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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02594-00

Fecha
3 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02594-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Diver Alexander Papamija Bermeo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 19 Radicación: 11001-03-15-000-2025-02594-00 Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02594-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C, tres (3) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia : Acción de tutela
Radicado : 11001-03-15-000-2025-02594-00
Accionante : Diver Alexander Papamija Bermeo
Demandados : Tribunal Administrativo del Cauca y Juzgado Noveno
Administrativo del Cauca
Derechos : Igualdad, seguridad social, debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
Tema : Tutela contra providencia judicial
Decisión : Niega amparo

La Sala procede a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de
tutela presentada por el señor Diver Alexander Papamija Bermeo en contra del
Tribunal Administrativo del Cauca y Juzgado Noveno Administrativo de Popayán.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por la parte
actora frente a la providencia judicial objeto de censura, luego revisará lo relativo
a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, resolverá lo pertinente en
torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela.

El señor Diver Alexander Papamija Bermeo, interpuso el presente recurso de
amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, seguridad social, debido proceso y acceso a la administración de

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Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

justicia, los cuales estima vulnerados por Tribunal Administrativo del Cauca y el
Juzgado 9 Administrativo de Popayán.

Por consiguiente, solicitó:

«Primero: Se tutele al accionante Diver Alexander Papamija Bermeo, los
derechos fundamentales constitucionales de igualdad, seguridad social, debido
proceso, acceso a la administración de justicia y demás derechos fundamentales
que encuentre conculcados en las providencias judiciales de primera instancia
no. 002 de fecha 31/01/2023, y de segunda instancia de fecha 28/11/2024,
proferidas en el expediente de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No.
19001-33-33-009-2018-00062-00, por el Juzgado Noveno Administrativo de
Popayán y por el Tribunal Administrativo del Cauca, demandada La Nación-
Ministerio de Defensa-Policía Nacional.

Segundo: Que, como consecuencia de la anterior decisión, se ordene revocar
los siguientes apartes de las providencias objeto de la Acción: “descontando el
valor cancelado por el reconocimiento de la indemnización por incapacidad
relativa y permanente”, contenido en la sentencia de 1ª instancia; y los
siguientes párrafos contenidos en la sentencia de segunda instancia, “El periodo
a indemnizar no puede ser inferior a seis meses ni superior a veinticuatro,
contados a partir de la desvinculación del demandante.” y “Del valor a
pagar se descontará el valor cancelado por el reconocimiento de la
indemnización por incapacidad relativa y permanente”.

Tercero: Que como consecuencia de todo lo anterior, se le ordene al Tribunal
Administrativo del Cauca, que en un término no superior a Veinte (20) días se
profiera una nueva sentencia de segunda Instancia de reemplazo, de acuerdo a
las razones fácticas, lineamientos jurídicos, y jurisprudenciales acá esbozadas».

1.3. Hechos.1

Qué ingresó a la Policía Nacional en 2010, en el cargo de patrullero y fue asignado
a la Dirección de Carabineros.

El 22 de noviembre de 2014, mientras prestaba sus servicios, la estación de
policía de Isla Gorgona fue objeto de un ataque terrorista, y como consecuencia
de ello, sufrió lesiones auditivas y psicológicas que fueron valoradas por la Junta
Médica Laboral de la Policía Nacional.

Asegura que, mediante acta n° 11147 del 11 de noviembre de 2016, se le
dictaminó una pérdida de capacidad laboral en un 29.13%, sin posibilidad de
reubicación; contra esa decisión, interpuso recurso de apelación, el cual, fue
resuelto por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar de la Policía por acta

1
Aplicativo de SAMAI. Anotación 0002.
2

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n° M17-455 MDNSG- TML.41.1 elevando la calificación a un 33.06% y confirmó
la declaración de no apto para la actividad policial.

El 13 de septiembre de 2017, mediante Resolución n° 04412 el director general
de la Policía Nacional acogió el concepto de la junta y ordenó el retiro del servicio
activo del patrullero Diver Alexander Papamija Bermeo de conformidad con lo
establecido en los artículos 54 inciso 1 y 55 numeral 3 del Decreto Ley 1791 de
2000.

