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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2023-00003-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2023-00003-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas al demandante. De conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Santander. Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Radicado: 68001-23-33-000-2023-00003-01 (7680-2023) La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2023-00003-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00003-01 (7680-2023)
Demandante: Ángel Yesid Acero Ricaurte
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Tema: Control judicial integral del acto administrativo sancionatorio
disciplinario. Nulidad de los actos administrativos. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés
(2023) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se negaron
las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Ángel Yesid Acero Ricaurte instauró demanda en contra de la
Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria expedida el 18 de mayo
de 2021 por la Oficina de Control Disciplinario Interno MEBUC, mediante la cual fue
sancionado con destitución e inhabilidad general por diez (10) años; del acto
administrativo de segunda instancia que la confirma, del 24 de diciembre de 2021 y
del acto de ejecución, expedido el 22 de mayo de 2022.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: el reintegro, el
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir,
el reconocimiento del tiempo fuera de la institución para contabilizar su antigüedad
y escalafón, y el pago de 100 SMLMV por concepto de perjuicios morales.

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Radicado: 68001-23-33-000-2023-00003-01 (7680-2023)

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

4. Que ingresó a la Policía Nacional el 8 de junio de 2012, adscrito a la Estación
de Policía del municipio de Tasco, Boyacá, y el día 29 de septiembre de 2020 su
compañera sentimental presentó una denuncia por violencia intrafamiliar ante la
Fiscalía General de la Nación y queja ante la Policía Nacional. Con fundamento en
dicha denuncia y queja, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía
Metropolitana de Bucaramanga inició actuación disciplinaria.

5. Afirmó que la denunciante compareció ante la Comisaría de Familia, el 28 de
octubre de 2020, y manifestó que no existió agresión física, que la denuncia se
presentó por motivos personales y que lo ocurrido correspondió a un accidente;
versión reiterada mediante declaración juramentada, rendida ante notaría, en abril
de 2021 y en diligencias practicadas dentro del proceso disciplinario.

6. Que la fiscalía general de la Nación decidió archivar la investigación penal
por violencia intrafamiliar al no encontrar mérito para continuarla, pero que la Oficina
de Control Disciplinario Interno adelantó el procedimiento verbal y formuló cargo por
falta gravísima prevista en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, en
concordancia con el artículo 229 del Código Penal –violencia intrafamiliar– y el 18
de mayo de 2021 se declaró la responsabilidad disciplinaria de y se le impuso
sanción de destitución e inhabilidad general por diez (10) años, decisión confirmada
en segunda instancia y ejecutada, al ordenar su retiro del servicio activo.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Constitución Política, artículos 6 y 218; la Ley 1437 de 2011, artículo 138; y
la Ley 1015 de 2006, artículos 4, 6 y 17 y artículo 34, numeral 10.

8. Sostiene que las decisiones disciplinarias incurren en falsa motivación,
porque consideran acreditada la comisión de una conducta descrita como delito sin
que estuviera demostrado dentro del procedimiento disciplinario. Agrega que la
denunciante se retractó de manera reiterada y consistente de los hechos
inicialmente narrados, y que motivaron la sanción; además, negó la existencia de la
agresión física y que explicó que la denuncia obedeció a razones personales.

9. Explica que la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la
Nación fue archivada, circunstancia que, a su juicio, descarta la existencia del
presupuesto fáctico necesario para la configuración de la falta disciplinaria
imputada.

10. Por otro lado, afirma que, aunque se consideren acreditados los hechos,
estos no afectaron el deber funcional ni los fines de la actividad policial, porque es
una situación que pertenece a su esfera personal, lo que excluye la ilicitud sustancial
exigida por la Ley 1015 de 2006.

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11. Sostiene que dentro del procedimiento disciplinario existieron dudas que no
fueron resueltas a su favor, pese a la obligación legal de hacerlo, y que el material
probatorio no fue valorado de forma integral. También considera que la sanción de
destitución e inhabilidad general por diez (10) años es desproporcionada y fue
impuesta sin aplicar los criterios legales de graduación de la sanción.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

12. La demanda fue admitida el 10 de febrero de 20231, después de ser remitida
por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bucaramanga, por falta de
competencia funcional. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se
opuso a las pretensiones y solicitó la declaratoria de legalidad de los actos
administrativos, porque los expidió el competente, están debidamente motivados y
se fundamentan en las pruebas recaudadas. Afirma que la sanción de destitución e
inhabilidad general por diez años resulta proporcional y acorde con los fines del
régimen disciplinario policial.

