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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02094-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
27 de junio de 2018
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02094-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2017 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, dentro de la acción de tutela promovida por el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, por las razones expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2017-02094-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

27 de junio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / PRECEDENTE APLICABLE - Criterio jurisprudencial vigente al momento de proferirse la sentencia cuestionada / LÍMITE INDEMNIZATORIO POR RETIRO DEL CARGO DE MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA - Aplicación sin distinción de causal de retiro / RETIRO POR DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD PSICOFÍSICA

[L]a sentencia SU-053 del 2015 dispuso que, cuando se evidencie la falta de motivación en los actos de retiro de miembros de la Fuerza Pública, particularmente de la Policía Nacional, el funcionario judicial debe remitirse a la sentencia SU-556 de 2014, para fijar los límites de la indemnización a reconocer en el proceso judicial, aspecto que la Corte Constitucional fundamenta en el principio de igualdad que, estima, debe primar entre los servidores públicos. Este precedente resulta aplicable al caso concreto pues fue publicado en la Relatoría de la Corte Constitucional el 10 de abril de 2015, de tal manera que a partir del día siguiente, esto es, del 11 de abril de 2015, era conocido por la comunidad jurídica en general el contenido de la decisión y, por tanto, a partir de esa fecha, constituía precedente jurisprudencial de obligatorio acatamiento. Por otro lado, esta Sala considera que aun cuando en la sentencia SU-053 de 2015, se estudian varios casos en los que se declaró la nulidad de actos de retiro efectuados en uso de la facultad discrecional (…) siendo esta una causal de retiro distinta a la que se aplicó a la señora [M.A.O.G.] pues su desvinculación obedeció a la disminución de la capacidad psicofísica (….) el precedente constitucional invocado señala las pautas para indemnizar a los ex miembros de la Policía Nacional, independientemente del motivo que produjo el retiro (…) teniendo en cuenta que de acuerdo con la interpretación que se ha dado por esta Corporación (…) la subregla de derecho que allí se establece se extiende, sin distinción alguna, a los casos en los que se declara la nulidad del acto administrativo de retiro de los miembros de la Policía Nacional, por lo que la causal que motivó el retiro no tiene una incidencia directa en la aplicación de la misma (…) se resalta que la señora [M.A.O.G.] sufrió una disminución de la capacidad psicofísica equivalente al 22%, de acuerdo con la calificación efectuado por la Junta de Calificación de Invalidez, Regional Caldas, en el acta de 4 de diciembre de 2012 , de modo que no estaba impedida para buscar otra actividad laboral y por tanto persistía la obligación de proveer su propio sostenimiento.

RECONOCIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES - Solicitud constituye un hecho nuevo que no fue objeto de pronunciamiento en el proceso ordinario / IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL - Posibilidad de iniciar acciones para su reconocimiento en cualquier tiempo

[F]rente al reparo expresado por impugnante, relacionado con los aportes al sistema de pensiones durante el tiempo en el que estuvo retirada de la institución, se advierte que dicho planteamiento no fue objeto de pronunciamiento durante el trámite judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, aun cuando allí se declaró que no existía solución de continuidad para todos los efectos, en el lapso comprendido entre el retiro y el reintegro. Por esta razón, el reconocimiento de estos tiempos para la asignación de retiro, deberá discutirse en sede administrativa y de ser necesario ante la jurisdicción contencioso administrativa (…) En este orden de ideas, como quiera que los aportes a pensiones se consideran imprescriptibles (…) la señora [M.A.O.G.] está habilitada para iniciar las acciones administrativas y judiciales necesarias para acceder a dicho reconocimiento en cualquier tiempo.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 48 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 53 / DECRETO 1791 DE 2000 - ARTÍCULO 55 - NUMERAL 6

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02094-01(AC)

Actor: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICÍA NACIONAL, SECRETARÍA GENERAL

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la señora María Amparo Ortiz Gómez, mediante apoderado judicial, contra la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2017, por la Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación, que resolvió lo siguiente:

