Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00311-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00311-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00311-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00311 00
Accionante: Nelson Arbey Domínguez Belalcázar
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Acción: Acción de Tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el ciudadano Nelson Arbey Domínguez
Belalcázar, actuando a través de apoderada judicial, contra la sentencia del 22 de agosto
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca1, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 19001 33 33
006 2017 00349 01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Nelson Arbey Domínguez Belalcázar, actuando a través de apoderada judicial, promovió
acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones2:
PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso efectivo a la administración de justicia y a la seguridad jurídica,
entre otros vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cauca al señor NELSON
ARBEY DOMÍNGUEZ BELALCÁZAR, con ocasión de la decisión adoptada en la
sentencia No. 136 del 22 de agosto de 2025, proferida dentro del proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado No. 19001-33-33-006-2017-
00349-01, conforme con las consideraciones fácticas, jurídicas y jurisprudenciales
expuestas en la presente acción.
SEGUNDO. En consecuencia, se solicita al Honorable Juez Constitucional
ORDENAR a la autoridad judicial accionada, dejar sin efectos jurídicos la
sentencia No. 136 del 22 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, mediante la cual revocó parcialmente la sentencia de
primera instancia emitida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Popayán, en cuanto dispuso que el pago de la indemnización a favor del
accionante debía limitarse únicamente a un equivalente entre seis (6) y
veinticuatro (24) meses de salarios.
1 En adelante el Tribunal.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00311 00.
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TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cauca que, dentro de un
término de quince (15) días o el que el Honorable Magistrado estime pertinente,
contados a partir de la notificación del fallo de tutela, profiera una nueva sentencia
de segunda instancia dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho radicado No. 19001-33-33-006-2017- 00349-01, en la cual se dé plena
aplicación a la Constitución Política de Colombia y a los precedentes
jurisprudenciales vigentes conforme a las providencias antes señaladas.
En dicha decisión, deberá condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército
Nacional al pago integral de los salarios, auxilios, primas, bonificaciones,
prestaciones sociales y demás beneficios económicos dejados de percibir por el
accionante, Soldado Profesional NELSON ARBEY DOMÍNGUEZ BELALCÁZAR,
desde la fecha en que fue retirado del servicio activo, esto es, el 02 de agosto de
2017, y hasta cuando se haga efectivo su reintegro al servicio activo de la
entidad.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante relató que se desempeñaba como soldado profesional del Ejército Nacional
y que, con ocasión del servicio activo, sufrió lesiones físicas y afectaciones de orden
psicológico. Señaló que, por tal motivo, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía, mediante Acta núm. M17-270 del 24 de abril de 2017, lo valoró y le fijó una
disminución de la capacidad laboral del 27,52%, sin recomendar su reubicación laboral.
Adujo que, mediante la Orden Administrativa núm. 1727 del 6 de junio de 2017, el Ejército
Nacional dispuso su retiro del servicio activo por disminución de la capacidad psicofísica,
con fundamento en lo determinado por el referido Tribunal Médico.
Sostuvo que interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el acto administrativo de retiro, cuyo conocimiento
correspondió al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán3, bajo el radicado
núm. 19001 33 33 006 2017 00349 00.
Indicó que, mediante sentencia del 28 de enero de 2022, el citado Juzgado declaró la
nulidad del acto administrativo de retiro y, como consecuencia, ordenó el reintegro al
servicio activo del accionante, así como el reconocimiento y pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir desde la fecha del retiro y hasta cuando se hiciera
efectivo el reintegro.
Señaló que, al resolver el recurso de apelación contra la anterior decisión, el Tribunal
mediante sentencia de 22 de agosto de 2025, resolvió lo siguiente:
PRIMERO: REVOCAR el ordinal tercero de la sentencia Nro. 10 dictada el 28 de
enero de 2022, en el asunto de la referencia, por el Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito de Popayán, el cual en adelante quedará así:
“TERCERO.- Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional a cancelar a favor del actor, y a título de indemnización, el valor
de los salarios, auxilios, primas, bonificaciones, prestaciones sociales y
demás beneficios económicos dejados de percibir desde la fecha en que
fue desvinculado del servicio.
3 En adelante el Juzgado.
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El periodo a indemnizar no puede ser inferior a seis meses ni superior a
veinticuatro, contados a partir de la desvinculación del demandante.
Para todos los efectos legales se entiéndase que no existió solución de
continuidad en la prestación de los servicios. De la liquidación resultante
la entidad podrá efectuar los descuentos a que haya lugar.
SEGUNDO: REVOCAR el ordinal sexto de la referida sentencia, de conformidad
con lo expuesto.
TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida.
Como fundamento de la acción de tutela, afirmó que el retiro injustificado del servicio
activo, sin considerar la estabilidad laboral reforzada por su disminución de capacidad
laboral, le generó un daño antijurídico no reparado y lo mantuvo por años en una situación
de afectación grave a su mínimo vital, configurándose así un perjuicio irremediable que
justifica la intervención del juez constitucional.
Adicionalmente manifestó que la providencia cuestionada incurrió en los defectos por
desconocimiento del precedente, defecto sustantivo y por falta de motivación.
Respecto del defecto por desconocimiento del precedente adujo que la sentencia
cuestionada desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado al aplicar
de forma indebida las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 de la Corte
Constitucional a un caso de retiro de un miembro de la Fuerza Pública, pese a que estos
se rigen por un régimen especial de carrera distinto al de los servidores en
provisionalidad.
En cuanto al defecto sustantivo, refirió que: “el Honorable Tribunal aplicó de manera
inadecuada normas y criterios para reconocer una indemnización irrisoria al uniformado
DOMINGUEZ BELALCAZAR, lo cual no guarda proporción alguna con el daño causado
producto del retiro ilegal del servicio activo, el cual tuvo duración de un poco más de ocho
(08) años.”
En lo referente a la falta de motivación manifestó que la sentencia cuestionada carece
de motivación suficiente para apartarse del precedente del Consejo de Estado, tanto
vertical como horizontalmente, al limitar la indemnización del accionante a entre 6 y 24
meses de salario con base en jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Afirmó que el Tribunal omitió justificar adecuadamente ese apartamiento y desconoció la
línea consolidada del Consejo de Estado, que ordena el pago total de salarios y
prestaciones dejados de percibir en casos de retiro ilegal de miembros de la Fuerza
Pública, vulnerando así el debido proceso, la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza
legítima.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
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3.1. La tutela fue radicada el 19 de enero de 20264 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto de 22 de enero de 20265 la admitió y dispuso notificar6 al Tribunal,
como autoridad judicial accionada; así como vincular7 Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Popayán y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional,
como terceros con interés directo en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió tanto al Juzgado como al Tribunal para que allegaran copia
digital del expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado núm. 19001 33 33 006 2017 00349 00/01.
3.2. El Ministerio de Defensa Nacional8 allegó informe mediante el cual solicitó que se
denegarán las pretensiones de la demanda.
Señaló que el accionante expresó inconformidad con la providencia acusada y pretendió
usar la acción de tutela como una tercera instancia para reabrir etapas procesales,
interpretaciones y valoraciones probatorias ya debatidas por los jueces naturales en
primera y en segunda instancia.
Añadió que el Tribunal valoró de manera adecuada y completa los hechos y las pruebas
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y concluyó, conforme a derecho,
que no había lugar a atribuir responsabilidad a la entidad demandada.
3.3. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán9 allegó el expediente digital
pero no se observa informe.
3.4. El Tribunal Administrativo del Cauca, guardó silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 10 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,11 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como con fundamento en el artículo 13 del
4 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00311 00.
5 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00311 00.
6 Esta orden se cumplió el 26 de enero de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00311 00.
7 Ibidem.
8 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00311 00.
9 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00311 00.
10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
11 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
12 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
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Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:
4.2.1. El accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Orden Administrativa de Personal núm. 1727
de 6 de junio de 2017, el Acta de Junta Médica Laboral núm. 86370 de 16 de mayo de
2016 y el Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía núm. M17-270
MDNSG-TML-41.1, Consecutivo núm. 55013de 24 de abril de 2017.
4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado que, mediante sentencia de 28
de enero de 2022, resolvió lo siguiente:
PRIMERO. - Declarar la nulidad parcial de la Orden Administrativa de Personal
No. 1727 de 6 de junio de 2017 mediante la cual el Ejército Nacional retira del
servicio al actor, declarar la nulidad del Acta Junta Medico Laboral No. 86370 de
16 de mayo de 2016 donde se establece pérdida de capacidad laboral del 9% y
se da concepto de no reubicación por patología psiquiátrica y del Acta de Tribunal
Medico de Revisión Militar y de Policía No. M17-270 de 24 de abril de 2017 por
medio de la cual se determina que al actor no es apto para la actividad laboral y
se establece un porcentaje de 27.52% de pérdida de capacidad laboral, por las
razones expuestas
SEGUNDO. - Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho. ORDENASE la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional a reintegrar al señor NELSON ARBEY DOMINGUEZ
BELALCAZAR a un cargo igual, similar, acorde a su capacidad laboral,
debiéndose tener para todos los efectos de ley como si no hubiere interrumpido la
prestación del servicio.
