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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04166-01

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04166-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04166-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

14 de noviembre de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C, catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01
Demandante: EDGAR MANGA RUBIO
Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia en la que se negaron sus
pretensiones de reparación directa. Se confirmará la sentencia que declaró improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por cuanto
el interés de la demandante es someter la controversia a una instancia adicional.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora en contra de la
sentencia de 5 de septiembre de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado en la cual se resolvió:

“(...) SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de
tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
(...)”. (mayúsculas y negrillas del original – archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI).

II. ANTECEDENTES

La parte actora promovió proceso de acción de tutela1 en contra de las sentencias
de 31 de mayo de 2017 y 22 de mayo de 2024 proferidas por la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, respectivamente, por medio de las
cuales se negaron las pretensiones del medio de control de reparación directa que
promovió en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial en el proceso no. 25000-23-36-000-2015-00863-00/01, por
cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos sustantivo y decisión sin motivación

1
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 9 de agosto de 2024.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01
Demandante: Edgar Manga Rubio
Acción de tutela – Impugnación de fallo

y vulneraron sus derechos fundamentales del debido proceso, defensa, acceso a la
administración de justicia y propiedad privada.

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 25 de septiembre de 2012, el señor Dionisio Castillo Hernández presentó una
demanda ejecutiva de mayor cuantía en su contra con base en un pagaré de 15 de
junio de 2001 por valor de seiscientos millones de pesos más intereses corrientes.

2) El 27 de noviembre de 2012, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de
Facatativá libró mandamiento de pago y ordenó el embargo de la cuenta bancaria
del demandante.

2) El 9 de marzo de 2013, el apoderado del señor Dionisio Castillo Hernández
presentó ante el juzgado un convenio de pago suscrito por ese apoderado, el
ejecutante y -aparentemente- por Edgar Manga Rubio, con firma autenticada de la
Notaría Única de San Francisco (Cundinamarca), según el cual el ejecutado accedía
al débito del dinero embargado desde su cuenta bancaria.

3) Previa consignación del depósito judicial por parte del banco al juzgado y sin que
se hubiera notificado al ejecutado el auto que libró mandamiento de pago en su
contra, el 12 de marzo de 2013, el apoderado de Dionisio Castillo Hernández
presentó sendos memoriales al juzgado con los cuales ratificó la facultad de su
apoderado para recibir los dineros depositados en la cuenta de ahorros del actor y
solicitó que, una vez se hiciera la entrega material de los fondos retenidos, se
ordenara el levantamiento de la medida cautelar y la terminación del proceso
ejecutivo.

4) Ese documento ingresó al despacho el 14 de marzo de 2013 y, en la misma fecha,
el Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de Facatativá resolvió que,
previamente a resolver sobre lo solicitado, se debía acreditar el pago del arancel
judicial a órdenes de ese despacho, lo cual acató el apoderado del ejecutante el 18

3
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Demandante: Edgar Manga Rubio
Acción de tutela – Impugnación de fallo

de marzo del mismo año, a través de un documento en el cual se anotó que “los
señores DIONISIO CASTILLO HERNANDEZ Y EDGAR MANGA RUBIA, al igual
que el suscrito abogado, manifestamos que renunciamos a los términos de
ejecutoria.”.

5) Con base en lo anterior y a través de auto de 19 de marzo de 2013, el juzgado
ordenó la terminación del proceso ejecutivo por pago total de la obligación, levantó
el embargo sobre la cuenta del señor Edgar Manga Rubio y autorizó la entrega del
título judicial en favor de Dionisio Castillo Hernández.

6) A través de un memorial presentado el 1 de abril de 2023, el ejecutante, su
apoderado y -falsamente- el señor Edgar Manga Rubio, manifestaron al juzgado que
renunciarían a los términos de ejecutoria del auto que ordenó la terminación del
proceso ejecutivo.

7) Por tal razón, el 2 de abril del mismo año se expidió la comunicación contentiva
de la orden de pago de depósitos judiciales, con la cual el juzgado decidió la entrega
material de una suma cuantiosa en favor de la parte ejecutante.