Por lo anterior, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho contra el acto de retiro, la cual, fue conocida por el
Juzgado Noveno Administrativo de Popayán, autoridad que en primera instancia
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, ordenando lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución número 04412 de 13 de septiembre
de 2.017 proferida por el director general de la POLICIA NACIONAL, en cuanto dispuso el
retiro del servicio activo del señor DIVER ALEXANDER PAPAMIJA BERMEO identificado
con cédula de ciudadanía Nº 1.058.969.635, por disminución de la capacidad psicofísica.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se CONDENA a la NACION-
MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL a: i) reintegrar, sin solución de
continuidad, al señor DIVER ALEXANDER PAPAMIJA BERMEO al servicio activo de la
Policía Nacional en el grado que ostentaba al momento de su retiro; y ii) reconocer y pagar
a la parte actora, el valor de los salarios, auxilios, primas, bonificaciones, prestaciones
sociales y demás beneficios económicos dejados de percibir desde la fecha en que fue
desvinculado del servicio, hasta el momento en que sea reintegrado al mismo, descontando
el valor cancelado por el reconocimiento de la indemnización por incapacidad relativa y
permanente. De la liquidación que resulte, la entidad procederá efectuar los descuentos de
ley a que haya lugar, entendiéndose que para todos los efectos legales no ha existido
solución de continuidad en la prestación de los servicios

TERCERO: Las sumas a reconocer deberán ser actualizadas, conforme a la fórmula
adoptada por el Consejo de Estado, mencionada en la parte considerativa de esta
providencia.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: Una vez ejecutoriada ARCHÍVESE el expediente».

Contra esa decisión, la Policía Nacional interpuso recurso de apelación, el cual,
fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Cauca en sentencia del 28 de
noviembre de 2024, en los siguientes términos:

3

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Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

«PRIMERO: REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia Nro. 002 dictada el 31 de enero
de 2023, en el asunto de la referencia, por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
de Popayán, el cual en adelante quedará así:

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se CONDENA a la NACIÓN MINISTERIO DE
DEFENSA- POLICÍA NACIONAL A: I) REINTEGRAR, SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD, AL SEÑOR DIVER
ALEXANDER PAPAMIJA BERMEO al servicio activo de la Policía Nacional en el grado que
ostentaba al momento de su retiro, así como la reubicación en un lugar de trabajo adecuado
de acuerdo a sus capacidades y sin poner en riesgo su integridad, sin solución de
continuidad; y ii) Reconocer y pagar en favor del señor DIVER ALEXANDER PAPAMIJA BERMEO
los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir desde la fecha en que fue
desvinculado del servicio. El período para indemnizar no puede ser inferior a seis meses ni
superior a veinticuatro, contados a partir de la desvinculación del demandante. Del valor a
pagar se descontará el valor cancelado por el reconocimiento de la indemnización por
incapacidad relativa y permanente. De la liquidación que resulte, la entidad procederá
efectuar los descuentos de ley a que haya lugar, entendiéndose que para todos los efectos
legales no ha existido solución de continuidad en la prestación de los servicios”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia».

1.4. Argumentos de la tutela.

Indica que, el Tribunal Administrativo del Cauca fundamentó su decisión en las
sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015; por consiguiente, incurrió en un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, comoquiera que,
las precitadas decisiones de la Corte Constitucional fueron revocadas por el
Consejo de Estado en sentencias posteriores, «en las cuales precisó que los
miembros de la Fuerza Pública tienen un régimen salarial y prestacional especial,
que son funcionarios de carrera y no en provisionalidad».

En virtud de lo anterior, solicita que se tenga como precedente la sentencia de
unificación de jurisprudencia del 9 de agosto de 2022, proferida por el Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera Ponente Sandra
Lisset Ibarra Vélez expediente 11001-03-25-000-2017-00151-00 –(N.I. 0892-
2017) y los fallos del 7 de abril de 2022; de la Sección Segunda, Subsección B,
expediente 19001-23-33-000-2015-00437-01 (1098-2020); Consejero ponente
Dr. Carmelo Perdomo Cuéter, Medio de control Nulidad y restablecimiento del
derecho, T-456 del 24 de octubre de 2024, de la Corte Constitucional, Sala Sexta
de Revisión expediente. T-9.268.316, del 24 de octubre de 2024 revisión de
decisiones judiciales: Sentencia de fecha 23/05/2024; proferida por la Subsección
A, Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, expediente nulidad y restablecimiento del derecho, expediente de nulidad

4

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y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2015-03335-01
(3526-2019); y del 1° de agosto de 2024, expediente 76001-23-33-000-2014-
01463-01 (1765-2023), con ponencia de esta subsección.

II. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 6 de mayo se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar al
Tribunal Administrativo del Cauca y vincular al Ministerio de Defensa Nacional-
Policía Nacional y al Juzgado Noveno Administrativo de Popayán.

2.1. Contestaciones de la acción.

2.1.1. El Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional2 solicitó se declare
improcedente el amparo pretendido debido a que, es un mecanismo de protección
subsidiario y lo discutido ya fue debatido en el proceso ordinario.

2.1.2. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Popayán 3 remitió el
link del proceso, pero no se pronunció respecto a los hechos y pretensiones de la
tutela.

2.1.3. El Tribunal Administrativo del Cauca guardó silencio en la oportunidad
prevista para el efecto, a pesar de que fue notificado.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2. Problema jurídico.

2
Aplicación SAMAI. Anotación 0009
3
Aplicativo SAMAI. Anotación 0008
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Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de garantías fundamentales que pueda comportar el fallo del
del 28 de noviembre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
19001-33-33-009-2018-00062-00 y, en caso afirmativo, analizar si con la referida
providencia se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, a la
seguridad social, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
invocados por el accionante, ante la presunta configuración de los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

3.3. La acción de tutela contra providencias judiciales.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada
por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela,
con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido
de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que, esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)

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defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para
proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto
orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto
procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó su carácter excepcional cuando se vulneran
o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales
ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que
se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii)
que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal debe quedar
claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el
actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la

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vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el
proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace
la corporación.

Igualmente, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual,
solamente si tiene indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que
surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o
sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una
decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del
precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía
de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda
trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.

Por otra parte, se destaca que, en un principio, la Sala Plena de lo Contencioso-

8

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Administrativo del Consejo de Estado sostuvo que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales4, pero mediante sentencia
del 31 de julio de 20125 rectificó su posición en el sentido de disponer que la
acción constitucional es procedente contra providencias cuando vulneren
derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros
fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado
ha aplicado en los términos antes expuestos.6

3.4. Caso concreto.

En torno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la
Sala encuentra: (i) que el asunto planteado comporta relevancia constitucional,
en razón a que, recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, seguridad social, debido proceso y acceso a la
administración de justicia; (ii) que contra la decisión objeto de censura no procede
recurso alguno, al ser una sentencia de segunda instancia que se encuentra en
firme; (iii) que se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto
de las aludidas garantías superiores; (iv) que se satisface el requisito de
inmediatez, teniendo en cuenta que, la providencia enjuiciada fue emitida el 28
de noviembre de 2024 y notificada electrónicamente el 13 de enero de 2025, por
lo que adquirió ejecutoria el 20 de enero de 2025, y la solicitud de amparo se
presentó el 2 de mayo del 2025, es decir, dentro del término prudencial de seis
meses; y (v) el fallo acusado no se profirió dentro de una acción de tutela.

En razón a que, se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizara el fondo

4
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp.
2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta.
5
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
6
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-
00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010,
exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio
de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de
febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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del asunto, bajo las causales específicas de procedibilidad invocadas, esto es,
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

3.4.1. Defecto sustantivo.

Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho
mandato, las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo
con las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional7 ha estimado que, la providencia judicial proferida
con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento
en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada,
declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el
decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

«Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia
o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y
aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez.
Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de
una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que
obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales» 8.

