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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00732-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00732-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 22 de abril de 2022, Exp. núm., 11001-03-15-000-2022-01777-00. Reiterada el 19 de junio de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-00332-01. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00732-01 PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 19 de marzo de 2026 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00732-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Sebastián Jaramillo García.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00732-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
19 de marzo de 2026 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES
1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Álvaro Hernán Jaramillo García se desempeñaba desde 2012
como comisionista en la venta de bienes inmuebles.

1.2. El 12 de mayo de 2016, el Notario Primero de Buga alertó al CTI sobre
una compraventa en trámite con documentos presuntamente falsos,
presentados, entre otros, por Álvaro Hernán Jaramillo García, lo que dio lugar
a su captura y posterior imputación por fraude procesal en concurso con uso
de documento público falso, estafa y tentativa de estafa.

1.3. El 14 de mayo de 2016, se le impuso medida de aseguramiento privativa
de la libertad, permaneciendo detenido entre el 13 de mayo de 2016 y el 13 de
octubre de 2017, fecha en la cual fue absuelto por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito al no existir prueba suficiente para condenarlo.

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1.4. El señor Álvaro Hernán Jaramillo García y su núcleo familiar, promovieron
en ejercicio del medio de control de reparación directa demanda contra la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que fuesen declaradas
responsables administrativa y patrimonialmente por los perjuicios derivados de
la privación injusta de la libertad sufrida por Álvaro Hernán Jaramillo García.

1.5. Mediante sentencia del 30 de marzo de 2022, el Juzgado Segundo
Administrativo de Guadalajara de Buga negó las pretensiones de la demanda
e impuso condena en costas a la parte actora y fijó agencias en derecho
equivalentes al 4% del valor de las pretensiones negadas. El despacho
consideró que la medida de aseguramiento de detención domiciliaria fue
legalmente solicitada y debidamente sustentada por la Fiscalía, con base en
los elementos probatorios existentes al momento de su imposición.

1.6. Frente a esta decisión, los demandantes interpusieron recurso de
apelación.

1.7. El 18 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
confirmó la sentencia de primera instancia y se abstuvo de pronunciarse sobre
las costas, al no haber sido este aspecto objeto de apelación.

1.8. Mediante auto del 20 de mayo de 2025, el Juzgado Segundo
Administrativo de Guadalajara de Buga aprobó la liquidación de costas
efectuada por la Secretaría, fijándolas en la suma de $167.532.959.

1.9. Inconforme con la decisión anterior los demandantes interpusieron
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, al considerar que la
condena en costas era improcedente, toda vez que no se acreditó que la parte
vencedora hubiera incurrido en gastos procesales; además, resaltaron la difícil
situación económica derivada de su privación de la libertad.

1.10. Mediante auto del 9 de junio de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo
de Guadalajara de Buga decidió no reponer la decisión que aprobó la

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liquidación y concedió el recurso de apelación.

1.11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto del 31 de
julio de 2025, confirmó la decisión que aprobó la liquidación de las costas, al
considerar que el porcentaje del 4% fijado por concepto de agencias en
derecho fue determinado expresamente en la sentencia de primera instancia
y no fue oportunamente apelado, por lo que quedó en firme. En consecuencia,
no era procedente cuestionarlo mediante recurso contra el auto que aprobó la
liquidación de costas dado que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, dicho recurso solo permite discutir la correcta operación matemática
de la liquidación, mas no la imposición de la condena en sí misma.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
sustantivo pues “[…] resulta claro que, aunque la Ley 1437 de 2011 introdujo
un criterio objetivo para la imposición de las agencias en derecho, también es
cierto que el numeral 8º del artículo 365 del Código General del Proceso
(CGP), al que remite la normativa especial, establece un criterio valorativo para
la verificación de la causación de las costas. Este criterio no fue aplicado en
el auto objeto de reproche, lo que constituye el defecto sustantivo alegado,
derivado de la aplicación restrictiva del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
Tal omisión vulnera derechos fundamentales como el acceso a la justicia, el
debido proceso, la igualdad y el recurso judicial efectivo. […]”.

Afirmó que la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico por falta de
motivación “[…] al omitir el análisis concreto de los hechos y argumentos
relevantes propuestos por la parte actora dentro del recurso de reposición y
en subsidio de apelación, los cuales resultaban determinantes para resolver la
controversia planteada. […]”.

Afirmó que se configuró un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente dado que “[…] Este silencio argumentativo frente al precedente
citado configura un desconocimiento del mismo, en la medida en que el

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Tribunal no explicó las razones jurídicas, fácticas o contextuales que
justificaran un trato distinto, ni valoró la posibilidad de modular la liquidación
de costas para evitar un resultado abiertamente desproporcionado, por lo que,
tal actuación vulnera los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza
legítima, así como el derecho fundamental al debido proceso, al introducir una
respuesta judicial inconsistente frente a situaciones sustancialmente
similares.. […]”.

