Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2021-00919-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2021-00919-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2021-00919-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
20 de junio de 2024
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00919-01 (26540)
Demandante: Industrias de Alimentos Zenú SAS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00919-01 (26540)
Demandante: Industrias de Alimentos Zenú SAS
Demandada: DIAN
Temas: Renta 2015. Principio de correspondencia. Deducción de intereses.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la demandada contra la sentencia
del 26 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Oralidad, que decidió2:
Primero. Se declara la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 900025 del 17 de diciembre de
2019, que modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de Industrias de
Alimentos Zenú SAS, correspondiente al año gravable 2015, y la Resolución 219 del 15 de enero de
2021, que confirmó íntegramente el contenido del acto liquidatorio. En consecuencia,
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, se declara la firmeza de la declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios presentada por la sociedad demandante, en relación con
el año gravable 2015.
Tercero. Se condena en costas a la entidad demandada, de conformidad con los parámetros
definidos en la parte motiva de la presente decisión.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante la Liquidación Oficial de Revisión 900025, del 17 de diciembre de 20193, la
demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2015,
presentada por la actora, en el sentido de desconocer parcialmente las deducciones
correspondientes a gastos por intereses sufragados en el marco de un préstamo
efectuado por un fideicomiso a la sociedad, pues la Administración estimó que no se
acreditaron los requisitos del artículo 107 del ET, decisión que fue confirmada mediante
la Resolución 219, del 15 de enero de 20214, que resolvió el recurso de reconsideración.
1
Samai CE, índice 3, certificado AE50C64A6205F80C 50034D7490AB5B83 8CBE6F319AFBA7E8 1AEF911014B9B567 (pdf), p. 1.
2
Samai CE, índice 2, certificado BC1972007F63F05C B84313AA22A3A339 3678F52B1D2B3457 1B1DDB97285E0971 (pdf), pp. 33
a 34.
3
Caa ff. 349 y 362.
4
Caa ff. 462 y 469 vto.
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Demandante: Industrias de Alimentos Zenú SAS
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones 5:
1.1. Primera. Que se declare la nulidad de la liquidación oficial y de la resolución del recurso, actos
que fueron debidamente identificados al inicio de este memorial.
1.2. Segunda. Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca en su derecho a mi
representada, mediante la declaración de que su liquidación privada del impuesto sobre la renta y
complementarios del año gravable 2015 ha quedado en firme; y por lo mismo, no tiene que realizar
ningún pago a la DIAN por concepto de impuestos, sanciones, actualizaciones e intereses moratorios.
1.3. Tercera. Que se condene en costas a la DIAN, que probamos con la factura que hemos emitido
a Zenú por representación judicial (Prueba 8.35).
(…)
Invocó como vulnerados los artículos 29 de la Constitución; 42 del CPACA; y 14-1, 107,
647, 706, 714, 742, 777 y 779 del ET (Estatuto Tributario). El concepto de violación
planteado en reforma de la demanda6 se sintetiza así:
-En cuanto al origen de la discusión. Durante el 2009 contrajo siete créditos con tres
entidades financieras por valor de $146.694.999.0187, los cuales fueron respaldados con
pagarés y registrados en su contabilidad. Posteriormente, para mejorar sus condiciones
de endeudamiento, realizó una sustitución – reestructuración de pasivos, obtuvo nuevos
préstamos en mejores términos y canceló los créditos iniciales. En ese orden, su matriz
Grupo Nacional de Chocolates S.A. (hoy Grupo Nutresa S.A.) constituyó un fideicomiso
para emitir bonos en el mercado de valores. Señaló que el prospecto de emisión reflejó
que los recursos obtenidos se destinarían a la sustitución de pasivos de la actora y otras
sociedades del grupo, en aras de cancelar sus obligaciones con el sistema financiero.
Una vez emitidos los bonos, solicitó al fideicomiso un crédito por $146.694.000.000,
otorgó un pagaré el 14 de agosto de 2014 y el día 20 del mismo mes Alianza Fiduciaria,
que ostentaba la calidad de vocera del fideicomiso, ordenó el pago de sus créditos a las
tres entidades financieras, quienes fueron notificadas de la cancelación de las deudas.
Con ocasión al préstamo efectuado por el fideicomiso, suscribió cuatro actas de
condiciones8 con las particularidades de los créditos, los cuales registró en su contabilidad
según sus estados financieros, comprobantes contables y el certificado de revisor fiscal.
Agregó que, al acceder al nuevo crédito, obtuvo condiciones más favorables. Luego,
señaló que el 23 de diciembre de 2009, la actora y otras empresas del grupo participaron
en una escisión múltiple, en la cual la primera transfirió algunas acciones por valor de
$36.051.331.922, recibió cuentas por cobrar por $140.000.000.000 y no cedió ningún
pasivo, pues no estaban asociados a los activos transferidos. Por último, aclaró que para
el 2015 estaban vigentes los préstamos del patrimonio autónomo, de ahí que debió pagar
intereses por $10.105.737.000 que trató como deducibles, lo que corroboró a partir de las
5
Samai CE, índice 2, certificado 1E545932DBE9316C B49DB34C69B9173F A917440E04404B19 21327D00BCB50335 (pdf), p. 11.
6
Samai CE, índice 2, certificado 1E545932DBE9316C B49DB34C69B9173F A917440E04404B19 21327D00BCB50335 (pdf), pp. 19
a 41.
7
Cuyos capitales y tasas de interés anual equivalían a: (i) Bancolombia: $14.706.720.000 al 10,3065%; (ii) Bancolombia:
$18.736.823.078 al 12,4229%; (iii) Bancolombia: $3.496.559.460 al 9,9681%; (iv) BBVA: $35.000.000.000 al 13,69%; (v) BBVA:
$35.000.000.000 al 9,15%; (vi) BBVA: $ 8.164.300.111 al 9%; y (vii) Davivienda: $31.590.596.369 al 10,79%.
8
Que recopilaron los montos de los desembolsos y sus intereses, así: (i) préstamo 1: $28.911.000.000 al IPC, más 4,19%; (ii) préstamo
2: $39.749.000.000 al IPC, más 5,33%; (iii) préstamo 3: $39.361.000.000 al IPC, más 5,59%; (iv) préstamo 4: $38.673.000.000 al IPC,
más 4,96%.
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certificaciones emitidas por la vocera del fideicomiso, su revisor fiscal y los comprobantes
de contabilidad del reconocimiento y pago de los intereses.
-El debate (posición de la DIAN). Advirtió que el requerimiento especial sustentó el
rechazo de los intereses por la ausencia de causalidad con su actividad productora de
renta. Adujo que, en esencia, la DIAN argumentó que debió transferir parte del pasivo a
las entidades beneficiarias de la escisión y, como esto no sucedió, asumió deudas que
no le correspondían. Así, el fisco censuró que la reorganización disminuyó su patrimonio
sin transferir pasivos a los demás intervinientes. Además, la demandada señaló que los
intereses pagados al fideicomiso no eran deducibles porque con el crédito no se efectuó
ninguna inversión para el desarrollo de su objeto social distinto al pago de obligaciones
bancarias. Sin embargo, la liquidación oficial y la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración modificaron el enfoque de la discusión y señalaron que no fue probada
la realidad del gasto, la emisión de los bonos, las operaciones de endeudamiento con los
bancos y/o la constitución del patrimonio autónomo. Asimismo, los actos afirmaron que la
expensa no tenía nexo causal con la actividad porque después del crédito los ingresos
disminuyeron e insistieron en la necesidad de transferir parte del préstamo en la escisión.
-La declaración … se encuentra en firme porque la inspección tributaria … no suspendió
el término para notificar el requerimiento especial. Planteó que la inspección tributaria
decretada no suspendió el término para notificar el requerimiento especial, pues el auto
que la ordenó no contenía los hechos concretos que pretendían probarse (art. 779 del
ET), a efectos de justificar la necesidad de la diligencia. Igualmente, alegó que la DIAN
no había realizado ninguna labor de fiscalización relevante que motivara la verificación de
hechos concretos, por lo que el auto no podía satisfacer tal obligación. Adujo que la
demandada acudió a ese mecanismo para efectuar la fiscalización que no realizó en los
términos ordinarios, lo cual contrariaba el propósito de la prueba. En ese orden, el fisco
no pretendía constatar directamente la realidad económica de la sociedad porque no la
conocía, sino que amplió los términos de un proceso destinado a fenecer por la firmeza
del denuncio, lo cual era improcedente9. Al respecto, destacó que otros tribunales10
rechazaron diligencias decretadas en circunstancias similares.
-Los intereses … provienen de una operación real y probada que fue indebidamente
valorada … Violación de los artículos 29 de la Constitución, 42 del CPACA y 742 y 777
del ET. Señaló que, en sede administrativa, aportó los documentos11 que demostraban la
transacción, lo cual también fue acreditado con su despliegue judicial, por lo que los actos
incurrieron en falsa motivación y violaron el debido proceso. Puntualizó que las pruebas
de los créditos con los bancos eran los pagarés que reflejaban el monto y condiciones de
los mutuos, el certificado de revisoría fiscal sobre la existencia de la deuda (uno aportado
en sede administrativa y otro con la demanda) y los comprobantes contables del
préstamo. Sobre la existencia de la operación con el fideicomiso, aportó un contrato de
fiducia cuyo objeto era la emisión de bonos para que los recursos obtenidos se destinaran
a la sustitución de pasivos de las sociedades del grupo.
