Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03074-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03074-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03074-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
1 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Primero (1.°) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-03074-001
Accionante : María del Rosario Serna Osorio
Accionado : Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Vinculados : Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Guadalajara de Buga,
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio y departamento del Valle del Cauca
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, sanción moratoria por pago tardío
de cesantías, condena en costas
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por María del Rosario Serna Osorio contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia y al principio de gratuidad.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por la tutelante
frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las
pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2. La demanda de tutela.
2. La accionante interpuso la presente tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y al
principio de gratuidad, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle
1 Expediente electrónico disponible en SAMAI.
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Accionante: María del Rosario Serna Osorio
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
del Cauca.
3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos parcialmente2, el fallo de Catorce (14) de
Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), por medio del cual, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca3 (i) confirmó la providencia de Quince (15) de Noviembre de Dos Mil
Veintitrés (2023), con la que, el Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Guadalajara de
Buga negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el departamento del Valle del Cauca
(expediente 76111-33-33-001-2023-00027-01); y (ii) no la condenó al pago de costas
procesales en esa instancia. En su lugar, pidió ordenar a la autoridad accionada emitir un
nuevo pronunciamiento en el que se realice «[…] el examen de procedencia de la condena en
costas impuestas al proceso ordinario [en primera instancia, para que se revoque] conforme la normatividad
vigente y el precedente jurisprudencial vertical».
1.3. Hechos4
4. De acuerdo con los documentos que obran en el expediente y lo expuesto por la
accionante, se tiene que, el Primero (1°) de Febrero de Dos Mil Veintitrés (2023) promovió
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y el departamento del Valle del Cauca (expediente 76111-33-33-001-2023-
00027-01), encaminado a que se declarara la nulidad del acto ficto configurado a partir
de la petición radicada el Veintisiete (27) de Octubre de Dos Mil Veintidós (2022), que
le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación
oportuna de las cesantías correspondientes al año 2020, prevista en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990.
5. De ese asunto ordinario conoció el Juzgado Primero (1°) Administrativo de Guadalajara
de Buga que, el Quince (15) de Noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023) negó las súplicas,
al estimar que, conforme al «[…] pronunciamiento emitido por el Consejo de Estado en sentencia de
unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, […] en torno al tema de la sanción por mora
en la consignación de las cesantías regulada en el artículo 99 la Ley 50 de 1990 y la indemnización por no
pago oportuno de los intereses a las cesantías del artículo 1 de la Ley 52 de 1975, […] los docentes afiliados
2 Únicamente en lo que respecta a la condena en costas.
3 M. P. Bertha Lucy Ceballos Posada.
4 Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2.
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al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, […] no son beneficiarios de dichas normas ».
6. Asimismo, dispuso condenarla en costas con fundamento en el artículo 1885 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, y los artículos 3656 y 3667 del
Código General del Proceso.
7. Inconforme con esa última decisión, la accionante interpuso recurso de apelación, en
5 «ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal».
6 «Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la
temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente
en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a
pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar
condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés
en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los
gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse
después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción».
7 «Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción
a las siguientes reglas:
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.
2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los
autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas
instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso.
3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por
la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a
actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se
litigue sin apoderado.
Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas,
siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros
establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará.
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la
Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los
recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en
el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo.
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor
o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la
notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso».
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el que argumentó que, «(…) este extremo procesal acata el pronunciamiento emitido por el Consejo
de Estado en sede de unificación; no obstante que se explica que en el momento de presentación de este
medio de control existían elementos de juicio suficientes para fundamentar las pretensiones, en virtud de
los principios de buena fe y la confianza legítima se desplegaron las actuaciones judiciales como la que
hoy ocupa la atención de su despacho, así mismo y ante la relevancia de las mismas llegaron ante el H.
Consejo de Estado para ser resueltas, siendo respetuosos de la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, para un correcto funcionamiento de la administración de justicia en virtud de los
principios de economía procesal, lealtad y siendo adelantado el medio de control con anterioridad a la
expedición de la sentencia de unificación, es que ruego a su bien servido despacho se conceda el recurso
de apelación en contra de la condena en costas interpuestas por el ad-quo en primera instancia y se
disponga el procedimiento a que se refiere la norma en la que se funda esta petición, además del archivo
del expediente. (…) Por esta razón, se solicita en el presente asunto y en todos los que se tramitan
en su Honorable Despacho que NO se condene en costas, siguiendo el argumento previsto en la
Sentencia de Unificación del 11 de octubre de 2023, en el cual se indica que no se impondrá costas,
en virtud de los principios de buena fe y confianza legítima».