Refirió que se incurrió en violación directa de la Constitución porque “[…] no
cumplió con el requisito legal de realizar un análisis exhaustivo en su fallo,
limitándose a replicar lo expuesto por el juez de primera instancia, lo que
genera una falta de fundamentación adecuada y un obstáculo para el derecho
de defensa […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 3.1. PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso, acceso a la administración de justicia y acceso a
un recurso judicial efectivo, así como cualquier otro derecho
fundamental que se considere vulnerado –extrapetita- por el Tribunal
Administrativo de Valle de Cauca, con ocasión al contenido de la decisión
proferida en el auto que resolvió el Recurso de apelación contra el auto
que aprueba la liquidación de costas y/o agencias en derecho notificado
el cuatro (04) de agosto de dos mil veinticinco (2025), dentro del medio
de control de reparación directa con radicado N° 76111-33-33-002-2020-
00018-02, promovido por el señor Álvaro Hernán Jaramillo García y otros.

3.2. SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin
efecto el Auto Interlocutorio No. 108 de fecha treinta y uno (31) de julio
de dos mil veinticinco (2025), notificado el cuatro (04) de agosto del
mismo año, dentro del medio de control de reparación directa con
radicado N° 76111-33-33-002-2020-00018-02, promovido por el señor
Álvaro Hernán Jaramillo García y otros.

3.3. TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle, para que
dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela,
profiera una nueva decisión en la cual se revoque el auto que liquida
costas y en su lugar profiera una decisión ajustada a derecho. […]”.

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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 9 de febrero de 2026, se admitió la presente acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y se vinculó al
Juzgado Segundo Administrativo de Guadalajara de Buga, a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Fiscalía General
de la Nación, a los señores Álvaro Hernán Jaramillo García, María Elena
García Vera, Diego Hernán Jaramillo Cárdenas, Maritza Gutiérrez Ocampo y
Diego Felipe Jaramillo García, en calidad de terceros con interés en el
resultado del proceso.

2. El 19 de marzo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia declarando improcedente el mecanismo de
amparo.

3. Mediante auto de 10 de abril de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ señaló que la
acción de tutela busca dejar sin efectos una providencia judicial dictada en
ejercicio de la función jurisdiccional, amparada por los principios de autonomía
e independencia judicial, por lo que no le corresponde responder por la
presunta vulneración de derechos fundamentales, al no tener facultad para
modificar decisiones judiciales ni haber intervenido en el proceso de origen.

Asimismo, indicó que la tutela pretende reabrir un debate ya definido y
protegido por la cosa juzgada, utilizándola como una instancia adicional, razón
por la cual solicitó su desvinculación del trámite y la negativa de las
pretensiones al no evidenciarse vulneración alguna de derechos
fundamentales.

2. La Fiscalía General de la Nación sostuvo que carece de legitimación en la

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causa por pasiva, dado que la providencia cuestionada fue emitida por una
autoridad judicial en ejercicio de su función jurisdiccional y no por ese ente
investigador, por lo que no existe acción u omisión atribuible a dicha entidad
que tenga relación causal con la presunta vulneración de los derechos
fundamentales alegados.

3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga solicitó declarar
improcedente la acción de tutela al considerar que el actor pretende reabrir el
debate sobre la condena en costas fijada en la sentencia del proceso de
reparación directa, asunto que debió controvertirse mediante el recurso de
apelación contra dicha providencia y no en la etapa de aprobación de la
liquidación.

Señaló que no se cumple el requisito de subsidiariedad, pues el accionante
omitió utilizar el medio ordinario de defensa, y que el caso carece de relevancia
constitucional al tratarse de una controversia propia del proceso ordinario ya
resuelta por el Juzgado y el Tribunal.

Finalmente, advirtió que este tipo de acciones se ha vuelto reiterativo por parte
de la misma firma de abogados generando congestión judicial, por lo que
solicitó aplicar el precedente del Consejo de Estado para declarar su
improcedencia.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 19 de marzo
de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con los
requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

Respecto de la subsidiariedad, indicó que el demandante no hizo uso del
medio de defensa judicial idóneo para controvertir la condena en costas
impuestas en la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga de 30 de marzo
de 2022. En consecuencia, se pretende acudir a la acción de tutela como un

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mecanismo sustitutivo de los medios ordinarios de defensa que dejó de
ejercer.

Adicionalmente, consideró que se ejerció “[…] el presente mecanismo para
plantear un debate meramente legal y de naturaleza económica, pues la
solicitud de amparo cuestiona la decisión de 31 de julio de 2025, proferida por
la autoridad judicial demandada, al confirmar el auto del 20 de mayo de 2025
que aprobó la liquidación de costas realizada por la Secretaría del despacho
en el medio de control de reparación directa con radicado 2020-0018-00/01
[…]”, circunstancia que desborda la competencia del juez constitucional.

