Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02038-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02038-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02038-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02038-00
Accionante: Talavera del Bosque S.A y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Negar las pretensiones de la demanda por no configurarse
los defectos alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela presentada por la sociedad Talavera del Bosque S.A. y otros1,
quien actúa por conducto de apoderado, en contra del Consejo de Estado,
Sección Primera, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y el acceso a la administración de justicia, ocurrida con ocasión
de la expedición de la providencia del 24 de octubre de 2024 dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 05-001-23
31-000-2002-00407-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela y del expediente se colige que la sociedad Talavera del
Bosque S.A fue constituida en 1997 con el propósito de desarrollar un conjunto
habitacional en un predio del Municipio de Envigado.
3. En 1998, la sociedad accionante solicitó una licencia ambiental para el
desarrollo del proyecto ante la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia, en adelante Corantioquia, e indicó que, en 1999, entregó el estudio de
impacto ambiental el cual fue evaluado con requerimientos adicionales de
información.
4. Durante el proceso, la Junta de Acción Comunal “Loma El Escobero” se opuso
al proyecto, presentando un estudio ambiental extemporáneo en diciembre de
1999. Una vez analizado el asunto, Corantioquia emitió la Resolución núm. 046
del 2000 a través de la cual otorgó una aprobación parcial del proyecto.
5. A juicio de la parte actora la decisión precedente no tuvo en cuenta su estudio
de impacto ambiental, ni un concepto emitido por la Universidad Nacional por lo
1 Fajardo Moreno & CIA S.A.S, y los señores Camilo Álvarez Olarte, Ana María Álvarez, Ana Lucia Álvarez,
María Candelaria Álvarez y Emilio Álvarez Olarte.
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que presentó un recurso de reposición ante la corporación referida.
6. Posteriormente, Corantioquia expidió la Resolución núm. 313 del 24 de abril
de 2000, aumentando el número de parcelas aprobadas para el proyecto a 42 y
negando la licencia sobre 58. Ante esta decisión, la sociedad apeló,
constituyéndose en único apelante.
7. En la segunda instancia administrativa, el Ministerio del Medio Ambiente2
expidió la Resolución núm. 840 del 12 de septiembre de 2001, revocando la
licencia y ordenando la presentación de un nuevo estudio de impacto
ambiental.
8. Ante la imposibilidad de continuar con el proyecto debido a los retrasos
generados por la revocatoria, la Asamblea General de Accionistas de Talavera
del Bosque S.A. decidió cancelar el desarrollo habitacional en diciembre de
2001.
9. En consideración a los perjuicios sufridos, en el año 2002, la parte actora
interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3 contra
Corantioquia y el Ministerio de Ambiente, solicitando la nulidad de las
resoluciones expedidas y la reparación por la pérdida soportada.
10. El proceso judicial se extendió durante años, hasta que el Tribunal
Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 24 de julio de 20154, inhibiéndose
de resolver el fondo del asunto y declarando la ineptitud sustantiva de la
demanda. La accionante apeló la decisión buscando un pronunciamiento
definitivo sobre la legalidad de los actos administrativos impugnados y el
restablecimiento de los derechos que consideró trasgredidos.
11. Mediante sentencia del 24 de octubre de 20245, la Sección Primera del
Consejo de Estado confirmó la providencia inhibitoria proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
12. En consecuencia, se abstuvo de pronunciarse sobre la legalidad de las
resoluciones administrativas impugnadas y los perjuicios alegados por la parte
demandante. La decisión fue notificada mediante edicto fijado el 13 de noviembre
de 2024 y tuvo un salvamento de voto6 que fue notificado el 30 de enero de 2025.
2.2. Fundamentos jurídicos
13. Los accionantes alegaron que la autoridad judicial incurrió en un defecto
fáctico al calificar los actos administrativos como simples actos de trámite,
cuando en su criterio, las pruebas demostraban que fueron decisiones finales que
concluyeron el procedimiento. Argumentó que las resoluciones expedidas
concedieron parcialmente la licencia ambiental en dos instancias y finalmente la
revocaron en su totalidad, configurando un acto en firme y ejecutoriado,
susceptible de control judicial.
