Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00421-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00421-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2014-00421-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
25 de julio de 2024
Radicación: 11001 0324 000 2014 00421 00
Demandante: Oscar Orlando Quintero
Lozano y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001 03 24 000 2014 00421 00
Demandante: OSCAR ORLANDO QUINTERO LOZANO Y OTROS
Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Tesis: No es nulo, por vulneración de norma superior, el acto
administrativo que negó la cancelación del registro de
una inhabilidad que se derivó de una sentencia que
impuso una condena de pena de prisión superior a cuatro
años.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por la parte actora en contra de
la Procuraduría General de la Nación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Por conducto de apoderado judicial, los señores Oscar Orlando Quintero
Lozano, Hans Orlando Quintero López y Enith López López, esta última
quien actúa en nombre propio y en representación de su hija,
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Radicación: 11001 0324 000 2014 00421 00
Demandante: Oscar Orlando Quintero
Lozano y otros
promovieron demanda bajo el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto por el artículo 138 del CPACA, para
lo cual formularon las siguientes pretensiones1:
“[…] 1. Que es nula la Resolución nro. 119 del 13 de agosto de 2012
expedida por la Viceprocuradora General de la Nación mediante la cual se
resolvió negativamente la petición de cancelación del registro de
inhabilidad que a nombre del demandante figuran en la base de datos del
sistema de registro de sanciones e inhabilidades (SIR) (sic).
2. Que es nula la providencia de fecha 17 de mayo de 2013 proferida por
el señor Procurador General de la Nación que confirmó la resolución
anterior.
3. Que como consecuencia de la declaración anterior se ordene a la
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN (…) se corrija del certificado
ANTECEDENTES ordinario EL REGISTRO DE INHABILIDAD que aparece,
ya que ella se cumplió con la sanción impuesta por el H. Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali (Valle).
4. Que como consecuencia de esta declaración, se reconozcan y paguen
los perjuicios materiales y morales causados e igual los perjuicios por
violación a bienes o intereses constitucionales como consecuencia de la
falla del servicio en que incurrió la PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACIÓN, ampliamente reconocidos por la jurisprudencia del Consejo de
Estado y la Corte Constitucional.
5. Que las sumas reconocidas sean actualizadas de conformidad con lo
previsto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, aplicando la fórmula aceptada por el H.
Consejo de Estado.
6. Que se condene a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN al pago
de las costas y agencias en derecho […]”.
1.2. Hechos2
La parte actora sostuvo que, mediante sentencia proferida por el Juzgado
20 Penal del Circuito de Cali, se condenó a Oscar Orlando Quintero Lozano
1
Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2014 00421 00. Archivo “DEMANDAYANEXOS-
DEMANDA”.
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Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2014 00421 00. Archivo “DEMANDAYANEXOS-
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Radicación: 11001 0324 000 2014 00421 00
Demandante: Oscar Orlando Quintero
Lozano y otros
a la pena principal de 44 meses de prisión y a una multa de $8.153.040,
así como a la “interdicción de derechos y funciones públicas por un
término legal al de la pena de prisión”.
Añadió que contra la precitada decisión se presentó recurso de apelación
“y mediante sentencia de fecha 28 de marzo de 2001 aumentó a 56 meses
la pena y una multa por la suma de $8.492.750 y accesoria de interdicción
de derechos y funciones públicas por idéntico período al de la sanción”.
Expuso que, concluido el lapso de la inhabilidad, esto es, cinco años, en
el mes de enero de 2010 el señor Orlando Quintero quiso reanudar la
actividad laboral para lo cual le fue exigido el certificado de antecedentes
disciplinarios, “[…] al cual tiene acceso cualquier ciudadano mediante la
página web de la Procuraduría General de la Nación y su sistema SIR (sic),
encontrándose con la sorpresa de figurar en su contra una nueva
inhabilidad de la siguiente forma, tal cual arroja el pantallazo de la
consulta:
[…]”.
Por lo anterior, a través de derecho de petición se solicitó “que fuera
levantado del sistema el registro de inhabilidad ya que la condena que
había generado dicha inhabilidad había sido cumplida”.