El accionante aduce que en la providencia cuestionada se desconoció lo
dispuesto en los artículos 137 y 159 del Decreto 1212 de 1990 el cual establece
el pago de indemnización por disminución de la capacidad psicofísica de un oficial
o suboficial de la Policía Nacional; 98 del Decreto 1213 de 1990; 1°, 35, 36 y 37
del Decreto 1796 de 2000; 3° de la Ley 923 de 2004 y 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al disponer que
del valor reconocido «por concepto de salarios, primas, y demás emolumentos,
se descuente el valor que fue cancelado por la Policía Nacional por la disminución
de la capacidad laboral que sufrió en servicio durante esa actividad especial de
Policía, por lo que se trata de una indemnización originada en la disminución de
su capacidad laboral sufrida de por vida».

7
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
8
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02594-00
Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

Ahora bien, en la sentencia objeto de discusión se observa que la autoridad
accionada aplicó la normativa y los criterios jurisprudenciales en relación con el
retiro del servicio de los miembros de la fuerza pública por disminución de su
capacidad psicofísica. en efecto, consideró:

«Para la Sala resulta relevante que, al momento de evaluar la posibilidad de reubicación,
no se verificó por parte del Tribunal Médico, que el señor Diver Alexander, pese a la
disminución de capacidad laboral que fue inferior al 50%, pudiese, de acuerdo a sus
capacidades, aptitudes, destrezas y conocimientos, desarrollar labores administrativas, de
docencia o instrucción; porque aunque solo verificó que el patrullero no podía desarrollar la
labor para la cual fue incorporado y que, sus patologías no permitían que esté cerca de
armamento, tal aspecto es insuficiente para denegar la reubicación, puesto que conforme
lo orienta la jurisprudencia citada a la entidad le asiste el deber de reubicarlo en labores
acordes con su capacidad laboral residual, siendo obligación del Estado adoptar medidas
en favor de los grupos marginados y discriminados, como son las personas con disminución
de la capacidad laboral.

Sea del caso resaltar por parte de la Sala, que entre los conceptos de especialistas citados
en el acta del (sic) la Junta Médica Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar
y de Policía se encuentra el de salud ocupacional, en el que se manifiesta: “dado lo anterior
no debe permanecer en sitios con riesgo de violencia y desempeñarse tarea operativas
(sic) uso de armas de fuego ni turnos nocturnos por el vértigo no debe conducir vehículos
o motocicletas ni permanecer en alturas dado el tiempo en evolución se debe definir aptitud
en técnico en sistemas de manejo ambiental se puede aprovechar su competencia.

Esto da cuenta de que al menos por parte de la especialista en salud ocupacional, sí se
hizo referencia a que si bien el actor no puede desempeñarse en labores propias del
servicio policial, cuenta con capacidades y competencias que podrían ser aprovechadas
por la institución, lo cual fue desechado por las referidas junta y tribunal, sin mayores
argumentos y sin tener en cuenta su obligación de protección constitucional al empleado
que ha disminuido su capacidad laboral en medio de un acto del servicio, defendiendo a la
institución policial. Igualmente, la jurisprudencia orienta que si de la valoración se concluye
que las condiciones de salud no son suficientes ni puede ser capacitado para desempeñar
alguna actividad dentro del institución, lo constitucionalmente admisible es atribuirle una
disminución de la capacidad igual o superior al 50% y reconocerle la pensión de invalidez.

Así las cosas, bajo el criterio jurisprudencial reseñado, el retiro del servicio del actor no era
procedente, en la media que era viable, realizar un análisis completo de las posibles
dependencias y labores donde el señor Papamija Bermeo podría desempeñarse, además
de permitirle continuar con su rehabilitación y ofrecerle capacitación para efectos de que se
realizara determinadas labores a pesar de su discapacidad. Máxime teniendo en cuenta la
gran cantidad de personal y las innumerables áreas que forman parte de la entidad policial.

