Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02698-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02698-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02698-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
29 de abril de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02698-00
Demandante: MYRIAM STELLA PROAÑO ROJAS
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO
DE ESTADO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE
CONDENÓ EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA.
Síntesis del caso: la parte demandante consideró que se configuró una vulneración a sus derechos
fundamentales, con ocasión de la providencia que confirmó la decisión que negó las pretensiones
de la demanda, pero la condenó en costas, pues, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional porque se circunscribe a aspectos de
mera legalidad y económicos sobre la condena en costas.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada, a través de apoderado judicial, por la señora
Myriam Stella Proaño Rojas en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del
debido proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados en el artículo 29 y 229
de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia de 16
de octubre de 2025, proferida por dicha autoridad judicial.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1) La demandante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG), para obtener la nulidad del acto administrativo que le negó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las
1 Mediante escrito radicado el 9 de abril de 2026, (índice 1, Samai).
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02698-00
Demandante: Myriam Stella Proaño Rojas
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primas devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, por
haber acreditado las 1000 semanas de aportes y los 55 años de edad.
2) El litigio fue desatado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, mediante
sentencia del 25 de julio de 2025, en la cual negó las pretensiones de la demanda, por
cuanto no se acreditaron los requisitos para acceder a la pensión de jubilación por aportes
en virtud de la Ley 71 de 1988, y porque se probó que la demandante tampoco era
beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, para el
momento de la entrada en vigencia de esa normatividad (1 de abril de 1994) tenía 33 años
y menos de 15 años de servicios, sin alcanzar las 750 semanas requeridas; a su vez, no
condenó en costas a la parte vencida, en la medida que la intervención de las partes se
realizó bajo una seria argumentación jurídica.
3) Esa decisión fue apelada por la demandante, en consideración a que tenía derecho al
reconocimiento de la pensión por aportes contemplada en la Ley 71 de 1988, dado que a lo
largo de su vida laboral realizó cotizaciones tanto en el sector público como en el privado,
las cuales debían ser sumadas para efectos pensionales.
4) La decisión fue confirmada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 16 de octubre de 20253, en atención a que la parte actora no logró acreditar el
cumplimiento de los requisitos exigidos para que su derecho pensional fuera analizado en
virtud de lo contemplado en la Ley 71 de 1988, pues, su vinculación al servicio docente
ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
5) Sin embargo, condenó en costas a la demandante, en atención a que la reforma
introducida al artículo 188 del CPACA por la Ley 2080 de 2021 no alteró el criterio objetivo
según el cual estas se imponen a la parte vencida en el proceso, sino que únicamente
introdujo una excepción para ciertos asuntos de interés público, la cual no era aplicable para
los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho.
Fundamentos de la vulneración
La demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia
2 Proceso con radicación no. 76001-23-33-000-2019-00737-00/01.
3 Decisión notificada por correo electrónico el 11 de noviembre de 2025.
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Demandante: Myriam Stella Proaño Rojas
Acción de tutela
con ocasión de la providencia proferida el 16 de octubre de 2025, por cuanto, a su juicio,
incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.
En cuanto al defecto sustantivo, adujo que se aplicó de manera indebida el artículo 188 del
CPACA, por interpretar que la condena en costas se rige exclusivamente por un criterio
objetivo (parte vencida), con lo cual desconoció la modificación introducida por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021.
Se omitió aplicar integralmente la norma, debido a que no se verificó si la demanda carecía
de fundamento legal, requisito obligatorio tras la reforma.
Se dejó de aplicar el precedente constitucional de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en materia de condena en costas4, según el cual no basta el criterio objetivo, sino
que debe analizarse la conducta procesal de las partes y la existencia de temeridad o
carencia de fundamento.
La autoridad judicial aplicó automáticamente la condena en costas por el solo hecho de
resultar vencida la demandante, con lo cual se contrarió la línea jurisprudencial que exige
un análisis sustancial y no automático.
El fallo se apartó injustificadamente de esa línea sin cumplir la carga argumentativa exigida
(transparencia y suficiencia).
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las siguientes
súplicas:
“1. Se declare que el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A en sentencia proferida del 16 de octubre de 2025 dentro del
proceso 76001-23-33-000-2019-00737 01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA Y PRINCIPIO DE GRATUIDAD del docente, habida cuenta que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y al precedente
judicial del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al CONSEJO DE
ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, DEJAR SIN EFECTOS la
4 Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 7 de diciembre de 2021, Rad.
no. 25000-23-42-000-2018-02785-01, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia del 27 de enero de 2022, Rad.
no. 25000-23-42-000-2016-05174-01, CP Carmelo Perdomo Cuéter;
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Demandante: Myriam Stella Proaño Rojas
Acción de tutela
providencia judicial referida en el numeral anterior y, proceda a efectuar el examen
de procedencia de la condena en costas impuestas al proceso ordinario conforme
la normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de
salvaguardar las garantías iusfundamentales de la accionante.”. (índice 2, Samai)
Actuación procesal
Mediante auto de 13 de abril de 2026 (índice 5, Samai), se admitió la acción de tutela y se
ordenó la notificación del presidente y los magistrados integrantes de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, al presidente y a los magistrados integrantes del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al ministro de Educación Nacional, al alcalde y
al secretario de educación del Distrito de Santiago de Cali y al director o quien haga sus
veces del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), con el fin de
que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Intervenciones de las autoridades demandadas
El Ministerio de Educación Nacional5 adujo que no se cumplen los requisitos de procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en especial los de subsidiariedad, relevancia
constitucional e inmediatez, dado que existen mecanismos judiciales ordinarios idóneos y el
asunto planteado tiene naturaleza eminentemente legal o económica.
Asimismo, planteó su falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, no tiene
competencia ni injerencia en las decisiones judiciales ni en el reconocimiento de las
prestaciones reclamadas, por lo que no puede atribuírsele la supuesta vulneración de
derechos.
La Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali6 afirmó que no ha vulnerado
derecho fundamental alguno, en la medida en que la acción de tutela no se dirige contra
una actuación administrativa propia, sino contra una providencia judicial proferida por el
Consejo de Estado.
Solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no profirió
la sentencia cuestionada, no impuso la condena en costas ni adoptó la interpretación jurídica
debatida en sede de tutela.
5 Índice 12, Samai.
6 Índice 14, Samai.
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Acción de tutela
Las demás autoridades guardaron silencio en esta oportunidad, pese a haber sido
notificadas en debida forma7.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia proferida el 16 de octubre de 2025, por cuanto, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.
El Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali
solicitaron que se les desvinculara de la acción de tutela, debido a que no les asiste
responsabilidad alguna por la presunta vulneración de los derechos invocados por la parte
demandante.
7 Índice 15, Samai.
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Demandante: Myriam Stella Proaño Rojas
Acción de tutela
Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a las solicitudes de desvinculación
en consideración a que dichas autoridades fueron vinculadas como tercero con interés, por
cuanto actuaron como demandadas en el proceso ordinario.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente la
acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las
razones que procederán a exponerse:
2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos los
asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de los
jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la seguridad
jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte
Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de requisitos
generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a preservar el
carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales está la imperiosa
necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina, verdadera y
marcada relevancia constitucional.
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el
cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se convierta en una
instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.
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Demandante: Myriam Stella Proaño Rojas
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En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente8, la Corte ha reiterado que
la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un medio
para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez natural o
reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional sólo puede
intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la legalidad y se
proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte derechos
fundamentales de las partes involucradas.
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional enfatizó
que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la interpretación de
normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de manera que las
controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales de un derecho,
como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal9”, carecen,
en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de manera específica una
afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este presupuesto
aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto constitucional, sino uno
meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca una instancia adicional
para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la intención de revivir los
términos procesales”.
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar, en
abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso que “no
basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales10”, enfatizando en que
8 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Acción de tutela
corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so pena de
rechazo o improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las mencionadas
sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional fueron
específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho fundamental,
en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de naturaleza
constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir a la
providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos desbordan
el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un derecho
fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más allá de la
mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se
limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando
la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.”.11
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de tutela
se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela no
puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios legalmente
concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la intención
11 Idem.
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de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar la
interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de una
verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica es
que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa hipótesis se
está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente mandatos
superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios, quienes fueron
investidos por el legislador de precisas facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios, de
modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina y
marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden a
evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de contenido
las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no puede ni debe
confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas por los jueces
naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o arrogarse
competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave, concreta
y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión judicial arbitraria
o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión dirigida a replantear
discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el proceso ordinario,
mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción para
cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido por la
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02698-00
Demandante: Myriam Stella Proaño Rojas
Acción de tutela
propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis comporta un
escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la independencia
de los jueces ordinarios12” (negrillas adicionales).
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales, en
tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica, que
la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y comporta una
afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al juez
de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende emplearlo
para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias o jurídicas
ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente cuando se
supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados en el caso
concreto.
2.2. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
1) En este caso, la parte demandante controvirtió la decisión proferida en segunda instancia
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, al denegarle las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en
contra del FOMAG, le impuso una condena en costas, con los siguientes argumentos:
“2.7. Condena en costas
34. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna
esta materia.
35. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
12 Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel Cabo.
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Demandante: Myriam Stella Proaño Rojas
Acción de tutela
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.”. (negrillas del original – archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI, índice 11)
2) En tal sentido, la controversia propuesta por la actora gira en torno a la forma en que, a
su juicio, la autoridad judicial debía interpretar los artículos 188 del CPACA y 47 de la Ley
2080 de 2021, pues, considera que la autoridad judicial estaba obligada a analizar su
conducta procesal para concluir que, como actuó de buena fe y sustentó la demanda en una
seria argumentación jurídica, no había lugar a la imposición de tal condena.
3) Así entonces, si bien la demandante invocó la protección de sus derechos fundamentales
del debido proceso y acceso a la administración de justicia, lo cierto es que la discusión
propuesta se circunscribe a aspectos de mera legalidad sobre las normas que rigen la
condena en costas y, en definitiva, atañe a repercusiones de contenido meramente
económico13, pues, lo pretendido por la actora es ser exonerada de la obligación de pagar
los gastos y expensas en los que incurrió el FOMAG como parte demandada en el proceso
ordinario, discusiones que no trascienden al plano constitucional ni se relacionan con una
afectación directa de derechos fundamentales en su núcleo esencial.
4) La decisión de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado de imponer
costas reflejó un claro ejercicio de la independencia y autonomía judicial, principios
fundamentales del sistema judicial a partir del cual los jueces tienen la libertad de interpretar
y aplicar las leyes de acuerdo con su criterio profesional y la evidencia presentada en un
determinado caso y no se evidencia una actuación arbitraria o caprichosa que justifique la
intervención del juez constitucional.
5) Por consiguiente, en la medida que para el juez constitucional está vedado pronunciarse
sobre materias que desbordan su competencia, so pena de desconocer los principios de
autonomía e independencia judicial, se declarará improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones hasta aquí
expuestas.
13 Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 16 de abril de 2026, expediente
con radicación no. 11001-03-15-000-2026-00807-00; sentencia del 14 de noviembre de 2024, radicación no.
11001-03-15-000-2024-04166-01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02698-00
Demandante: Myriam Stella Proaño Rojas
Acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
2º) Niégase las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de Educación y
la Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica,
electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz
4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una
vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Presidente de la Subsección (firmado electrónicamente)
(firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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