Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06713-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06713-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-06713-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
6 de febrero de 2025
Demandante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06713-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06713-00
Demandante: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Resuelve la Sala la solicitud de amparo formulada por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, de conformidad
con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
Mediante escrito presentado el 5 de diciembre de 2024, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales [en adelante DIAN], por conducto de apoderado 1, instauró acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta con el fin de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y «protección del patrimonio público».
La vulneración de las referidas garantías constitucionales la sustentó en la expedición
de la sentencia de 20 de junio de 2024 dictada por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, a través de la cual confirmó la decisión de 26 de noviembre de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el sentido de acceder a las pretensiones
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la
sociedad Industria de Alimentos Zenú S.A.S. contra la DIAN. La referida causa se
identificó con el radicado 05001-23-33-000-2021-00919-00/01.
1
De conformidad con el poder aportado con la demanda de tutela.
1
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Demandante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
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1.2. Pretensiones
La parte actora planteó las siguientes peticiones:
PRIMERO: Se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso y protección
del patrimonio público a la U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES - DIAN, respecto de la condena en costas impuesta por el H. Consejo de
Estado – Sección Cuarta en sentencia de segunda instancia emitida en proceso
tramitado bajo partida 05001-23-33-000-2021-00919-01 (27168).
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene a la Sección Cuarta
del Consejo de Estado proceda a revocar la sentencia de segunda instancia proferida
dentro del proceso judicial 05001-23-33-000-2021-00919-01 (27168) y profiera un nuevo
fallo.2
1.3. Hechos
Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
La DIAN informó que el 4 de abril de 2019 profirió el requerimiento especial
112382019000017 con el propósito de rechazar de la declaración privada del impuesto
sobre la renta y complementarios del año 2015 de la sociedad Industrias de Alimentos
Zenú [en adelante Zenú], el gasto por intereses por valor de $10.105.737.000,
derivados del crédito con el Fideicomiso y, por tanto, liquidar un mayor impuesto por
el monto de $2.526.434.000 y una sanción por inexactitud del mismo valor.
Adujo que el 9 de julio de 2019 Zenú presentó respuesta al requerimiento en el sentido
de manifestar oposición a las glosas propuestas por la administración, frente a lo cual,
el 20 de diciembre de 2019 la DIAN le notificó la liquidación oficial de revisión 900025
de 17 de diciembre del mismo año, marco en el que se confirmó el rechazo de
deducciones por valor de $10.105.737.000.
Precisó que Zenú presentó recurso de reconsideración contra la anterior decisión y fue
desatado con la resolución 219 de 15 de enero de 2020 a través de la cual la DIAN
confirmó la liquidación oficial.
Informó que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
causa que conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Oralidad que, con sentencia de 26 de noviembre de 2021 accedió a las
pretensiones de la demanda al declarar la nulidad de los actos demandados y condenó
en costas a la DIAN por un valor de $151.586.040.
2
Cita del texto original con posibles errores.
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Refirió que el recurso de apelación interpuesto por la DIAN, entre otros aspectos que
no son el objeto de esta tutela, consistió en la indebida interpretación del artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, puesto que, en su criterio, no se consideró la conducta
procesal de las partes a partir de lo cual se concluyera la mala fe de la administración
como presupuesto para determinar la condena en costas.
Puntualizó que el mecanismo de alzada lo resolvió la Sección Cuarta del Consejo de
Estado al proferir el fallo de 20 de junio de 2024 en el sentido de confirmar lo decidido
por el a quo, y adicionó el valor de un salario mínimo por agencias en derecho.
Advirtió que la Sección Cuarta del Consejo de Estado argumentó que la condena en
costas estaba sustentada en la copia simple de la factura electrónica de venta 14866
de 13 de julio de 2021, la cual refiere en el campo denominado «información de
detalle», entre otros conceptos, el relativo al «litigio del impuesto de renta año 2015»
y «servicios legales» para el periodo «2021-03-27 > 2021-06-30». Al respecto, precisó
lo siguiente:
5- Contrario a lo señalado por la apelante, en el proceso se acreditó la copia simple de
la Factura Electrónica de Venta 14866 del 13 de julio de 2021 (prueba 8.35), la cual
refiere como «información de detalle» (entre otros) «litigio del impuesto de renta año
2015» y «servicios legales – (2021-03-07 > 2021-06-30)», lo que satisfaría la
comprobación de expensas incurridas por honorarios de abogado3, razón por la cual la
Sala mantendrá la condena en costas impuesta en el fallo de primera instancia.
Por la misma razón igualmente se condenará en costas en esta instancia y se
determinarán las agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo, mensual,
legal y vigente al momento de la ejecutoria de la presente providencia, acorde con los
parámetros fijados en el Acuerdo PSAA16-10554, del 05 de agosto de 2016, del Consejo
Superior de la Judicatura4. Liquídense por la secretaría del tribunal.
