Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00863-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00863-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-00863-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
22 de mayo de 2024
Radicado: 25000-23-36-000-2015-00863-01 (59867)
Demandante: Edgar Manga Rubio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 25000-23-36-000-2015-00863-01 (59867)
Demandante: Edgar Manga Rubio
Demandado: La Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Tema: Responsabilidad del Estado por actuaciones de la administración de justicia – Defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia Subtema 1: daños causados con ocasión del decreto
de medida cautelar de embargo. Subtema 2: Ausencia de nexo causal entre el daño y las actuaciones
del despacho judicial demandado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 31 de mayo
de 2017, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Edgar Manga Rubio aduce que sufrió un daño causado por defectuoso
funcionamiento de administración de justicia del Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Facatativá, en concurrencia con los comportamientos también fallidos de la
Superintendencia de Notariado y Registro, y el Banco de Bogotá S.A., que generó el
embargo y retención de $710.000.000 de propiedad de la demandante que se
encontraban depositados en la cuenta de ahorros No. 204-20793-0 del banco de
Bogotá de la cual es titular, con ocasión a un pagaré y un convenio de pago que el
actor afirma que son falsos.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
El 26 de septiembre de 20141, el señor Edgar Manga Rubio, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa, con la que pretende que esta
jurisdicción declare a la Nación-Rama Judicial, a la Superintendencia de Notariado y
Registro y al Banco de Bogotá, administrativamente responsables por los perjuicios
causados con ocasión del embargo y secuestro irregular de $710.000.000, que se
encontraban depositados en la cuenta de ahorros número 204-20793-0 de la cual es
titular el demandante.
1 Demanda, folios 4 a 14, cuaderno 1.
Radicado: 25000-23-36-000-2015-00863-01 (59867)
Demandante: Edgar Manga Rubio
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
El Tribunal Administrativo del Cundinamarca, mediante auto del 11 de abril de 20142,
admitió la demanda y ordenó su notificación, tanto a las entidades demandadas
como al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Notificada la decisión3 y corridos los traslados de ley, las entidades demandadas
presentaron sus escritos de contestación.
2.2.1. La Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4,
se opuso a las pretensiones de la demanda, dado que en al caso bajo estudio no se
configura título de imputación alguno, ya que las actuaciones surtidas durante todo el
proceso ejecutivo, no se observa que sean contrarias a derecho, en contra del trámite
procesal o improcedentes. Puso de presente que los argumentos de la demanda iban
encaminados a demostrar una irregularidad en el proceso, pues según el actor, el
pagaré número 01 de 15 de junio de 2001 nunca fue suscrito por el señor Edgar
Manga Rubio, y las pruebas que reposaban en el expediente ejecutivo eran
absolutamente falsas, sin embargo, dicho documento cumplía con los requisitos
establecidos en el Código de Procedimiento Civil, por lo que al Juez Segundo Civil
del Circuito de Facatativá no le era dable darle un trámite diferente al solicitado, pues
dentro de las funciones que ejerce el juez no se encuentra la verificación de la
autenticidad de los títulos valores. Aseguró que el daño es imputable al tercero
Dionisio Castillo Hernández, quien fue determinante en su causación, lo que configura
la causal de exoneración de culpa exclusiva y determinante de un tercero. Por otra
parte, indicó que se configuraba también la culpa de la víctima, en la medida que
Edgar Manga Rubio no presentó recursos de ley contra las decisiones del Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Facatativá, en los términos de ley contra las decisiones
proferidas, en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.
Adicionalmente, cuestiona la actuación desplegada por el accionante, en la medida
en que no ha presentado, por lo menos hasta la presentación de la demanda,
denuncia penal contra Dionisio Castillo Hernández, a efectos de determinar si se
incurrió en algún delito.
2.2.2. El Banco de Bogotá S.A.5, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
deprecadas por la parte demandante, dado que carecen de fundamentos lógicos,
jurídicos y legales. Propuso las excepciones de (i) falta de jurisdicción y competencia,
en la medida en que el Banco de Bogotá no ostenta la calidad de entidad del Estado;
(ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, porque las pretensiones de la
demanda van dirigidas a demostrar la responsabilidad de los funcionarios judiciales,
que conocieron el proceso ejecutivo iniciado en contra del actor, hechos en los cuales
no le correspondía al banco garantizar el debido proceso; (iii) fuerza mayor –
existencia de una orden judicial de embargo; toda vez que la única intervención del
banco fue dar cumplimiento a una orden judicial de embargo, ordenada por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Facatativá, respecto de la cual no podía cuestionar su
legalidad (sentencia del 4 de septiembre de 1981 de la Corte Suprema de Justicia);
(iv) ausencia de conducta antijurídica del Banco de Bogotá, pues no existió conducta
culposa imputable a la institución financiera, dado que no tenía opción diferente a la
de acatar la orden de embargo, de conformidad con los artículos 1387 del Código de
2 Auto admisorio (a pesar que la fecha que aparece escrita en el auto es el 11 de abril de 2014, se colige que es
errónea, pues el paso a despacho inmediatamente anterior, data del 20 de abril de 2015), folios 23 y 24, cuaderno
1.
3 Diligencias de notificación, folios 25 a 31, cuaderno 1.
4 Contestación a la demanda de la Nación-1rama Judicial, folios 46 a 51, cuaderno 1.
5 Contestación de la demanda del Banco de Bogotá, folios 52 a 64, cuaderno 1.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-00863-01 (59867)
Demandante: Edgar Manga Rubio
Comercio, 681 del CPC, 454 del Código Penal y la Circular Básica Jurídica de la
Superintendencia Financiera; (v) culpa exclusiva de un tercero, porque fue un tercero,
sin identificar de quien se trata, el que propició la ocurrencia del daño al haber iniciado
el proceso ejecutivo en el que se profirió la medida cautelar de embargo de la cuenta
bancaria; (vi) caducidad y prescripción, toda vez desde el inicio del proceso ejecutivo,
hasta la presentación de la demanda de reparación directa, ya habían transcurrido
más de dos años; y (vii) la genérica.
2.2.3. La Superintendencia de Notariado y Registro6 solicitó desestimar las
pretensiones de la demanda, en atención a la ausencia de obligación de la entidad
(Notaría Única de San Francisco) de verificar el origen y autenticidad de los títulos.
Sumado al hecho de que, en virtud del principio de buena fe, se presume que los
particulares actúan dentro de la legalidad y que las falsedades o fraudes procesales
corresponden a la justicia penal.
Sostuvo que se configuró la causal de exoneración de responsabilidad de hecho de
un tercero, en tanto la función de la Superintendencia es ejercer la inspección,
vigilancia y control de las notarías y no la de verificar la autenticidad de los
documentos de identidad.
Indicó que solo hasta 2012 se autorizó el manejo de la base de datos biométrica para
los trámites notariales, cuyo manejo se encuentra en cabeza de la Unión Colegiada
de Notariado Colombiano, en virtud del convenio interadministrativo número 001 de
2013, celebrado con la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Propuso las excepciones de: (i) inepta demanda; (ii) falta de legitimación en la causa
por pasiva; y (iii) la falta de cumplimiento de los requisitos para endilgar
responsabilidad por falla en el servicio.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 180 del CPACA., el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, fijó fecha para la realización de la audiencia inicial, la cual se llevó a
cabo el 16 de febrero de 20167; en la que: i) verificó que no había alguna circunstancia
constitutiva de nulidad procesal que invalidara las actuaciones surtidas hasta ese
momento; ii) se declararon no probadas la excepciones de falta de jurisdicción y
competencia, caducidad, falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por
el Banco de Bogotá; iii) se negaron las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva e inepta demanda propuestas por la Superintendencia de Notariado
y Registro; iv) se abstuvo de pronunciarse sobre las demás excepciones propuestas
por las demandadas, dado que requerían del análisis del acervo probatorio, por lo
tanto, advirtió que se abordaría su estudio al momento de proferir sentencia de mérito
-las partes no expresaron desacuerdo alguno con dicha determinación-; v) fijó el
objeto del litigio en los siguientes términos: “¿Son administrativa y solidariamente
responsables la Nación – Rama Judicial, la Superintendencia de Notariado y Registro
y el Banco de Bogotá S.A., por los daños causados a Edgar Manga Rubio con ocasión
al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y vulneración del debido
proceso dentro del proceso ejecutivo de mayor cuantía seguido en su contra ante el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá, en que (sic) se libró mandamiento
de pago y embargo de su cuenta bancaria por $710.000.000,oo producto de una
suplantación de identidad o fraude a través de la que se constituyó el título ejecutivo
y se celebró contrato de transacción acordando el pago de esa suma de su parte?” -
decisión que no fue recurrida por las partes-; vi) agotó la etapa conciliatoria regulada
6 Contestación de la demanda de la Superintendencia de Notariado y Registro, folios 82 a 96, cuaderno 1.
7 Acta de audiencia inicial, folios 127 a 131, cuaderno 1 y cd obrante a folio 132.
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Demandante: Edgar Manga Rubio
en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, sin éxito; vii) abrió la etapa de pruebas y
se dispuso tener como tal los documentos aportados con la demanda y las
contestaciones, decretar los testimonios solicitados por la parte actora8, el decreto de
un dictamen pericial y se ordenó oficiar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Facatativá para que allegase el proceso ejecutivo singular radicado 2012-0208; y viii)
se fijó como fecha y hora para celebrar la audiencia de pruebas el 28 de abril de 2016
a las 9 am.
