Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04127-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04127-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04127-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
31 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04127-00
Demandante: ÓSCAR ORLANDO QUINTERO LOZANO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SALA ESPECIAL DE DECISIÓN
No. 25
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente la
acción por no superar el requisito de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Óscar Orlando Quintero Lozano, actuando en nombre propio y
como apoderado de los señores Hans Orlando Quintero López, Enith López
López y Valeria Quintero López, interpuso acción de tutela contra la Sala Especial
de Decisión No. 25 del Consejo de Estado. Con la solicitud de amparo pretende
la protección de su derecho fundamental al debido proceso.
2. La anterior garantía la consideró vulnerada con ocasión de la sentencia del
11 de junio de 2025, proferida por la autoridad judicial accionada. Mediante esta
decisión se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión con radicado
11001-03-15-000-2024-07023-00, el cual fue presentado por los accionantes
contra la sentencia de única instancia dictada el 25 de julio de 2024 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
de derecho con radicado 11001- 03-24-000-2014-00421-00.
1.2. Pretensión
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
Por todo lo anteriormente anotado y relacionado, mi pretensión estriba en la tutela
1 Modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025.
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Demandante: Óscar Orlando Quintero Lozano
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 25
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04127-00
de mis derechos y de contera se disponga y se ordene que por parte de la oficina
respectiva se realice una nueva valoración jurídico-legal, donde se tenga en
consideración todos los aspectos facticos, jurídicos y doctrinales expuestos.2
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia de la siguiente manera:
5. El Juzgado 20 Penal de Circuito Judicial de Cali, mediante sentencia del 24
de abril del 2000, condenó al señor Oscar Orlando Quintero Lozano a 44 meses
de prisión y multa por la suma de $8.153.040 por los delitos de cohecho, falso
testimonio y fraude procesal. Asimismo, dispuso la «interdicción de derechos y
funciones públicas por un término legal al de la pena de prisión».
6. La anterior decisión fue modificada por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cali quien, en providencia del 28 de marzo de 2001, aumentó la
condena a 56 meses de prisión y el valor de la multa a $8.492.750, así como 56
meses de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas.
7. En enero del 2010, el señor Quintero Lozano, al solicitar el certificado de
antecedentes disciplinarios que le fue requerido para reanudar su actividad
laboral, se percató de que se encontraba registrada una inhabilidad en su contra
que inició el 25 de enero de 2005 y finalizaba el 25 de enero de 2015. Por tal
razón, elevó una petición ante la Procuraduría General de la Nación en la solicitó
el levantamiento de la inscripción de dicha sanción.
8. Mediante la Resolución No. 119 del 14 de agosto de 2012, la citada entidad
negó el requerimiento hecho por el actor, decisión que fue confirmada en la
Resolución No. 131-2012 del 17 de mayo de 2013 proferida el Procurador
General de la Nación, con fundamento en que dicha inhabilidad no corresponde
a la que le fue impuesta en la sentencia condenatoria, en cuanto el numeral 1 del
artículo 38 de la Ley 734 de 20023 «no dice que las sanciones allí referidas deben
permanecer en el certificado de antecedentes por 10 años, sino diáfanamente
señala que quien se halle en la situación fáctica prevista en esa disposición se
hace acreedor, por ese solo hecho, a una inhabilidad para el ejercicio de cargos
públicos por el término de 10 años contados desde la ejecutoria del fallo que
impuso la pena».
2 Transcripción literal que puede contener errores.
3 ARTÍCULO 38. OTRAS INHABILIDADES. También constituyen inhabilidades para desempeñar
cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes: 1. Además de la descrita en el
inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa de
la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que
se trate de delito político.
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9. Por lo anterior, el señor Quintero Lozano y su grupo familiar4 presentaron
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría
General de la Nación, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos que negaron la solicitud de levantamiento de la sanción
disciplinaria y la reparación de los perjuicios causados, con fundamento en 3
razones: i) el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 se refiere a
inhabilidades diferentes a las que generan las «prohibiciones y deberes» que
están taxativamente en previstas en la ley, iii) la sanción debe tener como fecha
de finalización una distinta a la señalada en el certificado de antecedentes5 y, iii)
el legislador no dispuso expresamente que la situación fáctica consagrada en la
citada norma generara automáticamente una inhabilidad por 10 años, por lo que
la autoridad disciplinaria no podía darle dicho alcance.
10. Al proceso se le asignó el radicado 11001- 03-24-000-2014-00421-00 y fue
conocido en única instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado quien,
en providencia del 25 de julio de 2024, negó las pretensiones de la demanda.
Para fundamentar su decisión, señaló que la interdicción de derechos y funciones
públicas impuesta al accionante fue proferida por el juez penal de manera
concomitante con la privación de la libertad y tenía un fundamento normativo
distinto al establecido en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002.