“1. AMPÁRANSE los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. En consecuencia,

2. DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia de 9 de junio de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas. ORDÉNASE a dicha autoridad judicial, expedir una providencia de remplazo, en la que tenga en cuenta las pautas jurisprudenciales y normativas a las que se ha hecho referencia en la parte motiva de esta decisión”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Del expediente, se tienen como hechos relevantes los siguientes:

La Intendente María Amparo Ortiz Gómez instauró acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Policía Nacional (rad. Nº 1700133330032013016700), a fin de obtener la anulación de la Resolución Nº 03990 de 26 de octubre de 2012, que ordenó su retiro del servicio activo de la entidad por disminución de la capacidad sicofísica.

Dicho trámite judicial fue resuelto en primera instancia en sentencia de 12 de agosto de 2015, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, en la que declaró la nulidad del acto administrativo acusado y ordenó, a título de restablecimiento del derecho, su reintegro y condenó a la Policía Nacional al pago de los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde el momento de su retiro hasta que se hiciera efectivo el reintegro.

Inconforme con la anterior decisión, la Policía Nacional interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 9 de junio de 2017, en la que confirmó lo resuelto por el a quo.

2. Fundamentos de la acción

La parte accionante invocó como transgredidos los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, así como la garantía de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

Expresó que con las sentencias objeto de tutela, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas desconocieron el precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-053 de 2015, mediante la cual se hicieron extensivos a los miembros de la Fuerza Pública los topes indemnizatorios previstos en la sentencia SU-556 de 2014, en los siguientes términos:

“a título indemnizatorio, sólo se debe pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario”.

En su sentir, las decisiones demandadas van en contravía de los criterios jurisprudenciales sobre el asunto, pues la indemnización ordenada afecta ostensiblemente las finanzas del Estado colombiano.

Aseguró que el recurso extraordinario de revisión se torna improcedente para resolver los defectos que se alegan, en razón a que no son considerados como causal de revisión. En ese sentido, afirmó que no existe otro medio de defensa judicial para hacer cesar la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Adicionalmente, señaló que se cumplió con el requisito de la inmediatez comoquiera que la sentencia acusada fue proferida el 9 de junio de 2017 y notificada el 13 de junio del mismo año.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela, la parte accionante solicitó:

“PRIMERA: Que se declare que la Sentencia de Primera Instancia de fecha 12 de agosto de 2015, proferida por [el] JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES y Sentencia de Segunda Instancia de fecha 09 de Junio de 2016 del Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS – Magistrado Ponente: Dr. AUGUSTO MORALES VALENCIA, demandante IT. MARIA AMPARO ORTIZ GOMEZ, Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, violó el derecho a la igualdad y al Debido Proceso, de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de Tutela solicitado por la Policía Nacional, se DEJEN SIN EFECTOS las sentencias citadas, y se ordene al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES y Sentencia de Segunda INSTANCIA 09 de Junio de 2017 del Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS – Magistrado Ponente: Dr. AUGUSTO MORALES VALENCIA, demandante SI. JORGE EDUARDO MARULANDA MONTES (sic) dentro del término razonable que se considere, dictar la sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los argumentos jurídicos expuestos en la presente acción y observando el precedente vertical fijado por la Honorable Corte Constitucional y Honorable Consejo de Estado en las sentencias cuyo desconocimiento se invocó”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente los siguientes documentos:

Copia de la sentencia de 12 de agosto de 2015, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales.
Copia de la sentencia de 9 de junio de 2017, emanada del Tribunal Administrativo de Caldas.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Caldas

En memorial allegado el 1 de septiembre de 2017, el Magistrado Ponente Augusto Morales Valencia aseguró que la sentencia de segunda instancia se ajustó a las normas constitucionales y legales.