La primera sesión de la audiencia de pruebas9 se realizó el 28 de abril de 2016,
dentro de la cual se recibieron los testimonios decretados10 (Martha Liliana Munar
Parra, juez que tramitó el proceso ejecutivo 2012-0208 y Diana Jacqueline Vargas
Jiménez, secretaria del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá para la
época de los hechos) y se decidió otorgar al perito grafólogo el término de 20 días
para presentar el dictamen.
De igual modo, el 2 de agosto de 2016 de ese mismo año11 se continuó con la
audiencia de pruebas, en la cual se escuchó la declaración del testigo Elpidio Robledo
Cuesta y, como el perito grafólogo, Jorge Armando Amorocho Medina no se hizo
presente, se advirtió que tenía 3 días para presentar excusa. Tampoco se hicieron
presentes los señores Dionisio Castillo Hernández y José Ignacio Duarte Medina.
Mediante auto del 1 de marzo de 201712, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
resolvió fijar como fecha para la continuación de la audiencia de pruebas el 3 de abril
de 2017 a las 9:00 am, con el fin de que el perito sustentara el dictamen rendido en
el proceso.
La última sesión de la audiencia de pruebas13 se celebró el 3 de abril de 2017, dentro
de la cual el perito grafólogo, Jorge Armando Amorocho Medina sustentó y explicó el
dictamen rendido -concluida la intervención las partes no presentaron objeción al
dictamen-. En la misma, con fundamento en el artículo 181 del CPACA., se corrió
traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto de fondo.
Así lo hizo la Nación-Rama Judicial14 y el Ministerio Público15, sin embargo, la parte
actora aportó el escrito de alegatos de manera extemporánea16.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 31 de mayo de 201717,
denegó las pretensiones de la demanda. Indicó que, si bien el accionante sufrió un
8 Solicitó recepción de testimonio de Matha Liliana Munar Parra (Juez Segunda Civil del Circuito de Facatativá),
Diana Jacquelin Vargas Jiménez (secretaria del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá), Dionisio Castillo
Hernández, José Ignacio Duarte Medina y Elpidio Robledo Cuesta.
9 Acta de audiencia de pruebas, folios 197 a 201 y cd obrante a folio 202, cuaderno 1.
10 A pesar de haber sido enviadas las boletas de citación a testificar, (folio 143, cuaderno 1), los señores Dionisio
Castillo Hernández y José Ignacio Duarte medina, no comparecieron para tal efecto. Sin embargo, el Tribunal,
mediante auto del 20 de junio de 2016 ordenó citar nuevamente a los mencionados señores, por intermedio de la
parte actora, la cual presentó los comprobantes de envío con nota de entregado y devuelto, respectivamente
11 Acta de continuación de audiencia de pruebas, folios 290 y 291, cuaderno 1 y cd. obrante a folio 292 del mismo
cuaderno.
12 Folio 307, cuaderno 1.
13 Acta de continuación de audiencia de pruebas, folios 335 y 336, cuaderno 1 y cd. obrante a folio 337 del mismo
cuaderno.
14 Folios 338 a 340, cuaderno 1.
15 Folios 346 a 363, cuaderno 1.
16 Folio 366 y 392, cuaderno 1
17 Folios 395 a 410, cuaderno principal.
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Demandante: Edgar Manga Rubio
daño, en la medida en que su patrimonio se afectó con la entrega del dinero sustraído
por el embargo de su cuenta de ahorros del Banco de Bogotá, lo cierto es que no se
observó que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá haya incurrido en
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia al librar mandamiento de
pago en contra del actor.
El Tribunal afirmó que el actor sustentó sus pretensiones en tres omisiones de la
Nación-Rama Judicial: i) la presentación extemporánea de la subsanación de la
demanda, ii) que la transacción se tramitó sin el lleno de los requisitos establecidos
en el artículo 340 del CPC., iii) y que el memorial de renuncia a términos no contaba
con presentación personal del ejecutado, por lo que no tenía validez.
En cuanto a la subsanación tardía, manifestó que la providencia del 9 de octubre de
2012, notificada por estado del 11 de octubre siguiente, inadmitió la demanda y
concedió el término de 5 días para subsanarla, que iniciaban a contar desde el 15 de
octubre de 2012 hasta el 19 de octubre, del mismo año, inclusive. Sin embargo, a folio
9 vuelto del cuaderno del proceso ejecutivo, se observa que la secretaría certificó que
los términos se encontraron suspendidos desde el 17 de octubre al 7 de noviembre
de 2012, debido al cese de actividades promovidas por ASONAL JUDICIAL, por
consiguiente, la parte ejecutante tenía hasta el 11 de noviembre para radicar la
corrección de la demanda, y al ser presentada el 8 de noviembre de 2012, la misma
fue allegada en término. Por lo anterior, el cargo no prosperó.
Respecto a que la transacción no cumplió con lo establecido en el artículo 340 del
CPC., pues no fue presentada por ambas partes de manera personal, sino
únicamente por el apoderado de la parte ejecutante, sostuvo que el accionante ignoró
el segundo inciso de la norma en mención, que establece que para que la transacción
produzca efectos procesales, la solicitud también puede ser presentada por
cualquiera de las partes, acompañada del documento de transacción autenticado,
caso para el cual se le dará traslado del escrito a la otra parte por tres días. En este
sentido, los documentos con los que la parte actora acompañó la solicitud de
terminación de proceso, satisfacen los requisitos establecidos por la norma, en la
medida en que se allegó tanto la solicitud por parte del ejecutante, como el original
del acuerdo de pago con constancia de autenticación y presentación personal, por
consiguiente, dicho cargo tampoco prospera.
En lo relativo a la presentación personal que debía contener el escrito de renuncia a
términos, el a quo advirtió que de conformidad al artículo 252 del CPC., los
documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados
en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines
probatorios, se presumen auténticos, sin necesidad de presentación personal, por lo
tanto, el mencionado memorial no requería de tal requisito y en esta medida, el cargo
tampoco está llamado a prosperar.
No obstante lo anterior, el juez de primera instancia, realizó un examen sobre el título
valor presentado (pagaré) en el proceso ejecutivo y concluyó que este gozaba de
presunción de autenticidad y veracidad, toda vez que cumplía con los requisitos del
artículo 488 del CPC, pues fue allegado en original, suscrito por Edgar Manga Rubio
en calidad de deudor de Dionisio Castillo Hernández y contenía una obligación clara,
expresa y exigible.
Por último, en cuanto a la responsabilidad endilgada a la Superintendencia de
Notariado y Registro, y al Banco de Bogotá S.A. consideró que, como el demandante
dentro de los hechos no indicó cuales fueron las conductas o actuaciones ejercidas
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Demandante: Edgar Manga Rubio
por dichas entidades, que dieran lugar a imputarles responsabilidad y dentro del
proceso no obraba prueba que así lo indique, no era procedente acceder a las
pretendido. Primero, porque el Banco de Bogotá S.A. se limitó a cumplir una orden
judicial, dirigida al embargo y retención de dineros de la cuenta de ahorros del señor
Maga Rubio, la cual no podía desconocer; y segundo, porque en cuanto a lo que
compete a la Superintendencia de Notariado y Registro, no se probó que el Notario
Único de San Francisco haya participado de manera fraudulenta en el reconocimiento
de las firmas consignadas en el acuerdo de pago y en el pagaré, pues por el contrario,
tal y como lo relató el actor en los hechos del libelo introductorio, cuando se “acercó
a la Notaría de San Francisco (…) le indicaron que los sellos plasmados en los
documentos no correspondían a los de esa notaría”.
2.4. El recurso de apelación
La parte demandante, interpuso recurso de apelación18, en contra de la sentencia
de la sentencia de primera instancia, con el de que la Corporación profiriera su
revocación y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda. El recurso realiza
un recuento de las actuaciones procesales surtidas en el proceso ejecutivo y se
sustentó en los siguientes cargos:
2.4.1. Que el a quo, al momento de reproducir los hechos que fundan las pretensiones,
cita las glosas relacionadas con el incumplimiento por parte del despacho que libró el
mandamiento de pago, y al referirse a los argumentos de la parte actora, los limita a
la estimación de la violación de unas normas “olvidando que no es dable hablar de
argumentos sin dejar claro cuáles son los enunciados de ese argumento”.
