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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00136-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00136-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia dictada el 12 de febrero de 2026, por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró la improcedencia de la presente acción de tutela. En su lugar se dispone: 2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad del señor Miguel Ángel Garzón Vega, por las razones expuestas en esta providencia. 3. Dejar sin efectos el numeral cuarto de la sentencia de 19 de junio de 2025 cuestionada, en cuanto limitó la indemnización a 24 meses de salarios y prestaciones. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicado: 11001-03-15-000-2026-00136-01 Demandante: Miguel Ángel Garzón Vega 4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que, en los 20 días siguientes a la notificación de la presente providencia, dicte sentencia complementaria en la que atienda las consideraciones aquí expuestas en la relación con la orden indemnizatoria. 5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00136-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

30 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00136-01
Demandante: Miguel Ángel Garzón Vega

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 30 de abril de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00136-01
Demandante: MIGUEL ÁNGEL GARZÓN VEGA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Tema: Acción de tutela contra sentencia que aplicó el límite de
indemnización contemplado en la jurisprudencia en materia de
reintegro de miembros de la Fuerza Pública. Revoca y ampara

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia del 12
de febrero de 2026, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 13 de enero de 20261, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Miguel Ángel Garzón Vega pidió la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la «reparación justa»

A juicio del demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de la sentencia del 19 de junio de 2025, con la que el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander revocó la decisión apelada que había negado las pretensiones de la
demanda, accedió a lo solicitado por el demandante, pero limitó el restablecimiento del
derecho conforme a lo dispuesto en la sentencia SU-053 de 2015 de la Corte
Constitucional en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 54001-33-33-005-
2015-00403-01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

10°PETICIÓN: Se TUTELEN mis fundamentales derechos ya mencionados y se ORDENE al Honorable
Tribunal Administrativo de Norte de Santander que al proferir nueva sentencia sobre los límites
indemnizatorios NO me los imponga teniendo en cuenta que no fui retirado por facultad discrecional, ni
hice parte de la Policía Nacional, procediendo al pago completo de mis salarios, primas y demás

1 Índice 2 de Samai, bajo el radicado 05001-23-33-000-2026-00136-00. En el archivo “5ED_CorreoElectronico(.pdf)

NroActua 2”, consta que la tutela fue radicada el 13 de enero de 2026, pese a que el sistema SAMAI registra como
fecha de reparto y radicación el 15 de enero del mismo año

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Demandante: Miguel Ángel Garzón Vega

emolumentos desde el retiro de la fuerza (24 de septiembre de 2014), hasta cuando sea efectivamente
reintegrado.

3. Hechos

Del expediente la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa

El señor Miguel Ángel Garzón Vega estuvo vinculado al Ejército Nacional, donde fue
ascendido hasta el grado de soldado profesional, del cual fue retirado mediante orden
administrativa de personal 2076 del 24 de septiembre de 2014, emitida por el jefe de
Desarrollo Humano y el director de Personal del Ejército, que dispuso su retiro del servicio
por disminución de la capacidad psicofísica, conforme a lo dispuesto en los artículos 10
al 14 del Decreto Ley 1793 de 2000.

La decisión de retiro del servicio se soportó en el dictamen emitido por el Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía, consignado en el Acta 6638 del 18 de junio de
2014, donde se le determinó una pérdida de capacidad laboral del 12.5% y se recomendó
no proceder con su reubicación.

3.2. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

El 28 de julio de 2015, el accionante ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la orden administrativa de personal nro. 2076 del 24
de septiembre de 2014, con el fin de obtener su reintegro al servicio activo del Ejército
Nacional.

El proceso se adelantó con el número de radicación 54001-33-33-005-2015-00403-00 y
correspondió al Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cúcuta que, mediante sentencia
del 13 de mayo de 2020, denegó las súplicas de la demanda, porque no se probó la falta
de competencia de quien lo suscribió, la falsa motivación, ni la desviación de poder.

Inconforme, el demandante apeló y alegó que no se analizaron todos los cargos de la
demanda e insistió en la configuración de expedición irregular por falta de competencia y
en la falsa motivación.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante providencia del 19 de junio
de 2025,2 revocó lo decidido por el a quo, y, en su lugar, accedió a las pretensiones. En
consecuencia, ordenó el reintegro del actor sin solución de continuidad y condenó a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional al pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir hasta la sentencia, «sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses
de salario», en atención a lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en
la sentencia SU-553 de 2015 que extendió los efectos de los topes indemnizatorios del
fallo SU-556 de 2014 a los miembros de la fuerza pública.