8) Una vez tuvo conocimiento de los movimientos de su cuenta bancaria, contrató
los servicios profesionales de un abogado, quien se trasladó al municipio de
Facatativá y comprobó la existencia del proceso ejecutivo iniciado en su contra, a
pesar de que nunca tuvo conocimiento de su existencia.

9) En efecto, jamás firmó el pagare título de ejecución ni el mencionado convenio
de pago, ni los memoriales por medio de los cuales, supuestamente, renunció a los
términos de ejecutoria de las providencias proferidas por el juzgado; de hecho,
prueba de ello es que para las fechas en que se suscribieron tales documentos
residía en el extranjero.

8) Esa labor de investigación arrojó que en la demanda ejecutiva se indicó que la
dirección del ejecutado era en la “Vereda Mancillas, Finca La Esmeralda del
municipio de Facatativá – Cundinamarca”, población que el actor nunca conoció,
como tampoco al señor Dionisio Castillo Hernández, con quien no ha celebrado
ningún negocio.

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Demandante: Edgar Manga Rubio
Acción de tutela – Impugnación de fallo

9) El 18 de junio de 2013, el apoderado del señor Manga Rubia presentó un
memorial al juzgado con el cual solicitó la copia del expediente y los títulos judiciales,
documentos a partir de los cuales evidenció la falsificación de su firma en el pagaré
y en los memoriales, además de la falta de notificación del auto que ordenó librar
mandamiento de pago en su contra.

10) El 26 de septiembre de 2014, el aquí actor presentó una demanda de reparación
directa en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el Banco de Bogotá y la Superintendencia de Notariado y
Registro para que sean declaradas patrimonial y extracontractualmente
responsables de los daños ocasionados por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia que permitió el embargo y retiro de sus fondos a partir de
documentos falsos2.

11) El 31 de mayo de 2017, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas al actor3.

2
Los cargos de la demanda de reparación directa se centraron en que el pagaré y el convenio de
pago presentados en el proceso ejecutivo fueron falsificados pues, jamás firmó tales documentos ni
contrajo una deuda con Dionisio Castillo Hernández.

En su demanda alegó que no fue notificado personalmente del mandamiento de pago, lo cual le
impidió conocer el proceso ejecutivo en su contra y, por ende, lo dejó sin oportunidad de presentar
una defensa adecuada.

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá incurrió en un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia porque admitió y tramitó el proceso ejecutivo con base en documentos
falsificados, sin verificar su autenticidad y hacer una revisión exhaustiva. Por tales razones facilitó el
embargo y posterior entrega de sus fondos, lo cual generó un daño injustificado.

En relación con la Superintendencia de Notariado y Registro afirmó que esa autoridad no implementó
los controles necesarios para verificar la autenticidad de los documentos notariales, permitiendo que
se utilizaran sellos y firmas notariales falsificados.

Adicionalmente, acusó al Banco de Bogotá de no actuar con diligencia en cumplir la orden de
embargo y liberar sus fondos sin cumplir con el deber de informar y proteger sus intereses en el
momento de realizar una transferencia de alta cuantía.

El actor reclamó que el banco no le comunicó del embargo y ello facilitó el perjuicio económico.
3
El tribunal denotó que, para la fecha en que presuntamente se firmó el pagaré y se pactó el acuerdo
de pago, el señor Manga Rubio no se encontraba en el país, la notificación del mandamiento de pago
se hizo mediante estado de 29 de noviembre de 2012 y no de manera personal conforme con los
artículos 315 y 505 del Código de Procedimiento Civil y que el juzgado no exigió la presentación
personal del memorial por medio del cual las partes del proceso renunciaron a los términos de
ejecutoria del auto que terminó el proceso por pago.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01
Demandante: Edgar Manga Rubio
Acción de tutela – Impugnación de fallo

12) El demandante apeló esa decisión4 y, a través de sentencia de 22 de mayo de
2024, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó el
fallo de primera instancia por considerar que, si bien se aportaron pruebas que
permitían concluir que se causó un daño cierto, real y determinado al señor Edgar
Manga Rubio por el embargo y posterior sustracción ilegal de su dinero, tal daño no
era imputable a las autoridades judiciales demandadas en el proceso ordinario sino
al “supuesto actuar delictivo de terceras personas frente al cual no cursa un proceso
penal.”5.

