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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02306-01

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02306-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase la sentencia del 4 de junio de 2025, por la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B negó la solicitud de amparo, para en su lugar declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02306-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

4 de septiembre de 2025

Demandante: Yhon Francy Zambrano Charry
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Rad: 11001-03-15-000-2025-02306-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02306-01
Demandante: YHON FRANCY ZAMBRANO CHARRY
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Revoca el fallo
que niega para en su lugar declarar la improcedencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 4 de junio de 2025, por la cual el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B negó la solicitud de amparo y la solicitud de
desvinculación presentada por el Ministerio de Educación Nacional y la
fiduciaria La Fiduprevisora S.A.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito remitido el 15 de abril de 20251, el señor Yhon Francy
Zambrano Charry, a través de apoderado judicial, promovió solicitud de tutela
con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 3 de octubre de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Tolima, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 73001-33-33-002-
2022-00228-00/01.

1
Tutela en Línea con número 2768978.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Demandante: Yhon Francy Zambrano Charry
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Rad: 11001-03-15-000-2025-02306-01

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

…

2. Que como consecuencia de la anterior de cisión se profiera una orden
judicial con destino al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, en
donde se revoque la sentencia de segunda instancia y se emita una nueva
sentencia bajo los parámetros de justicia que establezca la Corte
Constitucional como garante de los derechos fundamentales de las
personas. Máximo Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en su rol de
Juez Constitucional.

3. Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA revocar
el numeral segundo de la sentencia de segunda instancia, para n condenar
en costas al accionante YHON FRANCY ZAMBRANO CHARRY.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La parte actora sostuvo que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda en contra de la Nación,
Ministerio de Educación Nacional y al Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, con el fin de cuestionar la legalidad del acto ficto negativo
configurado respecto de la petición presentada el 6 de febrero de 2020, con la
que solicitaba el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no
cancelación oportuna de las cesantías, en los términos de las leyes 1071 de
2006 y 1955 de 2019.

Expuso que dicho proceso se identificó con el radicado 73001-33-33-002-2022-
00228-00/01 y que en primera instancia conoció el Juzgado Segundo del
Circuito Judicial de Ibagué, el cual, mediante sentencia del 22 de noviembre de
2023, accedió a las súplicas de la demanda.

Indicó que, contra de esta decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación y que el Tribunal Administrativo del Tolima, con sentencia del 3 de
octubre de 2024, revocó lo resuelto al considerar que, si bien era cierto se
acreditó la mora en el pago alegada, en los términos de la sentencia de
unificación 18 de julio de 2018 del Consejo de Estado, Sección Segunda,
«como el FOMAG pagó $340.138, lo que cubre 5 días de penalidad, esta Sala
considera que el día de sanción que falta debió ser reclamado ante el
Departamento del Tolima», ente que no fue vinculado al proceso.

Señaló que en dicha providencia también se le condenó en costas y se dispuso
que debían liquidarse por el juzgado de origen, así:

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Demandante: Yhon Francy Zambrano Charry
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
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SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora, las cuales se
deberán liquidar por el juzgado de origen. Las agencias en derecho a favor
de la parte demandada y a cargo de la parte actora corresponden a la
suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente por cada
instancia al momento de la ejecutoria de esta providencia.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que se vulneraron sus derechos fundamentales porque
con la providencia demandada se incurrió en un defecto sustantivo, pues se
desconoció que el artículo 57 de la Ley 1955 de 20192, que dispuso que «todas
las sanciones por mora causadas hasta el 31 de diciembre de 2019, serán a
cargo de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, las cuales deben ser financiadas a través
del Ministerio de Hacienda con la emisión de Títulos de Tesorería, las causadas
a esa fecha, serán de cargo de las entidades territoriales».

Agregó que también se aplicó en indebida forma el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que dispone que
«solo habrá lugar a la condena en costas cuando en el expediente se pruebe de
manera objetiva su causación, por lo que, en ausencia de su comprobación, no
resultarían procedentes».

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 23 de abril de 2025 se inadmitió la demanda constitucional
para que se allegara el poder que acreditara la representación del señor Yhon
Francy Zambrano Charry.

Atendido dicho requerimiento, a través de proveído del 9 de mayo de la misma
anualidad se admitió la acción de tutela.

Por consiguiente, se dispuso la notificación del Tribunal Administrativo del
Tolima. A su vez, se vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué; a la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y al
departamento del Tolima.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Gobernación del Tolima

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Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto
por la Equidad”.

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La mencionada entidad territorial solicitó que se declarara improcedente la
tutela por no superar los requisitos de procedibilidad en tratándose de
decisiones judiciales; además, afirmó que comparte las consideraciones
contenidas en la decisión cuestionada.

1.6.2. Ministerio de Educación Nacional

Esta entidad solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela, toda vez
que carece de relevancia constitucional al no evidenciarse vulneración de
derecho fundamental alguno.

Pidió que se le desvinculara del asunto pues el juez natural es el llamado a
desplegar las actuaciones que pudieran resultar contrarias al ordenamiento
jurídico.