2 Notificada por correo electrónico el 3 de julio de 2025

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Demandante: Miguel Ángel Garzón Vega

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte demandante adujo que la tutela cumple las exigencias generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y el auto censurado incurrió en
el siguiente vicio:

Defecto sustantivo, comoquiera que la autoridad judicial demandada interpretó
irregularmente las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, ordenando pagar
equivocadamente solo24 meses de salario como límite máximo indemnizatorio.

Desconocimiento del precedente, por cuanto en providencia del 23 de mayo de 2023
con radicado 11001-03-15-000-2023-01614-00, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
en sede de tutela amparó los derechos fundamentales de un caso similar al suyo, porque
en la decisión que allí se cuestionó se aplicaron los límites de la indemnización de los
empleados que ocupan cargos en provisionalidad a un funcionario de carrera.

Transcribió la citada providencia, en la cual se señaló que con la expedición de la
sentencia SU-354 de 2017, se indicó que las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de
2015 se aplican únicamente en el caso de personas vinculadas en provisionalidad, mas
no en el caso de los empleados pertenecientes a regímenes especiales de carrera como
el de la fuerza pública.

Alegó que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la sentencia de 6 de
agosto de 2025, proferida dentro del expediente 54001-33-33-002-2015-00111-01, caso
con identidad fáctica y jurídica al suyo, confirmó el reintegro del demandante y dispuso el
pago completo de los salarios y prestaciones dejados de percibir, sin límites
indemnizatorios, hasta el reintegro.

Aunque no lo manifiesta expresamente, se advierte que alega una Violación directa de
la Constitución, pues considera que se transgredió el derecho a la igualdad del
accionante, frente a casos de identidad fáctica y jurídica al suyo, donde se accedió a
conceder el pago de salarios y prestaciones sin limitación alguna y con una interpretación
diferente de lo dispuesto en las sentencias de unificación de la Corte Constitucional sobre
la materia.

Para sustentar lo anterior, señaló que el 8 de agosto de 2014 (un mes antes de su
desvinculación), fue retirado por disminución de la capacidad psicofísica su compañero
José Encarnación Ramos Díaz, quien también tenía la calidad de Soldado Profesional y
demandó en nulidad y restablecimiento del derecho en el proceso
54001333300220150011101.

Alegó que también en una sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado
proferida el 12 de junio de 2025, proferida en un caso análogo al suyo, se expuso que no
existe un criterio unificado en materia del tope de la indemnización en casos como el
presente, y se concluyó que “los topes indemnizatorios invocados por el apoderado de la parte
demandada en su recurso de apelación no son aplicables al caso en concreto, dado que se trata
de un miembro de la Fuerza Pública desvinculado por una causal objetiva como la disminución
de la capacidad laboral”.

Informó que también en un caso análogo, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander profirió sentencia de 6 de agosto de 20253 en la que accedió a las pretensiones

3 Radicación 54001333300220150011101

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Demandante: Miguel Ángel Garzón Vega

de la demanda sin imponer limitación alguna en el pago de salarios y prestaciones, pues
en estos casos no resultaba aplicable la sentencia SU 556 de 2014.

5. Intervención

El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cúcuta informó el trámite dado al proceso en
primera instancia y señaló que, mediante auto de 7 de julio de 2025, obedeció la orden
dictada por el ad quem.

El Ministerio de Defensa, por intermedio de apoderada, solicitó que se declarara
improcedente el mecanismo de amparo por ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados e indicó que, contrario a lo que sostiene el tutelante, se aplicó la
tesis jurisprudencial vigente.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio del magistrado ponente
de la decisión cuestionada, pidió que se denegaran las pretensiones. Al respecto, precisó
que no incurrió en la violación iusfundamental que alude el tutelante, toda vez que la
sentencia reprochada se ajustó a derecho.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, guardó silencio pese a haber sido
debidamente notificada.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado - Sección Quinta, mediante sentencia del 12 de febrero de 2026,
declaró la improcedencia de la acción, al estimar que la parte tutelante centró la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales en la configuración de los defectos
sustantivo y de desconocimiento del precedente por indebida aplicación de los topes
indemnizatorios dispuestos en la sentencia SU-556 de 2014 de la Corte Constitucional,
los cuales, desde su perspectiva, no rigen en casos de retiro por disminución psicofísica,
debate que carece de relevancia constitucional en la medida en que el estudio que
plantea es netamente legal y denota su inconformidad con la tesis aplicada por el tribunal.