2.4.2. La sentencia de primera instancia se refiere tanto a los argumentos como a los
enunciados propuestos por las demandadas, por lo que desde el inicio se puede inferir
el espíritu absolutorio del fallo, habida cuenta que, al no poner palestra el análisis del
conjunto de los elementos involucrados en la acusación, se observa una decisión con
vista parcial del debate.
2.4.3. En cuanto a la interpretación sobre la aplicación del artículo 340 del CPC. y los
efectos de la transacción allegada, el accionante afirmó, que a pesar del esfuerzo de
la sentencia en destacar que no se quebrantaba el trámite procesal pues la norma
estipula que “dicha solicitud podrá presentarla también, cualquiera de las partes,
acompañando el documento de la transacción autenticado; en este caso se dará
traslado del escrito a las otras partes, por tres días”, se advertía que en el expediente
no reposaba providencia alguna que diera cuenta del precitado traslado, sumado al
hecho que no se cumplió con la autenticación de todos los documentos, tal y como lo
regula la norma. Situación de donde claramente se desprendía un defectuoso
funcionamiento en la administración de justicia.
2.4.4. Contrario a lo manifestado por el Tribunal, el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Facatativá dio trámite a una petición de terminación del proceso con dos fallas
ostensibles: i) omitir la autenticación del escrito de solicitud de terminación por parte
de ambas partes y el apoderado, a términos del artículo 340 del CPC., y ii) dar trámite
a una imperfecta petición sin tener en cuenta que en el caso del ejecutado, éste no se
encontraba representado por apoderado, es decir, carecía de derecho de postulación.
2.4.5. Si bien la providencia de primer grado afirmó que al juez no le correspondía
verificar si efectivamente las firmas de quienes suscribieron el pagaré eran verídicas,
18 Recurso de apelación presentado por la parte actora, folios 441 a 459, cuaderno principal.
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Demandante: Edgar Manga Rubio
resulta contradictorio que el Tribunal imponga la carga de demostrar la falsedad en
cabeza del señor Edgar Manga Rubio, cuando ni siquiera fue parte formalmente
vinculada al proceso, pues se echa de menos la notificación personal requerida por el
artículo 314 del CPC. Sobre este punto, el recurrente denota que, contrario a lo
razonado por el juez de primera instancia, la carga de la prueba que desvirtúa la
veracidad documental sí se hizo, precisamente, en un escenario en el que gozaba de
las plenas garantías procesales, como resulta ser la presente “acción de reparación
directa”, pue a partir de la prueba grafológica se logró dejar en claro “la mendaz
maniobra documental que sirvió de base al ejecutivo”. PAG 447 Al igual que no fue de
recibo el argumento que el demandante debió obtener previamente una declaración
de falsedad documental de título ejecutivo.
2.4.6. Afirmó el demandante que, el señor Edgar Manga Rubio nunca fue notificado
personalmente del mandamiento de pago, a pesar que dicha providencia ordenaba
que se notificara al ejecutado en los términos del artículo 315 y 320 del CPC., por lo
tanto, nunca existió proceso. Advirtió que no podía considerarse como notificación por
conducta concluyente, el documento de “Convenio de pago”, toda vez que no se
cumplían con las previsiones del artículo 330 del CPC., ya que, en dicho documento,
a pesar que se manifestó la existencia de un proceso ejecutivo, su número radicado y
la existencia de un título judicial por valor de 710.000.000, no se refiere nunca una
providencia concreta y mucho menos el mandamiento de pago proferido en el proceso
ejecutivo.
2.4.7. A pesar de que en el escrito de demanda se sostuvo que las actuaciones
surtidas al interior del proceso ejecutivo debían ser tramitadas a través de apoderado
judicial, en la sentencia objeto de reparos nunca se estudió el tema del derecho de
postulación. Esta circunstancia aunada a que el abogado José Ignacio Duarte Medina,
allega un memorial con el que aporta la consignación del arancel judicial y en el párrafo
segundo de dicho memorial expresa “[a]sí. Mismo (sic) los señores DIONISIO
CASTILLO HERNÁNDEZ Y EDGAR MANGA RUBIO, al igual que el suscrito abogado,
manifestamos que renunciamos a los términos de ejecutoria” lo que refleja que el juez
permitió que un solo apoderado actuara “en doble condición respecto de ambas
partes”.
2.4.8. El tribunal no debió negar la responsabilidad de la Superintendencia de
Notariado y Registro con el simple argumento de que el accionante había afirmado en
la demanda que “se acercó a la Notaría de San Francisco y allá le indicaron que los
sellos plasmados en los documentos no correspondían a los de esa notaría”. Lo
anterior, en la medida en que tal situación le correspondía demostrarla a la
Superintendencia, para liberarse de la responsabilidad pretendida. Adicionalmente, la
Superintendencia debió acreditar si se impartieron instructivas necesarias para evitar
que personas inescrupulosas quebranten la credibilidad del servicio notarial con
suplantaciones y adulteración de documentos, implementando de manera eficiente y
eficaz los mecanismos técnicos y electrónicos para aprehender la huella dactilar del
índice derecho o de aquella que corresponda a falta de este.
2.4.9. Al Banco de Bogotá S.A., contrario a lo afirmado en el fallo impugnado, sí le era
endilgable la responsabilidad solidaria, en correlación con las obligaciones que surgen
del contrato de depósito bancario suscrito entre el aquí demandado y el señor Edgar
Manga Rubio, a la luz del régimen de protección al consumidor financiero, que tiene
sustento en el artículo 335 de la Constitución Política. Si bien, el Banco no podía
oponerse a la orden de decreto de la medida cautelar, lo cierto es que, en
consideración a la relación contractual y a los derechos y obligaciones que ostenta el
titular del depósito, en su calidad de consumidor financiero, en el marco de lo
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Demandante: Edgar Manga Rubio
dispuesto en los artículos 3 y 5 de la Ley 1328 de 2009, se le debía comunicar la
noticia de la medida adoptada. Situación que no ocurrió en el asunto, pues en el
expediente no reposa prueba alguna que acredite que la entidad bancaria haya
enviado noticia al señor Manga Rubio sobre la medida cautelar. Así entonces, la
conducta del Banco de Bogotá, se suma en “términos de causación eficiente del daño
causado (sic), o mejor, concurrencia de culpas, pues de haberse advertido de manera
inmediata al usuario financiero (…) la existencia de la medida cautelar, otra hubiera
sido la suerte de su patrimonio, pues habría podido atender en oportunidad la defensa
de sus intereses en la instancia judicial”.
2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia
Por auto del 5 de septiembre de 201719, esta Corporación admitió el recurso de
apelación interpuesto por el demandante. Así mismo, mediante proveído del 2 de
mayo de 201820 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas
alegaran de conclusión y éste rindiera concepto de fondo. Así lo hizo la
Superintendencia de Notariado y Registro21, el Banco de Bogotá S.A. 22, la Rama
Judicial23 y parte actora24, para replicar lo expuesto en sus precedentes salidas
procesales. El Ministerio Público, por su parte, presentó concepto en el que solicitó se
confirmara la sentencia de primera instancia25.
2.6. Impedimento por parte del magistrado Nicolas Yepes Corrales
Mediante escrito del 5 de julio de 2019 el magistrado Nicolás Yepes Corrales
manifestó estar incurso en causal de impedimento por haber rendido concepto en este
proceso, en calidad de agente del Ministerio Público. Dicho impedimento se declaró
fundado mediante auto proferido por el magistrado ponente, el 4 de diciembre de
202026, toda vez que el Consejero se encontraba incurso en la causal establecida en
el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, en consecuencia, el
magistrado ponente avocó el conocimiento de la acción.
III. PROBLEMAS JURÍDICOS
3.1. De conformidad con el recurso de apelación formulado por la parte demandante
y el material probatorio que obra en el expediente, la Subsección resolverá el siguiente
problema jurídico:
¿Demostró la parte actora que la disminución del patrimonio del señor Edgar Manga
Rubio, con ocasión de medidas cautelares decretadas por el Juzgado Segundo Civil
del Circuito Judicial de Facatativá en el curso del proceso ejecutivo singular radicado
número 2012-0208 haya sido causado por las actuaciones del mencionado despacho
judicial?
¿Procede el estudio de los cargos planteados en el recurso de apelación en contra de
la Superintendencia de Notariado y Registro y el Banco de Bogotá S.A., a pesar que
19 Auto que admite el recurso de apelación interpuesto por el demandante, folio 463, cuaderno principal.
20 Auto que corre traslado para alegar de conclusión, folio 478 cuaderno principal. Es de anotar que previo a proferir
esta providencia, se intentó fijar varias veces, de manera infructífera, fecha para celebrar la audiencia de
alegaciones.