11. Por lo anterior, aclaró que, aunque la inhabilidad reflejada en el
correspondiente certificado de antecedentes se derivaba del respectivo fallo
condenatorio, lo cierto es que se fundó en la citada disposición normativa, motivo
por el cual no era necesario adelantar proceso disciplinario alguno.
12. Asimismo, resaltó que la norma no disponía que la sanción tuviese un
término de duración igual a la pena privativa de la libertad, por el contrario, el
alcance de la disposición implica la imposibilidad de acceder a un cargo público
si dentro de los 10 años anteriores la persona fue condenada a más de 4 años
de prisión, cuyo término se computa a partir de la ejecutoria del respectivo fallo
penal, por lo que la sanción finalizaba el 25 de enero de 2015.
13. Inconforme con la decisión, Quintero Lozano y su grupo familiar presentaron
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 25 de junio de 2024
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado con fundamento en la
causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 20116, por la presunta vulneración al
debido proceso dado que, en su sentir, se desconoció el principio de congruencia
de la sentencia porque el juez ordinario no se pronunció sobre todos los
argumentos esbozados en la adición de los alegatos de conclusión.
4 Conformado por el señor Hans Orlando Quintero López, Enith López López y su hija Valeria
Quintero López.
5 En el escrito no indicó expresamente cuál debería ser la fecha de finalización.
6 ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, son causales de revisión: (…) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
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14. Señalaron que en la providencia reprochada no se explicaron las razones
por las cuales el señor Quintero Lozano fue inhabilitado por 10 años del ejercicio
de cargos públicos, motivo por el cual la sentencia carece de fundamentos
fácticos y jurídicos, máxime cuando la norma ni siquiera dispuso dicha sanción.
15. Refirieron que «lo que quiso decirse por parte del legislador fue que la
inhabilidad se configuraba si dentro de los diez años anteriores a la potencial
ocupación de un cargo público, el personaje de marras hubiese sido condenado
a pena de prisión superior a cuatro años». Finalmente, indicaron que en la adición
a los alegatos pidieron la aplicación del principio de favorabilidad de la ley
disciplinaria, aspecto que no fue objeto de pronunciamiento en la sentencia.
16. Al proceso se le asignó el radicado 11001-03-15-000-2024-07023-00 y le
correspondió a la Sala Especial de Decisión No. 25 del Consejo de Estado,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 11 de junio de 2025, declaró
infundado el recurso. Al respecto, señaló que frente al presunto desconocimiento
del principio de congruencia, consideró que en el fallo objeto de revisión sí se
explicaron las razones por las cuales al señor Quintero Lozano se le inhabilitó por
el período de 10 años para ejercer cargos públicos, para lo cual se indicó que
dicha sanción era distinta a la derivada de la condena accesoria que se dictó en
el marco del proceso penal que se adelantó en su contra, de ahí que el término
de duración y el fundamento normativo de una y otra inhabilitación eran
diferentes.
17. Por otra parte, sobre los reproches por presuntamente haber omitido
pronunciarse frente a los argumentos expuestos en la adición de los alegatos de
conclusión, específicamente sobre la aplicación del principio de favorabilidad,
indicó que la Sección Primera del Consejo de Estado no estaba en la obligación
de pronunciarse sobre ese aspecto, dado que el escrito de adición de alegatos
fue extemporáneo7 y, en todo caso, no fue un argumento planteado en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
18. Finalmente, precisó que por medio de los alegatos de conclusión no se
puede adicionar cargos a la demanda o agregar motivos de defensa que no
fueron expuestos en la etapa procesal respectiva, pues de aceptarse se
vulneraría el derecho al debido proceso de la contraparte que no tuvo la
oportunidad de pronunciarse sobre los nuevos reproches.
1.4. Sustento de la vulneración
19. La parte actora insistió que su posición dentro del proceso ordinario no fue
desvirtuada, ni le fue explicada la razón por la cual el señor Quintero Lozano fue
7 Sobre este punto, precisó que en la audiencia inicial celebrada el 9 de febrero de 2018 le fue
concedido a las partes el término de 10 días para presentar alegatos de conclusión. En ese
sentido, el término transcurrió del 12 al 23 de febrero del 2018 y el escrito fue radicado el 23 de
julio de 2022.
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inhabilitado por 10 años del ejercicio de funciones públicas, aunado a que la Ley
734 de 2002 no consagró expresamente dicha sanción.
20. Indicó que la sentencia del 11 de junio de 2025 dictada por la Sala Especial
de Decisión No. 25 del Consejo de Estado, al decir «escuetamente» que la
sanción derivada de la condena penal es distinta a la inhabilidad disciplinaria, no
constituye una explicación razonada frente a sus reproches, pues el término de
la norma «solo constituye un límite, un punto de partida de 10 años pero hacia
atrás, no hacia adelante».