Consideró que, si bien el accionante relacionó en su escrito de tutela una sentencia del
mismo tribunal, se limitó a indicar que se trataba de un caso igual al suyo sin justificar de
forma suficiente y razonada por qué los casos debían tener igual tratamiento, es decir,
sin la carga argumentativa requerida para estudiar el cargo.

Resaltó que el mismo accionante trajo a colación una sentencia de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, de la que destacó precisamente que “no existe un criterio unificado
frente a la aplicación a los casos de retiro de miembros de la Fuerza Pública“, lo que evidencia
la formulación de una inconformidad con que el tribunal haya extendido los efectos de la
decisión de la Corte Constitucional que dispuso topes indemnizatorios en casos de
reintegro de miembros de la fuerza pública, aun cuando reconoce en su escrito de tutela
la existencia de criterios divergentes.

Concluyó que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez
constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces naturales de la causa.
Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos de raigambre
constitucional esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela, toda vez que, si se
analizaran todos los reparos por decisiones judiciales desfavorables, sin el contraste de

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un indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el
principio de autonomía judicial.

7. Impugnación

El demandante impugnó el fallo de primera instancia, con el argumento de que en el
presente caso sí se formuló y está demostrada la violación al derecho a la igualdad, pues
su caso se equipara a uno idéntico de retiro de soldado profesional a quien sí se le accedió
al pago de los salarios y prestaciones sin limitación alguna.

Reiteró en su totalidad los argumentos expuestos en la demanda de tutela e insistió en que
con la tutela se alegó que en casos de idénticos contornos al suyo, sí se ha accedido al
pago total de la indemnización por reintegro, escenarios en los que se ha explicado que la
jurisprudencia de unificación de la Corte sobre la materia no es aplicable a los miembros
de la Fuerza pública debido a que tienen un régimen de carrera especial y, además, no se
puede aplicar a casos de retiro por la causal de disminución de la capacidad psicofísica,
pues tal situación administrativa no fue objeto de pronunciamiento en la jurisprudencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado - Sección Quinta, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.

La Sala anticipa que revocará el fallo impugnado para amparar el derecho fundamental a
la igualdad del accionante, toda vez que el tribunal demandado desconoció la siguiente
regla de interpretación fijada en la sentencia SU- 354 de 2017: el límite indemnizatorio de
seis a veinticuatro meses de salario no resulta aplicable cuando la persona retirada del
servicio ocupaba en propiedad un cargo de carrera, por cuanto ese límite se había
establecido “por la naturaleza propia de los cargos de provisionalidad”.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por otro lado, los requisitos específicos5
o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado
los requisitos generales.

4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que, de
demostrarse el defecto invocado por el accionante, se afectarían las garantías superiores
señaladas en el escrito de tutela, tales como una indebida interpretación y aplicación del
precedente unificado de la Corte Constitucional que conllevó una posible vulneración del
derecho a la igualdad de un sujeto de especial protección constitucional, dado que el
accionante fue calificado con una disminución de su capacidad laboral, afectación de
prerrogativas constitucionales que amerita la intervención del juez constitucional.

Asimismo, se constata que la discusión planteada por la tutelante es constitucional y no
netamente legal o económica, comoquiera que concierne a la presunta afectación de
garantías superiores de las que son titulares los uniformados que son retirados del
servicio por haber perdido su capacidad total para prestar sus labores y su
correspondiente indemnización cuando se acredita la ilegalidad de esa desvinculación.

De igual manera, se advierte que el accionante no pudo controvertir las razones de
limitación de su derecho, pues, aunque el fallo de segunda instancia revocó el fallo que
negó las pretensiones y accedió a las pretensiones, estableció un tope a la
indemnización concedida, que no pudo ser discutido en ninguna de las instancias del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

La tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con la
verificación del expediente 54001-33-33-005-2015-00403-01, el correo electrónico con el
que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 3 de julio de 2025, por lo que
se entiende notificada el 10 de julio de 2025, de conformidad con el numeral 2 del artículo
2056 del CPACA. En consecuencia, el accionante contaba con el término de 6 meses
jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para formular la acción de
tutela contra providencias judiciales, el cual se cumplió el 10 de enero de 2026, momento
en que se encontraba activa la vacancia judicial, la cual terminó el 13 de enero de 2026.

Así las cosas, como la tutela fue presentada el 13 de enero de 2026, mismo día en que
se reactivó el servicio en la rama judicial, se entiende que la tutela se presentó en el
plazo prudencial antes referido.

