Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06735-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06735-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06735-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
4 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06735-01
Demandante: Luceny Galindo Berrios
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06735-01
Demandante: LUCENY GALINDO BERRIOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Desconocimiento del precedente
judicial. Topes indemnizatorios de servidores públicos. Facultad
discrecional de retiro de miembros activos de la fuerza pública
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte accionante, quien actúa por intermedio de apoderada
judicial, contra la sentencia de 4 de diciembre de 2023, dictada por la Subsección
“B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se resolvió:
“PRIMERO.- NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora Luceny Galindo
Berrio, contra el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- Si no fuere recurrida, envíese a la Corte Constitucional para su eventual
revisión”.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La parte actora relató que fue dada de alta en la Policía Nacional como alumna del
nivel ejecutivo y como patrullera mediante Resolución No. 017 del 18 de enero de
2016, a lo que agregó que durante su trayectoria profesional obtuvo distintos
reconocimientos conforme con la información que reposa en la hoja de vida.
Indicó que para marzo de 2017 presentó problemas personales que le causaron
depresión, por lo que el 2 de abril de 2017 radicó retiro voluntario del cargo,
solicitud a la que le fue asignado el radicado No. 003984.
Informó que la institución no llevó a cabo un proceso psicológico para valorar la
decisión, ni brindó la atención necesaria frente a su estado de salud. Sin embargo,
sostuvo que se sintió con mejor ánimo el 10 de mayo de 2017, por lo que por
medio de comunicación No. S-2017-005417-COMAN-PLANE-25.25 requirió la
derogación del retiro, con el fin de salvaguardar su derecho fundamental al trabajo,
el mínimo vital, debido a que los salarios devengados eran la fuente de sustento
del núcleo familiar.
Señaló que la Policía Nacional por medio de la Resolución No. 02159 del 12 de
mayo de 2017, resolvió el retiro del servicio sin tener en cuenta la solicitud previa
en la cual se había desistido del mismo, decisión que fue notificada el 23 de mayo
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de 2017. Aludió que por medio de solicitud No. E-2017-001197-DINCO insistió en
el reintegro a la institución.
No obstante, manifestó que promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Resolución No. 02159 de 2017, el
cual le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Villavicencio (radicado No. 50001-33-33-007-2017-00398-00), que por
sentencia el 26 de febrero de 2021 accedió a las pretensiones de la demanda, en
el sentido de declarar la nulidad del acto acusado y ordenó el reintegro al servicio
activo sin estipular topes de indemnización.
Finalmente, sostuvo que por sentencia de 11 de mayo de 2023, el Tribunal
Administrativo del Meta modificó el ordinal cuarto en el sentido de reconocer la
totalidad de los sueldos y prestaciones sociales dejadas de percibir “sin que la suma
a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro
(24) meses de salario” (ordinal segundo de la providencia objetada). En lo demás,
confirmó la decisión apelada.
2. Fundamentos de la acción
La parte accionante promovió acción de tutela1 en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, de acceso a la administración de
justicia y dignidad humana, supuestamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Meta con la sentencia de 11 de mayo de 2023, que modificó el
ordinal cuarto de la decisión de 26 de febrero de 2021 dictada por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio, en el sentido de modificar de
manera desfavorable los límites indemnizatorios con precedentes judiciales que no
le resultaban aplicables a su caso.
Alegó que en el caso la acción de tutela es procedente en virtud de lo dispuesto en
la sentencia C-590 de 2005, debido a que la autoridad judicial accionada configuró
una vía de hecho al incurrir en defecto procedimental absoluto y violación directa
de la Constitución Política.
Adujo que la sentencia de segunda instancia “modifico de forma desfavorable los
índices indemnizatorios basado en las sentencias SU-556 de 2014 y 053 de 2015,
máxime cuando la construcción de las líneas jurisprudenciales ha centrado que la misma
no es aplicable a los retiros de los miembros de la fuerza pública, puesto que esta
población laboral no es de libre nombramiento y remoción. De acuerdo al tema
indemnizatorio en la presente causa, es claro que, para el caso de los retiros por las
cuestiones de destitución, no es aplicable la sentencia SU-503 de 2015 y SU-056 de 2014
de la corporación Constitucional”.
