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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-07023-00

Fecha
11 de junio de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-07023-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión presentado por los señores Óscar Orlando Quintero Lozano, Hans Orlando Quintero López, Enith López López y Valeria Quintero López contra la sentencia de única instancia dictada el 25 de julio de 2024, por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001- 03-24-000-2014-00421-00. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, señores Óscar Orlando Quintero Lozano, Hans Orlando Quintero López, Enith López López y Valeria Quintero López, las cuales serán liquidadas por la Secretaría General del Consejo de Estado, teniendo en consideración las expensas demostradas en el proceso. Por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte recurrente se fija el monto equivalente a un (1) smlmv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, para la Nación-Procuraduría General de la Nación. TERCERO: Cumplido lo anterior, el expediente debe regresar al despacho del consejero ponente para considerar la aprobación de la liquidación de la condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-07023-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

11 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No.25

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., once (11) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07023-00
Recurrente: Óscar Orlando Quintero Lozano y otros
Opositor: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – No es una instancia adicional
para debatir aspectos propios que fueron resueltos en el proceso inicial – No es una
herramienta procesal por medio de la cual se puedan subsanar las omisiones de las partes
en el litigio ordinario / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Concepto y límites – Se desconoce
cuando el operador judicial toma un camino ajeno a lo debatido en la litis / ALEGATOS DE
CONCLUSIÓN – Noción – En el fallo cuestionado se analizó lo relacionado con las razones
por las cuales el recurrente fue inhabilitado – Lo concerniente a la aplicación del principio
de favorabilidad fue un aspecto formulado de forma extemporánea y, por ende, el
funcionario judicial no estaba en la obligación de pronunciarse sobre ello – Modificación de
la causa petendi / CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo – Causación.

1. La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los
demandantes contra la sentencia denegatoria de única instancia proferida el 25 de
julio de 2024, por la Sección Primera del Consejo de Estado.

SÍNTESIS DEL CASO

2. La parte recurrente consideró que la sentencia censurada incurrió en la
causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
porque, a su juicio, dicha providencia fue incongruente y le vulneró el debido
proceso en la medida que: (i) no tuvo en cuenta los argumentos expuestos en la
etapa de alegatos de conclusión, lo cual impidió que se les explicara por qué la
Procuraduría inhabilitó al señor Óscar Orlando Quintero Lozano por el término de
diez (10) años sin fundamento fáctico y jurídico, y (ii) aunque en la adición de dicho
memorial solicitaron la aplicación del principio de favorabilidad en materia
disciplinaria, el fallo controvertido no se pronunció sobre ese aspecto.

ANTECEDENTES

Proceso en el que se profirió la sentencia objeto del recurso extraordinario de
revisión

3. El 10 de febrero de 20141, los señores Óscar Orlando Quintero Lozano, Hans
Orlando Quintero López y Enith López López, así como la menor Valeria Quintero
López2 interpusieron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se declarara la nulidad de: (i)
la Resolución 119 del 13 de agosto de 2012, por medio de la cual la referida entidad
negó la petición de cancelación de inhabilidad reportada contra el señor Quintero

1 Folios 1 a 10 del cuaderno digital 1 que obra en el índice 21 de SAMAI.
2 Representada por su progenitor, quien era el señor Óscar Orlando Quintero Lozano.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07023-00
Recurrente: Óscar Orlando Quintero Lozano y otros
Opositor: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

Lozano en la base de datos del Sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades,
y (ii) la Resolución 131-2012 del 17 de mayo de 2013, a través de la cual se confirmó
la anterior determinación.

4. A título de restablecimiento del derecho, pidieron que se le ordenara a la
Procuraduría corregir la información consignada en dicho registro y que se le
reconocieran y pagaran los perjuicios materiales e inmateriales causados a cada
uno de ellos.

5. Según lo expuesto en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
mediante sentencia del 24 de abril de 2000, proferida por el Juzgado 20 Penal del
Circuito de Cali, el señor Óscar Orlando Quintero Lozano fue condenado a 44 meses
de prisión y multa por $8’153.040 por los delitos de cohecho, falso testimonio y
fraude procesal, así como a la “interdicción de derechos y funciones públicas por un
término legal al de la pena de prisión”3.

6. Contra la anterior determinación, el condenado, la Fiscalía y el Ministerio
Público formularon apelación. A través de fallo del 28 de marzo de 2001, la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali modificó la providencia de
primer grado, en el sentido de aumentar la condena del señor Quintero Lozano a 56
meses de prisión y multa de $8’492.750, así como 56 meses de interdicción de
derechos y funciones públicas. Mediante sentencia del 26 de enero de 2005, la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso no casar el proveído
de segundo grado.