1.6.3. La Fiduprevisora S.A.

Esta entidad solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela y se le
desvinculara del asunto por carecer de legitimación en la causa por pasiva, ante
la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, la cual se le atribuyó
al tribunal demandado.

1.6.4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el
Tribunal Administrativo del Tolima, si bien allegaron el enlace virtual de consulta
del proceso contencioso-administrativo, guardaron silencio frente a la solicitud
de amparo.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 4 de junio de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B negó la solicitud de amparo y la solicitud de
desvinculación presentada por el Ministerio de Educación Nacional y la
Previsora La Fiduprevisora S.A.

Indicó que, de los argumentos expuestos por el tribunal demandado en su
providencia, se podía observar que el demandante no agotó la reclamación
administrativa ante el departamento del Tolima de forma autónoma, en los
términos del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, con el fin de lograr el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria configurada en su favor.

Expuso que, por el contrario, solo lo hizo ante el Fomag, pese a que era
necesario para el fin perseguido, en razón a que «la Secretaría de Educación
del Tolima [fue la que] incumplió con la obligación legal de emitir el acto de
reconocimiento de la prestación dentro del término establecido, superándolo por

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Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
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al menos un día». Además, de que tampoco fue vinculado al proceso
contencioso-administrativo.

Precisó que, sin desconocer que el parágrafo transitorio del artículo 57 de la
Ley 1955 de 2019 dispone que el pago de las sanciones causadas a diciembre
de 2019 le corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, lo cierto era que tal circunstancia no le aplicaba a la situación del
demandante, toda vez que el tribunal demandado encontró que la sanción por
mora advertida era atribuible al departamento del Tolima y no al Fomag.

Agregó que el tribunal demandado acudió a un criterio objetivo para condenar al
demandante en costas con fundamento en los artículos 365 del Código General
del Proceso y 188 de la Ley 1437 de 2011, tesis actualmente vigente en
algunas secciones de esta corporación [citó sentencia proferida el 9 de abril de
2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, expediente
25000-23-36-000-2020-00334-01 (70517)].

Advirtió que hay otras secciones de la corporación, como la Sala que hoy
decide, cuya tesis en asuntos ordinarios es resolver acerca de la condena en
costas desde un juicio subjetivo valorativo, tal como se señaló en sentencia del
10 de julio de 2024 [citó Expediente: 50001-23-33-000-2019-00438-01 (0280-
2023)].

Manifestó que, sin perjuicio de la tesis adoptada por esta Sala de decisión en
asuntos contencioso-administrativos, era evidente que al interior del Consejo de
Estado no existía una postura uniforme acerca de la imposición de costas en los
términos del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021; situación frente a la cual, la solicitud de tutela no es el
mecanismo idóneo para unificar una posición al respecto.

Refirió que el razonamiento efectuado por el tribunal demandado estuvo
sustentado en la normativa vigente, cuya interpretación no ha sido pacífica en la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, por lo que debía respetarse la
interpretación jurídica del juez natural.

Concluyó que no se configuró el defecto sustantivo pues lo que existía era una
inconformidad con el resultado de la valoración efectuada por el juez natural
que no es atacable vía tutela, en la medida en que «aquella visión de los
hechos presentada por la autoridad judicial demandada cuenta con soporte y
está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera, este mecanismo
no puede convertirse en una tercera instancia».

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1.8. Impugnación

Mediante memorial radicado electrónicamente el 17 de julio de 2025, la parte
actora impugnó el fallo de primera instancia, decisión que fue notificada el 14
del mismo mes y año.

Indicó que el a quo se escudó en el cumplimiento del presupuesto de la
inmediatez para no resolver de fondo el asunto, lo que le generó un agravio
pues se desconoció la “relativización del principio de inmediatez”, pese a que su
reclamación es legítima y temporal. Adujo que, por el contrario, sí acreditó tal
requisito.

Añadió que lo pretendido es que no se le condene en costas y agencias en
derecho y, para el efecto, citó el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, norma
que remite a los artículos 361 a 365 del Código General del Proceso.

Señaló que las agencias en derecho deben ser ordenadas de manera objetiva y
la que se le impuso no tiene esta característica, ni se sustentó, por lo que el
juez no atendió a la buena fe ni esta se desvirtuó.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
decisión de primera instancia en atención a lo consagrado por el Decreto 2591
de 19913, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si de acuerdo con los argumentos expuestos en la
impugnación del fallo, debe revocarse la sentencia de primera instancia que
negó el amparo solicitado, para en su lugar acceder a la protección invocada
por la parte actora que considera que con la providencia del 3 de octubre de
2024 dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima se incurrió en un defecto

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Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política

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Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Rad: 11001-03-15-000-2025-02306-01

sustantivo.

De encontrarse cumplidos los requisitos de procedencia adjetiva, se analizará si
con la decisión demandada se incurre en la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la entidad demandante.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20124, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.5

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los fijados hasta el
momento jurisprudencialmente. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
4
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
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Ibídem.

