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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04673-01

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04673-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de julio de 2026, proferida por la Sección Primera de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04673-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04673-01
Accionante: Ángel Yesid Acero Ricaurte
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Disciplinario /
CONFIRMA IMPROCEDENCIA – Falta de relevancia constitucional. Se pretende
emplear la tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y reproches
carecen de carga argumentativa

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 23 de julio de 2026 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 17 de junio de 2026, el señor Ángel Yesid Acero Ricaurte promovió acción de
tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el
fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso1, trabajo,
mínimo vital y dignidad humana2.

2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 12 de febrero de 2026, emitida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 que instauró contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el objeto de que se
anulara la decisión disciplinaria de 18 de mayo de 20214, por medio del cual fue
sancionado con destitución e inhabilidad general por 10 años 5, así como el acto

1 En particular sus prerrogativas de defensa y contradicción y presunción de inocencia.
2 También invocó la protección integral de la familia y el interés superior de los niños y niñas.
3 Expediente 68001-23-33-000-2023-00003-01.
4 Expedida por la Oficina de Control Disciplinario Interno MEBUC.
5 Al hallarlo disciplinariamente responsable de la falta prevista en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de

2006, consistente en “incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como delito, cuando se encuentre en
situaciones administrativas tales como: Franquicia, permiso, licencia, vacaciones, suspendido, incapacitado
excusado de servicio, o en hospitalización”.

1

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Accionante: Ángel Yesid Acero Ricaurte
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A

administrativo de 24 de diciembre de 2021 que confirmó esa determinación y el de
22 de mayo de 2022 que la ejecutó.

3.
Mediante la providencia acusada se confirmó la dictada el 14 de septiembre de
2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones. Se
determinó que de las pruebas recaudadas se infería la configuración de la conducta
descrita en el tipo penal de violencia intrafamiliar e incluso de lesiones personales.
Las posteriores manifestaciones de la denunciante en el procedimiento disciplinario
y ante la Fiscalía no desvirtuaban su relato inicial, por el contrario, revelaban que se
abstenía de declarar nuevamente y que las “discrepancias” con el demandante
fueron resueltas, lo cual no resultaba suficiente para no sancionarlo. En todo caso,
esa “retractación”, carece de la entidad de desvirtuar la denuncia inicial y los
exámenes médicos aportados.

4.
La parte accionante sostuvo que se incurrió en defecto fáctico. Se convalidó el
análisis probatorio sesgado efectuado por la autoridad disciplinaria. Se otorgó valor
demostrativo pleno a capturas de pantalla de conversaciones electrónicas sin que
obre en el expediente un peritaje informático, análisis de metadatos, extracción
forense o cualquier otro mecanismo técnico que permitiera verificar su autenticidad,
integridad y autoría, lo que desconoce las reglas de la Ley 527 de 1999.

5.
Se restó relevancia probatoria a la declaración extraprocesal rendida por la
quejosa el 20 de abril de 2021, al rotularla de forma genérica como un “fenómeno de
retractación por ciclo de violencia”, lo cual omitió que aquella aportaba una versión
alternativa incompatible con la hipótesis sancionatoria.

6.
No se valoró el archivo definitivo de la Fiscalía General de la Nación y el dictamen
psicológico de descargo, cuya valoración conjunta habría quebrado el umbral de
certeza necesario para sancionar.

7.
También se presentó defecto sustantivo. Se aplicó de manera indebida la
responsabilidad objetiva, al estar prohibida en materia disciplinaria (artículos 13 de
la Ley 734 de 2002 y 14 de la Ley 1952 de 2019) y se desconoció el principio de
duda razonable (in dubio pro reo).

8.
Además, se incurrió en una decisión sin motivación. Aunque se afirmó la
existencia de una conducta dolosa, no se desarrollaron las razones jurídicas y
probatorias que permitieran concluir la concurrencia del elemento subjetivo
(conocimiento y voluntad de cometer la falta).

9.
Se justificó la sanción con base en un razonamiento circular. Se asumió que la
reconciliación de la pareja “prueba” que los hechos denunciados inicialmente
ocurrieron en forma idéntica a la queja, sin fundamento probatorio real.

10.
De igual modo, acaeció desconocimiento del precedente. Aunque la
perspectiva de género es una herramienta hermenéutica indispensable para
2

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garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, la Corte Constitucional ha precisado
que esta no autoriza la flexibilización de las garantías del debido proceso ni la
sustitución de la prueba por presunciones abstractas.

