Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2002-00407-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2002-00407-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2002-00407-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
24 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 05001233100020020040701
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTORES: TALAVERA DEL BOSQUE S.A Y OTROS.
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. EL ACTO
ADMINISTRATIVO DEMANDADO NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL
JUDICIAL. AL NO EXPEDIRSE UN ACTO DEFINITIVO NO ES VIABLE
PREDICAR LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NO
REFORMATIO IN PEJUS EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 24 de julio de 2015, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Sexta de
Descongestión1, por medio de la cual declaró la ineptitud sustantiva
de la demanda y se inhibió para pronunciarse de fondo.
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 050012331000200200407 01
Actores: Talavera del Bosque S.A. y otros
I. ANTECEDENTES
I.1.- Las sociedades TALAVERA DEL BOSQUE S.A, FAJARDO
MORENO Y CIA. S.A, AGROPECUARIA LAS PANTERAS LTDA., y los
señores LUZ OLARTE DE ÁLVAREZ, ANA LUCÍA ÁLVAREZ OLARTE,
CAMILO ÁLVAREZ OLARTE, en nombre propio y en representación
de MARÍA CANDELARIA ÁLVAREZ OLARTE, EMILIO ÁLVAREZ
OLARTE en nombre propio y en representación de ANA MARÍA
ÁLVAREZ DE PARDO, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo -CCA-, en adelante CCA, por intermedio
de sus respectivos apoderados judiciales, instauraron demanda
contra la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA- 2 y la NACIÓN- MINISTERIO DE
AMBIENTE3, con citación como tercero interesado de la JUNTA DE
ACCIÓN COMUNAL de la Vereda “LOMA EL ESCOBERO”, con el fin
de que se hicieran las siguientes declaraciones:
“[…] 1- Que son nulas las Resoluciones números: 840 de
septiembre 12 del 2001 del Ministerio del Medio Ambiente
por la cual se resuelve un recurso de apelación y se toman
otras determinaciones; la 313 de abril 24 del 2000 de
Corantioquia, por la cual se resuelve un recurso, y la 0046
2
En adelante CORANTIOQUIA.
3
En adelante el MINISTERIO DE AMBIENTE.
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de enero 21 del 2000 de Corantioquia, por la cual se
concede licencia ambiental y se declara agotada una fuente.
2- Que como consecuencia de lo anterior, se declare que la
CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA- y el MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE vulneraron el derecho de TALAVERA DEL
BOSQUE S.A. a desarrollar y llevar hasta su culminación el
proyecto de parcelación y conjunto habitacional
denominado TALAVERA DEL BOSQUE, de acuerdo con el
estudio de impacto ambiental presentado y refrendado por
la Universidad Nacional.
3- Que se declare que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA- y el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
tramitaron irregularmente el proceso de licencia ambiental
a TALAVERA DEL BOSQUE S.A. violando con ello el debido
proceso y ocasionando con su trámite moroso e irregular la
imposibilidad de llevar a cabo el proyecto de parcelación
TALAVERA DEL BOSQUE dentro del cronograma
preestablecido.
4- Que se declare que como consecuencia del trámite
irregular y moroso por parte de la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA y el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se
ocasionaron pérdidas por daño emergente y lucro cesante
que no hicieron viable continuar con el proyecto.
5- Que como consecuencia de la declaración de nulidad que
se solicita, se proceda a condenar solidariamente a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA CORANTIOQUIA y al MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE por los daños y perjuicios que de la ilegalidad de
la expedición de los actos se derivaron para TALAVERA DEL
BOSQUE S.A., FAJARDO MORENO y CIA S.A,
AGROPECUARIA LAS PANTERAS LTDA, LUZ OLARTE DE
ÁLVAREZ, ANA LUCIA ALVAREZ OLARTE, CAMILO ALVAREZ
OLARTE, EMILIO ALVAREZ OLARTE, ANA MARIA ALVAREZ
DE PARDO Y MARIA CANDELARIA ALVAREZ OLARTE.
6- Que se condene solidariamente a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA y al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE a
pagar a TALAVERA DEL BOSQUE S.A., FAJARDO MORENO Y
CIA S.A., AGROPECUARIA LAS PANTERAS LTDA, LUZ
OLARTE DE ALVAREZ, ANA LUCÍA ALVAREZ OLARTE,
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CAMILO ALVAREZ OLARTE, EMILIO ALVAREZ OLARTE, ANA
MARIA ALVAREZ DE PARDO Y MARÍA CANDELARIA
ALVAREZ OLARTE, todas las pérdidas por daño emergente y
por lucro cesante al no poder desarrollar el proyecto de
parcelación TALAVERA DEL BOSQUE en los plazos
preestablecidos.
7- Que se ajuste el valor de las condenas anteriores al
tenor de lo dispuesto por el artículo 178 del Código
Contencioso Administrativo. […]”
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la Sala extrae los
siguientes:
1.- Las sociedades FAJARDO MORENO y CIA S.A., AGROPECUARIA
LAS PANTERAS LTDA. y los señores LUZ OLARTE DE ÁLVAREZ, ANA
MARÍA ÁLVAREZ DE PARDO, MARÍA CANDELARIA ÁLVAREZ
OLARTE, son propietarios en común y proindiviso del predio
identificado con Matrícula Inmobiliaria núm. 001-738899, con un
área de 907.094.050 m2, ubicado en el paraje El Chingui o El
Atravesado, del municipio de Envigado, predio identificado en la
Escritura Pública núm. 5.177 de 2 de octubre de 1997, registrada
en la Notaría 20 de Medellín.
2-. La sociedad FAJARDO MORENO Y CIA, la empresa
AGROPECUARIA LAS PANTERAS LTDA. y los señores LUZ OLARTE
DE ÁLVAREZ, ANA MARÍA ÁLVAREZ DE PARDO, MARÍA CANDELARIA
ÁLVAREZ OLARTE, ANA LUCÍA ÁLVAREZ OLARTE, CAMILO ÁLVAREZ
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OLARTE Y EMILIO ÁLVAREZ OLARTE, constituyeron la sociedad
TALAVERA DEL BOSQUE S.A. con el fin de desarrollar un
proyecto de parcelación y el conjunto habitacional denominado
“TALAVERA DEL BOSQUE” en el predio anteriormente
mencionado.