TERCERO. - Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a
cancelar a favor del actor, y a título de indemnización, el valor de los salarios,
auxilios, primas, bonificaciones, prestaciones sociales y demás beneficios
económicos dejados de percibir desde la fecha en que fue desvinculado hasta
aquella en que se haga efectivo su reintegro, sin que se considere que existió
solución de continuidad en la prestación de los servicios. De la liquidación
resultante la entidad podrá efectuar los descuentos a que haya lugar.
CUARTO- Las sumas que se liquiden a favor del accionante, serán actualizadas,
mes a mes por cada mesada pensional por tratarse de pagos sucesivos, conforme
al artículo 187 del C.P.A.C. A. (…).
QUINTO: Dar cumplimiento a esta decisión en los términos de los artículos 187 a
195 del C.P.A.C.A.
SEXTO: Se condena en Costas a la parte demandante, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la providencia.
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
14 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con radicado núm. 19001 33 33 006 2017 00349 00/01.
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4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, el Ministerio de Defensa Nacional interpuso
recurso de apelación, y el Tribunal, mediante sentencia de 22 de agosto de 2025, resolvió
lo siguiente:
PRIMERO: REVOCAR el ordinal tercero de la sentencia Nro. 10 dictada el 28 de
enero de 2022, en el asunto de la referencia, por el Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito de Popayán, el cual en adelante quedará así:
“TERCERO.- Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional a cancelar a favor del actor, y a título de indemnización, el valor de
los salarios, auxilios, primas, bonificaciones, prestaciones sociales y demás
beneficios económicos dejados de percibir desde la fecha en que fue
desvinculado del servicio.
El periodo a indemnizar no puede ser inferior a seis meses ni superior a
veinticuatro, contados a partir de la desvinculación del demandante.
Para todos los efectos legales se entiéndase que no existió solución de
continuidad en la prestación de los servicios. De la liquidación resultante la
entidad podrá efectuar los descuentos a que haya lugar.
SEGUNDO: REVOCAR el ordinal sexto de la referida sentencia, de conformidad
con lo expuesto.
TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez de tutela debe verificar es la relevancia
constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que15:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
15 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
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resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de exponer de manera clara,
expresa y suficiente las razones por las cuales el asunto sometido a su consideración
reviste de relevancia constitucional; pues, de no hacerlo, correría el riesgo de inmiscuirse
en cuestiones que son propias del juez natural de la causa. Justamente, esa indebida
interferencia es la que pretende evitarse mediante el examen del requisito de relevancia
constitucional.
A partir de la sentencia C-590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha sido
desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU-573 de
2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades16:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista verdadera trascendencia constitucional es
indispensable que se encuentren acreditados de manera concurrente los tres elementos
que integran el requisito de la relevancia constitucional17. En consecuencia, la ausencia
de cualquiera de ellos conduce, de forma inexorable, a la improcedencia de la acción de
tutela, por no superarse dicho presupuesto de procedibilidad.
4.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a
los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)18. (Se
destaca) […].
16 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este
criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
17 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
Bajo las anteriores reglas, la Sala advierte que, en el presente asunto, no se satisface el
requisito de relevancia constitucional, en tanto no se supera el tercer elemento que lo
integra, esto es, evitar que la acción de tutela sea utilizada como una instancia adicional
o un mecanismo alternativo para controvertir las decisiones adoptadas por el juez natural
de la causa.
Ello porque la parte accionante busca reabrir una discusión ya resuelta en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y dirigió sus cuestionamientos a la interpretación
normativa y a la aplicación del precedente por la autoridad judicial accionada.
En particular, sostuvo que la autoridad judicial aplicó de forma indebida las sentencias
SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 de la Corte Constitucional a un caso de retiro de un
miembro de la Fuerza Pública, pese a que estos servidores se rigen por un régimen
especial de carrera distinto al de los funcionarios en provisionalidad.
También alegó la configuración de un defecto sustantivo, porque el Tribunal empleó
normas y criterios inapropiados para fijar una indemnización que calificó como
desproporcionada frente al daño ocasionado por el retiro ilegal del servicio, el cual se
extendió por más de ocho años.
Frente a la falta de motivación, afirmó que la providencia no expuso razones suficientes
para apartarse del precedente del Consejo de Estado, en su dimensión vertical y
horizontal, al limitar la indemnización a un rango entre seis (6) y veinticuatro (24) meses
con fundamento en jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Señaló que el Tribunal no justificó de modo adecuado ese apartamiento y desconoció
una línea jurisprudencial consolidada del Consejo de Estado, conforme a la cual, en casos
de retiro ilegal de miembros de la Fuerza Pública, procede el reconocimiento integral de
salarios y prestaciones dejados de percibir. A su juicio, ello vulneró los derechos al debido
proceso, la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza legítima.
