Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01133-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01133-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01133-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
22 de mayo de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01133-01
Demandante: HERLEING MANUEL ACEVEDO GARCÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
QUE NEGÓ LA CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA
INSTANCIA. SE CONFIRMA LA DECISIÓN DE PRIMERA
INSTANCIA QUE DECLARÓ LA FALTA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia mediante la cual se revocó la sentencia
de primera instancia para en su lugar amparar los derechos colectivos, pero se negó la condena
en costas en favor del actor popular, pues, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente judicial, violación directa de la Constitución y decisión sin
motivación. No obstante, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente
la acción por el requisito de relevancia constitucional porque se circunscribe a aspectos de mera
legalidad y económicos sobre la condena en costas.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
del 12 de marzo de 2026 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”. (Negrillas y
mayúsculas fijas del original - archivo disponible en medio magnético a través
del aplicativo SAMAI).
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Mediante escrito presentado el 16 de febrero de 2026, el señor Herleing Manuel Acevedo
García promovió proceso de acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01133-01
Actor (a): Herleing Manuel Acevedo García
Acción de tutela
Santander para que le sean amparados los derechos fundamentales del debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión
de la providencia del 26 de enero de 2026, proferida por dicha autoridad judicial dentro
del proceso de protección de los derechos e intereses colectivos con radicación no.
68001-33-33-006-2017-00134-00/01.
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El señor Herleing Manuel Acevedo García interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos contra el municipio
de Capitanejo, con el fin de que se amparara el derecho colectivo de acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente, oportuna y continua, en la medida
en que la Comisaría de Familia solo atendía en horario administrativo y la supuesta
atención permanente en horarios no hábiles no se encontraba formalizada mediante
actos administrativos, protocolos o mecanismos conforme a lo exigido por el artículo 87
de la Ley 1098 de 2006.
2) El conocimiento del proceso en primera instancia le correspondió al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Bucaramanga, autoridad que, mediante sentencia de 18 de
diciembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda.
3) Presentó recurso de apelación en el que manifestó que la sentencia es
incongruente y contradictoria por reconocer que no existe ningún acto administrativo,
protocolo, resolución, procedimiento ni documento oficial que regule la atención en
horarios nocturnos y no acceder a un amparo, así como el desconocimiento del
precedente reiterado del Tribunal Administrativo de Santander, según el cual la atención
permanente de las Comisarías de Familia no se satisface con la simple afirmación de
disponibilidad, sino que requiere un esquema formal, continuo, probado y conocido por
la comunidad.
4) Mediante la providencia del 26 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Santander revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, amparó los derechos
colectivos de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea oportuna, eficiente
e ininterrumpida de las niñas, niños y adolescentes, y en general, de los habitantes del
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01133-01
Actor (a): Herleing Manuel Acevedo García
Acción de tutela
municipio de Capitanejo; sin embargo, en el ordinal tercero de dicha providencia se negó
la condena en costas.
2. Fundamento de la vulneración
La parte accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Santander vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia con ocasión de la providencia proferida el 26 de enero de 2026,
por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, decisión sin motivación
y desconocimiento del precedente.
En su criterio, incurrió en un defecto fáctico por omisión de valoración probatoria toda vez
que en el expediente 2017-00134-00/01 constan las actuaciones realizadas por la parte
accionante por los 6 años de actividad litigiosa dentro de los cuales se encuentran: la
redacción y radicación de la demanda, gestión de notificaciones personales,
publicaciones, asistencia y participación en las audiencias, los recursos de apelación,
entre otros.
Frente al defecto sustantivo refirió que se realizó una indebida interpretación del artículo
366 del Código General del Proceso -en adelante CGP- pues al ser vencido el municipio
la condena en costas debía ser automática por mandato legal, en tanto el artículo 366 del
CGP debe ser usado para determinar el monto y no la procedencia.
Respecto al desconocimiento del precedente judicial, precisó que el tribunal desconoció
la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 6 de agosto de 2019 con radicación
no. 15001-33-33-007-2017-00036-01 en la que se estableció la obligación de las
agencias en derecho siempre que el actor popular resulte vencedor.
Se incurrió en una decisión sin motivación al negar las costas pues el único fundamento
fue que el recurso de apelación “carece de esfuerzo procesal” sin precisar motivación
adicional o revisar todas las actuaciones realizadas por el actor en los 6 años de actividad
litigiosa.
