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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05030-01

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05030-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la decisión impugnada, proferida el 2 de noviembre de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Primera, por las razones expuestas en la presente providencia, y en su lugar, amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del señor Jonathan Jairo García Páez. 2. En consecuencia, dejar sin efectos el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 14 de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en relación con el límite frente al monto indemnizatorio a reconocer al actor, y ordenar a dicha autoridad judicial que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una sentencia complementaria en la que se modifique lo relacionado con la forma como se ordenó la indemnización respectiva al analizar el restablecimiento del derecho, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05030-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

29 de febrero de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05030-01
Demandante: Jonathan Jairo García Páez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-05030-01
Demandante JONATHAN JAIRO GARCÍA PÁEZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN E
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Retiro del servicio por
disminución de capacidad psicofísica. Defecto fáctico. Indebida
aplicación del precedente jurisprudencial. Topes indemnizatorios.
Personal de carrera. Sentencia SU-354 de 2017.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Jonathan Jairo García Páez, contra
la sentencia del 2 de noviembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Primera, que resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 14 de septiembre de 20231, Jonathan Jairo García Páez, interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y el principio de confianza legítima, con ocasión de la
sentencia del 14 de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho Nro. 11001-33-35-016-2018-00520-00.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Por todo lo hasta aquí expuesto, resulta evidenciada las causales de procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, y se solicita al Honorable Consejero ponente que tutele
los derechos fundamentales DERECHO A LA IGUALDAD - DEBIDO PROCESO -
CONFIANZA LEGÍTIMA, y los demás que bajo su sano criterio considere, por parte del
Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección E, y
como consecuencia se revoque el numeral cuarto de la sentencia de segunda instancia y en
su lugar se ordene que a título de indemnización se reconozca y pague todos los valores
dejados de percibir por conceptos de salarios, prestaciones sociales, primas, subsidios y
demás emolumentos, dejados de percibir desde la fecha en que se causó el retiro de señor
JONATHAN JAIRO GARCÍA PAÉZ, hasta la fecha en que efectivamente se produzca su
reintegro sin solución de continuidad y sin limitación o descuento alguno.

1 Escrito de tutela radicado inicialmente en el correo electrónico del centro de servicios administrativos Civil
Familia – Bogotá.

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05030-01
Demandante: Jonathan Jairo García Páez

Bajo juramento declaro que no he iniciado ninguna otra acción similar y quedo en espera de
su favorable respuesta, pronta intervención y agradeciendo de antemano la atención prestada
a mi petición”.

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Jonathan Jairo García Páez ingresó a la carrera en el nivel ejecutivo
de la Policía Nacional el 21 de enero de 2002.

Sostuvo que para el año 2011 prestó sus servicios en la Policía Metropolitana
de Bogotá como secretario de la oficina de atención al ciudadano; que fue
objeto de presiones y acoso laboral; y que todo esto le desencadenó un
choque nervioso en el año 2012 que lo llevó a ser atendido por psiquiatría y a
estar internado por tal causa en la clínica la inmaculada.

2.2. El 28 de julio de 2017 fue valorado por la Junta Médica Laboral y se determinó
una pérdida de capacidad laboral del 27.91% con incapacidad permanente
parcial, no apto, con reubicación laboral en labores administrativas.

Tal decisión fue recurrida ante el Tribunal Médico de Revisión Militar y de
Policía que, en Acta del 15 de marzo de 2018 modificó los resultados de la
junta médica laboral, en el sentido de indicar que la disminución de la
capacidad laboral era del 27.10%, con imputabilidad al servicio y como
enfermedad común, con recomendación de no reubicación laboral.

2.3. Mediante la Resolución Nro. 02689 del 25 de mayo de 2018, el Director
General de la Policía Nacional retiró del servicio activo al actor por disminución
de la capacidad psicofísica, conforme con lo dictaminado por el Tribunal
Médico Laboral.

2.4. Por lo anterior, el accionante Jonathan Jairo García Páez en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, pretendiendo la nulidad del
acto por el que se retiró del servicio y, en consecuencia, pidió ser reintegrado,
junto con el pago de los emolumentos dejados de percibir.

Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Dieciséis Administrativo
de Bogotá (Expediente Nro. 11001-33-35-016-2018-00520-00) que, mediante
sentencia del 27 de enero de 2022 negó las pretensiones de la demanda al
considerar que la decisión de retiro del servicio no fue arbitraria, sino en
cumplimiento de lo señalado en el acta del tribunal médico y que, la entidad
contaba con la facultad discrecional para retirar del servicio por la causal de
disminución de la capacidad psicofísica, atendiendo además a lo
recomendado por el tribunal médico en cuanto a la no reubicación del actor.

2.5. El demandante apeló el fallo de primera instancia ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E que, en
sentencia del 14 de abril de 2023 <<notificada por estado el 24 de abril de 20232>>,
revocó la decisión del juzgado y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la
demanda.
2 Información tomada de SAMAI, índice 12 del proceso ordinario.

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Demandante: Jonathan Jairo García Páez

Consideró que los argumentos del Tribunal Médico Laboral respecto de la
reubicación del actor eran comentarios generalizados sobre la naturaleza de
la enfermedad que le había sido diagnosticada, pero que no se advertían
analizados los conceptos dados por los especialistas tanto de psiquiatría como
de salud ocupacional en las que se referían a un pronóstico favorable y la
reubicación en labores administrativas en atención al tiempo de servicios y las
labores desarrolladas que eran de esa naturaleza, sumado a la hoja de vida
destacada y a los múltiples reconocimientos y felicitaciones obtenidas por el
actor.
En relación con el restablecimiento del derecho, consideró que debía hacerse
con las limitaciones dadas en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de
2015, esto es, que la asuma a pagar por la indemnización no fuera inferior a 6
meses ni excediera de 24 meses de salario.
Esta decisión contó con un salvamento parcial de voto por parte de la
magistrada ponente de la decisión, quien manifestó que el actor pertenecía a
la carrera profesional de las Fuerzas Militares prevista en el Decreto 1790 de
2000 y que, en relación con el pago de salarios y prestaciones sociales, la
Corte Constitucional se había pronunciado en relación con este aspecto en
varias oportunidades y en la sentencia SU-354 de 2017 en la que se determinó
que a los servidores que se encontraran en carrera administrativa se les
debían conceder la indemnización sin limitación alguna.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora considera que al proferir la sentencia del 14 de abril de 2023 en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001-33-35-016-
2018-00520-00/01 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, incurrió en defecto fáctico.
Sostuvo que las decisiones de la Corte Constitucional contenidas en las sentencias
SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, se referían a personas vinculadas en calidad
de libre nombramiento y remoción y que, su caso era distinto por tratarse de una
persona de carrera, razón por la que no le eran aplicables y que, frente al particular,
la magistrada ponente de la decisión acusada había salvado su voto indicando
precisamente que esas reglas jurisprudenciales no le aplicaban a personas en
carrera en la institución policial, como era su caso y que, debía atenderse a lo
dispuesto en la sentencia SU-354 de 2017, argumentos que manifestó el actor
acoger en su integridad como parte de su fundamentación dentro del presente
trámite constitucional.
Señaló que existió una indebida valoración probatoria, pues que fue clara la decisión
en determinar su idoneidad y tiempo de servicio prestado a la institución en el área
administrativa y que, pese a que las pruebas acreditaban la posibilidad de la
permanencia en el servicio activo, se adoptó con falsa motivación una decisión
contraria a derecho, concretamente en cuanto a la limitación en el pago de la
indemnización respectiva, esto es, el pago de los salarios y demás haberes dejados
de percibir.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Inicialmente por auto del 15 de septiembre de 2023, el juez de tutela de primera
instancia ordenó requerir al abogado que presentó la demanda de tutela, con

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el fin de que acreditara el poder para actuar en calidad de representante del
actor o en su defecto, manifestara la imposibilidad del accionante para actuar
e indicara en la calidad en que actuaba.

4.2. Cumplido lo anterior, por auto del 2 de octubre de 2023 el juez de tutela de
primera instancia admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a las partes
accionante y accionada y dispuso vincular como tercero con interés a la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, quien fue parte demandada
en el proceso ordinario y, al Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá,
autoridad judicial de primera instancia.