Frente al argumento de la entidad accionante, según el cual se desconoció la sentencia de unificación SU-556 de 2014, proferida por la Corte Constitucional referente a los topes indemnizatorios, señaló que dichos cargos “no fueron puestos de presente en el recurso de apelación, ni tampoco en el trámite de segunda instancia, dado lo cual la acción de tutela no puede tener la vocación de convertirse en una tercera instancia y versar sobre argumentos que no fueron expuestos en oportunidad dentro del proceso ordinario”.

Manifestó que la entidad demandante omitió señalar que la funcionaria reintegrada estaba en provisionalidad o en carrera administrativa, a pesar de que en la sentencia de segunda instancia no se menciona que la demandante hubiere estado en provisionalidad, lo que, en su sentir, permite deducir que se encontraba en propiedad en el cargo, por lo que no sería aplicable el referente jurisprudencial supuestamente desconocido.

Finalmente, advirtió que no se encuentra superado el requisito de inmediatez en la tutela, comoquiera que la parte accionante hizo uso de la herramienta constitucional más de dos meses después de conocer la decisión judicial atacada.

5.2. Respuesta de la señora María Amparo Ortiz Gómez

En escrito presentado el 7 de septiembre de 2017, mediante apoderado judicial, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela al considerar que no es el medio idóneo para cuestionar o impugnar la cuantía de la condena.

Aseguró que la entidad accionante no manifestó en el recurso de apelación los motivos de inconformidad respecto de la condena impuesta en la sentencia de primera instancia, precluyendo en aquel momento la oportunidad procesal para censurar la sentencia por este motivo específico. De igual manera, señaló que la entidad demandante no ejerció el recurso extraordinario de revisión ni de unificación de la jurisprudencia para alegar la inconformidad frente a las decisiones cuestionadas, por lo que considera que no se agotaron todos los medios judiciales que disponía para controvertirlas.

Aseveró que se encuentra en condición de discapacidad permanente, circunstancia, que, en su sentir, permite deducir que en el trascurso del proceso ordinario no devengó ningún ingreso o emolumento de carácter público o privado.

Aseguró que las decisiones judiciales demandadas no desconocieron el precedente jurisprudencial fijado por la sentencia SU-053 de 2014, proferida por la Corte Constitucional, pues se trata de una situación jurídica diferente a la del caso concreto. Lo anterior, teniendo en cuenta que la actora no se encontraba nombrada en provisionalidad, sino en el régimen de carrera administrativa con más de 15 años de servicio en la Policía Nacional. Por lo anterior, aseveró que el tope en el monto de la indemnización correspondiente a los 24 meses de lucro cesante obedece a la calidad de empleado público en provisionalidad no a la de empleado público en carrera.

Finalmente, sostuvo que reducir el monto de la indemnización, como lo quiere el demandante, desconocería los beneficios laborales mínimos irrenunciables, más aún, si se tienen en cuenta que se trata de una persona en situación de discapacidad.

6. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante sentencia de 21 de septiembre de 2017, accedió al amparo constitucional solicitado, al considerar que el Tribunal Administrativo de Caldas desconoció la jurisprudencia constitucional contenida en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 y 054 de 2015 dictadas por la Corte Constitucional, según las cuales no es dable reconocer indemnizaciones superiores a 24 salarios mensuales.
Frente a los argumentos expuestos por el apoderado de la señora María Amparo Ortiz Gómez, relacionados con la inaplicabilidad de dicha postura jurisprudencial en caso de declaratorias de insubsistencia de empleados en carrera administrativa, aclaró que la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, en sentencia de 10 de septiembre de 2015, “estableció la posibilidad de aplicar dichos límites indemnizatorios a los casos de reincorporación de miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, pues si bien es cierto, la “regla de decisión” trazada por la Corte Constitucional en la sentencia SU- 556 de 2014, fue concebida para el caso de los empleados nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, la misma debe ser aplicada, indistintamente, a los asuntos referidos al retiro de los miembros de la Fuerza Pública cuando en ellos no exista motivación alguna, en aplicación del principio de igualdad entre los servidores públicos que han sido desvinculados de sus cargos con violación de la Carta Política, tal como lo explicó la misma Corporación Constitucional en la sentencia SU-053 de 2015”.

7. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la señora María Amparo Ortiz Gómez, mediante apoderado judicial, manifestó su inconformidad con la decisión anterior, al considerar que el a quo no realizó un test de proporcionalidad o un balance constitucional que evidenciara con claridad argumentativa suficiente por qué deben sacrificarse o subordinarse las garantías laborales mínimas por razones o circunstancias de orden fiscal.

Manifestó que la aplicación del principio de igualdad constitucional no justifica de ninguna manera la extensión de una regla jurisprudencial con elementos fácticos y jurídicos sustancialmente diferentes a los determinados en la sentencia SU-556 de 2014, pues dicha regla, según afirma, se aplica únicamente a los funcionarios públicos en provisionalidad. Afirmó que el caso bajo estudio no tiene identidad de “objeto, de hechos ni de régimen legal aplicable, ni siquiera podría hablarse de una doctrina probable, tratándose de las condiciones especiales que reúne” en relación con el precedente constitucional.

Aseguró que la aplicación de dicha regla jurisprudencial es abiertamente regresiva en materia de derechos laborales, así como sus derechos mínimos e irrenunciables, por las siguientes razones:

Con la decisión de acceder al amparo constitucional solicitado por la Policía Nacional, se estaría desconociendo su derecho a que se consignen los aportes en pensiones, lo que afectaría su antigüedad para calcular su asignación de retiro.

Se exoneraría a la Policía Nacional de su deber constitucional y legal de reparar justa e integralmente el daño que causó con el despido ilegal, y se estaría empobreciendo a la señora María Amparo Ortiz, pues perdería tiempo de antigüedad para calcular su asignación de retiro.

Agregó que la sentencia SU-053 de 2015 no es aplicable, pues fue proferida con posterioridad a la desvinculación del servicio de la señora María Amparo Ortiz (26 de octubre de 2012).

Manifestó que un juicio de ponderación permitiría concluir que si bien la medida de la Corte es adecuada para garantizar la sostenibilidad fiscal, no es necesaria pues sacrifica injustificadamente los derechos fundamentales, sin tomar en cuenta su condición de discapacidad.

Por lo anterior, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y que se niegue el amparo constitucional solicitado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno, la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si el fallo de primera instancia fue acertado al acceder al amparo constitucional solicitado, bajo el argumento de que la autoridad judicial demandada desconoció el precedente jurisprudencial contenido en las sentencias de unificación SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 o, si por el contrario, le asiste razón a la impugnante al afirmar que dicha regla jurisprudencial no es aplicable a su caso.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. En aquél entonces, este tribunal dijo:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser cuidadosamente verificados, son: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); e. se identifiquen de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado e i. Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada (res judicata) y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Las sentencias de unificación que dicta la Corte Constitucional

El artículo 241 de la Constitución encomienda a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Las decisiones de esa Corporación y la ratio decidendi de los fallos que emite en ejercicio del control concreto y abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y tienen fuerza vinculante.
Lo aducido no apareja que la Corte Constitucional tenga mayor jerarquía que los demás órganos de cierre de las distintas jurisdicciones, sino que, en calidad de guardiana de la Constitución Política, tiene la potestad de fijar los parámetros que se deben atender al resolver asuntos de relevancia constitucional.

En relación con los fallos de tutela emitidos por el Tribunal Constitucional al cumplir la función de revisión, debe tenerse en cuenta que si bien el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, establece que éstos únicamente son obligatorios respecto de la controversia en la que son emitidos, tal disposición se refiere a la parte resolutiva o decisum, pues los apartes de la motivación que constituyen la ratio decidendi, sí resultan de obligatorio acatamiento, “en razón de la jerarquía del sistema de fuentes formales de derecho y el principio de supremacía constitucional, que obligan a la aplicación preferente de las disposiciones de la Carta Política y, en consecuencia, de los contenidos normativos identificados por la jurisprudencia constitucional, en ejercicio de su labor de intérprete autorizado del Texto Superior”.