Finalmente, sobre la violación directa de la Constitución afirmó que la decisión vulneró
los artículos 229, 40 y 13 de la Constitución Política, en razón a que el Tribunal
4
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01133-01
Actor (a): Herleing Manuel Acevedo García
Acción de tutela
Administrativo de Santander en otras providencias judiciales1 amparó los derechos
colectivos y reconoció la condena en costas.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“PRIMERO: Que se ampare judicialmente los derechos fundamentales al
debido proceso (artículo 29), derecho a la igualdad (artículo 13), el principio de
la buena fe (art 83 C.N), el derecho a la administración de justicia y la
prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 y 229), el preámbulo de la
constitución nacional (a la justicia), la prevalencia del interés general del articulo
(sic) uno (1), atenta y vulnera el artículo dos “Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución”, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI - índice
2).
4. Actuación procesal
Por auto del 19 de febrero de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela y ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes del
Tribunal Administrativo de Santander, al tiempo que vinculó, como terceros con interés,
al municipio de Capitanejo y al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Bucaramanga, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción (índice 4 de Samai).
5. Sentencia de primera instancia
Mediante providencia del 12 de marzo de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse el requisito de relevancia
constitucional, ya que el caso involucra un debate jurídico eminentemente legal y
económico y la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una instancia
adicional, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural.
1
Sentencias del 17 de enero de 2025 radicación no. 68001-33-33-006-2017-00306-01. MP Claudia Ximena
Ardila Pérez. Sentencia de 7 de mayo de 2025 radicación no. 68001-33-33-006-2021-00156-01. MP Julio
Edisson Ramos Salazar. Sentencia del 17 de septiembre de 2025 MP Iván Fernando Prada Macías. Y
sentencia de 3 de febrero de 2026 radicación no. 68001-33-33-014-2022-00173-01. MP Julio Edisson
Ramos Salazar.
5
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01133-01
Actor (a): Herleing Manuel Acevedo García
Acción de tutela
6. Impugnación
El señor Herleing Manuel Acevedo García (índice 17 de Samai) sostuvo que el fallo de
primera instancia incurrió en error al declarar improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
La Sección Primera del Consejo de Estado redujo indebidamente la controversia a un
asunto económico sin analizar que el núcleo de la controversia es la violación del principio
constitucional de la buena fe en su dimensión de confianza legítima.
Ello significa que los ciudadanos tienen una expectativa razonable de que las autoridades
actuarán de manera coherente con sus propias reglas y precedentes, por lo que al existir
una sentencia de unificación se genera una expectativa legítima de que dichas reglas
serán aplicadas de manera uniforme por todos los tribunales del país.
El Tribunal Administrativo de Santander vulneró su derecho fundamental del debido
proceso por cuanto incluyó una motivación aparente y negó el reconocimiento de costas
bajo argumentos incoherentes, pues está debidamente acreditado su esfuerzo procesal
en todo el litigio.
La decisión de primera instancia se basó en la sentencia del 22 de abril de 2022 con
radicación no. 11001-03-15-000-2022-01777-00 en la cual se analizó una acción de tutela
contra una providencia dictada dentro de un medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual no resulta aplicable al caso concreto al presentar
diferencias2 con el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.
Se omitió revisar la fuerza vinculante de la sentencia de unificación del Consejo de Estado
del 6 de agosto de 20193 aplicable al caso concreto en la que se establecieron reglas
vinculantes para el reconocimiento de costas en acciones populares, entre las cuales se
destaca la regla de presunción de causación, razón por la cual resultaba necesaria
reconocer las costas en el proceso de acción popular.
Finalmente, reiteró el supuesto desconocimiento del precedente horizontal del propio
tribunal.
2
Diferencias en la naturaleza constitucional, en el régimen normativo de costas y en el impacto social.
3
Sentencia con radicación no. 15001-33-33-007-2017-00036-01.
6
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01133-01
Actor (a): Herleing Manuel Acevedo García
Acción de tutela
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Santander con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia del 26 de enero de 2026, mediante la cual se revocó la sentencia de primera
instancia y se accedió a las pretensiones en la acción popular, pero se negó la condena
en costas.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala confirmará la decisión
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, por las razones que procederán a exponerse:
7
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01133-01
Actor (a): Herleing Manuel Acevedo García
Acción de tutela
2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales
está la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una
genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional.
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente4, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
8
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01133-01
Actor (a): Herleing Manuel Acevedo García
Acción de tutela
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal5”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales6”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
5
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01133-01
Actor (a): Herleing Manuel Acevedo García
Acción de tutela
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales7”.