13. Señala que los hechos objeto del procedimiento se relacionan con una
conducta ocurrida el 29 de septiembre de 2020, la cual, a su juicio, constituyó una
agresión física contra la compañera sentimental del demandante, circunstancia que
dio lugar al inicio de la actuación disciplinaria.

14. Que el procedimiento disciplinario se adelantó con apego a la Constitución y
a las normas aplicables, en especial la Ley 1015 de 2006 y la Ley 734 de 2002, bajo
el trámite verbal previsto en la ley. Afirma que la conducta imputada se subsume en
la falta disciplinaria gravísima prevista en el artículo 34, numeral 10, de la Ley 1015
de 2006, pues es una conducta descrita como delito, cometida cuando el uniformado
se encontraba en situación administrativa de franquicia, que afectó la disciplina
policial y el deber funcional.

15. Manifiesta que se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa del
investigado, quien fue notificado de las actuaciones, designó apoderado de
confianza y ejerció contradicción probatoria. Sostiene que se practicaron pruebas
testimoniales y documentales, las cuales fueron valoradas individual y
conjuntamente conforme a las reglas de la sana crítica, lo que permite llegar a la
convicción sobre la responsabilidad disciplinaria del demandante.

16. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 12 de mayo de
2023, prescindió de la audiencia inicial por considerar innecesaria su celebración.
Declaró saneado el proceso, fijó el litigio, incorporó las pruebas documentales
aportadas por las partes, ordenó como prueba trasladada el expediente penal, negó
por impertinente el testimonio de la denunciante y ordenó correr traslado para la
presentación de los alegatos de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

1 Ver índice 00006 de SAMAI.

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17. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del catorce (14)
de septiembre de dos mil veintitrés (2023), negó las pretensiones, al considerar que
de los actos administrativos se expidieron con fundamento en el régimen
disciplinario especial aplicable a los miembros de la Policía Nacional. Sostuvo que
la conducta atribuida al demandante se subsume en la falta disciplinaria gravísima
prevista en el artículo 34, numeral 10, de la Ley 1015 de 2006, al tratarse de una
conducta descrita en la ley como delito cometido cuando el uniformado se
encontraba en situación administrativa de franquicia.

18. Que el archivo de la investigación penal no impide ni condiciona la potestad
disciplinaria, dado que ambos procedimientos persiguen fines distintos y protegen
bienes jurídicos diferentes.

19. Estimó acreditada la ilicitud sustancial porque, aunque la conducta ocurrió en
la esfera privada, afectó el deber funcional y los fines de la actividad policial. Indicó
que el demandante, como miembro activo de la Policía Nacional, se encontraba
sujeto a un deber especial que exige un comportamiento ético y respetuoso de los
derechos fundamentales, especialmente frente a la violencia contra la mujer. Añadió
que la agresión física atribuida al demandante comprometió la moralidad
administrativa, la imagen institucional y el adecuado funcionamiento de la función
pública, lo que justifica el reproche disciplinario.

20. En cuanto a la sanción impuesta, el Tribunal consideró que esta resulta
proporcional y ajustada a la gravedad de la falta, al tratarse de una conducta
calificada por el legislador como gravísima y sancionable con destitución e
inhabilidad general dentro de los márgenes previstos en la Ley 1015 de 2006.
Concluyó que la sanción responde a los fines preventivos y correctivos del régimen
disciplinario policial y que las decisiones administrativas se encuentran
debidamente motivadas y proferidas por autoridad competente.

RECURSO DE APELACIÓN

21. La parte demandante interpuso recurso de apelación por considerar que no
se realizó un análisis integral del procedimiento disciplinario ni del material
probatorio obrante en el expediente. Afirma que la sentencia incurre en un defecto
fáctico, pues entendió acreditada una conducta descrita como delito sin que exista
prueba que demuestre la responsabilidad del investigado y omitió valorar elementos
probatorios relevantes que desvirtúan la existencia de agresión física.

22. Expresa que se desconocieron injustificadamente las declaraciones rendidas
por la denunciante, quien afirmó que no existió agresión física y que la denuncia
penal fue presentada por razones personales. Señala que la sentencia omitió
valorar esas declaraciones y otras pruebas testimoniales, documentales y periciales
que obran en el expediente disciplinario, lo que configura un defecto fáctico por
indebida valoración de la prueba y por exclusión de elementos probatorios
determinantes para la decisión.

23. Afirma que la sentencia incurre en error al considerar configurada la falta

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disciplinaria gravísima, con base únicamente en la existencia de una denuncia
penal, pese a que la Fiscalía General de la Nación archivó la investigación por
inexistencia del delito. Sostiene que, al no demostrarse la comisión de una conducta
punible, no se cumple el presupuesto de tipicidad exigido por la norma disciplinaria.
Añade que el Tribunal aplicó de forma equivocada el concepto de ilicitud sustancial,
al realizar un juicio de reproche moral sobre hechos ocurridos en la esfera privada,
sin demostrar afectación del deber funcional ni de los fines de la actividad policial.

