «[…] el Concejo de Bogotá el día 6 de abril de 2016 profirió el
Acuerdo No. 641/16 “por el cual se efectúa la organización del Sector Salud
de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden
otras disposiciones”, en el artículo 2° dispuso:

Fusión de Empresas Sociales del Estado. Fusionar las siguientes
Empresas Sociales del Estado, adscritas a la Secretaría Distrital de
Salud de Bogotá, D.C., como sigue: […] Empresas Sociales del Estado
de: Pablo VI Bosa, del Sur, Bosa, Fontibón y Occidente de Kennedy se
fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred
Integrada de Servicios de Salud SUR OCCIDENTE E.S.E.» (sic).

Que el acuerdo citado entró a regir el 7 de abril de 2016, publicado en el registro
distrital 5809 de esa fecha; por consiguiente, el Hospital de Bosa II Nivel, «[…]
como persona jurídica […] dejó de existir por fusión».

Aduce que «[…] el día 25 de abril de 2016 fue incorporada a la SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. en el
empleo de Subgerente - Código 090 - Grado 05» (sic).

Que, por su lado, la «[…] gerente de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., profirió la resolución No. 043 de mayo
2 de 2016 mediante la cual aceptó [su] renuncia que […] había presentado al
HOSPITAL DE BOSA II NIVEL en el empleo de Subgerente, Código 090,
Grado 05» (sic).

Agrega que no presentó renuncia al cargo ejercido en la Subred Integrada
Servicios de Salud Sur Occidente ESE, sino al empleo ocupado en el Hospital
de Bosa II Nivel, por consiguiente, la primera «[…] en forma irregular aceptó

2

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

la renuncia inexistente».

Que la gerente, en la fecha de aceptación de la renuncia, carecía de competencia
para esto porque no se había expedido el manual de funciones que le asignara
tal potestad y tampoco tenía la facultad nominadora.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo demandado los artículos 122 de la
Constitución Política; 19 de la Ley 909 de 2004; 22.3.28 y 29 del Decreto 785
de 2005 y 2.2.11.1.2. y 2.2.11.1.3. del Decreto 1083 de 2015.

Arguye que la decisión acusada está viciada por falta de competencia
nominadora y falsa motivación porque: (i) «[…] el día 2 de mayo de 2016, no
se había adoptado la planta de personal ni el manual de funciones y requisitos
en la entidad; por ende, no se conocía, no están atribuidas o discernidas las
funciones o labores de cada empleo, incluido el de Gerente. […] Pese a lo
anterior, la administración/nominador de manera anticipada […] sin tener
funciones específicas atribuidas, realizó pronunciamientos administrativos
creando situaciones concretas y particulares, afectando derechos de terceros.
[…] La nominadora ordenó mediante el acto acusado el retiro de la señora
Hernández Betancourt; atribuyéndose competencia que aún no se le había
atribuido por la inexistencia de planta de personal y del manual de funciones y
requisitos» (sic); y (ii) la demandante presentó su dimisión el 6 de abril de
2016, «[…] por petición del Gerente del Hospital de Bosa II Nivel», para el
cargo que allí ocupaba; sin embargo, se le aceptó respecto de una entidad
diferente, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, pues
«[…] jamás presentó renuncia al empleo que [allí] ejercía desde abril 25/16».

Que a la demandante le era «[…] un imposible jurídico renunciar al cargo en
la SUBRED INTEGRADA SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.,
pues dicha entidad no existía, no era su empleador para abril 6/16; reitero,
dicha entidad fue creada mediante el Acuerdo 641 de 2016 del Concejo de
Bogotá, y su vinculación a la misma fue en abril 25/16 conforme a la resolución
003/16. […] Es falso, que haya mediado un acto expreso, inequívoco de
voluntad por parte de la actora encaminado a informar a la Gerente de la
SUBRED INTEGRADA SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
acerca de su voluntad de retiro» (sic).

1.5 Contestación de la demanda (ff. 94 a 107). La entidad accionada, a través
de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; y respecto de los
3

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

hechos afirma que algunos son ciertos parcialmente y otros no; y, en general, lo
que observa son las apreciaciones subjetivas de la accionante.

Asevera, luego de reseñar como se reorganizó el sector salud, que la
demandante ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción, por ende,
«[…] la autoridad nominadora no ejerció indebida presión contra la
convocante para que presentara renuncia al cargo que desempeñaba, el cargo
que ocupaba la convocante pertenece al nivel directivo en Subgerente, Código
090, Grado 05, Subgerencia Administrativa del Hospital Bosa II Nivel ESE.
Considerado como uno de los más altos dentro de su escala; como la de
asesorar a la Gerencia del Hospital en la formulación de políticas y toma de
decisiones […]» (sic).

