Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2024-00008-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 88001-23-33-000-2024-00008-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2024-00008-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 88001-23-33-000-2024-00008-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 88001-23-33-000-2024-00008-01 (1377-2025)
Demandante: Yair Miguel Basanta Campo
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional
Tema: Nulidad de los actos administrativos por falsa motivación.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Yair Miguel Basanta Campo instauró demanda en contra de la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias del 9 de diciembre de
2021 y 28 de marzo de 2022, expedidas por la Oficina de Control Interno
Disciplinario del Departamento de Policía de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina y por la Inspección Delegada Región nro. 1, respectivamente, mediante las
cuales fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de diez
(10) años; y la nulidad de la Resolución 02665 del 29 de agosto de 2022, que ejecutó
el correctivo disciplinario.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó el reintegro al servicio activo en el
mismo cargo que desempeñaba o en uno de igual o superior categoría, sin solución
de continuidad, junto con el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir y sus respectivos reajustes, con la debida actualización.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00008-01 (1377-2025)
4. Que, además, se ordene su llamamiento a curso al grado de subintendente; el
pago de 100 SMLMV por concepto de daño moral, material, ético, social y
profesional, representado en la angustia y pesar que le causó el retiro de la
institución y la pérdida de su empleo; y la actualización de las bases de datos del
SIJUR y de la Procuraduría General de la Nación, respecto de la sanción impuesta.
HECHOS
5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6. Que el 24 de septiembre de 2021 se vio involucrado en una riña con un
ciudadano quien en estado de embriaguez lo agredió, ante lo cual procedió a ejercer
la legítima defensa. No obstante, posterior a tales hechos, uniformados de la Policía
Nacional lo capturaron.
7. Que, con fundamento en tales circunstancias, fue vinculado a una investigación
disciplinaria, en la cual fue citado a audiencia, pues se le imputó la falta gravísima
del artículo 34.9 (sic), esto es «[r]ealizar una conducta descrita en la ley como delito,
a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de
la función o cargo», la que se complementó con el artículo 111 de la Ley 599 de
2000, que se refiere al punible de lesiones y se calificó el comportamiento a título
de dolo.
8. Afirma que la autoridad disciplinaria pasó por alto varios asuntos en el trámite
de la actuación: la declaratoria de ilegalidad de su captura; la conciliación que se
llevó a cabo con el señor Pájaro Domínguez; que los uniformados que atendieron la
novedad coaccionaron a su compañera permanente para que denunciara, lo que,
de manera posterior, llevó a que ella interpusiera una queja; que solicitó que su
investigación fuera asumida por la Procuraduría General de la Nación y que
presentó una recusación en contra de funcionarios de la Oficina de Control
Disciplinario Interno.
9. Agregó que mediante la Resolución 02665 del 29 de agosto de 2022 se ejecutó
el correctivo de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años y, en
consecuencia, fue retirado de la Institución.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Constitución Política: artículo 29; Ley 734 de 2002: artículos 13 y 129; Ley 1015
de 2006: artículo 34 numeral 10; Ley 599 de 2000: artículo 32 numeral 6.
11. Considera que los actos se expidieron con falsa motivación, de lo cual se derivó
una lesión del debido proceso, porque la demandada ejerció su potestad
sancionadora a partir de hechos que no se ajustaron a la realidad probatoria con el
grado de certeza necesario para imponer el correctivo disciplinario, pues pese a la
existencia de pruebas testimoniales y documentales contundentes, no se realizó un
análisis imparcial e íntegro que permitiera llegar a la verdad de lo ocurrido.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00008-01 (1377-2025)
12. Que los funcionarios de la Oficina de Control Interno Disciplinario estaban
involucrados en la actuación y, por ello, fueron recusados; pese a lo cual se
expidieron unos actos que materializaron una sanción alejada de los presupuestos
de antijuridicidad y culpabilidad y con fundamento únicamente en responsabilidad
objetiva, pues, inclusive, no se probó lo ocurrido porque la misma autoridad penal
declaró ilegal su captura.
13. Agregó que no incurrió en comportamientos que afectaran la disciplina ni la ética
profesional; por el contrario, su actuación se circunscribió a la legítima defensa, en
los términos del artículo 32.6 de la Ley 599 de 2000, ante la inminencia de la
agresión en su contra por parte del ciudadano Ramón Pájaro, con quien, además,
el 26 de octubre de 2021 llevó a cabo una diligencia de conciliación.
14. Que en sus intervenciones logró demostrar la irregularidad de la captura que
efectuaron los patrulleros que atendieron la novedad y que inclusive el fiscal
compulsó copias para que los uniformados fueran investigados. Que ingresaron a
su domicilio sin orden, dijeron que lo capturaron en flagrancia cuando ello era falso
y no lo trasladaron al centro hospitalario. Inclusive, su compañera permanente
interpuso una queja porque los servidores la coaccionaron para que declarara en
su contra y firmara documentos; circunstancias que llevaron a que su defensa
técnica formulara una recusación que se resolvió de forma desfavorable.
15. Señaló que la autoridad disciplinaria no logró probar que hubiese agredido a su
compañera permanente, pues ella misma desmintió la versión de quienes
atendieron el hecho; y tampoco pudo desvirtuar el planteamiento de la legítima
defensa, por lo que su comportamiento devino en atípico.
16. Que lo anterior demuestra la incursión en una vía de hecho, producto de la
actuación parcializada de la autoridad disciplinaria, pues las pruebas dan cuenta de
que no se cometió ningún delito; pero fueron las especulaciones de la demandada
las que prevalecieron, en una clara lesión de la presunción de inocencia y del
principio in dubio pro disciplinado, pues finalmente la declaratoria de
responsabilidad fue meramente objetiva, en contravía de la realidad probatoria.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
17. La demanda fue admitida el 19 de mayo de 2023 por el Juzgado Único
Contencioso Administrativo de San Andrés1. La Policía Nacional guardó silencio2.