11.
En su caso se sustituyó la carga de la prueba por conceptos abstractos sobre los
“ciclos de violencia” y “dependencia emocional”, sin que en el expediente obrara un
dictamen psicológico o psiquiátrico forense que acreditara tales fenómenos en la
quejosa. Es decir, se desplazó materialmente la carga de la prueba hacia el
procesado. Las inferencias generales y las sospechas no pueden sustituir la prueba
suficiente de responsabilidad, por tanto, ante la ausencia de certeza técnica, debió
prevalecer la presunción de inocencia.

12.
Anotó que durante más de 4 años desde los hechos investigados ha debido
afrontar las consecuencias personales, familiares, sociales y laborales derivadas de
la sanción impuesta. Adicional a la carga de haber sido condenado en costas dentro
del proceso ordinario, lo cual le resulta incomprensible.

B. Sentencia de primera instancia

13.
Mediante sentencia de 23 de julio de 2026, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción, al no hallar superado el presupuesto
de relevancia constitucional. Se determinó que la argumentación planteada por la
parte accionante devela una mera inconformidad con la decisión judicial atacada. En
esa providencia se expusieron de manera razonada, coherente y fundamentada las
razones jurídicas por las cuales se encontró acreditada la ilicitud sustancial para
establecer la responsabilidad disciplinaria del accionante y, en consecuencia, se
encontrara ajustada la proporcionalidad en la sanción de destitución e inhabilidad
impuesta, sin que dicho análisis vislumbre arbitrariedad o vulneración de derechos
fundamentales.

C. La impugnación

14.
El accionante adujo que el presente asunto sí tiene relevancia constitucional. En
la solicitud de amparo se estructuraron de manera clara los defectos fáctico,
sustantivo, ausencia de motivación y desconocimiento del precedente constitucional,
los cuales involucraban una arbitrariedad judicial. La intervención del juez
constitucional era necesaria para dejar sin efectos una decisión judicial que validó un
fallo disciplinario carente de respaldo probatorio idóneo.

15.
No se analizó lo referente a por qué era válida la valoración de una supuesta
prueba digital al margen de la Ley 527 de 1999, ni por qué carecían de relevancia
jurídica el archivo definitivo proferido por la Fiscalía General de la Nación y el
dictamen psicológico de descargo. Así como tampoco se explicó lo atinente a la
ausencia de motivación sobre el dolo y la presunta aplicación de responsabilidad
objetiva.

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16.
Además, la consecuencia del fallo disciplinario, esto es, la destitución e inhabilidad
general por 10 años para ejercer funciones públicas, también revisten al asunto de
relevancia constitucional, al afectar de manera directa su mínimo vital, su estabilidad
laboral, su buen nombre, su proyecto de vida y la protección de su núcleo familiar.
Asimismo, el mantenimiento de la condena agrava aún más la afectación alegada.
Mientras se encontraba privado de su fuente de ingresos como consecuencia de la
destitución, también debía asumir las cargas económicas derivadas del proceso
judicial.

17.
Se concluyó de manera errónea que pretendía reabrir el debate probatorio, pese
a que ello no corresponde al contenido real de la tutela, pues los cargos formulados
fueron de naturaleza estrictamente constitucional. No se solicitó realizar una nueva
valoración de las pruebas o sustituir el criterio del juez natural, sino verificar si la
providencia acusada respetó las garantías constitucionales mínimas del debido
proceso, el deber de motivación, el principio de culpabilidad y la proscripción de la
responsabilidad objetiva.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

18.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.

E. Análisis del caso concreto

19.
La Sala no encuentra que la argumentación desplegada por el tutelante en la
demanda y en la impugnación sea suficiente para tener por superado el requisito de
relevancia constitucional, motivo por el cual se confirmará la sentencia impugnada.

20.
Para que se habilite el examen de constitucionalidad de la decisión judicial
censurada, no basta con aducir una indebida valoración probatoria y una desatención
al ordenamiento jurídico, sino que se debe acreditar la afectación constitucional que
se alega. Para tal propósito, la parte actora debe demostrar que su argumentación
no comporta una reiteración de la tesis que la motivó a promover el medio de control
ante la jurisdicción contencioso-administrativa y sobre la cual se circunscribió el litigio
y, finalmente, emitió su decisión la autoridad judicial accionada, lo cual no se
demuestra en este caso.