3.- El 23 de septiembre de 1998, la sociedad TALAVERA DEL
BOSQUE S.A. solicitó ante CORANTIOQUIA la licencia ambiental
para el desarrollo del proyecto de vivienda campestre TALAVERA
DEL BOSQUE en el sector de Santa Catalina, Alto de las Palmas,
del municipio de Envigado-Antioquia.
4.- Dicha solicitud fue admitida por CORANTIOQUIA el 25 de enero
de 1999, fecha en la que la sociedad TALAVERA DEL BOSQUE
S.A. hizo entrega del estudio de impacto ambiental respectivo.
5.- Mediante el Informe Técnico núm. 99-00850 de 22 de abril de
1999, CORANTIOQUIA realizó la evaluación del anterior estudio
para determinar el impacto ambiental del proyecto, en el que
requirió al solicitante la complementación de la información.
Posteriormente, el 28 de mayo y el 23 de julio de 1999, la sociedad
TALAVERA DEL BOSQUE S.A. radicó ante dicha autoridad
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ambiental la información complementaria del estudio de impacto
ambiental.
6.- El 29 de julio de 1999 CORANTIOQUIA, mediante Informe
Técnico núm. 99-01664, requirió a la sociedad TALAVERA DE
BOSQUE S.A. mayor información en torno al proyecto, la cual fue
complementada mediante escrito radicado el 9 de agosto de 1999.
7.- El 27 de mayo de 1999 la Junta de Acción Comunal “Loma El
Escobero” formuló queja contra la sociedad TALAVERA DEL
BOSQUE S.A. y solicitó a CORANTIOQUIA la suspensión de obras y
construcción del proyecto desarrollado por aquella.
8.- El 18 de agosto de 1999, la Junta de Acción Comunal “Loma El
Escobero" firmó contrato con la sociedad Cuarto Ambiente Ltda.
para la realización de un estudio como oposición al presentado por
la sociedad TALAVERA DEL BOSQUE S.A. a fin de radicarlo ante
CORANTIOQUIA.
9.- Mediante Acto Administrativo núm. AB 1568 de 30 de agosto de
1999, CORANTIOQUIA negó a la Junta de Acción Comunal en
mención la prueba solicitada, decisión que al ser recurrida fue
revocada mediante el Acto Administrativo núm. AB 01576 de 1o. de
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septiembre de 1999, otorgando un plazo de 60 días a dicha Junta
para realizar y presentar “el nuevo estudio de impacto ambiental”
en cuanto al recurso hídrico.
10.- El 6 de septiembre de 1999, la sociedad TALAVERA EL
BOSQUE S.A solicitó la nulidad de lo actuado y la revocatoria de
los citados actos por considerar ilegal la prueba ordenada,
pretensión denegada mediante Acto núm. 1586 de 9 de septiembre
de 1999.
11.- Teniendo en cuenta los términos establecidos por
CORANTIOQUIA para aportar el estudio de impacto ambiental, la
Junta de Acción Comunal tenía como fecha límite el 19 de diciembre
de 1999; no obstante, dicho estudio fue presentado solo hasta el 22
de diciembre de 1999, resultando extemporáneo.
12.- Pese a lo anterior, la directora de CORANTIOQUIA expidió la
Resolución núm. 0046 de 21 de enero de 2000, “Por la cual se
concede licencia ambiental y se declara agotada una fuente’’,
basándose únicamente en el estudio extemporáneo presentado por
la Junta de Acción Comunal El Escobero, sin tener en cuenta el
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estudio de impacto ambiental y complementarios presentados por
la sociedad TALAVERA DEL BOSQUE S.A.
13.- La licencia concedida mediante la Resolución núm. 0046 de
21 de enero de 2000 otorgó a la sociedad TALAVERA DEL
BOSQUE S.A. la habilitación para la construcción únicamente de 37
parcelas, negando las otras 63 solicitadas con el argumento de la
escasa disponibilidad del recurso hídrico y el agotamiento de la
fuente de agua “El Atravesado”.
14.- Contra la anterior decisión la sociedad TALAVERA DEL
BOSQUE S.A. interpuso recurso de reposición, resuelto por
CORANTIOQUIA a través de la Resolución núm. 313 de 24 de
abril de 2000, en la que se aumentó el número de parcelas
autorizadas señalando que había suficiente recurso hídrico para 42
parcelas y negando las 58 restantes.
15.- Frente a la anterior decisión, la sociedad TALAVERA DEL
BOSQUE S.A. y la Junta de Acción Comunal “Loma El Escobero”
interpusieron recurso de apelación, siendo rechazado el formulado
por esta última en razón de su extemporaneidad, por lo que la
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sociedad demandante se constituyó en el apelante único contra la
Resolución núm. 313 de 24 de abril de 2000.
16.- Luego de evaluar el recurso de apelación, el Ministerio de
Ambiente, a través de Resolución núm. 840 de 12 de
septiembre de 2001, revocó la licencia ambiental otorgada en la
Resolución núm. 313 para las 42 parcelas, retrotrajo la actuación y
ordenó a CORANTIOQUIA efectuar un nuevo estudio de la licencia
con fundamento en la información solicitada a la sociedad
TALAVERA DEL BOSQUE S.A. en dicho acto.
17.- Dado que, a juicio de los accionantes, la actuación del
Ministerio de Ambiente retrasaría el proyecto aproximadamente por
20 meses, la Asamblea General de Accionistas de TALAVERA DEL
BOSQUE S.A. “(…) decidió por unanimidad cancelar en forma
definitiva el proyecto ante las pérdidas por daño emergente y lucro
cesante (…)’’ ocasionadas con la expedición ilegal de los actos
acusados, y demandar su nulidad a fin de obtener el
restablecimiento de sus derechos, así como la reparación de los
daños ocasionados.