Por auto del 31 de enero de 2024 se remitió el proceso por competencia al Tribunal
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 152.23 de la Ley 1437 de 20113.
1 Véase índice 00008 del radicado 88001-33-33-001-2023-00062-00. Ese Despacho, por auto del 13 de abril de
2023 la inadmitió, pues el demandante no había dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 162.8 de la
Ley 1437 de 2011, esto es, no la envió de forma simultánea, junto con sus anexos, a la demandada y al
Ministerio Público (véase índice 00003 del mismo radicado).
2 Véase constancia secretarial del índice 00011 del radicado 88001-33-33-001-2023-00062-00.
3 Véase índice 00017 del radicado 88001-33-33-001-2023-00062-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00008-01 (1377-2025)
18. Por auto del 8 de marzo de 2024 el Tribunal avocó conocimiento 4 y en
providencia del 10 de abril del mismo año se adecuó el proceso al trámite de la
sentencia anticipada5. En consecuencia, se fijó el litigio, se resolvió sobre el decreto
de pruebas y se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al
Ministerio Público para que presentara su concepto, luego de lo cual se dictó
sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
19. El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, mediante sentencia del trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)6,
negó las pretensiones, tras concluir que en la actuación disciplinaria que concluyó
con la expedición de los actos demandados no se desconoció la presunción de
inocencia, ni el debido proceso y la valoración probatoria se realizó de manera
integral y de conformidad con las reglas de la sana crítica.
20. Destacó como hecho probado la captura del demandante, ocurrida el 24 de
septiembre de 2021, aproximadamente a las 7:30 horas, quien se encontraba en su
turno de franquicia, junto con el señor Ramón Pájaro Domínguez, ciudadano que
presentaba una lesión por objeto cortopunzante a la altura del hombro derecho. De
este hecho dieron cuenta el informe de captura, los informes de atención por el
servicio de urgencias de la E.S.E. Hospital Departamental de San Andrés y varias
pruebas testimoniales.
21. Encontró que, según la actuación disciplinaria, fue el demandante quien causó
la lesión del señor Pájaro Domínguez; comportamiento que se adecuó a la falta
disciplinaria gravísima del artículo 34.10 de la Ley 1015 de 2006, en concordancia
con los artículos 111 y 112 de la Ley 599 de 2000 y que, luego de valoradas las
pruebas practicadas a lo largo de la actuación, se acreditó su ocurrencia más allá
de toda duda razonable.
22. Que, en ese orden, la autoridad no incurrió en errores de hecho ni de derecho
y que la declaratoria de ilegalidad de la captura en nada afectaba el trámite
disciplinario, pues la imputación no requería la condena o absolución penal por
tratarse de actuaciones distintas y, pese a que en los actos demandados de forma
imprecisa se dice que el demandante fue capturado «en flagrancia», lo cierto es que
«se acreditó contundentemente la ocurrencia de la agresión impetrada por el
disciplinado al señor Ramón Pájaro Domínguez».
23. Agregó que la queja interpuesta en contra de los patrulleros que atendieron la
novedad tampoco impedía que se surtiera normalmente la actuación disciplinaria y
que inclusive en la primera instancia fue apartada del caso la funcionaria
comisionada para el recaudo de las pruebas, lo que se puede validar en el
respectivo audio de la diligencia, cuando se resolvió la recusación formulada.
4 Véase índice 00003 de SAMAI-Tribunales, radicado 88001-23-33-000-2024-00008-00.
5 Véase índice 00008 de SAMAI-Tribunales, radicado 88001-23-33-000-2024-00008-00.
6 Véase índice 00021 de SAMAI-Tribunales, radicado 88001-23-33-000-2024-00008-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00008-01 (1377-2025)
24. Que la autoridad realizó una valoración integral de las pruebas, de tal forma que
los motivos plasmados en los actos demandados existieron y corresponden a la
realidad, con lo cual quedaba desvirtuado el cargo por falsa motivación.
25. Que tampoco se incurrió en una vía de hecho, ni se imputó responsabilidad
objetiva, pues quedó demostrado que el demandante, para el 24 de septiembre de
2021, se encontraba en franquicia, situación bajo la cual ostentaba su calidad de
patrullero y le era aplicable el respectivo régimen disciplinario, de tal manera que,
con su comportamiento, quebrantó el deber funcional.
26. Señaló que no se desconoció la presunción de inocencia ni el in dubio pro
disciplinado, pues reiteró que no era necesario que se hubiese declarado su
responsabilidad penal, en la medida en que dicho régimen y el disciplinario protegen
intereses distintos y, en el último, no existía margen de duda respecto de la
infracción en que incurrió el entonces investigado.
27. No condenó en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
28. El demandante7 interpuso recurso de apelación, por considerar que el Tribunal
no tuvo en cuenta varios hechos que se encontraban probados en la actuación
disciplinaria, en especial, que su actuación ocurrió en legítima defensa y que
inclusive el ciudadano Pájaro Domínguez concilió con él; que su captura no fue en
flagrancia, pues entre la novedad y la intervención de los uniformados había
transcurrido más de 1 hora, procedimiento que por demás fue declarado ilegal por
el fiscal tercero especializado; y que su compañera permanente interpuso una queja
en contra de los servidores que atendieron el suceso, porque la coaccionaron para
que declarara en contra suya.
29. Insistió en que la autoridad incurrió en falsa motivación al expedir los actos
cuestionados, porque se ejerció la potestad sancionadora a partir de hechos que no
se ajustaron a la realidad probatoria y que, por el contrario, no se tuvieron en cuenta
los ya destacados, que se encontraban plenamente acreditados. Sobre este punto,
reiteró que en la actuación no se demostró que hubiese incurrido en la comisión de
un delito, pues la propia autoridad penal declaró ilegal su captura, sumado a que su
compañera permanente aclaró que jamás fue agredida y que los funcionarios de la
Policía y de la Oficina de Control Interno Disciplinario la presionaron para que
declarara en su contra.