21.
La parte demandante si bien invocó la ocurrencia de defectos sustantivo y fáctico,
decisión sin motivación y desconocimiento del precedente, lo cierto es que su
argumentación tiene como fin insistir en que se debe anular la decisión disciplinaria
que lo sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, sin

6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

4

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considerar ni desvirtuar desde la óptica constitucional lo que sobre el particular
consideró el juez natural de la causa, es decir, sin desarrollar tampoco una suficiente
carga argumentativa para tal propósito.

22.
La parte actora fundamentó la configuración de defecto fáctico en (i) la indebida
valoración de unas capturas de pantalla de conversaciones electrónicas sin tener en
cuenta las reglas de la Ley 527 de 1999 y de la declaración extraprocesal de 20 de
abril de 2021; y (ii) la omisión de valorar el archivo definitivo de la Fiscalía General
de la Nación y el dictamen psicológico de descargo.

23.
En cuanto a las capturas de pantalla a las que hace referencia el actor, cabe
anotar que la autoridad judicial accionada hizo alusión a estas para indicar que la
autoridad disciplinaria fundamentó su decisión también en esas pruebas. Es decir,
dichos elementos no constituyeron el eje central de la sanción disciplinaria, dado que
para ello se explicó que existían los hechos narrados por la denunciante y los
resultados de los exámenes médicos que se le practicaron, los cuales permitían
inferir que se configuró la conducta descrita en el tipo penal de violencia intrafamiliar.

24.
Además, esta Sala advierte que lo referente a la falta de autenticidad de las
capturas de pantalla carece de carga argumentativa, en la medida en que no explica
por qué la exclusión de esos elementos de convicción tendrían la potencialidad de
modificar la providencia acusada, máxime cuando, se reitera, estos no fueron el
soporte probatorio central para salvaguardar la legalidad del acto administrativo
sancionatorio, es decir, ese material no constituyó una prueba determinante.

25.
En cuanto a la presunta indebida y omisión probatoria, cabe anotar que esos
reproches fueron planteados en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia ordinaria de primera instancia y resueltos por la autoridad judicial. Por
tanto, lo que pretende la parte actora es reiterar esas inconformidades en este
escenario constitucional, como si se tratara de una instancia adicional al proceso
ordinario, con el fin de que el juez constitucional funja como superior funcional de la
autoridad accionada para revisar lo considerado por esta en ese aspecto.

26.
Para acreditar la presunta indebida u omisión en la valoración probatoria, es
indispensable demostrar en ese escenario la configuración de algún tipo de
arbitrariedad, la inobservancia de los postulados de la sana crítica o que las
situaciones que no se tuvieron en cuenta tenían la potencialidad de influir de manera
directa en el sentido de la decisión a adoptar sobre el litigio, lo cual no se comprobó
en este asunto constitucional. Ello, por cuanto al juez de tutela le está vedado
arrogarse la competencia de efectuar un ejercicio valorativo sobre los elementos de
convicción o imponer un grado de certeza sobre los mismos, como si se tratara de
una instancia adicional al proceso ordinario.

27.
En este caso la autoridad judicial accionada examinó la declaración de 20 de abril
de 2021, el archivo definitivo de la Fiscalía General de la Nación y el dictamen
psicológico de descargo, distinto es que no les haya otorgado el valor probatorio que
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el accionante pregona, lo que no involucra la afectación constitucional alegada, sino
la imposición de su tesis probatoria.

28.
Ello es así, porque frente a la declaración de 20 de abril de 2021 adujo la autoridad
judicial que aunque la denunciante negó su versión inicial de los hechos, indicando
que sus lesiones fueron un accidente, producto de una caída en medio de un
forcejeo, que su pareja no tuvo la intención de agredirla y que la denuncia fue
producto del enojo y la necesidad de “llamar la atención” del demandante, lo cierto
es que, en aplicación de un enfoque de género, esa retractación no podía ser
entendida como una prueba que desvirtúe automáticamente la denuncia inicial y los
exámenes médicos aportados, máxime cuando se debió a que la pareja retomó la
relación sentimental y a la intención de proteger al demandante.

29.
En lo que atañe al archivo definitivo de la Fiscalía General de la Nación, se anotó
que esa decisión no condicionaba de manera automática el ejercicio de la potestad
sancionadora administrativa. Es decir, aquel pronunciamiento no tenía efectos
vinculantes sobre la decisión administrativa demandada y tampoco implicaba que
debía llegarse a la misma conclusión.

30.
Respecto del dictamen psicológico, se precisó que este por sí solo no acreditaba
que los hechos constitutivos de la falta disciplinaria no hayan existido, sino que la
pareja se sometió a un tratamiento de terapia para trabajar varios tipos de problemas.
Además, aunque el documento no especifica si ocurrió esa situación, reconoce que
la motivación de la consulta es la intervención a una pareja “por un presunto caso de
violencia intrafamiliar”.