7. En enero de 2010, “concluido el lapso de inhabilidad de cinco (5) años (…) el
demandante quiso reanudar su actividad laboral, para lo cual le fue exigido siempre
el certificado de antecedentes disciplinarios (…) encontrándose con la sorpresa de
figurar en su contra una nueva inhabilidad”4 que iniciaba el 26 de enero de 2005 y
finalizaba el 25 de enero de 2015. Por lo anterior, el señor Óscar Orlando Quintero
Lozano formuló una petición ante la Procuraduría para que levantara la inscripción
de la sanción. Mediante Resolución 119 del 13 de agosto de 2012, la citada entidad
argumentó que la inhabilitación señalada “no corresponde a la que fue impuesta al
peticionario en la sentencia condenatoria”5.

8. La anterior decisión fue confirmada el 17 de mayo de 2013, con fundamento
en que “dicha inhabilidad no corresponde a la que fue impuesta al peticionario en la
sentencia condenatoria”6, en cuanto el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734 de
2022 “no dice que las sanciones allí referidas deben permanecer en el certificado
de antecedentes por 10 años, sino diáfanamente señala que quien se halle en la
situación fáctica prevista en esa disposición se hace acreedor, por ese solo hecho,
a una inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por el término de 10 años
contados desde la ejecutoria del fallo que impuso la pena”7.

3 Folio 2 de la referida demanda.
4 Ibidem.
5 Folio 3 de la referida demanda.
6 Ibidem.
7 Ibidem.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07023-00
Recurrente: Óscar Orlando Quintero Lozano y otros
Opositor: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

9. La parte demandante consideró que, si bien el numeral 1 del artículo 38 de
la Ley 734 de 2002 establecía una inhabilidad, lo cierto es que ésta se refería “a la
que impone el juez penal al emitir una sentencia condenatoria y que trae o consagra
el respectivo tipo penal que por su transgresión amerita la sanción penal por lo que
de forma paralela o coetánea es impuesta y que se materializa obviamente a partir
de la ejecutoria del fallo”8.

10. En sede de nulidad y restablecimiento del derecho, los accionantes indicaron
que, cuando el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 menciona “otras
inhabilidades”9, en realidad se refiere a aquellas distintas “a las que genera las
prohibiciones y deberes de los servidores públicos que taxativamente”10 estaban
previstas en la mencionada ley. Aunado a ello, la citada disposición normativa tiene
como premisa temporal “dentro de los diez años anteriores”11, lo cual era un punto
de partida hacia atrás y, por ende, la sanción tendría una fecha de finalización
distinta a la señalada en el respectivo certificado de antecedentes.

11. Así mismo, los demandantes manifestaron que la Procuraduría erró al
argumentar que la configuración de la situación fáctica descrita en el numeral 1 del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002 daba lugar automáticamente a una inhabilidad
para el ejercicio de cargos públicos por el término de diez (10) años, contados desde
la ejecutoria del fallo que impuso la pena, pues esa consecuencia el legislador no la
previó expresamente y, por lo tanto, no era posible que la autoridad disciplinaria le
diera dicho alcance.

12. Bajo ese contexto, la parte actora consideró que los actos censurados le
causaron graves perjuicios, dado que el señor Quintero Lozano no podía acceder a
algún empleo público y, en todo caso, dicha determinación era violatoria del debido
proceso, toda vez que no estuvieron precedidas de un procedimiento administrativo.

13. La Procuraduría General de la Nación12 contestó la demanda, oportunidad
en la que sostuvo que la parte demandante no interpretó correctamente el numeral
1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, según el cual, la inhabilidad para
desempeñar cargos públicos permanecería en el certificado ordinario por diez (10)
años cuando, entre otros eventos, dicha sanción se produjera debido a una condena
de pena privativa de la libertad, como ocurrió respecto del señor Óscar Orlando
Quintero Lozano, término que empezó a correr con la firmeza de la respectiva
sentencia, lo cual sucedió el 26 de enero de 2005.

14. Mediante fallo de única instancia del 25 de julio de 202413, la Sección
Primera de esta Corporación, entre otras determinaciones14, negó las pretensiones
de la demanda. En la referida providencia se explicó que, de conformidad con el
material probatorio que obraba en el expediente, el señor Quintero Lozano fue

8 Folio 4 de la referida demanda.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Folios 149 a 155 del cuaderno digital 1, el cual consta en el índice 21 de SAMAI.
13 Providencia que obra en el índice 2 de SAMAI.
14En la referida providencia, la Sección Primera también: (i) declaró fundado el impedimento
manifestado por el consejero de estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, y (ii) se abstuvo de
condenar en costas a la parte demandante en cuanto no se demostró su causación.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07023-00
Recurrente: Óscar Orlando Quintero Lozano y otros
Opositor: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

condenado mediante providencia del 28 de marzo de 2001, dictada por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a las siguientes penas: (i)
de forma principal, a 56 meses de cárcel y multa por $8’492.750, y (ii) de manera
accesoria, la interdicción de derechos y funciones públicas por un período exacto al
tiempo de prisión.