Agrega que «[…] 1. La renuncia fue manifestada de forma escrita e inequívoca
por la convocante, es decir clara su voluntad de retiro. [2]. La renuncia fue
aceptada a, dentro del término establecido en el artículo 113 del Decreto 1750
de 1973, es decir treinta (30) días. Una vez aceptada la renuncia, según lo
dispuesto en el artículo 112 del mencionado Decreto 1750 de 1973, la misma
se hace irrevocable. [3]. En ese orden de ideas, no es posible que nominador
entre revocar o se decrete la nulidad por parte de la corporación judicial de
dicho acto, en contravía de lo dispuesto en la norma especial antes citada»
(sic).

1.6 La providencia apelada (ff. 178 a 192). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (sección segunda, subsección D), en sentencia de 31 de mayo de
2018, negó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte vencida.

Comenzó por precisar que «[…] la simple solicitud de renuncia que hace el
nominador de una entidad sobre sus funcionarios del nivel directivo, de libre
nombramiento y remoción, no constituye por sí mismo un constreñimiento o
coacción que vicie la voluntad de quien presenta dicha renuncia, pues tal
solicitud debe entenderse como un gesto de cortesía encaminado a evitar la
expedición de un acto administrativo de insubsistencia».

Indica que, en el caso concreto, «[…] para la fecha de presentación de su carta
de renuncia, esto es, 6 de abril de 2016 (FL. 3), ocupaba un cargo del Nivel
Directivo (de libre nombramiento y remoción), cuál era el de Subgerente,
Código 090, Grado 05, del Hospital de Bosa ll Nivel E.S.E., tal como se muestra
en el acta de posesión de fecha 16 de agosto de 2012, visible a folio 56 del
cuaderno anexo, y asimismo se hace constar en la Resolución No. 169 del 13
4

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

de noviembre de 2015, obrante a folios 83 y 84 del cuaderno anexo, se
determina que la solicitud de renuncia que para entonces hizo el gerente de ese
hospital, es plenamente válida, y por ende, no constituye causal de nulidad,
razón por la cual se desestimará este motivo de la demanda».

Que el hecho de que «[…] la renuncia [de] marras no se presentó para el cargo
que ocupaba la actora en la SUBRED Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente ESE, sino para el que ejercía en el Hospital de Bosa ll Nivel E.S.E.,
[…] tal acusación no tiene la virtualidad de enervar la presunción legalidad de
la resolución acusada por cuanto, según el artículo 96 del Decreto 1227 de
2005, la[s] modificaciones a las plantas de personal, por ejemplo la que se
produce con ocasión a una fusión, que implique incorporación de los
empleados en cargos iguales o equivalentes a los suprimidos, tal como ocurre
en el sub examine, no tendrán la calidad de nuevos nombramientos». Además
de que […] la renuncia presentada por la actora el 6 de abril de 2016, que en
su momento se dirigió para el cargo que ocupaba en el Hospital de Bosa ll
Nivel, se entiende también dirigida para el empleo que desempeñaba en la
mentada SUBRED».

Respecto de la competencia para expedir el acto acusado, sostiene que «[…] es
una materialización del principio de la dogmática jurídica según el cual "las
cosas en Derecho se deshacen como se hacen”, pues se advierte que la misma
gerente de la SUBRED Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E,
Alexandra Rodríguez Gómez, fue quien vinculó a la planta de personal de esta
SUBRED a Yansy Viviana Hernández Betancourt, en el cargo de Subgerente,
Código 090, Grado 05, de la Unidad Prestadora de Servicios de Bosa, tal como
se acredita de la mentada Resolución No. 003 del 25 de abril 2016 (FLS. 18 al
46 del cuaderno principal)».

Por último, condenó en costas a la parte vencida, porque «[…] según el artículo
188 del CPACA, se modificó el criterio subjetivo que regía en el antiguo CCA
para adoptar un criterio objetivo, donde no se analiza la conducta procesal de
las partes, el cual es sostenido también por el Código General del Proceso y la
misma doctrina […]».

1.7 El recurso de apelación (ff. 199 a 214). La demandante, mediante
apoderado, interpuso recurso de apelación, en el que insiste en sus argumentos
de demanda, por cuanto su renuncia «[…] no es el resultado de un ejercicio
libre, voluntario y consciente, por el contrario, lo que se muestra es que
obedeció a una petición o insinuación de un tercero con la capacidad de
5

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

quiebre de su voluntad, está dicho en el texto de la misiva y aceptado en la
contestación de la demanda, que la renuncia obedeció a pedimento el gerente
de la entidad».

Que «[…] la Nominadora de la SUBRED DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE, con la incorporación de la demandante (Res. 003/16) y la
aceptación del cargo por parte de ésta, desató la renuncia presentada el 6 de
abril de 2016 no aceptándola y, por el contrario, nombrándola en la planta de
personal adoptada» (sic).