Sobre la emisión de los bonos y el otorgamiento del crédito por el fideicomiso, destacó su
demostración con el prospecto de emisión, la resolución de la SuperFinanciera que
autorizó su inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisiones y la constancia de
emisión de los títulos. Explicó que el prospecto de emisión reflejó que los recursos se
9
Sentencia del 26 de noviembre de 2008 (exp. 16103, CP: Héctor J. Romero Díaz).
10
Sentencia del 30 de abril de 2020 (exp. 25000-23-37-000-2016-00785-00, MP: Gloria Isabel Cáceres Martínez).
11
Entre los que destacó: (i) conciliación contable y fiscal; (ii) contrato de fiducia; (iii) pagaré suscrito con un fideicomiso; (iv) certificación
de los intereses incurridos en el año 2015; (v) solicitud dirigida al fideicomiso para el pago de los créditos a las correspondientes
entidades financieras; (vi) certificación de revisor fiscal sobre detalle de los créditos que Zenú tenía con el fideicomiso.
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vincularían a la sustitución de pasivos de las sociedades subordinadas de su grupo. Del
mismo modo, demostró el crédito con el otorgamiento de un nuevo pagaré al patrimonio
autónomo, la cancelación de las deudas con los bancos, el registro contable de la
operación y la suscripción de las actas de condiciones con el fideicomiso. En tal sentido,
destacó que dicho crédito y las sumas pagadas a las entidades financieras eran por
$146.694.000.000, de ahí que el préstamo era real y se reflejó en sus estados financieros
del 2009, que fueron auditados por revisor fiscal y constituían plena prueba. Además, la
información era consistente con las actas de condiciones y los demás documentos.
Respecto a la prueba de los intereses pagados al fideicomiso durante 2015, estos fueron
soportados con las certificaciones emitidas por Alianza Fiduciaria (vocera del fideicomiso),
su revisoría fiscal y con los comprobantes de contabilidad. Así, concluyó que fue
demostrada la realidad de los préstamos iniciales con los bancos, la posterior
reestructuración de pasivos y que los recursos vinculados a la última operación no
ingresaron a sus cuentas, pues solicitó su traslado directo a las entidades financieras.
Destacó la relación entre el artículo 742 del ET y la obligación de valorar las pruebas, de
modo que, si la DIAN se basó en premisas falsas, los actos adolecían de falsa motivación
y vulneraban el debido proceso. En ese sentido, la Administración ignoró y valoró
inadecuadamente las pruebas aportadas y no hizo un «ejercicio juicioso» de la actividad
fiscalizadora, pues no revisó los documentos que solicitó y se le adjuntaron12.
-La DIAN parte de argumentos falsos e impertinentes para desconocer el cumplimiento
… del artículo 107 del ET. Luego de referir los motivos de la demandada para rechazar la
deducción, alegó que partían de premisas falsas e irrelevantes, pues la deducibilidad de
los intereses no dependía de que se realizaran nuevas inversiones con los recursos
recibidos o de la recepción de nuevos o mayores ingresos, pues la norma no lo exigía.
Por el contrario, la deducción dependía de su realización en el contexto de la actividad
económica del contribuyente sin consideración a la obtención de ingresos, de ahí que lo
relevante era que los gastos fueran destinados al desarrollo, conservación o mejora de la
labor13, bastaba que la expensa tuviera un propósito comercial y fuera realizada en la
actividad económica, pues su desarrollo requería incurrir en gastos que podían deducirse,
porque de lo contrario se gravarían utilidades que no se obtuvieron.
Afirmó que los intereses cumplían los requisitos del artículo 107 ídem porque estaban
vinculados a su actividad productora de renta y se originaron en un crédito para
reestructurar obligaciones financieras, que los redujo y mejoró sus condiciones de
endeudamiento. Destacó que las tasas del fideicomiso eran inferiores a las acordadas
con los bancos, lo que era lógico porque fue el propósito de la emisión de los bonos, que
suele ser más favorable que acudir a créditos con entidades financieras. Además, la
operación tuvo otros beneficios como un mayor plazo de redención del capital, lo que
redundó en mejores niveles de caja para desarrollar su actividad, pues el capital solo
debía pagarse al vencimiento del plazo; igualmente unificó sus deudas con bancos
nacionales y tuvo menor desgaste administrativo y facilidades en el manejo de la cartera.
Señaló como necesaria y comercial la reestructuración de obligaciones financieras para
acceder a menores intereses, mejores condiciones de amortización y mejorar los flujos
de caja, lo cual era una operación acostumbrada. A manera de ejemplo, destacó que las
personas naturales acudían a «compras de cartera» para disminuir intereses y mejorar
condiciones de pago, por lo que un comerciante también podía implementar tales
estrategias. Además, desde una perspectiva mercantil, cualquier entidad en su posición
12
Sentencia del 27 de agosto de 2020 (exp. 24561, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).
13
Sentencia del 27 de agosto y 26 de noviembre de 2020 (exps. 24561 y 21329, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).
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hubiera suscrito los créditos con el fideicomiso dadas las múltiples condiciones
favorables. Por último, calificó como «muy común» la emisión de bonos para refinanciar
o sustituir deudas y citó a tres compañías nacionales ampliamente conocidas.
Manifestó que los intereses eran proporcionales en un contexto de mercado, pues esta
corporación señaló que tal requisito dependía de su razonabilidad desde una perspectiva
comercial, lo que se cumplía porque la tasa de interés pactada con el fideicomiso era
inferior a la cobrada por tres de los bancos más importantes del país. Además, el
prospecto de emisión reflejó que los créditos tendrían la misma tasa de interés que los
bonos, lo cual era relevante porque su colocación en el mercado de valores a través de
mecanismos competitivos garantizó que estos correspondieran a criterios comerciales.
Indicó que sus estados financieros reflejaron los beneficios de la reestructuración, entre
los cuales destacó la mejora en los niveles de capital de trabajo, para cuya valoración
debían tenerse en cuenta los activos y pasivos corrientes redimibles a corto plazo (art.
115 del Decreto 2649 de 1993). Afirmó que los estados financieros del 2009 reportaron
mejoras sustanciales en dicha categoría respecto a 2007 y 2008, lo que se derivaba de
la reestructuración, pues muchos de ellos pasaron de corto a largo plazo. Señaló que los
préstamos bancarios ingresaron a su caja y fueron usados para cubrir los gastos e
inversiones necesarias para el desarrollo de su actividad, como lo evidenció el estado de
flujos de efectivo de 2009. Así, la DIAN no podía exigir la destinación de los préstamos a
una inversión o gasto concreto, pues su finalidad era cubrir capital de trabajo.
Por otra parte, explicó que la escisión no afectó la deducibilidad de los intereses porque
no debía traspasar pasivos a las entidades intervinientes, pues las acciones transferidas
no fueron adquiridas con los préstamos de los bancos ni del fideicomiso en 2009, sino
con antelación según los estados financieros y la certificación de revisor fiscal, por lo que
era ilógica la pretensión del fisco relativa a que las sociedades beneficiarias recibieran
pasivos que no les correspondían y que nada tenían que ver con el activo transferido,
cuyos intereses tampoco podrían deducir, pues se trataba de un crédito que solo usó y
benefició a la actora, quien debía detraerlos so pena de reportar utilidades irreales.
Agregó que no podía desconocerse la escisión porque se ajustó a la normativa vigente y
la facultad de la DIAN prescribió por la firmeza de las declaraciones de renta,
específicamente la del 2009, que correspondió al momento de la operación. Expuso que,
acorde con el artículo 14-2 del ET, en el caso de la escisión de una sociedad, no se
configuraba enajenación entre la escindida y las beneficiarias y no existía una disposición
que permitiera desconocer sus efectos, evaluar los criterios a través de los cuales se
valoraron los activos y pasivos a transferir o desconocer la relación de intercambio del
proceso, pues tales reglas solo se incorporaron con la Ley 1607 de 2012.
A continuación, se refirió a algunos aspectos que identificó como afirmaciones
irrelevantes de la liquidación oficial. Preliminarmente, aludió que la Administración
presumió que el fideicomiso no le prestó $28.911.000.000 en el año 2009 porque fue
aportado un certificado de BBVA en el que constaba que tal entidad le prestó esa suma
en 2014. Al respecto, explicó que lo ocurrido fue que el crédito otorgado por el fideicomiso
en esa suma tuvo vencimiento en 2014 y no contaba con los recursos suficientes para
pagar tal capital, razón por la cual precisó solicitarlo en préstamo de la entidad financiera
para extinguir la deuda con el fideicomiso y, por eso, en la certificación expedida por la
vocera del fideicomiso, tal crédito aparece en cero y en su contabilidad quedó
debidamente registrada dicha cancelación y el otorgamiento del crédito bancario.
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Seguidamente, planteó que la disminución de sus ingresos antes del 2015 no restringía
la deducción de intereses, pues la percepción de estos dependía de múltiples factores
como la demanda o aumento de competidores, por lo que era ilógico pretender que un
endeudamiento generara automáticamente un incremento de los ingresos. Sostuvo que
la posibilidad de venta de los productos no estaba exclusivamente vinculada a la
capacidad productiva de una empresa, sino que se basaba en una serie de factores
económicos que no podían ser controlados por la empresa. Adujo que lo aplicable para
la deducibilidad de intereses eran los requisitos del artículo 107 ídem, los cuales cumplía.