15. En ese sentido, se precisó que la interdicción de derechos y funciones
públicas impuesta al accionante fue proferida por el juez penal de manera
concomitante con la privación de la libertad y tenía un fundamento normativo distinto
al establecido en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002. Por lo anterior,
aclaró que, aunque la inhabilidad reflejada en el correspondiente certificado de
antecedentes se derivaba del respectivo fallo condenatorio, lo cierto es que se fundó
en la citada disposición normativa, motivo por el cual no era necesario adelantar
proceso disciplinario alguno.

16. La Sala indicó que el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 no
disponía que la inhabilidad allí señalada tuviese un término de duración igual a la
pena impuesta, por el contrario, el alcance interpretativo de la ley implica la
imposibilidad de acceder a un cargo público si, dentro de los diez (10) años
anteriores, la persona fue condenada a prisión por más de cuatro (4) años, el lapso
de diez años se computaba a partir de la ejecutoria del respectivo fallo penal, por lo
que la sanción finalizaba el 25 de enero de 2015, tal y como se reflejaba en el
correspondiente certificado.

17. En suma, como los accionantes no desvirtuaron la presunción de legalidad
de los actos censurados, las súplicas de la demanda fueron negadas.

Recurso extraordinario de revisión y su trámite

18. El 19 de diciembre de 202415, los señores Óscar Orlando Quintero Lozano y
otros16 interpusieron recurso extraordinario de revisión contra el fallo de única
instancia, proferido por la Sección Primera de esta Corporación, para lo cual
invocaron la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
-nulidad originada en la sentencia-, por vulneración del debido proceso porque, a su
juicio, se desconoció el principio de congruencia en la medida que dicha providencia
no se pronunció sobre los argumentos expuestos por ellos en el escrito contentivo
de los alegatos de conclusión.

19. Los recurrentes señalaron que, de haberse tenido en cuenta el referido
memorial, se les hubiese explicado las razones por las cuales al señor Quintero
Lozano se le inhabilitó por el período de diez (10) años, toda vez que “la norma
jamás lo dijo”17, por lo que la interpretación que el juez ordinario le dio a la referida
disposición normativa no fue acorde a su espíritu. Además, aunque en la adición de

15 Memorial radicado en tal fecha a través del aplicativo de la ventanilla virtual de Samai a las 10:47

a.m. Índice 2 de SAMAI.
16 En concreto, las mismas personas relacionadas en el párrafo número 3 de la presente providencia.
17 Folio 10 del escrito contentivo del recurso extraordinario de revisión.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07023-00
Recurrente: Óscar Orlando Quintero Lozano y otros
Opositor: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

dichos alegatos pidieron la aplicación del principio de favorabilidad de la ley
disciplinaria, lo cierto es que ese aspecto no fue analizado en el fallo censurado18.

20. La Procuraduría General de la Nación19, en calidad de accionada, se opuso
al recurso extraordinario de revisión de la referencia, dado que, a su juicio, lo que la
parte recurrente pretende es promover una instancia adicional del litigio declarativo,
proceso en el que se garantizaron cada una de las etapas procesales sin que se
advirtiera irregularidad alguna.

21. El Ministerio Publico20 rindió concepto en el sub lite, para lo cual sostuvo
que la adición de los alegatos presentados por la parte recurrente en sede de
nulidad y restablecimiento del derecho fueron extemporáneos y, en todo caso, en el
mencionado litigio se les respetó el debido proceso a los sujetos procesales.

22. Mediante proveído del 4 de abril de 202521, se resolvieron las solicitudes
probatorias formuladas por las partes22, determinación que no fue recurrida23.

CONSIDERACIONES

Delimitación de los problemas jurídicos y metodología para adoptar la
presente decisión

23. La Sala decidirá el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
recurrente contra la sentencia de única instancia del 25 de julio de 2024, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, en cuanto no se advierte la
configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y se evidencia el
cumplimiento de los presupuestos procesales de: competencia, recurso en tiempo
y legitimación en la causa.

24. Para lo anterior, se resolverán los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿el fallo
censurado está viciado de nulidad por desconocimiento del principio de congruencia
al supuestamente no analizar el argumento expuesto en los alegatos de conclusión
relativo a los motivos por los cuales se inhabilitó al señor Óscar Orlando Quintero
Lozano por diez (10) años sin fundamento fáctico y jurídico?, y (ii) ¿esta
Corporación omitió pronunciarse sobre los razonamientos expuestos en la adición
de alegatos relacionados con la aplicación del principio de favorabilidad en materia
disciplinaria?

25. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará los
aspectos sobre los cuales debía pronunciarse obligatoriamente el fallo censurado.
Finalmente, se determinará si, de acuerdo con lo señalado por la parte recurrente,

18 El referido recurso extraordinario fue admitido por medio de auto del 25 de febrero de 2025. Índice

5 de SAMAI.
19 Índice 10 de SAMAI.
20 Índice 12 de SAMAI.
21 Índice 14 de SAMAI.
22 Al respecto, fueron decretados como pruebas los siguientes documentos: (i) sentencia objeto de

revisión, y (ii) se ordenó librar oficio para que la Sección Primera de esta Corporación allegara copia
del expediente ordinario, piezas procesales que fueron enviadas en formato digital 9 de abril de 2025.
Índice 21 de SAMAI.
23 El expediente ingresó al despacho del magistrado ponente para dictar sentencia el 29 de abril de

2025. Índice 24 de SAMAI.
5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07023-00
Recurrente: Óscar Orlando Quintero Lozano y otros
Opositor: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

el argumento relacionado con la aplicación del principio de favorabilidad en asuntos
disciplinarios fue oportunamente planteado en el litigio ordinario.

26. De manera previa, se presentarán algunas consideraciones generales frente
a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión y el alcance de la causal
establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

27. El recurso extraordinario de revisión tiene por objeto permitir que las
sentencias ejecutoriadas puedan ser analizadas nuevamente e invalidadas en
aquellos casos en los que se han obtenido por medios irregulares o carecen de
verdad, por razones no imputables a la parte afectada, conservando la finalidad de
preservar el valor de la justicia y la seguridad jurídica que brinda la figura de la cosa
juzgada24, por ende, dicho mecanismo no se trata de una instancia adicional del
proceso declarativo25.

28. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación ha sostenido lo siguiente:

“El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto
objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice
una vez más (…).

En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta
con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro
del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la
legalidad de una sentencia ejecutoriada (…)”26 (se resalta).

29. En las condiciones analizadas, el recurso extraordinario de revisión no está
instituido para controvertir bajo cualquier consideración la sentencia proferida dentro
de un proceso ordinario, sino que procede en determinadas y especiales
circunstancias taxativamente consagradas en la ley, las cuales, en todo caso, no
deben ser imputables al afectado con el fallo. Así lo ha precisado la jurisprudencia27:

“El recurso de revisión, como extraordinario que es, sólo tiene cabida en los
precisos casos que señala la ley y sobre la base de que se interponga dentro
del término que este establece. Como no constituye una tercera instancia, que
sería contraria al sistema procesal que rige en Colombia, el recurrente no puede
mediante el recurso suplir las deficiencias de orden probatorio en que se incurrió
en el proceso cuya sentencia quiere que sea revisada o en sus alegaciones
jurídicas o remediar omisiones cometidas en defensa de los intereses de la
parte que resultó desfavorecida.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 20 de febrero de 2020, exp: 56.976.
25 Ver, entre otros, los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera, Subsección A: (i) sentencia

del 14 de junio de 2019, C.P. María Adriana Marín, exp: 50.330; (ii) sentencia del 8 de mayo de 2019,
C.P.: Marta nubia Velásquez Rico exp: 46.453, y (iii) sentencia del 5 de octubre de 2016, C.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera, exp: 41.222.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 12 de agosto de

2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, exp: 2013-02110.
27 Sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 13 de febrero

de 1974, G.J. T. CXLVII, págs. 46 y 47.
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

La regla general, en el recurso de que se trata, es la posibilidad de desvirtuar la
presunción de legalidad y acierto que ampara a las sentencias res iudicata pro
veritate habetur, demostrando plenamente que esa sentencia estaba fundada
en una realidad procesal contraria a la verdad, que fue demostrada con pruebas
falsas o que tal verdad no pudo ser acreditada en el proceso no por descuido,
omisión o negligencia de la parte interesada, sino por fuerza mayor, caso fortuito
u obra de la parte contraria, en cuya virtud las pruebas pertinentes no pudieron
ser allegadas al proceso, y además en ambos casos, que de no haber mediado
esas circunstancias imprevistas e irresistibles para el interesado, la decisión
habría sido otra”.

30. En suma, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse “para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del
juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material”28. Como
consecuencia, es fundamental que los hechos del caso se subsuman en la causal
invocada sin la necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se trata de una nueva instancia judicial.

Alcance de la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011

31. El Consejo de Estado ha establecido que, cuando se invoca la causal de
revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, el
recurso extraordinario debe fundarse en la configuración de: (i) las causales de
nulidad procesal previstas taxativamente en el artículo 133 del Código General del
Proceso, siempre que estas se prediquen de la sentencia29, o (ii) los supuestos que,
según la jurisprudencia, constituyen una violación del debido proceso 30, así:

a. Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con
violación al debido proceso.
b. Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada
al proceso.
c. Proferir una sentencia sin motivarla.
d. Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
e. Desconocer el principio de congruencia.