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I.3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
En apoyo de sus pretensiones, la sociedad TALAVERA DEL
BOSQUE S.A. (en adelante la parte demandante), adujo que los
actos acusados vulneraron los artículos 50, 56 y 267 del CCA, 357
del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC), y 22 y 30 del
Decreto 1753 de 1994.
Como concepto de la violación la parte actora afirmó que la
actuación adelantada tanto por CORANTIOQUIA como por el
MINISTERIO DE AMBIENTE, respectivamente, se encontraba viciada
de ilegalidad pues al decretarse y aceptarse la prueba solicitada por
la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE “LOMA EL ESCOBERO”, se
afectó el debido proceso de la sociedad TALAVERA DEL BOSQUE
S.A., además de que, en el trámite de la segunda instancia, al
retrotraerse la actuación y ordenarse nuevamente la reevaluación
de la solicitud de Licencia Ambiental, se desconoció la calidad de
apelante único que ostentaba la parte demandante y el beneficio de
la non reformatio in pejus que amparaba lo decidido en primera
instancia por CORANTIOQUIA.
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Aunado a lo anterior, precisó que la Resolución núm. 840
demandada dejó de resolver los puntos formulados por la sociedad
TALAVERA DEL BOSQUE S.A., eludiendo su competencia y
omitiendo injustificadamente el decreto de las pruebas solicitadas
en el recurso de apelación, en detrimento del trámite válidamente
adelantado y de las normas que lo regulan.
Señaló, además, que al ordenarse la ampliación de la información
se estaba requiriendo un nuevo análisis de impacto ambiental en
contravía de lo dispuesto en la normatividad aplicable y la
jurisprudencia, que establece que únicamente debe militar un solo
estudio al respecto.
Adujo que lo adoptado por el MINISTERIO demandado desconoció
completamente la existencia de una decisión favorable parcial
dictada previamente por CORANTIOQUIA, en la cual se había
otorgado ya la licencia sobre 42 parcelas y el dispendioso trámite
adelantado durante 3 años.
Sostuvo que los actos administrativos acusados fueron expedidos
por funcionarios que tenían interés directo en el proceso, generando
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irregularidades y contradicciones en la entrega de los estudios de
impacto ambiental y los documentos complementarios, con
desconocimiento de los términos previstos en el Decreto 1753 de
1994.
Finalmente, afirmó que los actos acusados se encontraban viciados
de falsa motivación, pues su fundamento, relacionado con la falta
de disponibilidad de recurso hídrico, fue desvirtuado por el estudio
solicitado a la Universidad Nacional, en el que se advierte que sí
existía tal disponibilidad para adelantar el proyecto.
I.4.- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
I.4.1.- El MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL, por intermedio de apoderado
judicial, contestó oportunamente la demanda 4 y se opuso a las
pretensiones de la misma defendiendo la legalidad de la
Resolución núm. 840 de 12 de septiembre de 2001 por
sujetarse a las normas aplicables.
Señaló que resolvió de fondo la totalidad de interrogantes
4
Folios 908 a 920 c. 2.
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planteados por los demandantes; y que una vez analizados los
estudios existentes en la actuación advirtió la necesidad de
retrotraer el proceso y solicitar mayor información a fin de adoptar
adecuadamente la decisión y proteger los recursos hídricos de la
zona.
I.4.2.- CORANTIOQUIA, por intermedio de apoderado judicial,
contestó oportunamente la demanda5 y se opuso a las pretensiones
formuladas por la parte demandante bajo los argumentos que se
sintetizan a continuación:
Manifestó que la licencia se tramitó con observancia del debido
proceso y las normas especiales que regulaban su concesión, por lo
que no se vulneraron los derechos de audiencia y defensa de la
parte actora.
Afirmó que, en el desarrollo de la actuación, la intervención de las
comunidades posiblemente afectadas era válida, razón por la que
en la decisión adoptada fueron tenidas en cuenta las oposiciones,
propuestas y argumentos presentados por los diferentes actores,
5
Folios 941 a 922 c. 2.
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dando como resultado la autorización parcial del proyecto por parte
de CORANTIOQUIA, a fin de no comprometer negativamente los
recursos ambientales.
Señaló que en concordancia con las leyes 99 de 1993 y 388 de
1997, el Concejo Municipal de Envigado aprobó el Plan de
Ordenamiento Territorial mediante el Acuerdo 05 de 30 de junio de
2002, a partir del cual desapareció la necesidad de tramitar
licencias ambientales para ejecutar la construcción de viviendas
campestres, razón por la que los perjuicios reclamados por la parte
demandante no podían endilgarse válidamente a la actuación de la
entidad.
II-. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal mediante sentencia de 24 de julio de 2015 6 , declaró
probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda frente a las resoluciones núms. 046 de 21 de enero
de 2000, 313 de 24 de abril de 2000 y 0840 de 12 de
6
Folio 2585 a 2594 c. 4 ppl.
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septiembre de 2001 acusadas y se inhibió de conocer de fondo
las pretensiones de la misma.
Indicó que, en este caso, no existió un acto definitivo que haya
concluido la actuación administrativa iniciada por la sociedad
TALAVERA DEL BOSQUE S.A. en procura de la obtención de una
licencia ambiental, dado que a través de la Resolución núm. 0840
de 12 de septiembre de 2001 demandada se ordenó revocar la
Resolución núm. 0046 de 2000 (también acusada), no se decidió
de fondo sobre el otorgamiento o no de la licencia ambiental para el
proyecto TALAVERA DEL BOSQUE, sino que se dispuso retrotraer el
procedimiento, devolver el expediente a CORANTIOQUIA, para que
ésta conforme a los parámetros fijados por el MINISTERIO adoptara
la decisión final.
Expresó que en aras de evitar fallos inhibitorios y salvaguardar el
principio de acceso a la administración de justicia, le está dado al
fallador la facultad de interpretar la demanda a fin de realizar una
adecuación de la misma.