Expresa que «[…] a partir de nuevo nombramiento (abril 25/16) se creó una
nueva, diferente y singular relación laboral entre el demandante y la
demandada, y que conforme a la realidad procesal con posterioridad a su
incorporación LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE ESE (abril 25/16) la actora jamás expresó por escrito o verbal
su decisión libre y espontánea de separarse el cargo» (sic).

Alega violación del principio de consecutividad, porque «[…] procedió a
incorporar y posesionar en la nueva planta de personal de la nueva entidad a
los funcionarios que con fecha 6 de abril de 2016, previo a la fusión y por
solicitud del Gerente de la ESE Hospital de Bosa II Nivel, habían presentado
su renuncia, actuación que obviamente dio a entender de buena fe a mi
poderdante, que la renuncia por ella presentada […] no había sido aceptada,
por lo que decidió asumir en nuevo cargo ofrecido para vincularse con la nueva
entidad » (sic).

Que «[…] superados los efectos jurídicos de la renuncia y ratificada por la
nominadora de la subred la vinculación de la actora a partir de abril 25 de
2016 en la nueva entidad en el empleo de Subgerente Código 090 Grado 05, ya
no le era viable a la gerente de la nueva entidad creada SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE, aceptar la
renuncia presentada el 6 de abril de 2016 respecto del cargo que la hoy
demandante ejercía en la entidad que desapareció de la vida jurídica producto
de la fusión» (sic, negrilla del texto).

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 24 de septiembre
de 2018 (f. 216) y admitido por esta Corporación a través de auto de 9 de octubre
de 2019 (f. 221), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
6

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitido el recurso de apelación, se continuó con
el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al
Ministerio Público, con auto de 15 de septiembre de 2021 (f. 227), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada
solo por la demandante1, que se remitió «[…] a las razones de hecho y de
derecho consignadas en la Demanda, Alegato de Conclusión en Primera
Instancia y en el Recurso interpuesto» (sic).

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si el acto administrativo que aceptó la
renuncia del cargo de subgerente, código 90, grado 05, de la Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, se ajusta al ordenamiento jurídico,
o si, por el contrario, fue expedido con falsa motivación y sin competencia.

3.3 Marco jurídico. En primer lugar, resulta pertinente precisar que el acto de
renuncia del servidor público debe ser resultado de la voluntad libre y
espontánea, pues conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Carta Política,
« [t]oda persona es libre de escoger profesión u oficio […]».

En relación con la libre disposición para renunciar a un empleo público, el
artículo 27 del Decreto 2400 de 19682, compatible con el mandato del artículo
26 superior, dispone:

Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede
renunciarlo libremente.

La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta en forma
escrita e inequívoca su voluntad de separarse definitivamente del
servicio.

La providencia por medio de la cual se acepte la renuncia deberá

1
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones.
7

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

determinar la fecha de retiro y el empleado no podrá dejar de ejercer
sus funciones antes del plazo señalado, so pena de incurrir en las
sanciones a que haya lugar por abandono del cargo. La fecha que se
determine para el retiro no podrá ser posterior a treinta (30) días
después de presentada la renuncia; al cumplirse este plazo el
empleado podrá separarse de su cargo sin incurrir en el abandono del
empleo.

Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor,
las renuncias en blanco o sin fecha determinada o que mediante
cualquier [sic] otras circunstancias pongan con anticipación en manos
del Jefe del organismo la suerte del empleado.

De igual modo, el Decreto 1950 de 1973, «Por el cual se reglamentan los
decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968 […]», preceptúa:

Artículo 111. La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta
por escrito, en forma espontánea e inequívoca, su decisión de separarse
del servicio.

Artículo 112. Si la autoridad competente creyere que hay motivos
notorios de conveniencia pública para no aceptar la renuncia, deberá
solicitar el retiro de ella, pero si el renunciante insiste, deberá
aceptarla.

La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable.

Artículo 113. Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad
competente se producirá por escrito y en la providencia
correspondiente deberá determinarse la fecha en que se hará efectiva,
que no podrá ser posterior a treinta (30) días de su presentación.

Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya
decidido sobre la renuncia, el funcionario dimitente podrá separarse
del cargo sin incurrir en abandono del empleo, o continuar en el
desempeño del mismo, caso en el cual la renuncia no producirá
efecto alguno.

De la precitada normativa se colige que el acto de renuncia a un cargo público
debe ser resultado de una manifestación escrita e inequívoca del funcionario de
cesar en el ejercicio del empleo que desempeña, de tal suerte que dicho acto
debe reflejar su voluntad indiscutible de retirarse del empleo, esto es, una
expresión de la voluntad consciente y ajena a todo vicio de fuerza o engaño.