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
7
Idem.
10
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01133-01
Actor (a): Herleing Manuel Acevedo García
Acción de tutela
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
11
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01133-01
Actor (a): Herleing Manuel Acevedo García
Acción de tutela
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios8” (negrillas adicionales).
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.
2.2. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
1) En este caso, la parte demandante controvirtió la decisión proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Santander que le negó la condena en costas,
con los siguientes argumentos:
“2.7. De la condena en costas
Con fundamento en lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y
365 del Código General del Proceso y la jurisprudencia del Consejo de
Estado9, en las acciones dirigidas a la protección de los derechos e
intereses colectivos rige el criterio objetivo-valorativo para la imposición
de costas. Por ende, su imposición a la parte vencida no depende de una
conducta temeraria, de mala fe o culposa, sino de su derrota en el proceso.
No obstante, lo anterior, el Consejo de Estado10 ha precisado que la parte
vencedora debe demostrar que adelantó actuaciones que exigieron
8
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.
9
Ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 13 de diciembre de 2018, exp. 11001-03-24-000
2016-00162-01; Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de 2018, radicación 25000-23-37 000-2014-
01115 01; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, exp. 15001-23-33-000-2012-
00509 00 Sección Primera, sentencia del 7 de febrero de 2019, exp. 05001-23-33-000- 2016-00713-01.
También: Corte Constitucional, sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 30 de junio
de 2019, exp. 2016-00713-01. Reiterada el 14 de septiembre de 2020, exp. 66001-23-33-000 2018-00079-
01: «vale la pena resaltar que las agencias en derecho también se causan cuando los demandantes actúan
en nombre propio; y se les reconocen las mismas en atención al tiempo y esfuerzo que le han dedicado al
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01133-01
Actor (a): Herleing Manuel Acevedo García
Acción de tutela
esfuerzo, dedicación y atención dentro del trámite judicial, como
presupuesto para reconocer las erogaciones económicas correspondientes.
Este es el criterio acogido de manera mayoritaria por el Tribunal11
Así las cosas, aunque prosperó el recurso de apelación del demandante,
conforme a la tesis adoptada por este Tribunal, al no acreditarse algún
esfuerzo procesal del actor popular ni la acusación de costas (sic) en
ninguna de las instancias, no habrá condena por este concepto.” (negrillas
del original – archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI,
índice 11)
2) En tal sentido, la controversia propuesta por la parte actora gira en torno a la forma en
que, a su juicio, la autoridad judicial debía dar aplicación a la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 6 de agosto de 201912, pues, considera que al resultar vencedor
en el proceso de acción popular había lugar a la imposición inmediata de tal condena
económica en su favor.
3) Así entonces, si bien el demandante invocó la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, lo
cierto es que la discusión propuesta se circunscribe a aspectos de mera legalidad sobre
las normas que rigen la condena en costas y, en definitiva, atañe a repercusiones de
contenido meramente económico13, pues, lo pretendido por la parte actora es el
reconocimiento de los gastos y expensas en los que incurrió como parte demandante en
el proceso de origen, discusiones que no trascienden al plano constitucional ni se
relacionan con una afectación directa de derechos fundamentales en su núcleo esencial.
4) La decisión del Tribunal Administrativo de Santander de no imponer condena en costas
reflejó un claro ejercicio de la independencia y autonomía judicial, principios
fundamentales del sistema judicial a partir del cual los jueces tienen la libertad de
interpretar y aplicar las leyes de acuerdo con su criterio profesional y la evidencia
presentada en un determinado caso y no se evidencia una actuación arbitraria o
caprichosa que justifique la intervención del juez constitucional.
proceso, situación que también se configura en el presente caso». Y la sentencia de Unificación proferida
por el Consejo de Estado del 6 de agosto de 2019.
11
En esta sentencia se acoge el precedente horizontal en aras de asegurar los principios de igualdad,
seguridad jurídica y confianza legítima.
12
Sentencia con radicación no. 15001-33-33-007-2017-00036-01.
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Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 16 de abril de 2026, expediente
con radicación no. 11001-03-15-000-2026-00807-00; sentencia del 14 de noviembre de 2024, radicación
no. 11001-03-15-000-2024-04166-01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01133-01
Actor (a): Herleing Manuel Acevedo García
Acción de tutela
5) Por consiguiente, en la medida que para el juez constitucional está vedado
pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia, so pena de desconocer los
principios de autonomía e independencia judicial, se declarará improcedente la acción de
tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones hasta
aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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