Explicó que la «situación tributaria» en vigencias previas no determinaba la deducibilidad
de los intereses, como lo señaló la DIAN, quien censuró que la disminución de la renta
líquida entre 2011 y 2015 era atribuible al pago de intereses, sin perjuicio de indicar que
su metodología fue antitécnica, pues los ingresos per se no reflejaban la capacidad
contributiva, como si lo hacía la renta líquida. Así, de efectuarse un ejercicio a partir de tal
concepto entre 2010 y 2015, aunque irrelevante a efectos de la deducibilidad de los
intereses, se obtenía que la rentabilidad osciló entre el 4% y el 6%, de manera que la
obtenida en 2015 (4,298%) era consistente con la de los otros años, lo que evidenciaba
la razonabilidad de los intereses. Luego, destacó que los saldos a favor no tenían relación
con la deducción de gastos, pues estos dependían de factores ajenos al artículo 107 del
ET, como las retenciones en la fuente y los anticipos realizados.
Planteó que la DIAN partió «de una visión equivocada de la carga de la prueba», pues a
partir de cuestionamientos genéricos a las deducciones le impuso la carga de demostrar
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originaron los gastos, así como el
cumplimiento de los requisitos de deducibilidad, lo cual era erróneo porque la presunción
de veracidad de las declaraciones (art. 743 del ET) solo se afectaba cuando la DIAN
formulaba cuestionamientos claros y concretos, de modo que la entidad debió señalar por
qué los documentos aportados no demostraban la realidad de la operación, pues estaba
obligada a valorar las pruebas y argumentos del contribuyente 14 y tenía la carga de la
prueba porque era quien ostentaba facultades de fiscalización. Sin embargo, la
demandada no valoró las pruebas presentadas ni explicó su eventual insuficiencia.
Finalmente, aseveró que «no incurrió en ninguna conducta sancionable bajo el artículo
647 del ET». A tales efectos, aludió a los hechos sancionables allí previstos para señalar
que no estuvo incurso en ninguno porque no omitió ingresos o patrimonio, no incluyó
costos o deducciones inexistentes y los factores declarados eran reales, completos y
veraces. Al respecto, arguyó que la jurisprudencia de la Sala señaló que la multa procedía
cuando no fuera probada «la existencia y las cifras declaradas». En todo caso, estimó
que había «diferencia de criterios», pues los datos reportados fueron completos y veraces
y demostró que incurrió en gastos por intereses por la reestructuración de deudas.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora15, para lo cual adujo que no
demostró el cumplimiento de los requisitos de necesidad, causalidad y proporcionalidad
respecto de los intereses pagados al fideicomiso. Anotó que las pruebas y anexos
demostraban los negocios jurídicos efectuados por la actora, como la constitución de
fideicomiso por parte de su matriz para la emisión de bonos ordinarios, la inscripción de
los mismos en el Registro Nacional de Valores, las condiciones de financiación de los
14
Sentencia del 17 de agosto de 2001 (exp. 11377, CP: Germán Ayala Mantilla).
15
Samai CE, índice 2, certificados C947F8C6415C1E2A 6FB894D72E831342 BCE025E05B8A5C9D B780F2B649F6DF08 y
2EC1F984FE4A2E4F FD8C550E8CFFF7D8 4548CC7B43FF453A 979A9F5BDEE17504 (pdf), pp. 6 a 27.
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créditos y el proceso de escisión no eran pertinentes para probar los requisitos del artículo
107 del ET, cuyo alcance fue definido por esta corporación en sentencia de unificación
del 26 de noviembre de 202016. Seguidamente, presentó las siguientes consideraciones:
-La demandante no cumplió su carga de la prueba para demostrar la deducción y
desvirtuar … el rechazo de gastos derivados de los intereses. La carga de probar los
hechos que aminoren la obligación estaba a cargo del sujeto pasivo. Los actos señalaron
las actuaciones que sustentaron las conclusiones, soportadas en las pruebas
debidamente recolectadas y valoradas con fundamento en la sana crítica, las reglas de la
experiencia y los principios técnicos. Luego, tras precisar el alcance de los artículos 742
y 746 del ET, explicó que la liquidación oficial rechazó la deducción porque no fue posible
establecer la realidad de la operación que soportó los créditos otorgados por el
fideicomiso, el valor de los intereses, la existencia de obligaciones bancarias previas a la
obtención de los supuestos créditos con la fiducia y por no demostrar el cumplimiento de
los requisitos del artículo 107 ibidem.
Las pruebas no fueron pertinentes para acreditar la deducción y solo demostraban las
características y condiciones del crédito, mas no su contribución a la actividad productora
de renta. En ese sentido, la expensa no guardó relación de causalidad, necesidad y
proporcionalidad con su actividad, no fue probado que se tratara de una inversión para
los fines del negocio, vulnerándose también el artículo 142 ídem. Señaló la necesidad de
soportar la realidad formal y sustancial de los negocios jurídicos que dieron lugar a los
intereses y enfatizó que la resolución que resolvió el recurso y la liquidación oficial
señalaron que las obligaciones fueron certificadas por las entidades financieras sin otro
documento que realmente las probara. Además, el movimiento del fideicomiso por el
período 2013 a 2015 daba cuenta de un crédito por valor de $28.911.000.000, a pesar de
que esa obligación era con el banco BBVA de acuerdo con la certificación de esa entidad,
de manera que en realidad no se concretó el negocio fiduciario.
Sostuvo que no existió falta de correspondencia entre el requerimiento especial y la
liquidación oficial, puesto que todos los actos se fundaron en los mismos argumentos,
toda vez que desde el requerimiento especial se desvirtuó la presunción de veracidad de
la declaración y se trasladó la carga probatoria a la sociedad, quien debía demostrar la
idoneidad de la deducción, lo que no solo involucraba los registros contables, sino los
demás medios probatorios para demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que fue desarrollada la operación. Luego, citó los artículos 167 del CGP, 1757 del Código
Civil y fallos17 para destacar que la carga de la prueba le incumbía a la actora. Explicó
que este tema fue señalado en la sentencia de unificación, al igual que las condiciones
del artículo 107 del ET, precedente obligatorio según el CPACA. Sin embargo, la actora
no demostró su cumplimiento ni las circunstancias fácticas y de mercado.
Expuso que, si bien la demandante argumentó que el beneficio se generaba por el
saneamiento del capital de trabajo y los flujos de caja futuros, no allegó pruebas o
argumentos que mostraran cómo se generaba tal provecho, no demostró la razonabilidad
comercial del gasto, ni acreditó un estudio de mercado que reflejara su situación
económica o la del entorno de mercado, de ahí que desvirtuó la veracidad del denuncio.
-La actora no demostró que: i) el pago de… intereses tuviera relación de causalidad con
cualquiera de sus actividades productoras de renta, ii) que ese gasto resultó provechoso
para el desarrollo de su actividad … en situaciones de mercado y iii) la razonabilidad
16
Sentencia del 26 de noviembre de 2020, exp 21329, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
17
Sentencia del 25 de febrero de 1993 (rad. C-070/93, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz).
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comercial de ese gasto financiero. Reiteró que la sociedad se enfocó en demostrar la
realidad del mutuo, la constitución del fideicomiso y la emisión de bonos, pero no probó
los requisitos del artículo 107 del ET. Manifestó que no acreditó el beneficio que le
representaba no amortizar de forma trimestral o semestral para hacerlo al final de 5,7,10
o 12 años -plazos del fideicomiso-, lo que implicaba asumir el pago de intereses sobre los
$146.694.000.000 durante esos años. Tampoco demostró la proporcionalidad del gasto,
lo cual debía valorarse en función del entorno del mercado en el que se desarrollaba su
actividad. Asimismo, no probó el nexo de los intereses con su actividad principal, eso es,
la explotación de la industria de los alimentos. Agregó que, aun cuando, desde la
perspectiva comercial, la reestructuración permitía obtener liquidez y cambiar las
condiciones de los pasivos por unas más favorables, las pruebas solo evidenciaban las
tasas y unas diferencias en la amortización del capital sin demostrar el beneficio.
-Los actos están debidamente motivados … los hechos que la Administración tuvo en
cuenta … para rechazar costos existen y están debidamente probados … Tras explicar la
falsa motivación18, señaló que quien la alegaba debía demostrar que la actuación no se
basó en hechos probados ni reales, lo cual no ocurrió. Por el contrario, las decisiones
citaron las normas que las sustentaron e incluyeron la explicación fáctica y jurídica de las
modificaciones, todo lo cual fue puesto en conocimiento de la actora para que ejerciera
su derecho de defensa. Aclaró que no fiscalizó el proceso de escisión, la constitución del
fideicomiso, ni las situaciones acaecidas en 2009, sino que se llegó a tal punto por el
incumplimiento de la carga probatoria de la contribuyente. En ese sentido, adelantó el
procedimiento con base en las facultades de fiscalización, respetó las garantías de
defensa, debido proceso y garantizó los principios de legalidad, presunción de inocencia,
defensa, non bis in ídem, favorabilidad y licitud de la prueba. Asimismo, la sociedad fue
informada de las observaciones contra su declaración desde el requerimiento especial sin
que las desvirtuara, de ahí que observó los principios de los artículos 383 (sic) superior y
683 del ET, pues otorgó un trato igualitario y no exigió cargas adicionales. Finalmente,
resaltó que las pruebas directas y los indicios permitían desvirtuar una operación, caso
en el cual la actora debía demostrar sus afirmaciones.
-Procede la sanción por inexactitud por incluir una deducción improcedente …, sin que
haya lugar a diferencia de criterios …. El rechazo a la deducción obedeció a la ausencia
de soportes idóneos que demostraran el cumplimiento del artículo 107 del ET, lo cual
generó un mayor saldo a favor y constituía un hecho sancionable. Luego, citó una
providencia de esta corporación, doctrina de la DIAN19 y concluyó que demostró el hecho
sancionable y que la multa se ajustaba a los criterios legales y jurisprudenciales.