8

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Acerca de la renuncia protocolaria, esta Corporación, en sentencia de 19 de
octubre de 20173, precisó:

La renuncia protocolaria se produce por la voluntad inequívoca del
funcionario de dejar en libertad al nominador para reorganizar la
dependencia respectiva, designando a las personas que a su juicio
sean las más idóneas para el ejercicio del cargo. Asimismo, respecto
de la solicitud de la renuncia, ha dicho esta corporación, que esta
conducta por parte de la administración se acostumbra a realizar
como un acto de cortesía, para no hacer uso de la facultad
discrecional de la que se encuentra investido el nominador, máxime
cuando se halla frente a un empleado que no goza de fuero de
estabilidad.

Así, en sentencia del 25 de marzo de 2010, la Subsección A de la
Sección Segunda de esta corporación, consideró:

Esta situación se ha denominado jurisprudencialmente como
RENUNCIA PROTOCOLARIA, con la cual se busca dejar
en libertad al nominador para que tome las medidas que
considere pertinentes frente al personal directivo o de
confianza, sin necesidad de recurrir al retiro del servicio
mediante la declaración de insubsistencia4.

También se ha sostenido de tiempo atrás, que tratándose de cargos
de alto nivel, de libre nombramiento y remoción, la insinuación de
la presentación de la renuncia no es ilegal, pues ello obedece, en
razón de la naturaleza del cargo, a la posibilidad de la máxima
autoridad de la entidad de conformar su equipo de trabajo y de
permitirle al funcionario una salida ajena a cualquier connotación
negativa. De igual manera, tal práctica (la solicitud de renuncia) por
parte del nominador, no constituye una conducta desviada,
atendiendo el rango y las atribuciones de responsabilidad y
confianza que deben manejar quienes ocupan dichos cargos.

Conforme a lo anterior, la renuncia protocolaria es una expresión de la voluntad
espontánea e inequívoca del funcionario, en el sentido de dejar en libertad al
nominador para proveer su cargo dentro de la dependencia respectiva, ya sea
por razones políticas o administrativas.

Así las cosas, de acuerdo con el derrotero jurisprudencial que se deja anotado,

3
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, expediente 25000-23-25-000-2011-00056-01 (1102-2013),
consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
4
Radicado interno 7716-2005, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
9

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

si bien es cierto la renuncia protocolaria, en principio, es procedente solo por
parte del personal directivo de las instituciones públicas, también lo es en el
caso de aquellos servidores que por la naturaleza del cargo que desempeñan
gozan de un alto grado de confianza, así como de un nivel de preparación y
experiencia, que les permite discernir sobre la conveniencia de presentar la
renuncia o abstenerse de esta frente a la insinuación de la Administración o dejar
a la libertad del nominador decidir sobre la permanencia en su cargo; en similar
sentido, el Consejo de Estado, en sentencia de 14 de junio de 2007, expediente
6681-05 (C. P. Ana Margarita Olaya Forero), discurrió así:

La controversia se centra en dilucidar si la autoridad nominadora
ejerció indebida presión contra el actor para que presentara renuncia
al cargo que desempeñaba y si la renuncia fue aceptada
irregularmente.

A folio 178, se encuentra copia de la dimisión de fecha 8 de agosto
de 2002, en los siguientes términos: “Por medio de la presente me
permito presentar renuncia al cargo de Asesor Grado 16, con
funciones de Coordinador Grupo Asesor de Secretaria General”.

De la lectura del escrito cuyo tenor se transcribió se evidencia
claramente que el actor no esgrimió ninguna causa de su dimisión.
Ciertamente el acto de renuncia presupone la decisión libre del
servidor de dimitir al cargo que se encontraba desempeñando. Por lo
menos así lo ha concebido la legislación al consagrarla como una
forma espontánea e inequívoca de separarse del servicio de un
empleo de voluntaria aceptación.

Las pruebas obrantes en el proceso demuestran que el demandante
no tenía status de estabilidad, dado que ocupaba un cargo del nivel
Asesor en provisionalidad. Habrá que decir que por su jerarquía y su
rol que desempeñaba al interior de la entidad presuponía un nivel de
preparación y experiencia que le permitían discernir sobre la
conveniencia de renunciar o abstenerse de hacerlo si estimaba que
por su capacidad y experiencia debía permanecer en el Ministerio,
pero no lo hizo así, y optó, en su lugar, por dejar en libertad al
nominador para decidir la permanencia en el cargo.