21. Refirió que, pese a haber presentado la adición de los alegatos de
conclusión de manera extemporánea, dicho memorial fue radicado dos años
antes de haberse proferido sentencia de única instancia, motivo por el cual, en
virtud de principio de prevalencia del derecho sustancial, era deber del juez
ordinario tener en cuenta sus argumentos para proferir sentencia.
1.5. Trámite de la tutela
22. Por medio del auto del 8 de julio de 2025, el despacho ponente de esta
decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar como
entidad accionada a la Sala Especial de Decisión No. 25 del Consejo de Estado.
Asimismo, dispuso vincular como terceros con interés a la Sección Primera de
esta corporación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, en los términos que establece el artículo 610 del
CGP.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Sala Especial de Decisión No. 25 del Consejo de Estado
23. Luego de hacer un recuento del debate planteado al interior del recurso
extraordinario de revisión cuya decisión es objeto de reproche, el magistrado
ponente de la decisión indicó que la presente acción de tutela no satisface el
requisito de relevancia constitucional, dado que la parte actora no alegó la
configuración de algún defecto específico para que proceda el amparo solicitado
y, en todo caso, la sentencia cuestionada no se vulneró el derecho fundamental
invocado.
24. Señaló que, frente a la supuesta violación del debido proceso por no
haberse explicado lo relativo a la inhabilidad del señor Quintero Lozano por el
lapso de diez años, se trata del mismo cargo que la parte actora expuso en el
escrito contentivo del recurso extraordinario de revisión que decidió la Sala
Especial de Decisión No. 25. En ese orden de ideas, es evidente que los
accionantes insisten en una interpretación particular del numeral 1 del artículo 38
de la Ley 734 de 2002, lo cual llevó a que en sede extraordinaria de revisión se
considerara que en realidad los recurrentes pretendían promover una instancia
adicional del litigio ordinario porque la sentencia censurada fue adversa a sus
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intereses, lo cual no constituía causal de revisión alguna.
25. Asimismo, refirió que, aún si se considera que los demandantes podían
mejorar los argumentos planteados en la etapa de alegatos hasta antes de que
se profiriera el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que en
dicha fase procesal a los demandantes pueden adicionar los cargos de la
demanda y, por lo tanto, no se trataba de un punto sobre el cual debía
pronunciarse el juez ordinario.
26. Finalmente, agregó que el fallo de revisión se edificó bajo la argumentación
de que la parte recurrente no acreditó la configuración de la causal invocada y,
por ende, el recurso extraordinario debía declararse infundado. En ese sentido,
no se desconoció el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes,
toda vez que la referida providencia se dictó luego de agotadas cada una de las
etapas previstas en la ley y con base en el material probatorio que obraba en el
expediente.
1.6.2. Procuraduría General de la Nación
27. Indicó que no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, dado
que, de conformidad con la sentencia del 11 de junio de 2025 proferida al interior
del recurso extraordinario de revisión, en el fallo objeto de revisión se explicó que
en la sentencia del proceso ordinario se señaló claramente que el numeral 1 del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002 no tenía el alcance normativo que la parte
recurrente pretendía otorgarle, en cuanto dicha disposición lo que significaba era
que la persona condenada penalmente se hacía merecedora de inhabilidad
cuando cometiera delitos dolosos con pena privativa de la libertad mayor a 4
años, al margen de la pena accesoria que la respectiva autoridad judicial
dispusiera en el fallo penal.
1.7. Manifestación de impedimento
28. Mediante escrito enviado el 29 de julio de 2025, el magistrado Omar Joaquín
Barreto Suárez manifestó su impedimento para conocer y decidir el presente
mecanismo constitucional, con fundamento en la causal contemplada en el
numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, dado que hizo parte
de la Sala Especial de Decisión No. 25 del Consejo de Estado que profirió la
sentencia del 11 de junio de 2025, la cual se cuestiona en esta acción de tutela.
29. Por auto del 31 de julio de 2025 declarará fundado el impedimento debido
a que se encontró configurada la causal, por lo que el magistrado Barreto Suárez
será apartado de la Sala de decisión que resuelva este caso.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04127-00
30. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada
por la parte actora contra la Sala Especial de Decisión No. 25 del Consejo de
Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos
333 de 2021 y 799 de 2025, así como con el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
31. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
32. La Sala considera que los señores Óscar Orlando Quintero Lozano, Hans
Orlando Quintero López, Enith López López y Valeria Quintero López están
legitimados en la causa por activa, porque fue la parte demandante en el recurso
extraordinario de revisión en el que se dictó la providencia que se reprocha
mediante esta vía.