Explicó que la petición fue resuelta negativamente mediante la Resolución
nro. 119 del 13 de agosto de 2012, decisión que fue confirmada el 17 de
mayo de 2013 por el Procurador General de la Nación. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734
de 2002, al considerar que “dicha inhabilidad no corresponde a la que fue
impuesta al peticionario en la sentencia condenatoria” y que la precitada
disposición “no dice que las sanciones allí referidas deben permanecer en
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Radicación: 11001 0324 000 2014 00421 00
Demandante: Oscar Orlando Quintero
Lozano y otros
el certificado de antecedentes por 10 años, sino diáfanamente señala que
quien se halle en la situación fáctica prevista en esa disposición se hace
acreedor, por ese solo hecho, a una inhabilidad para el ejercicio de cargos
públicos por el término de 10 años contados desde la ejecutoria del fallo
que impuso la pena”.
1.3. Normas infringidas y concepto de la violación3
Invocó como vulnerados los artículos 14, 15, 21, 25, 26, 29, 67 y 90 de
la Constitución Política y los artículos 48, 69, 129, 138, 140, 155 y 163
de Ley 734 de 2002.
Alegó que el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, al señalar
“otras inhabilidades”, se refiere a aquellas distintas “a las que genera las
prohibiciones y deberes de los servidores públicos que taxativamente”
estaban previstas en la Ley 734 de 2002, y agregó que “de hecho, hace
relación a la que impone el juez penal al emitir una sentencia condenatoria
y que trae o consagra el respectivo tipo penal que por su transgresión
amerita la sanción penal por lo que de forma paralela o coetánea es
impuesta y que se materializa obviamente “a partir de la ejecutoria del
fallo” (…)”.
Añadió que “el componente normativo de aquella premisa que hace
relación a “dentro de los diez años anteriores” es obvio que supone un
punto de partida o de referencia hacia atrás; de suyo el término
“anteriores” tal aspecto significa; es apodíctico”.
Explicó que la Procuraduría General de la Nación negó el levantamiento
de la inhabilidad por considerar que el numeral 1 del artículo 38 de la Ley
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Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2014 00421 00. Archivo “DEMANDAYANEXOS-
DEMANDA”.
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Radicación: 11001 0324 000 2014 00421 00
Demandante: Oscar Orlando Quintero
Lozano y otros
734 de 2002 establecía “(...) “diáfanamente que quien se halle en la
situación fáctica prevista en esa disposición se hace acreedor, por ese solo
hecho, a una inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por el término
de 10 años, contados desde la ejecutoria del fallo que impuso la pena”, lo
que, sin hesitación alguna, no corresponde a la realidad, ya que si el
legislador hubiese querido significar tal cosa, sencillamente lo había
consignado así en el cuerpo normativo, como verbigracia lo hizo en el
parágrafo 2 del mismo artículo (...)”.
Sostuvo que “(…) lo que consagra el artículo 38-1 del Código Disciplinario
Único es que efectivamente el “haber sido condenado a pena privativa de
la libertad mayor de cuatro años por delito doloso…salvo que se trate de
delito político” igual constituye inhabilidad “dentro de los diez años
anteriores”; en ningún momento (…) reza lo que argumentó (…) el
Procurador General de la Nación en su providencia respecto que
“diáfanamente señala que quien se halle en la situación fáctica prevista
en esa disposición se hace acreedor, por ese solo hecho, a una inhabilidad
para el ejercicio de cargos públicos por el término de 10 años, contados
desde la ejecutoria del fallo que impuso la pena” (…)”.
Indicó que los actos acusados le causaron un grave perjuicio, puesto que
no ha podido acceder a ningún cargo público.
Agregó que “la nueva sanción establecida en el presente proceso (Ley 734
de 2002) es una violación ostensible al debido proceso, pues fue aplicada
sin procedimiento disciplinario alguno, sino que la conoció en el momento
de acceder a la página web de la Contraloría (sic) en consulta de sus
antecedentes para cumplir requisitos de un nuevo trabajo”.
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Radicación: 11001 0324 000 2014 00421 00
Demandante: Oscar Orlando Quintero
Lozano y otros
II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
2.1. La demanda fue radicada el 10 de febrero de 2014 y correspondió
por reparto al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cali que,
en auto del 2 de mayo de 2014, lo remitió por competencia al Consejo de
Estado, con fundamento en el numeral segundo del artículo 149 de la Ley
1437 de 20114.