30. Que debió llamar la atención del Juez el que la Procuraduría General de la
Nación hubiese asumido el poder preferente y, pese a ello, la demandada hiciera
caso omiso y continuara con el trámite, aun cuando de conformidad con el artículo
3 de la Ley 734 de 2002 era su obligación remitir las diligencias a la autoridad
disciplinaria.
31. Agregó que el análisis de las pruebas no fue integral ni imparcial, pues los
7 Véase índice 00024 SAMAI-Tribunales, radicado 88001-23-33-000-2024-00008-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00008-01 (1377-2025)
testigos fueron manipulados y destacó que el comportamiento investigado no se
adecuó a las exigencias de tipicidad ni se probó la afectación del servicio. Que no
quedó demostrado que hubiese agredido a su compañera permanente ni se
desvirtuó la legítima defensa en relación con lo ocurrido con el ciudadano Ramón
Pájaro, quien inclusive le pidió disculpas en la audiencia de conciliación. Que
existieron imprecisiones respecto de la hora en que sucedieron los hechos y la
irregularidad de la actuación de los uniformados que conocieron el asunto llevó a
que se les compulsara copias.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
32. El 30 de mayo de 20258 fue admitido el recurso de apelación, se dispuso que
dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria el proceso ingresaría a Despacho
para sentencia, salvo que las partes presentaran solicitud probatoria y se indicó que
el Ministerio Público podía emitir su concepto hasta antes de que el proceso
ingresara a Despacho.
33. La Procuradora Delegada de Intervención 8- Tercera ante el Consejo de
Estado presentó concepto9 en el cual solicitó confirmar la sentencia apelada, pues
la autoridad disciplinaria adelantó la actuación sancionatoria con plena garantía del
debido proceso, las conclusiones plasmadas en los actos resultan acordes con los
elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad y existe congruencia entre el
pliego de cargos y los actos demandados.
34. Que la sanción impuesta se sustentó en su incursión en la falta disciplinaria
gravísima del artículo 34.10 de la Ley 1015 de 2006, pues para el 24 de septiembre
de 2021, mientras se encontraba en franquicia, causó lesiones que derivaron en
incapacidad a un ciudadano. Que esta decisión se motivó en el análisis documental
y testimonial, sin que cuestiones como la declaratoria de ilegalidad de la captura o
las disculpas ofrecidas por el señor Pájaro Domínguez lo pudieran eximir de ser
sancionado.
35. Agregó que se echa de menos un soporte en la apelación respecto de las
causales de nulidad invocadas o una justificación del comportamiento del 24 de
septiembre de 2021, pues el demandante pretende que esa carga la hubiese
dilucidado el Tribunal, sin aportar un solo elemento de reparo o contradicción que
identifique con meridiana claridad los aspectos puntales que desvirtuarían la
conducta por la que fue sancionado.
36. Que la autoridad demandada verificó los hechos investigados y realizó un
análisis jurídico de los cargos, descargos y alegaciones del disciplinado, calificó la
falta, estudió el grado de culpabilidad y graduó la sanción conforme a los parámetros
de proporcionalidad previstos en la ley.
37. Las partes guardaron silencio.
8 Véase índice 00004 de SAMAI, del trámite ante esta Corporación.
9 Véase índice 00009 de SAMAI, del trámite ante esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00008-01 (1377-2025)
38. Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
39. Corresponde a la Sala determinar si se debe revocar la sentencia apelada,
porque los actos demandados se expidieron con falsa motivación, en lo que tiene
que ver con la valoración probatoria, pues, a juicio del apelante, no fueron tenidos
en cuenta hechos que se encontraban demostrados y, en su lugar, el análisis de los
medios de prueba resultó parcializado y contrario a la realidad.
40. Con este propósito, la sentencia se referirá a la causal de nulidad invocada y
abordará el caso concreto.
Nulidad del acto administrativo por falsa motivación
41. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los
actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.
42. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 13710 y 13811 de la Ley 1437 de 2011 regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
43. Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de
un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.
44. La causal denominada «falsa motivación» tiene lugar cuando las razones que
se plasman en la fundamentación de un acto administrativo resultan contrarias a la
realidad fáctica o jurídica, sobre la cual, la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado que guarda estrecha relación con el principio de legalidad de los actos y
con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa12.
10 Del medio de control de nulidad.
11 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
12 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-
00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00008-01 (1377-2025)
45. En esa misma línea, se ha precisado que la prosperidad de la pretensión de
nulidad, cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres
elementos:
«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»13.
46. El último elemento en cita puede demostrarse acreditando una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente14.
Caso concreto
47. Examinado el expediente de la actuación disciplinaria15, la Sala destaca que:
• El 24 de septiembre de 2021 el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del
Departamento de Policía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se desplazó
hasta el Hospital Departamental «Clarence Lynd Newball Memorial», con el objetivo de
iniciar una indagación preliminar de forma oficiosa, en contra de personal por establecer,
pues ese día, aproximadamente a las 7:30 horas, la patrulla del cuadrante nro. 1 capturó
a dos ciudadanos, uno de ellos presuntamente funcionario de la Policía Nacional,
quienes al parecer estuvieron involucrados en una riña en la que se produjeron lesiones
y, por ello, los habrían trasladado al centro hospitalario16.
• El 27 de septiembre de 2021 el señor Yair Basanta Campo fue vinculado a la indagación
preliminar, con fundamento en el contenido de las declaraciones juramentadas de
Ramón Pájaro Domínguez «Roni», Kimbery Drago Gómez e Ianthe Pole Ramos,
quienes manifestaron que el uniformado habría agredido al señor Pájaro Domínguez el
24 del mismo mes y año17.