Asimismo, se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que
contra la sentencia cuestionada no procedía recurso por proferirse en segunda instancia.
Además, los cargos tampoco comportan alguna de las causales de procedibilidad del
recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA o del de
unificación de jurisprudencia. Tampoco se evidencia que concurran las causales de
procedencia del recurso de unificación de jurisprudencia.

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generaban la amenaza o vulneración de sus garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales

6«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío

del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».

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invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la tutelante ataca una
providencia emitida en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Análisis del caso concreto

El accionante considera que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió en
defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución,
por cuanto aplicó en debida forma los parámetros establecidos en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional en materia de limitación del pago de indemnización en caso de
reintegros de servidores de la fuerza pública, y se apartó de pronunciamientos de la
misma jerarquía en los que, en casos análogos al suyo, se concedió el restablecimiento
del derecho sin ningún límite de esta índole.

En consecuencia, los defectos serán analizados en forma conjunta por la Sala,
comoquiera que se dirigen a demostrar la aplicación indebida de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional al caso particular del demandante y los efectos adversos que esto
conllevó.

Para abordar el análisis del caso, debe tenerse en cuenta que en la sentencia
cuestionada se accedió a las pretensiones por considerar que el retiro del servicio por
disminución de la capacidad psicofísica del señor Miguel Ángel Garzón Vega fue ilegal,
aspecto que no se debate en esta sede constitucional. La controversia gira en torno a
que, al momento de dar la orden de restablecimiento del derecho, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander ordenó cancelar a favor del accionante a título
indemnizatorio, “el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el
momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto
laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a
pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24)
meses de salario”.

Para justificar la anterior decisión en la parte motiva de la sentencia cuestionada, el
Tribunal señaló:

Finalmente, atendiendo lo dispuesto en la sentencia de unificación SU-553 de 2015, por medio de la
cual la Corte Constitucional, respecto de lo que se debe reconocer a título de indemnización, extendió
para los miembros de la Policía Nacional los efectos de la sentencia SU-556 de 2014, proferida el
24 de julio de 2014, con ponencia del Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la que señaló
puntualmente el Alto Tribunal lo siguiente:

“Conforme con lo expuesto, las órdenes que se deben adoptar en los casos de retiro sin
motivación de las personas vinculadas en provisionalidad en un cargo de carrera, son: (i) el
reintegro del servidor público a su empleo, siempre y cuando el cargo que venía ocupando
antes de la desvinculación no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido
o el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso; y, (ii) a título indemnizatorio, pagar el
equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia,
descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado,
dependiente o independiente, haya recibido la persona, sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de
salario.”

Específicamente, en la sentencia SU 553 de 2015, la Corte señaló:

“Asuntos relacionados con la motivación de los actos de retiro de los miembros de la Policía

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Nacional en uso de la facultad discrecional.
Devolución de los asuntos para nuevo fallo por parte del juez natural
(…)

En consecuencia, la Sala Plena ordenará a los jueces contencioso administrativos proferir un
nuevo fallo en el que se tenga en cuenta las consideraciones de esta providencia referentes
al estándar de motivación de los actos de retiro de los miembros de la Policía Nacional en uso
de la facultad discrecional, y las consecuencias que esto produce, es decir, la valoración
respecto a la procedencia del reintegro de una parte, y la orden de pago de una indemnización
por otra parte, la cual correspondería a los períodos indicados en la Sentencia SU-556 de
2014.”

Así pues, es posible señalar que, en el presente asunto, resultan aplicables los parámetros fijados
por el Máximo Tribunal Constitucional en la sentencia de unificación SU-556 de 2014, en la medida
en que el accionante pertenece a la Fuerza Pública.

La Sala no desconoce que, en principio y tal como lo señaló el tribunal accionado, la
sentencia SU-053 de 2015 extendió los parámetros de indemnización que se habían
fijado para los casos de empleados nombrados en provisionalidad en cargos de carrera
a los eventos en que se haya ejercido de manera inadecuada —ausencia de motivación—
el ejercicio de la facultad discrecional en la Policía Nacional.

En atención a esas sentencias, la Sala7 había avalado la aplicación de los topes
indemnizatorios previstos en las sentencias de unificación SU-556 de 2014 y 053 de 2015
de la Corte Constitucional en los casos de retiro ilegal de los miembros de la fuerza
pública.