Sostuvo que lo analizado en las sentencias SU-056 de 2014 y SU-053 de 2015 no
resultaba aplicable a ninguna clase de retiros de los miembros de la fuerza
pública, dado que estos tienen un régimen especial. Citó apartes de las sentencias
SU-354 de 2017 y SU-148 de 2011 sobre el precedente horizontal y vertical, para
precisar que existe un antecedente que debe ser acogido en garantía del principio
a la igualdad y seguridad jurídica2, en el que se analizó que la desvinculación se
dio en ejercicio de la facultad discrecional de retiro de miembros activos de la
fuerza pública, que difiere de los empleados públicos vinculados a cargos de
carrera en provisionalidad.
Al respecto, indicó que en un reciente pronunciamiento la Sección Segunda del
Consejo de Estado3 se pronunció sobre los limites indemnizatorios al aclarar que la
1 Presentada el 21 de noviembre de 2023.
2 Tribunal Administrativo del Huila, sentencia del 28 de octubre de 2016. Exp. 41001-33-31-005-2011-00005-
01.
3 Sentencia del 7 de abril de 2022. Exp. 19001-23-33-000-2015-00437-01.
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extensión de los topes indemnizatorios de los servidores públicos provisionales a
los miembros de la fuerza pública retirados del servicio limita el restablecimiento
del derecho, debido a que “no es dable equiparar el retiro discrecional de los miembros
de la Policía Nacional con la declaratoria de insubsistencia de los empleados vinculados
en provisionalidad”.
En ese orden, refirió que la autoridad judicial accionada desconoció los
precedentes judiciales sobre los limites indemnizatorios e incurrió en violación
directa de la Constitución, a lo que agregó “mediante la construcción de la línea
jurisprudencial con las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado durante los años 2009 a 2019, arribándose a la conclusión que no constituye
precedente jurisprudencial obligatorio y vinculante el límite establecido, por cuanto el
estudio y justificación para su establecimiento se centró en las referidas sentencias, en los
casos de declaratoria de insubsistencia de un empleado nombrado en “provisionalidad” en
un cargo de carrera administrativa, figura inexistente en el sistema de carrera especial
que cobija al personal de la Policía Nacional y que se fundamenta en el mérito para su
ingreso y ascenso”.
Por último, mencionó que la acción de tutela resulta procedente porque no cuenta
con otro mecanismo de defensa, así como cumple con los requisitos de
inmediatez y relevancia constitucional, comoquiera que la sentencia objetada data
de 11 de mayo de 2023 y el tema a debatir es la aplicación de las sentencias de
unificación sobre los límites indemnizatorios que no pueden ser aplicados a los
miembros de la fuerza pública.
3. Pretensiones
La actora formuló las siguientes:
“PRIMERO. Solicito declarar procedente la presente acción de tutela.
SEGUNDO. Tutelar los derechos fundamentales, a la administración de justicia, debido
proceso, derecho a la igualdad frente a la ley y la jurisprudencia derecho de la dignidad
humana de la señora. LUCENY GALINDO BERRIOS identificada con la cedula de
ciudadanía No 1.072.416.174.
TERCERO: Revocar el numeral segundo de Sentencia de segunda instancia del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, colegiatura en la cual el recurso fue
resuelto finalmente mediante dentro del radicado del 11 de mayo de 2023 radicado No
50 001 33 33 007 2017 00398 01. En lo que tiene que ver con el numeral SEGUNDO:
CUARTO: En consecuencia, confirmar el numeral cuarto de la Sentencia de primera
instancia del JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
VILLAVICENCIO, dentro de la radicación No. No 50001 33 33 007 2017 00398 00”.
