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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06992-00

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06992-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 22 de abril de 2022, Exp. núm., 11001-03-15-000-2022-01777-00. Reiterada el 19 de junio de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-00332-01. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06992-00 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06992-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Juan Manuel Fonseca Rozo
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Meta
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06992-00
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Tribunal Administrativo del Meta.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Juan Manuel Fonseca Rozo en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Área
Colombiana, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo mediante el cual se reconoció el pago de sus cesantías
definitivas y, a título de restablecimiento, se ordenara la reliquidación de
estas bajo el régimen retroactivo.

1.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio,
mediante providencia de 26 de agosto de 2024, resolvió negar las
pretensiones de la demanda sin condena en costas en esa instancia.

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1.3. Contra la decisión de primera instancia la parte accionante presentó
recurso de apelación.

1.4. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante decisión de 2 de mayo
de 2025, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia y condenar
en costas de segunda instancia al aquí accionante, esto último con
fundamento en que “[…] se está despachando desfavorablemente el
recurso de apelación interpuesto por el demandante y que en esta
instancia intervino el apoderado de la Entidad demandada […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales “[…] producto de la imposición de condena en costas
procesales en segunda instancia […]”.

Aseguró que el tribunal accionado incurrió en violación directa de la
Constitución porque fue penalizado con la imposición de condena en costas
por el simple hecho de reclamar de buena fe ante la administración de justicia
sus derechos laborales.

Sostuvo que en la providencia acusada se incurrió en: “[…] (i) falta de
motivación [que sustente la aplicación del artículo 188 del CPACA] […]; (ii)
ausencia de prueba o causación de las costas procesales en el proceso
administrativo; (iii) afectación grave al Mínimo Vital de mi defendido, quien
debe destinar recursos monetarios al pago de una sentencia judicial, que
tenían la finalidad de cubrir sus necesidades básicas y las de su núcleo
familiar; y (iv) vulneración al Debido Proceso, Acceso a la Administración de
Justicia, Igualdad Material y los principios constitucionales de No Reformatio
In Pejus y Buena Fe […]”.

Argumentó que con la imposición de la condena en costas en segunda
instancia se transgredió el principio de no reformatio in pejus, por cuanto se
agravó su “[…] situación jurídica como apelante único, penalizándolo por

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ejercer los recursos de ley, resultando en una intempestiva condena en costas
procesales en segunda instancia, respecto de la situación ventajosa
reconocida por el juez de primera instancia, quien no encontró causadas ni
comprobadas las costas dentro del proceso administrativo […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Que se TUTELE los derechos fundamentales al Debido
Proceso, Acceso a la Administración de Justicia, Igualdad Material,
Mínimo Vital, Dignidad Humana y los principios constitucionales de No
reformatio in pejus y Buena Fe, los cuales están siendo vulnerados a mi
defendido por la Sentencia de segunda instancia del 02 de mayo de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que condenó al pago de
costas procesales.

SEGUNDA: Que se REVOQUE la condena en costas procesales
impuesta por medio de la Sentencia del 02 de mayo 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Meta, dentro del proceso con radicado
N°.500013333005-2022-00443-01 (2° instancia), por medio del cual se
confirmó la Sentencia de Primera Instancia proferida el 26 de agosto de
2024 por el Juzgado 05 Administrativo del Circuito de Villavicencio, la cual
condenó al pago de costas procesales.

TERCERA: Que se PROFIERA decisión sustitutiva absolviendo al señor
Juan Manuel Fonseca Rozo del pago de las costas procesales, por no
encontrarse acreditadas dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, dentro del radicado N°.500013333005-
2022-00443-00 (1° instancia) […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 14 de noviembre de 2025, se admitió la presente acción de
tutela y se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea
Colombiana y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio,
en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. El Tribunal Administrativo del Meta solicitó declarar improcedente la
presente acción constitucional toda vez que no cumple con el requisito de
relevancia constitucional porque el accionante “[…] pretende utilizar ese

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mecanismo constitucional como una instancia adicional para cuestionar la
interpretación de las normas que regulan la imposición de la CONDENA EN
COSTAS […]”.

Adicionalmente, sostuvo que “[…] la sentencia judicial que es cuestionada por
el accionante está acorde con las normas y jurisprudencia que rigen el asunto
de la CONDENA EN COSTAS, imposición que está en cabeza del
demandante, y, su fundamento en el artículo 188 del CPACA., en
concordancia con el artículo 365 del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
[…]”.

2. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó declarar improcedente el
mecanismo de amparo por cuanto la autoridad accionada no incurrió en la
configuración de una causal de procedibilidad y mucho menos vulneró los
derechos fundamentales del actor.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación núm. 50001-33-33-005-2022-00443-01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una

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arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que las acciones
de tutela promovidas contra providencia judicial por la condena en costas
carecen de relevancia constitucional por tratarse de una controversia de índole
meramente legal y económico. En efecto, en sentencia de 22 de abril de 20226
se señaló lo siguiente:

“[…] Ahora bien, en relación con los reproches relativos a la condena en
costas impuesta al actor, la Sala observa que la solicitud de amparo carece
de relevancia constitucional, en razón a que el disenso deviene de un
asunto de contenido económico, derivado de un debate estrictamente
normativo y legal. Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que
invoca el accionante como fundamento de la presunta vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso, están encaminados a replantear
la discusión jurídica en torno a la imposición de las costas procesales,
circunstancia que resulta improcedente, en tanto la presunta
afectación del derecho fundamental se deriva de un asunto de
contenido económico que fue debidamente argumentado y concluido
por el juez natural de la causa […]”. [Se destaca]

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de

22 de abril de 2022, Exp. núm., 11001-03-15-000-2022-01777-00. Reiterada el 19 de junio de
2025, expediente 11001-03-15-000-2025-00332-01.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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