4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, rindió informe en el que manifestó que la parte actora
pretendía revivir el debate a través del presente mecanismo constitucional.

Además precisó la ponente de la decisión quien rindió el presente informe que,
se adoptó la decisión en relación con el límite a la indemnización reconocida
al actor, conforme con la tesis de la Sala mayoritaria de la que ella se apartaba
conforme lo expresado en el salvamento de voto que hiciera en su momento
frente al caso, en el que consideraba que al tratarse de personal de carrera de
la Policía Nacional y teniendo en cuenta precedente de la Corte Constitucional
en tal aspecto, no podía hacerse la limitación frente a ese reconocimiento.

4.4. La Policía Nacional, presentó informe en el que manifestó que la decisión
cuestionada era acertada, que la Corte Constitucional en la sentencia SU-053
de 2015, había fijado unas subreglas en relación con los topes indemnizatorios
para los uniformados reintegrados a la Policía Nacional sin importar la causal
de desvinculación, entre ellas, el pago de mínimo 6 meses y máximo 24 meses
de salarios dejados de percibir desde el momento del retiro hasta el momento
del reintegro.

Advirtió que la tutela tiene un carácter subsidiario y que no se evidenciaba un
perjuicio irremediable que hiciera procedente, al menos de manera transitoria,
la presente acción.

4.5. El Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá, no se pronunció en esta
oportunidad3.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 2 de noviembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Primera,
declaró improcedente la presente acción.

Sostuvo el juez de tutela de primera instancia que no existió una carga
argumentativa suficiente que permitiera evidenciar una posible intervención del juez
constitucional que, si bien el actor manifestó que se incurrió en un defecto fáctico
por indebida valoración, no identificó los medios de convicción que su juicio habían
sido valorados equivocadamente o dejados de analizar por la autoridad accionada.

En relación con la indebida aplicación de las sentencias de unificación SU-556 de
2014 y SU-053 de 2015, dijo que tampoco existió un desarrollo argumentativo

3 El juzgado allegó el enlace del expediente ordinario digitalizado.

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exhaustivo que expusiera, en forma clara y concreta, las razones por las que la
aplicación de dichas providencias en la resolución del caso constituía una violación
a los derechos fundamentales del accionante y que, no era el juez de tutela el
llamado a cubrir esas falencias.

6. Impugnación

El accionante impugnó la decisión. Manifestó lo siguiente:
“Sea lo primero señalar que el Ad-quo, desatendió que tal como se indicó en el escrito de
tutela, la sentencia de segunda instancia vulneró los derechos fundamentales de mi prohijado,
por un defecto fáctico al extender los efectos de jurisprudencia de unificación que no tiene
vocación de aplicación para el caso en concreto, situación que fue ampliamente explicada y
argumentada en la acción constitucional y la cual me permito reiterar para que el A-quem,
desestime dicha argumentación del fallo que se impugna”.

Precisó que los supuestos fácticos de las sentencias tomados como soporte para
la decisión en el presente caso, no presentaban identidad, razón por la cual no
podía limitarse la indemnización bajo esos preceptos, pues que el daño causado
con un acto administrativo sin motivación difería al de un acto administrativo
motivado con situaciones falsas y con desconocimiento de la historia clínica y
demás información profesional, laboral y académica.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir

4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.

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todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.

3. Planteamiento del problema jurídico.

Teniendo en cuenta los antecedentes del caso, así como los escritos de tutela y de
impugnación, corresponderá a la Sala determinar si asistió razón al juez de primera
instancia en declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir con los
requisitos generales de procedibilidad, en concreto el de relevancia constitucional
por falta de carga argumentativa.

De encontrar que se cumple este presupuesto, corresponderá a la Sala determinar
si al proferir la providencia del 14 de abril de 2023 en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho Nro. 11001-33-35-016-2018-00520-00/01, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, incurrió el
defecto fáctico al no advertir que por tratarse de un servidor perteneciente a la
carrera de la Policía Nacional, no era procedente limitar la indemnización a la que
había lugar como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo
de retiro del servicio y la orden de reintegro, aplicando las sentencias SU-556 de
2014 y SU-053 de 2015.

