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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01777-00

Fecha
22 de abril de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
23 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01777-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la PERSONERÍA DE SANTIAGO DE CALI, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01777-00 Actor: FABIO ARIEL CARDOZO MONTEALEGRE TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01777-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

22 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01777-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: FABIO ARIEL CARDOZO MONTEALEGRE

TESIS: DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO. FALTA
DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA ACCIÓN DE TUTELA NO ES
PROCEDENTE PARA ESTUDIAR LOS REPROCHES RELATIVOS A LA
CONDENA EN COSTAS IMPUESTA AL ACTOR.

DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

1
En adelante Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01777-00
Actor: FABIO ARIEL CARDOZO MONTEALEGRE

El señor FABIO ARIEL CARDOZO MONTEALEGRE, actuando por

intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual

estima vulnerado por el TRIBUNAL al proferir la providencia de 21

de octubre de 2021, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 76001-33-33-007-2013-00026-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que la PERSONERÍA MUNICIPAL DE CALI2, adelantó

una investigación disciplinaria en su contra por las presuntas

irregularidades en el ejercicio de sus funciones en calidad de

Secretario de Tránsito y Transporte de Cali al no otorgar respuesta a

un derecho de petición.

Mencionó que la PERSONERÍA falló en primera instancia la

2
En adelante Personería.

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Actor: FABIO ARIEL CARDOZO MONTEALEGRE

actuación disciplinaria imponiéndole una suspensión de dos meses

para ejercer funciones públicas.

Indicó que al resolver la segunda instancia la PERSONERÍA revocó

parcialmente la decisión y, en su lugar, ordenó la suspensión de

funciones por un mes, dicha sanción que fue convertida en multa

equivalente a $ 7.827.305.

Señaló que contra las anteriores decisiones presentó demanda a

través del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho, proceso que fue identificado con el número único de

radicación 76001-33-33-007-2013-00026-00 y le correspondió por

reparto al JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE CALI3 que, mediante sentencia de 26 de enero de

2017, denegó las pretensiones de la demanda y lo condenó en costas

en monto equivalente al 1% de las pretensiones negadas.

3
En adelante Juzgado.

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Actor: FABIO ARIEL CARDOZO MONTEALEGRE

Apuntó que la anterior decisión fue apelada ante el TRIBUNAL que,

mediante sentencia de 21 de octubre de 2021, confirmó la

providencia recurrida y lo condenó en costas de segunda instancia

equivalentes al 1% del valor de las pretensiones.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Señaló que la providencia cuestionada, incurrió en defecto

procedimental y defecto sustantivo.

Arguyó que la autoridad judicial desconoció la normatividad aplicable

al caso, esto es, el artículo 188 de la ley 1437 de 2011, norma

especial que regula la condena en costas en los procesos que se

adelantan en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Consideró que en su lugar, la decisión cuestionada se fundó en una

norma supletiva que agravó su situación económica, pues al fijar la

condena en costas no se valoraron las actuaciones desplegadas

durante el proceso judicial, las cuales se ejecutaron dentro de un

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marco de responsabilidad y eficacia, por lo que no era procedente la

aplicación de la condena en costas.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo del derecho fundamental invocado como

violado y, en consecuencia, solicitó dejar sin efecto la sentencia

objetada y, en su lugar, ordenar al TRIBUNAL emitir un nuevo

pronunciamiento, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: Que se DECLARE vulnerado por parte del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en cabeza de la Magistrada
PATRICIA FEUILLET PALOMARES, el derecho fundamental al
DEBIDO PROCESO, con ocasión a la sentencia de Segunda
Instancia de fecha 21 de octubre del 2021.

SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, se DEJE SIN EFECTOS
dicha providencia.

TERCERO: Se ORDENE proferir un fallo apegado a la realidad
fáctica y jurídica del caso en concreto. […]”.

I.5.- Defensa

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I.5.1. -El TRIBUNAL indicó las razones por las que debería

denegarse la solicitud de amparo, al considerar que el asunto carece

de relevancia constitucional, por cuanto las pretensiones de la acción

de tutela están encaminadas a reabrir el debate jurídico del proceso

ordinario, empleando el mecanismo constitucional como una

instancia adicional.

En cuanto a los defectos alegados, desarrolló el alcance y la

aplicación de las costas procesales de conformidad con el artículo 188

del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 y la

integración normativa con las normas del Código General del

Proceso.

Concluyó que para el caso objeto de estudio no es acertada la

interpretación efectuada por el actor respecto al criterio subjetivo

para la imposición de la condena en costas, contrario a ello, indicó

que la interpretación coherente de la norma conlleva garantizar la

aplicación de la regla general, esto es, la condena en costas a la parte

vencida salvo en las acciones públicas en las que se ventile un interés

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público, a menos que se advierta que la demanda carece de

fundamento legal, ya que, en su criterio, se castiga el ejercicio

irresponsable del derecho de acción.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI solicitó desestimar

por improcedentes las pretensiones de la demanda, en tanto no se

vulneró el derecho fundamental aludido.

Indicó que la sentencia contiene un análisis riguroso de las normas

aplicables y una valoración probatoria conforme a las reglas de la

sana critica que posee el operador judicial.

