Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02722-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02722-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02722-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Parte accionada: Consejo de Estado - Sección Cuarta.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02722-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
7 de mayo de 2026 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. Las sociedades Inversiones Sise García SAS y otros, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentaron
demanda contra la Nación – Ministerio de Minas y Energía - Comisión de
Regulación de Energía y Gas - CREG, con el fin de que se declarara la
nulidad de los actos administrativos que le impusieron el pago de una
contribución especial a favor de la demandada y, en consecuencia, se
ordenara la restitución de las sumas pagas por ese concepto.
1.2. La Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante providencia de 7 de junio de 2024, accedió a las
pretensiones de la demanda al considerar que “[…] los actos
administrativos enjuiciados mediante los cuales se le determinó la
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Contribución Especial para el año 2020 a cargo de los demandantes y las
resoluciones que al resolver el recurso de reposición confirmaron esa
decisión, se sustentaron en la Resolución No. 241 del 31 de diciembre de
2020, actuación que fue anulada, deben correr la misma suerte de dicha
resolución […]”.
1.3. Contra la decisión anterior la parte aquí accionante presentó recurso de
apelación.
1.4. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante decisión de 10 de
octubre de 2025, confirmó la sentencia de primera instancia al considerar
que “[…] los actos administrativos de carácter particular acusados fijaron
el valor del tributo a cargo de los demandantes por el año 2020, con
fundamento en las disposiciones de la Resolución CREG 241 de 2020.
Resolución que fue anulada mediante la sentencia del 16 de marzo de
2023. Tal nulidad simple tiene efectos inmediatos en este caso. Por tanto,
no procede la liquidación del tributo a cargo de los demandantes con
fundamento en una norma expulsada del ordenamiento jurídico […]”.
Asimismo, condenó en costas de segunda instancia a la entidad apelante.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia en razón a que la condenó en costas en la sentencia acusada, sin
motivación suficiente, razonada y constitucionalmente reforzada que justifique
dicha condena.
La parte actora mencionó que la autoridad accionada incurrió en defecto
sustantivo “[…] porque impuso la condena en costas a partir de una
interpretación reducida y jurídicamente incorrecta del régimen previsto en el
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), en armonía con las reglas del Código General del
Proceso (CGP), al tratar dicha condena como una consecuencia automática
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derivada de la no prosperidad del recurso de apelación […]”.
Asimismo, indicó que la autoridad accionada “[…] omitió realizar el examen
sustancial exigido por el ordenamiento jurídico, en la medida en que no analizó
la conducta procesal de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG,
no identificó actuación alguna constitutiva de mala fe, temeridad o manifiesta
carencia de fundamento legal, ni explicó por qué el debate jurídico planteado
desarrollado en el marco de un proceso técnico, complejo y de evidente interés
general podía ser razonablemente calificado como infundado […]”, tal como
fue advertido en el salvamento parcial y aclaración de voto.
Refirió que la autoridad accionada incurrió en un defecto por ausencia de
motivación, al considerar que “[…] la imposición de costas no constituye un
vicio meramente formal, sino que revela que la Sala aplicó el artículo 188 del
CPACA prescindiendo de sus presupuestos normativos esenciales,
sustituyendo el juicio valorativo exigido por un automatismo incompatible con
la Constitución […]”.
De lo anterior, afirmó que la autoridad accionada impuso una carga económica
de naturaleza sancionatoria sin motivación sustantiva que pone en riesgo el
ejercicio legítimo del derecho de defensa y de los recursos judiciales.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 3.1. Tutelar en favor de la Comisión de Regulación de Energía y
Gas – CREG los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, por la indebida imposición de la
condena en costas, adoptada sin el cumplimiento de los estándares
constitucionales y legales que gobiernan dicha decisión.
3.2. Declarar que la condena en costas impuesta en el numeral
correspondiente de la parte resolutiva a la CREG vulneró sus
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, por haber sido adoptada sin motivación suficiente, mediante una
aplicación automática del criterio de vencimiento, y sin efectuar la
ponderación exigida por el artículo 188 del CPACA, en particular frente
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a la inexistencia de mala fe o de manifiesta carencia de fundamento
legal, y el precedente constitucional aplicable.
3.3. Dejar sin efectos el numeral de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, en cuanto impuso la condena en
costas a la CREG en segunda instancia, manteniéndose incólumes los
demás pronunciamientos de fondo contenidos en la providencia.
3.4. Ordenar a la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta
del Consejo de Estado, que profiera una nueva decisión únicamente
respecto del aspecto de costas en segunda instancia, en la que se analice
de manera expresa, razonada y proporcional la improcedencia de su
imposición, atendiendo la naturaleza tributaria y el interés público del
litigio, la conducta procesal de la entidad demandada, la ausencia de
mala fe o temeridad, y los criterios expuestos en la aclaración de voto
formulada dentro de la providencia.