21 Folios 481 a 484, cuaderno principal.
22 Folios 507 a 509, cuaderno principal.
23 Folios 510 a 512, cuaderno principal.
24 Folios 513 a 535, cuaderno principal
25 Folios 487 a 502, cuaderno principal.
26 Folio 550 y 551 , cuaderno principal.
8
Radicado: 25000-23-36-000-2015-00863-01 (59867)
Demandante: Edgar Manga Rubio
los reparos presentados corresponden a nuevas que la parte actora no expuso en su
demanda?
Si la respuesta al problema jurídico es afirmativa, la Sala abordará el estudio relativo
a determinar la acreditación de los perjuicios ocasionados por los demandados.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito
4.1.1. Competencia
La Sala resolverá el problema atinente al fondo del litigio, habida consideración de la
competencia que le asiste para ello, según los artículos 15027 y 152.628-29 del CPACA.
4.1.2. Vigencia del medio de control
Conforme al artículo 164.2 literal i) del CPACA, el conteo del término de caducidad de
dos (2) años del medio de control de reparación directa inicia “a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
En el presente asunto, se constata que el actor tuvo conocimiento de la existencia del
proceso ejecutivo singular adelantado en su contra el 18 de junio de 2013, día en que,
por intermedio de apoderado, solicitó ante el Juez Segundo Civil del Circuito de
Facatativá, copia del expediente radicado número 2012-020830.
Con base en lo anterior, se desprende que el término bienal para la presentación
oportuna del medio de control de reparación directa corrió desde el 19 de junio de 2013
hasta el 19 de junio de 2015. Por tanto, el escrito de demanda presentado el 26 de
septiembre de 2014, fue oportuno, aun sin considerar los tiempos que tomó el trámite
de la conciliación prejudicial 31.
Al margen de lo anterior, si se tuviera como fecha de conocimiento el día en que se
hizo efectiva la medida de embargo, esto el es 10 de diciembre de 2012, día en el que
el actor debía conocer la actuación, pues se presume que la cuenta de ahorros se
encuentra bajo su cuidado, se concluye, de igual forma, que la demanda fue
presentada dentro del término de dos años, en la medida que este feneció el 11 de
diciembre de 2014.
4.1.3. Legitimación en la causa
27 CPACA. “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]”.
28 CPACA. “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
[…] 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales,
cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”.
29 En el presente asunto, la demanda se presentó en el año 2014, año en el que el salario mínimo fue fijado en
$616.000 mediante el Decreto 3068 de 2013. Por lo tanto, los 500 salarios mínimos equivalían a $308.000.000,
cifra superada por la pretensión mayor de la demanda de la demanda, fijada en $1.499.154.684. Folio 3, cuaderno
1.
30 Folio 25, cuaderno del proceso ejecutivo.
31 El demandante presentó solicitud de conciliación el 6 de diciembre de 2013, la cual fue declarada fallida el 4 de
marzo de 2014. Constancia de conciliación, folio 107, cuaderno de pruebas.
9
Radicado: 25000-23-36-000-2015-00863-01 (59867)
Demandante: Edgar Manga Rubio
El demandante Edgar Manga Rubio se encuentra legitimado en la causa por activa,
por ser la persona afectada directamente con la medida de embargo que se decretó
al interior del proceso ejecutivo singular radicado 2012-0202.
Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que el daño que se
invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la
Rama Judicial, como entidad encargada de adelantar el proceso ejecutivo en contra
del demandante, de manera que la Nación, como persona jurídica representada por
esta, se encuentra legitimada como parte demandada en este asunto.
En cuanto a la Superintendencia de Notariado y Registro, y el Banco de Bogotá S.A.,
esta judicatura advierte que la parte actora sustentó sus pretensiones en los daños
que le fueron ocasionados también por estas entidades en atención a su participación
en los hechos que dan origen al proceso.
4.2. Hechos probados
Como cuestión preliminar, se observa que en el plenario obran pruebas trasladadas,
específicamente las que provienen del proceso ejecutivo n° 2012-0202, y según el
precedente jurisprudencial de esta Corporación32, estas deben ser valoradas siempre
que se cumpla con lo exigido en el artículo 174 del Código General del Proceso
(CGP)33, por cuanto se protege el derecho de contradicción y publicidad de la prueba.
De esta manera, se precisa que el proceso ejecutivo singular número 2012-0208 que
se adelantó en contra del señor Edgar Manga Rubio, y que fue allegado al
expediente34, cumple con las exigencias requeridas por la normatividad mencionada,
por cuanto el expediente traído a este proceso estuvo a disposición de las partes y
durante la celebración de la primera sesión de la audiencia de pruebas, 28 de abril de
2016, ninguna de las partes la tachó de falso, aunado a que dicho proceso fue
practicado a instancias de una célula judicial de una de las demandadas ─Rama
Judicial─.
Bajo estos términos, los hechos relevantes al proceso que se encuentran probados, de
conformidad con los elementos de convicción que fueron oportuna y legalmente
allegados al plenario, son:
4.2.1. Dionisio Castillo Hernández, mediante apoderado judicial (José Ignacio Duarte
Medina), el 25 de septiembre de 2012, presentó demanda ejecutiva singular de mayor
cuantía contra Edgar Manga Rubio, con la finalidad que se ordenara -por medio de
auto que contenga mandamiento de pago- pagar al demandado, en favor del
demandante, la suma de $600.000.000 contenida en el pagaré 01 suscrito el 15 de
junio de 2001, con fecha de vencimiento 30 de junio de 2010 y con una tasa de interés
del 2%.
4.2.2. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Facatativá, que mediante auto del 9 de octubre de 201235 inadmitió la demanda y
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de julio de 2017, expediente 38251.
33 Artículo 174 del CGP. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y
serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de
la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el
proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales. La valoración de las
pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante
quien se aduzcan.
34 Mediante Oficio 0162 del 14 de marzo de 2016, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá allegó el
expediente del proceso ejecutivo singular radicado 2012-0208 (2 cuadernos con 36 y 12 folios útiles), folio 149,
cuaderno 1.
35 Folio 9, cuaderno proceso ejecutivo.
10
Radicado: 25000-23-36-000-2015-00863-01 (59867)
Demandante: Edgar Manga Rubio
solicitó a la parte actora aclarar la pretensión segunda, en cuanto a la fecha de
estructuración de los intereses corrientes. Providencia notificada por estado el 11 de
octubre de 2012 (el 8 de noviembre de 2012 la Secretaría certificó que entre el 17 de
octubre y el 7 de noviembre de 20012 no corrieron términos como consecuencia del
cese de actividades promovido por ASONAL JUDICIAL36). Para el efecto, el ejecutante
allegó escrito de subsanación37, por lo que la autoridad judicial, a través de proveído
del 27 de noviembre de 201238 ordenó librar mandamiento de pago a favor de Dionisio
Castillo Hernández y en contra de Edgar Manga Rubio, (i) por la suma de
$600.000.000, como capital representado en el pagaré número 01 y (ii) por los
intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero, desde el 30 de junio de 2010,
hasta que se efectúe el pago, a la tasa máxima legal vigente certificada por la
Superintendencia Bancaria;(iii) negó el mandamiento respecto del valor de intereses
de plazo solicitados, toda vez que los mismos fueron cancelados en su totalidad, de
conformidad con lo manifestado en el escrito de subsanación; adicionalmente en dicha
providencia se ordenó notificar a la parte demandada en “la forma que preceptúa el
artículo 315 y 505 del Código de Procedimiento Civil”.
4.2.3. El ejecutante solicitó el decreto de la medida cautelar de embargo y secuestro39
de las sumas depositadas en la cuenta de ahorros número 204-20793-0 del Banco de
Bogotá y para el efecto allegó la póliza número JE 378350 expedida el 25 de
septiembre de 2012 con la cual se aseguró el valor de $60.000.000. En atención a lo
anterior, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá, con auto del 27 de
noviembre de 201240, aceptó la caución prestada y decretó el embargo y retención de
las sumas de dinero de propiedad de Edgar Manga Rubio, depositadas o saldos
bancarios de la cuenta de ahorros número 204-20793-0, del Banco de Bogotá, de la
oficina 204 de la ciudad de Cartagena, en consecuencia, limitó la medida a la suma
de $715.000.000.