Sin embargo, con base en las pruebas testimoniales rendidas por ex
trabajadores de la entidad, dijo el juez a-quo, que se demostró dentro
del proceso que efectivamente el Secretario Privado del Ministerio
pidió la renuncia al actor; que posteriormente éste asistió junto con
los demás Asesores y Coordinadores de Grupo a una reunión en la
Secretaría General de la entidad, donde se les indicó el requisito de
10

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

la entrevista; y que después pasada la entrevista se le aceptó la
renuncia (fl. 295). En consecuencia, sentenció el Tribunal que la
renuncia no fue regular, por cuanto su aceptación estuvo sujeta al
resultado de una prueba y una entrevista (fl. 298).
[…]
La Sala considera que frente a estos cargos la solicitud de la renuncia
es válida y la insinuación de la misma es un mecanismo más bien
protocolario encaminado a evitar la insubsistencia, teniendo en
cuenta, además que el actor accedió al servicio mediante
nombramiento en provisionalidad y que no le asiste el fuero de
inamovilidad propio de quienes ingresan al servicio mediante
concurso de méritos.

Además, en reiterada jurisprudencia de la Subsección A de la
Sección Segunda de esta Corporación5 la simple insinuación o
solicitud de renuncia por sí misma no constituye una coacción
invencible que elimine el acto voluntario porque frente a dichas
propuestas, el empleado puede desechar la oferta, insinuación o
solicitud sin que ello le acarree consecuencias desfavorables. En el
caso presente frente a la solicitud del nominador, como ya se dijo,
bien pudo el demandante optar de forma diferente y no lo hizo. No
resulta válido, entonces, desconocer posteriormente el contenido de
su voluntad expresada sin coacción, para deshacer una situación
jurídica que con la aceptación se hizo irrevocable.

El anterior criterio jurisprudencial fue reiterado en sentencia de 26 de julio de
20126, en los siguientes términos:

Frente al segundo argumento, referido a la validez de la renuncia
inducida, se encuentra que cuando el servidor público opta por
retirarse del servicio mediante la modalidad en estudio, la dimisión
ha de tener su origen en la libertad espontánea e inequívoca de
separarse definitivamente del servicio (artículos 27 del Decreto
2400 de 1968 y 110 a 116 del Decreto 1950 de 1973).

Al examinar las condiciones y el entorno en que se produjo el retiro
del servicio de la actora, se observa que el escrito de dimisión fue
presentado en compañía de todos los Gerentes que hacían parte de
la nómina de las Empresas Municipales de Cali, en los siguientes
términos:
[…]

5
Entre otras, sentencia del 6 de mayo de 2004 Exp. 2273-2003
6
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, expediente 76001-
23-31-000-2001-04231-02 (1558-09), consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.
11

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

De la lectura del texto contentivo de la renuncia no se infiere
ninguna presión ajena a la voluntad del dimitente, ni se insinúa
constreñimiento o intimidación alguna por parte de la nominadora
de ese entonces. Si las circunstancias específicas que acompañaron
la determinación del demandante hubieran sido coaccionadas, bien
pudo haberse dejado consignado ese hecho en el mismo acto de
renuncia, como una manifestación clara y expresa de no ser
absolutamente consentida o voluntaria, situación que es de normal
ocurrencia en estos casos, y máxime si el autor de la misma es una
persona profesional y por tanto de un nivel cultural óptimo que le
permite en esas condiciones dejar plasmada su inconformidad con
la solicitud que califica de ilegal e improcedente.

De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, es claro
que el demandante no tenía status que le ofreciera estabilidad, dado
que ocupaba el cargo de Gerente de Planeación, es decir, su empleo
se encontraba dentro de la categoría de libre nombramiento y
remoción según los estatutos de la empresa –Acuerdo 034 del 15 de
enero de 1999-, razón por la cual se presuponía un nivel de
preparación y experiencia que le permitían discernir sobre la
conveniencia de renunciar o abstenerse de hacerlo si estimaba que
por su capacidad y experiencia debía permanecer en las Empresas
Municipales de Cali, pero no lo hizo así, y optó, en su lugar, por
dejar en libertad al nominador para decidir su permanencia en el
cargo profiriendo un acto originado en la libre voluntad declarada
de desvincularse de su cargo.

Así las cosas, la legalidad de la actuación administrativa se concluye de (i) la
manifestación de la voluntad del empleado público, expresada por escrito, de
dar por terminada la relación laboral; (ii) la carencia de estabilidad laboral o
fuero de inamovilidad dada la categoría del empleado público provisional o de
libre nombramiento y remoción; (iii) la calidad de empleado del nivel directivo
o asesor presupone su experiencia y preparación para discernir acerca de la
conveniencia de su renuncia al cargo; y (iv) la simple insinuación o solicitud de
renuncia de la Administración no constituye una coacción invencible que
elimine el acto voluntario porque frente a dichas propuestas puede acceder o no
conforme a su entendimiento.