32. Aunado a ello, de acuerdo con lo manifestado por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo31, podrían existir eventos adicionales que se enmarquen
en la violación del debido proceso y, por ende, den lugar a la causal de nulidad

28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de
Decisión, sentencia del 3 de agosto de 2022, C.P.: Julio Roberto Piza Rodríguez, exp: 2021-11463-
00 (REV).
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión,

sentencia del 7 de junio de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez, exp. 2015-02493-01 (REV).
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 20 de febrero de 2020, C.P: María Adriana Marín, exp: 2019-03861-01 (AC).
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de

2018, C.P: Alberto Yepes Barreiro, exp: 1998-153-01(REV).
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

originada en la sentencia, la cual no se agota de manera exhaustiva en los
supuestos señalados32.

33. Con todo, bajo el amparo de la violación del debido proceso no es posible
plantear argumentos que tengan como propósito convertir el recurso extraordinario
en una instancia adicional del litigio ordinario precedente, pues este mecanismo no
tiene como finalidad que las partes insistan en las razones por las cuales consideran
que las pretensiones iniciales tienen o no vocación de prosperidad.

Respecto de la vulneración del debido proceso por desconocimiento del
principio de congruencia al supuestamente no tenerse en cuenta lo expuesto
por la parte demandante en los alegatos de conclusión

34. En lo relacionado con la violación del principio de congruencia, esta
Corporación ha sostenido que su desconocimiento afecta la validez del fallo, por
cuanto implica la adopción de una decisión por parte del juez sin tener facultades
para ello, de ahí que se considere que da lugar a la causal de revisión contemplada
en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 201133.

35. El artículo 281 del Código General del Proceso establece que “[l]a sentencia
deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la
demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la
ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
al pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta”.

36. Como consecuencia, a la correspondiente autoridad judicial le está vedado
imponer condena que supere las súplicas del demandante o pronunciarse sobre
aspectos distintos a los debatidos a lo largo del proceso por las partes, sin perjuicio
del ejercicio de sus facultades oficiosas34.

37. En suma, el principio de congruencia en procesos de única o primera
instancia implica que el funcionario judicial solo puede pronunciarse con base en lo
pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que le sea dable
dictar sentencias por fuera -extra petita- o por más -ultra petita- de lo pedido. En
contraste, en caso de que se abstenga de examinar alguno de los aspectos
debatidos a lo largo del litigio, le asiste el deber de explicar las razones de tal
omisión35.

38. Asimismo, esta Corporación36 ha explicado que los alegatos de conclusión
son la oportunidad procesal que tienen las partes para expresar los razonamientos
que consideren convenientes sobre lo planteado a lo largo de la respectiva

32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de

Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021, exp. 2020-003697-00 (REV).
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 10 de marzo de 2017, C.P: Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp: 2014-00897-00.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 25 de

enero de 2018, C.P: María Elizabeth García González, exp: 2013-00911.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 26 de octubre de 2017, C.P.: César Palomino Cortés, exp: 2014-01139-01(2458-15).
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 9 de

febrero de 2017, C.P.: Carlos Moreno Rubio (E), exp: 2016-00080-01(PI).
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-07023-00
Recurrente: Óscar Orlando Quintero Lozano y otros
Opositor: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

instancia, es decir, es la etapa en la que tanto el demandante como el demandado
le explican al juez cuál, a su juicio, es la determinación a la que debería arribar al
proferir la correspondiente sentencia con base en los hechos, fundamentos de
derecho y pruebas allegadas a la controversia.

39. Bajo esa línea argumentativa, se ha precisado que, por medio de los alegatos
de conclusión, no se pueden adicionar cargos a la demanda o motivos de defensa
que no fueron expuestos en la fase correspondiente, así como tampoco solicitar
nuevas pruebas37. Lo anterior, en cuanto admitir una tesis en tal sentido conllevaría
a: (i) comprometer el debido proceso de las partes, en la medida que la contraparte
o incluso los terceros vinculados al litigio no tuvieron la oportunidad de pronunciarse
al respecto, lo cual atenta contra el derecho de defensa y el principio de lealtad
procesal, y (ii) ampliaría la órbita de competencia del operador judicial sin
justificación alguna, porque, se reitera, al juez le compete dictar sentencia a partir
de las pretensiones, los argumentos de defensa, lo excepcionado y los elementos
de juicio que obren previamente en el proceso.

40. En el sub lite la Sala observa que el 16 de febrero de 2018, en el marco del
litigio ordinario, los recurrentes allegaron escrito contentivo de los alegatos de
conclusión, por medio del cual señalaron, entre otros argumentos, que el espíritu
del numeral 1 de artículo 38 de la Ley 734 de 2002 permitía concluir que dicha
disposición normativa no significaba la creación de una inhabilidad distinta a la
impuesta con ocasión de la respectiva sentencia penal, en cuanto ello daría lugar a
que se desconociera el principio de seguridad jurídica y se vulneraran los derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital.