4.2.4. El Banco de Bogotá, el 19 de diciembre de 201241, en cumplimiento de la orden
de embargo, comunicada mediante oficio 830, a través de oficio VS-GOP-EMB-12-
197183 del 10 de diciembre de 2012, informó al despacho judicial que se había
congelado la suma de $710.000.000, pero que no se había podido realizar el depósito
judicial por falta de identificación de Dionisio Castillo Hernández. Suministrados los
datos por parte del despacho, finalmente, el 30 de abril de 2013,42 el Banco de Bogotá
allegó escrito en el que afirmó dar cumplimiento a la medida de embargo así: “[d]amos
alcance a nuestra comunicación del 10 de diciembre de 2012, con el fin de enviar
copia de consignación de Depósito Judicial (Banco Agrario) por la suma de
$710.000.000 M/CTE correspondiente a debito realizado a la cuenta N. 204207930,
los cuales estaban congelados por falta de identificación del demandante”.
4.2.4. El 12 de marzo de 2013 el abogado del ejecutante aportó memorial mediante el
cual solicitó43 (i) que se decrete la terminación del proceso, (ii) que se ordene la
36 Folio 9 vuelto, cuaderno proceso ejecutivo.
37 El demandante subsanó la demanda así:
“en cuanto a la aclaración de la pretensión 2ª se solicita:
2ª Se ordene pagar al deudor los intereses corrientes a la tasa del 2% mensual desde el día treinta (30) de junio
del año dos mil diez (2010), hasta cuando se verifique el pago.
En lo relacionado al hecho contenido en el numeral 6° se subsana de la siguiente manera:
6° el demandado, tan solo canceló los intereses hasta el día treinta (30) de junio del año dos mil diez (2010), de
dicho título valor.
38 Folios 11 y 12, cuaderno proceso ejecutivo.
39 Folio 1 a 3, cuaderno de medidas cautelares proceso ejecutivo.
40 Folio 4, cuaderno de medidas cautelares proceso ejecutivo.
41 Folio 6, cuaderno de medidas cautelares proceso ejecutivo.
42 Folios 11 y 12, cuaderno de medidas cautelares proceso ejecutivo.
43 Folio 16, cuaderno proceso ejecutivo.
11
Radicado: 25000-23-36-000-2015-00863-01 (59867)
Demandante: Edgar Manga Rubio
entrega de los dineros depositados en el Banco Agrario, que ascienden a la suma de
$710.000.000 y mediante el que se constituyó el título de depósito número
409000000084384-00900 de fecha de expedición 1 de marzo de 2013, (iii) que de
conformidad con el poder adjunto se ordene al Banco Agrario, sucursal de Facatativá,
la entrega de la suma dineraria mencionada y (iv) que se ordene el levantamiento de
la medida cautelar de la cuenta de ahorros número 204-20793-0 del Banco de Bogotá.
Para el efecto, con el mencionado escrito, aportó documento titulado “CONVENIO DE
PAGO”44, suscrito por Dionisio Castillo Hernández como, acreedor y por Edgar Manga
Rubio, como deudor, con sellos de diligencia de reconocimiento ante el Notario Único
de San Francisco, se cita:
“Entre los suscritos, por una parte EDGAR MANGA RUBIO, quien obra en nombre
propio y seguirá denominándose en el presente convenio simplemente EL DEUDOR y
DIONISIO CASTILLO HERNANDEZ, quien también obra en nombre propio y quien en
lo sucesivo se designará como EL ACREEDOR, hemos acordado celebrar un acuerdo
de pago que consta de los siguientes puntos:
PRIMERO Deuda- EL DEUDOR posee con el acreedor una obligación equivalente a
setecientos diez millones de pesos millones de pesos ($710.000.000.00.), discriminados
así: Capital seiscientos millones de pesos ($600.000.000.00); Intereses ciento diez
millones de pesos ( $110.000.000.00). SEGUNDA. Proceso Ejecutivo. - La obligación
relacionada se encuentra vencida desde el día 30 de junio del año 2010, habiendo sido
necesario para EL ACREEDOR la instauración de un proceso ejecutivo contra EL
DEUDOR. El proceso cursa en el juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativa
Cundinamarca, bajo el radicado 2012-2008 estando embargado la cuenta de Ahorros
del Banco de Bogotá No 204-207930, de la Oficina 204 de la ciudad de Cartagena, de
lo cual se constituyó un titulo valor en el Banco Agrario de la ciudad de Facatativá por la
suma de setecientos diez millones ($710.000.000.000). TERCERO. Acuerdo de Pago -
Debido a la difícil situación económica de EL DEUDOR, EL ACREEDOR ha decidido
acordar con él una forma de pago de la obligación relacionada, para no hacer más
gravosa su situación y de esta forma dar por terminado el proceso ejecutivo
mencionado. CUARTA Convenio - Los términos del arreglo se acuerdan como se
expresa a continuación: a) la obligación se liquida en su totalidad en suma de
setecientos diez millones de pesos ($710.000.000.00). Monto que incluyen el Capital,
intereses y honorarios profesionales de abogado. Dicha cuantía se cancelará con el
valor del Título Valor constituido en el Banco Agrario de la ciudad de Facatativa,
Cundinamarca, por la suma de setecientos diez millones de pesos $710.000.000.00).
CUARTA- EL ACREEDOR se compromete solicitar al Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Facatativa, Cundinamarca terminación del proceso ejecutivo No 208-2012,
que cursa en contra del DEUDOR, por pago de la obligación, ha (sic) solicitar el
levantamiento de las medidas cautelares sobre la cuenta de ahorros No 204-207930 del
Banco de Bogotá y solicitar la entrega de los dineros depositados en el Banco Agrario
de la ciudad Facatativa, por cuenta del proceso ejecutivo aludido, a su favor o a quien
él designe. QUINTA. EL ACREEDOR con fundamento en el precedente convenio pago
libera AL DEUDOR de toda clase de obligaciones con relación al proceso ejecutivo
citado y declara que el señor EDGAR MANGA RUBIO se encuentra a paz y salvo por
concepto del pagare No 001, constituido el día 15 de junio del año 2001, en la ciudad
de Facatativá Cundinamarca. En señal de conformidad se firma en la población de San
Francisco Cundinamarca a los nueve días del mes de marzo del año dos mil trece en
dos ejemplares del mismo tenor”. ─Sic a lo transcrito─.
4.2.5. El despacho, mediante auto del 14 de marzo de 201345, antes de resolver la
solicitud de terminación del proceso, requirió al ejecutante para que acreditara el pago
del arancel judicial de que trata la Ley 1394 de 2010, por la suma de $7.100.000
correspondiente al 1% del pago realizado por el demandado. Por lo anterior, el 18 de
44 Folios 13 y 14, cuaderno proceso ejecutivo.
45 Folio 17, cuaderno proceso ejecutivo.
12
Radicado: 25000-23-36-000-2015-00863-01 (59867)
Demandante: Edgar Manga Rubio
marzo de 2013, se allegó memorial46 (sin presentación personal) suscrito por Dionisio
Castillo Hernández, por su abogado José Ignacio Duarte Medina y, por el ejecutado
Edgar Manga Rubio, con el que se aporta copia de la consignación realizada en el
Banco Agrario, por la suma de $7.100.000, por concepto de arancel judicial y se
informa que “[a]sí, mismo (sic) los señores DIONISIO CASTILLO HERNANDEZ y
EDGAR MANGA RUBIO, al igual que el suscrito abogado, manifestamos que
renunciamos a los términos de ejecutoria”.
4.2.6. Mediante proveído del 19 de marzo de 2013, el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Facatativá, dispuso (i) dar por terminado el proceso por pago total de la
obligación, de conformidad con lo previsto en el artículo 537 del CPC., (ii) ordenar el
levantamiento de las medidas cautelares, (iii) desglosar los documentos base de la
acción y, (iv) hacer entrega al demandante a través de su apoderado judicial, a quien
se le otorgó facultad expresa para recibir, del título judicial consignado a órdenes de
ese despacho.
4.2.7. Reposa memorial radicado el 1 de abril de 201347, suscrito por Dionisio Castillo
Hernández, el abogado José Ignacio Duarte Medina y Edgar Manga Rubio (sin
presentación personal), mediante el cual, nuevamente, manifiestan que renuncian a
términos de la providencia inmediatamente anterior.
4.2.8. A folio 23 del cuaderno del proceso ejecutivo obra oficio número 266 del 2 de
abril de 2013 expedido por el Juzgado de conocimiento, dirigido al Banco Agrario, en
que se indica “sírvase pagar según los (sic) ordenado mediante providencia del 19 de
marzo de 2013 el (los) deposito(s) judicial(es), constituido(s) en el proceso de la
referencia a favor de JOSÉ IGNACIO DUARTE MEDINA”, número de depósito
409000000084384, documento suscrito por el mencionado profesional del derecho.
