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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00257-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00257-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00257-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Sergio Augusto Ayala Silva.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Tolima.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00257-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Tribunal Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Sergio Augusto Ayala Silva promovió demanda de
protección de los derechos e intereses colectivos contra el Municipio del
Guamo – Tolima.

1.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante
sentencia de 12 de julio de 2023, negó las pretensiones de la demanda.

1.3. Contra la decisión de primera instancia el Ministerio Público –
Procuraduría 106 Judicial I para Asuntos Administrativos presentó
recurso de apelación.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00257-00

1.4. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 4 de
diciembre de 2025, revocó la sentencia de primera instancia y amparó el
derecho e interés colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles y, en consecuencia, ordenó al Municipio del
Guamo - Tolima realizar las actuaciones administrativas, técnicas y
presupuestales pertinentes y se abstuvo de condenar en costas a la
entidad accionada.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de
justicia e incurrió en defecto sustantivo, por cuanto erró en la interpretación y
aplicación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y desconoció el precedente
jurisprudencial vigente que reglamenta y fija los criterios para la procedencia
de la condena en costas en las sentencias de acciones populares.

Al respecto, expuso que “[…] existe unificación jurisprudencial por el
Honorable Consejo de Estado en el sentido de precisar el alcance de la
interpretación del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y su armonización con las
disposiciones que regulan el reconocimiento, la condena y la liquidación de las
costas […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Primero: Se reconozcan la violación y se protejan mis derechos
fundamentales tal como está consagrado en la constitución, en su artículo
29, “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas”, del proceso que curso acción popular.

Segundo: Dejar sin valor ni efecto el numeral sexto de la sentencia
proferida por el Honorable Tribunal Administrativo del Tolima, con
radicado 73001333300220220005201 de fecha diciembre 4 de 2025.

Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima se dicte sentencia
complementaria, en la que aplique debidamente el precedente fijado en la

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sentencia del 6 de agosto de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N°. 27, accediendo a la condena en costas y
agencias de primera y segunda instancia conforme lo expuesto […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 26 de enero de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué y al
Municipio del Guamo – Tolima, en calidad de terceros con interés directo en el
resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. El Tribunal Administrativo del Tolima solicitó se declare improcedente la
acción de tutela, al considerar que lo que pretende el accionante es obtener
un nuevo pronunciamiento frente a su caso.

2. El Municipio del Guamo – Tolima solicitó negar el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el accionante, al considerar que “[…] el Tribunal
Administrativo del Tolima no se equivocó al no condenar en costas al
municipio, pues es cierto que el medio de control que invocó el demandante,
este es, el consagrado en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, denominado
protección de los derechos e intereses colectivos, se ventiló un interés público,
por lo tanto, de acuerdo con el artículo 188 de la ley en cita no procede la
condena en costas procesales […]”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la

2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

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identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)

4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en el
marco del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos con radicación núm. 73001-33-33-002-2022-00052-01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que la autoridad accionada no condenó en costas al Municipio del Guamo –
Tolima dentro del proceso de protección de los derechos e intereses colectivos,
circunstancia que no evidencia un asunto asociado a la afectación a derechos
fundamentales, sino de mera legalidad y económico.

Precisamente, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que las acciones
de tutela promovidas contra providencia judicial por la condena en costas
carecen de relevancia constitucional por tratarse de una controversia de índole
meramente legal y económico. En efecto, en sentencia de 22 de abril de 20226
se señaló lo siguiente:

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 22 de abril de 2022, Exp.
núm., 11001-03-15-000-2022-01777-00. Reiterada el 19 de junio de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-00332-
01.

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“[…] Ahora bien, en relación con los reproches relativos a la condena en
costas impuesta al actor, la Sala observa que la solicitud de amparo carece
de relevancia constitucional, en razón a que el disenso deviene de un
asunto de contenido económico, derivado de un debate estrictamente
normativo y legal. Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que
invoca el accionante como fundamento de la presunta vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso, están encaminados a replantear
la discusión jurídica en torno a la imposición de las costas procesales,
circunstancia que resulta improcedente, en tanto la presunta
afectación del derecho fundamental se deriva de un asunto de
contenido económico que fue debidamente argumentado y concluido
por el juez natural de la causa […]”. [Se destaca]

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00257-00

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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