De acuerdo con el informe técnico de grafología rendido por la Fiscalía General de la Nación, el
pagaré y el acuerdo de pago no fueron suscritos por el señor Edgar Manga Rubio.

Para esa autoridad se configuró un daño, en la medida que el actor vio afectado su patrimonio por
la entrega del dinero que fue sustraído de su cuenta de ahorros lo cual le acarreó perjuicios
económicos y familiares, sin embargo, afirmó que no podía imputarse al juzgado porque el
documento aportado como título ejecutivo gozaba de presunción de autenticidad y veracidad para el
momento en que se presentó la demanda ejecutiva, correspondiendo al ejecutado alegar su falsedad
ante el juez penal.

En cuanto al Banco de Bogotá determinó que actuó en cumplimiento de una orden judicial, acató el
embargo decretado por el juzgado y retuvo los fondos de la cuenta del actor sin que pudiera
cuestionar la legalidad de la orden de embargo ni la validez de los documentos presentados en el
proceso judicial.

En lo referente a la Superintendencia de Notariado y Registro concluyó que esa autoridad no tiene
una responsabilidad directa y que no obró prueba en el proceso que diera cuenta de la participación
fraudulenta del notario único del Circuito de San Francisco en el reconocimiento de la firma del señor
Manga Rubio, del acuerdo de pago o del pagaré, al punto que el demandante reconoció que se
acercó a la Notaría y le fue informado que los sellos plasmados en tales documentos no
corresponden con los que ellos utilizan en sus gestiones.
4
La parte actora insistió en que el mandamiento de pago no le fue notificado personalmente y en
que el juzgado debió verificar la autenticidad de los documentos aportados, en especial el pagaré y
el convenio de pago, debido a que presentaban características inusuales, lo cual debía considerarse
como una falla en el servicio judicial.

Nunca contó con representación legal en el proceso ejecutivo, contraviniendo el artículo 63 del
Código de Procedimiento Civil, que establece que en asuntos de mayor cuantía es necesaria la
intervención de un abogado.

La autoridad desconoció las conclusiones de un peritaje grafotécnico que concluyó que las firmas en
el pagaré y el convenio de pago no correspondían a las suyas.
5
A partir del dictamen pericial decretado en el curso del proceso de reparación directa concluyó que
“frente los documentos que la parte actora aduce como falsos (pagaré 01 y Convenio de pago), existe
una probabilidad [de] que no correspondan con la firma del señor Manga Rubio, circunstancia que
para el momento en que se desarrollaron los hechos, le era imposible conocer al juez rector del
proceso ejecutivo, dada la presunción de veracidad y de autenticidad que recae sobre un título valor,
máxime si dichos documentos cuentan con sello de presentación personal notariado.”.

La Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación advirtió que le asistía la razón al
demandante en afirmar que el juez del proceso ejecutivo no notificó personalmente el mandamiento
de pago librado en su contra, pues, no reposa en el expediente documento alguno que demuestre
dicha actuación; sin embargo, estimó que tal situación no puede considerarse como la causa

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01
Demandante: Edgar Manga Rubio
Acción de tutela – Impugnación de fallo

2. Los fundamentos de la vulneración

El actor afirmó que las sentencias cuestionadas incurrieron en los defectos
sustantivo y decisión sin motivación que ocasionaron la trasgresión de sus derechos
fundamentales del debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia
y propiedad privada.

Sobre el defecto sustantivo alegó que las providencias inaplicaron e interpretaron
erróneamente los artículos 63 y 340 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Sostuvo que la falta de representación adecuada y la omisión del trámite de traslado
de tres días para la transacción violaron su derecho de defensa y facilitaron el
perjuicio patrimonial.