I.6.2.- La PERSONERÍA DE SANTIAGO DE CALI solicitó su

desvinculación de la acción de tutela de la referencia, al considerar

que no goza de legitimación en la causa, por cuanto no ha vulnerado

el derecho fundamental del accionante.

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Actor: FABIO ARIEL CARDOZO MONTEALEGRE

I.6.3.- La PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS manifestó

que la acción de tutela es improcedente, por cuanto el problema

jurídico fue ventilado en sede ordinaria y resuelto atendiendo las

premisas procesales y sustantivas, garantizando a las partes los

derechos que les asistían.

Advirtió que no es procedente el uso de la acción de tutela para

retrotraer decisiones que han sido tomadas en sede judicial o para

insistir en las inconformidades por el resultado contrario a los

intereses del actor.

I.6.4.- El JUZGADO se limitó a allegar el expediente digital

contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno sobre

el fondo del asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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Actor: FABIO ARIEL CARDOZO MONTEALEGRE

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30

de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número

377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las

Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019

de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las

acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la PERSONERÍA DE SANTIAGO DE CALI,

formuló petición de desvinculación en la presente acción de tutela,

por falta de legitimación en la causa por pasiva.

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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los

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derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la PERSONERÍA DE SANTIAGO DE CALI actuó

como parte demandada dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 76001-33-33-007-2013-00026-01, objeto del presente

estudio, la Sala concluye que a la entidad, en calidad de tercera, le

asiste interés en la decisión de la acción constitucional de la

referencia, razón por la que se denegará la solicitud de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

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Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

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i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la parte actora

pretende que se deje sin efecto la sentencia de 21 de octubre de

2021 proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual se confirmó

la decisión de primera instancia y se condenó en costas procesales al

actor, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 76001-33-

33-007-2013-00026-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho

fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a juicio de la parte

actora, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos

procedimental y sustantivo al desconocer el artículo 188 de la ley

1437 de 2011, norma especial que regula la condena en costas en

los procesos que se adelantan en la Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo.

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Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la autoridad

judicial incurrió en los defectos endilgados.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de

la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

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de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].

[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero

para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos
de procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se
trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como lo
ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917
de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Ahora bien, en relación con los reproches relativos a la condena en

costas impuesta al actor, la Sala observa que la solicitud de amparo

carece de relevancia constitucional, en razón a que el disenso

deviene de un asunto de contenido económico, derivado de un

debate estrictamente normativo y legal.

Al respecto, en sentencia de 7 de mayo de 202114, esta Sala señaló:

“[…] 39.2 En lo que concierne a la pretensión elevada contra la
condena en costas procesales que dispuso la autoridad
judicial demandada, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional, por las razones que
a continuación se explican:

[…] es preciso indicar que la acción de tutela no es el mecanismo

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-05108-
01(AC).

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idóneo para plantear una discusión sobre la aplicación de los
artículos 361, 365 y 366 de la Ley 1564, que regulan el tema de
las costas procesales, por cuanto se trata de un asunto de
carácter legal y económico que no le corresponde decidir al juez
de tutela, sino al juez natural del proceso. […]

39.2.7 De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la
Sala no se cumple con el requisito de relevancia constitucional
dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en la medida que, si bien enuncia la trasgresión
de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que
tiene como fundamento para su reconocimiento un
debate estrictamente normativo y de interpretación
judicial […]”. (Destacado fuera de texto)

Cabe precisar que la posición jurisprudencial en cita fue reiterada por

esta Sala, en sentencia de 13 de mayo de 202115, en los siguientes

términos:

“[…] para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en un asunto de
contenido económico, como lo es la condena en costas, el
cual ya fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que
no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en
una instancia adicional.

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-01411-
00(AC).

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[…] para la Sala no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en la medida que, si bien enuncia la
trasgresión de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que tiene
como fundamento para su reconocimiento un debate
estrictamente normativo y de interpretación judicial. De igual
manera, la Sala al estudiar la solicitud de tutela tampoco
encuentra establecida de forma clara, la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados supra. Con fundamento
en las consideraciones jurídicas establecidas, la Sala considera
que, frente a dicho cuestionamiento, la presente acción de tutela
resulta improcedente […]”

Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca el

accionante como fundamento de la presunta vulneración de su

derecho fundamental al debido proceso, están encaminados a

replantear la discusión jurídica en torno a la imposición de las costas

procesales, circunstancia que resulta improcedente, en tanto la

presunta afectación del derecho fundamental se deriva de un asunto

de contenido económico que fue debidamente argumentado y

concluido por el juez natural de la causa.

En suma, la Sala no observa la existencia de una cuestión que sea

de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la presunta

trasgresión del derecho fundamental del actor, sino la reiteración de

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planteamientos que ya fueron estudiados por el juez natural y que

obedecen a un debate de mera legalidad, en el cual el juez de tutela

no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el

carácter de una tercera instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Asimismo, en el caso bajo estudio, la Sala echa de menos la

existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción

de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que de

los elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible

establecer dicha circunstancia.

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En consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de

amparo presentada por la parte actora por no cumplirse el requisito

de la relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la PERSONERÍA

DE SANTIAGO DE CALI, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de abril de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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