Finalmente, se pronunció respecto de las solicitudes de desvinculación
propuestas por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – DEAJ en el sentido de considerar que no les asistía
razón.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia argumentando que la
acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad dado que “[…] la
controversia constitucional no podía ser propuesta válidamente en el recurso
de apelación contra la sentencia, pues para ese momento no existía una
afectación concreta, actual y verificable de los derechos fundamentales
invocados […]”.

Sostuvo que el asunto tiene relevancia constitucional porque compromete de
manera directa los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
efectivo a la administración de justicia y a la igualdad y afirmó que la
providencia cuestionada estimó “[…] que se trata de una discusión
“meramente económica”. Sin embargo, dicha conclusión desconoce que la
jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa y pacífica en señalar que la
naturaleza patrimonial de una decisión judicial no excluye, por sí sola, su
relevancia constitucional, cuando aquella incide de manera directa y grave
en el núcleo esencial de derechos fundamentales […]”.

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Adicionalmente, indicó que en el presente asunto “[…] La afectación
constitucional alegada no se configuró con la sola expedición de la sentencia,
sino únicamente de manera posterior, cuando mediante auto del 20 de mayo
de 2025 el Juzgado Segundo Administrativo de Guadalajara de Buga aprobó
la liquidación de costas, fijándolas en la suma de $167.532.959. Ello es así
porque, conforme al artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de las
costas se rigen por las normas del Código General del Proceso, y es
precisamente contra el auto que aprueba la liquidación que proceden los
recursos de reposición y apelación, de acuerdo con el artículo 366 del CGP
[…]”.

Por lo anterior, consideró que “[…] fue en dicha etapa procesal (y no antes)
donde se habilitó jurídicamente la posibilidad de controvertir la concreción
económica de la condena, razón por la cual dicha providencia fue
oportunamente impugnada mediante recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación, agotando así de manera adecuada y en el momento procesal
pertinente los mecanismos ordinarios de defensa previstos por el
ordenamiento jurídico, con lo cual se satisface plenamente el requisito de
subsidiariedad […]”.

Reiteró su posición respecto del defecto sustantivo, decisión sin motivación y
desconocimiento del precedente alegando que “[…] los autos que aprobaron y
confirmaron la liquidación de costas incurren en un defecto fáctico por decisión
sin motivación, al omitir el análisis concreto de los hechos y argumentos
relevantes propuestos por la parte actora dentro del recurso de reposición y
en subsidio de apelación, los cuales resultaban determinantes para resolver la
controversia planteada […]”.

Afirmó en cuanto a la violación directa de la Constitución que “[…] La
confirmación de una condena en costas sin la previa constatación probatoria
de su causación vulnera de manera directa los artículos 13, 29 y 229 de la
Constitución Política, relativos a la igualdad, el debido proceso y el acceso a
la administración de justicia. En efecto, la imposición de una carga patrimonial
excesiva, carente de motivación real y desprovista de sustento fáctico, afecta

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de forma diferenciada y desproporcionada a quien acudió a la jurisdicción con
el legítimo propósito de obtener la reparación de un daño derivado de una
privación injusta de la libertad. […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental5 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces6.

3 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)

y 2012-02201-01, entre otras.
5 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428,

Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
6 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-
18.

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En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]”; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación para acreditar
la supuesta vulneración de los derechos fundamentales en que incurrió la
autoridad accionada no devela que el presente asunto gire en torno al alcance
de algún derecho fundamental, sino, únicamente, frente a la mera
inconformidad con la decisión adoptada el 31 de julio de 2025 en el marco del
medio de control de reparación directa con radicado 76111-33-33-002-2020-
00018-02 que confirmó el auto de primera instancia que aprobó la liquidación
de costas en la suma de $167.532.959.

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Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que las acciones
de tutela promovidas contra providencia judicial por el tema de costas carecen
de relevancia constitucional por tratarse de una controversia de índole
meramente legal y económico. En efecto, en sentencia de 22 de abril de 20227
se señaló lo siguiente:

“[…] Ahora bien, en relación con los reproches relativos a la condena en
costas impuesta al actor, la Sala observa que la solicitud de amparo carece
de relevancia constitucional, en razón a que el disenso deviene de un
asunto de contenido económico, derivado de un debate estrictamente
normativo y legal. Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que
invoca el accionante como fundamento de la presunta vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso, están encaminados a replantear
la discusión jurídica en torno a la imposición de las costas procesales,
circunstancia que resulta improcedente, en tanto la presunta
afectación del derecho fundamental se deriva de un asunto de
contenido económico que fue debidamente argumentado y concluido
por el juez natural de la causa […]”. [Se destaca]

Los anteriores argumentos son suficientes para confirmar el fallo de tutela de
19 de marzo de 2026 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de

22 de abril de 2022, Exp. núm., 11001-03-15-000-2022-01777-00. Reiterada el 19 de junio de
2025, expediente 11001-03-15-000-2025-00332-01.

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PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 19 de marzo de 2026 proferido
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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