Ahora bien, cabe advertir que el hecho de que el dimitente motive su renuncia,
sea cualquiera su razón, no invalida el acto administrativo que la acepta, así lo
ha considerado el Consejo de Estado:

No existe en el ordenamiento jurídico una disposición que impida
12

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

al dimitente exponer las razones o motivos que lo indujeron a tomar
la determinación de desvincularse del servicio público, cualquiera
que éstos sean, y no es admisible acoger la tesis de que cuando
aquellos se explicitan el acto administrativo por el cual se acepta la
renuncia, contraría la preceptiva jurídica aplicable a la materia, pues
en ausencia de norma determinante de su ilegalidad por esa causa,
resulta arbitrario acoger tales planteamientos.

Pues bien, en el escrito del 9 de octubre de 1989 contentivo de su
dimisión, el accionante señala por qué razón decidió retirarse de su
empleo, así se expresó el doctor Martínez Santa en comunicación
dirigida al Director Regional:

“Respecto a su oficio número 37727 de 9 de octubre de 1989,
me permito aclararle que con comunicación de fecha 2 de
octubre de este año, y de acuerdo a la buena voluntad
mostrada por usted en la toma de decisiones que redundarían
en bien de la institución, retiré la renuncia presentada el 26
de septiembre del año en curso. Debido a lo anterior no es
procedente aceptar una renuncia inexistente.

Para salvar inconvenientes de tipo jurídico reitero la renuncia
al cargo de Técnico Especialista G. 05 (Oficial de Personal)
de una manera irrevocable a partir del 1o. de noviembre de
1989. Esto es producto de los inesperados cambios en sus
decisiones las cuales parecían ser muy claras”. (fl. 24).

En esta comunicación el actor explicita los móviles que lo indujeron
a renunciar nuevamente, de una parte, salvar inconvenientes de tipo
jurídico y, de otra, los inesperados cambios en las decisiones del
Director Regional, dimisión que esta vez presenta en forma
irrevocable y con efectos a partir de una fecha anterior a la señalada
en la primera renuncia que presentó. Empero, ni tal escrito ni
ninguna otra prueba allegada al expediente, evidencian que la
administración haya ejercido presión sobre él para que hiciera esta
manifestación de voluntad, de hacer dejación de su empleo7.

Por tanto, si bien es cierto que la renuncia está precedida de un motivo, sea
expreso o no, también lo es que en caso de que sea explícito no invalida por sí
solo el acto administrativo de su aceptación, por lo que se deberá demostrar que
en efecto ese móvil sea producto de una coacción invencible que excluya el acto

7
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, consejero ponente Joaquín Barreto
Ruiz, sentencia de 18 de julio de 1995, expediente 7700. Ver también fallo de 23 de febrero de 2017, sección
segunda, subsección B, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 08001-23-33-000-2012-
00098-01 (1496-14).
13

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

voluntario de dimisión.

Así las cosas, se tiene que el acto administrativo que acepta la renuncia reconoce
efectos jurídicos irrevocables y, además, goza de presunción de legalidad,
cuanto más si el servidor, de manera escrita, no motivada y espontánea,
manifiesta inequívocamente su deseo de desvincularse de la Administración.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario, que fue tenido en cuenta por el a quo, y de conformidad con los hechos
constatados por esta Corporación, se destaca:

i) Resolución 161 de 16 de agosto de 2012, mediante la cual se nombró a la
accionante como subgerente, código 90, grado 5, del Hospital de Bosa II Nivel
ESE (f. 23 del cuaderno anexo); y acta de posesión de 16 de agosto de 2012
para ese cargo (f. 56, ibidem)

ii) Escrito de renuncia presentado por la actora, ante el Hospital de Bosa II Nivel
ESE, de 4 de abril de 2016, pero recibido el 6 de los mismos mes y año (ff. 3 y
4).

iii) Acuerdo 641 de 6 de abril 2016, por el cual el concejo de Bogotá decidió
fusionar, entre otros, el Hospital de Bosa II Nivel ESE a la empresa social del
Estado denominada Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (ff.
6 a 14).

iv) Decreto 171 de 8 de abril de 2016, suscrito por el alcalde de Bogotá,
mediante el cual se designa como gerente de la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente ESE, durante el período de transición señalado en el
Acuerdo 641 de 2016, a la señora Alexandra Rodríguez Gómez (ff. 16 y 17), y
acta de posesión de 8 de abril de 2016, en ese cargo. (f. 76).

v) Resolución 3 de 25 de abril de 2016, proferida por la gerente de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, Alexandra Rodríguez
Gómez, que dispuso incorporar a la planta de personal de esa Subred a la
demandante en el empleo de subgerente, código 90, grado 5, en la unidad
prestadora de servicios de salud de la localidad de Bosa (ff. 18 a 46).

14

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

vi) Resolución 43 de 2 de mayo de 2016, a través de la cual la gerente de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE aceptó la renuncia
presentada por la accionante, el 6 de abril del mismo año (f. 4).