2 Actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
3 Expediente 05001-23-31-000-2002-00407-00, aplicativo SAMAI
4
Ibidem, Índice 140 del aplicativo SAMAI.
5 Índice 53 del aplicativo SAMAI, exp. 05001-23-31-000-2002-00407-01.
6 Presentado por el magistrado Oswaldo Giraldo López, en el que se opuso a la inhibición y señaló la
necesidad de realizar un pronunciamiento de fondo, en atención a los perjuicios sufridos por los
demandantes. Índice 62 del aplicativo SAMAI, exp. 05001-23-31-000-2002-00407-01.
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14. Asimismo, señalaron que el error en la valoración probatoria llevó al ad quem
a la decisión de inhibirse sobre el fondo del asunto, impidiendo la revisión de la
legalidad de los actos administrativos demandados. Afirmó que, al negar la
licencia ambiental sin permitir la continuación del trámite, se afectaron los
derechos de los demandantes, desconociendo el carácter definitivo de las
resoluciones expedidas.
15. El actor reprochó la existencia de un defecto sustantivo en la providencia,
toda vez que la autoridad judicial no tuvo en cuenta que los actos administrativos
demandados fueron definitivos conforme a los artículos 50, 85 y 135 del CCA.
Alegó que la Resolución núm. 046 de 2000 decidió de fondo sobre la licencia
ambiental y que la Resolución núm. 840 de 2001 revocó totalmente lo otorgado,
agotando la vía gubernativa.
16. Afirmó que el Consejo de Estado desconoció la posibilidad de impugnar
dichos actos al calificarlos erróneamente como actos de trámite, lo que implicó
una inaplicación del artículo 85 del CCA. A su juicio, esto vulneró el derecho de
los demandantes a solicitar la nulidad de los actos y obtener reparación por los
perjuicios sufridos.
17. Finalmente, la parte actora reprochó la existencia de un defecto por
violación directa de la Constitución al considerar que la sentencia inhibitoria
del Consejo de Estado vulneró su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia y con ello el artículo 229 constitucional, al no analizar
la nulidad de los actos administrativos impugnados.
18. Argumentó que los actos administrativos resolvieron de manera definitiva la
licencia ambiental y debieron ser objeto de control judicial, citando la Sentencia
T-134 de 2004, que establece la excepcionalidad de las decisiones inhibitorias y
la primacía del derecho sustancial en la administración de justicia.
19. Invocó el principio pro actione y el artículo 8 del Pacto de San José de Costa
Rica, que garantizan el acceso efectivo a la justicia y afirmó que el fallo
obstaculizó la revisión de los actos administrativos con lo que se configuró el
defecto alegado.
2.3. Pretensiones
20. Se colige de lo expuesto por los accionantes que las pretensiones se
encuentran orientadas al amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideran trasgredidos
con ocasión de la providencia del 24 de octubre de 2024 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado que confirmó la providencia inhibitoria dictada por
el Tribunal Administrativo de Antioquia.
2.4. Intervenciones
21. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 9 de abril7
de 2025, a través del cual se ordenó notificar a la Sección Primera del Consejo
de Estado como accionado y a la Sala Sexta de Descongestión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, la Nación – Ministerio de Ambiente, la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia la junta de acción comunal de la
Vereda Loma el Escobero y a todos los demás interesados en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho como terceros interesados en el
7 Índice 5 del aplicativo SAMAI
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proceso.
22. Asimismo, se reconoció personería a la abogada Ana González Salazar y se
notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su
competencia.
2.4.1. La Sección Primera del Consejo de Estado8, a través de la magistrada
Nubia Margoth Peña Garzón, solicitó declarar la improcedencia de la acción al no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional ni configurarse los defectos
alegados.
23. Señaló que el Ministerio de Ambiente no adoptó una decisión definitiva sobre
la solicitud de licencia ambiental, sino que ordenó subsanar falencias en la
información. Expuso que, por lo anterior, al ser un acto de trámite, la Resolución
núm. 840 de 2001 no impedía continuar con el procedimiento y, por lo tanto, no
era susceptible de control judicial.