Frente a la decisión sin motivación argumentó que las decisiones judiciales
carecieron de fundamentación suficiente porque se centraron en la exoneración de

eficiente del daño pues “los documentos que se hicieron valer en el proceso gozaban de veracidad
y autenticidad”.

La autoridad demandada destacó que, aun si el juzgado hubiera realizado actuaciones tendientes a
notificar personalmente al actor del auto que libró mandamiento de pago en su contra, esa gestión
no hubiera surtido efectos, pues en la demanda ejecutiva se aportó una dirección falsa, de ahí que
“no tenía una probabilidad apta de que hubiera conocido en tiempo la ejecución y por lo tanto evitado
la afectación de su patrimonio, porque de cualquier modo la notificación hubiera resultado infructífera
y no precisamente por culpa del juzgado sino de quienes aportaron una dirección errada.”.

La demandada agregó que el convenio de pago contaba con sello y firma de comparecencia personal
de autenticación notarial, por lo cual debía entenderse auténtico sin que fuera posible que el juzgado
indagara sobre esa condición.

Si bien el juzgado aceptó los memoriales de renuncia de términos a pesar de no tener presentación
personal, como lo exigía el artículo 122 del CPC, “un actuar opuesto no hubiera impedido la entrega
del título en la medida que el paso del tiempo hubiera permitido que la providencia a la que se
renunció a términos quedara en firme y de esta manera poder ejecutarla. De ahí que no se observa
que tal circunstancia tuviera incidencia en el menoscabo en cuestión.”.

La suma de dinero estuvo congelada en la cuenta del demandante desde el 10 de diciembre de 2012
hasta el 1 de marzo de 2012, tiempo suficiente para que el actor se percatara de los irregulares
movimientos realizados, dado que no se trataba de una cifra desdeñable que pudiera pasar
inadvertida para cualquier cuentahabiente, además, los bancos expiden extractos trimestrales que
informan a los titulares de los movimientos y transacciones realizadas en dicho periodo.

Para la autoridad demandada, tales hechos demostraron impasividad y negligencia por parte del
señor Edgar Manga Rubio y exoneraron de responsabilidad al juzgado demandado.

En lo referente a la Superintendencia de Notariado y Registro y el Banco de Bogotá, la autoridad
demandada compartió las consideraciones del tribunal.

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Demandante: Edgar Manga Rubio
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responsabilidad por el hecho de un tercero y no en atención de las irregularidades
procesales, específicamente la validez de un título falsificado y la falta de
notificación personal del mandamiento de pago.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, el demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“(...) SEGUNDO: Dejar sin efectos las sentencias del 31 de mayo de 2017
y 22 de mayo de 2024, dictadas por el Tribunal Administrativo, Sección
Tercera, Subsección “B” y Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “C”, respectivamente, proferidas dentro del trámite del medio
de control de reparación directa con Radicado No. 25000-23-36-000-
2015-00863-01 (59867), así como cualesquiera otras providencias que las
adicionen o complementen, por tipificarse quebrantamiento a los
derechos fundamentales ya precisados.

TERCERO: Ordenar a los despachos accionados que dicten una nueva
providencia debidamente motivada a causa de los defectos alegados o
los defectos que resulten acreditados, acorde con las demás pretensiones
que fueron formuladas en sede del medio de control de reparación directa
promovido por el suscrito accionante.”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI –mayúsculas del original).

4. Actuación en primer grado

Mediante auto de 15 de agosto de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió el proceso de acción de tutela, ordenó la notificación de los magistrados
integrantes de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
vinculó a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la sociedad Banco de Bogotá SA,
por asistirles interés en el resultado del proceso.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 5 de septiembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional con fundamento en que el actor buscó reabrir

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01
Demandante: Edgar Manga Rubio
Acción de tutela – Impugnación de fallo

el debate concluido en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y emplear
este mecanismo como una tercera instancia.

La acción de tutela pretende reabrir un debate probatorio y de interpretación de
normas legales que fue adecuadamente abordado en el proceso de reparación
directa.