4. Pruebas relevantes
El Tribunal Administrativo del Meta con el informe rendido allegó copia digital del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la
accionante contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional
(rad. 50001-33-33-007-2017-00398-01).
5. Trámite procesal
Por auto de 8 de noviembre de 2023, la Subsección “B” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó notificar a la autoridad judicial
demandada -Tribunal Administrativo del Meta-. Así mismo, ordenó vincular a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional y al Juzgado Séptimo
Administrativo Oral de Villavicencio por tener interés en las resultas del asunto.
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6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Meta
Mediante escrito presentado el 10 de noviembre de 2023, la magistrada ponente
de la sentencia en cuestión se pronunció sobre los hechos que dieron origen a la
presente acción, para lo cual señaló lo siguiente:
“Me remito íntegramente a las consideraciones de la providencia cuestionada,
pues esta contiene la fundamentación jurídica, normativa, jurisprudencial y
fáctica, analizada por esta corporación al momento de tomar la decisión del 11
de mayo de 2023 dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho radicado bajo el No. 50 001 33 33 007 2017 00398 01, promovido
por LUCENY GALINDO BERRIOS contra la NACIÓN-MINISTERIO DE
DEFENSA-POLICÍA NACIONAL.
Adicionalmente, sobre los argumentos expuestos por la parte accionante,
considero necesario resaltar que en realidad se está acudiendo al mecanismo
constitucional como una tercera instancia, ya que en la decisión del juez
colegiado fueron expuestos los argumentos para confirmar parcialmente la
decisión proferida el 26 de febrero de 2021 por el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral de Villavicencio, evidenciándose de la solicitud de amparo
una inconformidad con las decisiones allí plasmadas”.
6.2. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio, pese a que
fueron notificados en debida forma del auto admisorio de la acción de tutela,
guardaron silencio.
7. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia de 4 de diciembre de 2023, negó las pretensiones de la acción de tutela,
luego de hacer un análisis a la decisión cuestionada.
Al respecto, consideró que la autoridad judicial accionada al momento de fijar la
indemnización a que tenía derecho la accionante realizó una valoración
argumentativa para explicar las razones por las que acogió el criterio de la Corte
Constitucional dispuesto en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015.
Sostuvo que “si bien la autoridad judicial accionada consideró dable aplicar los límites
indemnizatorios establecidos por la Corte Constitucional en las sentencias SU-556 de
2014 y SU-053 de 2015, ello no puede configurar una vía de hecho por desconocimiento
del precedente judicial, en atención a que en virtud de la autonomía e independencia para
adoptar las decisiones judiciales, podía acoger una de las posiciones válidas expuestas
por las altas Corporaciones y, en este caso, lo hizo frente a la decantada por el Tribunal
Constitucional”.
Señaló que la corporación no ha emitido pronunciamiento sobre la aplicación de la
jurisprudencia relacionada al personal de la fuerza pública, por lo que no es dable
imponer al Tribunal Administrativo del Meta el acatamiento o desconocimiento de
las decisiones de unificación en virtud de su autonomía, siempre que se cumpla la
carga argumentativa que sustente el motivo de la postura.
En ese orden, mencionó que en atención a que la autoridad judicial adoptó de
manera justificada el criterio de indemnización fijado por la Corte Constitucional,
se suplieron los respectivos criterios de suficiencia y transparencia que exige el
deber de motivar las decisiones judiciales, por lo que no advirtió la configuración
de una vía de hecho por desconocimiento del precedente judicial que vulnere las
garantías constitucionales de la actora.