4. Alcance del requisito de relevancia constitucional por falta de carga
argumentativa y su análisis en el caso.

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»8. Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (subraya
la Sala).
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural9.
De esta forma, debe existir una coherencia lógica de los planteamientos de las
partes en relación con los asuntos puestos a consideración del juez natural,
decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos fundamentales
como consecuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo proceso, pues

8 Ibidem.
9 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.

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la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, completar, modificar
los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa.
En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos”10.

4.2. Como lo ha sostenido la jurisprudencia esta Sala, si bien para la presentación
de una tutela no existen formalidades que deban ser observadas en la
demanda respectiva, si se exige un mínimo de sustentación que permita al
juez constitucional evidenciar las razones por las que se considera que una
decisión judicial vulnera algún derecho fundamental o que se trata de una
sentencia contradictoria o que se emitió de manera deliberada o arbitraria por
el juez natural.
A juicio de la Sala, no le asiste razón al juez de tutela de primera instancia en
declarar la improcedencia de la presente acción por no cumplirse con el
requisito de relevancia constitucional por falta de carga argumentativa, pues
de la lectura del escrito de tutela, es posible identificar las razones por las que
el tutelante considera que la sentencia que se cuestiona incurrió en un defecto,
que desconoce sus derechos fundamentales.
En los escritos de tutela e impugnación, en relación con el restablecimiento del
derecho ordenado a su favor (como consecuencia de la nulidad de la Resolución
Nro. 02689 del 25 de mayo de 2018, que dispuso su retiro del servicio activo por
disminución de la capacidad psicofísica, y su reintegro) el señor Jonathan Jairo
García Páez indicó que no debían aplicarse los topes indemnizatorios
conforme lo dispuesto en las sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de
2014 y SU-053 de 2015, pues la autoridad judicial accionada dejó de valorar
que se trataba de una persona que hacía parte de la carrera de la Policía
Nacional.
4.3. Al respecto conviene decir que los argumentos del actor fueron claros al
mencionar el motivo de inconformidad con la decisión de cierre, pues lo
manifestado apuntó a la falta de verificación del régimen en el que se
encontraba vinculado con la institución policial y lo que de allí se derivaba, esto
es, la indebida aplicación de un precedente constitucional, análisis que extrañó
el accionante en la providencia del tribunal y por lo que acudió al juez
constitucional en busca de que se ampararan los derechos fundamentales que
estimó vulnerados con esta inexactitud que evidenció en la decisión.
Así las cosas, se revocará la decisión de improcedencia de primera instancia
como se indicó en precedencia y, en su lugar, pasará a estudiarse el defecto
propuesto por el actor y su análisis en el caso puesto a consideración, a partir
de los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
5. Análisis en el caso concreto.
5.1. El defecto fáctico, es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de
las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En este sentido,

10 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.

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se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario que de las
pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera
objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se
cuestiona. En otras palabras, que el apoyo probatorio en que se basó el juez
para resolver determinado asunto resulta absolutamente inadecuado para el
caso concreto. Porque si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria fundada en los principios científicos de la sana crítica,
dicho poder no puede ejercerse de manera arbitraria.
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas.

El análisis del defecto fáctico debe ser en extremo cauteloso, en procura de
no afectar los principios de autonomía e independencia judicial que adquieren
significado en actos propios e intrínsecos del juez de la causa, como la
valoración de la prueba. Es por ello que la jurisprudencia constitucional ha sido
consistente en indicar que, será viable la acción de tutela por defecto fáctico
cuando el error en el juicio valorativo del juez de la causa sea “ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia”11