Con base en lo anterior, se confirmará la sentencia impugnada5.
1.4. Fundamentos de la solicitud6
1.4.1. La DIAN indicó que la tutela de la referencia está revestida de relevancia
constitucional en atención a que la sentencia de 20 de junio de 2024 compromete la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y del principio a la seguridad jurídica al incurrir
en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, lo cual derivó en una
violación directa de la Constitución.
Agregó que la decisión demandada no solo afecta los derechos de la DIAN, sino que
impacta en la sostenibilidad fiscal del país con ocasión de una decisión que genera un
3
«Sentencia del 03 de agosto de 2023 (exp. 26447, CP: Wilson Ramos Girón)».
4
«Sentencias del 15 de septiembre de 2022 (exp. 26238, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez); y del 29
de junio de 2023 (exp. 25951, CP: Wilson Ramos Girón)».
5
Ver página 20 del fallo de 20 de junio de 2024.
6
Las citas contenidas en este numeral fueron extraídas del texto original con posibles errores.
3
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escenario de incertidumbre jurídica respecto a un tema que «va más allá de lo
puramente económico […] donde el sistema tributario es crucial para asegurar los
recursos necesarios del Estado y cumplir con sus objetivos».
Adicionó que en el asunto de la referencia se supera el análisis de los requisitos de
inmediatez, de agotamiento de todos los mecanismos judiciales, y que no se trate de
una tutela contra una decisión de la misma naturaleza.
1.4.2. En cuanto a la decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado relativa a
confirmar la condena en costas a la DIAN, precisó que en la sentencia de 20 de junio
de 2024 se incurrió en los defectos material y desconocimiento del precedente del
Consejo de Estado en atención a una indebida interpretación del artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, respecto del cual esta corporación ha indicado7 que la palabra contenida
en la referida norma, esto es, «disponer», no implica «la causación de costas per se
contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición,
se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución».
Además, expuso que en lo que atañe a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
le corresponde al juez elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la
conducta procesal asumida por los extremos, para dar paso a la aplicación razonable
de la norma8.
Finalmente, resaltó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado no consideró que la
posición de la DIAN contaba con un soporte razonable en derecho y la inexistencia de
la temeridad en sus actuaciones procesales. Aunado a que el único fundamento de la
condena en costas fue la copia simple de la factura electrónica de venta 14866 de 13
de julio de 2021 «sin que se hubiese acreditado el pago efectivo del valir registrado en
el título valor por parte de la accionante».
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con proveído de 9 de diciembre de 2024 se admitió la acción de tutela y se dispuso
tener como parte accionada al Consejo de Estado, Sección Cuarta. En calidad de
terceros con eventual interés en las resultas del trámite constitucional, se dispuso la
vinculación del Tribunal Administrativo de Antioquia y de la sociedad Industria de
Alimentos Zenú S.A.S.
Finalmente, se ordenó a la oficina de sistemas de la corporación que realizara una
publicación en la página web con la información de este trámite tutelar.
7
Sentencia de 1. ° de junio de 2023, expediente «2018-00141», M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
8 Advirtió que dicha postura ha sido iterada en «C.E., Sec. Segunda, Sent. 2019-00875, mar. 06/2024.
M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas y C.E., Sec. Segunda, Sent. 2015-01026, jun. 04/2024. M.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez». [Cita del texto original con posibles errores].
4
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1.6. Intervención
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibió memorial
proveniente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado suscrito por el magistrado
Wilson Ramos Girón, a través del cual se solicitó que se declare la improcedencia de
la acción de la referencia o que, en su defecto se niegue la petición de amparo
constitucional.
La anterior solicitud se sustentó en que el debate propuesto en esta sede carece de
relevancia constitucional debido a que la DIAN pretende usar la acción de tutela como
una especia de tercera instancia del proceso ordinario al plantear los mismos reparos
expuestos en el recurso de apelación del proceso ordinario, relativos a la indebida
interpretación del artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, puesto que, en su criterio, no se
consideró la conducta procesal de las partes a partir de lo cual se concluyera la mala
fe de la administración con presupuesto para determinar la mencionada condena.
En ese sentido, advirtió que la discusión recae sobre aspectos netamente legales y de
tinte económico respecto a la aplicación de los artículos 188 del CPACA y 361 a 366
del CGP, omitiendo proponer un verdadero asunto de rango constitucional.
En cuando al fondo del caso argumentó que, «al contrario de lo señalado por la DIAN,
en el proceso ordinario se encontraron probadas las agencias en derecho, esto es, la
existencia de un contrato de prestación de servicios de apoderamiento judicial, lo que,
conforme con los artículos 188 del CPACA y 361 y 366, ordinal 4.º del CGP hacía
procedente su imposición, sin que dicha decisión vulnere de manera alguna los
derechos fundamentales de la Dian».