24. El demandante sostiene que la sanción de destitución e inhabilidad general
por diez años resulta desproporcionada frente a los hechos investigados, máxime
cuando no se acreditó dolo ni culpa, y cuando su hoja de vida no registra
antecedentes disciplinarios. Considera que la sentencia avaló una sanción excesiva
sin un análisis riguroso de los criterios legales de graduación.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

25. El 31 de enero de 20242 fue admitido el recurso de apelación, se señaló que
ejecutoriada la providencia se pasaría al Despacho para proferir la sentencia, sin
necesidad de traslado a las partes; sin embargo, que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta ese momento.

26. El Ministerio Público guardó silencio en esta instancia.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

27. La Sala deberá determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander debe revocarse, porque, según lo afirma el
demandante, en la expedición de los actos demandados se incurrió en falsa
motivación, porque valoró indebidamente el material probatorio, y se realizó un
análisis incorrecto de la tipicidad y la ilicitud sustancial.

28. Con el anterior propósito, la sentencia se referirá a la estructura de los
procedimientos sancionatorios disciplinarios, los principios que debe garantizar y
abordará el caso concreto.

Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

29. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.

30. Por esta razón, la actuación administrativa disciplinaria está regida por

2 Véase índice 00004 de SAMAI.

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normas y procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho
al debido proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no
ha sido pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control
judicial de estos actos, como pasa a exponerse.

31. La primera posición jurisprudencial sostuvo que el control del juez de lo
contencioso administrativo estaba limitado a los derechos invocados por el
demandante, denominado «intangibilidad relativa» de los actos sancionatorios. El
alcance de este era restrictivo porque se consideraba que las decisiones adoptadas
en virtud de la acción disciplinaria tenían cierto grado de autonomía valorativa de
los hechos y de las normas disciplinarias3.

32. Posteriormente, la jurisprudencia varió, y consideró que incluso cuando la
demanda no cumplía el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de
violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de aplicación
inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que se
denominó: «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»4.

33. En el 2016 se unificó la jurisprudencia sobre el control judicial de las
decisiones disciplinarias. Se precisó que se adoptaría la perspectiva del «control
judicial integral», por cuanto «[…] la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»5, y se indicó además que:

i) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial”
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción

3 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes

Moreno.
4 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp. 2060-

2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.

1210-11. C.P. William Hernández Gómez.

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disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.

El caso concreto

34. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria, la Sala destaca que:

• El 29 de septiembre de 2020, la compañera sentimental del demandante adscrito
a la Policía Nacional, presentó denuncia penal por el presunto delito de violencia
intrafamiliar, con ocasión de hechos ocurridos ese mismo día en el domicilio
común de la pareja. Con fundamento en dicha denuncia, la Oficina de Control
Disciplinario Interno procedió a iniciar actuación disciplinaria.

• En desarrollo de la actuación inicial se ordenó la práctica de pruebas, entre ellas:
(i) la incorporación de la denuncia penal y de la noticia criminal; (ii) la solicitud y
recaudo de los registros médicos y valoraciones realizadas a la denunciante; (iii)
la recepción de declaraciones dentro del procedimiento disciplinario; (iv) la
incorporación de comunicaciones y mensajes (chats) aportados por las partes;
y (v) la solicitud de prueba trasladada del proceso penal adelantado por los
mismos hechos.

• A partir del análisis del material probatorio recaudado, se decidió adelantar
procedimiento disciplinario verbal y formuló cargo en los siguientes términos:

«[…] haber incurrido en una conducta descrita como delito de violencia
intrafamiliar, en hechos ocurridos el 29 de septiembre de 2020, cuando se
encontraba en situación administrativa de franquicia, afectando con ello el deber
funcional y los fines de la actividad policial».

La conducta fue subsumida en la falta disciplinaria gravísima prevista en el
numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, y se reprochó a título de dolo.

• En el curso de la audiencia se practicaron y valoraron las pruebas decretadas,
incluidas las declaraciones rendidas por la denunciante, las manifestaciones del
investigado, los documentos médicos, los registros de comunicaciones y la
prueba trasladada del proceso penal, dentro del cual posteriormente se dispuso
el archivo de la investigación.

• El 18 de mayo de 2021, se declaró disciplinariamente responsable al
demandante, al considerar acreditada la conducta imputada y su relevancia
disciplinaria, e impuso la sanción de destitución del cargo e inhabilidad general
por el término de diez (10) años.