• Por auto del 4 de noviembre de 2021 se adoptó el procedimiento verbal y se citó a
audiencia al patrullero Yair Basanta Campo, tras considerar que, conforme a lo
dispuesto por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011, se encontraban dados los requisitos
sustanciales para proferir pliego de cargos. En ese auto se formuló al demandante el
siguiente cargo:
13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 52001-
23-33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
14 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-
00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
15 Disponible en el archivo «63RECIBEMEMORIAL_EEDESAP202191rar(.rar) NroActua 16)», visible en el
índice 00016 de SAMAI, del trámite ante esta Corporación. En adelante, en las referencias al expediente
disciplinario, se entenderá que comprenden esta ruta.
16 Véanse páginas 1 a 3 del archivo «EE-DESAP-2021-91 Parte 1 – 2».
17 Véanse páginas 17-18 del archivo «EE-DESAP-2021-91 Parte 1 – 2».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00008-01 (1377-2025)
«Se procede a elevar cargos en contra del señor Patrullero (sic) YAIR MIGUEL
BASANTA CAMPO en sede de presunción, teniendo en cuenta que presuntamente
existe una afectación al deber funcional de su parte, ya que, con la conducta
investigada, pudo haber vulnerado los siguientes tipos disciplinarios:
Ley 1015 de 2006 “Régimen disciplinario para la Policía Nacional”.
Título VI: DE LAS FALTAS Y DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS
Capítulo I: Clasificación Y Descripción De Las Faltas
Artículo 34: Faltas Gravísimas
Numeral 10: Incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como
delito, cuando se encuentre en situaciones administrativas
tales como: Franquicia, permiso, licencia, vacaciones,
suspendido, incapacitado, excusado de servicio, o en
hospitalización.
En ese orden de ideas, es pertinente aclarar por parte del despacho la conducta
presuntamente desplegada por el señor patrullero YAIR MIGUEL BASANTA
CAMPO se complementa de la siguiente manera (sic):
“Incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como delito, cuando se
encuentre en situaciones administrativas tales como: Franquicia”
Como quiera que la misma falta trata de una conducta descrita en la ley como delito,
el despacho hace precisión al presunto delito en el se vio (sic) inmerso el Patrullero
(…)
Ley: 599 del 24 de julio del 2000 “Por medio de la cual se expide el Código Penal”
Capítulo: tercero “de las lesiones personales”
Artículo 111: Lesiones. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud,
incurrirá en las sanciones establecidas en los Artículos siguientes.
Artículo 112. Incapacidad para trabajar o enfermedad. Si el daño consistiere en
incapacidad para trabajar o en enfermedad que no pase de treinta (30) días, la
pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años» (mayúsculas, negrillas y subrayas
en el texto original).
La autoridad encontró que, al parecer, el 24 de septiembre de 2021 el investigado habría
sido capturado en flagrancia, por el delito de lesiones personales, ya que según el relato
del señor Ramon Pájaro Domínguez, el patrullero le causó una lesión en el hombro
derecho con un objeto cortopunzante.
Se determinó provisionalmente que el comportamiento se ejecutó en la modalidad de
acción y que correspondía a una falta gravísima, posiblemente cometida a título de
dolo18.
• El 9 de diciembre de 2021 se expidió la decisión disciplinaria de primera instancia. En
ella se ratificó la calificación de la falta y de la forma de culpabilidad y, como
consecuencia, se impuso el correctivo consistente en destitución e inhabilidad general
por el término de 10 años.
En este acto, la demandada reconstruyó los sucesos del 24 de septiembre de 2021 a
partir de la información suministrada por los integrantes de la patrulla que atendieron la
novedad, la declaración juramentada del señor Ramón Pájaro Domínguez, que se
ratificó en audiencia de pruebas del 26 de noviembre de 2021 y lo consignado en la
historia clínica de dicho ciudadano, que daba cuenta de una lesión con objeto
18 Véanse páginas 153 a 165 del archivo «EE-DESAP-2021-91 Parte 1 – 2».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00008-01 (1377-2025)
cortopunzante a la altura del hombro derecho.
También se refirió a la diferencia en las declaraciones de la entonces compañera
permanente del investigado, pues el 24 de septiembre de 2021, de manera espontánea
y aun prevenida acerca de su derecho de a no declarar en contra del señor Basanta
Campo, relató no solo los hechos objeto del trámite disciplinario, sino otros que daban
cuenta de episodios de violencia doméstica y manipulación; no obstante, en audiencia
del 26 de noviembre del mismo año, varió su versión e insistió en que fue «torturada y
obligada a rendir la diligencia de declaración juramentada», pese a que el primer relato
resultaba consistente con lo narrado por el ciudadano agredido y con la información de
la atención médica que tanto ella como el señor Pájaro Domínguez recibieron.
Concluyó que la compañera permanente del investigado faltó a la verdad en su segunda
declaración y realizó manifestaciones contrarias a la realidad, lo que a su juicio
representaba un ánimo de entorpecer la investigación, por lo cual ordenó compulsar
copias ante la Fiscalía Seccional de San Andrés, para que se estudiara si sus
actuaciones pudieron o no constituir una acción delictiva por fraude procesal y/o falso
testimonio u otros.
Agregó que los argumentos de la defensa del investigado no resultaban suficientes para
desvirtuar la tesis de responsabilidad, pues (i) la recusación fue resuelta en audiencia,
(ii) la declaratoria de ilegalidad por yerros en el procedimiento de captura en nada
afectaba el trámite sancionatorio disciplinario; (iii) la valoración integral de las pruebas
daba cuenta de la incursión en la falta endilgada y (iv) que no se configuró ninguna
causal de exclusión de responsabilidad de las previstas en el artículo 28 de la Ley 734
de 200219.