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Manifestó que de acuerdo con los hechos y el concepto de la
violación planteados en la demanda el daño se originó en la
expedición de las resoluciones acusadas. Sin embargo, advirtió que
como los actos demandados no constituyen la decisión definitiva en
relación con la solicitud de la licencia ambiental, no es posible
desde el contenido de la demanda adecuar la acción inicialmente a
la acción de reparación directa, ya que los daños de los que se
impetra su reparación no son como consecuencia de una acción,
omisión, una operación administrativa o la ocupación de un
inmueble y tampoco devienen de los efectos legales y ajustados al
ordenamiento jurídico de un acto administrativo y menos aún de la
materialización del mismo.
III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado de la parte demandante presentó oportunamente
escrito de apelación 7 en el que solicitó la revocatoria del fallo de
primera instancia y el conocimiento de fondo de las pretensiones de
nulidad y restablecimiento del derecho formuladas en la demanda.
7
Folio 2596 a 2599 c. 4.
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Como sustento del recurso expuso los siguientes argumentos:
Manifestó su desacuerdo con la decisión adoptada por el a quo,
toda vez que los actos administrativos demandados desconocieron
el principio procesal de la non reformatio in pejus.
En este sentido, explicó que al rechazarse el recurso formulado por
la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL interviniente, la sociedad
TALAVERA DEL BOSQUE S.A. ostentaba la calidad de apelante
único, razón por la que el MINISTERIO DE AMBIENTE solo tenía
competencia para resolver aquél sin afectar lo decidido en primera
instancia, por lo que el resultado final de la actuación conllevaba
únicamente dos posibilidades: i) la confirmación de la decisión
recurrida que otorgó la licencia ambiental para las 42 parcelas, o ii)
la concesión total de la licencia ambiental para las 100 parcelas
solicitadas.
Precisó que, contrario a lo expuesto por el a quo, los actos
demandados sí otorgaron el carácter definitivo a la actuación, al
revocar la decisión de primera instancia adoptada por
CORANTIOQUIA.
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Afirmó que la actuación adelantada se encontraba viciada de
ilegalidad por desconocer el debido procedimiento administrativo al
ordenar la prueba solicitada por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL,
evaluarla, pese a aportarse extemporáneamente, permitir la
existencia de dos estudios de impacto ambiental y desconocer en la
decisión del asunto el contenido del concepto solicitado a la
Universidad Nacional.
Finalmente, señaló que las decisiones adoptadas se hicieron sin
tener en cuenta el estudio y documentos aportados por TALAVERA
DEL BOSQUE S.A., arbitrariedad que condujo a que sus accionistas
abandonaran el proyecto de parcelación presentado.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1 La parte actora reiteró los argumentos expuestos en la
demanda y, además, manifestó su desacuerdo con la decisión de
primera instancia, toda vez que, en su criterio, la presente acción
reune todos los requisitos para que se imparta una decisión de
fondo en torno a las pretensiones, como es el cuestionamiento de la
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totalidad de actos administrativos que afectaron sus intereses
económicos y el patrimonio, así como el de sus accionistas.
Señaló que el acto administrativo definitivo que expidió el
MINISTERIO DE AMBIENTE al resolver el recurso de apelación
interpuesto solo revocó la Resolución núm. 0046 de 21 de
enero de 2000, emanada de CORANTIOQUIA, pero no revocó la
Resolución núm. 0313 de 24 de abril de ese año, de dicha
entidad, que había modificado la primera, lo que, a su juicio, es
suficiente para declarar la nulidad de todos los actos enjuiciados.
Sostuvo que sí existieron unos actos administrativos que
concedieron una licencia ambiental para pocas parcelas, con base
en una falsa motivación (falta de agua), y otro acto que los revocó,
teniendo en cuenta pruebas no decretadas sin lugar a
controvertirlas, los cuales tienen que ser declarados nulos y
condenarse al pago de los perjuicios que estos ocasionaron.
Manifestó que no es de recibo que luego de 15 años de haberse
agotado y surtido un exhaustivo período probatorio, se indique que
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la acción a impetrar era la de reparación directa, pues ello conlleva
una verdadera denegación de justicia.
IV.2. CORANTIOQUIA solicitó tener en cuenta el contenido de la
contestación de la demanda y los alegatos allegados en primera
instancia para defender la legalidad de la actuación administrativa
adelantada por ella.
Descartó en el presente caso la vulneración del principio de la non
reformatio in pejus en sede administrativa por ejercicio legítimo de
las atribuciones conferidas en segunda instancia al Ministerio de
Ambiente y solicitó la confirmación del fallo apelado en
consideración a la ineptitud sustantiva advertida por el a quo.
IV.3. El Agente del Ministerio Público guardó silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. ACTOS ACUSADOS
La parte actora demandó los siguientes actos administrativos:
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i) La Resolución 0046 de 21 de enero de 2000, “por la
cual se concede licencia ambiental y se declara agotada una
fuente”8, expedida por la Directora de CORANTIOQUIA, a través de
la cual concedió licencia ambiental a la sociedad TALAVERA DEL
BOSQUE S.A. para el desarrollo de 37 parcelas, cada una de las
cuales con una “vivienda con área de primer piso entre 250 y 300
metros cuadrados”, en el proyecto de vivienda campestre
denominado “TALAVERA DEL BOSQUE”, localizado en el sector
de Santa Catalina –Alto de las Palmas del municipio de Envigado –
Antioquia.
ii) La Resolución 313 de 24 de abril de 2000, “por la
cual se resuelve un recurso de reposición” 9 , emanada de la
directora de CORANTIOQUIA, en la que modificó el artículo 1° de la
Resolución núm. 0046 de 21 de enero de 2000, para otorgar la
licencia ambiental para el desarrollo de 42 parcelas del proyecto
denominado TALAVERA DEL BOSQUE.
iii) La Resolución 840 de 12 de septiembre de 2001,
expedida por el Ministro de Ambiente “por medio de la cual se
8
Folios 46 a 78 c. ppal.
9
Folios 46 a 78 c. ppal.
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resuelve un recurso de apelación y se toman otras
determinaciones”. El anterior acto revocó la Resolución núm. 0046
de 21 de enero de 2000 y retrotrajo el procedimiento para que
CORANTIOQUIA evaluara nuevamente la solicitud de licencia
ambiental a partir de la información allí requerida a la sociedad
TALAVERA DEL BOSQUE S.A., en consideración a que no existía
en la actuación la información suficiente para definir el asunto.