• Contra dicha decisión el investigado interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto por la Inspección Delegada Regional no. 5 de la Policía Nacional,
mediante fallo del 24 de diciembre de 2021, confirmando íntegramente la
decisión sancionatoria de primera instancia.

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• Finalmente, mediante Resolución No. 01169 del 2 de mayo de 2022, la Policía
Nacional dispuso la ejecución de la sanción disciplinaria, ordenando el retiro del
servicio activo del demandante.

35. En primer lugar, el demandante señaló que la primera instancia valoró
indebidamente el material probatorio, porque entendió acreditada la conducta sin
analizar integral, completa y razonadamente las pruebas aportadas.

36. La Sala constata que la sentencia de primera instancia valoró efectiva,
suficiente y razonadamente el material probatorio. Se examinaron de manera
expresa las pruebas recaudadas durante el procedimiento administrativo, entre
ellas:

37. La denuncia presentada por la compañera permanente el 29 de septiembre
de 2020, ante la URI de Bucaramanga, en la que de manera espontánea declaró
que, ese mismo día, en medio de una discusión, el demandante la agredió
físicamente; además, aseguró que siempre lo hacía verbal y moralmente6.

38. El mismo día de los hechos, la denunciante fue atendida en la Fundación
Oftafmológica de Santander ‒FOSCAL‒, donde reiteró los hechos narrados,
consistente y coherentemente7. En el informe médico también se indicó que existía
un traumatismo en los miembros superiores, donde tenía un edema local; agregó
que se utilizaron imágenes diagnósticas de apoyo para descartar lesiones óseas.
Además, se indicó que a nivel del mentón tenía un edema local sin limitaciones en
la articulación.

39. Lo descrito en este informe, es reiterado por el elaborado por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forenses ‒ Unidad Básica Bucaramanga,
donde se indicó que inicialmente fue atendida en la «Foscal», y aportó copia de la
historia clínica, citando lo siguiente8:

«Fecha de consulta: 29/09/2020. Motivo de consulta: Violencia intrafamiliar por
el esposo. Diagnóstico: Trauma en miembro superior. Rx normal. Tratamiento.
Analgésicos».

40. Igualmente se indicó que en el examen médico legal se encontró que estaba
en buenas condiciones generales, e indicó como «hallazgos» en miembros
superiores: «Equimosis rosácea de 4 × 2cms en cara anterior distal del brazo
izquierdo. Equimosis gris de 4 cms de diámetro en cara posterior externa tercio

6 Ver en la página 84 del archivo «003NulidadyAnexos», disponible en la siguiente ruta: enlace de OneDrive

disponible en el índice No. 000002 de SAMAI, adjunto «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) Nro.Atua2»,
documento «2LinkExpedienteDigital».
7 Ver en la página 85 del archivo «003NulidadyAnexos», disponible en la siguiente ruta: enlace de OneDrive

disponible en el índice No. 000002 de SAMAI, adjunto «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) Nro.Atua2»,
documento «2LinkExpedienteDigital».
8 Ver en la página 9 del archivo «031FiscaliaAllegaNoticiaCriminal», disponible en la siguiente ruta: enlace de

OneDrive disponible en el índice No. 000002 de SAMAI, adjunto «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) Nro.Atua2»,
documento «2LinkExpedienteDigital».

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medio del otro brazo»9. Además se señaló que se encontró otra de estas marcas en
el muslo derecho.

41. Estas pruebas técnicas muestran que la denunciante mantuvo la misma
versión de los hechos durante la práctica de los exámenes médicos; además, que
la señora tenía lesiones visibles, que fueron verificadas por expertos, las cuales
parecen coherentes con el relato presentado.

42. El mismo documento indica que el «mecanismo traumático de lesión» es
contundente, lo que indica que es consistente con dinámicas propias de las
agresiones físicas, pues normalmente son marcas de impactos o presiones. El
informe también muestra que las lesiones implicaron una incapacidad de cinco (5)
días, mostrando que sufrió impedimentos temporales.

43. Estos hechos fueron reiterados por la denunciante el cuatro (4) de octubre de
2020 cuando presentó una queja formal ante la Policía Nacional, donde repitió la
ocurrencia de las agresiones físicas que sufrió10.

44. Los hechos narrados por la denunciante y los resultados de los exámenes
médicos que se le practicaron permiten inferir que efectivamente se configuró la
conducta descrita en el tipo penal de violencia intrafamiliar, e incluso de las lesiones
personales. Estas pruebas fueron observadas y valoradas en primera instancia, la
sentencia se refirió específicamente a ellas, y fue a partir de estas que encontró
probada la tipicidad, y por lo tanto, no desvirtuada la legalidad de los actos
administrativos demandados.