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Por último, refirió que el Tribunal Administrativo del Meta no vulneró los derechos
fundamentales “por cuanto no se evidencia en su contenido, un análisis arbitrario,
infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que
constituya una vía de hecho por los defectos fáctico, que amerite la intervención del juez
de tutela”.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante, por intermedio de apoderada judicial, impugnó el fallo de primera
instancia y solicitó que se revocara, con sustento en las razones que continuación
se exponen:
Expuso que el caso reviste relevancia constitucional, a lo que agregó que en la
sentencia objeto de impugnación se indicó que la corporación no ha emitido
pronunciamiento sobre las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015,
pasando por alto que la misma sala de decisión profirió de manera reciente
sentencia en la que analizó los límites indemnizatorios para los miembros de la
fuerza pública en la que concluyó4 “resulta procedente, en materia de restablecimiento
del derecho, ordenar su reintegro y el consecuente pago de los salarios y prestaciones
dejados de recibir desde la fecha del retiro hasta el efectivo reintegro, y también se
ordenará que las sumas reconocidas sean indexadas, para que las cosas vuelvan a su
estado anterior”. Agregó que la decisión objetada desconoció el precedente
horizontal.
Reiteró la jurisprudencia relacionada en el escrito de tutela en relación con el
precedente horizontal y vertical. Agregó que la sentencia de segunda instancia
omitió pronunciarse “sobre la motivación de la defensa, cuando se dijo que el
TRIBUNAL DEL META, también en vulneración del derecho a la igualdad, la seguridad
jurídica de la demandante, se apartó del precedente HORIZONTAL, porque ese tribunal,
en el tema de la indemnización solo de 24 meses de salario de conformidad con las
sentencias de la corte constitucional antes citadas, y en esa ocasión el tribunal
administrativo del Huila sala sexta de decisión escritural magistrado JOSE MILLE LUGO
BARRRERO, en sentencia del día 28/10/2016 aprobado acta 0075 RADICADO No
4100133310052011-00005-01”.
Finalmente, indicó que la sentencia impugnada desconoce lo establecido en los
artículos 85 y 86 de la Constitución Política y, en ese sentido, solicitó revocar la
sentencia de primera instancia y tutelar los derechos fundamentales incoados.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
el fallo de tutela de 4 de diciembre de 2023, mediante el cual el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, negó las pretensiones de la acción de
amparo promovida por la actora debe confirmarse, o si, por el contrario, debe
revocarse, en tanto la sentencia 11 de mayo de 2023, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Meta modificó el restablecimiento del derecho dispuesto en la
4 Sentencia de 7 de abril de 2022. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 19001-23-33-000-2015-00437-01.
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sentencia de 26 de junio de 2021, incurrió en una indebida aplicación del
precedente judicial, al considerar que resultaba procedente aplicar los límites de
indemnización dispuestos en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015,
por tratarse del retiro del servicio de un miembro de la fuerza pública.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos5 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos6, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20127, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20148, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico10; (ii) Defecto procedimental absoluto11; (iii)
Defecto fáctico12; (iv) Defecto material o sustantivo13; (v) Error inducido14; (vi)
5 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
6 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
7 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
8 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
11 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
12 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
13 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
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Decisión sin motivación15; (vii) Desconocimiento del precedente16 y (viii) Violación
directa de la Constitución17.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo18 y de la Corte
Constitucional19.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado por sentencia de
4 de diciembre de 2023, negó las pretensiones de la acción de tutela, en tanto,
indicó, la providencia judicial dictada el 11 de mayo de 2023, por el Tribunal
Administrativo del Meta contra la cual se alega la vulneración, en lo relativo a los
topes indemnizatorios, adoptó de manera justificada el criterio de indemnización
fijado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de
2015, y consideró que en el asunto se suplieron los respectivos criterios de
suficiencia y transparencia que exige el deber de motivar las decisiones judiciales,
por lo que no advirtió la configuración de una vía de hecho por desconocimiento
del precedente judicial que vulnere las garantías constitucionales de la actora.
En el escrito de impugnación, el accionante insistió en que a diferencia de lo
manifestado en la decisión impugnada, la providencia judicial proferida el 11 de
mayo de 2023 incurrió en indebida aplicación del precedente judicial, por cuanto
aplicó las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, al fijar un límite en la
indemnización como restablecimiento del derecho, por lo que consideró que dicha
decisión desconoció el precedente horizontal.