• La anterior decisión se confirmó el 28 de marzo de 2022. En esta ocasión se resolvió el
recurso de apelación en relación con el trámite de la recusación, pues la defensa del
investigado invocó la causal 1 del artículo 84 del Código Disciplinario Único, que se
refiere a la existencia de un interés directo respecto de los funcionarios de la oficina de
control disciplinario, para lo cual señaló que la compañera permanente del señor
Basanta Campo mencionó en su queja las presiones por parte de los patrulleros y de la
funcionaria Katherin Ríos Solano (comisionada para la práctica de pruebas) para que
declarara en su contra.
La Inspección Delegada manifestó que tal cuestión no prosperaba en la medida en que
no existía ninguna relación directa entre la autoridad de primera instancia y la actuación
sancionatoria. Con todo, destacó que la directora de la Oficina de Control Interno
Disciplinario optó por separar a la funcionaria Ríos Solano de la actuación, para
garantizar la tranquilidad de la defensa.
Agotado este punto, respecto de la decisión sancionatoria, señaló que la valoración
probatoria no resultó amañada ni caprichosa, ni se desconoció la imparcialidad, pues la
reconstrucción de los hechos daba cuenta de que el disciplinado incurrió en el
comportamiento reprochado y, en esa medida, causó lesiones que produjeron una
incapacidad a un ciudadano mientras se encontraba en franquicia. Desechó la tesis de
la legítima defensa, porque esta se desvirtuaba con la declaración del señor Pájaro
Domínguez y el informe de medicina legal y precisó que en la actuación disciplinaria no
se juzgaban conductas anteriores ni posteriores al suceso objeto de reproche.
19 Véanse páginas 45 a 62 del archivo «EE-DESAP-2021-91 Parte 2 – 2».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00008-01 (1377-2025)
También señaló que este no era el escenario para discutir acerca de la responsabilidad
penal, en la medida en que aquel es independiente del disciplinario, de tal manera que
lo resuelto sobre el procedimiento de captura no tenía injerencia en el ejercicio de la
potestad sancionadora y, respecto del testimonio de la compañera permanente del
investigado, determinó que «(…) con el fin de no entrar en debate frente a las
manifestaciones por parte de la señora Kimberly en desfavor del investigado, este
despacho se aparta de esta declaración, no sin antes dejar la salvedad que en ningún
momento se vislumbra vulneración de derechos y garantías a los sujetos procesales».
Excluido dicho testimonio, reiteró que no se lograba desvirtuar el juicio de reproche
realizado en el acto apelado y ratificó el dolo como elemento subjetivo de la
responsabilidad, porque el disciplinado conocía las implicaciones de incurrir en
comportamientos como el investigado y, de manera libre y voluntaria, lo ejecutó20.
48. El apelante insistió en que la autoridad disciplinaria expidió los actos
demandados con falsa motivación, representada en una indebida valoración
probatoria, pues se partió de hechos que no se encontraban acreditados y se
dejaron por fuera otros que resultaban determinantes. En ese marco, enfatizó en
dos cuestiones: (i) la declaratoria de ilegalidad del procedimiento de captura y (ii) lo
ocurrido con los testimonios de su compañera permanente.
49. Sobre el primer punto, cabe precisar que las pruebas que obran en el
expediente disciplinario dan cuenta de que el 24 de septiembre de 2021 los
patrulleros Hugo Armando Quiroga Orozco y Osmer Luis Regino Gandara,
aproximadamente a las 07:30 horas, en el sector del centro de San Andrés,
realizaron la captura de dos personas: Yair Miguel Basanta Campo y Ramón Pájaro
Domínguez. Según el informe del procedimiento, el primero tenía una herida en la
palma de su mano derecha y una raspadura en el codo derecho; el segundo tenía
una lesión por objeto cortopunzante a la altura del hombro derecho. También se
indicó que «los capturado (sic) en mención son dejado (sic) a disposición de la
fiscalía local de turno por el de (sic) delito de lesiones personales recíprocas,
capturados dejados a disposición mediante NUNC 880016001208202100255 de la
fecha»21.
50. Dicha información se ratificó con el contenido del informe de epicrisis del señor
Pájaro Domínguez, en el cual se indicó que el ciudadano ingresaba por presentar
un cuadro clínico de aproximadamente 15 minutos de evolución, caracterizado por
«herida en región glenohumeral derecha, secundario a agresión física»22. También
dio cuenta de lo ocurrido el informe pericial de clínica forense elaborado por la
Unidad Básica de San Andrés y Providencia del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, en el cual se dejó registro del relato que el señor Pájaro
Domínguez brindó acerca de los hechos y quedó constancia de que el periodo de
incapacidad médico legal se extendería por 20 días23.
20 Véanse páginas 89 a 108 del archivo «EE-DESAP-2021-91 Parte 2 -2».
21 Véase página 16 del archivo «EE-DESAP-2021-91 Parte 1 -2».
22 Véanse páginas 49 a 53 del archivo «EE-DESAP-2021-91 Parte 1 -2». En la epicrisis se registró como hora
de ingreso las 09:04:56, como hora del triage las 09:16:25 y como hora de atención las 10:02:58.
23 Véanse páginas 67 a 69 del archivo «EE-DESAP-2021-91 Parte 1 -2».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00008-01 (1377-2025)
51. En cuanto a las pruebas testimoniales, las declaraciones de los patrulleros que
atendieron la novedad, de la señora Ianthe Pole Ramos, vecina del investigado y
del señor Pájaro Domínguez, reforzaron la reconstrucción de la línea de eventos en
que el último resultó agredido por el entonces investigado:
• En diligencia del 24 de septiembre de 2021, la señora Ianthe Pole Ramos narró
que ese día, en la mañana, se encontraba sentada en su balcón, cuando
aproximadamente a las 6:30 a.m. escuchó una «bulla» y que vio que «la
muchacha» (en referencia a la compañera permanente del investigado) estaba
desmayada; junto a ella se encontraba un hombre, quien decía que la iba a llevar
al hospital, ante lo cual el señor «Yair» lo agredió en el hombro, luego de lo cual
le manifestó a «la muchacha» «mira lo que pasa por culpa tuya»24.