Sentencia apelada
El tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas20.
Preliminarmente, descartó la firmeza del denuncio porque los artículos 705 y 714 del ET
la fijó en dos años [para la época] contados desde la fecha de solicitud de devolución.
Ahora bien, el artículo 706 ibidem precisó que -entre otros eventos-, esta se suspendía
durante tres meses con la práctica de la inspección tributaria de oficio (art. 779 ídem). Por
su parte, esta corporación21 explicó que se requería que la inspección fuera efectivamente
practicada, lo cual encontró cumplido porque el auto de inspección aclaró los hechos
18
Sentencias del 15 de marzo de 2012 y del 20 de junio de 2013 (exps. 16660 y 16780, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas).
19
Sentencia del 01 de marzo de 2012, exp. 17666, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, y Concepto DIAN 027512 del 09 de mayo
de 2002.
20
Samai CE, índice 2, certificado BC1972007F63F05C B84313AA22A3A339 3678F52B1D2B3457 1B1DDB97285E0971 (pdf), pp. 33
a 34.
21
Sentencia del 26 de marzo de 2009 (exp. 16727, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia).
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materia de prueba, los funcionarios encargados, las diligencias correspondientes fueron
practicadas dentro de los tres meses siguientes y se suscribieron las correspondientes
actas, de ahí que no existían elementos para afirmar que el fisco buscó ampliar términos
y operó la suspensión del plazo para notificar el requerimiento especial, el cual fue surtido
tempestivamente.
Frente al rechazo del gasto por intereses, señaló que, acorde con el requerimiento
especial, estos no guardaban relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con
la actividad productora de renta porque la constitución del fideicomiso correspondió a una
política financiera de la matriz para reestructurar pasivos, pero no contribuyó en la
actividad de la actora, por cuanto no se efectuó ninguna inversión para el desarrollo del
objeto social distinto del pago de los créditos bancarios. Además, el acto indicó que,
independientemente de la contabilización y soporte del gasto, este solo era deducible si
cumplía los presupuestos del artículo 107 del ET. Sin embargo, para el tribunal, la
liquidación oficial, en contravía de lo anterior, señaló que las pruebas aportadas no
permitían constatar que en realidad se concretó el negocio fiduciario, ni la existencia de
las obligaciones de la actora con entidades bancarias con antelación a obtener los
supuestos créditos con el patrimonio autónomo. No obstante, el acto también determinó
que los intereses no guardaron proporcionalidad con las utilidades obtenidas, porque
estas se fueron disminuyendo y que el préstamo no tenía relación de causalidad porque
el crédito no otorgó beneficios que repercutieran en mayores impuestos liquidados,
además no se demostró la necesidad dado que el gasto no incidió en las utilidades y solo
sirvió para aumentar los saldos a favor desde el 2010.
A partir de lo anterior, concluyó que la demandada desconoció los hechos acreditados en
el requerimiento especial e incurrió en contradicciones en la valoración probatoria. Afirmó
que, si bien la DIAN podía mejorar los argumentos del acto preparatorio y/o adicionar
nuevas razones en la liquidación oficial, no era dable que desconociera los fundamentos
fácticos del acto previo, pues esto implicó transgredir el derecho de defensa y el debido
proceso de la actora, en tanto los intereses fueron desconocidos por motivos diferentes a
los cuestionados en el requerimiento especial que no pudieron ser replicados en su
respuesta. Adicionalmente, al allegar con el recurso de reconsideración pruebas para
acreditar los supuestos sometidos a comprobación especial, la Administración los
desestimó por no tener fuerza de convicción al no sustentarse el objeto de cada una de
ellas, empero, para el tribunal, con las pruebas aportadas, la actora acreditó la obtención
de créditos con bancos, la constitución y finalidad del fideicomiso, la emisión e inscripción
de bonos, la solicitud del crédito al patrimonio autónomo, la cancelación de las deudas
con las entidades financieras y el pago de intereses durante 2015.
Tras lo anterior, concluyó que los intereses tenían relación causal con la actividad
productora porque se acreditó que los intereses fueron pagados al fideicomiso en un
crédito adquirido para la reestructuración de deudas, lo que permitió su reducción y
mejorar las condiciones de endeudamiento debido a menores tasas, amortización del
capital a plazos superiores y la optimización de flujo de caja. Igualmente, la revisión a los
estados financieros del 2009 reflejó una optimización en los niveles de capital de trabajo.
Para finalizar, precisó que no era necesario comparar la erogación con la renta bruta para
verificar su magnitud, sino que debía apreciarse si el monto era razonable en el marco de
la actividad empresarial.
Luego de invocar el artículo 365 del CGP, condenó en costas a la demandada por ser la
parte vencida, las que debían ser liquidadas acorde con los artículos 365 y 366 ídem.
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Recurso de apelación
La demandada apeló la decisión de primera instancia22. Condensó los cuestionamientos
contra la providencia en: (i) indebida valoración probatoria porque la actora solo demostró
que su matriz y empresas del grupo requerían mejorar el endeudamiento y para ello
realizaron negocios jurídicos del derecho comercial como la escisión, colocación de bonos
y la constitución de un patrimonio autónomo, lo que no permitía probar los requisitos del
artículo 107 del ET; (ii) indebida interpretación y aplicación de la precitada disposición y
de la sentencia de unificación del 26 de noviembre de 2020, lo cual vulneró los principios
de legalidad y seguridad jurídica al no acreditarse los requisitos de causalidad, necesidad
y proporcionalidad; (iii) vulneración del principio de prevalencia del derecho sustancial
sobre el formal por aceptar la deducción sin el cumplimiento de los prenotados requisitos;
(iv) levantar de manera improcedente la sanción por inexactitud; (v) errar al afirmar la
violación del debido proceso de la actora; y (vi) equivocarse al condenarla en costas
cuando no están probadas.
Sobre la indebida valoración, adujo que la providencia consideró erradamente que, al
demostrarse los negocios de mutuo, constitución del fideicomiso, emisión de bonos y
escisión se probó la deducción, cuando se trataba de operaciones del derecho societario
cuya finalidad era obtener recursos para el endeudamiento de un grupo empresarial, pero
que no demostraban los requisitos del artículo 107 del ET con el alcance de la sentencia
de unificación 2020CE-SUJ-4-005. Adujo que los documentos valorados por el tribunal y
que consideró relevantes23 reflejaron las operaciones que permitieron obtener los
recursos para las compañías del grupo, de ahí que confundió las transacciones y negocios
comerciales para constituir la fiducia y escindir la compañía, lo cual no estaba en
discusión, pues la glosa versó sobre el cumplimiento de los requisitos del artículo 107
para la deducción de los intereses por valor de $10.105.737.000.
En lo que respecta a la indebida interpretación del artículo 107 ibidem y la sentencia de
unificación, adujo que la actora no probó que los intereses cumplieran los requisitos de
necesidad, proporcionalidad y causalidad, pues no se acreditó que la adquisición del
crédito fuera necesario y proporcional con la actividad productora de renta, lo cual vulneró
los artículos 107 y 142 del ET. A pesar de que la actora tenía la carga probatoria, no
demostró las circunstancias fácticas y de mercado ni desplegó la carga argumentativa del
cumplimiento de las condiciones de deducibilidad. Luego de citar pronunciamientos de la
Sala y doctrina oficial sobre la deducción de expensas24 afirmó que el tribunal no tuvo en
cuenta la falta de pruebas o argumentos que reflejaran un beneficio asociado a la expensa
«más allá del beneficio financiero obtenido», ni la ausencia de prueba que mostrara la
razonabilidad comercial del gasto o de un estudio de mercado que reflejara la situación
económica del contribuyente o el entorno del mercado.
Criticó que la sentencia ignoró la falta de demostración del nexo causal de los intereses
con cualquiera de las actividades productoras de renta de la actora, que estos fueran
provechosos para su desarrollo o razonables comercialmente, pues la actora se
22
Samai CE, índice 2, certificado BA6A89862FFD367E 9EE6DB636D80C385 0B865117303BF4D6 616C91E7D0F40F5E (pdf), pp. 2
a 14.
23
(i) la escisión de empresas que conformaban el grupo; (ii) la disminución del patrimonio de la actora en $36.051.331.922; (iii) La
adquisición de créditos con Bancolombia, BBVA y Davivienda en 2009 y la suscripción de los correspondientes pagarés; (iii) el contrato
de fiducia mercantil del 03 de agosto de 2009; (iv) la realización de una reestructuración / sustitución de pasivos y la participación de
la demandante en una fusión en la que transfirió inversiones y recibió cuentas por cobrar por $140.000.000.000; (v) prospecto de
emisión de bonos; (vi) carta dirigida a la vocera del patrimonio autónomo solicitando un préstamo; (vii) certificado de revisoría fiscal
sobre el otorgamiento del crédito por el fideicomiso y la cancelación de las deudas con los bancos; (viii) actas de condiciones del
préstamo otorgado por el patrimonio autónomo; (ix) constancia de emisión de bonos; (x) certificado de BBVA sobre un crédito otorgado
en 2014.
24
Sentencia del 16 de septiembre de 2010 (exp. 17101, CP: William Giraldo) y Oficio 001093 del 17 de enero de 2018.