7. Impugnación

El demandante presentó impugnación y le fue concedida con auto de 8 de octubre
de 2024.

Como planteamiento en contra de la sentencia del a quo afirmó que, contrario a lo
decidido, la acción de tutela sí superó el requisito de relevancia constitucional
porque no se trataba de un simple desacuerdo legal, probatorio o de naturaleza
económica, sino de una cuestión constitucional que implica la transgresión de los
derechos fundamentales del debido proceso y defensa, en relación con el derecho
de postulación.

Insistió en los planteamientos relacionados con la presunta configuración de un
defecto sustantivo y decisión sin motivación que elevaron la controversia a un
debate de rango constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2)
delimitación del asunto y 3) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce
mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01
Demandante: Edgar Manga Rubio
Acción de tutela – Impugnación de fallo

inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o
vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con
ella términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

2. Delimitación del asunto.

La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las sentencias
proferidas en las dos instancias del proceso ordinario, lo cierto es que los
argumentos de reproche de la parte actora se dirigieron a controvertir el contenido
de la providencia de segunda instancia, siendo aquella la que definió el marco de
decisión de la presente providencia.

Lo anterior, aunado a que esa sentencia fue la que finalizó el proceso y ante la
eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad judicial
encargada de cumplir la orden y dictar una sentencia de reemplazo sería la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

En suma, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo decidido en segunda instancia.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, defensa, acceso a la
administración de justicia y propiedad privada, presuntamente vulnerados con
ocasión de la sentencia proferida por esa autoridad judicial el 22 de mayo de 2024,

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01
Demandante: Edgar Manga Rubio
Acción de tutela – Impugnación de fallo

por cuanto, a su juicio, incurrieron en un defecto sustantivo y una decisión sin
motivación.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse
con el requisito de relevancia constitucional por las razones que procederán a
exponerse:

1) Para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado consideró necesario examinar
varios elementos, siendo uno de ellos que la acción de tutela no se erija en una
instancia adicional a las del proceso ordinario en que fue proferida la providencia
acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional fue diseñado para
proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial6.

2) Para la parte actora en la providencia judicial atacada se incurrió en un defecto
sustantivo y una decisión sin motivación, no obstante, para esta Sala resulta claro,
como lo fue para la primera instancia, que los fundamentos que soportaron la acción
de tutela se dirigieron de manera exclusiva a discutir argumentos que ya fueron
planteados en la demanda y en la apelación que presentó el demandante en el
proceso ordinario, los cuales fueron debatidos y decididos en el trámite procesal
correspondiente.

3) Los planteamientos de la demanda de acción de tutela para invocar la
configuración de tales defectos son una insistencia de aquellos expuestos en el
curso del proceso ordinario, según los cuales la autoridad judicial demandada i)
ignoró que el juzgado permitió la terminación del proceso ejecutivo sin que él
contara con representación legal adecuada, por lo cual inaplicó el artículo 63 del
CPC sobre el derecho de postulación; ii) aceptó una transacción falsificada sin
correr traslado de ella a la contraparte ejecutada y con ello omitió la aplicación del
artículo 340 del CPC; iii) facilitó la ejecución de un proceso irregular en su contra y
contribuyó al perjuicio patrimonial que sufrió y, iv) centró su decisión en la

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Sentencia de 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, expediente
11001-03-15-000-2012-02201-01, MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Demandante: Edgar Manga Rubio
Acción de tutela – Impugnación de fallo

exoneración de responsabilidad por el hecho de un tercero sin exponer
motivaciones frente a las irregularidades procesales acontecidas en el curso del
proceso ejecutivo.

4) Sin embargo, dichos argumentos ya fueron expuestos por la parte demandante
en el recurso de apelación que presentó en contra de la sentencia de 31 de mayo
de 2017 de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en los siguientes términos:

“Dice el fallo en comento que del numeral 2º del artículo 340 del CPC se
deduce que en el presente asunto la transacción produce efectos
procesales, a pesar que una de las partes acompañe el documento
respectivo, caso en el cual se dará traslado del escrito a la otra parte, por
el término de tres días (...).