En la sentencia C-634 de 2011, esa Corporación declaró exequible el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, “en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia”.

Y con posterioridad, en la sentencia C-816 de 2011, la Corte declaró exequibles los incisos primero y séptimo del artículo 102 de la ley 1437 de 2011, “entendiéndose que las autoridades, al extender los efectos de las sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado e interpretar las normas constitucionales base de sus decisiones, deben observar con preferencia los precedentes de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia”.

Así las cosas, las sentencias que emite la Corte Constitucional, en condición de máximo juez de la jurisdicción constitucional, al ejercer la revisión de sentencias de tutela y al unificar jurisprudencia, tienen fuerza vinculante porque fijan la forma como deben interpretarse las normas y sus decisiones pasan a formar parte de las fuentes del derecho. Es decir, cuando se dicta una sentencia de unificación, “el contenido y alcance normativo de la Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las altas cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante”.

En ese sentido, el precedente de las Altas Cortes es obligatorio y vinculante, tanto para éstos como para los jueces de inferior jerarquía y los demás órganos del Estado, quienes conociéndolo tienen el deber de aplicarlo.

En suma, el deber de los funcionarios públicos en general y de los jueces en particular, de acatar los mandatos superiores y legales, incluye el mandato imperativo de “asumir como reglas formales de derecho” las decisiones que unifican jurisprudencia, como garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. Del asunto bajo examen

En el sub lite, la entidad demandante afirmó que con las decisiones de 9 de junio de 2017 y 12 de agosto de 2015, proferidas por el Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, respectivamente, se desconoció el precedente judicial fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-053 de 2015, en la cual extendió a los miembros de la fuerza pública los límites indemnizatorios previstos en la sentencia SU-556 de 2014, de la misma Corporación, en lo relativo al restablecimiento del derecho cuando se origine en retiros del servicio sin motivación. Mediante las providencias demandadas se declaró la nulidad de la Resolución Nº 03990 de 26 de octubre de 2012, mediante la cual el Director General de la Policía Nacional ordenó el retiro del servicio acto a la señora María Amparo Ortiz Gómez y se ordenó, a título de restablecimiento, el reintegro sin solución de continuidad y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento del retiro hasta que se hiciera efectivo su reintegro.

La entidad actora presentó acción de tutela que fue fallada favorablemente en sentencia de primera instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación.

Dicho fallo fue impugnado por la tercera interviniente dentro de la acción constitucional María Amparo Ortiz Gómez, quien fuera la demandante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo el argumento de que la regla jurisprudencial no es aplicable en su caso, pues no estaba nombrada en provisionalidad sino en carrera administrativa. Agregó que al realizar un juicio de ponderación considera que la medida, si bien protege la sostenibilidad fiscal del Estado, no es necesaria ni justa frente a sus garantías laborales mínimas, fundamentales e irrenunciables, pues se trata de una persona en situación de discapacidad.

Así mismo, expresó su inconformidad frente a la afectación de la antigüedad a afectos de acceder a la asignación de retiro, pues considera que de dar aplicación a los topes indemnizatorios no se tendría en cuenta el tiempo que estuvo retirada de la entidad, sino sólo los 24 meses reconocidos conforme a las sentencias de unificación supuestamente desconocidas.

5.2. Verificación de los requisitos generales de procedencia

El caso bajo estudio, ha superado los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en tanto (i) goza de relevancia constitucional en la medida que debe decidirse si con las providencias dictadas por el Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, así como la garantía de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, cuya protección se invoca, bajo el argumento de que impusieron una condena sin aplicar la subreglas de los topes indemnizatorios, fijadas en las sentencias de unificación de la Corte Constitucional SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, incurriendo en desconocimiento del precedente; (ii) la entidad accionante agotó el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, por lo que no cuenta con otro medio de defensa judicial, lo que es suficiente para dar por cumplido el presupuesto de la subsidiariedad; (iii) la acción de tutela se interpuso dentro del término de los 6 meses establecidos por esta Corporación judicial, por lo que cumple con el requisito de la inmediatez; (iv) los hechos y pretensiones fueron desarrollados de manera clara, de tal manera que se puede determinar el debate jurídico y, por último, (v) la acción de tutela no es contra un fallo de la misma naturaleza.