V.2. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER
La Sala analizará si en el presente caso había lugar a declarar
probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda o si, por el contrario, la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por la sociedad
TALAVERA DEL BOSQUE S.A., reunía los requisitos sustanciales
necesarios para su conocimiento de fondo respecto de los actos
administrativos demandados.
V.3. CASO CONCRETO
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 135 del
CCA 10 , son susceptibles de impugnación judicial a través de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho: i) los actos
administrativos que ponen fin a una actuación administrativa, ii)
los que deciden directa o indirectamente el fondo de un asunto, y
iii) los actos de trámite que hagan imposible continuar una
actuación administrativa, toda vez que la expresión de la voluntad
de la Administración a través de los mismos supone la creación,
modificación o extinción de una situación jurídica de carácter
particular y concreto, cuyo control corresponde a esta jurisdicción,
por virtud de lo establecido en las normas citadas y en el artículo
85 del CCA.
En este orden de ideas se tiene que, salvo situaciones
excepcionales de expresa consagración legal (como en aquellos
10
“ARTÍCULO 50. RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA. Por regla general, contra los actos que
pongan fin a las actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos: (…) Son actos
definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el
fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible
continuarla.”
“ARTÍCULO 135. POSIBILIDAD DE DEMANDA ANTE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO CONTRA ACTOS PARTICULARES. <Subrogado por el artículo 22 del Decreto
Extraordinario 2304 de 1989>. La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular,
que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe
agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo.
El silencio negativo, en relación con la primera petición también agota la vía gubernativa. Sin
embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos
procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes actos.” (Se resalta)
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eventos en los que el legislador habilita el control judicial de actos
preparatorios o preliminares) o que impliquen la redefinición de la
naturaleza de un acto administrativo al imposibilitar la continuación
de una actuación administrativa, se excluyen de enjuiciamiento por
vía de la acción subjetiva de nulidad los meros actos de trámite,
preparatorios o de ejecución, por no implicar en si mismos la
creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas
particulares o concretas.
A partir de lo anterior y de acuerdo con lo previsto en el artículo
138 del CCA, es claro que en todo caso debe demandarse el acto
administrativo que contiene la manifestación de voluntad definitiva
de la Administración frente a una situación jurídica particular puesta
a su consideración, junto con los demás actos que constituyan una
unidad jurídica con el mismo, pues ello compone necesariamente la
órbita de decisión del Juez de lo Contencioso Administrativo ante a
una pretensión anulatoria subjetiva, precisamente por la identidad
de su contenido y de sus efectos jurídicos, sin que pueda
segmentarse o diferirse el análisis de su legalidad. Al respecto, la
norma anteriormente citada dispuso lo siguiente:
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“[…] Artículo 138. Modificado por el Decreto 2304 de 1989.
Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar
con toda precisión.
Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la
declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y
separadamente en la demanda.
Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía
gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que
lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede
demandar la última decisión. […]”
El conjunto normativo expuesto implica que, para el ejercicio válido
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, debe
haberse agotado previa y completamente la vía gubernativa, lo que
supone además la existencia de un acto definitivo que haya puesto
fin a la actuación o procedimiento administrativo adelantado,
materializando la voluntad de la administración en cuanto al asunto
particular a resolver.
En el presente caso, la pretensión anulatoria de la parte
demandante se dirige en contra de la actuación administrativa
iniciada por la sociedad TALAVERA DEL BOSQUE S.A. el 23 de
septiembre de 1998 11 ante CORANTIOQUIA, en procura de la
obtención de la licencia ambiental requerida para el adelantamiento
de un proyecto de parcelación y conjunto habitacional en el predio
11
Folio 88 c. ppal.
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de su propiedad identificado con Matrícula Inmobiliaria núm. 001-
73889912, ubicado en el paraje “El Chingui” o “El Atravesado” del
municipio de Envigado.
En el desarrollo de dicha actuación administrativa, además de los
conceptos e informes técnicos de evaluación del estudio de impacto
ambiental presentado por la sociedad solicitante 13 y del trámite de
intervención de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL “LOMA EL
ESCOBERO”14, fueron expedidos los siguientes actos administrativos:
i) Resolución 0046 de 21 de enero de 200015, expedida por la
directora de CORANTIOQUIA, a través de la cual concedió
inicialmente licencia ambiental a la sociedad TALAVERA DEL
BOSQUE S.A. para el desarrollo de 37 de las 100 parcelas
solicitadas en el proyecto, en cada una de las cuales se construiría
una vivienda campestre.
12
Predio identificado en la Escritura Pública No. 5.177 del 2 de octubre de 1997,
registrada en la Notaría 20 de Medellín.
13
Informes Técnicos No. 99-00850 del 22 de abril de 1999 y No. 99-01664 del
29 de julio de 1999.
14
El 3 y el 27 de mayo de 1999, la Junta de Acción Comunal “Loma El Escobero”
formulo queja contra la sociedad TALAVERA DEL BOSQUE S.A. al considerarse
afectada con el desarrollo del proyecto de parcelación, por lo que solicito a
CORANTIOQUIA la suspensión de las obras y el desarrollo del mismo. Folio 461 c.
ppal.
15
Folios 46 a 78 c. ppal.
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Lo anterior, con fundamento en los informes técnicos y la
evaluación del estudio de impacto ambiental presentado por la
sociedad y sus complementos que arrojaron como resultado la
viabilidad de la construcción únicamente de dicho número de
viviendas, al advertirse diferentes riesgos ambientales en el
desarrollo de la totalidad del proyecto (100 casas), el agotamiento
la fuente “El Atravesado” y en función de la demanda hídrica de la
zona y otras concesiones de aguas aledañas, además de falencias o
inconsistencias en la información presentada16.
ii) Resolución 313 de 24 de abril de 200017, expedida por la
directora de CORANTIOQUIA al resolver el recurso de reposición, en
la que modificó el artículo 1° de la Resolución núm. 0046 de 21 de
enero de 2000, para otorgar la licencia ambiental para el desarrollo
de 42 parcelas del proyecto denominado TALAVERA DEL BOSQUE,
esta vez al tener en cuenta y evaluar el estudio efectuado por la
Universidad Nacional allegado en el trámite del recurso de
reposición18.