• El 4 de octubre de 2021 los patrulleros Osmer Luis Regino Gándara y Hugo
Armando Quiroga Orozco relataron que el 24 de septiembre de ese año
realizaban labores de patrullaje en el sector centro, a las 7:00 a.m., cuando les
informaron acerca de una riña frente a un establecimiento de comercio. Al
dirigirse al lugar, encontraron a un hombre y una mujer que necesitaban ser
auxiliados. Ambas personas indicaron que un hombre las había agredido, por lo
que solicitaron una ambulancia, luego de lo cual se dirigieron al tercer piso del
inmueble, donde se encontraba el agresor, a quien le leyeron los derechos de
capturado y lo trasladaron al Comando, donde firmó el acta.
Agregaron que un ciudadano llamado «Ramón» tenía una lesión en el hombro
derecho, ensangrentado y que, como testigos de lo ocurrido, estaban los vecinos
del patrullero Basanta Campo y los agredidos25.
• En audiencia del 26 de noviembre de 2021 el señor Ramón Pájaro Domínguez
narró que la noche anterior al 24 de septiembre de ese año se encontraba
tomando con el investigado y su compañera permanente y agregó que nunca
había tenido problemas con él.
Relató que ese día la esposa del señor Basanta se desmayó, por lo que dijo que
la llevaría al hospital, ante lo cual el investigado le manifestó que «a partir de hoy
era el enemigo de él, que me iba a matar, algo así» y, en ese momento, ingresó
a su residencia y regresó con un cuchillo e intentó apuñalarlo en varias
ocasiones, «la cual solo me alcanza a dar una, que es la herida que tengo, en el
hombro derecho». Agregó que lo intentó abrazar para quitarle el cuchillo, pero el
24 Véase página 9 del archivo «EE-DESAP-2021-91 Parte 1- 2» y audio «DECLARACION JURAMENTADA
SEÑORA IANTHE POLE RAMOS». Su declaración se amplió en la audiencia del 26 de noviembre de 2021
(minuto 03:35 a 10:59 del audio «PRUEBAS EE-DESAP-2021-91» y página 33 del archivo «EE-DESAP-2021-
91 Parte 2 – 2»-.
25 Véanse páginas 73 y 75-76 del archivo «EE-DESAP-2021-91 Parte 2 -2» y audios «DECLARACION
JURAMENTADA PT ORMES LUIS REGINO GANDARA» y «DECLARACIO JURAMENTADA PT HUGO
ARMANDO QUIROGA OROZCO». Las declaraciones se ampliaron en audiencia del 26 de noviembre de 2021
(Hugo Armando Quiroga Orozco, en los minutos 1:17:08 a 1:36:01. La compañera permanente del investigado
manifestó que este funcionario la habría coaccionado para que declarara en contra de su pareja; asunto
respecto del cual el señor Quiroga Orozco precisó que la primera declaración de la señora Kimberly ocurrió en
el hospital y él se había retirado con el capturado y su compañero de patrulla para el comando. Osmer Luis
Regino Gándara, en los minutos 1:36:51 a 1:56:30. Este uniformado precisó que su compañero de patrulla
únicamente cruzó palabra con la compañera del investigado a efectos de preguntarle si interpondría alguna
denuncia).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00008-01 (1377-2025)
uniformado se soltó, por lo que prefirió llamar a la policía.
Indicó que después de que fue atendido en el hospital le informaron que estaba
capturado y precisó que ante la Fiscalía se tuvo una audiencia de conciliación
en la cual se «disculparon», con la intención de dejar todo «hasta ahí»; aunque
su relación ya no se desarrolla en los mismos términos que antes de lo ocurrido
el 24 de septiembre e insistió en que, aunque sí forcejeó con el patrullero para
intentar quitarle el cuchillo, no lo agredió en ningún momento26.
52. Analizados estos medios de prueba en conjunto, dan cuenta de que, en efecto,
el 24 de septiembre de 2021 ocurrió una riña entre el demandante y el ciudadano
Ramón Pájaro Domínguez, en la cual este último resultó herido en el hombro
derecho y que ambos fueron capturados, aunque en distintos momentos: el señor
Basanta Campo en su domicilio y el señor Pájaro Domínguez luego de ser atendido
en el hospital.
53. También está acreditado que el fiscal tercero especializado de San Andrés
ordenó la libertad del demandante y del señor Pájaro Domínguez, tras considerar
que su captura fue ilegal, para lo cual precisó lo siguiente:
«Del razonamiento anterior, concluye este delegado que únicamente se puede
pregonar la participación en el punible de lesiones personales dolosas en el
señor YAIR BASANTA CAMPO, sin embargo, el procedimiento de captura
realizado por los patrulleros HUGO ARMANDO QUIROGA OROZCO y OSMER
LUIS REGINO GANDARA, no fue ajustado a la legalidad y por tanto violatoria
(sic) de los derechos fundamentales del ciudadano capturado, pues se observa
que fue materializado en su lugar de residencia sin previa orden de autoridad
competente y/o permiso del morador y en un lapso considerable que permite
desaparecer la inmediatez en el procedimiento de aprehensión (casi una hora
después de ocurrencia del hecho); Esto conlleva sin lugar a dudas a decretar
ilegal el procedimiento de aprehensión de los indiciados»27 (subrayas de la
Sala).
54. De manera que el motivo para dejar en libertad al demandante, entonces
indiciado, no residió en la ausencia de una conducta punible, sino en los vicios del
procedimiento adelantado por los uniformados que atendieron la novedad. Este
razonamiento, amén de la autonomía del trámite disciplinario respecto del penal,
permite a la Sala advertir que ni siquiera en aquel se puso en duda la ocurrencia de
los hechos que luego fueron de interés para la autoridad sancionadora.