No obstante, en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional se ocupó de, entre
otras cosas, determinar si los límites de indemnización fijados en las sentencias SU-556
de 2014 y SU-053 de 2015 se aplican únicamente en el caso de personas vinculadas en
provisionalidad o si también pueden aplicarse a personas que ostentan un cargo de
carrera administrativa en propiedad.

La Corte Constitucional, luego de referirse al restablecimiento del derecho como
consecuencia de la nulidad de un acto de retiro, al principio de estabilidad reforzada y a
la carrera administrativa, concluyó que una persona desvinculada ilegalmente tiene
derecho a ser reintegrada al cargo que ocupaba o a uno de superior jerarquía y a recibir
como restablecimiento del derecho los salarios y prestaciones dejados de percibir.

En cuanto a la devolución de los salarios y prestaciones dejados de percibir, la Corte
Constitucional determinó que para el caso de las personas que fueron desvinculadas
ilegalmente de un cargo de carrera que ocupaban en provisionalidad corresponde: i) a lo
efectivamente dejado de percibir, “por lo que se debe descontar todo lo que durante el
periodo de desvinculación haya percibido como retribución por su trabajo, bien sea que
provenga de fuente pública o privada, como dependiente o independiente”, y ii) a la
reparación del daño que se presentó cuando, de manera injusta, se frustró la expectativa
de estabilidad relativa en el cargo, esto es, que la indemnización a ser reconocida no
puede ser inferior a los seis meses que según la Ley 909 de 2004 es el término máximo
de duración de la provisionalidad ni superior a 24 meses.

Ahora, en los eventos en que se declara nulo el acto de retiro de una persona que
ocupaba un cargo de carrera en propiedad, en lo que tiene que ver con la devolución de

7 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias (i) del 22 de marzo de 2018, Exp. 11001-03-15-000-2017-01344-01,

(ii) del 27 de junio de 2018, Exp. 11001-03-15-000-2017-02094-01 y (iii) del 19 de mayo de 2022, expediente 11001-
03-15-000-2022-01495-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00136-01
Demandante: Miguel Ángel Garzón Vega

salarios y prestaciones dejados de percibir, la Corte explicó que la “ esencia del
restablecimiento del derecho es retrotraer las cosas a su estado inicial, luego de hacer cesar los
efectos jurídicos del acto administrativo que lesionó los derechos del ciudadano. Es por esa razón
que ese tipo de condenas están dirigidas a reintegrar al funcionario al cargo que venía
desempeñando y al pago de los salarios y las prestaciones dejados de percibir, creando una
ficción jurídica de que aquel nunca fue retirado del servicio”.

Igualmente, precisó que “para el caso de los cargos en carrera el restablecimiento del derecho
también debe ser respecto de lo efectivamente dejado de percibir, es decir, cuando existe una
verdadera imposibilidad de generar un ingreso como retribución por el trabajo, porque de lo
contrario, se estaría permitiendo que la persona reciba dos montos salariales y prestacionales
durante un mismo periodo”. Pero en cuanto a la reparación del daño causado con ocasión
del retiro injustificado del cargo que se venía desempeñando en propiedad, concluyó que
no podía acogerse la regla de límite temporal de indemnización previsto para los casos
de provisionalidad. En lo pertinente, la Corte Constitucional explicó :

(...) en este caso no es procedente acoger la subregla según la cual la indemnización a ser
reconocida no puede ser inferior a los seis meses que según la Ley 909 de 2004 es el término
máximo de duración de la provisionalidad, estableciéndose, a su vez, un límite superior a la suma
indemnizatoria de hasta veinticuatro meses, atribuible a la ruptura del nexo causal entre la ausencia
de ingresos o el nivel de los mismos y la desvinculación del servicio. Lo anterior, por cuanto el cargo
que desempeñaba (…) era un verdadero cargo de carrera, lo que hacía que su nombramiento en
provisionalidad fuera contrario a la Constitución, lo que impide aplicar una regla como la señalada,
establecida por la naturaleza propia de los cargos de provisionalidad .

A partir de lo anterior, la Sala advierte que la sentencia SU-354 de 2017 fijó la siguiente
regla jurisprudencial: el límite indemnizatorio de seis a veinticuatro meses no resulta
aplicable cuando la persona retirada del servicio ocupaba en propiedad un cargo de
carrera. Ese límite solo opera para los casos de retiro del servicio de empleados con
nombramiento en provisionalidad.