4.2. De conformidad con las pruebas documentales allegadas al asunto y según
se logró extraer de las actuaciones judiciales, la señora Luceny Galindo Berrios
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se declarara la
nulidad de la Resolución No. 2159 del 12 de mayo de 2017, por medio de la cual
el director general de la Policía Nacional ordenó el retiro del servicio de la
demandante.
14 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
15 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
16 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
17 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
18 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
19 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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Demandante: Luceny Galindo Berrios
En primera instancia, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Villavicencio en sentencia de 11 de junio de 2019, accedió a las pretensiones de la
demanda y, en consecuencia, resolvió “ordenarse su reintegro sin solución de
continuidad y cancelarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante
todo el tiempo en que estuvo desvinculada del servicio, valores que habrán de ser
indexados”.
La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación, el cual desató el Tribunal
Administrativo del Meta en fallo de 11 de mayo de 2023, en el que modificó el
ordinal cuarto de la decisión apelada, en el sentido de condenar a la entidad
demandada a cancelar “la totalidad de los sueldos y prestaciones sociales dejados de
percibir desde el retiro hasta el momento en que la actora llegó a la edad de retiro forzoso,
o hasta el cumplimiento de los 24 meses contados desde la fecha de retiro, lo que haya
sido primero, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral,
público o privado, dependiente o independiente, haya percibido la demandante, sin que la
suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de
veinticuatro (24) meses de salario”. En lo demás, lo resuelto por el a quo fue
confirmado.
Dicha determinación tuvo por sustento las siguientes consideraciones:
“Como quiera que la demandante era una Patrullera de la POLICÍA NACIONAL
vinculada al régimen de carrera, la Sala continuará aplicando los límites
indemnizatorios fijados por la Corte Constitucional en las sentencias SU-556 de
2014 y SU-053 de 2015, esto es, ordenando el pago de la condena a cargo de la
demandada por las sumas equivalentes a los salarios y prestaciones dejados de
percibir por la demandante hasta el momento en que llegó a la edad de retiro
forzoso, o hasta el cumplimiento de 24 meses siguientes al retiro, lo que haya sido
primero, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral,
público o privado, dependiente o independiente, haya percibido la demandante, sin
que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda
exceder de veinticuatro (24) meses de salario”.
De lo anterior, se observa que el argumento del tribunal para aplicar los límites de
la indemnización derivados del retiro del servicio activo tuvo como fundamento que
la accionante pertenecía al régimen de carrera, por lo que consideró que
resultaban procedentes los parámetros fijados en las sentencias SU-556 de 2014
y SU-053-2015.
4.3. Respecto al monto indemnizatorio derivado del reintegro y devolución de
salarios y prestaciones dejadas de percibir como consecuencia de la nulidad de
un acto de retiro del servicio, la Corte Constitucional en sentencia SU-354 de
2017, analizó si el precedente constitucional era aplicable únicamente a las
personas vinculadas en provisionalidad, o se equipara a aquellos casos en que la
persona beneficiaria del restablecimiento del derecho ostentaba un cargo de
carrera administrativa luego de haber aprobado un concurso de méritos.
Al respecto, concluyó que “Ahora bien, en este caso no es procedente acoger la
subregla según la cual la indemnización a ser reconocida no puede ser inferior a los seis
meses que según la Ley 909 de 2004 es el término máximo de duración de la
provisionalidad, estableciéndose, a su vez, un límite superior a la suma indemnizatoria de
hasta veinticuatro meses, atribuible a la ruptura del nexo causal entre la ausencia de
ingresos o el nivel de los mismos y la desvinculación del servicio. Lo anterior, por cuanto
el cargo que desempeñaba (...), según lo concluyó el Consejo de Estado en la sentencia
que se ataca, era un verdadero cargo de carrera lo que hacía que su nombramiento
en provisionalidad fuera contrario a la Constitución, lo que impide aplicar una regla
como la señalada, establecida por la naturaleza propia de los cargos de
provisionalidad”. (negrillas por fuera del texto original).