55. En este punto, cabe destacar que la falta gravísima que se imputó al señor
Basanta Campo exige que el comportamiento desplegado se encuadre en una
conducta que la ley describa como delito y que ello ocurra cuando el funcionario se
encuentre en una situación administrativa (franquicia, permiso, licencia, vacaciones,
suspendido, incapacitado, excusado de servicio o en hospitalización), sin que para
su alcance disciplinario resulten relevantes los resultados que arroje un eventual
trámite de naturaleza penal, en la medida en que, satisfecha la tipicidad en este
ámbito, la normativa exige que se analice la afectación al deber funcional y la
26 Minuto 11:55 a 42:17 del audio «PRUEBAS EE-DESAP-2021-91» y página 35 del archivo «EE-DESAP-2021-
91 Parte 2 – 2»-.
27 Véanse páginas 95 a 107 del archivo «EE-DESAP-2021-91 Parte 1- 2».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00008-01 (1377-2025)
modalidad subjetiva de la actuación desde la óptica de la función pública y de la
conducta que se espera de quien funge como servidor público.
56. De manera que, en lo que tiene que ver con la decisión de declarar ilegal el
procedimiento de captura, no encuentra la Sala que de allí se derive alguna
circunstancia que vicie la motivación de los actos demandados y, en consecuencia,
este reproche no prospera.
57. El segundo elemento que a juicio del apelante representa la falsa motivación
por indebida valoración probatoria se relaciona con las declaraciones de la señora
Kimberly Drago Gómez, compañera permanente del entonces investigado. Sobre
esta cuestión, no puede perderse de vista que, por contener su relato
manifestaciones que podían no favorecer al señor Basanta Campo, la autoridad
disciplinaria en segunda instancia optó por apartarse de su valoración 28.
58. Con todo, a juicio de la Sala, el dicho de la señora Drago Gómez no solo
resultaba relevante en la medida en que su primer relato se fortalecía con los demás
medios de prueba; sino que su segunda intervención debió leerse desde una
perspectiva que integrara el enfoque de género en la actuación disciplinaria.
59. Llama la atención de la Sala que, pese a la reiterada salvedad que la funcionaria
comisionada para la práctica de pruebas realizó acerca de la previsión del artículo
33 constitucional en la diligencia del 24 de septiembre de 2021, la declarante, de
manera insistente, refiriera episodios de agresión y manipulación por parte de su
compañero permanente29.
60. Con tal precedente, que en la audiencia del 26 de noviembre de 2021 la misma
testigo insistiera en un constreñimiento por parte de la funcionaria de control interno
(que no se advierte en el contenido del primer relato) y en la coacción por parte de
los patrulleros que atendieron la novedad, pese a la forma como se desenvolvieron
los acontecimientos, antes que constituir una razón para que en la decisión de
primera instancia se ordenara una compulsa de copias, debió alertar a la autoridad
disciplinaria respecto de la posible ocurrencia de situaciones de interés para el
ordenamiento sancionatorio e inclusive penal en las que, posiblemente, la señora
Drago Gómez tenía la condición de víctima30.
28 Véanse páginas 103-104 del archivo «EE-DESAP-2021-91 Parte 2 - 2».
29 En el audio « DECLARACION JURAMENTADA SEÑORA KIMBERLIN DRAGO GOMEZ», minutos 02:10 a
02:45, y 18:15 a 18:45 se recuerda a la señora Drago que no está obligada a declarar en contra de su cónyuge
o compañero permanente, conforme lo dispone el artículo 33 constitucional.
30 En la sentencia del 12 de febrero de 2026 esta Subsección analizó el caso de un uniformado que
fundamentaba la nulidad de los actos que lo sancionaron disciplinariamente en el cambio de la versión de los
hechos de su compañera permanente, quien había denunciado un episodio de violencia intrafamiliar. Si bien en
el caso que se analiza la señora Drago Gómez no fue reconocida como víctima, ni la investigación se desarrolló
a partir del hecho de la posible agresión que sufrió, cabe traer a colación algunas consideraciones sobre la
existencia de una «retractación» en trámites con estas características: «62. Ahora, la Sala destaca que la
«retractación» de la víctima no puede ser entendida como una prueba que desvirtúe automáticamente la
denuncia inicial y otras aportadas inicialmente. La jurisprudencia constitucional y de otras especialidades señala
que, en contextos de violencia de género, las retractaciones son fenómenos frecuentes, asociados a diversos
factores como el miedo, la dependencia emocional o económica, la reconciliación cíclica o la normalización de
la violencia.
63. Por esta razón, necesario identificar y valorar la existencia de patrones o ciclos de violencia, caracterizados
por ciclos de agresión ‒física o emocional‒ y reconciliación, lo cual permite comprender comportamientos
aparentemente contradictorios de la víctima, como sería el caso de la contradicción. Por ello, la retractación
debe valorarse en conjunto con las demás pruebas, como un dato que requiere explicación contextual, pero que
no desvirtúa por sí solo la ocurrencia de los hechos inicialmente denunciados» (Cfr. Consejo de Estado. Sección
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00008-01 (1377-2025)
61. Lo anterior, sin dejar de lado que el supuesto fáctico que activó el control
disciplinario no consistió en la presunta agresión que el patrullero ejecutó sobre su
compañera permanente, sino en las lesiones que ocasionó al ciudadano Ramón
Pájaro Domínguez, cuya ocurrencia se ratificó con medios de prueba documentales
y testimoniales, de tal forma que la exclusión de los relatos de la señora Drago
Gómez no derivó en una duda que debiera resolverse en favor del investigado. En
consecuencia, este reproche tampoco prospera.