2.2. Una vez recibida la demanda en esta Corporación, por auto del 25 de
febrero de 2016, el despacho de conocimiento de la Sección Primera la
admitió y dispuso notificar personalmente a la Procuraduría General de la
Nación5.
2.3. Contestación de la demanda6
La Procuraduría General de la Nación, actuando por conducto de
apoderado, indicó que el tema de debate radicaba en el alcance del
numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002.
Alegó que la parte actora hizo una interpretación errada de la precitada
disposición y que no era cierto que la Procuraduría General de la Nación
impuso una nueva inhabilidad, en la medida en que lo registrado en el
certificado fue en cumplimiento de lo previsto por el numeral 1 del artículo
38 de la Ley 734 de 2002.
Explicó que la inhabilidad para desempeñar cargos públicos a la que se
refiere la parte demandante “debió permanecer en el certificado ordinario
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Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2014 00421 00. Archivo “REMITEPORCOMPETENCIA”.
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Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2014 00421 00. Archivo “ADMITEDEMANDA”.
6
Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2014 00421 00. Archivo “CONTESTACIÓNDEMANDA”.
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Radicación: 11001 0324 000 2014 00421 00
Demandante: Oscar Orlando Quintero
Lozano y otros
por el término de 10 años, por expreso mandato legal tal como lo ordena
el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en tanto, es de
aquellas de las que se encuentran señaladas en la ley y que no fueron
impuestas dentro de un proceso sancionatorio, y que, para este caso, se
encuentra enmarcada en dicha norma”.
Agregó que, por lo anterior, y acorde con el numeral 1 del artículo 38 de
la Ley 734 de 2002, “se establece que dicha inhabilidad se presenta
cuando existe una condena de pena privativa de la libertad superior a
cuatro años, lo que sucede en el caso concreto; dicha inhabilidad tendrá
una duración de diez años contados a partir de la ejecución de la sanción,
la cual para el caso fue el 26/01/05, así las cosas desde allí se comienzan
a contar los diez años de duración de la citada inhabilidad, la cual como
lo indica su certificado disciplinario finalizará el 25/01/2015”.
Expuso que, conforme con lo dispuesto en la Resolución nro. 143 de 2002,
modificada por la Resolución nro. 156 de 2003, el certificado de
antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación era el
documento que certificaba las sanciones disciplinarias e inhabilidades
derivadas de las condenas penales o disciplinarias, de las relaciones
contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal y de
las declaraciones de pérdida de investidura que respecto de una persona
existieran en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y
Causas de Inhabilidad (SIRI).
2.4. Por auto del 31 de enero de 2018, el despacho de conocimiento fijó
fecha para llevar a cabo la audiencia inicial el día 9 de febrero de 20187.
2.5. En la fecha establecida se celebró la audiencia inicial; allí el despacho
de conocimiento negó la excepción de falta de legitimación en la causa
7
Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2014 00421 00. Archivo “AUTOFIJAFECHA”.
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Radicación: 11001 0324 000 2014 00421 00
Demandante: Oscar Orlando Quintero
Lozano y otros
por pasiva propuesta por la Procuraduría General de la Nación; fijó el
litigio; tuvo como pruebas las aportadas por las partes; prescindió de la
audiencia de pruebas y corrió traslado por el término de 10 días para que
las partes alegaran de conclusión8.
2.6. El apoderado de la parte actora descorrió el traslado en oportunidad,
para lo cual reiteró lo expuesto en la demanda e insistió en que, si la
intención del legislador fue la de crear una nueva inhabilidad con
fundamento en la impuesta por el juez penal, lo hubiese consignado
expresa y taxativamente, tal y como lo hizo con el “numeral 2”9.
2.7. El apoderado de la Procuraduría General de la Nación descorrió el
traslado en oportunidad, explicando que, una vez fue comunicada la
sanción impuesta al señor Quintero Lozano, la Procuraduría General de la
Nación actúo en cumplimiento del artículo 174 de la Ley 734 de 2002, y
reiteró que la inhabilidad que se reflejaba en el certificado de
antecedentes disciplinarios es la prevista en el numeral 1 del artículo 38
ibidem10.