Por lo que se entiende que la Corte Constitucional hizo una distinción entre la
aplicabilidad de los topes indemnizatorios en los casos en que se trata de una
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persona vinculada en provisionalidad, a quien le resultan procedentes y frente a
aquellos que fueron retirados del servicio y que ostentaban un empleo de carrera.
Frente a estos últimos, precisó que no le resultaba aplicable la regla
jurisprudencial por la naturaleza del cargo.
4.4. En relación con la aplicación del precedente jurisprudencial establecido en las
sentencias SU-556 de 2014 y SU-053-2015, esta Sala al analizar un caso similar20
consideró lo siguiente:
“La Sala advierte que la sentencia SU-354 de 2017 fijó la siguiente regla
jurisprudencial: el límite indemnizatorio de seis a veinticuatro meses no resulta
aplicable cuando la persona retirada del servicio ocupaba en propiedad un cargo
de carrera. Ese límite solo opera para los casos de retiro del servicio de empleados
con nombramiento en provisionalidad.
(…)
A partir de lo anterior, la Sala encuentra que el tribunal demandado desconoció la
regla fijada en la sentencia de unificación SU-354 de 2017, pues, a pesar de que el
demandante tiene un cargo de carrera especial, aplicó los límites de indemnización
previstos para los empleados que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad.
En efecto, según las pruebas del proceso ordinario, el señor (...) fue vinculado a la
Policía Nacional mediante Resolución No. 03252 del 25 de agosto de 2005 e
incorporado como patrullero el 1° de septiembre de 2005.
Por lo tanto, la vinculación del demandante se regula por el régimen especial de
carrera previsto en el Decreto 1791 de 2000, “Por el cual se modifican las normas
de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la
Policía Nacional”.
Justamente por lo anterior, no había lugar a aplicar los topes indemnizatorios
fijados en las sentencias de unificación SU-556 de 2014 y 053 de 2015 de la Corte
Constitucional, que versan sobre el tope a aplicar en los eventos de reintegro de
personas que ocupaban cargos en carrera administrativa en provisionalidad,
modalidad de vinculación que no existe en los regímenes especiales de la Fuerza
Pública.
La Sala no desconoce que, en principio, la sentencia SU-053 de 2015 extendió los
parámetros de indemnización que se habían fijado para los casos de empleados
nombrados en provisionalidad en cargos de carrera a los eventos en que se haya
ejercido de manera inadecuada —ausencia de motivación— el ejercicio de la
facultad discrecional en la Policía Nacional.
En atención a esas sentencias, la Sala21 había avalado la aplicación de los topes
indemnizatorios previstos en las sentencias de unificación SU-556 de 2014 y 053
de 2015 de la Corte Constitucional en los casos de retiro ilegal de los miembros de
la fuerza pública.
Sin embargo, la Sala no puede desconocer, primero, que la sentencia SU-354 de
2017 precisó que el límite de indemnización de seis a veinticuatro meses de salario
no puede aplicarse en casos de retiro ilegal de cargos de carrera, pues ese límite
se había establecido “por la naturaleza propia de los cargos de provisionalidad”,
naturaleza que difiere de los cargos de carrera. Y, segundo, que en los anteriores
casos analizados por la Sala no se había invocado la sentencia SU-354 de 2017 y,
por lo tanto, no se había tenido la oportunidad de analizar la incidencia de esa
sentencia en los casos de retiro ilegal de los miembros de la fuerza pública”.
20
Sentencia del 18 de mayo de 2023, expediente de tutela No. 11001-03-15-000-2023-01614-00. M.P Wilson
Ramos Girón. Reiterado en sentencia del 29 de febrero de 2024, expediente de tutela No. 11001-03-15-000-
2023-05030-01, M.P Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
21 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias (i) del 22 de marzo de 2018, Exp. 11001-03-15-000-2017-
01344- 01, (ii) del 27 de junio de 2018, Exp. 11001-03-15-000-2017-02094-01 y (iii) del 19 de mayo de 2022,
expediente 11001- 03-15-000-2022-01495-00.