41. Al respecto, resulta pertinente recordar que la parte recurrente edificó la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho sobre los siguientes ejes
temáticos: (i) el alcance interpretativo de la citada norma, en cuanto, en criterio de
los señores Oscar Orlando Quintero Lozano y otros, allí solo se mencionaron las
causales de inhabilidad distintas a las que preveía la Ley 734 de 2002; (ii) la
Procuraduría incurrió en un yerro al considerar que, por el solo hecho de
configurarse la situación fáctica prevista en dicha disposición normativa,
automáticamente él estaba inhabilitado para ejercer cargos públicos por el término
de diez (10) años; (iii) el numeral 1 de artículo 38 de la mencionada ley en realidad
hace referencia a la sanción que el juez penal impone al dictar el respectivo fallo
condenatorio, y (iv) la citada inhabilitación no estuvo precedida de un procedimiento
administrativo.

42. En la sentencia censurada, la Sección Primera se refirió a los cargos
relacionados con el alcance interpretativo de la citada norma, así:

“En cuanto al primer argumento expuesto por la parte actora, la Sala advierte
que en el proceso está acreditado que el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali, en sentencia del 28 de marzo de 2001, condenó al señor Quintero
Lozano a la pena principal de 56 meses de prisión, a una multa por la suma de
$8.492.750 y a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones
públicas por un período idéntico a la pena de prisión.

37 Ibidem.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-07023-00
Recurrente: Óscar Orlando Quintero Lozano y otros
Opositor: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

(…)
Por lo señalado, la Sala considera que no le asiste razón a la parte actora
cuando manifestó que la inhabilidad establecida por el numeral 1 del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002 era ‘la que impone el juez penal al emitir
una sentencia condenatoria y que trae o consagra el respectivo tipo penal
que por su transgresión amerita la sanción penal por lo que de forma
paralela o coetánea es impuesta y que se materializa obviamente ´a partir
de la ejecutoria del fallo’ (…) puesto que la sanción que fue impuesta por
el juez penal de manera concomitante con la pena de prisión fue la de
interdicción de derechos y funciones públicas, la cual tenía el mismo
término de duración de la pena de privación de la libertad, y un
fundamento normativo distinto a la inhabilidad del numeral 1 del artículo
38 de la Ley 734 de 2002.

Por otro lado, en cuanto al segundo y tercer argumento formulado por la parte
actora, la Sala estima que tampoco le asiste razón cuando alegó que el
numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 no establecía que quien
haya sido condenado a pena privativa de la libertad mayor a cuatro años
por delitos dolosos, por ese solo hecho, estaba inhabilitado para el
ejercicio de cargos públicos por el término de 10 años contados desde la
ejecutoria del fallo que impuso la pena; ni frente a la inconformidad relativa a
que la ´nueva sanción establecida en el presente proceso (Ley 734 de 2002) es
una violación ostensible al debido proceso, pues fue aplicada sin procedimiento
disciplinario alguno´.

(…)
En ese sentido, se tiene que la sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali el 28 de marzo de 2001 declaró una causa de inhabilidad
que es precisamente la prevista en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734
de 2002, en la medida en que condenó al señor Quintero Lozano a la pena
principal de 56 meses de prisión por incurrir en los delitos de ´cohecho propio,
falso testimonio y fraude procesal, agotados en concurso´, razón por la que
debía registrarse en el mencionado sistema de información para que
apareciera reflejado en el certificado de antecedentes disciplinarios.
Adicionalmente, la inhabilidad enlistada en el numeral 1 del artículo 38 de
la Ley 734 de 2002 se derivaba de la sentencia penal, por lo que no era
necesario que se adelantara un proceso disciplinario” (se destaca).

43. A juicio de la Sala, contrario a lo afirmado por la parte recurrente, en el fallo
objeto de revisión sí se explicaron las razones por las cuales al señor Quintero
Lozano se le inhabilitó por el período de diez (10) años para ejercer cargos públicos,
para lo cual se indicó que dicha sanción era distinta a la derivada de la condena
accesoria que se dictó en el marco del proceso penal que se adelantó en su contra
por los delitos de cohecho propio, falso testimonio y fraude procesal, de ahí que el
término de duración y el fundamento normativo de una y otra inhabilitación eran
diferentes.

44. Como consecuencia, de acuerdo con lo expuesto en la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho y reiterado en la etapa de alegatos, la Sección
Primera de esta Corporación precisó que el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734
de 2002 no tenía el alcance normativo que la parte recurrente pretendía otorgarle,
en cuanto dicha disposición lo que significaba era que la persona condenada
penalmente se hacía merecedora de inhabilidad cuando cometiera delitos dolosos
con pena privativa de la libertad mayor a cuatro (4) años, al margen de la pena
accesoria que la respectiva autoridad judicial dispusiera en el fallo penal.