4.2.9. Posteriormente, el abogado Elpidio Robledo Cuesta, el 18 de junio de 2013,
allegó poder conferido por el señor Edgar Manga Rubio y memorial en el que solicitó
que se le entregara (i) copia informal del proceso ejecutivo y (ii) los títulos judiciales
que estén sin cobrar, para que fueran girados a favor de su representado. Con base
en lo anterior, el Juzgado profirió el auto del 18 de junio de 2013 y resolvió no acceder
a la solicitado por el abogado, en razón a que no se encontraron títulos a favor del
demandado y en cuanto al reconocimiento de personería, indicó que no era posible
en tanto, el proceso se dio terminado, por pago total de la obligación, mediante
providencia del 19 de marzo de 2013, que se encontraba debidamente ejecutoriada.
4.3. Análisis de la Sala
El artículo 90 de la Constitución Política dispone que el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las
autoridades públicas. En función de este precepto que funge como cláusula general
de responsabilidad patrimonial pública en nuestro ordenamiento jurídico, son dos los
elementos estructurales de la responsabilidad estatal: el daño antijurídico, que obra
como elemento central en esa estructura, y la imputación a la entidad pública por
causa de los actos u omisiones de las autoridades.
4.3.1. El daño antijurídico
46 Folio 19, cuaderno proceso ejecutivo.
47 Folio 21, cuaderno proceso ejecutivo.
13
Radicado: 25000-23-36-000-2015-00863-01 (59867)
Demandante: Edgar Manga Rubio
El primer elemento que será materia de análisis en consideración a los cargos del
recurso de apelación, es la existencia del daño y la prueba de su antijuridicidad. Sólo
en cuanto la judicatura encuentra probado este elemento tiene sentido avanzar al
juicio de imputación48.
El daño antijurídico, para que sea indemnizable, requiere estar cabalmente
estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado49 ha establecido que
para esos efectos resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos
relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama:
i) Que el daño sea antijurídico, es decir, que la persona no tenga el deber jurídico de
soportarlo. “Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera
de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los
hechos o derechos”50; ii) que se lesione un derecho, bien, o interés protegido por el
ordenamiento legal; iii) que tal lesión sea cierta, es decir, que se pueda apreciar
material y jurídicamente y, por ende, que no se limite a una mera conjetura; iv) debe
ser real, determinado o determinable, no meramente hipotético51.
En el caso concreto objeto de estudio por la Sala, el señor Edgar Manga Rubio
demandó a la Rama Judicial, a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Banco
de Bogotá S.A., por los perjuicios derivados del daño antijurídico originado por los
comportamientos de las referidas entidades, daño que “devino en el embargo y
secuestro por medios criminales” de $710.000.000, de su propiedad, que se
encontraban depositados en la cuenta de ahorros número 204-20793-0, de la cual es
titular, del Banco de Bogotá.
Para acreditar el supuesto fáctico de sus pretensiones de reparación, el accionante
trajo al proceso elementos de convicción que prestan mérito para demostrar que, i) en
el marco del proceso ejecutivo iniciado por Dionisio Castillo Hernández en contra,
aparentemente de Edgar Manga Rubio, se decretó el embargo de $715.000.000 de
propiedad de la parte ejecutada, medida que, finalmente se ejecutó por parte del
Banco Bogotá en cuantía de $710.000.00052; ii) que el 9 de marzo de 2012 las partes
del proceso ejecutivo celebraron convenio de pago, suscrito con presentación
personal, en la Notaría Única de San Francisco53, acuerdo que fue aprobado por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá54, luego de lo cual se procedió al
pago de la deuda con la entrega al ejecutante, del dinero embargado55; iii) que,
posteriormente, el abogado del ejecutante aportó un escrito firmado, tanto por el
mencionado apoderado, como por Dionisio Castillo Hernández y Edgar Manga Rubio,
mediante el cual renunciaron a los términos del auto que resolviera sobre la
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, rad. 16.516 C.P. Enrique Gil Botero
y del 6 de junio de 2012, rad. 24.633, C.P. Hernán Andrade Rincón, entre otras.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.516 MP. Enrique Gil Botero
y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del expediente No. 24.633, M.P. Hernán
Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017, expediente No 32.985B, entre otras.
50 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006,
expediente: 14837 y 23 de abril de 2008, expediente: 16271. Reiterada por la Subsección A, en sentencia del 1 de
marzo de 2018, expediente 52.097, y por la Subsección C, en sentencia del 7 de mayo de 2018, expediente 40.610.
M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de
enero de 2012, expediente (20.614), Consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez. Criterio reiterado por esta
subsección, entre otras decisiones, en sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente (44260). Sentencia del
28 de septiembre de 2017, expediente (53447). Sentencia del 19 de abril de 2018, expediente (56171).
52 Oficio No. VS-GOP-EMB-12-197183 del 10 de diciembre de 2012, emitido por el Banco de Bogotá y radicado
en el Juzgado el 19 de diciembre de 2012. Folio 6, cuaderno de medidas cautelares proceso ejecutivo.
53 Folios 13-14 de cuaderno principal del proceso ejecutivo.
54 Auto del 19 de marzo de 2013, Folio 20 del cuaderno principal del proceso ejecutivo.
55 Oficio 266 del 2 de abril de 2013, mediante el cual el Juzgado le comunicó al Banco Agrario la entrega del
título judicial al abogado de la ejecutante. Folio 23 del cuaderno principal del proceso ejecutivo.
14
Radicado: 25000-23-36-000-2015-00863-01 (59867)
Demandante: Edgar Manga Rubio
terminación del proceso56; iv) que Edgar Manga fue suplantado al momento de la
creación del título ejecutivo materia del recaudo forzado, y que, en consecuencia, el
dinero embargado, este sí de su propiedad, le fue sustraído ilegalmente de su
patrimonio57.
Los anteriores elementos de prueba prestan el mérito probatorio para concluir que se
causó un daño cierto, real y determinado l señor Edgar Manga Rubio, debido a que el
juzgado a cargo del proceso ejecutivo entregó al ejecutante un dinero que era
propiedad de aquel, y que había sido embargado dentro de dicho proceso radicado al
número 2012-0208. Tal daño se revela antijurídico en cuanto denota un desmedro en
el patrimonio del aquí demandante, que no estaba en la obligación de soportar.
Demostrado el daño y su antijuridicidad, la Sala abordará lo concerniente a la
imputación. Con tal fin, se hace necesaria la identificación de los hechos generadores
del daño tanto desde la órbita de los acontecimientos extra procesales o exclusivos
de terceros, como de aquellos que ocurrieron dentro del trámite judicial, pues, el daño
no es ajeno a ninguno de estos episodios:
Por una parte, los documentos que el demandante aduce como falsos, aportados al
proceso ejecutivo singular por el ejecutante, es decir, i) el pagaré 01 que sirvió de base
para el cobro compulsivo, ii) el convenio de pago ─transacción─ suscrito por Dionisio
Castillo Hernández y Edgar Manga Rubio, con presentación personal del 9 de marzo
de 2012 ante la Notaría Única de San Francisco y, iii) los memoriales de renuncia a
términos.
Por otra, los supuestos yerros procesales en los que, según el demandante, incurrió
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá, relacionados con: i) falta de
notificación del mandamiento de pago, ii) la tramitación del acuerdo de transacción sin
atender lo preceptuado en el artículo 340 del CPC. ─vigente para la época─, por
cuanto no se había trabado la litis, iii) omisión de exigir la presentación personal de
los actos procesales que por ley lo requieren.
A efectos de acreditar la falsedad de los documentos que sirvieron como sustento para
decretar el embargo, la parte actora solicitó con la demanda un peritaje, el cual fue
decretado en la audiencia inicial y, como consecuencia, se ofició al Cuerpo Técnico
de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para que designara un grafólogo
que determinara, si la firma que aparece, tanto en el pagaré que sirvió de título de
recaudo ejecutivo, como en el acta de transacción que sirvió de base a la entrega de
dineros embargados, es la misma de Edgar Manga Rubio.
El peritaje decretado fue realizado por el Técnico Investigador IV Perito
Documentólogo y Grafólogo Forense Jorge Armando Amorocho Medina, quien, luego
de precisar los elementos materiales probatorios y la evidencia física examinada
(pagaré 01 por valor de $600.000.000, convenio de pago firmado en San Francisco
en el que aparecen escritas en original dos firmas dubitadas como de Edgar Manga
Rubio) y los documentos aportados por el aquí demandante (formulario de matrícula
mercantil año 2001, pasaporte colombiano número AH 466019 expedido en New York
(USA) el 5 de octubre de 2000 a nombre de Edgar Rubio Manga), describió los
procedimientos técnicos empleados para el cotejo de las firmas.