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Al respecto, en reciente pronunciamiento la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado señaló que no es posible comparar el retiro de los miembros
de la Policía Nacional con los empleados vinculados en provisionalidad, como se
expone a continuación:
“(...) sin carga argumentativa alguna y sin fijar las reglas pertinentes, extendió los
denominados «topes indemnizatorios» para los servidores públicos provisionales a
los miembros de la fuerza pública, que fueran retirados del servicio activo en
ejercicio de la facultad discrecional, y de esta forma limitó su restablecimiento del
derecho.
Se insiste, no es dable equiparar el retiro discrecional de los miembros de la Policía
Nacional con la declaratoria de insubsistencia de los empleados vinculados en
provisionalidad, dadas las particularidades del primero, tales como: (i) el ingreso al
servicio de los policiales se produce después de superar un curso de formación
para tal fin, que incluye variadas pruebas para acreditar su idoneidad, lo cual se
relaciona más con un procedimiento meritocrático propio de los empleados de
carrera que, con una vinculación provisional; y (ii) los policiales se encuentran
sujetos a un régimen especial de carrera, ascenso y retiro del servicio.
En ese orden de ideas, acreditada la inexistencia de identidad entre el ingreso a la
carrera policial y la vinculación provisional de los empleados públicos, la falta de
justificación de la aplicación de la extensión de la limitación de la indemnización
mencionada en precedencia a los miembros de la institución policial; y lo inicuo del
argumento de pretender que el ciudadano le sea impuesta una carga consistente
en responder patrimonialmente a través de la disminución de las sumas derivadas
de una condena económica por cualquier dilación procesal en el trámite de su
contención que supere los 24 meses autorizados como «indemnización», por la
Corte Constitucional (tal como acertadamente lo plantea el salvamento de voto de
la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado de la sentencia de unificación pluricitada),
conduce inexorablemente a que la sentencia SU-053 de 2015 en este caso sea
inaplicable”22.
En ese orden de ideas, para la Sala es evidente que la autoridad judicial
accionada desconoció la regla jurisprudencial fijada en la sentencia SU-354 de
2017, sobre la imposibilidad de aplicar los límites indemnizatorios fijados en las
sentencias SU-556 de 2014 y SU-053-2015, cuando se trata del retiro del servicio
del personal que pertenece al régimen de carrera especial de la Policía Nacional,
como lo es el caso de la accionante.
Bajo ese contexto, la Sala evidencia que con el precedente judicial aplicado al
caso de la señora Luceny Galindo Berrios contenido en las sentencias SU-556 de
2014 y SU-053-2015, el Tribunal Administrativo del Meta vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, razón por la cual accederá a la
protección constitucional solicitada.
En consecuencia, la Sala revocará el fallo impugnado y, en su lugar, amparará los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la accionante, para
lo cual dejará sin efectos el ordinal segundo de la sentencia del 11 de mayo de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 50001-33-33-007-2017-00398-01, y
se le ordenará a dicha autoridad judicial que dentro de los veinte (20) días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una sentencia
complementaria en la que se tenga en cuenta las consideraciones precedentes, en
el sentido de modificar la forma en que fue reconocido el restablecimiento del
derecho.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de abril de 2022, Exp. 19001-23-33-
000-2015-00437-01 (1098-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE la sentencia de 4 de diciembre de 2023, proferida por la
Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado. En su lugar,
Segundo.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad de la señora Luceny Galindo Berrios, quien actúa por conducto de
apoderada judicial. En consecuencia, DÉJASE sin efectos el ordinal segundo de la
sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado No. 50001-33-33-007-2017-00398-01.
Tercero.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Meta que dentro de los veinte
(20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una sentencia
complementaria en la que se tenga en cuenta las consideraciones precedentes, en
el sentido de modificar la forma en que fue reconocido el restablecimiento del
derecho.
Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Sexto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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