8. Sin embargo, la alzada fue desatada el Catorce (14) de Octubre de Dos Mil Veinticinco
(2025) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de confirmar la
providencia de primera instancia que negó el pago de la sanción moratoria solicitada, por
considerar que, de acuerdo con el criterio jurisprudencial vigente y unificado, no hay lugar
a reconocer la sanción deprecada a los docentes afiliados al FOMAG pero, omitió
pronunciarse sobre el argumento de la apelación relacionado con la condena en costas.
9. Al respecto, la tutelante adujo que, la providencia objeto de censura, al no revocar la
condena en costas que le impuso el juzgado, incurrió en defecto sustantivo, porque,
«[…] [no] t[uvo] en cuenta que, para la fecha de la decisión, ya se encontraba vigente la Ley 2080 de
2021, que modificó el artículo 188 del CPACA y estableció como criterio obligatorio para la procedencia
de la penalidad la verificación de [si] la demanda [fue] presentada con manifiesta ausencia de
fundamento legal […]. Por tanto, la omisión de dicho examen no puede considerarse una interpretación
legítima de la autonomía judicial, sino una actuación abiertamente contraria al ordenamiento jurídico »,
tal como lo ha sostenido la Sección Segunda del Consejo de Estado en diversos
pronunciamientos8.
10. De igual forma, en violación directa de la Constitución Política, comoquiera que,
«[…] la reclamación judicial se estructuró a partir de la jurisprudencia imperante para la época de la
8 Al respecto mencionó, entre otras, las sentencias de: (i) 7 de diciembre de 2021, expediente 25000-23-42-000-2018-
02785-01, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; (ii) 27 de enero de 2022, expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01, C.
P. Carmelo Perdomo Cuéter; (iii) 11 de agosto de 2023, expediente 18001-23-33-000-2014-00249-01, C. P. César
Palomino Cortés; (iv) 8 de febrero de 2024, expediente 520013333000201800041600, C. P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez; (v) 25 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-03346-00, C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar;
y (vi) 27 de marzo de 2025, expediente 110010-03-25-000-2016-00173-00, C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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presentación de la demanda […], la cual consideraba procedente el pago de la indemnización de que trata
la Ley 50/90 en virtud de los principios de igualdad y favorabilidad», es decir, «[su] actuar […] se guiaba
por los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, toda vez que las pretensiones […]
se ampararon bajo la interpretación y alcance de la [tesis] que fijaron las máximas autoridades judiciales,
por lo que, no podría calificarse su proceder como temerario o de mala fe».
II. TRÁMITE PROCESAL
11. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, mediante auto del Veinticuatro
(24) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), admitió la acción de tutela. En dicha decisión,
se (i) ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; y, (ii) dispuso vincular
a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG), al departamento del Valle del Cauca y al Juzgado Primero (1°)
Administrativo de Guadalajara de Buga, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591
de 1991.
2.1. Contestaciones de la acción.
12. 2.1.1. El Juzgado Primero (1°) Administrativo de Guadalajara de Buga9 aportó el
enlace digital del expediente ordinario con radicado 76111-33-33-001-2023-00027-01,
pero, frente a los hechos y las pretensiones expuestos por la accionante en la acción de
tutela de la referencia no emitió pronunciamiento alguno.
13. 2.1.2. El departamento del Valle del Cauca10 solicitó ser desvinculado del presente
trámite constitucional al carecer de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que,
«[…] no […] tiene ninguna relación con los hechos expuestos en el escrito de tutela[,] pues es claro que la
acción va dirigida en contra de del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al ser el competente para
pronunciarse sobre las pretensiones de la parte actora».
14. 2.1.3. La Nación - Ministerio de Educación Nacional11 adujo que, no es la entidad
que profirió la sentencia objeto de cuestionamiento, ni se advierte en el libelo cuál es la
acción u omisión que le sea atribuible y que amerite su vinculación a este asunto, por lo
tanto, deprecó su desvinculación.
9 Índice 00014 de Samai.