Recapitulando, en el caso concreto se verifica la ausencia de aplicación de las pautas
dispuestas por la Corte Constitucional y acogidas por el Consejo de Estado, vulnerando de
manera flagrante los derechos de uno de sus integrantes, quien se encuentra en situación
de debilidad manifiesta al haber visto disminuida su capacidad laboral en prestación de sus
funciones. La situación descrita hace operable la estabilidad laboral reforzada, la cual, a
voces de las Altas Corporaciones se materializa en el derecho del miembro de la fuerza
pública, a ser reubicado para que cumpla otras funciones de conformidad con sus
habilidades y destrezas. Partiendo del deber legal, constitucional y convencional que
acompaña a la Policía Nacional de proteger a su personal en situación de discapacidad,
resulta claro, que existiendo posibilidades de reubicación, como las decantadas en el
sublite, no se compadece la decisión de retirar del servicio por la imposibilidad de
desarrollar actividad alguna al interior de la institución, pero sin otorgar la posibilidad de
acceder a pensión de invalidez, razón para confirmar en este aspecto la sentencia de
primera instancia, en tanto declaró la nulidad del acto acusado y ordenó el reintegro del
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Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo
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señor Diver Papamija, al realizar un análisis que comparte esta Sala. Pero se aclarará la
orden, disponiendo que al reintegro se hará con la reubicación del actor en un lugar de
trabajo adecuado de acuerdo a sus capacidades y sin poner en riesgo su integridad».

Con base en lo anterior, la autoridad demandada confirmó la decisión de primera
instancia que declaró la nulidad del acto de retiro, y, en cuanto al restablecimiento
la revocó para en su lugar, ordenar a la Nación- Ministerio de Defensa- Policía
Nacional, a reintegrar, sin solución de continuidad al señor Diver Alexander
Papamija Bermeo al servicio en el grado que ostentaba al momento de su retiro,
así como, la reubicación en un lugar de trabajo adecuado de acuerdo a sus
capacidades y sin poner en riesgo su integridad sin solución de continuidad, y a
reconocer y pagar los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir desde
la fecha en que fue desvinculado del servicio.

Indicó que, el periodo a indemnizar no podía ser inferior a seis meses ni superior
a veinticuatro, contados a partir de la desvinculación del demandante, en
aplicación a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 053 de
2015.

En tal sentido, no estima la Sala que, el Tribunal actuara con desconocimiento de
las disposiciones legales, como lo alega el accionante; por el contrario, como ya
se indicó con fundamento en las disposiciones y el precedente judicial desató la
apelación interpuesta y en uso de su facultad de autonomía plasmó de manera
adecuada y suficiente las consideraciones por las cuales concluyó que debía
modificarse la indemnización ordenada por el Juzgado Noveno Administrativo de
Popayán para dar aplicación a los topes establecidos en las sentencias SU-556
de 2014 y SU-053 de 2015 de la Corte Constitucional; por tanto, no le es dable al
juez constitucional inmiscuirse en temas de naturaleza interpretativa, ya que
como lo señaló la Corte Constitucional en sentencia T-416 de 2016, esta
competencia «se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de
argumentación decisoria convierte la providencia en un acto de voluntad del juez,
es decir, en una arbitrariedad», lo que no ocurre con la decisión objeto de
cuestionamiento.

3.4.2 Desconocimiento del precedente.

12

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Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

Sobre el particular se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como
defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera
tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los
precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia9, y la
segunda, hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del
precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir
que la providencia adolece de un defecto sustantivo conforme a los principios del
debido proceso, igualdad y buena fe.10

En el caso sub examine el accionante sostiene que, la decisión reprochada
incurre en desconocimiento de precedente, por cuanto el Tribunal Administrativo
del Cauca fundamentó su decisión en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053
de 2015, «las cuales fueron revocadas por el Consejo de Estado en sentencias
posteriores en las que precisó que los miembros de la Fuerza Pública tienen un
régimen salarial y prestacional especial, que son funcionarios de carrera y no en
provisionalidad».

Igualmente, aduce que, debe tenerse como precedente la sentencia de
unificación de jurisprudencia del 9 de agosto de 2022, proferida por la Sala Plena
del Consejo de Estado con radicado 11001-03-25-000-2017-00151-00 y los fallos
del 7 de abril de 2022, de la Sección Segunda, Subsección B, expediente 19001-
23-33-000-2015-00437-01; T-456 del 24 de octubre de 2024, de la Corte
Constitucional, Sala Sexta de Revisión; del 23 de mayo de 2024, emitido por la
Subsección A de la Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
25000-23-42-000-2015-03335-01; y del 1° de agosto de 2024, expediente 76001-
23-33-000-2014-01463-01 de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de

9
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando:
(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad,
(ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un
precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva
de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por
la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de
tutela».
10
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

Estado.