31.
Con base en el panorama descrito, se colige que la autoridad judicial determinó,
con fundamento en el material probatorio que reposaba en el expediente, que la
autoridad disciplinaria tuvo por acreditada la falta disciplinaria endilgada y que los
elementos probatorios enunciados por la parte actora carecían de la potencialidad
de eximirlo de responsabilidad en ese ámbito.

32.
Para la Sala la anterior conclusión, lejos de comportar el defecto fáctico alegado,
materializa la autonomía judicial de la que están revestidas las autoridades judiciales
para zanjar las controversias puestas en su conocimiento.

33.
Por otra parte, los argumentos en que se fundamenta la configuración de defecto
sustantivo y decisión de motivación, consistentes en que se aplicó la responsabilidad
objetiva, pese a estar proscrita en materia disciplinaria, y que no se desarrolló
argumentación alguna que acreditara la existencia de la conducta dolosa que se le
imputó, carecen de la suficiente carga argumentativa para que sea dable abordarlos
desde una óptica constitucional.

34.
Dichas inconformidades no desvirtúan las razones por las cuales la autoridad
judicial negó la anulación de la decisión disciplinaria, consistentes en explicar el por
qué la autoridad disciplinaria halló configurada la falta disciplinaria y, por ende, no se
6

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advertía que la decisión sancionatoria haya sido adoptada de manera arbitraria o
desprovista de sustento fáctico ni jurídico. Conclusión que no evidencia que se le
haya declarado responsable disciplinariamente bajo un escenario de imputación
objetiva de la falta. Por el contrario, se indicó que la falta imponía la acreditación de
una conducta que se tipificara como delito, lo cual se demostró (violencia
intrafamiliar). Dicho razonamiento no denota las falencias que aduce el accionante,
cuanto más si no plantea de manera concreta por qué considera que estas se
configuraron en su caso.

35.
En lo relativo al desconocimiento del precedente, el señor Acero Ricaurte adujo
que se aplicó de manera inadecuada la perspectiva de género, porque esta no podía
sustituir la prueba, lo que se hizo en su caso. Sin embargo, no explica puntualmente
cuál pauta jurisprudencial fue presuntamente desatendida y cómo debía aplicarse a
su caso, máxime cuando no se evidencia la sustitución de prueba alguna en la
providencia acusada.

36.
La autoridad judicial hizo referencia al enfoque de género, en razón a que
involucraba un asunto de violencia intrafamiliar contra la mujer, para abordar lo
referente a la retractación presentada por la quejosa, en el sentido de indicar que
esta carecía de la potencialidad de desvirtuar la denuncia inicial y los exámenes
médicos aportados, toda vez que se realizó posterior a la reconciliación de la pareja
y al inicio del procedimiento disciplinario. Es decir, con la perspectiva de género no
se sustituyó prueba alguna, sino que se determinó el grado de impacto de dicha
retractación, lo que no implica de modo alguno una sustitución probatoria.

37.
Por último, esta Sala estima oportuno anotar que si bien la materialización de la
decisión disciplinaria pudo traer consecuencias negativas para el accionante, ello por
sí solo no reviste al asunto de relevancia constitucional. Como tampoco el hecho de
que haya sido condenado en costas en sede contencioso-administrativa, máxime
cuando no explicó el por qué consideró una afrenta a sus derechos fundamentales
esta condena, más allá de expresar su desacuerdo.

38.
Conforme hasta lo aquí expuesto, se tiene que las inconformidades del tutelante
no demuestran afectación constitucional alguna ni contienen la suficiente carga
argumentativa que acredite algún yerro de índole constitucional que implique
vulneración de derechos fundamentales. Ello impide que la discusión trascienda al
ámbito constitucional. La acción de tutela no puede emplearse como una instancia
adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de
efectuar un juicio de corrección, dado que en este escenario se debe desarrollar uno
de validez.

39.
Por tanto, aunque no se haya zanjado la controversia de manera favorable al
tutelante, ello no lo faculta para que acuda a este mecanismo judicial para imponer
el criterio que defiende.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04673-01
Accionante: Ángel Yesid Acero Ricaurte
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A

40.
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia impugnada, que declaró
improcedente el trámite constitucional, al no superar el requisito de relevancia
constitucional.

41.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de julio de 2026, proferida por la
Sección Primera de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela,
por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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