45. Retomando el análisis probatorio, es necesario indicar que posteriormente,
al citar a la denunciante a comparecer al procedimiento disciplinario, esta se
manifestó mediante comunicación de febrero de 2021. En esta ocasión, reveló su
intención de no comparecer a la diligencia, y explicó que se encontraba en otra
ciudad, además que:

«[…] de igual forma tengo que hacer mención que actualmente estoy
conviviendo con mi pareja el patrullero ANGEL YESID ACERO RICAURTE
investigado por parte de su oficina en dicha localidad, por este hecho me
amparo bajo el Artículo 33 de la Constitución […], cabe anotar que las
discrepancias con mi compañero sentimental fueron subsanadas por parte del
personal de la Comisaría de Familia de la ciudad de Bucaramanga […]»11.

46. Lo expresado por la denunciante no desvirtúa su relato inicial; por el contrario,
lo que revela es la decisión de abstenerse de declarar nuevamente, y su indicación
de que las «discrepancias» fueron resueltas, es decir, que puede inferirse que las
acciones relatadas por la señora existieron, pero que se resolvieron con la

9 Ver en la página 9 del archivo «031FiscaliaAllegaNoticiaCriminal», disponible en la siguiente ruta: enlace de

OneDrive disponible en el índice No. 000002 de SAMAI, adjunto «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) Nro.Atua2»,
documento «2LinkExpedienteDigital».
10 Ver en la página 81 del archivo «003NulidadyAnexos», disponible en la siguiente ruta: enlace de OneDrive

disponible en el documento No. 2 del expediente, índice No. 000002 de SAMAI
11 Ver en la página 142 del archivo «003NulidadyAnexos», disponible en la siguiente ruta: enlace de OneDrive

disponible en el índice No. 000002 de SAMAI, adjunto «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) Nro.Atua2»,
documento «2LinkExpedienteDigital».

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asistencia de la Comisaría de Familia.

47. Una manifestación similar presentó ante la Fiscalía. En el informe del
investigador de campo se muestra que la denunciante informó que el señor Acero
Ricaurte era su compañero sentimental, que convivían y estaban en tratamiento
psicológico y por lo tanto, no estaba obligada a declarar en su contra. Agregó que
no deseaba continuar con el proceso porque su intención no era «perjudicarlo» y
que terminara detenido, que lo sucedido ya estaba superado12.

48. Esta prueba fue valorada especialmente por el Tribunal Administrativo de
Santander. A partir de estos extractos de la declaración concluyó que no eran
suficientes, como consideró la autoridad disciplinaria, para no sancionar al
demandante:

«12.9 Nótese que en la entrevista que se le practicó en la Fiscalía, la
denunciante expresamente manifestó el deseo de no seguir con su práctica,
porque su intención no era perjudicar penalmente a Ángel Yesid Acero Ricaurte.
Señaló que lo “sucedido se había superado y, además, acudieron ante la
Comisaria de Familia de la Joya, donde los atendieron muy bien y los pusieron
en tratamiento psicológico de pareja por 6 meses”. Es decir, que las
conclusiones a las que llegó la demandada para establecer que la retractación
de la víctima no impedía sancionar al uniformado, se sustentó en la valoración
de las pruebas que militaban en el expediente»13.

49. Esto demuestra que, a diferencia de lo sostenido por el demandante, el
Tribunal valoró el conjunto del material probatorio. Además, y en sentido similar,
para la Sala esta declaración no desvirtúa lo acreditado hasta este punto; por el
contrario, valorándola en conjunto con la totalidad del expediente refuerza las
conclusiones, porque se considera que no se trató de una «retractación», pues en
ningún momento se está indicando que las lesiones no existieron.

50. Por el contrario, la denunciante simplemente asegura que no tiene intención
de declarar, pero no afirma que el demandante no le haya ocasionado los daños
indicados en la denuncia. Además, es importante destacar las razones que utiliza
para justificar su deseo de no continuar con el proceso penal: no «perjudicar» a
quien era su compañero sentimental. Es decir que claramente su intención estaba
motivada por razones personales –la relación con el demandante– y no
relacionadas con la ocurrencia o no de los hechos.