A pesar del esfuerzo de la sentencia en destacar que no se está
quebrantando el trámite procesal correspondiente, de la simple lectura del
citado numeral 2º; en este caso se dará traslado del escrito a las otras
partes, por tres días.”, nuevamente se pone de presente todo lo contrario,
toda vez que en el expediente ejecutivo brilla por su total y notoria
ausencia que el Despacho accionado haya ordenado, mediante
proveído legal y formalmente ejecutoriado, el precitado traslado de
los tres días, para que si era del caso, el ejecutado tuviera la
oportunidad de manifestarse (...).

Para iniciar, basados en los mismos conceptos de autenticidad y
veracidad que orientan la sentencia en esta parte, resulta contradictorio,
ilógico, absurdo y con presentación sofistica distractiva, que el Tribunal
infiera como causal de exoneración del operador que el demandado tenga
la carga de demostrar la falsedad del título, cuando ni siquiera ha sido
parte formalmente vinculada al proceso, visto que se echa de menos la
notificación personal requerida por el artículo 314 del estatuto
procesal, nuevamente por ausencia de rigor procesal del operador
judicial cuestionado (...) el argumento relacionado con la veracidad
y autenticidad del título ejecutivo no es más que un sofisma de
distracción, un falso razonamiento que induce en error, en una falsa
relación causal respecto al origen del perjuicio causado, pues a pesar que
se hace evidente que terceros maniobraron falazmente un documento,
esto para nada desdibuja que a esta cadena de ardides se confabuló
eficientemente el defectuoso servicio de administración de justicia, en el
que el procedimiento fue sacrificado con desapego al ordenamiento
jurídico procesal y a la realidad probatoria (...).

Para el suscrito apoderado la ley es clara, el mandamiento ejecutivo
debía ser notificado personalmente al demandado y el operador
judicial no atendió esta directriz, no lo hizo, de tal suerte que, partiendo
de esas condiciones deficientes de garantías procesales, se arriesgó a
aprobar una transacción que, a todas luces reflejaba un cúmulo de
maquinaciones (...)-

Así las cosas, de la revisión del ejecutivo a través del cual se produjo la
defraudación, no aparece que por parte alguna el Juzgado haya

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Demandante: Edgar Manga Rubio
Acción de tutela – Impugnación de fallo

efectuado el más mínimo intento por formalizar la notificación
personal del citado mandamiento ejecutivo, de forma tal que mi
representado hubiese tenido la oportunidad de un debido proceso, que
también opera para las actuaciones judiciales, como es preciso recordarlo
ahora (...).

A lo largo de la demanda y con motivo de las pruebas recaudadas en el
trámite de la primera instancia, quedó también evidenciado que varias
de las manifestaciones adelantadas por las partes eran típicamente
de disposición de derechos y que, por ende, a fin de ser presentadas
y aprobadas por el Despacho Judicial, debían ser tramitadas
ineludiblemente a través de apoderado judicial, en virtud de la carga
procesal que comprende el derecho de postulación, tanto para el
ejecutante como al ejecutado, como garantía del derecho a la defensa y
el debido proceso que les asistía a las partes en igualdad de
condiciones.”. (negrillas de la Sala – archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI)

5) Tales planteamientos fueron abordados por la Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación, quien en ejercicio de los principios de independencia
y autonomía judicial los resolvió en los siguientes términos:

“Por otra, los supuestos yerros procesales en los que, según el
demandante, incurrió el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Facatativá, relacionados con: i) falta de notificación del
mandamiento de pago, ii) la tramitación del acuerdo de transacción
sin atender lo preceptuado en el artículo 340 del CPC. ─vigente para la
época─, por cuanto no se había trabado la litis, iii) omisión de exigir la
presentación personal de los actos procesales que por ley lo requieren
(...).