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concentró en demostrar la realidad de los negocios jurídicos. Arguyó que, conforme indicó
en la contestación de la demanda, no había evidencia de qué le representaba a la
demandante dejar de amortizar el capital en forma trimestral y semestral como lo convino
con las entidades financieras, para pasar a amortizarlo en 5, 7, 10 y/o 12 años con el
fideicomiso y, en su lugar, asumir intereses sobre un capital de $146.694.000.000 durante
esos plazos, no se acreditó que tal gasto, real o potencialmente, permitiría desarrollar,
conservar o mejorar su actividad generadora de renta, ni probó la proporcionalidad de la
expensa en su entorno de mercado, ni demostró el nexo fáctico con su actividad principal.
Luego, tras señalar que desde la perspectiva comercial la reestructuración de pasivos
perseguía la obtención de liquidez y el cambio de un pasivo no favorable por otro más
favorable, para lo cual modificó las condiciones principales de financiamiento en el plazo,
tasa de interés y condiciones de pago, aseveró que la sentencia no señaló cómo se
cumplía cada requisito del artículo 107 del ET a la luz de la sentencia de unificación. Sobre
la causalidad, adujo que no se había demostrado cómo coadyuvó el gasto en la actividad
productora de renta y que no fue realizado en desarrollo de esta. Frente a la necesidad,
cuestionó si la sustitución de pasivos era requerida en la industria de alimentos, si
contribuía al aumento de las ganancias o si impedía el deterioro de la fuente productiva
y/o mantuvo, optimizó o mejoró su actividad. En cuanto a la proporcionalidad, no se probó
a partir de la situación comercial de la demandante y de otros agentes del mismo
mercado. De manera que el fallo omitió que fue desvirtuada la presunción veracidad de
la declaración, dada la ausencia probatoria de tales requisitos.
Adicionalmente, alegó que el tribunal se equivocó al señalar que transgredió el derecho
de defensa, porque si bien en ejercicio de sus facultades podía mejorar los argumentos
del requerimiento especial, al igual que aducir nuevas razones para mantener la glosa,
no le era dable desconocer y/o contrariar los fundamentos fácticos del acto preparatorio,
para lo cual arguyó que desde el requerimiento rechazó el gasto por no acreditar el
cumplimiento al artículo 107 del ET, de manera que el fallo hizo una apreciación parcial
tanto de los argumentos del acto previo, como de la liquidación oficial y de la resolución
que resolvió el recurso de reconsideración, pues todos se fundamentaron en ese aspecto.
Más adelante, cuestionó el levantamiento de la sanción por inexactitud al desparecer la
glosa por los intereses, pues el desconocimiento del gasto se derivó de la falta de
acreditación de los requisitos del artículo 107 ejusdem, lo que generó la liquidación de un
mayor saldo a favor, lo cual configuraba el hecho sancionable del artículo 647.1 del ET.
A tales efectos, referenció una providencia de esta corporación25 que abordó aspectos
como los hechos sancionables previstos en la norma que no requerían probar una
actuación dolosa o culposa y la «diferencia de criterios», tras lo cual concluyó que se
demostró el hecho sancionable y se observaron los criterios legales y judiciales. Por
último, expuso que era improcedente la condena en costas porque lo debatido era una
cuestión de interés general, lo que de acuerdo con el artículo 188 del CGP estaba
exonerado de costas. Igualmente, acorde con el criterio de esta Sección, las mismas
debían estar probadas en el expediente, lo que consideró no acreditado en el sub lite.
Pronunciamientos finales
La actora solicitó confirmar la sentencia impugnada26. Consideró adecuada la providencia
porque dentro de los motivos del rechazo de la deducción estuvo la realidad de las
25
Sentencia del 01 de marzo de 2012,exp. 17666, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
26
Samai CE, índice 9, certificado 4D901305042F7C31 ABE7917F15C1A416 2EC9EB65B11C9F4F DC0AFFD09764D552 (pdf), pp. 3
a 15.
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operaciones que originaron los gastos por intereses e identificó que la liquidación oficial
modificó sustancialmente los hechos que motivaron la expedición del requerimiento
especial. Por otra parte, no era cierto que su defensa se redujo a probar la realidad de las
transacciones que dieron lugar al gasto sin acreditar los requisitos del artículo 107 del ET,
pues la reforma a la demanda incluyó un «capítulo especial» sobre el tema sin que la
Administración se pronunciara y la apelación no presentó argumentos para desvirtuar la
posición del tribunal, sino aseveraciones abstractas sin reparos concretos contra el fallo.
Sobre la condena en costas, consideró que la DIAN desconoció lo dispuesto en la ley27,
pues sobre tal condena se debe disponer en la sentencia y si la entidad era vencida en el
juicio no operaba la limitación atinente al asunto fuera de un interés público.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo los cargos de apelación
planteados por la demandada contra la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la Administración.
Corresponde a la Sección definir: (i) si entre el requerimiento especial y la liquidación
oficial hubo correspondencia, de manera que la Administración no transgredió el debido
proceso; (ii) si el tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria y equivocada
interpretación del artículo 107 del ET a la luz de la sentencia de unificación referida al
tema, puesto que la deducción de los intereses pagados a un fideicomiso en el marco de
un proceso de reestructuración de pasivos no estuvo soportada y no se acreditó el
cumplimiento de los requisitos para la deducibilidad de las expensas; (iii) si procedía la
sanción por inexactitud; y finalmente (iv) si no era procedente condenar en costas a la
demandada.
Análisis del caso concreto
2- Respecto a la correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial
acusada, la apelante sostuvo que el a quo erró al señalar transgredido el derecho de
defensa de la actora porque no podía desconocer y/o contrariar los fundamentos fácticos
del acto preparatorio. A tales efectos, adujo la impugnante que desde el requerimiento
especial rechazó el gasto por no acreditar los requisitos del artículo 107 del ET, de modo
que la sentencia efectuó una apreciación parcial de los argumentos tanto del acto
preparatorio, como de la liquidación oficial y de la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración, puesto que todos se fundamentaron en tal aspecto.
En el otro extremo, la demandante afirmó que el acto preparatorio fundó el rechazo de los
intereses en que no tenían relación de causalidad con la actividad productora de renta,
pues se le censuró que en el proceso de reorganización empresarial efectuado en el año
2009 (escisión) se hubiera disminuido parte de su patrimonio sin transferir pasivos a las
demás sociedades intervinientes, además porque el crédito por el cual se pagaron los
intereses no fue destinado a efectuar inversiones para el desarrollo del objeto social más
allá del pago de deudas bancarias. Sin embargo, la liquidación oficial y la resolución que
resolvió el recurso de reconsideración modificaron el enfoque de la discusión y señalaron
27
Artículos 188 del CPACA y 365 del CGP. Sentencias del 22 de febrero de 2018 (exp. 0372-17, CP: Sandra Lisset Barbara Vélez) y
del 09 de agosto de 2018 (exp. 22386, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
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que no fue probada la realidad de los intereses ni de las operaciones de endeudamiento
con los bancos y/o el fideicomiso. Además, los actos sostuvieron que la expensa no tenía
relación de causalidad con la actividad productora de renta y que debió transferirse en la
escisión una parte del préstamo obtenido a otras entidades del grupo.
Por su parte, el tribunal concluyó que los actos demandados desconocieron los
fundamentos del requerimiento especial, de ahí que no pudieron ser replicados en su
respuesta e incurrieron en contradicciones en la valoración probatoria. Consideró que el
acto previo se sustentó en que la expensa no guardaba relación de causalidad, necesidad
y proporcionalidad con la actividad productora porque la constitución del fideicomiso
correspondió a una política financiera para reestructurar pasivos, sin que con el crédito
se hubieran efectuado inversiones para el desarrollo del objeto social distinto del pago de
deudas. Sin embargo, la liquidación oficial afirmó que las pruebas no permitieron
constatar la realidad del negocio fiduciario ni la existencia de obligaciones con entidades
bancarias antes de obtener los supuestos créditos con el patrimonio autónomo.
2.1- Para dirimir el primer problema jurídico, la Sala reiterará el criterio de decisión de la
Sección Cuarta28 en relación con la regla de correspondencia prevista en el artículo 711
del ET, acorde con el cual la liquidación oficial de revisión debe contraerse a la declaración
revisada y versar sobre los «hechos y cuestionamientos propuestos» en el requerimiento
especial o su ampliación, puesto que es mediante tal acto preparatorio que se dan a
conocer los aspectos de la declaración privada que se consideran inexactos (glosas), por
lo que emitido el requerimiento especial queda delimitado el marco dentro del cual puede
darse la modificación de la liquidación privada, en garantía del debido proceso; sin
embargo, esto no es óbice para que la autoridad mejore la argumentación del acto
preparatorio. Así, ha precisado la Sala que la relación exigida entre los precitados actos
se predica de los «hechos», de manera que si los reportados en el denuncio privado son
los mismos glosados en el requerimiento especial y en la liquidación oficial, no se
configuraría la violación del principio de correspondencia29.
2.2- Partiendo del citado criterio, la Sala observa que, a través del Requerimiento Especial
112382019000017, del 04 de abril de 2019 (ff. 314 a 320 vto. caa), la DIAN propuso el
desconocimiento de «otras deducciones» (renglón 55) por $10.105.737.000. La
proposición de la glosa estuvo afincada en que el crédito otorgado en el año 2009 por
valor de $146.694.000.000 correspondía a un fideicomiso constituido por la matriz de un
conglomerado de empresas -Compañía Nacional de Chocolates-, entre ellas la actora,
con el fin de recomponer las deudas de las sociedades del grupo, quienes luego se
escindieron en el mismo año 2009, proceso en el cual la demandante mantuvo el pasivo
adquirido con la fiducia, pese a haber escindido parte de su activo [inversiones], lo que
reprochó la demandada, pues en ese contexto consideró que la operación de
reestructuración de pasivos no resultaba provechosa para la contribuyente sino para la
matriz, por lo que esta debió asumir los intereses. En esa línea, planteó que la
reestructuración obedeció a una política financiera que no contribuyó a la actividad
productora, pues la actora no efectuó ninguna inversión para el desarrollo del objeto social
distinto al pago de los créditos bancarios ni se observaban beneficios económicos futuros,
sino que se mantuvo un crédito por el que debía soportarse el gasto de intereses. En
suma, se incumplieron los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad.