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Opositor: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

45. Bajo ese contexto, la Sala considera que en realidad los recurrentes disienten
del criterio jurídico expuesto por la Sección Primera en la sentencia del 25 de julio
de 2024 porque, a su juicio, al señor Óscar Orlando Quintero Lozano no debió
imponérsele sanción alguna, en cuanto ese no era el verdadero espíritu de la norma,
argumento que no abre paso a la revisión solicitada, porque el recurso extraordinario
de la referencia no tiene como finalidad que se concuerde con el razonamiento
probatorio y/o jurídico propuesto por las partes.

46. Como consecuencia, lo que se observa es una discrepancia de criterio de la
parte recurrente porque la providencia cuestionada resultó adversa a sus intereses,
no siendo este un motivo suficiente que amerite la intervención de esta Corporación
frente a la referida sentencia, pues, se insiste, tal propósito resulta ajeno al recurso
de la referencia, el cual, dada su naturaleza excepcional, no fue creado para
instituirse como una instancia adicional dentro de los juicios ordinarios.

47. Así las cosas, el cargo analizado carece de vocación de prosperidad.

Respecto de la supuesta vulneración del debido proceso al omitir
pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la parte recurrente al
adicionar los alegatos de conclusión

48. La parte recurrente también sostuvo que la sentencia objeto de revisión
omitió pronunciarse sobre la aplicación del principio de favorabilidad en materia
disciplinaria. Sin embargo, la Sala considera que la Sección Primera no estaba en
la obligación de analizar ese aspecto, por las razones que se explicarán a
continuación:

49. Al revisar el expediente digital del litigio declarativo, se observa que en
audiencia inicial38 del 9 de febrero de 2018, el magistrado sustanciador, entre otras
determinaciones, dispuso: (i) prescindir de la etapa probatoria, en virtud del inciso
segundo del artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto los elementos de juicio
decretados correspondían a documentos que ya obraban en el proceso, y (ii)
conceder a las partes el término de diez (10) días para presentar alegatos de
conclusión, plazo dentro del cual también podría rendir concepto el Ministerio
Público, decisiones que fueron notificadas en estrados y contra las cuales no se
interpuso recurso alguno.

50. En ese sentido, el referido término de traslado transcurrió del 12 al 23 de
febrero de ese mismo año39, por lo que el memorial de “adición de alegatos”
radicado por la parte recurrente el 23 de julio de 202240 fue extemporáneo, de ahí
que, si bien en dicho escrito se indicó que la Ley 1952 de 2019 modificó y “aclaró”
el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en el sentido de precisar que la
inhabilidad derivada de la condena penal mayor a cuatro (4) años por delitos dolosos
tendrá una duración igual al término de la pena privativa de la libertad, lo cierto es

38 De conformidad con el acta de la referida diligencia, la cual obra en los folios 245 a 256 del

cuaderno digital 1 del índice 21 de SAMAI.
39 El 10, 11, 17 y 18 de febrero de 2018, fueron sábado y domingo, por lo que no corrieron términos

judiciales, según el inciso octavo del artículo 118 del CGP.
40 De acuerdo con la constancia secretarial que consta en el índice 35 del SAMAI del proceso

ordinario.
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de 2011)

que dicho argumento no fue planteado dentro de las oportunidades procesales
establecidas para tal efecto y, en todo caso, lo relacionado con la aplicación del
principio de favorabilidad disciplinaria no fue un aspecto planteado en la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho.

51. Al respecto, la Corte Constitucional41 y esta Corporación42 han destacado que
la preclusión es uno de los principios fundamentales del derecho procesal, el cual
consiste en que las actuaciones procesales deben cumplirse en una etapa
determinada del litigio, por ende, si se dejan transcurrir los términos señalados por
la ley, su formulación posterior no surte efecto alguno, sin perjuicio de aquellas
situaciones especiales en las que se ha reconocido la posibilidad que tienen las
partes de presentar alegatos hasta antes de que se dicte el respectivo fallo, como,
por ejemplo, la modificación de criterios jurisprudenciales de las Altas Cortes43,
supuesto que, en todo caso, no se configuró en el litigio ordinario.

52. Con todo, en gracia de discusión, en caso de que se considerara que los
recurrentes podían mejorar o reforzar los argumentos planteados en la etapa de
alegatos hasta antes de que se profiriera la sentencia censurada, no es menos cierto
que, como se explicó, en dicha fase procesal a las partes no le es dable adicionar
los cargos de la demanda. En esa medida, toda vez que lo concerniente a la
aplicación del principio de favorabilidad en materia disciplinaria no hizo parte de los
reparos formulados al interponer la pretensión de nulidad y restablecimiento del
derecho, la Sección Primera no debía pronunciarse sobre ello, en cuanto se trataba
de una variación de la causa petendi que atentaba contra el debido proceso de la
entidad demandada y violaba el principio de lealtad procesal.