Cumplidos los requisitos genéricos de procedencia de la solicitud de amparo, procede la Sala a efectuar el estudio de fondo.

5.3. Las providencias demandadas desconocieron el precedente constitucional de la sentencia SU–053 de 2015

En ejercicio de la facultad de fijar interpretaciones jurídicas, la Corte Constitucional profirió la sentencia SU-556 de 2014, con el objetivo de unificar criterios sobre la forma como debe restablecerse el derecho en los casos en que, a través de acto sin motivación, se desvincula a empleados nombrados de manera provisional en cargos de carrera administrativa.

Al respecto, dispuso que en relación con las órdenes a impartir cuando se verifique la expedición de actos administrativos de retiro de un cargo de carrera sin la debida motivación, la indemnización a pagar por salarios y prestaciones dejados de percibir está limitada a un máximo de 24 meses y al descuento de las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona retirada.

Así, esta Corporación ha reconocido que si bien dichos parámetros de indemnización fueron impartidos inicialmente para los casos de empleados nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, a partir de la sentencia SU-053 de 2015, dichas reglas se extendieron a los eventos en que se haya ejercido de manera inadecuada y con ausencia de motivación, el ejercicio de la facultad discrecional en la Fuerza Pública.

En efecto, en la sentencia SU-053 de 2015 la Corte Constitucional unificó los estándares de motivación de los actos de retiro discrecional de los miembros activos de la Fuerza Pública. Después de realizar un amplio análisis del asunto, expuso las siguientes conclusiones sobre el tema:

“i. Se admite que los actos administrativos de retiro discrecional de la Policía Nacional no necesariamente deben motivarse en el sentido de relatar las razones en el cuerpo del acto como tal. Pero, en todo caso, sí es exigible que estén sustentados en razones objetivas y hechos ciertos. En este sentido, el estándar de motivación justificante es plenamente exigible.

ii. La motivación se fundamenta en el concepto previo que emiten las juntas asesoras o los comités de evaluación, el cual debe ser suficiente y razonado.

iii. El acto de retiro debe cumplir los requisitos de proporcionalidad y razonabilidad, que se expresan en la concordancia y coherencia entre acto discrecional y la finalidad perseguida por la Institución; esto es, el mejoramiento del servicio.

(…)

vii. Si bien los informes o actas expedidos por los comités de evaluación o por las juntas asesoras no son enjuiciables ante la jurisdicción contenciosa, deben ser valorados por el juez para determinar la legalidad de los actos. Ello implica que se confronten las hojas de vida de los agentes, las evaluaciones de desempeño, las pruebas relevantes y los demás documentos que permitan esclarecer si hubo o no motivos para el retiro.

De esa manera, en caso de que los jueces de instancia ordinarios o constitucionales constaten la ausencia de motivación del acto de retiro, deben considerar la jurisprudencia de la Corte Constitucional para efectos de i) ordenar los eventuales reintegros a que tengan derecho los demandantes, y ii) determinar los límites a las indemnizaciones que les serán reconocidas. Específicamente deben observar la Sentencia SU-556 de 2014, como quiera que debe aplicarse el principio de igualdad entre los servidores públicos que han sido desvinculados de sus cargos en contravía de la Constitución” (Negrillas de la Sala).

