Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00185-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00185-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00185-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-00185-00
Accionante: ÓSCAR ORLANDO QUINTERO LOZANO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM.
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Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito
general de relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Óscar Orlando Quintero
Lozano contra la Sala Especial de Decisión núm. 25 del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Óscar Orlando Quintero Lozano, en nombre propio, solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 18 de noviembre de 2025, proferida por
la Sala Especial de Decisión núm. 25 del Consejo de Estado, dentro del recurso
extraordinario de revisión con número de radicación 11001-03-15-000-2024-07023-
00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que el 19 de diciembre de 2024, junto a Hans Orlando Quintero López, Enith
López López y Valeria Quintero López, con fundamento en la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, nulidad originada en la
sentencia, formularon recurso extraordinario de revisión contra el fallo de única
instancia del 25 de julio de esa misma anualidad, mediante el cual la Sección Primera
del Consejo de Estado negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho formuladas contra la Procuraduría General de la Nación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00185-00
Accionante: Óscar Orlando Quintero Lozano
2.2. Indicó que mediante sentencia de 11 de junio de 2025, la Sala Especial de Decisión
núm. 25 del Consejo de Estado: (i) declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión, y (ii) condenó en costas a la parte recurrente, para lo cual fijó como agencias
en derecho el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de
ejecutoria dicha providencia, a favor de la Procuraduría General de la Nación.
2.3. Mencionó que por medio de auto de 23 de julio de 2025, entre otra determinación,
la Sala improbó la liquidación de costas elaborada por la Secretaría General el 2 de
julio anterior, toda vez que esa dependencia secretarial no había precisado el monto
que le correspondía asumir a cada uno de los recurrentes por concepto de costas,
según el numeral 6 del artículo 365 del Código General del Proceso y, por ende, era
necesario realizar nuevamente la correspondiente operación matemática.
2.4. Señaló que a través de providencia de 8 de septiembre de 2025, fue aprobada la
liquidación de costas realizada por la Secretaría General el 31 de julio de 2025,
según la cual, las agencias en derecho equivalen a $1.423.500, suma de dinero que
distribuyó entre los recurrentes en partes iguales, así:
2.5. Manifestóque a través de memorial de 11 de septiembre de 2025, la parte
recurrente formuló recurso de reposición contra la anterior determinación al
considerar que “[…] en honor a la más absoluta y fáctica verdad, me encuentro en
incapacidad de sufragar sin que con ello se vea afectada seriamente nuestra
economía […]”, frente a lo cual la Sala Especial de Decisión núm. 25 del Consejo de
Estado mediante providencia de 18 de noviembre de 2025 resolvió confirmar la
decisión recurrida.
2.6. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra al desconocer la “[…] imposibilidad económica de sufragar una tal
suma de dinero que, así parezca nimia (sic), para muchas familias colombianas -
dentro de los que me cuento- una suma dineraria como la citada -$ 1.423.500-
constituye el MINIMO VITAL […] actualmente tanto mi esposa como mi persona
somos considerados socialmente adultos mayores con 69 años de edad […]”.
2.7. Agregó que “[…] De otro lado y refiriendo mi pretensión se dijo en el respectivo
auto que: “El despacho observa que, durante el trámite del recurso extraordinario
de revisión, la parte recurrente no alegó ninguna circunstancia que le impidiera
asumir los gastos del proceso. …” De hecho, como puede concluirse el ejercicio
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desplegado a lo largo del proceso, tanto en su génesis como en el recurso
extraordinario de revisión, lo realicé directamente en mi condición de abogado,
amén de que el proceso no demandó para ninguna de las partes erogaciones como
no fuera mi propio desplazamiento hacia Bogotá desde la ciudad de Pamira (sic)
donde resido, para efecto de las dos audiencias realizadas a lo largo del proceso
[…]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Por todo lo anteriormente anotado y relacionado de forma concreta y
específica, mi pretensión, Honorable Magistrado, estriba en que acoja la
presente acción y de contera me sean tutelados mis derechos AL MINIMO
VITAL estimado por nuestra Constitución y jurisprudencia como un derecho
fundamental que en ultimas (sic) comporta lo necesario e indispensable para
llevar una VIDA DIGNA dentro de nuestro Estado Social de Derecho que es sin
duda alguna COLOMBIA […]”. [Negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 19 de enero de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso a los señores Hans
Orlando Quintero López, Enith López López y Valeria Quintero López y a la
Procuraduría General de la Nación.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a los
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Sala Especial de Decisión núm. 25 del Consejo de Estado señaló que “[…]
la acción de tutela de la referencia no satisface el requisito de relevancia
constitucional, en cuanto la parte actora no alegó la configuración de algún defecto
específico para que proceda el amparo solicitado, por el contrario, se no se advierte
vulneración alguna y, en todo caso, se trata de un debate estrictamente económico
[…]”.