3.5. Disponer las demás órdenes que el juez constitucional estime
necesarias para el restablecimiento efectivo del derecho fundamental a
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 14 de abril de 2026, se admitió la presente acción de tutela
en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado y se vinculó a la
Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y a las sociedades que conformaron la parte demandante del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en calidad de terceros con
interés en el resultado del proceso. Asimismo, se requirió al apoderado de la
parte accionante para que allegara en debida forma el poder con facultades
para presentar la acción de tutela.
2. El 7 de mayo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia declarando improcedente la solicitud de
amparo.
3. Mediante auto de 21 de mayo de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.
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III. INTERVENCIONES
1. El Ministerio de Minas y Energías solicitó su desvinculación del trámite de
la acción de tutela, al considerar que no tiene legitimación en la causa por
pasiva, en tanto carece de competencia funcional para adoptar decisiones
judiciales o intervenir en las determinaciones de las costas procesales
alegadas por la parte actora.
2. La Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, “[…]
debido a que la accionante afirma que la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia no
recae sobre el contenido material de la sentencia de segunda instancia, sino
exclusivamente sobre el numeral de su parte resolutiva mediante el cual se
impuso condena en costas […]”.
3. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, al considerar que no se cumple con el requisito de
procedibilidad de relevancia constitucional, toda vez que se utiliza el
mecanismo constitucional para proponer una discusión ajena al debate que se
surtió en el proceso ordinario. Asimismo, mencionó que la parte accionante
plantea un debate de mera legalidad y de contenido económico al cuestionar
la condena en costas impuesta en la providencia acusada.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 7 de mayo
de 2026, declaró improcedente la acción de tutela y negó las solicitudes de
desvinculación presentadas por el Ministerio de Minas y Energías y la
Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Igualmente, le reconoció personería al abogado Jesús David
Esquivel Navarro como apoderado de la Comisión de Regulación de Energía
y Gas.
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Advirtió que el requisito de relevancia constitucional no se advierte superado
en la acción de tutela, al considerar que, “[…] de los argumentos planteados
por la CREG, advierte que el asunto carece de la carga argumentativa desde
la perspectiva constitucional para que proceda su análisis en sede de tutela
contra providencia judicial […]”, por tanto, no se evidencia vulneración de
garantías constitucionales.
Mencionó que el debate que se desarrolla dentro del trámite de tutela “[…] se
contrae a un análisis meramente legal y de índole económica a partir del cual
se pretende usar la tutela como una especie de tercera instancia del proceso
ordinario en la cual se recabe sobre la forma en que se debía aplicar el 188 de
la Ley 1437 de 2011 en tanto la entidad accionante considera que el análisis
realizado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado no fue suficiente para
efectos de imponerle una condena en costas […]”.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos del escrito de tutela relacionados con la
configuración de un defecto sustantivo y decisión sin motivación.
Adicionalmente, señaló que la acción de tutela tiene relevancia constitucional
porque “[…] no se dirige a reabrir una simple discusión legal o económica, sino
a cuestionar la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia derivada de la imposición de una
condena en costas mediante una motivación insuficiente y una aplicación
automática del régimen jurídico aplicable […]”.
Asimismo, mencionó que el argumento que indica que el asunto de estudio en
la acción de tutela es meramente legal y de índole económica “[…] desconoce
que la acción constitucional cuestionó directamente la ausencia de motivación
material suficiente en la providencia proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, así como la posible configuración de un defecto sustantivo
derivado de la aplicación automática del artículo 365 del Código General del
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Proceso, sin efectuar una interpretación sistemática con el artículo 188 del
CPACA […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido
presuntamente en defecto sustantivo y decisión sin motivación.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental5 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces6.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
3
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
5
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
6
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada el 10 de
octubre de 2025 en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicación núm. 25000-23-37-000-2021-00443-02.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
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la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
[…]” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está
asociada a que la autoridad accionada realizó una indebida interpretación y
aplicación del régimen de costas previsto en el artículo 188 del CPACA al no
haber motivado su imposición en el caso concreto, circunstancia que no
evidencia un asunto asociado a la afectación a derechos fundamentales, sino
de mera legalidad y económico.
Precisamente, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que las acciones
de tutela promovidas contra providencia judicial por la condena en costas
carecen de relevancia constitucional por tratarse de una controversia de índole
meramente legal y económico. En efecto, en sentencia de 22 de abril de 20227
se señaló lo siguiente:
“[…] Ahora bien, en relación con los reproches relativos a la condena
en costas impuesta al actor, la Sala observa que la solicitud de amparo
carece de relevancia constitucional, en razón a que el disenso
deviene de un asunto de contenido económico, derivado de un
debate estrictamente normativo y legal. Así las cosas, la Sala
advierte que los argumentos que invoca el accionante como
fundamento de la presunta vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso, están encaminados a replantear la discusión
jurídica en torno a la imposición de las costas procesales,
circunstancia que resulta improcedente, en tanto la presunta
afectación del derecho fundamental se deriva de un asunto de
contenido económico que fue debidamente argumentado y
concluido por el juez natural de la causa […]”. [Se destaca]
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 22 de abril de 2022, Exp.
núm., 11001-03-15-000-2022-01777-00. Reiterada el 19 de junio de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-00332-
01.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 7 de mayo de 2026 proferido por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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