24. Sostuvo que, contrario a lo planteado por la parte actora, la sentencia analizó
los artículos 50, 85 y 135 del Código Contencioso Administrativo, concluyendo
que los actos administrativos que pueden ser impugnados son aquellos que
crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas definitivas. En ese entendido,
afirmó que los actos de trámite, preparatorios o de ejecución no pueden ser objeto
de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que no constituyen
pronunciamientos definitivos sobre la solicitud.
25. Finalmente, indicó que el Tribunal de instancia declaró la ineptitud sustantiva
de la demanda, confirmando la inexistencia de un acto definitivo que permitiera
un análisis de fondo. En consecuencia, precisó que la decisión inhibitoria fue
ajustada a derecho, y no vulneró el acceso a la administración de justicia por lo
que había lugar a confirmarla.
2.4.2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible9, a través de
apoderada, solicitó ser desvinculada de la acción al no estar legitimada en la
causa por pasiva. Manifestó que no ha vulnerado derechos fundamentales del
accionante, pues no ha tenido injerencia en los hechos narrados ni en las
pretensiones de la demanda.
26. Afirmó que no existen fundamentos de hecho ni de derecho que demuestren
una afectación, por lo que la tutela es improcedente al no cumplirse los requisitos
de procedibilidad. Además, señaló que no tiene competencia funcional para
satisfacer las peticiones formuladas, conforme al marco normativo que regula su
actuación.
27. Finalmente, indicó que, en el caso analizado, se garantizó el derecho de
acceso a la administración de justicia mediante un proceso que cumplió con las
garantías procesales en ambas instancias por lo que la existencia de una decisión
desfavorable no implica una vulneración ius fundamental, pues lo esencial es
asegurar un pronunciamiento definitivo, sin que ello implique necesariamente un
fallo favorable para la parte actora.
2.4.3. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-
Corantioquia10, a través de apoderada solicitó declarar la improcedencia de la
8
Índice 15 del aplicativo SAMAI
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Índice 17 del aplicativo SAMAI
10 Índice 11 del aplicativo SAMAI
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acción por no cumplir a su juicio el requisito de inmediatez, así como el de
relevancia constitucional.
2.4.4. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
28. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
29. Teniendo en cuenta que el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible fue vinculado a la presente acción constitucional como tercero
interesado en el resultado del proceso y toda vez que expidió la Resolución núm.
840 del 12 de septiembre de 2001, que revocó la licencia ambiental de la parte
actora y ordenó la presentación de un nuevo estudio de impacto ambiental y en
aras de garantizar su derecho de defensa y el de la autoridad judicial accionada,
resulta necesario que haga parte de la presente acción, por lo que se niega su
solicitud de desvinculación.
3.3. Problema jurídico
30. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si el Consejo de Estado, Sección Primera, al proferir la providencia del
24 de octubre de 2024 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 05-001-23 31-000-2002-00407-00/01 incurrió en los
defectos: fáctico, sustantivo y por violación directa de la Constitución, y con ellos,
en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso
a la administración de justicia de la parte actora.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
31. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
32. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es posible acudir al recurso
de amparo para proteger derechos fundamentales amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales, ya que el ejercicio de la judicatura debe sujetarse a los
valores, principios y derechos constitucionales, permitiendo el control de
autoridades que excedan los límites impuestos por la Constitución impone.
33. La acción de tutela, como mecanismo excepcional y residual, exige cumplir
unos requisitos definidos por la Corte Constitucional tras años de elaboración
jurisprudencial. Estos buscan equilibrar la seguridad jurídica, la autonomía
judicial y la protección efectiva de los derechos fundamentales, permitiendo
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subsanar controversias en procesos judiciales dentro del marco constitucional.
34. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada11.