28
Sentencias del 09 de diciembre de 2020 exp. 21999, CP: Milton Chaves García, 18 de marzo de 2021 exp. 23743, CP: Myriam Stella
Gutiérrez Argüello, 03 de noviembre de 2022, exp. 25202, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez, del 10 de junio de 2021 y 02 de noviembre
de 2023 exps. 24283 y 26999, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
29
Sentencia del 21 de febrero de 2019, exp 22510 CP:Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Comparada esta proposición del acto previo con la Liquidación Oficial de Revisión
900025, del 17 de diciembre de 2019 (ff. 349 a 362 caa), se advierte que este versó sobre
el mismo hecho glosado, esto es, el rechazo de los intereses incurridos con el patrimonio
autónomo por no acreditarse la necesidad de la expensa, ni su proporcionalidad y/o
causalidad. Si bien se advierte que, adicionalmente, este acto se sustentó en la falta de
realidad de la operación de reestructuración, de la cual derivó el crédito que originó los
intereses bajo la consideración de no haberse aportado la documentación relativa a la
reestructuración de pasivos, como las autorizaciones de emisiones de bonos ordinarios
por $500.000.000.000 por parte de la SuperFinanciera; inscripciones en el RNVE en la
Bolsa de Valores de Colombia; oferta pública de bonos; acta de condiciones del crédito
con el fideicomiso; pruebas del desembolso del crédito, registros contables de
constitución de pasivos y cancelación de obligaciones bancarias -antes y después del
crédito con el fideicomiso-, entre otros, para la Sala, esto no tuvo la entidad de vulnerar
la regla de correspondencia, en tanto el hecho cuestionado desde el acto preparatorio,
esto es, improcedencia de los intereses, se mantuvo incólume, al igual que en el acto que
desató el recurso de reconsideración (ff. 462 a 469 caa), lo que resulta suficiente para
darle prosperidad a este cargo de apelación de la demandada.
3- Definido lo anterior, corresponde resolver el segundo problema jurídico, atinente a
determinar si el tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria y equivocada
interpretación del artículo 107 del ET, acorde con la sentencia de unificación referida al
tema, puesto que la deducción de los intereses pagados a un fideicomiso en el marco de
un proceso de reestructuración de pasivos no estuvo soportada y no se acreditó el
cumplimiento de los requisitos de deducibilidad.
A los efectos anteriores, la apelante adujo que la sentencia equivocadamente consideró
que, al demostrarse los negocios de mutuo, constitución del fideicomiso, emisión de
bonos y escisión se probó la deducción, cuando se trataba de operaciones del derecho
societario cuya finalidad era obtener recursos para endeudamiento de un grupo
empresarial -lo que no se discutía- pero que no probaban los requisitos del artículo 107
del ET, que fue el fundamento de la modificación de la declaración.
Sostuvo que el tribunal no tuvo en cuenta la ausencia de pruebas o argumentos que
reflejaran el beneficio asociado a la expensa «más allá del beneficio financiero obtenido»;
ni la inexistencia de prueba sobre la razonabilidad comercial del gasto, o de un estudio
de mercado que reflejara la situación económica del contribuyente o su entorno del
mercado. Añadió que el a quo omitió la falta de demostración de que los intereses tuvieran
nexo causal con cualquiera de las actividades productoras de renta de la actora o que
fueran provechosos para su desarrollo, así como de su razonabilidad comercial, pues la
demandante se concentró en demostrar la realidad de los negocios. Alegó que no había
evidencia de qué beneficio reportó la no amortización del capital en forma trimestral y
semestral como ocurría con las entidades financieras, para hacerlo en 5, 7, 10 y/o 12 años
con el fideicomiso, para lo cual asumió intereses sobre un capital de $146.694.000.000
durante dichos plazos. Así, no se probó que el gasto, real o potencialmente, coadyuvara
en su actividad generadora de renta, ni la proporcionalidad de la expensa en su entorno
de mercado, ni el nexo fáctico con su actividad principal de explotación de la industria de
alimentos.
Criticó que el fallo no señaló cómo se cumplieron los requisitos del artículo 107 del ET
acorde con la sentencia de unificación. Sobre la causalidad adujo que no se señaló cómo
coadyuvó en la actividad productora y que no se realizaron en su desarrollo. Respecto a
la necesidad, planteó varias inquietudes relativas a si la sustitución de pasivos se requería
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en la industria de alimentos, si contribuyó a la producción o aumento de las ganancias o
a evitar el deterioro de la fuente productiva y/o mejorar la actividad. En relación con la
proporcionalidad, afirmó que no fue demostrada a partir de la situación comercial de la
actora y otros agentes del mercado.
En contraposición a lo anterior, la demandante afirmó que los argumentos para rechazar
la deducción partían de premisas falsas e irrelevantes porque la deducibilidad de los
intereses no dependía de nuevas inversiones con los recursos recibidos o la obtención
de nuevos o mayores ingresos, pues esto no lo exigía la norma, sino que lo relevante era
que los gastos fueran destinados al desarrollo, conservación o mejora de la labor y
bastaba que tuviera un propósito comercial. En esa línea, afirmó que los intereses
cumplían los requisitos del artículo 107 ídem, pues estaban vinculados a la actividad
productora de renta y se originaron en un crédito para reestructurar obligaciones
financieras, lo que redujo los intereses y mejoró las condiciones de endeudamiento, pues
las tasas otorgadas por el fideicomiso eran notoriamente inferiores a las de los bancos.
Además, la operación tuvo otros beneficios como mayor plazo de redención del capital,
lo que redundó en mejores niveles de caja para desarrollar su labor, pues el capital solo
debía pagarse al vencimiento del plazo. Manifestó que los intereses eran proporcionales
en un contexto de mercado porque la tasa era inferior a la que cobraban tres de los bancos
más importantes del país y era igual a la de los bonos, lo cual era relevante porque estos
fueron colocados en el mercado de valores a través de mecanismos competitivos para
garantizar que los intereses observaran criterios comerciales.
El tribunal concluyó que los intereses tenían relación causal con la actividad productora
de renta, pues se acreditó que estos fueron pagados al fideicomiso por un crédito
adquirido para reestructurar deudas, lo que permitió la reducción de los intereses y el
mejoramiento de las condiciones de endeudamiento, debido a las menores tasas de
interés, la amortización del capital a plazos superiores, así como la optimización de flujo
de caja, entre otros beneficios. Asimismo, la revisión a los estados financieros del 2009
reflejó una optimización en los niveles de capital de trabajo. Finalmente, precisó que no
era necesario comparar la erogación con la renta bruta para verificar su magnitud, sino
que debía apreciarse si el monto era razonable en el marco de la actividad empresarial.
3.1- Para resolver el debate planteado, se tendrán en cuenta los lineamientos de la
sentencia de unificación 2020CE-SUJ-4-00530, respecto de los requisitos de deducibilidad
regulados en el artículo 107 del ET, que establece que «son deducibles las expensas
realizadas durante el año o periodo gravable en el desarrollo de cualquier actividad
productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades
productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada
actividad». Sobre el requisito de causalidad, la Sala precisó que corresponde al nexo
causa–efecto entre la erogación y la actividad generadora de renta, entendida «no como
costo–ingreso, sino como gasto-actividad» y se verifica «cuando la expensa se realiza en
el desarrollo o ejecución de la actividad generadora de renta, aunque esta no genere
ingresos o utilidades gravables durante el periodo o no esté enunciada en el objeto
social»31. Por su parte, la necesidad está referida a que «real o potencialmente, permita
30
Sentencia del del 26 de noviembre de 2020 exp. 21329, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
31
Regla de decisión 1: «Tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, todas las expensas realizadas por el
contribuyente en desarrollo o ejecución de la actividad productora de renta. Para establecer el nexo causal entre el gasto y la actividad
lucrativa, no es determinante la obtención de ingresos ni el enunciado del objeto social del sujeto pasivo».
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desarrollar, conservar o mejorar la actividad generadora de renta»32, y la
proporcionalidad, que debe medirse con «criterio comercial», atendiendo la situación
económica del contribuyente, y el entorno de mercado en el que se desarrolla la actividad
económica33, lo cual debe ser acreditado por el contribuyente que pretende el
reconocimiento fiscal de la correspondiente expensa34.
Adicionalmente, ha señalado la Sala que, tratándose de las deducciones regladas en
disposiciones adicionales, «es del caso analizar la especial interacción que pueda surgir
entre esta y aquellos requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad del artículo
107 del ET, pues, en ciertos casos normas especiales preceptúan connotaciones
especiales que bien pueden flexibilizar o, por el contrario, tornar más estrictos los
requisitos del citado artículo 107 para un tipo de expensa o erogación de modo particular».
A tal efecto, el artículo 117 ibidem señala que los intereses que «se causen a otras
personas o entidades, únicamente son deducibles en la parte que no exceda la tasa más
alta» autorizada para entidades financieras.