56 Memorial radicado el 1 de abril de 2013. Folio 21 del cuaderno principal del ejecutivo.
57 Folios 24-25 del cuaderno principal del proceso ejecutivo.
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Demandante: Edgar Manga Rubio
Con tal fin, se indicó en la experticia que el proceso técnico de identificación de la
escritura manuscrita se debía cumplir con las etapas que comprenden el método
signalético o señaléctico, cuyas fases son: i) observación, ii) comparación y iii) juicio
de identidad, pasos concatenados que se constituyen en la base para dar aplicación
al sistema analítico-descriptivo denominado “análisis grafotécnico”, el cual consiste en
el estudio comparativo de las firmas y/o textos manuscritos, patrón y cuestionado, en
sus características grafonómicas; es decir aquellas referidas a los aspectos y sub
aspectos intrínsecos de orden morfodinámico y estructural que identifican de manera
particular la escritura de una persona y que, en últimas, son las que permiten la
determinación de la identidad.
Ahora bien, con el fin de atender las solicitudes que originaron el dictamen, concluyó
lo siguiente:
“Las grafías que conforman la firma dubitada como de EDGAR MANGA RUBIO obrante
en el anverso y reverso del PAGARE No. 01 distinguido como folio 3, presenta
diferencias gráficas con las muestras de firma extra proceso patrón dubitadas de
EDGAR MANGA RUBIO obrante a folio 164 y en el Pasaporte AH 466019, es decir, que
no son uniprocedentes manuscritamente.
Las grafías que conforman la firma dubitada como de EDGAR MANGA RUBIO obrante
en el anverso y reverso del CONVENIO DE PAGO distinguido como folio 14, presenta
diferencias gráficas con las muestras de firma manuscritas dubitadas de EDGAR
MANGA RUBIO, es decir, no son uniprocedentes manuscritamente”.
En atención a lo dispuesto en los artículos 16558, 17659 y 23260 del CGP, el dictamen
pericial constituye un elemento más de prueba que debe ser valorado por el
funcionario judicial, conforme a las reglas de la sana crítica y en conjunto con los
demás medios de convicción, teniendo en cuenta la idoneidad, firmeza, precisión y
calidad de sus fundamentos, además de la competencia del perito, presupuestos que
reúne la pericia practicada dentro de este proceso, si se tiene en cuenta: i) que fue
rendida por el perito grafólogo designado por el Cuerpo Técnico de Investigación de
la Fiscalía General de la Nación, Técnico Investigador IV Perito Documentólogo y
Grafólogo Forense lo que le abona idoneidad; ii) la experticia dio cuenta de la
metodología empleada y con ello suple los presupuestos de precisión y calidad, y iii)
sus conclusiones son claras y están fundamentadas en la falta de coincidencia de las
rúbricas, luego de analizarlas con base en los procedimientos técnicos, de ahí que se
pueda admitir su firmeza.
Cabe decir que el dictamen no fue objetado por error grave, ni se formuló algún
reproche al respecto, por consiguiente frente a los documentos que la parte actora
aduce como falsos (pagaré 01 y Convenio de pago), existe una probabilidad que no
correspondan con la firma del señor Manga Rubio, circunstancia que para el momento
en que se desarrollaron los hechos, le era imposible conocer al juez rector del proceso
ejecutivo, dada la presunción de veracidad y de autenticidad que recae sobre un título
valor, máxime si dichos documentos cuentan con sello de presentación personal
58 “Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba, la declaración de parte, la confesión, el juramento, el
testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros
medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas
en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio”.
59 “Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez
de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.
60 “Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana
crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad
del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”.
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Demandante: Edgar Manga Rubio
notariado61. Por tanto, la Juez del caso, carecía de elementos de juicio para objetar o
desestimar el título y, por el contrario, estaba compelida a darle trámite al escrito de
demanda ejecutiva.
Aun así, no se tiene plena certeza sobre la falsedad de los documentos que sirvieron
como base en el proceso ejecutivo, pues a pesar de que la pericia analizó las firmas
y la encontró dubitadas, no se estudiaron los sellos plasmados en los documentos,
por tanto, tal situación hace imposible dar por sentado que no eran auténticos.
A esto se suma que el pagaré, que sirvió como título en el proceso ejecutivo, según
se plasma en el documento que lo contiene, fue objeto de aparente presentación
personal por parte del señor Edgar Rubio Manga, ante la Notaría Cincuenta y dos (52)
del Círculo de Bogotá el quince (15) de junio de dos mil uno (2001)62. Sin embargo,
llama la atención de esta Subsección que tal actuación ─la autenticación notarial─ no
fue cuestionada por el demandante y en consecuencia tampoco fue desvirtuada, pues
dentro del proceso no se solicitó el cotejo de los sellos notariales.
No obstante lo anterior, el despacho procede a estudiar, de cara al recurso de
apelación presentado por el demandante, las actuaciones desplegadas por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Facatativá.
En principio, la Sala advierte que le asiste razón al demandante al afirmar que la Juez
del proceso ejecutivo no notificó personalmente el mandamiento de pago librado, pues
no reposa en el expediente documento alguno que demuestre dicha actuación; sin
embargo, a partir de tal situación, no se podría determinar que el daño que padeció el
demandante y que reclama dentro de este contencioso radique su causa eficiente en
dicha irregularidad, pues como ya se dijo, los documentos que se hicieron valer en el
proceso gozaban de veracidad y autenticidad, circunstancia que no ha sido refutada
en un escenario judicial propicio para establecer el demérito de la verosimilitud que,
en su momento, tuvo como cumplida la juez de conocimiento. Esto, aunado a las
circunstancias en que se suscitaron las actuaciones, dada la presteza y proximidad
temporal en que las partes presentaron el documento de transacción, situación que
tampoco estaba llamada a suscitarle sospecha o prevención alguna al operador
judicial, pues dicho documento venía refrendado notarialmente por quienes se
anunciaban como demandante y demandado.
En este punto, es menester advertir que, en el escrito de demanda, el actor manifestó
que desconocía la dirección que el señor Dionisio Castillo Hernández indicó para
efectos de notificarlo en el trámite del proceso ejecutivo. Sostuvo que:
“5. En el acápite de notificaciones, el ejecutante indica que la dirección del demandado
era la vereda de Mancillas, Finca La Esmeralda del municipio de Facatativá-
Cundinamarca.
(…)
8. Mi mandante, en ningún momento ha conocido la población de Facatativá-
Cundinamarca, donde se dijo en la demanda ejecutiva, tener domicilio”63.
61 Se advierte que el accionante, en su demanda, afirmó que para la fecha de suscripción del pagaré (15 de junio
de 2001) y del convenio de pago (9 de marzo de 2013) no se encontraba en el país, pues habría salido desde el
23 de abril de 2001 hasta el 30 de junio de 2003 y nuevamente emigró el 9 de julio de 2008 y retornó hasta el 9 de
junio de 2013. Para tal efecto, aportó certificado suscrito por la Coordinadora (E) del Grupo de Extranjería Migración
Colombia Regional Caribe, en el cual se registran 5 movimientos migratorios, pero se aclara que dichos registros
reportan el destino de vuelo, más no el destino final del pasajero.
62 Folio 245, cuaderno 1.
63 Folio 6, cuaderno 1.
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Demandante: Edgar Manga Rubio
En ese sentido, tal aseveración es contradictoria con el argumento relativo a que, si la
autoridad judicial le hubiera notificado personalmente el mandamiento de pago, el
accionante no hubiera sufrido un desmedro en su patrimonio.
Bajo esta lógica, la Sala considera que aún si el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Facatativá hubiera realizado todas las actuaciones tendientes a notificar
personalmente el mandamiento de pago al señor Edgar Manga Rubio, esta gestión
tampoco hubiera surtido los efectos que esperaba el afectado ─noticiarse del
mandamiento de pago─, pues, en la medida que en la demanda se aportó una
dirección que, según el señor Manga no era la suya, no tenía una probabilidad apta
de que hubiera conocido en tiempo la ejecución y por lo tanto evitado la afectación de
su patrimonio, porque de cualquier modo la notificación hubiera resultado infructífera
y no precisamente por culpa del juzgado sino de quienes aportaron una dirección
errada. Sobre ese particular ─los datos aportados en la demanda─ la juez del caso no
estaba al tanto, ni tenía por qué estarlo, de que la dirección no correspondía, hasta
ese punto no se extiende la labor judicial.
Lo mismo ocurre con la aplicación del artículo 340 del CPC y los efectos de la
transacción allegada, pues dicho documento de convenio de pago, que contaba con
el sello y firma de comparecencia personal de autenticación ante la Notaría Única de
San Francisco, de conformidad con artículo 25264 del CPC, se entendía auténtico si
había sido reconocido por quien tiene a cargo dar fe pública. Como consecuencia de
esto, no le era exigible al juez indagar sobre la autenticidad, dado que para ese
entonces los documentos base para el inicio del proceso ejecutivo cumplían con los
requisitos de ley, y no tenían enmendaduras y/o tachaduras, por lo que a simple vista,
la información contenida en estos no parecía falsificada o adulterada. De tal modo, el
hecho de que supuestamente se hubieran falsificado unos documentos, resultó ser
una circunstancia que trasciende del actuar y el conocimiento del juez, quien, obrando
de buena fe como se desprendía de los documentos que allegaron quienes, para ese
momento se suponía eran las partes, entregó los títulos judiciales al apoderado del
señor Dionisio Castillo Hernández.