5.2. LaProcuraduría General de la Nación manifestó que “[…] El accionante
únicamente se limita a atacar la decisión bajo argumentos confusos y enredados
que corresponderían a un recurso ordinario y no a una acción de tutela, ya que el
escrito adolece de criterios para considerar siquiera una causal de procedibilidad
[…]”.
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Accionante: Óscar Orlando Quintero Lozano
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.
VI.2. Cuestión previa
7. La Consejera de Estado doctora Nubia Margoth Peña Garzón manifestó
encontrarse incursa en la causal de impedimento prevista en el numeral 6. del
artículo 56 de la Ley 906 de 31 de agosto de 20047, por las siguientes razones:
“[…] como integrante de la Sala Especial de Decisión núm. 25 de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, conocí del recurso extraordinario de revisión
identificado con el número único de radicación 2024-07023-00, dentro del cual
se dictaron, entre otras, las providencias de 11 de junio8 y de 18 de noviembre
de 20259, esta última objeto de la presente solicitud de amparo, por lo que
considero que me encuentro incursa en la causal de impedimento prevista en
el artículo 56, numeral 6, del CPP […]”.
8. El numeral 6.° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal10, establece lo
siguiente:
“[…] ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de
impedimento:
[…]
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o
hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o
compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad
o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar
[…]”. [Negrilla fuera del texto]
1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
8
Sentencia que suscribí.
9
A través del cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el auto de 8 de septiembre de 2025, mediante el
cual se aprobó la liquidación de costas realizada por la Secretaría General el 31 de julio de 2025.
10
Por remisión del artículo 39 del Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 “[…] Por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
5
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Accionante: Óscar Orlando Quintero Lozano
9. En razón a que la Consejera de Estado doctora Nubia Margoth Peña Garzón
intervino como integrante de la Sala Especial de Decisión núm. 25 del Consejo de
Estado en el trámite del recurso extraordinario de revisión con número de radicación
11001-03-15-000-2024-07023-00, dentro del cual se profirió el auto de 18 de
noviembre de 2025, la Sala de Decisión concluye que se encuentra configurada la
causal de impedimento mencionada supra.
10. En consecuencia, se aceptará el impedimento manifestado.
VI.3. Problemas jurídicos
11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por el accionante.
12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
14. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
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Accionante: Óscar Orlando Quintero Lozano
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución13.
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”14 que encaje en dichos
parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
19. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
20. El señor Óscar Orlando Quintero Lozano, en nombre propio, solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana, cuya
12
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
13
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
14
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Óscar Orlando Quintero Lozano
vulneración le atribuyó a la providencia de 18 de noviembre de 2025, proferida por
la Sala Especial de Decisión núm. 25 del Consejo de Estado, dentro del recurso
extraordinario de revisión con número de radicación 11001-03-15-000-2024-07023-
00.
21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental15 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones16.
23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales17, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces18.
24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación19, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
15
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
16
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
17
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
18
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
19
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00185-00
Accionante: Óscar Orlando Quintero Lozano
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202220 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Accionante: Óscar Orlando Quintero Lozano
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].
26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202321.
27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales22.
28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio el accionante alega que la Sala Especial de Decisión núm. 25 del Consejo de
Estado vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana,
al desconocer la “[…] imposibilidad económica de sufragar una tal suma de dinero
que, así parezca nimia (sic), para muchas familias colombianas -dentro de los que
me cuento- una suma dineraria como la citada -$ 1.423.500- constituye el MINIMO
VITAL […] actualmente tanto mi esposa como mi persona somos considerados
socialmente adultos mayores con 69 años de edad […]”.