2.8. El 24 de julio de 2024, el Consejero de Estado Germán Eduardo
Osorio Cifuentes manifestó su impedimento para conocer del presente
asunto por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 3 del
artículo 130 del CPACA, dado que “(…) quien es pariente del suscrito
dentro del segundo grado de consanguinidad (hermano), se encuentra
vinculado en el cargo de Procurador Judicial II en la Procuraduría General
de la Nación, parte demandada en el proceso de la referencia (…)”11.
8
Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2014 00421 00. Archivo “ACTAAUDIENCIAINICIAL”.
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Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2014 00421 00. Archivo “ALEGATOS”.
10
Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2014 00421 00. Archivo “ALEGATOS”.
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Visto en el índice 42 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2014 00421 00.
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Radicación: 11001 0324 000 2014 00421 00
Demandante: Oscar Orlando Quintero
Lozano y otros
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Cuestión previa
El Consejero de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó su
impedimento para conocer del presente asunto con fundamento en la
causal establecida en el numeral tercero del artículo 130 del CPACA,
atendiendo a que su hermano José Fernando Osorio Cifuentes es
Procurador Judicial II en la Procuraduría General de la Nación, entidad
que es parte en el presente proceso.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sostenido que 12 “[l]os
impedimentos están instituidos en nuestra legislación como garantía de
la imparcialidad que deben tener los funcionarios judiciales en el
desempeño de su labor” y “deben obedecer a criterios restrictivos y
dirigidos – teleológicamente – a la protección efectiva de la imparcialidad
de los jueces […]”.
El numeral tercero del artículo 130 del CPACA prevé que los jueces y
magistrados deberán declararse impedidos “(…) 3. Cuando el cónyuge,
compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez
hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único
civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles directivo,
asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran al
respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado”.
En consecuencia, para la configuración de esta causal, deben concurrir
dos elementos: 1) el parentesco y 2) que los referidos parientes sean
12
Cita en providencia del 23 de abril de 2019. Consejo de Estado. Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro.
11001-03-15-000-2018-00320-01.
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Radicación: 11001 0324 000 2014 00421 00
Demandante: Oscar Orlando Quintero
Lozano y otros
servidores públicos de una entidad pública que intervenga en el respectivo
proceso en calidad de parte o de tercero interesado.
En el caso concreto, conforme con los hechos que sustentan la
manifestación de impedimento, están acreditados ambos presupuestos,
por cuanto: (i) el señor José Fernando Osorio Cifuentes se encuentra en
segundo grado de consanguinidad con el Consejero de Estado Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, y (ii) según lo informó en el escrito de
impedimento, aquel ostenta el cargo de Procurador Judicial II en la
Procuraduría General de la Nación, entidad que fue vinculada en el
presente proceso.
Por lo señalado, la Sala declarará fundado el impedimento presentado por
el Consejero y, por ello, será separado del conocimiento del asunto.
3.2. Competencia
La Sección Primera de la Corporación es competente para conocer de este
asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 237 de la
Constitución Política, 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia- Ley 270 del 7 de marzo de 1996, 149 de la Ley 1437 de 2011
y 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201913, expedido por la Sala
Plena de la Corporación.
3.3. Hechos probados
En el proceso está acreditado lo siguiente14:
3.3.1. En sentencia proferida el 24 de abril de 2000 por el Juzgado Veinte
Penal del Circuito se condenó a Oscar Orlando Quintero Lozano a la pena
13
Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
14
Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2014 00421 00. Archivo “Anexos-demanda”.
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Radicación: 11001 0324 000 2014 00421 00
Demandante: Oscar Orlando Quintero
Lozano y otros
principal de 44 meses de prisión y multa de $8.153.040 y,
adicionalmente, “como penas principales se le impone al implicado
Quintero Lozano las de interdicción de derechos y funciones públicas por
un término igual al de la pena de prisión”.
3.3.2. Contra la precitada decisión se presentó recurso de apelación y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en sentencia del 28 de
marzo de 2001, modificó la condena impuesta al señor Oscar Orlando
Quintero Lozano en el sentido de declararlo “responsable de los hechos
punibles de cohecho propio, falso testimonio y fraude procesal, agotados
en concurso, a la pena principal de cincuenta y seis (56) meses de prisión
y multa por la suma de $8.492.750 y accesoria de interdicción de
derechos y funciones públicas por período idéntico al de la sanción
aflictiva o de prisión”.