33. Por otro lado, se evidencia que la Sala Especial de Decisión No. 25 del
Consejo de Estado está legitimada en la causa por pasiva, por haber proferido la
decisión reprochada mediante el presente mecanismo constitucional.
2.3. Problema jurídico
34. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; la sala deberá
determinar si confirma, revoca o modifica la decisión de primera instancia. Para
tal efecto, se resolverán los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?
35. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala examinará
lo siguiente:
36. ¿La Sala Especial de Decisión No. 25 del Consejo de Estado vulneró el
derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante con ocasión de
la sentencia proferida el 11 de junio de 2025?
37. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia de excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de
superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso en concreto.
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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20128. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema9. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales10.
39. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201411. En esta sentencia
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia12 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la siguiente
manera:
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del
2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate
de sentencias de tutela.
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40. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
41. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
42. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
43. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
44. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional13.
45. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en
una tercera instancia.
46. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
47. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».
48. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
49. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.6. Relevancia constitucional en el caso en concreto
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Demandante: Óscar Orlando Quintero Lozano
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 25
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04127-00
50. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
el requisito de relevancia constitucional, dado que carece de la carga
argumentativa requerida para que proceda un estudio de fondo y porque la
demanda refleja una simple inconformidad con lo decidido por los jueces de
instancia.
51. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte
demandante reprochó la sentencia del 11 de junio de 2025 proferida por la Sala
Especial de Decisión No. 25 del Consejo de Estado. Mediante esta providencia
se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión que fue formulado
contra la sentencia de única instancia dictada el 25 de julio de 2024 por la Sección
Primera del Consejo de Estado.
52. En su sentir, la sentencia no explica la razón por la cual el señor Óscar
Orlando Quintero Lozano fue inhabilitado por 10 años para ejercer funciones
públicas, máxime cuando la Ley 734 de 2002 no contempla expresamente dicha
sanción. Sostuvo que la diferencia entre la sanción penal y la sanción disciplinaria
no fue explicada razonadamente, ya que el término de la norma «solo constituye
un límite, un punto de partida de 10 años pero hacia atrás, no hacia adelante».
53. Finalmente, insistió en que la adición de los alegatos de conclusión debió
ser tenida en cuenta por la Sección Primera del Consejo de Estado al interior del
proceso ordinario, pues pese a que fue radicado de manera extemporánea, la
sentencia fue proferida dos años después de su presentación.
54. Precisado lo anterior, para la Sala resulta evidente que lo pretendido por la
parte actora no es controvertir la sentencia del del 11 de junio de 2025 proferida
por la Sala Especial de Decisión No. 25 del Consejo de Estado desde una
perspectiva constitucional e iusfundamental. Por el contrario, busca reabrir el
debate ordinario y constituir una instancia adicional al proceso ordinario. Esto,
debido a que en el escrito de tutela puso de presente los mismos reproches que
fueron formulados al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho y reiterados en el recurso extraordinario de revisión.
55. A su vez, se advierte que el escrito de tutela no cuenta con la carga
argumentativa mínima para que proceda un estudio de fondo por parte del juez
constitucional, dado que ni siquiera le fue atribuido defecto alguno a la
providencia que dice cuestionar mediante la presente acción constitucional. Lo
anterior, debido a que de la lectura integral de la demanda se advierte que el
grupo actor simplemente se limitó a citar extractos de la sentencia y a reiterar los
reproches formulados al interior del proceso ordinario y del recurso extraordinario
de revisión, sin siquiera explicar sumariamente las razones por las cuales
consideró vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.
56. Además, es relevante indicar que, cuando se cuestiona una providencia de
una alta corte, la procedencia es aún más excepcional y debe ser más restrictivo
su análisis, teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de
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Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 25
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04127-00
cierre. Por lo tanto, se requiere una carga argumentativa mayor por parte del
accionante.
57. En consecuencia, la Sala evidencia que los reproches formulados por el
actor reflejan una mera inconformidad con la decisión del juez de instancia. Por
lo tanto, se advierte que formular un simple desacuerdo con una decisión judicial
y, sumado a ello, alegar la vulneración de garantías fundamentales, no conlleva
que el asunto puesto en conocimiento revista necesariamente relevancia
constitucional. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial medie un
ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al
alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.
58. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal y/o
económico, o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales.
59. En definitiva, se reitera que para la Sala resulta evidente que la presente
acción tutela y los cargos que aduce la parte actora, son una mera inconformidad
por lo decidido por el juez natural de la causa. Por ende, la Sala declarará la
improcedencia por no superar el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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Demandante: Óscar Orlando Quintero Lozano
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 25
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04127-00
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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