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que la demandante: (i)
por nombramiento ordinario efectuado el 16 de agosto de 2012, entró a ocupar
el cargo de subgerente, código 90, grado 5, en el Hospital de Bosa II Nivel ESE;
(ii) presentó renuncia ante ese Hospital, recibida el 6 de abril de 2016; (iii) en
la aludida fecha el concejo de Bogotá ordenó la fusión de dicho Hospital con
otras instituciones prestadoras de servicios de salud y se denominaron Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE; (iv) el 25 de abril de 2016
la actora fue incorporada a la planta de personal de la nueva empresa social del
Estado, en los mismos cargo de subgerente, código 90, grado 5, y lugar de
trabajo, llamado unidad prestadora de servicios de salud de la localidad de Bosa;
y (v) la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, a través de
su gerente, el 2 de mayo de 2016 aceptó la renuncia presentada por la accionante
ante el hospital de Bosa, dentro del plazo de 30 días que tenía para hacerlo.

En primer lugar, en lo que atañe a la clase de vinculación que tenía la
demandante, se precisa que desempeñaba un cargo de libre nombramiento y
remoción, cuya eventual insubsistencia no requería motivación expresa. La Ley
909 de 23 de septiembre de 2004, «[p]or la cual se expiden normas que regulan
el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública», aplicable al
caso sub examine, preceptúa que en la administración descentralizada del nivel
territorial son de libre nombramiento y remoción «Los empleos cuyo ejercicio
impliquen especial confianza que tengan asignadas funciones de asesoría
institucional, que estén adscritos a las oficinas de los secretarios de despacho,
de los Directores de Departamento Administrativo, de los gerentes, tanto en los
departamentos, distritos especiales, Distrito Capital y distritos y municipios de
categoría especial y primera» (artículo 4, numeral 2, letra b).

Por su parte, la Ley 100 de 1993 , en el artículo 195 (numeral 5), establece que
«las Empresas Sociales del Estado, […] constituyen una categoría especial de
entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos,
según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo»; y en el
artículo 194 agrega que «Las personas vinculadas a la empresa [social del
Estado] tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales,
conforme a las reglas del Capítulo IV de la Ley 10 de 1990».

15

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

A su vez, la Ley 10 de 1990, en el artículo 26, prevé que «[e]n la estructura
administrativa de la Nación, de las entidades territoriales o de sus entidades
descentralizadas, para la organización y prestación de los servicios de salud,
los empleos pueden ser de libre nombramiento y remoción o de carrera. Son
empleos de libre nombramiento y remoción: 1. En la administración nacional
central o descentralizada, los enumerados en las letras a), b), c) e i) del artículo
1 de la Ley 61 de 1987.1 2. En las entidades territoriales o en sus entes
descentralizados: a) Los de Secretario de Salud o Director Seccional o Local
del sistema de salud, o quien haga sus veces, y los del primer nivel jerárquico,
inmediatamente, siguiente; b) Los de director, representante legal de entidad
descentralizada, y los del primero y segundo nivel jerárquicos,
inmediatamente, siguientes; c) Los empleos que correspondan a funciones de
dirección, formulación y adopción de políticas, planes y programas y
asesoría» (se destaca).

De antemano, pone de presente la Sala que las partes no discuten que el cargo
de subgerente de la empresa social del Estado Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur Occidente, es de libre nombramiento y remoción.

Cabe anotar que por su carácter permite al nominador un mayor margen de
discrecionalidad a la hora de su designación y retiro, porque la autoridad
nominadora no solo debe tener en cuenta que la persona vinculada satisfaga los
requisitos y calidades exigidas para el cumplimiento de las funciones propias
del empleo, sino debe ser depositaria de un alto grado de confianza. Es decir,
que cuando no existe ese nivel de confianza y según lo exijan las necesidades
del servicio, un empleado de libre nombramiento y remoción bien puede ser
removido por voluntad discrecional del nominador o se puede optar por la
insinuación de la renuncia como medio protocolario para evitar la declaratoria
de insubsistencia, por cuanto no goza de una estabilidad laboral reforzada.

Al respecto, se advierte que, para las fechas en que se presentó y aceptó la
renuncia de la demandante (6 de abril y 2 de mayo de 2016, en su orden), el
hospital de Bosa estaba en procedimiento de fusión, para hacer parte de la nueva
empresa social del Estado denominada Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente, de manera que no resulta desproporcionado ni ilegal que los
nuevos dignatarios procuraran tener a su servicio, en los cargos de
responsabilidad, a personas de su entera confianza, práctica común y
desprovista de reproche cuando hay renovación de directivos en cualquier
organización, pública o privada.