16
Folio 690 a 696.
17
Folios 46 a 78 c. ppal.
18
Folio 755 c. ppal.
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iii) Finalmente, la Resolución 840 de 12 de septiembre de
2001, expedida por el Ministro de Ambiente en conocimiento del
recurso de apelación ejercido por la sociedad TALAVERA DEL
BOSQUE S.A., en la que revocó la Resolución núm. 0046 de 21 de
enero de 2000 y retrotrajo el procedimiento para que
CORANTIOQUIA evaluara nuevamente la solicitud de licencia
ambiental a partir de la información allí requerida a aquella, en
consideración a que no existía en la actuación la información
suficiente para definir el asunto.
Este último acto en su parte considerativa advirtió que con
fundamento en el análisis de los documentos enviados y la
verificación efectuada por funcionarios del Ministerio en el sitio en
donde se pretendía desarrollar el proyecto, mediante el Concepto
Técnico 263 de 27 de marzo de 2001 de la Subdirección de
Licencias de dicha entidad, se estableció que:
• Con la información obtenida no se contaba con todos los
elementos necesarios para determinar con certeza las
características ambientales del área que involucraban nacederos
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“cuya cabecera ha sido deteriorada por actividades desarrolladas
por TALAVERA DEL BOSQUE S.A.” y para las cuales la Ley 99 de
1993 ordenaba especial cuidado, además de existir un humedal en
franco deterioro generado por actividades antrópicas desarrolladas
al interior de dicho predio.
• Que como mínimo para la aprobación de la licencia ambiental
debían restaurarse las condiciones forestales protectoras de la
Etapa C, comoquiera que su situación obedecía a la variación de las
condiciones de estabilidad fisicobiótica de las “zonas de protección o
cuenca alta de los nacederos que permiten el mantenimiento del
recurso hídrico quebrada “El Atravesado”, de la que se servía la
comunidad de la vereda Loma El Escobero.
• Que la evaluación ambiental de un proyecto como el presentado
por la sociedad TALAVERA DEL BOSQUE S.A., el cual se pretendía
desarrollar en la cabecera de los nacederos de una fuente de agua
tan importante para el consumo, requería una evaluación ambiental
muy específica y detallada, técnicamente sustentada en todos y
cada uno de los aspectos que podían generar un impacto negativo
especialmente sobre la calidad y cantidad del recurso hídrico.
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A partir de lo anterior y de otras consideraciones técnicas
especializadas en cuanto a las características de la zona y la fuente
hídrica que la abastecía, el Ministerio concluyó que dada la ausencia
de los elementos necesarios para determinar con certeza las
características ambientales del área, las limitaciones del recurso
hídrico en la zona, y la necesidad de salvaguardar el derecho a la
igualdad en el acceso al mismo de todos los usuarios de la fuente,
resultaba necesario retrotraer el procedimiento surtido para que se
sanearan las falencias advertidas en el procedimiento, a fin de que
la sociedad solicitante aportara la información completa requerida
para evaluar adecuadamente la solicitud de licencia ambiental
formulada, cuya verificación había sido omitida por CORANTIOQUIA
en contravía de lo dispuesto en los artículo 57 de la Ley 99 de 1993
y 24, 25 y 30, numeral 7, del Decreto 1753 de 1994. En
consecuencia, resolvió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. - REVOCAR la Resolución 0046 del 21
de enero de 2000, proferida por la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA-, para el
proyecto Talavera del Bosque por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia
ARTİCULO SEGUNDO.- Retrotraer el procedimiento surtido en
relación con la solicitud de Licencia Ambiental del proyecto
habitacional Talavera del Bosque, para que CORANTIOQUIA,
previa evaluación de la información que se solicita a través de
esta providencia y la realizada a los estudios presentados,
además con lo que considere dicha entidad necesario requerir al
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interesado y con el lleno de los requisitos establecidos en la Ley
99 de 1993, y el Decreto 1753 de 1994 y demás normas
vigentes, proceda a decidir si otorga o niega la licencia ambiental
solicitada por la sociedad Talavera del Bosque S.A., para el
proyecto de vivienda campestre Talavera del Bosque, ubicado en
el sector de Santa Catalina -Alto de las Palmas, Municipio de
Envigado, Departamento de Antioquia.
ARTICULO TERCERO.- Requerir a la Sociedad Talavera del
Bosque S.A., para que realice las siguientes acciones y presente
ante la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-
CORANTIOQUIA, la información que se detalla a continuación, la
cual debe ser tenida en cuenta por dicha Corporación para la
toma de la decisión final:
1- Talavera del Bosque S.A., debe excluir de cualquier uso
diferente al de su Vocación, forestal protectora, las etapas C y B.
2- Para el desarrollo de los lotes aprobados en la etapa D debe
demostrar la no interrupción de la continuidad de la franja
protectora integrada a las etapas C Y B, mediante
levantamientos, proyecciones y análisis forestales ecosistémicos.
3- Talavera del Bosque S.A. deberá implementar un Plan de
Restauración diseñado bajo dos aspectos: La reforestación con
vegetación nativa y las obras de ingeniería necesarias para
estabilizar las zonas que ya hayan sufrido deterioro por erosión o
movimientos en masa, para tal efecto, deberá presentar en un
plazo no mayor a tres meses, el diseño con memorias y planos
para la aprobación por parte del CORANTIOQUIA. (…)
5- Respecto a los Humedales la Sociedad Talavera del Bosque
S.A presentar lo siguiente:
a- Elaborar y presentar un estudio mediante fotografías y
cartografía del área o permita determinar el área real del
humedal (el área máxima de inundación histórica).
b- Talavera del Bosque S.A., establecerá una ronda de
protección no menor a 30 m, ronda para la cual deberá diseñar
un Plan de reforestación con vegetación nativa.
c- Talavera del Bosque S.A., deberá adelantar un estudio
hidráulico e hidrogeológico que permita determinar la relación
del humedal con la quebrada La Morgan.
d- De la información solicitada, CORANTIOQUIA, podrá imponer
el plan de manejo forestal a una franja mayor que obedezca a
criterios que busquen mantener este ecosistema libre de la
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intervención antrópica (en lo que se refiere a su deforestación
y/o contaminación con aguas residuales) y su recuperación
6- En relación con los lagos artificiales, Talavera del Bosque S.A
deberá adelantar los estudios y obras necesarias para garantizar
su estabilidad y la de la zona.