10 Índice 00015 de Samai.
11 Índice 00016 de Samai.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-03074-00
Accionante: María del Rosario Serna Osorio
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
15. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.
3.2. La acción de tutela
16. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
3.3. Legitimación en la causa por pasiva
17. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el
derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha considerado que, «[…]
La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien
se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental […]».
18. El departamento del Valle del Cauca y la Nación - Ministerio de Educación Nacional,
en sus escritos de intervención solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva, por cuanto no profirieron la providencia cuestionada.
19. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en calidad
de terceros con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso contencioso en
cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y contradicción, por lo que,
se negará su solicitud.
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3.4. Problema jurídico
20. Se contrae a determinar si la sentencia de Catorce (14) de Octubre de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en
los defectos procedimental12 y sustantivo, al no pronunciarse sobre el argumento de
apelación propuesto por la demandante, encaminado a que se revocara la condena en
costas de primera instancia.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales
21. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional13 y de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado14, es posible acudir a la acción
de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se han
estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos
de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del
marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
22. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
12 La Sala debe precisar que, aunque la demandante atribuye los defectos sustantivo y violación directa de la
Constitución a la providencia enjuiciada, los argumentos en los que, fundamenta su cuestionamiento encuadran en un
defecto procedimental, por lo que, en uso de las facultades de interpretar la demanda de tutela, adecuará el análisis a
este, así como, al defecto sustantivo, de ser pertinente.
13 Sentencia C-590 de 2005.
14 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García
González.
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el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
23. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión
que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
24. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que, (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de la actora, en una indebida
aplicación normativa frente a la condena en costas en asuntos relacionados con la
sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, prevista en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y al principio de
gratuidad; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno15; (iii) se
15 Si bien es cierto que, la actora pudo formular solicitud de adición de la sentencia, en virtud del artículo 287 del CGP,
en tanto la autoridad judicial accionada omitió pronunciarse sobre los reproches relacionados con la condena en costas
formulados en su recurso de apelación, también lo es que, aquella ya se encuentra ejecutoriada, además, sus
argumentos tienen la entidad suficiente para prosperar y de ser así, se encontrarían vulnerados de manera flagrante
sus derechos fundamentales.
Asimismo, el recurso extraordinario de revisión por transgresión al principio de congruencia, aunque sería procedente
no sería eficaz, si se tiene en cuenta que su resolución podría demorarse.
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establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías
superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que la
providencia atacada quedó ejecutoriada el Veintisiete (27) de Octubre de Dos Mil
Veinticinco (2025)16 y la solicitud de amparo se presentó el Veintiuno (21) de Abril de Dos
Mil Veintiséis (2026), es decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de
tutela.
25. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo, pues, pese a que la
actora alegó también la violación directa de la Constitución Política, su inconformidad se
contrae a la indebida aplicación normativa, en la que, a su juicio, incurrió la autoridad
judicial accionada con ocasión a la omisión de revocar la condena en costas que se le
impuso en el fallo de primera instancia dentro del proceso ordinario, por lo que, en virtud
del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la obligación de
interpretar de manera extensiva el escrito inicial17, resulta procedente analizar este
trámite a partir de la aludida causal de procedencia de tutela contra providencia judicial
(defecto sustantivo).
3.6. Caso concreto
3.6.1. Defecto procedimental
26. Sea lo primero indicar que este defecto encuentra su razón de ser en los artículos 29
y 228 de la Constitución que consagran las garantías constitucionales del debido proceso,
el acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el procesal18.
27. En términos generales, este defecto puede presentarse en dos modalidades: (i)
absoluto, cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre cuando «[…] hay
16 Según constancia de ejecutoria emitida por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
17 Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de
tutela, esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante
de los derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En
esta medida es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones
que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras
jurisdicciones, y en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la
demanda».
18 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por
extremo rigor en la aplicación de las normas procesales»19, es decir, se privilegian
aspectos formales sobre el derecho sustancial, lo que afecta la garantía de acceso a la
administración de justicia20.
3.6.2. Defecto sustantivo
28. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los
jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las
autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que
regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
29. La jurisprudencia constitucional21 ha estimado que la providencia judicial proferida con
desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que
se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal
inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa
sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella
el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte
Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en
una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar
a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos constitucionales 22.