3.3.3. En sentencia del 26 de enero de 2005, la Corte Suprema de Justicia
– Sala de Casación Penal resolvió no casar la providencia proferida el 28
de marzo de 2001 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali.
3.4. Los actos acusados15
(i) La Resolución nro. 119 del 13 de agosto de 2012, proferida por la
Viceprocuradora General de la Nación, que dispuso16:
“[…] PRIMERO. – Denegar la cancelación del registro de la inhabilidad que
a nombre del peticionario OSCAR ORLANDO QUINTERO LOZANO (…)
figuran en la base de datos del Sistema de Información de Registro de
Sanciones e Inhabilidades (SIRI), acorde con las previsiones del artículo
174 de la Ley 734 de 2002 y demás consideraciones realizadas en la parte
motiva de la presente decisión […]”.
15
Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2014 00421 00. Archivo “Anexos-demanda”.
16
Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2014 00421 00. Archivo “Anexos-demanda”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 0324 000 2014 00421 00
Demandante: Oscar Orlando Quintero
Lozano y otros
Lo anterior se fundamentó en las siguientes consideraciones17:
“[…] OSCAR ORLANDO QUINTERO LOZANO presentó una solicitud con el
fin de obtener la cancelación de la inhabilidad para desempeñar cargos
públicos por el término de diez (10) años que le aparece en el certificado
de antecedentes ordinario, como consecuencia de haber sido condenado
por el Juzgado Veinte Penal del Circuito a través de providencia del 24 de
abril de 2000 a pena privativa de la libertad por cincuenta y seis (56)
meses e interdicción de derechos y funciones públicas por igual término,
dicha sentencia fue confirmada en casación por la Corte Suprema de
Justicia y quedó en firme el 27 de enero de 2005.
(…)
La citada norma [numeral 1, artículo 38 de la Ley 734 de 2002] es clara
y es preciso advertir que dicha inhabilidad no corresponde a la que fue
impuesta al peticionario en la sentencia condenatoria. La inhabilidad para
el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años que le fue
impuesta al peticionario como pena accesoria, al igual que la pena
principal de prisión por el mismo término, fue excluida del certificado de
antecedentes con base en lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley 734 de
2002, el cual preceptúa que la anotación debe reflejarse en el certificado
ordinario de antecedentes por el término de cinco (5) años, contados a
partir de la fecha de ejecutoria de la providencia o sentencia condenatoria,
o si la condena es superior a los cinco (5) años, cuando se venza dicho
término.
La inhabilidad del numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 no
corresponde a una sanción impuesta como consecuencia de la comisión
de la conducta punible; se trata de un hecho o circunstancia que inhabilita
a la persona a acceder a la función pública cuando se dan las condiciones
previstas en la mencionada disposición. En efecto, el artículo 38-1 de la
Ley 734 de 2002 establece una inhabilidad por el término de 10 años,
para desempeñar cargos públicos siempre que: (i) la persona haya sido
condenada a pena privativa de la libertad, (ii) por delito doloso, no
político, (iii) la pena impuesta sea superior de cuatro (4) años de prisión.
En este evento la inhabilidad se genera a partir de la ejecutoria del fallo.
Conforme a los soportes documentales que dieron lugar al registro, resulta
claro que la situación del peticionario encuadra dentro de tales
parámetros; pues se advierte que mediante sentencia de fecha 24 de abril
de 2000, proferida por el Juzgado Veinte Penal del Circuito, el citado
peticionario fue condenado a la pena principal de sesenta (sic) (56) meses
-cuatro años y seis meses- de prisión y a la accesoria de interdicción de
derechos y funciones públicas por el mismo término, por los delitos de
17
Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0324 000 2014 00421 00. Archivo “Anexos-demanda”.
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Radicación: 11001 0324 000 2014 00421 00
Demandante: Oscar Orlando Quintero
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cohecho propio, fraude procesal y falso testimonio, sentencia ejecutoriada
el 26 de enero de 2005.