Por esto, la Corte ha hecho énfasis en que las discrepancias respecto de la
valoración de las evidencias, no amerita por sí misma, la revocación por vía
de tutela de la providencia impugnada, pues ello sería tanto como admitir la
superioridad del criterio de valoración del juez de tutela respecto del juez
natural, en directo menoscabo del principio de autonomía judicial. No pueden
reputarse como defecto fáctico, las diferencias en la valoración y apreciación
de la prueba, ya que la competencia del juez de tutela está fijada en clave de
violación de derechos fundamentales, no de diferencias de juicio o de opinión.
5.2. De acuerdo con los antecedentes del caso y la forma como se estructuró el
defecto propuesto contra la providencia de segunda instancia del 14 de abril
de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, encuentra la Sala que si bien se refiere a la ausencia
de valoración de una prueba que en este caso era la que demostraba que se
trataba de un servidor de carrera de la Policía Nacional, lo cierto es que la
inconformidad principal del actor con la decisión, radica en la indebida
aplicación del precedente jurisprudencial contenido en las sentencias SU-556
de 2014 y SU-053 de 2015, por lo que el análisis debe hacerse en este sentido.
Desde la demanda inicial, el señor García Páez manifestó haber ingresado en
carrera al nivel ejecutivo de la Policía Nacional mediante la Resolución
Ministerial Nro. 10401 del 21 de enero de 2002, naturaleza de la vinculación
que se corroboró por la magistrada ponente de la decisión acusada cuando
afirmó que se trataba de un servidor perteneciente a la carrera profesional de
las fuerzas militares previstas en el Decreto 1790 de 2000.
5.3. Para la Sala, le asiste razón al accionante al manifestar que fue indebidamente
aplicado el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, pues las

11 Corte Constitucional. Sentencia SU 949 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.

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Demandante: Jonathan Jairo García Páez

sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 no debieron haberse aplicado
a su caso concreto, ya que estas tienen que ver con los topes indemnizatorios
en casos en los que se dispone el reintegro de servidores que ocupan cargos
de carrera administrativa en provisionalidad, modalidad de vinculación no
prevista para los miembros de la fuerza pública.

Para establecer el monto indemnizatorio en el caso concreto, la autoridad
judicial accionada debió aplicar la sentencia SU-354 de 2017, en la que se
establecieron las siguientes reglas:

(i) Si la persona estaba ocupando un cargo de carrera en provisionalidad y
es desvinculada ilegalmente, procede el pago de lo efectivamente dejado
de percibir, previo descuento de lo recibido durante su desvinculación
como retribución de su trabajo como dependiente o independiente, bien
en el sector público o privado y, la indemnización no puede ser inferior a
6 meses ni superior a 24 meses conforme al término máximo de duración
de una vinculación en provisionalidad conforme la Ley 909 de 2004.

(ii) Cuando resulta ilegal el retiro de una persona que ocupaba un cargo de
carrera en propiedad, el restablecimiento del derecho también debe ser
con respecto a lo efectivamente dejado de percibir ya que de lo contrario
estaría permitiéndose que percibiera dos montos por un mismo periodo.
Sin embargo, frente a la reparación del daño por el retiro injustificado del
cargo en propiedad, dijo que no podía acogerse la regla de límite
temporal de indemnización previsto para casos de personas vinculadas
en provisionalidad.
5.4. Al respecto, esta Sala12 tuvo la oportunidad de pronunciarse en un caso similar
al presente y se hicieron las siguientes consideraciones que se reiteran y se
acogen en el presente asunto:
“La Sala advierte que la sentencia SU-354 de 2017 fijó la siguiente regla jurisprudencial:
el límite indemnizatorio de seis a veinticuatro meses no resulta aplicable cuando la
persona retirada del servicio ocupaba en propiedad un cargo de carrera. Ese límite solo
opera para los casos de retiro del servicio de empleados con nombramiento en
provisionalidad.
(…)
A partir de lo anterior, la Sala encuentra que el tribunal demandado desconoció la regla
fijada en la sentencia de unificación SU-354 de 2017, pues, a pesar de que el
demandante tiene un cargo de carrera especial, aplicó los límites de indemnización
previstos para los empleados que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad.
En efecto, según las pruebas del proceso ordinario, el señor (...) fue vinculado a la
Policía Nacional mediante Resolución No. 03252 del 25 de agosto de 2005 e
incorporado como patrullero el 1° de septiembre de 2005.
Por lo tanto, la vinculación del demandante se regula por el régimen especial de carrera
previsto en el Decreto 1791 de 2000, “Por el cual se modifican las normas de carrera
del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional”.
Justamente por lo anterior, no había lugar a aplicar los topes indemnizatorios fijados en
las sentencias de unificación SU-556 de 2014 y 053 de 2015 de la Corte Constitucional,
que versan sobre el tope a aplicar en los eventos de reintegro de personas que
ocupaban cargos en carrera administrativa en provisionalidad, modalidad de vinculación
que no existe en los regímenes especiales de la Fuerza Pública.