7- Teniendo en cuenta las zonas de exclusión establecidas y
determinadas en los numerales 1 y 2, de este artículo, es decir
las etapas A, D, E, F y G, para las zonas con pendientes entre el
50% y menores al 100% en las cuales se pretenda adelantar el
proyecto, Talavera del Bosque S.A. deberá demostrar con
análisis cualitativos y cuantitativos geotécnicos (estabilidad de
taludes) particulares en cada predio adelantados por expertos en
la materia, con la ubicación especifica del sistema de infiltración,
en condiciones saturada y no saturada y las características
reales del suelo (físico-químicas, estratigrafía e hidrogeología),
que no se generaran problemas de estabilidad que puedan
generar impacto sobre la zona.
8- Talavera del Bosque S.A, deberá adelantar y presentar a
ÇORANTIOQUIA, en un término de seis (6) meses contados a
partir de la ejecutoria de la presente providencia, un estudio
hidrogeológico que abarque todo el predio y el diseño del
sistema de tratamiento individual propuesto, el cual debe
contemplar todos y cada uno de los aspectos observados en el
documento "Ingeniería de Aguas Residuales de Metcalf & Eddy".
En caso de presentarse restricciones por niveles freáticos altos
(La base del sistema de infiltración no debe estar a menos de
1.20 m. del nivel freático en toda época), entendiendo que las
aguas subsuperficiales son aportantes del sistema hídrico que
forma la quebrada El Atravesado, y por ende existe una alta
probabilidad de que se contamine el cuerpo de agua, el proyecto
deberá implementar un sistema alterno que no involucre la
Infiltración de las aguas residuales. […]
ARTICULO CUARTO.- Por la Subdirección de Licencias expedir
copia con destino al archivo, de las actuaciones surtidas en el
Ministerio del Medio Ambiente y devolver todas las diligencias
relativas al expediente 2302, a CORANTIOQUIA con el fin
de continuar el trámite ordenado.
ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR el contenido de la presente
Resolución, al señor Representante Legal de la Sociedad
Talavera del Bosque S.A o a su apoderado debidamente
constituido y a los Doctores ANTONIO MONTOYA HOYOS, NORA
ELENA DE GREIFF CADAVID, JORGE PEREZ RAMOS, quienes
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ejercen como apoderados de la Junta de Acción Comunal, El
escobero.
ARTÍCULO SEXTO.- Por la Subdirección de Licencias,
comuníquese el Contenido del Presente Acto Administrativo a la
Alcaldía Municipal de Envigado.
ARTICULO SÉPTIMO.- Contra la presente Resolución no procede
recurso alguno […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Del análisis de la actuación adelantada y del contenido del acto
transcrito es evidente para la Sala que, conforme a los lineamientos
inicialmente señalados, la actuación administrativa no se ha
concluido; es decir, que en el presente caso no existe un acto
definitivo que posibilite el control judicial de la actuación por vía de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida, pues el
Ministerio no adoptó decisión alguna de fondo frente a las licencias
ambientales solicitadas, sino que exigió más elementos de juicio
para determinar su viabilidad, a través de otra decisión que
finalmente autorizara tales licencias frente a las 100 parcelas
pretendidas por la actora, o solamente las 42 otorgadas o frente a
ninguna, decisiones estas que dependían de la actuación que debía
surtirse nuevamente, en virtud de la decisión adoptada.
Tampoco se advierte que la última resolución expedida haya
decidido directa o indirectamente el asunto o haya puesto fin a la
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actuación haciendo imposible a la sociedad solicitante continuarla,
razón por la que evidentemente se trata de un acto de trámite que,
como se anotó en párrafos precedentes, no es susceptible de
análisis de legalidad ante esta jurisdicción.
Se observa, además, del contenido de la demanda que la parte
demandante decidió voluntariamente no continuar con el
procedimiento, lo que sin duda le impidió obtener una decisión
definitiva que permitiera válidamente demandarla y efectuar el
análisis de legalidad de lo ocurrido a lo largo de la actuación.
Afirma, además, la parte actora que al haberse otorgado la licencia
ambiental parcialmente para 42 parcelas y viviendas campestres ya
existía una situación oponible que debía ser respetada. Al respecto,
la Sala debe señalar que las resoluciones núms. 046 de 21 de enero
y 313 de 24 de abril de 2000 de conformidad con lo establecido en
el artículo 62 del CCA no cobraron firmeza 19 , por lo que no
generaron una situación jurídica particular y concreta consolidada
19
“[…] ARTÍCULO 62. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos
quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.
3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos.
4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos. […]”
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en su favor, con el carácter ejecutivo y ejecutorio previsto en el
artículo 64 ibidem20, que implicara en el trámite de los recursos de
la vía gubernativa, su intangibilidad y mantenimiento.
Y no cobró firmeza por la propia decisión de la apelante, la cual no
manifestó en momento alguno su interés en continuar el trámite
con base en las licencias aprobadas para las 42 parcelas. Por el
contrario, queda en evidencia su voluntad de desistir de no
continuar con tal trámite, de ahí que en asamblea de accionistas se
hubiera dispuesto el desistimiento de la actuación.
Ahora, la parte demandante señala que al vulnerarse el principio de
la non reformatio in pejus dada la calidad que como apelante único
ostentaba en el trámite de dicho recurso, el acto sí era susceptible
de ser demandado, por el desconocimiento palmario del debido
proceso que amparaba lo obtenido hasta dicho momento.