16

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

En este orden de ideas, aunque en el expediente no hay prueba de que la
entonces gerente del hospital de Bosa hubiese hecho alguna insinuación para
lograr la dimisión de la actora, ello no pudo haber implicado una coacción
invencible que eliminara su acto voluntario, cuanto más si su grado de
preparación le permitía analizar la conveniencia o no de pedir su retiro o dejarlo
en manos del nominador.

Asimismo, en consideración a la sobresaliente experiencia laboral de la
accionante como profesional del derecho (f. 25, cuaderno 2), su amplia
preparación académica y sus altas capacidades intelectuales, tenía la clara
conciencia de los efectos jurídicos que conllevaría su renuncia, lo que le exigía
el discernimiento acerca de la conveniencia o no de su dimisión.

Por otra parte, la demandante afirma que presentó la renuncia a una entidad, el
hospital de Bosa (6 de abril de 2016), luego fue incorporada a otra, la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (25 de abril de 2016), y esta
última le aceptó su dimisión en esas condiciones el 2 de mayo de 2016, cuando
no podía ser aceptada porque: (i) perdió eficacia, en la medida en que se trata
de autoridades diferentes; (ii) la gerente no tenía atribuida la función de
pronunciarse sobre las dimisiones, porque no se había adoptado el manual de
funciones y requisitos que así lo autorizara; (iii) al aceptar el nuevo cargo, en el
que fue incorporada, quedó sin efectos la renuncia al anterior puesto; (iv)
respecto del nuevo empleo nunca presentó su dimisión; y (v) en todo caso, antes
de posesionarla en el empleo al que fue incorporada, debió haber definido su
permanencia, pronunciándose sobre su renuncia.

La Sala encuentra que el cargo de falta de competencia planteado carece de
prosperidad por las siguientes razones: (i) la renuncia fue aceptada dentro del
plazo que la ley prevé, esto es, 30 días; (ii) lo que hubo fue una fusión, entendida
como «[…] 3. Adm., Civ. y Comp. Operación mediante la cual dos o más
empresas u otras instituciones se constituyen como una única, bien sea por
creación de una nueva o por absorción por una de ellas de las demás»8, de la
que surgió una nueva que absorbió el Hospital de Bosa, el cual funciona como
la «Unidad Prestadora de Servicios de Salud de la localidad de Bosa». En otras
palabras, el Hospital de Bosa pasó a hacer parte de la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es decir, que la dimisión presentada
siguió vigente porque el primero no desapareció, sino que permaneció, pero
bajo otra forma; (iii) si la gerente tenía potestad para incorporarla en la nueva

8
Cfr. Diccionario panhispánico del Español Jurídico. www.rae.es
17

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

empresa, también para removerla, o como en este caso, para aceptarle la
renuncia; (iv) de la dimisión no se retractó la demandante, por consiguiente, al
no existir pronunciamiento expreso, implica que está vigente y podía la
Administración pronunciarse, al margen de que aquella hubiese entrado a hacer
parte de una nueva entidad que agrupara varios hospitales; (v) el hecho de que
la demandante hubiese sido incorporada, per se, no supone que la renuncia
hubiese sido negada o que se entendiera revocada, pues, se repite, sobre esta
debe existir un pronunciamiento expreso o tácito, una vez trascurridos los 30
días para su aceptación; en este último evento, la dimitente tiene la potestad de
continuar en el desempeño del empleo o puede retirarse el servicio sin que se le
configure abandono del cargo, según se expuso arriba. En suma, la hipótesis de
que al ser incorporada conduce a que quedó sin efectos la renuncia, carece de
sustento legal; y, (vi) en todo caso, como lo alega la entidad demandada, la
fusión de las empresas en una sola conlleva que la absorbente se subroga en las
obligaciones y derechos de sus empleados, entre los que se encuentra el poder
definir su retiro; máxime en el presente asunto en el que se debía definir la
situación de sus directivos.

Por lo tanto, con base en los razonamientos que se dejan consignados, en
armonía con los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en
conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, se confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto
negó las pretensiones de la demanda.

Frente a la condena en costas, la Sala estima que según lo dispuesto en el
artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por remisión expresa del
artículo 188 del CPACA, se deben estudiar para tal fin aspectos como la
temeridad o mala fe en la que la parte vencida pudo incurrir. En este sentido, se
pronunció esta Corporación, en sentencia de 1º de diciembre de 20169, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en
costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.

9
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
18

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya
segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio
y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento,
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la
vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia,
pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por consiguiente, se considera que la referida normativa deja a disposición del
juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y
no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al

19

Expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01 (6484-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yansy Viviana Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE

no predicarse tal proceder de la parte actora, se revocará la condena en costas
impuesta en primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 31 de mayo de 2018, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección D),
que negó las súplicas de la demanda incoada por la señora Yansy Viviana
Hernández Betancourt contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro
Oriente ESE, de acuerdo con la parte motiva.

2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, que incluye
las agencias en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

20

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.