Así las cosas, el despacho no puede disponer la desanotación solicitada
porque desatendería palmariamente el lapso de vigencia del registro
estipulado por el CDU, en su artículo 174, en concordancia con el 38,
numeral 1, a menos que, se reitera, se produzca una de las indicadas
decisiones judiciales o administrativas, que dejen sin efectos la sentencia
que impuso la pena, que no es éste el caso […]”.
(ii) En contra de la precitada decisión, la parte interesada interpuso
recurso de apelación y el 17 de mayo de 2013 el Procurador General de
la Nación resolvió confirmarla, de conformidad con lo siguiente18:
“[…] El recurso de apelación presentado por el señor Quintero Lozano se
basa en que se le está haciendo una lectura equivocada al artículo 38 de
la Ley 734 de 2002, pues en su sentir dicha norma no crea una inhabilidad
nueva, sino que agrupa o compendia las inhabilidades existentes. En ese
sentido, el recurrente considera que el numeral 1 del mencionado artículo
tiene por objeto que se registren o se anoten las sanciones penales o
inhabilidades impuestas por las autoridades judiciales en los últimos 10
años, lo cual no significa una extensión de 10 años al término de la
inhabilidad ya causada pues ello atentaría contra los intereses del
destinatario de la sanción y sería contrario a los principios constitucionales
de debido proceso y de seguridad jurídica.
Ahora bien, contrario a lo que estima el recurrente, para este despacho
es absolutamente claro que el artículo 38 de la Ley 734 de 2002 sí crea
unas inhabilidades distintas a las contenidas en la Constitución y en otras
disposiciones legales, y a esa conclusión se llega a partir de una
interpretación gramatical de dicha norma. En efecto, de no ser así perdería
sentido que el artículo dijera “Otras inhabilidades. También constituyen
inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria
del fallo, las siguientes”, pues es claro que las expresiones subrayadas
hacen alusión a inhabilidades diferentes de las existentes en el
ordenamiento jurídico, lo que indefectiblemente conduce a deducir que se
trata de unas nuevas.
En esa línea, se debe poner de presente que el numeral 1 del artículo 38
de la Ley 734 de 2002 no dice que las sanciones penales allí referidas
deben permanecer en el certificado de antecedentes por 10 años, sino que
diáfanamente señala que quien se halle en la situación fáctica prevista en
esa disposición se hace acreedor, por ese solo hecho, a una inhabilidad
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para el ejercicio de cargos públicos por el término de 10 años, contados
desde la ejecutoria del fallo que impuso la pena.
(…)
Dicho lo anterior, se debe señalar que para este despacho la inhabilidad
impuesta en aplicación del numeral 1 del artículo 38 del CDU es
independiente de aquella que impuso el funcionario judicial como
consecuencia de la realización de una conducta punible -aunque se
fundamenta en ella-, pues una opera automáticamente por voluntad de la
ley para quien se halle en la situación descrita en la referida norma y la
otra supone su imposición por parte de una autoridad judicial. En ese
orden, es perfectamente viable, como de hecho ocurrió, que la inhabilidad
impuesta por la autoridad judicial sea excluida del certificado de
antecedentes mientras la otra permanezca allí consignada.
Por tal motivo, la inhabilidad que aparece registrada en el certificado de
antecedentes del señor Oscar Orlando Quintero Lozano se mantendrá
hasta tanto acaezca el término de 10 años descrito en la referida norma
que sería hasta el 25 de enero de 2015 o hasta que se produzca una
decisión judicial o administrativa que deje sin efectos la pena de prisión
que le sirvió de fundamento […]”.
3.5. Análisis de la Sala
En el asunto bajo examen, el demandante pretende que se declare la
nulidad de los actos acusados que denegaron la cancelación del registro
de una inhabilidad, con fundamento en los siguientes argumentos:
(i) El numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, si bien establecía
una inhabilidad, ésta se refería “a la que impone el juez penal al emitir
una sentencia condenatoria y que trae o consagra el respectivo tipo penal
que por su transgresión amerita la sanción penal por lo que de forma
paralela o coetánea es impuesta y que se materializa obviamente “a partir
de la ejecutoria del fallo (…)”; la Procuraduría General de la Nación
sostuvo que el mencionado artículo señalaba una inhabilidad distinta a la
que le fue impuesta en el proceso penal.