62. El apelante se refirió a que, en la ejecución del comportamiento reprochado,
actuó en legítima defensa, aspecto que se abordó en debida forma al definir su
responsabilidad en sede disciplinaria. Allí se concluyó que, pese a que en sus
intervenciones insistió en que actuó ante la inminencia de una lesión en su contra,
las pruebas recaudadas desmentían su versión. En efecto, la forma como se
reconstruyeron los hechos dio cuenta de que, inclusive, ante la confrontación con el
ciudadano Pájaro Domínguez, ingresó a su domicilio en busca del elemento
cortopunzante con el que finalmente lo agredió31, lo que da cuenta de un
comportamiento deliberado y que trascendía la necesidad y proporcionalidad que
caracterizan el legítimo derecho a defenderse32.
63. Aspectos como las imprecisiones sobre la hora de los hechos o la diligencia de
conciliación en que intervinieron el demandante y el ciudadano agredido tampoco
tienen el alcance para comprometer la legalidad de los actos demandados, pues lo
primero fue analizado como parte del control que se ejerció sobre el procedimiento
de captura, con los resultados que ya fueron expuestos; en tanto que lo segundo no
desvirtúa la ejecución del comportamiento constitutivo de lesiones en la humanidad
del señor Pájaro Domínguez; inclusive, en la audiencia del 26 de noviembre de 2021
el referido ciudadano fue claro en afirmar que su intención al conciliar fue dejar las
cosas «de ese tamaño», sin que ello pudiera restar valor probatorio a lo que los
demás medios de convicción acreditaron: el investigado le causó una lesión con un
objeto cortopunzante cuando, en su condición de patrullero, se encontraba en la
situación administrativa de franquicia.
64. El apelante también señaló que la Procuraduría General de la Nación ejerció el
poder preferente en su caso, pese a lo cual la actuación disciplinaria continuó ante
la Policía Nacional; aspecto que no solo resulta novedoso para los planteamientos
ventilados ante esta jurisdicción y que, por tanto, no ameritaría mayores
pronunciamientos; sino que parte de la confusión entre una visita de tipo
administrativo y la decisión de ejercer poder disciplinario preferente en los términos
Segunda. Subsección A. Sentencia del 12 de febrero de 2026. Exp. 68001-23-33-000-2023-00003-01 (7680-
2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez).
31 Como se relató en las declaraciones del señor Pájaro Domínguez y de la señora Ianthe Pole Ramos.
32 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de julio de 2013. Exp. 11001-03-
25-000-2012-00010-00 (0066-2012). C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E): «A su turno, la legítima defensa
supone que la agresión sea actual, injusta y que la defensa empleada no exceda manifiestamente la medida
del ataque». Sobre los elementos que estructuran la legítima defensa, Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Penal. Providencia del 15 de marzo de 2018. AP 797-2018. Radicación 50095. M.P. Luis Guillermo
Salazar Otero: «i) Una agresión ilegítima o antijurídica que ponga en peligro algún bien jurídico individual; ii) El
ataque al bien jurídico ha de ser actual o inminente, esto es, que se haya iniciado o sin duda alguna vaya a
comenzar y que aún haya posibilidad de protegerlo; iii) La defensa ha de resultar necesaria para impedir que el
ataque se haga efectivo; iv) La entidad de la defensa debe ser proporcionada cualitativa y cuantitativamente, es
decir, respecto de la respuesta y los medios utilizados; v) La agresión no ha de ser intencional o provocada».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00008-01 (1377-2025)
del artículo 3, inciso 2, de la Ley 734 de 2002.
65. La demandada cumplió con el deber de informar a la Procuraduría General de
la Nación acerca del inicio de la actuación sancionatoria el 24 de noviembre de
202133. Por su parte, la Procuraduría Regional de San Andrés realizó una visita de
verificación al expediente EE-DESAP-2021-91 el 10 de diciembre del mismo año34;
pero de allí no se siguió que «mediante decisión motivada»35 dicha autoridad
resolviera asumir de manera preferente el conocimiento del trámite.
66. En suma, la autoridad disciplinaria cumplió con las exigencias de tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad y sancionó al demandante con fundamento en el
análisis integral de los medios de prueba recaudados, sin que la Sala encuentre que
la motivación de los actos demandados se hubiese tenido en cuenta hechos que no
contaran con el suficiente respaldo probatorio o no se analizaran otros que hubiesen
llevado a una decisión distinta. En consecuencia, lo procedente es confirmar la
sentencia apelada.
De la condena en costas
67. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
68. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
69. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
33 Véase página 23 del archivo «EE-DESAP-2021-91 Parte 2 – 2». En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso
segundo del artículo 155 de la Ley 734 de 2002: «Notificación de la iniciación de la investigación (…) Si la
investigación disciplinaria la iniciare una oficina de control disciplinario interno, ésta dará aviso inmediato a la
Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación y al funcionario competente de esa entidad
o de la personería correspondiente, para que decida sobre el ejercicio del poder disciplinario preferente. La
procuraduría establecerá los mecanismos electrónicos y las condiciones para que se suministre dicha
información».
34 Véanse páginas 63 a 65 del archivo «EE-DESAP-2021-91 Parte 2 -2».
35 Como lo exige el inciso segundo del artículo 3 de la Ley 734 de 2002: «Poder disciplinario preferente. La
Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo
podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control
disciplinario interno de las entidades públicas. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda instancia.
En virtud de la misma potestad, mediante decisión motivada, de oficio o a petición de cualquier persona, podrá
avocar el conocimiento de aquellos asuntos que se tramitan internamente en las demás dependencias del
control disciplinario. También se procederá en la misma forma cuando se desprenda del conocimiento de un
proceso. (…)» (subrayas y negrillas de la Sala).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00008-01 (1377-2025)
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
70. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan las pretensiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia del trece (13) de marzo de dos mil veinticinco
(2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, mediante la cual se negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Tercero. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.