12 Sentencia del 18 de mayo de 2023, expediente de tutela Nro. 11001-03-15-000-2023-01614-00. Magistrado
ponente, doctor Wilson Ramos Girón.

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Demandante: Jonathan Jairo García Páez

La Sala no desconoce que, en principio, la sentencia SU-053 de 2015 extendió los
parámetros de indemnización que se habían fijado para los casos de empleados
nombrados en provisionalidad en cargos de carrera a los eventos en que se haya
ejercido de manera inadecuada —ausencia de motivación— el ejercicio de la facultad
discrecional en la Policía Nacional.
En atención a esas sentencias, la Sala 13 había avalado la aplicación de los topes
indemnizatorios previstos en las sentencias de unificación SU-556 de 2014 y 053 de
2015 de la Corte Constitucional en los casos de retiro ilegal de los miembros de la fuerza
pública.
Sin embargo, la Sala no puede desconocer, primero, que la sentencia SU-354 de 2017
precisó que el límite de indemnización de seis a veinticuatro meses de salario no puede
aplicarse en casos de retiro ilegal de cargos de carrera, pues ese límite se había
establecido “por la naturaleza propia de los cargos de provisionalidad”, naturaleza que difiere de
los cargos de carrera. Y, segundo, que en los anteriores casos analizados por la Sala no se había
invocado la sentencia SU-354 de 2017 y, por lo tanto, no se había tenido la oportunidad de
analizar la incidencia de esa sentencia en los casos de retiro ilegal de los miembros de la fuerza
pública”.

Adicionalmente, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B ha
determinado que no es posible equiparar el retiro de los miembros de la Policía
Nacional con los empleados vinculados en provisionalidad porque “(i) el ingreso
al servicio de los policiales se produce después de superar un curso de formación para
tal fin, que incluye variadas pruebas para acreditar su idoneidad, lo cual se relaciona más
con un procedimiento meritocrático propio de los empleados de carrera que, con una
vinculación provisional; y (ii) los policiales se encuentran sujetos a un régimen especial
de carrera, ascenso y retiro del servicio”14.

5.5. Por lo anterior que la Sala encuentra que en el caso del señor Jonathan Jairo
García Páez, el tribunal accionado desconoció la regla jurisprudencial fijada en
la sentencia SU-354 de 2017 de la Corte Constitucional en relación con la
imposibilidad de aplicar los topes indemnizatorios previstos en las sentencias
SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, al tratarse del retiro del servicio de una
persona perteneciente a la carrera especial de la Policía Nacional, razón por
la que se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad invocados por el actor.

Para tal fin, se dejará sin efectos el numeral cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia del 14 de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y, se le ordenará a dicha
autoridad judicial que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación
de la presente providencia, profiera una sentencia complementaria en la que
se modifique lo relacionado con la forma como se ordenó la indemnización
respectiva al analizar el restablecimiento del derecho, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

13 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias (i) del 22 de marzo de 2018, Exp. 11001-03-15-000-2017-
01344- 01, (ii) del 27 de junio de 2018, Exp. 11001-03-15-000-2017-02094-01 y (iii) del 19 de mayo de 2022,
expediente 11001- 03-15-000-2022-01495-00.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de abril de 2022, Exp. 19001-23-33-
000-2015-00437-01 (1098-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Demandante: Jonathan Jairo García Páez

FALLA

1. Revocar la decisión impugnada, proferida el 2 de noviembre de 2023 por el
Consejo de Estado, Sección Primera, por las razones expuestas en la presente
providencia, y en su lugar, amparar los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad del señor Jonathan Jairo García Páez.

2. En consecuencia, dejar sin efectos el numeral cuarto de la parte resolutiva
de la sentencia del 14 de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en relación con el límite
frente al monto indemnizatorio a reconocer al actor, y ordenar a dicha
autoridad judicial que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación
de la presente providencia, profiera una sentencia complementaria en la
que se modifique lo relacionado con la forma como se ordenó la indemnización
respectiva al analizar el restablecimiento del derecho, conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta decisión.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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