(ii) El numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 no establecía que
quien haya sido condenado a pena privativa de la libertad mayor a cuatro
años por delitos dolosos, por ese solo hecho, estaba inhabilitado para el
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ejercicio de cargos públicos por el término de 10 años contados desde la
ejecutoria del fallo que impuso la pena; mientras que la Procuraduría
General de la Nación expuso que dicha inhabilidad estaba señalada en la
ley, por lo que no fue impuesta en el marco de un proceso sancionatorio,
sino que se configuraba cuando se reunían los presupuestos allí previstos.
(iii) La “nueva sanción establecida en el presente proceso (Ley 734 de
2002) es una violación ostensible al debido proceso, pues fue aplicada sin
procedimiento disciplinario alguno”; por su parte, la Procuraduría General
de la Nación indicó que no era cierto que se haya impuesto una nueva
sanción, en la medida que lo registrado en el certificado fue en
cumplimiento de lo previsto en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734
de 2002.
(iv) El término de duración de la inhabilidad era hasta el año 2010 y no
2015, como lo indicó la Procuraduría General de la Nación, a lo que acotó
que “la condena que había generado dicha inhabilidad había sido
cumplida”.
En cuanto al primer argumento expuesto por la parte actora, la Sala
advierte que en el proceso está acreditado que el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, en sentencia del 28 de marzo de 2001, condenó
al señor Quintero Lozano a la pena principal de 56 meses de prisión, a
una multa por la suma de $8.492.750 y a la pena accesoria de interdicción
de derechos y funciones públicas por un período idéntico a la pena de
prisión.
En este punto, es pertinente destacar que la pena accesoria de
interdicción de derechos y funciones públicas se aplicaba con fundamento
en el artículo 52 del Decreto 100 de 198019 [norma vigente para la época
en la que se profirieron las sentencias que condenaron penalmente al
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“Por el cual se expide el nuevo Código Penal”.
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actor20], el cual establecía que “la pena de prisión implica que las
accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas, por un
período igual a la de la pena principal. Las demás penas accesorias serán
impuestas discrecionalmente por el juez, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 61”.
Igual situación ocurre en vigencia de la Ley 599 del 24 de julio de 2000
que, en el artículo 52, previó que “en todo caso, la pena de prisión
conllevará al accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas (…)”.
Por lo señalado, la Sala considera que no le asiste razón a la parte actora
cuando manifestó que la inhabilidad establecida por el numeral 1 del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002 era “la que impone el juez penal al
emitir una sentencia condenatoria y que trae o consagra el respectivo tipo
penal que por su transgresión amerita la sanción penal por lo que de
forma paralela o coetánea es impuesta y que se materializa obviamente
“a partir de la ejecutoria del fallo” (…)”, puesto que la sanción que fue
impuesta por el juez penal de manera concomitante con la pena de prisión
fue la de interdicción de derechos y funciones públicas, la cual tenía el
mismo término de duración de la pena de privación de la libertad, y un
fundamento normativo distinto a la inhabilidad del numeral 1 del artículo
38 de la Ley 734 de 2002.
Por otro lado, en cuanto al segundo y tercer argumento formulado por la
parte actora, la Sala estima que tampoco le asiste razón cuando alegó
que el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 no establecía que
quien haya sido condenado a pena privativa de la libertad mayor a cuatro
años por delitos dolosos, por ese solo hecho, estaba inhabilitado para el
ejercicio de cargos públicos por el término de 10 años contados desde la
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El artículo 476 de la Ley 599 del 24 de julio de 2000 señalaba que el “Código entrará
a regir un (1) año después de su promulgación”.
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ejecutoria del fallo que impuso la pena; ni frente a la inconformidad
relativa a que la “nueva sanción establecida en el presente proceso (Ley
734 de 2002) es una violación ostensible al debido proceso, pues fue
aplicada sin procedimiento disciplinario alguno”.