Sin perjuicio de lo anterior, el inciso 2 del artículo 11 del ET -adicionado por la Ley 488 de
1998- y el artículo 30 del Decreto 433 de 199935, establecieron que los gastos de
financiación ordinaria, extraordinarios o moratorios, diferentes de los intereses corrientes
o moratorios pagados por impuestos, tasas o contribuciones fiscales o parafiscales,
«serán deducibles de la renta si tienen relación de causalidad con la actividad productora
de renta». Así, tratándose de intereses, además de observarse el límite previsto para esta
deducción en específico, deben ser acreditados los requisitos generales de las
deducciones -causalidad, necesidad y proporcionalidad-.
3.2 Precisado el marco jurídico aplicable al sub examine, destaca la Sala los siguientes
hechos y/o documentos relevantes obrantes en el proceso:
(i) Mediante Requerimiento Especial 112382019000017, del 04 de abril de 2019 (ff. 314
a 320 vto. caa), la DIAN planteó el desconocimiento de los intereses pagados a un
fideicomiso constituido por la matriz de la actora para recomponer las deudas de las
empresas del grupo, bajo la consideración de que la expensa no guardaba relación de
causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad productora de renta.
(ii) Luego, mediante la Liquidación Oficial de Revisión 900025, del 17 de diciembre de
2019 (ff. 349 a 362 caa), además de lo señalado en el acto preparatorio, la autoridad
cuestionó la realidad de la operación negocial que dio lugar al pago de intereses. En
concreto, reprochó que, frente a la fiducia mercantil para la cancelación del mutuo inicial,
no se aportaron los documentos de la operación de reestructuración señalada por la
32
Regla de decisión 2: «Las expensas necesarias son aquellas que realiza razonablemente un contribuyente en una situación de
mercado y que, real o potencialmente, permiten desarrollar, conservar o mejorar la actividad generadora de renta. La razonabilidad
comercial de la erogación se puede valorar con criterios relativos a la situación financiera del contribuyente, las condiciones del
mercado donde se ejecuta la actividad lucrativa, el modelo de gestión de negocios propio del contribuyente, entre otros. Salvo
disposición en contrario, no son necesarios los gastos efectuados con el mero objeto del lujo, del recreo o que no estén encaminados
a objetivos económicos sino al consumo particular o personal; las donaciones que no estén relacionadas con un objetivo comercial;
las multas causadas por incurrir en infracciones administrativas; aquellos que representen retribución a los accionistas, socios o
partícipes; entre otros».
33
Regla de decisión 3: «La proporcionalidad corresponde al aspecto cuantitativo de la expensa a la luz de un criterio comercial. La
razonabilidad comercial de la magnitud del gasto se valora conforme a la situación económica del contribuyente y el entorno de
mercado en el que desarrolla su actividad productora de renta».
34
Regla de decisión 4: «Los contribuyentes tienen la carga de poner en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales
las circunstancias fácticas y de mercado, demostraciones y carga argumentativa, conforme a las cuales una determinada expensa
guarda relación causal con su actividad productora de renta, es necesaria y proporcional con un criterio comercial y tomando en
consideración lo acostumbrado en la concreta actividad productora de renta».
35
El artículo 30 del Decreto 433 del 10 de marzo de 1999, «Por el cual se reglamenta la Ley 488 de 1998, el Estatuto Tributario y se
dictan otras disposiciones», fue Compilado por el artículo 1.2.1.18.37 del Decreto 1625 de 2016.
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actora36. Además, indicó que no se demostró que la actora tuviera obligaciones
financieras con BBVA, Bancolombia y Davivienda previo al crédito con la fiducia.
También relacionó los ingresos, impuestos a cargo y saldos a favor de las declaraciones
de 2010 y 2015, a partir de lo cual concluyó que no se acreditó la proporcionalidad en
relación con las utilidades obtenidas, en tanto, los ingresos tuvieron una disminución al
2015 al 77% en relación con los de 2010, mientras que el saldo a favor se incrementó en
un 607% al 2015 en comparación con el de 2010 (aumentó a $5.353.098.000 frente a
$882.062.000 reportados en 2010). Así, su renta líquida pasó de $42.370.839.000 en
2010 a $6.591.055.000 en 2015, lo que incidió en la disminución paulatina del impuesto
a cargo. Por ello, el crédito no repercutió en beneficios que correspondieran a mayores
tributos «lo que de antemano deja sin efecto la relación de causalidad de la deducción
con los ingresos obtenidos … La necesidad no se demostró, toda vez que no incidió en
las utilidades», sino que sirvió para aumentar los saldos a favor. En el mismo sentido,
precisó que «no se observó ni el incremento en la capacidad operativa, ni el incremento
en los ingresos y que el importe pagado genere beneficios económicos futuros, antes por
el contrario una disminución en la carga impositiva al Estado».
(iii) Con la Resolución 219 del 15 de enero de 2021 (ff. 462 y 469 vto. caa), que resolvió
el recurso de reconsideración, la demandada precisó que el rechazo obedeció al
incumplimiento del artículo 107 del ET y advirtió que la liquidación oficial también motivó
la glosa en la falta de pruebas que demostraran las transacciones que originaron los
intereses. Al respecto, consideró que la actora no se pronunció, de ahí que persistió la
omisión probatoria, pues si bien adjuntó a la impugnación la documentación relativa a la
operación, como la resolución de la SuperFinanciera que autorizó la inscripción de los
bonos ordinarios en el RNVE, su oferta pública, los soportes de la existencia previa de los
créditos con Bancolombia, BBVA y Davivienda y las cartas de cancelación de las
acreencias enviadas a las entidades financieras, no explicó lo que pretendía probar con
tales documentos. Sin embargo, la DIAN analizó los documentos y los desestimó.
(iv) Copia del contrato de fiducia por medio del cual se constituyó el Fideicomiso Grupo
Nacional de Chocolates (hoy Fideicomiso Grupo Nutresa) (prueba 8.3).
(v) Prospecto de emisión de bonos (prueba 8.4) y la Resolución 1204 del 13 de agosto de
2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la cual se autorizó la
inscripción de los bonos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (prueba 8.5).
(vi) Carta dirigida a la vocera del fideicomiso en la que se solicitó un préstamo para pagar
obligaciones financieras con bancos locales (prueba 8.6) y comunicación de la vocera del
fideicomiso solicitando al agente colocador de los bonos el pago de los créditos de la
actora con las entidades financieras (prueba 8.8), así como cartas dirigidas a BBVA,
Bancolombia y Davivienda informando sobre la cancelación de las deudas (prueba 8.9).
(vii) Copia de cuatro actas de condiciones suscritas entre la demandante y el fideicomiso
(prueba 8.12) que precisaron las condiciones del crédito con el patrimonio autónomo, lo
cual evidenciaría las tasas más favorables y el plazo de amortización al vencimiento del
término del préstamo.
36
Documentación relativa a las autorizaciones de emisiones de bonos ordinario (por $500.000.000.000) por la SuperFinanciera;
inscripciones en el RNVE en la Bolsa de Valores de Colombia; oferta pública de bonos; acta de condiciones del crédito con el
fideicomiso; pruebas del desembolso del crédito; el pagaré estaba en blanco -monto de capital, intereses- y no diligenciado; extractos
bancarios o fiduciarios; consignaciones bancarias; comprobantes de pago; registros contables de constitución de pasivos y
cancelación de obligaciones bancarias (antes y después del crédito con el fideicomiso); la prueba del oficio dirigido al fideicomiso para
el desembolso del crédito no demostraba que este se hubiera llevado a cabo; reporte de la cuenta de pasivos 210510 por el periodo
2009 y 2015.
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Monto Amortización Tasa de interés Periodicidad de los
desembolsado intereses
$38.673.000.000 Contado al vencimiento de un plazo de 7 años desde la IPC + 4,96% E.A. Trimestre vencido.
fecha de desembolso del crédito (20/08/2009).
$39.361.000.000 Contado al vencimiento de un plazo de 12 años desde la IPC + 5,59% E.A. Trimestre vencido.
fecha de desembolso del crédito (20/08/2009).
$39.749.000.000 Contado al vencimiento de un plazo de 10 años desde la IPC + 5,33% E.A. Trimestre vencido.
fecha de desembolso del crédito (20/08/2009).
$28.911.000.000 Contado al vencimiento de un plazo de 5 años desde la IPC + 4,19% E.A. Trimestre vencido.
fecha de desembolso del crédito (20/08/2009).
(viii) Certificación 153846, del 20 de mayo de 2021 (prueba 8.27), del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) para el año 2009, que da cuenta sobre el IPC mensual para el año 2009:
Mes Índice Variación mes Variación año Variación 12 Porcentual
corrido meses acumulada
Enero. 100,59. 0,59. 0,59. 7,18. 0,00.
Febrero. 101,43. 0,84. 1,43. 6,47. 0,84.
Marzo. 101,94. 0,50. 1,94. 6,14. 1,34.
Abril. 102,26. 0,32. 2,26. 5,73. 1,67.
Mayo. 102,28. 0,01. 2,28. 4,77. 1,68.
Junio. 102,22. -0,06. 2,22. 3,81. 1,62.
Julio. 102,18. -0,04. 2,18. 3,28. 1,58.
Agosto. 102,23. 0,04. 2,23. 3,13. 1,63.
Septiembre. 102,12. -0,11. 2,12. 3,21. 1,52.
Octubre. 101,98. -0,13. 1,98. 2,72. 1,39.
Noviembre. 101,92. -0,07. 1,92. 2,37. 1,32.
Diciembre. 102,00. 0,08. 2,00. 2,00. 1,40.