En consecuencia, la Sala no puede desconocer que la sentencia SU-354 de 2017 precisó
que el límite de indemnización de seis a veinticuatro meses de salario no puede aplicarse
en casos de retiro ilegal de cargos de carrera, pues ese límite se había establecido “por
la naturaleza propia de los cargos de provisionalidad”.

Además, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B8, (sección especializada
en asuntos de derecho laboral administrativo) ha determinado que no es posible
equiparar el retiro de los miembros de la Policía Nacional con los empleados vinculados
en provisionalidad porque “(i) el ingreso al servicio de los policiales se produce después de
superar un curso de formación para tal fin, que incluye variadas pruebas para acreditar su
idoneidad, lo cual se relaciona más con un procedimiento meritocrático propio de los empleados
de carrera que, con una vinculación provisional; y (ii) los policiales se encuentran sujetos a un
régimen especial de carrera, ascenso y retiro del servicio”.

Asimismo, tal como lo señala el accionante, existe jurisprudencia reciente de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la que se ha señalado que cuando el retiro de un
uniformado se produce por disminución de la capacidad, no resultan aplicables los límites
a la indemnización señalados en las sentencias 556 de 2014 y 053 de 2015. En efecto,
en la sentencia que el actor alega como desconocida, esta Corporación señaló:

En torno a dicha inconformidad, se tiene que esta Sala de Subsección en reciente providencia de 24
de mayo de 2024, en punto a las directrices de la mentada sentencia SU 556 de 2014, acogió el

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de abril de 2022, Exp. 19001-23-33-000-

2015-00437-01 (1098-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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criterio de que la misma no resulta aplicable, dado que contempla un supuesto fáctico que se refiere
solo a los empleados públicos que hubiesen sido nombrados en provisionalidad, no a aquéllos
servidores que pertenezcan al régimen de carrera especial, como el actor, criterio que se reitera para
el caso concreto.

Ahora, si bien con la sentencia SU-053 de 2015 de la Corte Constitucional se extendieron los efectos
de dicha sentencia a los casos de retiro del servicio de miembros de la Policía Nacional, ello aplica
en los casos en que no existe una motivación objetiva de dicho retiro, en atención a la facultad
discrecional; lo cual no se acompasa con el expediente de la referencia.

En el presente caso, no se discute que, según las pruebas del proceso ordinario, el señor
Miguel Ángel Garzón Vega fue incorporado al Ejército Nacional como Soldado profesional
desde el 1° de mayo de 2010. Por lo tanto, la vinculación del demandante se regula por
el régimen especial de carrera previsto en el Decreto 1793 de 2000, “Por el cual se expide el
Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares”.

Justamente por lo anterior, no había lugar a aplicar los topes indemnizatorios fijados en
las sentencias de unificación SU-556 de 2014 y 053 de 2015 de la Corte Constitucional,
que versan sobre el tope a aplicar en los eventos de reintegro de personas que ocupaban
cargos en carrera administrativa en provisionalidad, modalidad de vinculación que no
existe en los regímenes especiales de la Fuerza Pública.

En consecuencia, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
desconoció la regla de interpretación fijada por la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación SU-354 de 2017 sobre la indemnización a reconocer en los casos de retiro del
servicio de personas con nombramiento en carrera, así se trate de regímenes especiales
de carrera, y afectó el derecho a la igualdad del señor Garzón Vega. Asimismo, se
abstuvo de pronunciarse sobre la jurisprudencia de la sección segunda del Consejo de
Estado que ya había señalado que, en materia de retiros del servicio de empleados de
carrera, no era posible aplicar la regla señalada por la Corte Constitucional de límite de
la indemnización.

Finalmente, no es posible analizar el desconocimiento de la sentencia de 6 de agosto de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, pues se trata de un
pronunciamiento posterior al aquí controvertido.

Por lo anterior, la Sala concederá el amparo solicitado y en la parte resolutiva se
dispondrán las órdenes correspondientes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Revocar la sentencia dictada el 12 de febrero de 2026, por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, que declaró la improcedencia de la presente acción de tutela. En su lugar
se dispone:

2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad del señor Miguel
Ángel Garzón Vega, por las razones expuestas en esta providencia.

3. Dejar sin efectos el numeral cuarto de la sentencia de 19 de junio de 2025
cuestionada, en cuanto limitó la indemnización a 24 meses de salarios y prestaciones.

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4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que, en los 20 días
siguientes a la notificación de la presente providencia, dicte sentencia complementaria
en la que atienda las consideraciones aquí expuestas en la relación con la orden
indemnizatoria.

5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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