51. Adicionalmente, en la declaración se expresó textualmente que «[…] lo que
sucedió ya se superó, y además acudimos ante la Comisaría de Familia de la Joya
donde nos atendieron muy bien y nos pusieron en tratamiento psicológico de pareja
por 6 meses […]»14. Lo explicado no solamente no constituye una retractación de
su declaración inicial, sino que finalmente es una constatación, porque afirma que

12 Ver en la página 2 del archivo «032FiscaliaAllegaInformeInvestigador», disponible en la siguiente ruta: enlace

de OneDrive disponible en el índice No. 000002 de SAMAI, adjunto «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar)
Nro.Atua2», documento «2LinkExpedienteDigital».
13 Ver índice 00032 de SAMAI.
14 Ver en la página 9 del archivo «031FiscaliaAllegaNoticiaCriminal», disponible en la siguiente ruta: enlace de

OneDrive disponible en el índice No. 000002 de SAMAI, adjunto «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) Nro.Atua2»,
documento «2LinkExpedienteDigital».

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la situación terminó. Lo que en realidad significa es que efectivamente ocurrió.

52. La decisión administrativa también se fundamentó en otras pruebas como
los pantallazos de los chats entre el demandante y la denunciante15. En estos se
evidencia la actitud agresiva y tosca del patrullero hacía su compañera, donde
reiteradamente hay expresiones fuertes y amenazadoras, que muestran situaciones
de violencia verbal y psicológica. Esto también es coherente con las declaraciones
de la denunciante, donde aseguró que el demandante la «humillaba» de manera
constante.

53. Adicionalmente, la autoridad disciplinaria y el Tribunal también valoraron
dos pruebas aportadas que son fundamentales en la argumentación del
demandado: un certificado psicológico y una declaración extraprocesal de la
denunciante.

54. En aquel se indica que se presentó una pareja por un posible caso de
violencia intrafamiliar, con varios problemas de convivencia y comunicación,
incluyendo trato pasivo-agresivo. Agrega que se evalúa un posible caso de
colopatía. Sin embargo, indica que como producto de la terapia hay un resultado
positivo para ambos16.

55. Este documento no acredita que los hechos constitutivos de la falta
disciplinaria no hayan existido, sino que la pareja se sometió a un tratamiento de
terapia para trabajar varios tipos de problemas. Aunque el documento no especifica
si ocurrió esa situación, reconoce que la motivación de la consulta es la intervención
a una pareja «por un presunto caso de violencia intrafamiliar».

56. El segundo documento es una declaración extraprocesal rendida el veinte
(20) de abril de 2020. En esta se indica que el «testimonio» se dio para que lo
presentaran ante la Oficina de Control Disciplinario de la Policía Nacional. En esta
negó su versión inicial de los hechos, indicando que sus lesiones fueron un
accidente, producto de una caída en medio de un forcejeo, que su pareja no tuvo la
intención de agredirla; además, que la denuncia fue producto del enojo y la
necesidad de «llamar la atención» del demandante17.

57. Estos dos documentos son el fundamento del argumento del apelante.
Afirma específicamente que en primera instancia no se valoró esa «prueba
testimonial» y tampoco aceptó la declaración de la denunciante. Es enfático en
sostener que, por el contrario, hubo un sesgo interpretativo motivado por una
inclinación por proteger excesivamente los derechos de las mujeres ‒fl. 2 del
recurso de apelación‒.

15 Ver en las páginas 88 a 109 del archivo «003NulidadyAnexos», disponible en la siguiente ruta: enlace de

OneDrive disponible en el índice No. 000002 de SAMAI, adjunto «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) Nro.Atua2»,
documento «2LinkExpedienteDigital».
16 Ver en las páginas 72 a 75 del archivo «003NulidadyAnexos», d disponible en la siguiente ruta: enlace de

OneDrive disponible en el índice No. 000002 de SAMAI, adjunto «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) Nro.Atua2»,
documento «2LinkExpedienteDigital».
17 Ver en las páginas 72 a 75 del archivo «003NulidadyAnexos», disponible en la siguiente ruta: enlace de

OneDrive disponible en el índice No. 000002 de SAMAI, adjunto «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) Nro.Atua2»,
documento «2LinkExpedienteDigital».

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58. Para pronunciarse sobre el supuesto defecto fáctico probatorio, y
tratándose de circunstancias donde la conducta investigada es un posible caso de
violencia contra la mujer, es indispensable aplicar el enfoque de género como
criterio hermenéutico y metodológico, en virtud de los compromisos constitucionales
e internacionales asumidos por el Estado para prevenir, sancionar y erradicar este
tipo de violencia18.

59. Este enfoque es necesario para evitar valoraciones probatorias neutras o
formalistas que, al desconocer las particularidades de estas conductas, puedan
reproducir estereotipos discriminatorios, invisibilizar las dinámicas de poder
subyacentes o generar escenarios de revictimización, comprometiendo con ello la
efectividad del derecho al acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva.