Lo anterior, dado que, mediante la Resolución 143 del 27 de mayo 200221,
la Procuraduría General de la Nación creó el sistema de información de
registro de sanciones y causas de inhabilidad (SIRI) y en el artículo
segundo ibidem se definió el registro como “la operación por medio de la
cual la Procuraduría General de la Nación, con fundamento en la
información que le reporten las autoridades, anota en la base de datos
SIRI los actos administrativos y sentencias que declaran causas de
inhabilidad e imponen sanciones que generan inhabilidad, temporal o
definitiva, para el ejercicio de funciones públicas y para celebrar contratos
con entidades del Estado, en los eventos establecidos en la ley”. (Se
destaca)
En ese sentido, se tiene que la sentencia proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali el 28 de marzo de 2001 declaró una causa de
inhabilidad que es precisamente la prevista en el numeral 1 del artículo
38 de la Ley 734 de 2002, en la medida en que condenó al señor Quintero
Lozano a la pena principal de 56 meses de prisión por incurrir en los
delitos de “cohecho propio, falso testimonio y fraude procesal, agotados
en concurso”, razón por la que debía registrarse en el mencionado sistema
de información para que apareciera reflejado en el certificado de
antecedentes disciplinarios. Adicionalmente, la inhabilidad enlistada en el
numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 se derivaba de la
sentencia penal, por lo que no era necesario que se adelantara un proceso
disciplinario.
21
“Por medio de la cual se reglamenta el sistema de información y registro de sanciones
disciplinarias y penales y de las inhabilidades derivadas de las relaciones contractuales
con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las declaraciones de pérdida de
investidura y lo relativo a la expedición de antecedentes disciplinarios en la Procuraduría
General de la Nación”.
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Por último, la parte actora alegó que el término de duración de la
inhabilidad era hasta el año 2010 y no 2015 como lo indicó la Procuraduría
General de la Nación. Luego, las partes no discuten la fecha de inicio de
la inhabilidad [2005], sino la fecha de finalización. Para el actor, la
inhabilidad terminó en 2010, ya que computó los cinco años equivalentes
a los que fue condenado a prisión; la Procuraduría General de la Nación
sostuvo que, conforme con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 38
de la Ley 734 de 2002, la inhabilidad tenía un término de duración de diez
años contados a partir de la ejecutoria del fallo.
Para resolver, la Sala recuerda que el numeral 1 del artículo 38 de la Ley
734 de 2002, norma vigente para la fecha en la que se profirieron los
actos demandados, establecía lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 38. OTRAS INHABILIDADES. También constituyen
inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria
del fallo, las siguientes:
1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la
Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad
mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores,
salvo que se trate de delito político […]”.
De esta manera, la Sala advierte que el numeral 1 del artículo 38 de la
Ley 734 de 2002, norma vigente para la fecha en que se profirieron los
actos acusados, no establecía que la inhabilidad allí señalada tuviese un
término de duración igual a la pena impuesta.
Por el contrario, lo que se observa es que el numeral 1 del artículo 38 de
la Ley 734 de 2002 enlistaba algunas inhabilidades, que corresponden a
aquellas circunstancias previstas en el ordenamiento jurídico que impiden
el acceso a un cargo público o su permanencia. Por lo tanto, cuando la
disposición establecía que la inhabilidad se configuraba por haber sido
condenado a una pena privativa de la libertad mayor a cuatro años por
delito doloso, “dentro de los diez años anteriores”, ello se traduce en la
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imposibilidad de acceder a un cargo público si dentro de los diez años
anteriores la persona fue condenada a pena prisión, inhabilidad que se
computa a partir de la ejecutoria del respectivo fallo.
Aunado a lo dicho, también debe tenerse en cuenta que el artículo 174 de
la Ley 734 de 2002 establecía que “la certificación de antecedentes deberá
contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los
cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se
refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento”, de manera que, para la fecha en la que se solicitó el
levantamiento, la inhabilidad aún estaba vigente y, por lo tanto, debía
permanecer en el registro de la Procuraduría General de la Nación.
En conclusión, la parte actora no logró desvirtuar la presunción de
legalidad que cobija a los actos acusados, razón por la que se negarán las
pretensiones de la demanda.
Por último, conforme con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no se
condenará en costas en la medida que no se demostró su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el
Consejero de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, atendiendo las
razones analizadas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por lo explicado en
la parte motiva.
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TERCERO: Sin condena en costas.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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