3.7 Análisis del caso concreto
30. En el asunto sub examine, la accionante aduce que, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca quebrantó sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, toda vez que, no resolvió el argumento del recurso de
apelación formulado contra la sentencia de primera instancia, en el que solicitó concreta
y exclusivamente revocar la condena en costas, con sustento en que, al momento de
interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no se había proferido
la sentencia de unificación que definió la improcedencia de extender la sanción moratoria
19 Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
20 Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
21 Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
22 Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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prevista en la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG.
31. En ese sentido, señaló que, el Tribunal «[…] [no] t[uvo] en cuenta que, para la fecha de la
decisión, ya se encontraba vigente la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 188 del CPACA y
estableció como criterio obligatorio para la procedencia de la penalidad la verificación de [si] la demanda
[fue] presentada con manifiesta ausencia de fundamento legal […]. Por tanto, la omisión de dicho examen
no puede considerarse una interpretación legítima de la autonomía judicial, sino una actuación
abiertamente contraria al ordenamiento jurídico », tal como lo ha sostenido la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en diversos pronunciamientos 23.
32. En el sub lite se observa que, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 76111-33-33-001-2023-00027-01, promovido por la accionante
con el fin que se le ordenara el pago de la de la sanción moratoria prevista en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, por la no consignación oportuna de las cesantías
correspondientes al año 2020, el Juzgado Primero (1°) Administrativo de Guadalajara de
Buga, al proferir la sentencia de primera instancia, dispuso negar las pretensiones y
condenar en costas a la demandante, con fundamento en el artículo 188 del CPACA y
los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, así:
[…]
SEGUNDO: Condenar en costas de esta instancia a la parte vencida en el proceso, en el evento
de haberse causado y en la medida de su comprobación, las cuales serán liquidadas por la
Secretaría de este Despacho siguiendo lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA en concordancia
con los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso. Fijar como agencias en derecho el 5%
del valor de las pretensiones denegadas en esta sentencia, en aplicación del numeral 4 del artículo
366 del Código General del Proceso y de conformidad con los criterios y tarifas establecidas en el
Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura.
33. La demandante, como única apelante y en desacuerdo solamente con la condena en
costas, presentó recurso de alzada, en el que, argumentó lo siguiente:
Es menester precisar que este extremo procesal acata el pronunciamiento emitido por el Consejo de
Estado en sede de unificación; no obstante que se explica que en el momento de presentación de
este medio de control existían elementos de juicio suficientes para fundamentar las pretensiones, en
virtud de los principios de buena fe y la confianza legítima se desplegaron las actuaciones judiciales
como la que hoy ocupa la atención de su despacho, así mismo y ante la relevancia de las mismas
llegaron ante el H. Consejo de Estado para ser resueltas, siendo respetuosos de la decisión de la
23 Al respecto mencionó, entre otras, las sentencias de: (i) 7 de diciembre de 2021, expediente 25000-23-42-000-2018-
02785-01, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; (ii) 27 de enero de 2022, expediente 25000-23-42-000-2016-05174-01, C.
P. Carmelo Perdomo Cuéter; (iii) 11 de agosto de 2023, expediente 18001-23-33-000-2014-00249-01, C. P. César
Palomino Cortés; (iv) 8 de febrero de 2024, expediente 520013333000201800041600, C. P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez; (v) 25 de julio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-03346-00, C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar;
y (vi) 27 de marzo de 2025, expediente 110010-03-25-000-2016-00173-00, C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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Sección Segunda del Consejo de Estado, para un correcto funcionamiento de la administración de
justicia en virtud de los principios de economía procesal, lealtad y siendo adelantado el medio de
control con anterioridad a la expedición de la sentencia de unificación, es que ruego a su bien servido
despacho se conceda el recurso de apelación en contra de la condena en costas interpuestas por el
ad-quo en primera instancia y se disponga el procedimiento a que se refiere la norma en la que se
funda esta petición, además del archivo del expediente.