En ese sentido, la sentencia SU-053 del 2015 dispuso que, cuando se evidencie la falta de motivación en los actos de retiro de miembros de la Fuerza Pública, particularmente de la Policía Nacional, el funcionario judicial debe remitirse a la sentencia SU-556 de 2014, para fijar los límites de la indemnización a reconocer en el proceso judicial, aspecto que la Corte Constitucional fundamenta en el principio de igualdad que, estima, debe primar entre los servidores públicos.
Este precedente resulta aplicable al caso concreto pues fue publicado en la Relatoría de la Corte Constitucional el 10 de abril de 2015, de tal manera que a partir del día siguiente, esto es, del 11 de abril de 2015, era conocido por la comunidad jurídica en general el contenido de la decisión y, por tanto, a partir de esa fecha, constituía precedente jurisprudencial de obligatorio acatamiento.

Por otro lado, esta Sala considera que aun cuando en la sentencia SU-053 de 2015, se estudian varios casos en los que se declaró la nulidad de actos de retiro efectuados en uso de la facultad discrecional (Decreto Ley 1791 de 2000, artículo 55, numeral 6), siendo esta una causal de retiro distinta a la que se aplicó a la señora María Amparo Ortiz Gómez, pues su desvinculación obedeció a la disminución de la capacidad psicofísica (artículo 55, numeral 3 ibíd.), el precedente constitucional invocado señala las pautas para indemnizar a los ex miembros de la Policía Nacional, independientemente del motivo que produjo el retiro.

Sobre el particular, la Sección Quinta de esta Corporación, en un caso de similares contornos fácticos, en el que se discutió la aplicación de los límites indemnizatorios a un funcionario de la Policía Nacional que fue retirado por disminución de la capacidad psicofísica, aplicó la subregla jurisprudencial de los límites indemnizatorios, bajo el argumento de que:

“los efectos de la sentencia SU-556 de 2014, respecto de los montos que deben reconocerse a título indemnizatorio, fueron extendidos a situaciones en donde se encontraran involucrados agentes de la Policía Nacional por vía de la sentencia SU-053 de 2015.
(…)
si bien es cierto la sentencia de unificación 556 de 2014, estudió casos en los que se desvinculó a funcionarios de ocupaban en provisionalidad cargos de carrera, también lo es que, de manera univoca la Corte Constitucional estableció que en todos los casos, el monto de la indemnización debe corresponder con el daño efectivamente sufrido por el servidor público, de manera que su cuantificación debe coincidir con lo dejado de percibir durante el tiempo en que aquél ha permanecido cesante con motivo de su retiro injustificado”.

En el mismo sentido, esta Sala en sentencia de 22 de marzo de 2018, sostuvo que:

“Independientemente del motivo por el cual fue retirado el servidor público, si el Juez declara la nulidad del acto administrativo de su desvinculación al establecer fue contrario al orden legal y ordena su reintegro, no puede desconocer los referidos topes señalados por la Corte Constitucional
(…)
No existe dificultad alguna en cuanto a que, si bien la orden de reintegro impartida por el juez natural implica la no solución de continuidad y en consecuencia, conlleva al pago de los emolumentos dejados de percibir desde el retiro hasta el reintegro efectivo, esto no puede ser de manera indefinida”.

De este modo, se vislumbra, contrario a lo afirmado por la señora María Amparo Ortiz Gómez, que en el asunto bajo examen las providencias demandadas debieron aplicar los límites indemnizatorios fijados en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015.

Lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo con la interpretación que se ha dado por esta Corporación en los citados precedentes, la subregla de derecho que allí se establece se extiende, sin distinción alguna, a los casos en los que se declara la nulidad del acto administrativo de retiro de los miembros de la Policía Nacional, por lo que la causal que motivó el retiro no tiene una incidencia directa en la aplicación de la misma. Al respecto, se resalta que la finalidad que se persigue con las sentencias de unificación que se desconocieron por parte de las autoridades judiciales demandadas, es proteger el erario y evitar pagos excesivos y desproporcionados en relación con el daño sufrido a causa de la desvinculación, partiendo además de la base que a la persona le corresponde proveer su propio auto-sostenimiento.