Agregó que, en la providencia cuestionada «los Honorables Magistrados del
Tribunal Administrativo del Cauca, apoyaron su decisión de restringir el periodo a
indemnizar a un periodo no “inferior a seis meses ni superior a veinticuatro,
contados a partir de la desvinculación del demandante, con fundamento en las
sentencias números SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 emitidos por la Honorable
Corte Constitucional. Al amparar su decisión en los precitados precedentes
jurisprudenciales, los Honorables Magistrados del Tribunal Accionado incurrieron
en la sentencia en el defecto factico por desconocimiento de precedentes
jurisprudenciales, como quiera que las precitadas sentencias SU-556 de 2014 y
SU-053 de 2015 de la Corte Constitucional, fueron revocadas desde el Honorable
Consejo de Estado en sentencias posteriores, en las cuales precisó que los
miembros de la Fuerza Pública tienen un régimen salarial y prestacional
ESPECIAL, que son funcionarios de carrera y no en provisionalidad».

El Tribunal Administrativo del Cauca, en relación con el restablecimiento del
derecho, indicó que si bien en asuntos decididos con anterioridad al caso del
accionante no aplicó el criterio constitucional fijado en las sentencias SU-556
2014 y SU-053 de 2015, en el presente asunto sí lo haría, por los siguientes
motivos:

«Este Tribunal en ocasiones se abstuvo de aplicar el límite al restablecimiento del derecho
adoptado en las Sentencias SU 556 de 2014 y SU 053 de 2015 de la Corte Constitucional
ya citadas por cuanto existía jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado en casos
de reintegros que no consideraba tal circunstancia, lo cierto es que, en virtud de varias
sentencias de tutela emitidas por las diferentes secciones del Consejo de Estado contra los
Tribunales Administrativos a nivel nacional, incluido el del Cauca ordenando rehacer
sentencias en el sentido de que se incorpore la posición unificada de la Corte
Constitucional, se opta por acoger tal criterio, a efectos de atender lo ordenado por el
órgano de cierre sobre dicho punto en los fallos constitucionales. Por lo anterior, el periodo
a indemnizar no puede ser inferior a seis meses ni superior a veinticuatro, contados a partir
de la desvinculación del demandante. En consecuencia, se revocará parcialmente la
sentencia de primera instancia, ordenando el reconocimiento de todos los salarios y
prestaciones dejados de percibir por el demandante únicamente durante ese periodo».

Por tanto, para establecer si lo alegado por el accionante con respecto al
desconocimiento de precedente jurisprudencial se encuentra configurada, la Sala
estudiara las sentencias referidas:

14

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Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo
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(i) Sentencia de Unificación de Jurisprudencia del 9 de agosto de 2022, de la Sala
Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado, radicado 11001-
03-25-000-2017-00151-00, en la cual se decidió:

«Unificar Jurisprudencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, estableciendo
que son procedentes los descuentos efectuados a la condena derivada del fallo que
resuelve el litigio inmiscuido dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho de carácter laboral, donde se obtiene la nulidad del acto que retiró del servicio a
un empleado público nombrado en provisionalidad, a razón de las sumas de dinero
recibidas por la parte demandante a título de salarios, prestaciones sociales percibidos de
relaciones de trabajo en el sector público, por incurrirse en la prohibición constitucional de
doble erogación con cargo al erario».

En esta decisión, se unificó jurisprudencia, en el sentido de establecer que son
procedentes los descuentos efectuados a la condena derivada del fallo que
resuelve un litigio en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho de carácter laboral, donde se declara la nulidad del acto que retiró
del servicio a un empleado público nombrado en provisionalidad, en razón de las
sumas de dinero recibidas por parte de la demandante a título de salarios,
prestaciones sociales percibidos de relaciones de trabajo en el sector público, por
incurrirse en la prohibición constitucional de doble erogación con cargo al erario.