Entretanto, si bien el Juzgado Segundo Civil del Circuito aceptó los memoriales de
renuncia de términos a pesar de no tener presentación personal como lo exigía el
artículo 122 del CPC., lo cierto es que un actuar opuesto no hubiera impedido la
entrega del título, en la medida en que el paso del tiempo hubiera permitido que la
providencia a la que se renunció a términos quedara en firme y de esta manera poder
ejecutarla. De ahí que no se observa que tal circunstancia tuviera incidencia en el
menoscabo en cuestión.
De ese modo, la causa real del daño padecido por la parte actora fue un supuesto
actuar delictivo de terceras personas frente al cual no cursa un proceso penal, o por
lo menos tal situación no fue afirmada por la parte actora, ni acreditada en el
expediente, por tanto, es un aspecto que trasciende del asunto de conocimiento, ya
que no fue demostrado que el Juez Segundo Civil del Circuito de Facatativá hubiera
entregado los títulos con el conocimiento de que los documentos aportados en el
ejecutivo singular eran fraudulentos, ni que los documentos aportados por el
apoderado de Dionisio Castillo Hernández hubieran incumplido los requisitos de ley
para el momento en que fueron conocidos por el despacho en cuestión o que
64 “Artículo 252. Documento auténtico Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo
ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo
contrario mediante tacha de falsedad.
“El documento privado es auténtico en los siguientes casos:
“1. Si ha sido reconocido ante el juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido”.
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Demandante: Edgar Manga Rubio
presentaran signos evidentes de adulteración que llevaran a denegar la solicitud y
adoptar las medidas pertinentes.
Ahora bien, esta Judicatura pone de presente que, tal y como se demostró, el Banco
de Bogotá, el 19 de diciembre de 201265, informó al Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Facatativá que, el 10 de diciembre de 2012, congeló la suma de $710.000.000 de
la cuenta del señor Edgar Manga Rubio, pero que no había podido realizar el depósito
judicial debido a la falta de identificación de Dionisio Castillo Hernández.
Así entonces, se encuentra que la suma de dinero estuvo congelada en la cuenta del
demandante desde el 10 de diciembre de 2012, hasta el 1 de marzo de 2013, día en
el que el Banco de Bogotá realizó la consignación del depósito judicial por la suma de
$710.000.000 a órdenes del Juzgado Segundo Civil de Facatativá. En este punto,
llama la atención de la Sala la cantidad de tiempo que transcurrió sin que el titular de
la cuenta, señor Edgar Rubio Manga, se percatara de los movimientos realizados,
dado que no se trataba de una cifra desdeñable que pudiera pasar inadvertida para
cualquier cuentahabiente, así como tampoco que realizara algún reclamo tendiente a
averiguar qué ocurría con el manejo de su cuenta, pues, pasaron más de dos meses66
de impasividad sin que el actor notara algún cambio en su cuenta ahorros, cuando era
lógico que el saldo de la cuenta se hubiera visto afectado en razón del rubro congelado
por el Banco.
Téngase en cuenta que las entidades bancarias expiden con cierta periodicidad ─por
lo general trimestralmente y, por razones tributarias en diciembre de cada año─ un
extracto en el que se le informa al titular de la cuenta de ahorros todos los movimientos
y transacciones realizadas en dicho período, sin perjuicio de la facultad que tiene el
cuentahabiente de solicitar en cualquier momento un reporte de movimientos de la
cuenta; por lo tanto, la negligencia en la que incurrió en accionante raya con el giro
normal de las cosas, pues ante su pasividad, el dinero fue retirado de su cuenta,
congelado por un buen tiempo y finalmente entregado al ejecutante del proceso
adelantado ante el Juzgado Segundo civil del Circuito de Facatativá.
De acuerdo con lo expuesto, para la Sala no es de recibo que el accionante procure
pasar por alto su inoperancia y pretenda endilgar responsabilidad en cabeza del
Estado, máxime si se tiene de presente que éste contaba con los instrumentos
necesarios (extractos bancarios) para conocer la realidad de lo que ocurría con su
cuenta de ahorros, acción que, en las circunstancias en que se sucedieron los hechos,
hubiera resultado eficiente para conjurar el daño causado por personas ajenas al
servicio de la administración de justicia.
Por otra parte, en cuanto a los reparos presentados en contra de la decisión de negar
la responsabilidad de la Superintendencia de Notariado y Registro y el Banco de
Bogotá S.A., el despacho pone de presente que en la demanda no se plantearon
cargos concretos en contra de estas entidades, no obstante, en el recurso de
apelación el accionante propuso argumentos, que no fueron ventilados en la primera
instancia y que, en virtud a esto, la providencia no puede ir más allá, ni fuera de las
peticiones iniciales que constituyen la causa petendi sobre la que estriba el litigio.
Es, por este motivo, que los reparos invocados en el recurso de alzada respecto a los
supuestos deberes incumplidos por la Superintendencia de Notariado y Registro en
cuando a la implementación de políticas para evitar los fraudes y el Banco de Bogotá,
65 Folio 6, cuaderno de medidas cautelares proceso ejecutivo. Oficio VS-GOP-EMB-12-197183 del 10 de diciembre
de 2012.
66 2 meses y 20 días
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Demandante: Edgar Manga Rubio
en lo relativo a la omisión de notificar el embargo de la cuenta, no se estudiarán, pues
solo hasta la segunda instancia se ventilaron tales cargos que no pudieron ser
cuestionadas por las demás partes en el trámite de la primera instancia.
En las condiciones descritas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, por
las razones expuestas en esta providencia.
VI. COSTAS
La Sala procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia
conforme a lo previsto en el artículo 188 del CPACA67, que remite a las disposiciones
del CGP, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto es, por
expensas y gastos procesales, horarios de auxiliares de la justicia y agencias en
derecho que deben ser “tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en
el expediente”68. En cuanto a las reglas para la imposición de la condena, la norma
procesal general establece que procede en contra de la parte vencida o contra quien
se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y, “solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”69.
Conforme a las reglas de procedencia de la condena en costas, la Sala observa que
en este caso no procede su imposición por los componentes de expensas y honorarios
de auxiliares de la justicia, debido a que no se encuentra demostrado en el
expediente que la parte demandada hubiera incurrido en gastos por esos conceptos
durante la segunda instancia.
En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como “la porción de las costas
imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se encuentra
demostrado en este caso que el ente investigador demandado presentó alegatos de
conclusión en segunda instancia. En ese orden, la Sala condenará al pago de costas
por concepto de agencias en derecho a favor del ente demandado, en cuantía
equivalente a 0,01% de las pretensiones, en atención a las tarifas dispuestas por el
Consejo Superior de la Judicatura, a la naturaleza del proceso y a la calidad, duración
67 CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
68 CGP, artículos 361 (composición), 362 (expensas, arancel), 363 (honorarios de auxiliares de la justicia) y 366-4
(agencias en derecho).
69 CGP, artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a
aquella. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación.
CGP, artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: (…) 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo,
el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la
parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el
máximo de dichas tarifas.”. Al respecto ver: Acuerdo No.1887 de 2003, artículo 3. “CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. (…) 3.1.3. Segunda instancia. (…) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%)
del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. (…)”.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-00863-01 (59867)
Demandante: Edgar Manga Rubio
y utilidad de la gestión ejecutada por el apoderado de la parte vencedora70. Las
agencias fijadas se liquidarán de manera concentrada por el Tribunal de origen, en los
términos del artículo 366 del CGP71.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 31 de mayo de 2017.
SEGUNDO: CONDÉNASE EN COSTAS a la parte demandante a pagar las costas
causadas en ambas instancias, para lo cual, el Tribunal de primera instancia deberá
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP, teniéndose en cuenta que
en esta instancia se fijaron agencias equivalentes al 0.01% del valor de las pretensiones.
TERCERO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen
para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.
Cópiese, Notifíquese y Cúmplase:
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
SABF
70 Acuerdo No.1887 de 2003, artículo 3. “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. (…) 3.1.3. Segunda
instancia. (…) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en
la sentencia. PARAGRAFO. En los procesos ejecutivos, hasta el cinco por ciento (5%) del valor del pago
confirmado o revocado total o parcialmente en la pertinente orden judicial; si, además, la ejecución comprende el
cumplimiento de obligaciones de hacer, se incrementará en un porcentaje igual al que fije el juez.”.
71 Artículo 366 del CGP: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado
que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia
que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas (…)”.
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