29. Agregó que “[…] De otro lado y refiriendo mi pretensión se dijo en el respectivo
auto que: “El despacho observa que, durante el trámite del recurso extraordinario
de revisión, la parte recurrente no alegó ninguna circunstancia que le impidiera
asumir los gastos del proceso. …” De hecho, como puede concluirse el ejercicio
desplegado a lo largo del proceso, tanto en su génesis como en el recurso
extraordinario de revisión, lo realicé directamente en mi condición de abogado,
amén de que el proceso no demandó para ninguna de las partes erogaciones como
no fuera mi propio desplazamiento hacia Bogotá desde la ciudad de Pamira (sic)
donde resido, para efecto de las dos audiencias realizadas a lo largo del proceso
[…]”.
30. Precisados los argumentos que sustentan la acción de amparo, la Sala estima
que no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional porque el
21
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00185-00
Accionante: Óscar Orlando Quintero Lozano
escrito de tutela carece de la carga mínima argumentativa, en razón a que no se
identificaron ni desarrollaron los defectos en los que se habría incurrido en la
providencia judicial cuestionada.
31. Sobre la base de lo anterior, la Sala concluye que las circunstancias de hecho y
de derecho que el accionante indica para sustentar la violación a sus derechos
fundamentales resulta ser insuficientes para tener por acreditada la carga
argumentativa mínima en el caso objeto de estudio.
32. Eneste punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada no conduce a que el juez de tutela
pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como instancia
adicional o de revisión del proceso.
33. La falencia argumentativa advertida no puede ser subsanada por el juez de tutela,
dado que la presente acción constitucional se dirige contra una providencia judicial
que ha hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el cumplimiento de una
carga mínima argumentativa que habilite un examen de fondo del caso. En armonía
con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 señaló lo
siguiente:
“[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”23. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]”. [Negrilla fuera del texto]
34. Es así como se advierte que el presente asunto no gira en torno al alcance de
algún derecho fundamental, porque si bien es cierto la parte accionante alega la
vulneración de sus derechos fundamentales invocados, la realidad es que lo
pretendido por el accionante es que el juez de tutela efectúe un análisis de la
controversia sometida a consideración del juez natural, con el propósito de que se
revoque la decisión judicial por el simple hecho de que no la comparte o su resultado
es desfavorable a sus intereses.
35. Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que las acciones de
tutela promovidas contra providencia judicial por la condena en costas carecen de
relevancia constitucional por tratarse de una controversia de índole meramente legal
y económico. En efecto, en sentencia de 22 de abril de 202224 se señaló lo siguiente:
“[…] Ahora bien, en relación con los reproches relativos a la condena en costas
impuesta al actor, la Sala observa que la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional, en razón a que el disenso deviene de un asunto de contenido
23
Sentencia SU-074 de 2022.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 22 de abril de 2022, Exp. núm.,
11001-03-15-000-2022-01777-00. Reiterada el 19 de junio de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-00332-01.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00185-00
Accionante: Óscar Orlando Quintero Lozano
económico, derivado de un debate estrictamente normativo y legal. Así las
cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca el accionante como
fundamento de la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso, están encaminados a replantear la discusión jurídica en torno a la
imposición de las costas procesales, circunstancia que resulta
improcedente, en tanto la presunta afectación del derecho fundamental se
deriva de un asunto de contenido económico que fue debidamente
argumentado y concluido por el juez natural de la causa […]”. [Negrilla fuera
del texto]
36. Finalmente,es importante señalar que la relevancia constitucional es un
presupuesto indispensable para que el juez de tutela pueda estudiar el fondo del
asunto, ya que el mecanismo de amparo contra providencias judiciales no busca
proporcionar a los sujetos procesales de un juicio proceso una tercera instancia,
sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos fundamentales,
eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial. De aquí que su
procedencia sea excepcional25, toda vez que lo contrario atentaría contra la
autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio de cosa
juzgada26.
37. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por la Consejera de Estado
doctora Nubia Margoth Peña Garzón, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2016,
radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala)
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2016,
radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00185-00
Accionante: Óscar Orlando Quintero Lozano
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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