60. Igualmente exige que los hechos no sean examinados fragmentada o
aisladamente, sino dentro del contexto relacional, atendiendo las posibles
asimetrías de poder, las dinámicas de dependencia emocional y los patrones de
control o sometimiento que suelen caracterizar este tipo de relaciones, lo cual
resulta compatible con las reglas de la sana crítica y con el deber de motivación
reforzada en decisiones que involucran derechos fundamentales.

61. En este contexto, y contrario a lo afirmado por el apelante, el enfoque
adoptado por la primera instancia no es un simple sesgo o la muestra de un defecto
en la valoración probatoria; por el contrario, implica la garantía de la aplicación del
enfoque de género, el cual debía, sin duda, usarse en el caso concreto.

62. Ahora, la Sala destaca que la «retractación» de la víctima no puede ser
entendida como una prueba que desvirtúe automáticamente la denuncia inicial y
otras aportadas inicialmente. La jurisprudencia constitucional y de otras
especialidades señala que, en contextos de violencia de género, las retractaciones
son fenómenos frecuentes, asociados a diversos factores como el miedo, la
dependencia emocional o económica, la reconciliación cíclica o la normalización de
la violencia.

63. Por esta razón, necesario identificar y valorar la existencia de patrones o
ciclos de violencia, caracterizados por ciclos de agresión ‒física o emocional‒ y
reconciliación, lo cual permite comprender comportamientos aparentemente
contradictorios de la víctima, como sería el caso de la contradicción. Por ello, la
retractación debe valorarse en conjunto con las demás pruebas, como un dato que

18 La necesidad de aplicar el enfoque de género, en este tipo de casos de violencia intrafamiliar, es ampliamente

reconocido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien precisa que el ordenamiento jurídico le impone
al Estado proteger los derechos de la mujer: «16.1. Como se anticipó líneas atrás, la Constitución y la ley, en
armonía con los diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos suscritos por Colombia, imponen
al Estado asumir, como propios y prioritarios, específicos deberes en materia de prevención, erradicación y
sanción de la violencia contra la mujer. Esta obligación vincula a todas las ramas del poder público y,
especialmente, a la Rama Judicial, en tanto constituye la primera línea de defensa que tienen las mujeres para
la protección de sus derechos y libertades fundamentales, de ahí la importancia de su respuesta efectiva ante
la posible limitación o violación de tales garantías» (Corte Constitucional. Sentencia T-344-2020. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez). En sentido similar: Corte Constitucional. Sentencia T-353-2025. M.P. Juan Carlos
Cortés González; Corte Constitucional. Sentencia T-028-2023 M.P. José Fernando Reyes Cuartas; Corte
Constitucional. Sentencia T-434-2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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requiere explicación contextual, pero que no desvirtúa por sí solo la ocurrencia de
los hechos inicialmente denunciados.

64. Conforme a estas consideraciones, la Sala encuentra que en el caso
concreto la «retractación» no logra desvirtuar la denuncia inicial y los exámenes
médicos aportados. Recuérdese que las últimas ‒el certificado psicológico y la
declaración extraprocesal‒ fueron posteriores a la «reconciliación» de la pareja y el
inicio del procedimiento disciplinario, y que justamente la primera circunstancia
explica el intento de la denunciante por no «perjudicar» a su pareja con la denuncia.

65. Esa intención, como se señaló, también se manifestó directamente ante el
investigador, en el marco del proceso penal, donde la denunciante expresó
directamente que no quería «perjudicar» al demandante, pero nunca negó la
ocurrencia de los hechos.

66. Así que, se encuentra que en primera instancia se verificó que la autoridad
disciplinaria confrontó las distintas pruebas para establecer la ocurrencia de los
hechos y su relevancia disciplinaria. Específicamente, y como considera ahora la
Sala, se analizó el impacto de la «retractación» presentada por la compañera
sentimental, a partir del enfoque de género, y se concluyó que esta realmente se
debía a que retomaron la relación sentimental, y a la intención de proteger al
demandante.

67. En segundo lugar, el demandante sostiene que no se acreditó la comisión
de un delito, porque no se otorgó el valor adecuado al archivo de la investigación
fiscal; además, que no existe ilicitud sustancial, porque los hechos investigados
pertenecen a un ámbito estrictamente privado y que no afectaron su deber funcional.

68. La Sala reitera que la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad
penal responden a finalidades, principios y estándares probatorios distintos, por lo
cual la decisión de la Fiscalía no condiciona de manera automática el ejercicio de la
potestad sancionadora administrativa19.