A efectos de acreditar la falsedad de los documentos que sirvieron como
sustento para decretar el embargo, la parte actora solicitó con la demanda
un peritaje, el cual fue decretado en la audiencia inicial y, como
consecuencia, se ofició al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía
General de la Nación para que designara un grafólogo que determinara,
si la firma que aparece, tanto en el pagaré que sirvió de título de recaudo
ejecutivo, como en el acta de transacción que sirvió de base a la entrega
de dineros embargados, es la misma de Edgar Manga Rubio (...).

Cabe decir que el dictamen no fue objetado por error grave, ni se formuló
algún reproche al respecto, por consiguiente frente a los documentos
que la parte actora aduce como falsos (pagaré 01 y Convenio de
pago), existe una probabilidad que no correspondan con la firma del
señor Manga Rubio, circunstancia que para el momento en que se
desarrollaron los hechos, le era imposible conocer al juez rector del
proceso ejecutivo, dada la presunción de veracidad y de autenticidad
que recae sobre un título valor, máxime si dichos documentos
cuentan con sello de presentación personal notariado. Por tanto, la
Juez del caso, carecía de elementos de juicio para objetar o desestimar
el título y, por el contrario, estaba compelida a darle trámite al escrito de
demanda ejecutiva. (...)

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01
Demandante: Edgar Manga Rubio
Acción de tutela – Impugnación de fallo

A esto se suma que el pagaré, que sirvió como título en el proceso
ejecutivo, según se plasma en el documento que lo contiene, fue objeto
de aparente presentación personal por parte del señor Edgar Rubio
Manga, ante la Notaría Cincuenta y dos (52) del Círculo de Bogotá el
quince (15) de junio de dos mil uno (2001). Sin embargo, llama la
atención de esta Subsección que tal actuación ─la autenticación
notarial─ no fue cuestionada por el demandante y en consecuencia
tampoco fue desvirtuada, pues dentro del proceso no se solicitó el cotejo
de los sellos notariales.

(...).

En principio, la Sala advierte que le asiste razón al demandante al
afirmar que la Juez del proceso ejecutivo no notificó personalmente
el mandamiento de pago librado, pues no reposa en el expediente
documento alguno que demuestre dicha actuación; sin embargo, a partir
de tal situación, no se podría determinar que el daño que padeció el
demandante y que reclama dentro de este contencioso radique su
causa eficiente en dicha irregularidad, pues como ya se dijo, los
documentos que se hicieron valer en el proceso gozaban de
veracidad y autenticidad, circunstancia que no ha sido refutada en
un escenario judicial propicio para establecer el demérito de la
verosimilitud que, en su momento, tuvo como cumplida la juez de
conocimiento. Esto, aunado a las circunstancias en que se suscitaron
las actuaciones, dada la presteza y proximidad temporal en que las partes
presentaron el documento de transacción, situación que tampoco estaba
llamada a suscitarle sospecha o prevención alguna al operador judicial,
pues dicho documento venía refrendado notarialmente por quienes se
anunciaban como demandante y demandado.

(...).

Lo mismo ocurre con la aplicación del artículo 340 del CPC y los
efectos de la transacción allegada, pues dicho documento de
convenio de pago, que contaba con el sello y firma de
comparecencia personal de autenticación ante la Notaría Única de San
Francisco, de conformidad con artículo 252 del CPC, se entendía
auténtico si había sido reconocido por quien tiene a cargo dar fe pública.
Como consecuencia de esto, no le era exigible al juez indagar sobre
la autenticidad, dado que para ese entonces los documentos base
para el inicio del proceso ejecutivo cumplían con los requisitos de
ley, y no tenían enmendaduras y/o tachaduras, por lo que, a simple vista,
la información contenida en estos no parecía falsificada o adulterada. De
tal modo, el hecho de que supuestamente se hubieran falsificado unos
documentos, resultó ser una circunstancia que trasciende del actuar y el
conocimiento del juez, quien, obrando de buena fe como se desprendía
de los documentos que allegaron quienes, para ese momento se suponía
eran las partes, entregó los títulos judiciales al apoderado del señor
Dionisio Castillo Hernández.

(...).