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la DIAN
contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y
en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
Anuncia la Sala que le reconocerá personería al abogado Camilo Andrés Perilla López
para actuar como apoderado de la DIAN en la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con el poder allegado con la demanda tutelar.
5
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar sí en el caso concreto se presenta la vulneración de
las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión de la providencia 20
de junio de 2024 dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, a través de la cual
se confirmó la decisión de primer grado del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001-23-33-000-2021-
00919-00/01.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las
generalidades del defecto alegado; y (iv) el caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20129 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 12, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
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2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
Para la Sala resulta necesario anunciar que el requisito de relevancia constitucional
no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud
de amparo elevada por la DIAN no cumple con las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.
2.5.1.1. En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:
7
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(i) El respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) La protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) La preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) La prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal.13
Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico14; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales».15
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés
general”16. En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que
la solicitud de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación
con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental».17
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
13
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
14
Sentencia SU-103 de 2022.
15
Sentencia SU-573 de 2019.
16
Ibídem.
17
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
8
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riguroso18, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.
2.5.1.2. En ese orden, este juez constitucional, al descender al análisis de los
argumentos planteados por la DIAN, advierte que el asunto se circunscribe a un debate
meramente legal y de connotación económica por haberse cimentado en que la
Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución en la providencia
de 20 de junio de 2024, al condenar en costas a la parte vencida en el proceso
ordinario.
Lo anterior, con el propósito de evidenciar que la judicatura censurada desatendió la
debida interpretación que el Consejo de Estado le ha impartido al artículo 47 de la Ley
2080 de 2021 [modificatorio del artículo 188 del CPACA], al no tener en consideración
la conducta procesal de las partes a efecto de determinar una condena en costas
sustentada, además, en la copia simple de una factura de venta por concepto de
gastos de representación legal frente a lo cual no se acreditó el pago efectivo de ese
título valor.
En síntesis, en criterio de la DIAN, la Sección Cuarta del Consejo de Estado quebrantó
las garantías constitucionales de la parte accionante al confirmarle en segunda
instancia la orden de pago de costas procesales, las cuales, a su juicio, no fueron
acreditadas, máxime, porque afecta el equilibrio fiscal del país.
En ese orden, la Sala resalta que, la inconformidad de la DIAN tiene su génesis en un
aspecto legal por cuanto pretende que el juez de tutela analice la conducta procesal
de las partes dentro de la causa ordinaria, a la luz de lo previsto en el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, lo cual, deriva inevitablemente en una consecuencia netamente
económica al girar en torno a si era procedente o no la condena en costas del extremo
que resultó vencido en la causa ordinaria.
Ello, conlleva que se demuestre que el caso, lejos de ameritar un análisis a partir de
los postulados constitucionales, se limita al estudio de la legalidad de la decisión del
órgano de cierre en materia tributaria, la cual fue adoptada en el marco de los principios
de autonomía e independencia judicial y con fundamento en el marco normativo
aplicable al asunto, esto es, el artículo 365 del CGP en el cual se establecen las reglas
a tener en cuenta para efectos de imponer una condena en costas19.
18
Sentencia SU-573 de 2019.
19
«ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en
los casos especiales previstos en este código.
9
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En ese orden, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es
menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el
concepto de la violación que se deriva de una providencia judicial en abierta
contradicción de los postulados constitucionales, que implique por parte de este juez
un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado el máximo órgano en esta
materia.
Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, dictada por una corporación de cierre, requiere con mayor énfasis que el
accionante ejecute una exposición que sin lugar a dudas demuestre de forma
coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible afectación
de las garantías fundamentales en su núcleo esencial.
Así las cosas, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, comoquiera que no se acredita la violación iusfundamental
alegada, a partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de
esta sede advertir una prominente transgresión de sus prerrogativas superiores con
ocasión de la expedición de la providencia dictada por la autoridad censurada.
En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración
de garantías constitucionales que permita superar el requisito de relevancia
constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación meramente
legal; (ii) es de índole pecuniario; (iii) la sentencia reprochada fue dictada por una alta
corte; y (iv ) no se evidencia una vulneración palmaria que amerite la intervención del
juez de tutela.20
Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de decisión confirme la improcedencia de la
solicitud de amparo de la referencia.
2.6. Conclusión
La Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por la DIAN contra el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.
[…].
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación. […]»
20
Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-
000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de 28
de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (iv)
sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06713-00
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: RECONOCER personería al abogado Camilo Andrés Perilla López para
actuar como apoderado de la DIAN en la acción de tutela de la referencia.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por la
DIAN contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
(Aclara voto)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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