Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06713-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06713-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06713-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-06713-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
2 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dos (2) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06713-01
Demandante: Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales 1
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Revisión liquidación oficial / Condena en costas /
Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
Decisión: Revocar decisión del a quo y negar el amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por la DIAN contra la sentencia proferida
el 6 de febrero de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante la cual
se decidió la solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. La DIAN promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 20 de junio de 2024
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado
05001233300020210091901.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. La sociedad Zenú S.A.S. presentó, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, demanda en su contra, con el fin de cuestionar la
legalidad de los actos administrativos mediante los cuales efectuó la liquidación
oficial de revisión del impuesto sobre la renta que le correspondía.
2.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, con sentencia del 26 de noviembre de
2021 accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la DIAN.
Decisión contra la cual interpuso recurso de apelación como parte vencida, al
considerar, entre otros aspectos, la indebida interpretación del artículo 47 de la Ley
1 En adelante DIAN
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06713-01
Demandante: DIAN
2080 de 2021, puesto que no se estudió la conducta procesal de las partes, y así lo
pertinente a la mala fe de la administración como presupuesto para determinar la
condena en costas.
2.3. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, con sentencia del 20 de junio de 2024
confirmó la decisión del a quo, y adicionó el valor de agencia en derechos a un
salario mínimo.
2.4. Las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales
al incurrir en defecto sustantivo, en atención a una indebida interpretación del
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, asumiendo como probada la gestión y costo de
la actuación surtida por la contribuyente en sede de segunda instancia, se aprecia
que se omitió dar aplicación al artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, modificatorio del
artículo 188 del C.P.A.C.A., al no tener en consideración la conducta procesal de
las partes y la solidez del fundamento de derecho puesto en el proceso, como
criterio de imposición y/o abstención para la condena en costasrespecto del cual
esta corporación ha indicado que la palabra contenida en la referida norma, esto es,
«disponer», no implica «la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio
y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución». Además, de que le corresponde al juez
elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por los extremos, para dar paso a la aplicación razonable de la norma, lo
cual no sucedió en el asunto cuestionado, tal como lo ha considerado el mismo
Consejo de Estado2.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] PRIMERO: Se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso y
protección del patrimonio público a la U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES - DIAN, respecto de la condena en costas impuesta por el H. Consejo de
Estado – Sección Cuarta en sentencia de segunda instancia emitida en proceso
tramitado bajo partida 05001-23-33-000-2021-00919-01 (27168).
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene a la Sección Cuarta
del Consejo de Estado proceda a revocar la sentencia de segunda instancia proferida
dentro del proceso judicial 05001-23-33-000-2021-00919-01 (27168) y profiera un nuevo
fallo. […]» (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Consejo de Estado, Sección Cuarta3 solicitó que se declarara improcedente
la tutela en cuanto no satisface el requisito de relevancia constitucional o, en su
defecto, se negaran las pretensiones de amparo, en la medida en que la DIAN
pretendió usarla como una tercera instancia del proceso ordinario al plantear
2 CP Juan Enrique Bedoya Escobar. Sentencia del 1.º de junio de 2023. Expediente 2018-00141,
entre otros.
3 Ver índice 10 de Samai.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06713-01
Demandante: DIAN
similares reparos a aquellos expuestos en el recurso de apelación del proceso
ordinario, relativos a la indebida interpretación del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, lo cual evidenció una discusión y diferencia de criterios sobre aspectos
netamente legales y de tinte económico.
5. En cuanto al fondo del caso, argumentó que, «al contrario de lo señalado por la DIAN,
en el proceso ordinario se encontraron probadas las agencias en derecho, esto es, la
existencia de un contrato de prestación de servicios de apoderamiento judicial, lo que,
conforme con los artículos 188 del CPACA y 361 y 366, ordinal 4.º del CGP hacía
procedente su imposición, sin que dicha decisión vulnere de manera alguna los derechos
fundamentales de la Dian» (sic).
6. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio.
1.4. Sentencia Impugnada4
7. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 6 de febrero de
2025 declaró improcedente la solicitud de tutela, al considerar que no superó el
requisito de relevancia constitucional.
1.5. Escrito de impugnación5
8. La DIAN impugnó la decisión del a quo, para lo cual insistió en los argumentos
expuestos en la solicitud de tutela, y en la relevancia constitucional que reviste el
asunto.
2. Consideraciones
9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20006 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20197, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Quinta.
4 Ver índice 20 de Samai. Uno de los consejeros que intregraron la sala de decisión en primera
instancia aclaró su voto en el sentido de delarar la improcedencia pero por falta del poder especial
conferido al apoderado de la parte demandante con el lleno de los requisitos fijados en la norma.
5 Ver índice 29 de Samai.
6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06713-01
Demandante: DIAN
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
11. En fallo del 31 de julio de 2012, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso-administrativo8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 9 Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
13. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo10 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
14. Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06713-01
Demandante: DIAN
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos12, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales13.
16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
17. La Sala deberá definir si: ¿el Consejo de Estado, Sección Cuarta vulneró los
derechos fundamentales de la DIAN con ocasión de la sentencia del 20 de junio de
2024, que confirmó la decisión de acceder a las pretensiones de la demanda y la
condenó en costas, con lo que incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo por
indebida aplicación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el 47 de
la Ley 2080 de 2021?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
18. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado
por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados puede llevar
consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes
jurídicos constitucionalmente amparados.
19. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto sustantivo o material
20. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una
decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto14. En su jurisprudencia, la corporación
12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
14 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06713-01
Demandante: DIAN
ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los
jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar
normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta15, para lo cual precisó que los
límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
21. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
22. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales16.
2.4.3. Sobre el caso concreto
23. La DIAN acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia proferida el
20 de junio de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que confirmó la
decisión de acceder a las súplicas de la demanda y condenarla en costas, entre
otras.
24. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto sustantivo por indebida
interpretación y aplicación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por
el 47 de la Ley 2080 de 2021, que dispone la condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal», lo
cual no ocurrió en el asunto contencioso-administrativo cuestionado.
25. Para mayor claridad del asunto, y en aras de desatar el cargo propuesto, se
recuerda que el Consejo de Estado, Sección Cuarta en cuanto a la condena en
costas resolvió:
«[…] 5- Contrario a lo señalado por la apelante, en el proceso se acreditó la copia simple
de la Factura Electrónica de Venta 14866 del 13 de julio de 2021 (prueba 8.35), la cual
refiere como «información de detalle» (entre otros) «litigio del impuesto de renta año
15 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
16 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
6
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06713-01
Demandante: DIAN
2015» y «servicios legales – (2021-03-07 > 2021-06-30)», lo que satisfaría la
comprobación de expensas incurridas por honorarios de abogado, razón por la cual la
Sala mantendrá la condena en costas impuesta en el fallo de primera instancia.
Por la misma razón igualmente se condenará en costas en esta instancia y se
determinarán las agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo, mensual,
legal y vigente al momento de la ejecutoria de la presente providencia, acorde con los
parámetros fijados en el Acuerdo PSAA16-10554, del 05 de agosto de 2016, del Consejo
Superior de la Judicatura. Liquídense por la secretaría del tribunal. […]». (sic)
26. Como se observa, la autoridad judicial demandada acudió a un criterio objetivo
para condenar a la DIAN en costas, con fundamento en los artículos 365 del CGP y
188 de la Ley 1437 de 2011, tesis actualmente vigente en algunas secciones de la
corporación, como se evidencia.
27. Sin embargo, es pertinente advertir que hay otras, como la Sala que hoy decide,
cuya tesis es resolver acerca de la condena en costas desde un juicio subjetivo
valorativo, tal como se señaló en sentencia del 10 de julio de 202417, así:
«[…] 43. Ahora bien, la adición de la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 del CPACA
refuerza el argumento relativo a la necesidad de analizar la conducta de las partes, pues
deja en evidencia que debe evaluarse si la demanda se presentó con manifiesta carencia
de fundamento legal, es decir, aun cuando el demandante haya sido vencido en el
proceso y no se haya advertido una conducta temeraria o de mala fe que implique ser
condenado en costas, esta procederá si se observa que no tenía fundamento legal.
44. De esta manera, está claro que el legislador no pretendió imponer al juez la
necesidad de condenar en costas cuando una las partes fue vencida, sino la de
pronunciarse sobre esas costas, sobre la base de un juicio subjetivo valorativo.
45. Este juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las
diferentes etapas del procedimiento26. Al respecto esta corporación ha acudido a los
criterios señalados en el artículo 79 del CGP a efectos de establecer los eventos en los
que se puede concluir que se ha actuado con temeridad o mala fe, esto es cuando por
ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad;
se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines
claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u
omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del
proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas.
46. De acuerdo con lo expuesto, frente a la condena de las costas el juez debe realizar
un análisis subjetivo valorativo, en tanto para decidir si condena es necesario que i)
revise la conducta de las partes en el proceso; y ii) en el expediente, identifique si las
referidas costas se causaron. Distinto es que, luego de concluir que hay lugar a condenar
en costas, la cuantía de la condena se fije en atención a lo dispuesto en el CGP y a la
posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador,
el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos
recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo
1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, modificado por
el Acuerdo PSAA13-9943 de 2013). […]»
28. A juicio de la Sala, sin perjuicio de la tesis adoptada por esta Sala de decisión en
asuntos contencioso-administrativos, es evidente que al interior del Consejo de
17 CP Juan Enrique Bedoya Escobar. Expediente: 50001-23-33-000-2019-00438-01 (0280-2023)
7
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06713-01
Demandante: DIAN
Estado no existe una postura uniforme acerca de la imposición de costas en los
términos del artículo 188 del CPACA. adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021; situación frente a la cual, la solicitud de tutela no es el mecanismo idóneo
para unificar una posición al respecto.
29. De tal manera, se observa que el razonamiento efectuado por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta estuvo sustentado en la normativa vigente, cuya
interpretación no ha sido pacífica en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo,
por lo cual no incurrió en el defecto sustantivo endilgado.
30. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
31. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
32. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
del a quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de la
DIAN, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección
Cuarta.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 6 de febrero de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Quinta. En su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en la solicitud
de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión judicial.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06713-01
Demandante: DIAN
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETHBECERRACORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
9
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.