(ix) A través de un documento denominado «certificación pago intereses año 2015»
(prueba 8.17), suscrito por Alianza Fiduciaria S.A. en calidad de vocera del Fideicomiso
Grupo Nutresa S.A. del 20 de febrero de 2019, donde especificó las condiciones de los
bonos ordinarios colocados y el monto de los intereses pagados por la empresa en
febrero, mayo, agosto y noviembre de 2015 en cuantía de $10.105.737.298.
(x) Certificación suscrita por la revisoría fiscal de la contribuyente del 28 de julio de 2021
(prueba 8.19), qué previo a dar cuenta de que la contabilidad de la compañía fue llevada
en debida forma, hizo constar que durante el 2015 la compañía registró intereses por
$10.105.737.298 incurridos con el Fideicomiso Grupo Nacional de Chocolates (hoy
Fideicomiso Grupo Nutresa.
(xi) Comprobantes que dan cuenta de los créditos acordados con Bancolombia,
Davivienda y BBVA durante el año 2009, así como la cancelación de estos (prueba 8.2).
Del mismo modo, obran los comprobantes sobre el reconocimiento y pago de los intereses
durante el año 2015 (prueba 8.18). Al respecto, la documentación reflejó pagos
efectuados al fideicomiso y registrados en la cuenta 530520 (intereses) por valor total de
$10.105.737.298, los cuales fueron efectuados en los siguientes períodos: (i) febrero:
$2.534.973.427; (ii) mayo: $2.601.657.414; (iii) agosto: $2.929.821.404; y (iv) noviembre:
$2.039.285.053.
3.3- Comenzará la Sala por precisar que los antecedentes dan cuenta de que la
demandada cuestionó la realidad de la operación que derivó en el crédito con la fiducia
mercantil. Sobre el particular, se constató que la matriz del grupo suscribió un contrato de
fiducia el 03 de agosto de 2009, para la emisión de $500.000.000.000 de bonos ordinarios
para obtener recursos con la finalidad de reestructurar los pasivos de sus subordinadas,
quienes los tomarían en mutuo, operación de la cual era la avalista, en desarrollo de lo
cual la SuperFinanciera autorizó la inscripción de los bonos en el Registro Nacional de
Valores y Emisores y su oferta pública mediante la Resolución 1204, del 13 de agosto de
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2009. Tras esto, la actora le comunicó al fideicomiso la aceptación del crédito de
$146.694.000.000 e instruyó para que efectuara el desembolso a tres entidades
financieras (BBVA, Davivienda y Bancolombia) con las cuales había adquirido siete
créditos en el mismo año y por igual cantidad, y suscribió pagaré con la fiducia.
Del mismo modo, pudo corroborarse la carta que la agente fiduciaria dirigió a la gerente
comercial de Valores Bancolombia para que le desembolsara el crédito a la demandante
por la suma acordada, diputándolo a las señaladas entidades bancarias, al igual que las
cartas de cancelación de los créditos remitidas por la demandante a los mencionados
bancos. Asimismo, se evidenciaron los correspondientes comprobantes de contabilidad
de cancelación de la deuda, lo que además fue atestado por el revisor fiscal, quien
además certificó el pago de intereses del año 2015. También fueron constatados los
pagarés que con antelación había suscrito la actora con los referidos bancos, junto con
sus cartas de instrucciones que señalaban las tasas de intereses y los plazos convenidos.
Para la Sala, el anterior acervo probatorio revela la realidad de la operación de
financiamiento y del pago de intereses, por lo que carece de asidero fáctico y jurídico los
reproches planteados por la DIAN de tal aspecto, pues se encuentra respaldado con
suficiencia la existencia de los pasivos que fueron reestructurados con las tres entidades
financieras, así como el nuevo crédito efectuado por el patrimonio autónomo que fue
creado con tal fin, cuyo apalancamiento provino de la emisión de bonos colocados en el
mercado de valores, operación respaldada por la matriz, al igual que fueron demostrados
los desembolsos, cancelaciones de los préstamos y los pagos de intereses en 2015.
Sin perjuicio de lo anterior, como el rechazo de los intereses también se fundó en el
incumplimiento de los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad, encuentra
la Sala, acorde con el material probatorio que, contrario a la posición de la demandada,
el nexo causal y la necesidad de la expensa por concepto de intereses derivados de la
reestructuración de los pasivos no puede sujetarse a la realización de una inversión en
activos productivos, ni al incremento del ingreso o de la renta líquida o del impuesto;
resulta suficiente que se incurra en las expensas en desarrollo de la actividad productora
de renta, como se advierte en el caso bajo análisis, en tanto la reestructuración que dio
lugar al nuevo crédito tenía como finalidad cancelar las deudas adquiridas previamente
con el sector financiero en condiciones que afectaban la caja y el capital de trabajo.
Sobre ese particular, los medios de convicción obrantes en el proceso ponen de presente
que las tasas pactadas con tres bancos oscilaban en los siguientes porcentajes:
Bancolombia: 12,4229%, 9,9681%, 10,3065%; BBVA: 13,69%, 9,15%, 9%37; y
Davivienda: 10,79%, mientras que las pactadas con la fiducia para el año de la
reestructuración fueron del 6,96%, 7,59%, 5,33% y 6,19%38 lo que comportaba un mayor
flujo de caja y por contera una mayor disponibilidad de capital de trabajo. Igualmente, al
reestructurar el pasivo se pactó la redención del capital al cumplimiento de los plazos
convenidos, en vez de hacerlo junto con el pago de intereses, lo que permitía disponer de
mayores recursos para el desarrollo de su actividad económica, todo lo cual sustentaba
la razonabilidad comercial de la operación, su causalidad y su necesidad.
Respecto del requisito de proporcionalidad, la Sala ha indicado que «la regla general de
proporcionalidad del artículo 107 del ET no demanda una comparación entre la erogación
incurrida y la renta bruta del contribuyente para verificar su magnitud, sino que, como se
señaló anteriormente, se debe apreciar si el monto resulta razonable en el marco de la
37
Estos porcentajes incorporan el valor definitivo de las tasas de interés pactadas con DTF.
38
Los valores aquí expuestos incorporan el IPC certificado por el DANE para el año 2009 (2%).
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actividad empresarial realizada por el contribuyente y en el contexto de una situación de
mercado», por lo que resulta desacertado el análisis de proporcionalidad formulado por
la demandada en función de la comparación de los ingresos, renta líquida, impuestos o
saldos a favor declarados entre los años 2010 y 2015. Es cierto que la magnitud
cuantitativa de la expensa se encontraba dentro del margen del mercado, pues se destaca
que los intereses incurridos con la fiduciaria eran equivalentes a los establecidos para los
bonos que fueron colocados en el mercado de valores, conforme se advierte en el
prospecto de su emisión, operación controlada por la Superintendencia Financiera.
Además, como lo señaló la demandante, la emisión de bonos constituye una operación
implementada por compañías de distintos sectores económicos para apalancarse
financieramente en operaciones que han sido ampliamente difundidas, lo que evidencia
la razonabilidad de la operación que derivó en el crédito que originó la expensa.
Por todo lo expuesto, la Sala encuentra cumplidas las condiciones previstas en el artículo
107 del ET para la deducibilidad de los intereses incurridos con la fiducia, tras la
reestructuración de los pasivos, que en esencia fue el fundamento del rechazo de tal
expensa. Finalmente, si bien reparó la demandada en la escisión múltiple de las
compañías del grupo efectuada en el mismo año 2009, por no haberse transferido en esa
operación pasivos de la actora a las demás intervinientes y si escindir parte de sus
acciones, lo cierto fue que no sustentó cómo afectaba esto el cumplimiento de los
requisitos de deducibilidad de los intereses cuestionados. No prospera la apelación.
Conclusión
4- Procede el reconocimiento de los intereses incurridos con ocasión de la
reestructuración de un pasivo, siempre y cuando tal operación haya sido efectuada en
desarrollo de la actividad productora de renta y se acredite su razonabilidad.
Costas
5- Contrario a lo señalado por la apelante, en el proceso se acreditó la copia simple de la
Factura Electrónica de Venta 14866 del 13 de julio de 2021 (prueba 8.35), la cual refiere
como «información de detalle» (entre otros) «litigio del impuesto de renta año 2015» y
«servicios legales – (2021-03-07 > 2021-06-30)», lo que satisfaría la comprobación de
expensas incurridas por honorarios de abogado39, razón por la cual la Sala mantendrá la
condena en costas impuesta en el fallo de primera instancia.
Por la misma razón igualmente se condenará en costas en esta instancia y se
determinarán las agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo, mensual,
legal y vigente al momento de la ejecutoria de la presente providencia, acorde con los
parámetros fijados en el Acuerdo PSAA16-10554, del 05 de agosto de 2016, del Consejo
Superior de la Judicatura40. Liquídense por la secretaría del tribunal.
Con base en lo anterior, se confirmará la sentencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
39
Sentencia del 03 de agosto de 2023 (exp. 26447, CP: Wilson Ramos Girón).
40
Sentencias del 15 de septiembre de 2022 (exp. 26238, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez); y del 29 de junio de 2023 (exp. 25951,
CP: Wilson Ramos Girón).
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FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia conforme a la parte motiva de la
providencia.
2. Condenar en costas en segunda instancia y fijar agencias en derecho en el
equivalente a un salario mínimo, mensual, legal vigente al momento de la ejecutoria de
la presente providencia. Liquídense por Secretaría del tribunal.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Salva voto parcial
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-00919-01 (26540)
Demandante: Industrias de Alimentos Zenú SAS
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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