Sobre este último aspecto, se resalta que la señora María Amparo Ortiz Gómez sufrió una disminución de la capacidad psicofísica equivalente al 22%, de acuerdo con la calificación efectuado por la Junta de Calificación de Invalidez, Regional Caldas, en el acta de 4 de diciembre de 2012, de modo que no estaba impedida para buscar otra actividad laboral y por tanto persistía la obligación de proveer su propio sostenimiento.

Por lo demás, frente al reparo expresado por impugnante, relacionado con los aportes al sistema de pensiones durante el tiempo en el que estuvo retirada de la institución, se advierte que dicho planteamiento no fue objeto de pronunciamiento durante el trámite judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, aun cuando allí se declaró que no existía solución de continuidad para todos los efectos, en el lapso comprendido entre el retiro y el reintegro. Por esta razón, el reconocimiento de estos tiempos para la asignación de retiro, deberá discutirse en sede administrativa y de ser necesario ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Al respecto, cabe resaltar que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, los aportes a pensiones se consideran imprescriptibles, conclusión a la que arribó la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2017. Sobre ese particular sostuvo:

“(…) La Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales.
(…)
En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo.
(…)
Lo anterior, además por cuanto al hallarse involucrados derechos de linaje constitucional fundamental, ha de privilegiarse el principio de iura novit curia33, en virtud del cual al juez le incumbe aplicar el derecho pese a que este sea diferente al invocado por las partes, pues es su deber estudiar el asunto de acuerdo con los hechos y el derecho vigente, por lo que se insiste en que el juez contencioso administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el demandante y la agencia 32 Ley 1437 de 2011, artículos 162 (numeral 2) y 163 (inciso 2°). 33 “Los jueces dan el derecho.
(…)
Cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación”, por lo cual lo anotado no implica la adopción de una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la efectividad de los derechos del trabajador a favor de quien se ha declarado la existencia de una relación laboral con la Administración”

En este orden de ideas, como quiera que los aportes a pensiones se consideran imprescriptibles, atendiendo lo previsto en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, la señora María Amparo Ortiz Gómez está habilitada para iniciar las acciones administrativas y judiciales necesarias para acceder a dicho reconocimiento en cualquier tiempo.

Conforme a los argumentos expuestos en los párrafos precedentes, se confirmará la decisión proferida por la Sección Segunda, Subsección “A· de esta Corporación el 21 de septiembre de 2017.

6. Razón de la decisión

La Sala confirmará la decisión impugnada, en tanto las autoridades judiciales demandadas incurrieron en desconocimiento del precedente constitucional al ordenar el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por la señora María Amparo Ortiz Gómez desde el momento de su retiro hasta que se hiciera efectivo su reintegro, sin tener en cuenta los límites indemnizatorios fijados en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2017 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, dentro de la acción de tutela promovida por el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, por las razones expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero

Folio 72 del expediente. Folio 30 ibíd. Corte Constitucional, sentencia SU-556 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Folio 14 ibíd. Folios 50 y ss. Folios 31 y ss. Folio 58 (reverso) ibíd. Folios 73 a 79 del expediente. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 10 de septiembre de 2015, Exp. Nº 5001233100019980055401, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. Folio 69 del expediente. Folio 83 (reverso). Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972. Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968. Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. M. P. Jaime Córdoba Triviño. Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 20
16-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
“… las sentencias de revisión de la Corte Constitucional, en las que se precise el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad” (sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)
Sentencia C-634 del 24 de agosto de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. M.P. Mauricio González Cuervo. Sentencia C-634 del 24 de agosto de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta, M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sentencia de 24 de julio de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Op.cit. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 13 de octubre de 2016, C.P: Martha Teresa Briceño de Valencia, Expediente Nº 2016-01036-00. Información obtenida de la Relatoría de la Corte Constitucional. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Exp. Nº 11001031500020170134401. Folio 28 del expediente. Folios 30 (reverso) y 41 ibíd. Consejo de Estado, Sección Segunda, Exp. Nº 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15), Actor: Lucinda María Cordero Causil, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Art. 48 Constitución Política: La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

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