No obstante, de la lectura de la sentencia acusada, se observó que el problema jurídico
se delimitó a decidir si resultaba procedente el retiro del accionante o si, por el contrario,
procedía su reubicación laboral, a la luz de la pérdida de capacidad laboral del 27,52%
dictaminada por las autoridades médico-laborales.
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Se extrae que el debate giró en torno a si el Ministerio de Defensa cumplió con su deber
de valorar integralmente las aptitudes, capacidades y condiciones del actor para
desempeñar funciones acordes con su estado de salud residual.
El Tribunal indicó que las pruebas mostraron que, aunque el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía concluyó que el actor no era apto para continuar en
actividades propias del servicio militar, esa valoración se centró en la imposibilidad de
desempeñar labores operativas y no analizó con suficiencia la viabilidad de su
reubicación en funciones administrativas, de apoyo, docencia o instrucción, según sus
capacidades, destrezas y conocimientos.
Explicó que esa omisión era relevante, porque la pérdida de capacidad laboral fue inferior
al 50%, circunstancia que activaba el deber institucional de procurar su permanencia en
el servicio mediante la asignación de tareas compatibles con su condición.
Con ese contexto, el Tribunal concluyó que la decisión de retiro no se ajustó a los
lineamientos jurisprudenciales que imponen a las entidades estatales el deber de
proteger de forma especial a quienes vieron disminuida su capacidad laboral en ejercicio
del servicio, garantizando la estabilidad laboral reforzada y privilegiando la reubicación
antes que la desvinculación.
Agregó que el retiro del actor fue improcedente, porque la entidad no realizó un estudio
serio y completo sobre las posibilidades reales de reubicación dentro de la estructura
institucional, pese a tratarse de una entidad con múltiples dependencias y funciones. Esa
situación condujo al desconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de una persona
en situación de debilidad manifiesta, razón por la cual impuso la nulidad de los actos
acusados y el reintegro del accionante.
En cuanto al restablecimiento económico, el Tribunal ajustó la decisión de primera
instancia y señaló que el reconocimiento de salarios y prestaciones dejados de percibir
desde la desvinculación hasta el reintegro debía armonizarse con el precedente fijado
por la Corte Constitucional en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, según
el cual, en casos de retiro sin motivación, la indemnización se limita a un periodo no
inferior a seis (6) meses ni superior a veinticuatro (24) meses.
Con base en lo anterior, se considera que el Tribunal accionado expuso fundamentos
fácticos y jurídicos claros que justificaron su decisión. No se advirtió arbitrariedad,
desconocimiento del debate procesal ni ruptura del debido proceso.
En contraste, lo que se advierte es que, a través de la presente acción constitucional, el
accionante manifiesta su desacuerdo con las conclusiones alcanzadas por el juez natural
y pretende que, por vía de tutela, se reexamine el razonamiento jurídico y fáctico
desarrollado en la providencia cuestionada.
Así, la controversia planteada no introduce un problema constitucional autónomo, sino
que una inconformidad con el análisis del juez competente. En consecuencia, la tutela
está siendo utilizada como un mecanismo para replantear el debate jurídico propio del
proceso ordinario, finalidad que resulta abiertamente incompatible con la naturaleza
subsidiaria y excepcional del amparo constitucional.
Debe recordarse que, cuando el juez ordinario resuelve la controversia dentro del marco
de sus competencias constitucionales y legales, ejerce legítimamente la función
jurisdiccional que le ha sido atribuida por el ordenamiento jurídico. Permitir que el juez
constitucional sustituya ese análisis implicaría desconocer el principio del juez natural y
la autonomía judicial.
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Radicado:11001 03 15 000 2026 00311-00
Accionante: Nelson Arbey Domínguez Belalcázar
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
La procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales exige la
acreditación de defectos protuberantes que comprometan de manera directa el núcleo
esencial del debido proceso o del derecho de defensa, supuesto que no se configura en
el caso bajo estudio, pues no se advierte que la decisión cuestionada haya desconocido
el debate planteado por las partes, ni que haya sorprendido a estas con una decisión
ajena al marco fáctico y jurídico del proceso.
En consecuencia, sin que resulte necesario efectuar consideraciones adicionales, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela, por cuanto no se cumple el requisito general
de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Nelson
Arbey Domínguez Belalcázar, según lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 26 de
febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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