Al respecto, la Sala señala que el principio de la non reformatio in
pejus como garantía procesal prevista en el artículo 31 de la Carta
20
“[…] ARTÍCULO 64. CARACTER EJECUTIVO Y EJECUTORIO DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS. Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el
procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda
ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es
indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados. […]”
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Política y postulado que limita la competencia para el conocimiento
de un asunto en segunda instancia -aun en el trámite de la vía
gubernativa-21, no es absoluto, y su evaluación supone la existencia
y adopción de una decisión definitiva que resulta desfavorable para
quien funge como apelante único, respecto de lo otorgado en la
instancia respectiva, lo que no ocurrió en el presente caso, toda vez
que la instancia de apelación se vio truncada por una falencia en el
procedimiento y la ausencia de los elementos necesarios para
adoptar una decisión de fondo, teniendo en cuenta además la
naturaleza de los derechos implicados, que involucraban la
protección de los recursos naturales y la garantía y preservación del
recurso hídrico para toda una comunidad.
De ahí que hasta tanto no sea resuelta definitivamente la
controversia, no pueda afirmarse que se haya hecho más gravosa
la situación del único apelante.
21
Corte Constitucional. T-033 de 2002. Sentencia del 25 de enero de 2002 proferida dentro de los
Expedientes T-431.321, T-460.873 y T-455.228 Acumulados. M.P. Rodrigo Escobar Gil. “[…] La
prohibición de la reformatio in pejus tiene plena aplicabilidad en materias administrativas, tanto en el
agotamiento de la vía gubernativa como en el desarrollo del procedimiento ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, circunstancia que se origina en la interpretación armónica y sistemática
de los artículos 29 y 31 de la Constitución Política, logrando de esta manera hacer efectivo el derecho
al debido proceso y por ende de los demás principios y derechos constitucionales que guardan
correspondencia con dicha institución jurídica. De suerte que la congruencia y la prohibición de la no
reformatio in pejus, limitan la actuación de la Administración en aras de la transparencia, legalidad y
garantía en la actuación administrativa. […]”
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En efecto, de la actuación administrativa allegada y del contenido
del acto acusado, -Resolución núm. 840 de 2001-, se observa
que además de las falencias en la información aportada por la
sociedad TALAVERA DEL BOSQUE S.A. para la obtención de la
licencia ambiental aludida, CORANTIOQUIA omitió como parte del
procedimiento legal establecido, la verificación mediante el auto de
trámite de la suficiencia de la información y la observancia en su
contenido de los parámetros establecidos en los artículos 24 y 25
del Decreto 1753 de 1994. Esta razón condujo al Ministerio a
concluir que no existían los elementos necesarios para adoptar la
decisión de fondo y que, por ende, debía subsanarse dicha
situación, en aras de definir adecuadamente el asunto con la
información y elementos técnicos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones como autoridad ambiental.
Lo anterior implica que en ausencia de un acto definitivo, respecto
del cual se hubiese surtido cabalmente la instancia del recurso de
apelación, no puede predicarse la violación del principio invocado,
el cual supone la adopción de una decisión definitiva en el cierre
de la instancia respectiva que desconoce para el apelante único lo
alcanzado en primera instancia administrativa.
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Así las cosas, la Sala concluye que dado lo anterior no se dio la
vulneración del principio de la non reformatio in pejus respecto del
acto de trámite o de impulso procesal, proferido en segunda
instancia, dirigido a subsanar un procedimiento, razón por la que no
prospera el cargo formulado en este sentido por la parte actora.
A partir de lo anterior, advierte además la Sala que en ausencia de
un acto definitivo que haya concluido la actuación administrativa
iniciada por la sociedad TALAVERA DEL BOSQUE S.A. en procura
de la obtención de una licencia ambiental, por virtud de lo
establecido en el artículo 164 del CCA22 correspondía al Tribunal de
instancia declarar probada de oficio la ineptitud sustantiva de la
demanda y abstenerse del conocimiento de fondo de las
pretensiones formuladas, razón por la que se confirmará la decisión
inhibitoria adoptada.
Por lo demás, contrario a lo manifestado por la parte actora, en
parte alguna de la sentencia apelada se indicó que la acción a
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“[…] ARTÍCULO 164. En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la
contestación de la demanda cuando sea procedente o dentro del término de fijación en lista, en los
demás casos.
En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada.
Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.
El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la "reformatio in pejus. […]”
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promover era la de reparación directa, pues lo que se dijo era que
no se podía adecuar a tal acción habida cuenta que los presuntos
daños aludidos en la demanda “no eran consecuencia de una
acción, omisión, una operación administrativa o la ocupación de un
inmueble y tampoco devienen de los efectos legales y ajustados al
ordenamiento jurídico de un acto administrativo y menos aún de la
materialización del mismo”.
En cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de
conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con los
artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del
artículo 267 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las
partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas.
Por último, se reconocerá personería jurídica a la doctora GLORIA
MARÍA GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, como apoderada de
CORANTIOQUIA, de conformidad con el escrito visible en el índice
50 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.
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Asimismo, se reconocerá personería al doctor CRISTIAN CAMILO
FAJARDO MÉNDEZ como apoderado de la AUTORIDAD DE
LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA-, de conformidad con el poder
y los documentos anexos obrantes a folios 58 a 64 del cuaderno de
apelaciones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 24 de julio de 2015, que declaró
probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda y se inhibió para pronunciarse de fondo.
SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
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TERCERO: TENER a la doctora GLORIA MARÍA GUTIÉRREZ
ÁLVAREZ como apoderada de CORANTIOQUIA, de conformidad
con el poder y los documentos anexos visibles en el índice 50 del
expediente digital agregado al sistema SAMAI.
CUARTO: TENER al doctor CRISTIAN CAMILO FAJARDO
MÉNDEZ como apoderado de la AUTORIDAD DE LICENCIAS
AMBIENTALES -ANLA-, de conformidad con el poder y los
documentos anexos obrantes a folios 58 a 64 del cuaderno de
apelaciones.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez
ejecutoriado esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de octubre
de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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