Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04673-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04673-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04673-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
23 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Ángel Yesid Acero Ricaurte.
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04673-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El señor Ángel Yesid Acero Ricaurte presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, con el fin de que
se decrete la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se
declaró disciplinariamente responsable y se le impuso sanción
disciplinaria de destitución e inhabilidad por diez años para ejercer la
función pública.
1.2. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 14
de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda “[…] al no
desvirtuarse la presunción de legalidad de los actos administrativos
demandados, al evidenciarse que no se expidieron con desconocimiento
de las normas en que debían fundarse. Se probó que la sanción se
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fundamentó en la norma especial- Ley 1015 de 2006-, que regula el
régimen disciplinario de los miembros de la Policía Nacional […]”
Asimismo, consideró que los actos administrativos no fueron falsamente
motivados porque “[…] el operador disciplinario al analizar las pruebas
recaudadas en el proceso estableció no solo que la conducta del
uniformado se tipificó en falta disciplinaria, sino también, expuso las
razones por las cuales concluyó que dicha actuación afectó el ejercicio
de la función pública […]”, por tal razón, la sanción era proporcional a la
conducta cometida.
Finalmente, condenó en costas a la parte demandante.
1.3. Inconforme con la decisión anterior, el accionante presentó recurso
de apelación.
1.4. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante providencia de 12 de febrero de 2026, confirmó la sentencia de
primera instancia, al considerar que “[…] la sentencia de primera
instancia no incurrió en defecto fáctico ni en indebida valoración del
material probatorio. Por el contrario, se constató que tanto la autoridad
disciplinaria como el Tribunal realizaron un análisis integral, razonado y
conforme a las reglas de la sana crítica de las pruebas recaudadas dentro
del procedimiento administrativo y del trámite judicial, sin que se advierta
que la decisión sancionatoria haya sido adoptada de manera arbitraria o
desprovista de sustento fáctico; y por tales razones se confirmara la
sentencia impugnada […]” y, confirmó la condena en costas al
demandante.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora alegó que la autoridad accionada incurrió en un defecto fáctico
al aprobar el análisis realizado por la autoridad disciplinaria, otorgando mérito
probatorio a conversaciones aportadas al proceso sin que existiera en el
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expediente prueba pericial informática idónea para acreditar su autenticidad.
Asimismo, mencionó que se “[…] restó relevancia probatoria a la declaración
extraprocesal rendida por la quejosa […]” y además se “[…] excluyó del
análisis el archivo definitivo de la Fiscalía General de la Nación y el dictamen
psicológico de descargo, cuya valoración conjunta habría quebrado el umbral
de certeza necesario para sancionar […]”.
Indicó que la autoridad accionada incurrió en defecto sustantivo “[…] al validar
una atribución objetiva de responsabilidad, inaplicando el principio
constitucional de la Duda Razonable (In dubio pro reo) consagrado en el
artículo 29 de la Carta Política […]”.
De lo anterior, afirmó que la autoridad accionada realizó “[…] un análisis en el
resultado lesivo, limitándose a asumir el dolo, lo que constituye una flagrante
violación al debido proceso por falta de motivación y una transgresión a la
proscripción de la responsabilidad objetiva […]”
Afirmó que la autoridad judicial desconoció el precedente Constitucional, al
considerar que si bien “[…] la perspectiva de género es una herramienta
hermenéutica indispensable para garantizar el acceso a la justicia de las
mujeres, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en
señalar que esta no autoriza la flexibilización de las garantías del debido
proceso ni la sustitución de la prueba por presunciones abstractas […]”.
Sostuvo que la autoridad accionada incurrió en defecto de decisión si
motivación, al considerar que “[…] Al no contar con un soporte técnico o
pericial especializado que sustentara dicha inferencia en la situación fáctica
bajo examen […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso,
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defensa, presunción de inocencia, trabajo, mínimo vital y protección
integral de los menores de edad del señor ANGEL YESID ACERO
RICAURTE.
2. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia de segunda instancia
dictada el doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026) por la Sección
Segunda - Subsección A del Consejo de Estado dentro del expediente No.
68001-23-33-000 2023-00003-01 (7680-2023).
3. ORDENAR a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que, en un término no mayor a quince (15) días, emita una nueva
providencia de reemplazo donde aplique de forma estricta los estándares
de la prueba digital (Ley 527 de 1999), la proscripción de la
responsabilidad objetiva y el principio de la duda razonable, valorando de
forma integral el archivo definitivo de la fiscalía general de la Nación […]”.
[sic en toda la cita]
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 30 de junio de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó al Tribunal Administrativo de Santander y a la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional, en calidad de terceros con interés
directo en el resultado del proceso y se negó la medida provisional solicitada
por el actor.
III. INTERVENCIONES
1. El Despacho 07 del Tribunal Administrativo de Santander solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que carece de relevancia
constitucional, en tanto, los argumentos del accionante están dirigidos a reabrir
un debate jurídico que ya fue resuelto por el juez natural. Asimismo, mencionó
que no se advierte la configuración de defectos en la providencia cuestionada.
2. La Policía Nacional solicitó negar la solicitud de amparo, al considerar que,
“[…] lo pretendido por el accionante no está llamado a prosperar, teniendo en
cuenta que las actuaciones disciplinarias observaron formal y materialmente
las normas fijadas en la ritualidad disciplinaria, concluyendo que la conducta
del accionante desconoce la misión constitucional de la Policía Nacional y se
aparta de los fines esenciales del Estado […]”.
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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
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unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad judicial accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada el 12 de
febrero de 2026 en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación núm. 68001-23-33-000-2023-00003-01.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está
asociada a que la autoridad accionada confirmó la decisión mediante la cual
se le declaró disciplinariamente responsable y se le impuso la sanción de
destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de diez
años, sin realizar un análisis integral del procedimiento disciplinario ni del
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acervo probatorio obrante en el expediente, lo cual implica la reapertura de un
asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa judicial.
Lo anterior en razón a que la autoridad accionada en la providencia acusada
expuso de manera razonada, coherente y fundamentada las razones jurídicas
por las cuales se encontró acreditada la ilicitud sustancial para establecer la
responsabilidad disciplinaria del accionante y, en consecuencia, se encontrara
ajustada la proporcionalidad en la sanción de destitución e inhabilidad
impuesta, sin que dicho análisis vislumbre arbitrariedad o vulneración de
derechos fundamentales.
Además, resulta preciso señalar que de conformidad con los principios de libre
valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y
230 de la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para
valorar las pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural de la
causa a quien le corresponde determinar el valor de cada medio de prueba,
bajo las reglas de la sana crítica.
De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una
inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida cuando la
decisión contenga errores graves que desconozcan los principios de la sana
crítica. En esta oportunidad lo perseguido por el extremo accionante es
controvertir el análisis probatorio efectuado por autoridad disciplinaria, lo que
claramente constituye una desnaturalización de este mecanismo, en tanto que
está siendo utilizado como una tercera instancia.
En ese orden de ideas, se considera que los argumentos de la parte actora
más que develar la existencia de una cuestión que sea de “verdadera
relevancia constitucional” que conlleve la presunta transgresión de derechos
fundamentales, demuestra una inconformidad con la decisión adoptada por la
autoridad accionada, como si este mecanismo se tratase de un recurso o
instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho
asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio
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de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.
Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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