53. En ese orden de ideas, el cargo examinado no tiene vocación de prosperidad,
toda vez que el memorial de “adición” de los alegatos de conclusión fue radicado
por fuera del término establecido para tal efecto y, en todo caso, lo allí formulado
resultaba ajeno a los cargos fijados con la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, por lo que no debía ser objeto de estudio en sede de revisión, pues ello
implicaría desconocer el derecho de defensa y contradicción de la parte demandada
en el litigio ordinario, al sorprenderla con un aspecto frente al cual no tuvo la
oportunidad de pronunciarse.

54. En suma, la parte recurrente no demostró la configuración de la causal
invocada –numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011- y, por ende, el recurso
extraordinario de revisión formulado por los recurrentes carece de fundamento y así
se declarará.

41 Corte Constitucional, Sala Plena, auto del 8 de octubre de 2002, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, exp:

T-576220.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 20 de octubre

de 2016, C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, exp: 2016-0044-00.
43 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-167 del 18 de mayo de 2023, M.P.: Diana Fajardo

Rivera, exp: T-8.473.096.
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de 2011)

Costas

55. De conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 44,
en concordancia con el artículo 365 del CGP, se condenará en costas cuando se
declare infundado el recurso extraordinario de revisión, tal como ocurrió en este
asunto.

56. Así las cosas, se condenará en costas a los recurrentes señores Óscar
Orlando Quintero Lozano, Hans Orlando Quintero López, Enith López López y
Valeria Quintero López -quien interpuso el recurso extraordinario de la referencia
cuando ya había cumplido la mayoría de edad, al punto que confirió poder al
respectivo apoderado para que la representara judicialmente ante esta Corporación-
. Las referidas personas pagarán45 las costas que se hubieren causado en el
presente caso.

57. Al respecto, la Sala precisa que el recurso de revisión con fundamento en la
causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 tiene como propósito que se anule
el fallo pertinente y se devuelva el proceso a la autoridad respectiva para que
“rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda”.

58. En ese orden de ideas, los recursos extraordinarios de la referencia
promovidos en tales términos cobijan en iguales condiciones a todos los
recurrentes, pues tienen como finalidad la revisión del fallo, al margen de las
decisiones que se adopten por el juzgador de instancia en el evento de que prospere
la causal derivada de la nulidad de la sentencia.

59. Aclarado lo anterior, en lo relacionado con las agencias en derecho como
elemento integrante de las costas, la Sala advierte que el Consejo Superior de la
Judicatura, en el numeral 9 del artículo 5 del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 201646,
fijó las tarifas frente a los recursos extraordinarios de revisión entre 1 y 20 salarios
mínimos legales mensuales vigentes -en lo subsiguiente, smmlv-.

60. En el sub lite la Procuraduría General de la Nación compareció ante esta
Corporación en sede extraordinaria mediante su correspondiente apoderado
judicial, quien tuvo a su cargo la vigilancia del proceso y desplegó actuaciones como
las relacionadas con la oposición del recurso extraordinario de revisión, por lo que
la fijación de agencias en derecho resulta procedente47.

44 “Artículo 255. Sentencia. (Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021) Vencido

el período probatorio se dictará sentencia. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará
en costas y perjuicios al recurrente” (se destaca).
45 El numeral 6 del artículo 365 del CGP señala: “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos

y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se
sujetará a las siguientes reglas:
(…) 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas
por partes iguales entre ellos (…)” (se destaca).
46 El recurso de revisión se presentó el 17 de febrero de 2020, fecha posterior a la entrada en vigor

del Acuerdo 10554 de 2016.
47 Criterio que ha reiterado la Sala Veinticinco Especial de Decisión en las sentencias de 6 de marzo

de 2018, exp: 201501542 (REV) y 201602187 (REV) y sentencia de 2 de julio de 2019, exp:
20160292900 (REV).
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Recurrente: Óscar Orlando Quintero Lozano y otros
Opositor: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

61. Así las cosas, a cargo de la parte recurrente, se fijan las agencias en derecho
en un (1) smlmv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, suma que se
reconocerá a favor de la Procuraduría General de la Nación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
presentado por los señores Óscar Orlando Quintero Lozano, Hans Orlando Quintero
López, Enith López López y Valeria Quintero López contra la sentencia de única
instancia dictada el 25 de julio de 2024, por la Sección Primera del Consejo de
Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001- 03-24-000-2014-00421-00.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, señores Óscar Orlando
Quintero Lozano, Hans Orlando Quintero López, Enith López López y Valeria
Quintero López, las cuales serán liquidadas por la Secretaría General del Consejo
de Estado, teniendo en consideración las expensas demostradas en el proceso.

Por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte recurrente se fija el monto
equivalente a un (1) smlmv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, para la
Nación-Procuraduría General de la Nación.

TERCERO: Cumplido lo anterior, el expediente debe regresar al despacho del
consejero ponente para considerar la aprobación de la liquidación de la condena en
costas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ ELIZABETH BECERRA CORNEJO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILSON RAMOS GIRÓN

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF
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