(ii) Sentencia del 7 de abril de 2022, del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, radicado 19001-23-33-000-2015-00437-01, Consejero Ponente
Carmelo Perdomo Cuéter. En esta providencia, se revocó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones, y en su lugar, se declaró la nulidad de los
actos administrativos que sancionaron al accionante con destitución e inhabilidad
general por el término de 12 años para ejercer cargos públicos. En cuanto al
reintegro se indicó:

«Solicita el accionante que se condene a la Policía Nacional a que lo reintegre «al
grado que ostentaba al momento de su retiro o a otro de mayor categoría», sin
solución de continuidad; a lo cual la Sala accederá.

Lo anterior, en aplicación del concepto de restablecimiento del derecho, en el
sentido de que se ordena el reintegro de un servidor público con el consecuente
pago de los salarios y prestaciones dejados de recibir desde la fecha del retiro
hasta el efectivo reintegro, como ficción de que las cosas vuelven a su estado
anterior, esto es, como si durante el tiempo en que se estuvo cesante, se hubiese
prestado el servicio y devengado el salario.

Lo dicho no desconoce que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-053 de
2015, estudió acciones de tutela contra sentencias judiciales, relacionadas con el

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Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo
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ejercicio de la facultad discrecional de retiro de miembros activos de la fuerza
pública, específicamente de la Policía Nacional.

La Corte señaló, como precedente, que los actos discrecionales de retiro de
miembros de la Policía deben ser motivados y que, en estos casos, el juez de lo
contencioso-administrativo debía declarar la nulidad del acto administrativo y
ordenar el restablecimiento del derecho bajo los lineamientos previstos en la
sentencia SU-556 de 2014, esto es, que la «indemnización» para los asuntos de
retiro de servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera
debe tener un tope, así:

[…] Las órdenes que se deben adoptar en los casos de retiro sin
motivación de las personas vinculadas en provisionalidad en un cargo
de carrera, son: (i) el reintegro del servidor público a su empleo,
siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de la
desvinculación no haya sido provisto mediante concurso, no haya
sido suprimido o el servidor no haya llegado a la edad de retiro
forzoso; y, (ii) a título indemnizatorio, pagar el equivalente a los
salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la
sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier
concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente,
haya recibido la persona, sin que la suma a pagar por indemnización
sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24)
meses de salario […] (negrilla fuera de texto).

En otras palabras, esa Corporación, sin carga argumentativa alguna y sin fijar las
reglas pertinentes, extendió los denominados «topes indemnizatorios» para los
servidores públicos provisionales a los miembros de la fuerza pública, que fueran
retirados del servicio activo en ejercicio de la facultad discrecional, y de esta forma
limitó su restablecimiento del derecho.

Se insiste, no es dable equiparar el retiro discrecional de los miembros de la Policía
Nacional con la declaratoria de insubsistencia de los empleados vinculados en
provisionalidad, dadas las particularidades del primero, tales como: (i) el ingreso
al servicio de los policiales se produce después de superar un curso de formación
para tal fin, que incluye variadas pruebas para acreditar su idoneidad, lo cual se
relaciona más con un procedimiento meritocrático propio de los empleados de
carrera que, con una vinculación provisional; y (ii) los policiales se encuentran
sujetos a un régimen especial de carrera, ascenso y retiro del servicio».

Si bien es cierto, en el caso traído a colación se ordenó el pago de salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de la desvinculación
hasta la fecha efectiva del reintegro y se ordenó que las sumas fueran indexadas,
es de precisar que la sentencia referida no constituye una sentencia de unificación
si no un criterio aplicable a un caso particular y concreto.

Así mismo, se anota que, aun cuando había un criterio generalizado en torno a la
forma como se debería restablecer el derecho en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho por retiro del servicio, dicho criterio, como se
observa, ha tenido modificaciones por parte del juez contencioso y constitucional.

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Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

(iii) La Sentencia T-456 del 24 de octubre de 2024, de la Corte Constitucional no
resulta aplicable al caso bajo estudio, por cuanto en ella se analizó el caso de una
mujer que prestaba el servicio militar voluntario como auxiliar de Policía en estado
de embarazo.