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fondo del asunto –procedencia adjetiva–.6

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Caso concreto

La parte accionante cuestionó la sentencia proferida el 3 de octubre de 2024
por el Tribunal Administrativo del Tolima, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 73001-33-33-002-
2022-00228-00/01, pues a su juicio se configuró un defecto sustantivo porque
desconoció lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1955 de 20197 y aplicó

6
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
7
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto
por la Equidad”. ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las cesantías
definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y
liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán
reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte
de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la
Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El
acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante resolución que llevará la
firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.
…
PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el
pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la
solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo

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indebidamente el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el 47 de
la Ley 2080 de 2021, relativo a la condena en costas.

El a quo negó la solicitud de tutela al considerar que no se configuró dicho vicio
puesto que lo señalado en la primera norma no le era aplicable al demandante,
pues el tribunal acusado encontró que la sanción por mora advertida era
atribuible al departamento del Tolima y no al Fomag.

Para ello, en el fallo impugnado se señaló que el tribunal demandado precisó
que el demandante no agotó la reclamación administrativa ante el departamento
del Tolima de forma autónoma, en los términos del artículo 57 de la Ley 1955
de 2019.

A su vez, el juez constitucional de primera instancia descartó el defecto en
mención en cuanto a la imposición de las costas interior del Consejo de Estado
no existe una postura uniforme acerca de la imposición de costas en los
términos del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021; por lo que la acción de tutela no era mecanismo idóneo
para unificar posturas.

No obstante, la parte actora impugnó tal decisión pues consideró que el a quo
incurrió en una omisión pues se escudó en el cumplimiento del presupuesto de
la inmediatez para no resolver de fondo el asunto, lo que le generó un agravio
pues se desconoció la “relativización del principio de inmediatez”. Además,
insistió en el reproche acerca de las costas procesales que le impuso el tribunal
demandado.

Para resolver, se considera lo siguiente:

En atención a los argumentos expuestos por la parte impugnante, en cuanto al
presunto desconocimiento del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, no es cierto
que en la sentencia de primera instancia no se resolviera el asunto de fondo y
que se resolviera bajo el requisito de la inmediatez.

Por el contrario, el a quo abordó el asunto de manera concreta, sin siquiera

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.

(Texto original de la Ley 1955 de 2019) PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de financiar
el pago de las sanciones por mora a cargo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio causadas a diciembre de 2019, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
para emitir Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias
públicas; así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas
de negociación y pago de los mismos. El Consejo Directivo del FOMAG efectuará la adición
presupuestal de los recursos de los que trata el presente parágrafo.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe
presupuestarse para efectos de su redención.

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Demandante: Yhon Francy Zambrano Charry
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analizar si en el presente asunto se acreditaban o no los presupuestos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

En lo particular, se observa que, el fallo de tutela impugnado debe revocarse en
relación con el reproche frente al presunto desconocimiento del artículo 57 de la
Ley 1955 de 2019 y a las costas procesales impuestas por el tribunal acusado,
pues el asunto carece del presupuesto de la relevancia constitucional, porque
los argumentos planteados por la parte impugnante se dirigen a reabrir el
debate que ya fue zanjado por el juez natural, en cuanto a la reclamación ante
la autoridad administrativa y, a cuestionar un asunto netamente económico, en
relación con el segundo objeto de reproche.

En relación con el aludido requisito, se observa que, la Corte Constitucional en
la sentencia SU 215 de 2022 señaló:

…la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de
tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene
que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales… Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

Dicho presupuesto general de la acción de tutela “…supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con
aquel…”8. De igual manera, se precisa el aludido requisito tiene tres finalidades,
a saber:

(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional9 y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad10; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales11 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces12.

8
Sentencia SU 573 de 2019.
9
“Sentencia C-590 de 2005.”
10
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
11
“Sentencia C-590 de 2005.”
12
“Sentencia T-102 de 2006.”

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Demandante: Yhon Francy Zambrano Charry
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Rad: 11001-03-15-000-2025-02306-01

Por tanto, este juez constitucional no puede atribuirse las facultades del
funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto que implicaría
un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez natural.

En efecto, esta sala de decisión planteó que el estudio de la relevancia
constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la
Corte Constitucional y acogidos por esta corporación, que en concreto se
refieren entre otros a que no se trate de asuntos de orden económico en los que
no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental.

Lo anterior, porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces
ordinarios o naturales de la causa, pues la acción de tutela no puede
convertirse en una tercera instancia.

Por consiguiente, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la
decisión judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales, sino
que es necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la carga
de argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta contradicción
de los mandatos constitucionales y, ii) que implique la intervención del juez
constitucional.

En ese orden, para el caso concreto no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por el tribunal demandado que
amerite la intervención en sede constitucional.

Por consiguiente, se revocará el fallo impugnado que negó el amparo para, en
su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el
presupuesto de la relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revócase la sentencia del 4 de junio de 2025, por la cual el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B negó la solicitud de amparo, para
en su lugar declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir el
presupuesto de la relevancia constitucional.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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