69. En este caso, si bien, como en la sentencia de primera instancia, se
reconoce el archivo de la investigación penal, se reitera que este pronunciamiento
no tenía efectos vinculantes sobre la decisión administrativa demandada y que
tampoco implica que, necesariamente, deba llegarse a la misma conclusión, por lo
que la valoración probatoria realizada en sede disciplinaria debe mantenerse dentro
del marco de autonomía que rige ambos procedimientos.

70. En esa medida, al encontrarse acreditada la conducta en el procedimiento

19 La independencia del proceso penal y el procedimiento disciplinario fue explicada por la Corte Constitucional,

en relación con lo previsto en la Ley 734 de 2002, artículo 48, numeral 1: «[p]ara la Sala es evidente que el
Congreso de la República no condicionó la aplicación de la norma sub examine al trámite de un proceso penal
y menos aún a la calificación que una autoridad judicial hiciera respecto del comportamiento causante del
proceso disciplinario. La disposición atacada obliga al “juez disciplinario” a verificar en la legislación penal si la
conducta que ha dado lugar al proceso está descrita objetivamente o tipificada, para posteriormente establecer
dentro del proceso a su cargo si la misma conducta fue cometida con dolo o culpa, con el propósito de imponer
la respectiva sanción atendiendo a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 734 de 2002 -Código Disciplinario
Único-» Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-720 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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disciplinario, se considera que se configuró el tipo disciplinario previsto como falta
disciplinaria gravísima en el artículo 34, numeral 10, de la Ley 1015 de 2006,
consistente en incurrir en una conducta descrita como delito, en este caso violencia
intrafamiliar, atribuida a título de dolo, cuando el funcionario se encuentre en
situaciones administrativas tales como franquicia, permiso, licencia, vacaciones,
suspendido, incapacitado, excusado de servicio, o en hospitalización.

71. En cuanto a la ilicitud sustancial, la Sala comparte la conclusión del Tribunal
respecto a que la conducta reprochada no puede ser calificada como un asunto
estrictamente privado, carente de relevancia disciplinaria. El enfoque de género
también exige que este tipo de conductas tampoco puedan concebirse como un
asunto estrictamente privado, sino como una manifestación de violencia estructural
que afecta derechos fundamentales y compromete intereses jurídicos relevantes,
por lo cual trascienden la esfera íntima y justifican una respuesta institucional
reforzada.

72. En ese sentido, se considera acreditada la ilicitud sustancial, pues la
conducta compromete valores esenciales protegidos por el régimen disciplinario. La
Sala advierte que esta conclusión se ajusta decisiones anteriores del Consejo de
Estado, según las cuales la esfera privada no constituye un ámbito inmune al control
disciplinario cuando la conducta desplegada afecta el servicio, vulnera derechos
fundamentales o compromete la función pública, lo que justifica plenamente el
reproche disciplinario impuesto, con mayor razón, cuando se trata de asuntos de
violencia intrafamiliar:

«En este punto, la Sala de subsección considera pertinente aclarar que la
violencia doméstica no es un asunto familiar privado en el que se haya impuesto
límites infranqueables al Estado o a sus autoridades; por el contrario, a estos
les asiste la obligación de tomar medidas preventivas conducentes a preservar
y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos en las relaciones entre los
individuos, máxime cuando el Estado colombiano ha asumido compromisos
internacionales para enfrentar la discriminación y las diversas formas de
violencia contra la mujer»20.

73. En esta medida, y contrario a lo expresado por el apelante, este tipo de casos
exigen la aplicación de la perspectiva de género, pues el demandante no solamente
tenía que cumplir sus deberes en el ejercicio de sus funciones, sino también en su
núcleo familiar, teniendo en cuenta que ostentaba una posición de poder y
superioridad.

74. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que la sentencia de
primera instancia no incurrió en defecto fáctico ni en indebida valoración del material
probatorio. Por el contrario, se constató que tanto la autoridad disciplinaria como el
Tribunal realizaron un análisis integral, razonado y conforme a las reglas de la sana
crítica de las pruebas recaudadas dentro del procedimiento administrativo y del
trámite judicial, sin que se advierta que la decisión sancionatoria haya sido adoptada
de manera arbitraria o desprovista de sustento fáctico; y por tales razones se

20Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2024. C.P. Jorge Iván
Duque Gutiérrez. Rad: 25000-23-42-000-2015-03335-01 (Exp. 3526-2019).

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confirmara la sentencia impugnada.

De la condena en costas en segunda instancia

75. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

76. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

77. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

78. En consecuencia, se impondrán costas al demandante, por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el catorce (14) de septiembre de dos
mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la
cual se negaron las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas al demandante. De conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de
la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Santander.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

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Radicado: 68001-23-33-000-2023-00003-01 (7680-2023)

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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