De ese modo, la causa real del daño padecido por la parte actora fue
un supuesto actuar delictivo de terceras personas frente al cual no
cursa un proceso penal, o por lo menos tal situación no fue afirmada por
la parte actora, ni acreditada en el expediente, por tanto, es un aspecto
que trasciende del asunto de conocimiento, ya que no fue demostrado que
el Juez Segundo Civil del Circuito de Facatativá hubiera entregado los

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01
Demandante: Edgar Manga Rubio
Acción de tutela – Impugnación de fallo

títulos con el conocimiento de que los documentos aportados en el
ejecutivo singular eran fraudulentos, ni que los documentos aportados por
el apoderado de Dionisio Castillo Hernández hubieran incumplido los
requisitos de ley para el momento en que fueron conocidos por el
despacho en cuestión o que presentaran signos evidentes de adulteración
que llevaran a denegar la solicitud y adoptar las medidas pertinentes.

(...).

De acuerdo con lo expuesto, para la Sala no es de recibo que el
accionante procure pasar por alto su inoperancia y pretenda endilgar
responsabilidad en cabeza del Estado, máxime si se tiene de presente
que éste contaba con los instrumentos necesarios (extractos bancarios)
para conocer la realidad de lo que ocurría con su cuenta de ahorros,
acción que, en las circunstancias en que se sucedieron los hechos,
hubiera resultado eficiente para conjurar el daño causado por personas
ajenas al servicio de la administración de justicia. (...).”. (negrillas de la
Sala – archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)

6) Así entonces, la discusión planteada en la acción de tutela, según la cual la
providencia proferida por la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto
sustantivo y una decisión sin motivación, ya fue resuelta por la autoridad judicial
demandada.

7) En cuanto a la alegada configuración de un defecto sustantivo, la decisión de la
autoridad judicial accionada consideró de manera puntual y razonable los
argumentos de la parte actora y evaluó si el proceso ejecutivo respetó los requisitos
formales de postulación y representación para concluir que, más allá de esas
falencias, estas no fueron la causa adecuada y determinante del daño y no existió
una violación de tal gravedad que comprometiera la responsabilidad estatal.

8) Esa conclusión se basó en la presunción de legalidad y buena fe en las
actuaciones del Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de Facatativá.

9) La autoridad judicial demandada también analizó el trámite otorgado por el
juzgado civil a la transacción y la solicitud de terminación del proceso ejecutivo, la
cual incluyó la presentación de un convenio de pago que el actor reclamó como
falsificado; sin embargo, determinó que tales documentos gozaban de presunción
de legalidad y cumplieron los requisitos formales exigidos en su momento, motivo
por el cual el juzgado actuó con base en la documentación presentada sin que
contara con elementos para cuestionar su autenticidad.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01
Demandante: Edgar Manga Rubio
Acción de tutela – Impugnación de fallo

10) Respecto de lo invocado a título de “decisión sin motivación”, el juez de la
reparación directa se refirió puntualmente a las pruebas aportadas, en particular el
dictamen pericial, y concluyó que el perjuicio económico sufrido por el actor no era
atribuible al Estado, pues, la falsificación del título valor y los documentos de
transacción y renuncia de términos de ejecutoria por las actuaciones de terceros
fueron la razón principal y exclusiva del daño.

11) Así las cosas, para la Sala es claro que el demandante pretende revivir la
discusión surtida en el proceso ordinario y resuelta por los jueces naturales de la
causa en primera y segunda instancia, con el fin de emplear la acción de tutela como
una tercera instancia para obtener una decisión favorable a sus intereses.

12) Como lo concluyó el a quo, los desacuerdos planteados en la acción de tutela
coincidieron con aquellos expuestos y debatidos en sede ordinaria.

13) Por consiguiente, en la medida que para el juez constitucional está vedado
pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia, so pena de
desconocer la estructura de la administración de justicia, así como los principios de
seguridad jurídica y juez natural, se confirmará la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el
medio que resulte más expedito y eficaz.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01
Demandante: Edgar Manga Rubio
Acción de tutela – Impugnación de fallo

3º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Salva voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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