Así mismo, teniendo en cuenta que con ocasión de la Sentencia de Unificación Jurisprudencial
identificada como SUJ-032-CE-S2-2023 de fecha 11 de octubre de 2023, se estableció que el
derecho que aquí se debate no es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG, así mismo dispuso:
“193. No se impondrá condena en costas. Lo anterior, en línea con el criterio acogido por
esta Sección en anteriores oportunidades, en las cuales consideró que, en los casos resueltos
a través de una sentencia de unificación, en aplicación de las reglas allí definidas no hay lugar
a ello, al amparo de los principios de buena fe y confianza legítima.” Subrayas fuera de texto
Por esta razón, se solicita en el presente asunto y en todos los que se tramitan en su Honorable
Despacho que NO se condene en costas, siguiendo el argumento previsto en la Sentencia de
Unificación del 11 de octubre de 2023, en el cual se indica que no se impondrá costas, en virtud de
los principios de buena fe y confianza legítima.24
34. Sin embargo, la autoridad accionada, en el fallo censurado, no emitió pronunciamiento
alguno al respecto, más allá de indicar que no condenaría en costas en esa instancia,
como se muestra a continuación:
La condena en costas
24. Los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, establecen el deber del juez de disponer en la
sentencia sobre la condena en costas. En este caso no se fijará suma alguna por este concepto
porque no obra prueba que demuestre su causación en esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2023 por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, que negó las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas. […].
35. Pues bien, lo anterior para la Sala resulta reprochable, en tanto, se reitera, los
cuestionamientos de la actora frente a la decisión de primera instancia en el trámite
ordinario únicamente tuvieron que ver con la condena en costas que le fue impuesta,
24 Índice 20 de SAMAI, expediente de nulidad y restablecimiento del derecho de primera instancia.
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aspecto sobre el cual, el tribunal accionado ni siquiera efectuó el análisis correspondiente,
con el fin de confirmarla o revocarla.
36. De esta manera, debe recordarse que el análisis de la segunda instancia está
demarcado por los argumentos que se exponen en el recurso de apelación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del CGP, que, sobre la competencia del
superior, dispone:
Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. (…) (negrillas
fuera del texto original).
37. En este sentido, la Sala encuentra que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
al resolver la controversia planteada, no se pronunció sobre el argumento central del
recurso de apelación formulado por la demandante que, únicamente, se dirigió a
cuestionar la condena en costas efectuada en primera instancia, y, por el contrario, se
dispuso a abordar el análisis sobre la procedencia de reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG, aspecto que,
dicho sea de paso, ni siquiera fue objeto de la alzada.
38. Lo anterior, en criterio de esta Sala de Subsección, configura un defecto procedimental,
toda vez que, como quedó visto, desconoce el artículo 329 del Código General del
Proceso que, demarca la competencia del superior al momento de resolver la apelación,
con lo que, quebrantó el derecho al debido proceso y adecuado acceso a la
administración de justicia de la accionante.
39. Finalmente, comoquiera que, el Tribunal no emitió pronunciamiento alguno respecto
de la condena en costas en primera instancia, no es posible para esta Sala de Subsección
examinar el defecto sustantivo, en punto de determinar la existencia de una interpretación
abiertamente contraria a las normas y a la jurisprudencia en la materia.
40. De acuerdo con lo anotado, se concluye que, la providencia cuestionada incurrió en
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defecto procedimental, por no haberse pronunciado sobre los argumentos que
sustentaron el recurso de apelación encaminados a que se revocara la condena en costas
dispuesta en primera instancia.
41. Por lo expuesto, la Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia de la accionante y, por tanto, dejará sin
efectos la sentencia proferida el Catorce (14) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025).
En consecuencia, se ordenará al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferir una
decisión de reemplazo, en la que resuelva los argumentos del recurso de apelación, esto
es, lo pertinente a la inconformidad con la condena en costas en primera instancia, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación del departamento del Valle del Cauca
y de la Nación - Ministerio de Educación Nacional, conforme a la motivación.
SEGUNDO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y al principio de gratuidad de la señora María del Rosario Serna
Osorio, por las razones consignadas en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS el fallo del Catorce (14) de Octubre de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la accionante
contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y el departamento del Valle del Cauca.
CUARTO. En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
que, dentro del término de Veinte (20) días siguientes a la notificación de esta
providencia, dicte un fallo de reemplazo en el aludido asunto ordinario, en el que, se
pronuncie sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación que se relacionan
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con la inconformidad frente a la condena en costas en primera instancia, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el incumplimiento
de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo
52 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma
y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
SÉPTIMO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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