(iv) Sentencia del 23 mayo de 2024, Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, dictada en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-03335-
01, en el cual, se pretendía la nulidad de los actos administrativos por medio de
los cuales, se retiró del servicio por destitución al intendente Juan Ignacio Rojas
Buitrago y se le sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de
15 años. En ella, se confirmó la decisión de primera instancia, que negó las
pretensiones, por lo que no hubo lugar a estudiar el restablecimiento pretendido.

(v) Sentencia del 1. ° de agosto de 2024, dictada por esta Sala de decisión, con
ponencia del suscrito, en el medio de control nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 76001-23-33-000-2014-01463-01 (1765-2023), en la cual,
se analizó el retiro de un policía, que fue declarado no apto para el servicio. En
esta oportunidad, se modificó el fallo de primera instancia que accedió a las
pretensiones y se ordenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
«nombrar e incorporar al señor CRISTIAN ESTEBAN BARREIRO QUIÑONES en
el cargo de Patrullero, a partir del 18 de junio de 2014 rango que alcanzó, al
superar el curso de formación y frente al cual ya se encontraba habilitado para su
ejercicio, previa evaluación que determine con exactitud la mejor opción para su
reubicación laboral, atendiendo su grado de escolaridad, habilidades, destrezas
y capacidades físicas. Igualmente, se ordena el reconocimiento y pago de salarios
y prestaciones sociales correspondientes al cargo de Patrullero, que dejó de
percibir desde su retiro hasta cuando se haga efectivo el reintegro, previas las
deducciones legales a que haya lugar».

Sobre el particular, se advierte que, la aludida providencia no es de unificación,
sin embargo, corresponde al criterio de esta Subsección en cuanto al retiro de un
miembro de la fuerza pública, el cual, puede ser aplicado por los operadores
judiciales, al momento de decidir situaciones similares.

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Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

Se considera importante aclarar que la inaplicación de una sentencia individual
del Consejo de Estado no constituye per se un desconocimiento del precedente
judicial vinculante, a no ser que se hubiera proferido con el propósito de unificar
la jurisprudencia sobre un determinado punto de derecho, situación que no
aconteció en el fallo referido.

La fuerza vinculante del precedente horizontal y vertical en la jurisdicción
contencioso-administrativa, si bien es fundamental para la seguridad jurídica y la
igualdad, se intensifica notablemente cuando se trata de sentencias de
unificación, cuya finalidad es precisamente fijar la interpretación de una norma
para casos futuros y homogéneos. Por lo tanto, no es posible concluir que el
Tribunal profirió la providencia apartándose de un precedente vinculante de esta
Corporación.

(vi) Sentencia del 2 de agosto de 2022, Consejo de Estado Sección Segunda,
Sala de Conjueces medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 73001-23-33-000-2017-00223-02 (4431-2019), en la cual, se
pretendía la nulidad del acto administrativo por medio del cual la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial negó la reliquidación de la bonificación por
servicios y la prima especial de la Ley 4.a de un servidor de la Rama Judicial.

Como puede advertirse, se trata de un asunto de diferente objeto al que se está
controvirtiendo en la solicitud de amparo, pues en aquel el problema jurídico
planteado consistió en dilucidar si la prima especial de servicios consagrada en
el artículo 14 de la ley 4 del 1992 para servidores de la rama judicial, estuvo bien
liquidada.

En este orden de ideas, considera la Sala que, no se configura desconocimiento
del precedente, por cuanto las sentencias citadas por el accionante no son
aplicables en su mayoría al caso concreto, por tratarse de situaciones fácticas
distintas a la analizada por el tribunal accionado y a criterios propios de la
autonomía judicial que en cada caso le corresponde adoptar al juzgador.

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Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

De esta forma, no se encuentra que, el Tribunal accionado incurriera en el defecto
deprecado que habilite la procedencia del amparo, por lo que, se considera
infundado y, en consecuencia, no advierte vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.

Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su
autonomía e independencia, ámbito que debe ser respetado por el de tutela
cuando no observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria
su intervención.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto no se
logró acreditar que la sentencia del 28 de noviembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca incurriera en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente; por lo que, se negará la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución Política,

F A L L A:

PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por el
señor Diver Alexander Papamija Bermeo, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Accionante: Diver Alexander Papamija Bermeo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

20

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