3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental que trasciende
el debate puramente legal o económico, al tratarse de una sentencia inhibitoria
de última instancia con la que presuntamente pudieron ser trasgredidos los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, como consecuencia de los defectos: fáctico, sustantivo y por violación
directa de la Constitución. En efecto, se debate si la autoridad judicial accionada
debió o no pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones, dependiendo si los
actos administrativos enjuiciados son definitivos o de trámite.
35. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
36. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional12 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
11 La acción de tutela fue presentada el 7 de abril de 2025 y la decisión reprochada fue notificada mediante
edicto fijado el 13 de noviembre de 2024 y tuvo un salvamento de voto que fue notificado el 30 de enero de
2025.
12 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de
2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
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a. Una dimensión negativa13, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva14, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
37. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser,
de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta
más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»15.
38. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.5.1. Análisis del presunto defecto fáctico en la providencia del 24 de
octubre de 2024
39. En el caso concreto los accionantes sostuvieron que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto fáctico al calificar erróneamente los actos
administrativos como simples actos de trámite, cuando las pruebas demostraban
que fueron decisiones finales que concluyeron el procedimiento. Alegaron que
las resoluciones concedieron parcialmente la licencia ambiental y,
posteriormente, la revocaron por completo, configurando un acto firme y
ejecutoriado, susceptible de control judicial.
40. Asimismo, argumentaron que el error en la valoración probatoria llevó a la
decisión de inhibirse sobre el fondo del asunto, impidiendo la revisión de la
legalidad de los actos administrativos. Consideraron que, al negar la licencia
ambiental sin permitir la continuación del trámite, se vulneraron los derechos de
los demandantes y se desconoció el carácter definitivo de las resoluciones
expedidas.
41. El defecto fáctico alegado no se configura, pues la sentencia evaluó
adecuadamente las pruebas aportadas. La autoridad judicial reprochada
estableció que la Resolución núm. 840 de 2001 no resolvió el fondo de la solicitud
de licencia ambiental, sino que ordenó retrotraer el procedimiento para una nueva
evaluación, lo que demostró su carácter de acto de trámite como se observa a
continuación:
«[…] Del análisis de la actuación adelantada y del contenido del acto transcrito es
evidente para la Sala que, conforme a los lineamientos inicialmente señalados, la
13 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
14 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
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actuación administrativa no se ha concluido; es decir, que en el presente caso no
existe un acto definitivo que posibilite el control judicial de la actuación por vía de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida, pues el Ministerio no
adoptó decisión alguna de fondo frente a las licencias ambientales solicitadas, sino
que exigió más elementos de juicio para determinar su viabilidad, a través de otra
decisión que finalmente autorizara tales licencias frente a las 100 parcelas
pretendidas por la actora, o solamente las 42 otorgadas o frente a ninguna,
decisiones estas que dependían de la actuación que debía surtirse
nuevamente, en virtud de la decisión adoptada.
Tampoco se advierte que la última resolución expedida haya decidido directa o
indirectamente el asunto o haya puesto fin a la actuación haciendo imposible a la
sociedad solicitante continuarla, razón por la que evidentemente se trata de un acto
de trámite que, como se anotó en párrafos precedentes, no es susceptible de análisis
de legalidad ante esta jurisdicción.» Negrillas y subrayas de la Sala.
42. En ese entendido, el hecho de que la sociedad demandante haya decidido
voluntariamente no continuar con el procedimiento administrativo impidió la
materialización de un pronunciamiento final sobre la licencia, afectando la
viabilidad del control judicial mediante la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.
43. Por lo expuesto, la Resolución 840 de 2001 no constituyó una negativa
categórica, sino una instrucción para reiniciar el trámite con más información, lo
que jurídicamente la configura como un acto de trámite.
44. Aunado a lo anterior, frente al análisis de la firmeza de los actos
administrativos la autoridad judicial realizó el siguiente análisis:
«[…] Se observa, además, del contenido de la demanda que la parte demandante
decidió voluntariamente no continuar con el procedimiento, lo que sin duda le impidió
obtener una decisión definitiva que permitiera válidamente demandarla y efectuar el
análisis de legalidad de lo ocurrido a lo largo de la actuación.
Afirma, además, la parte actora que al haberse otorgado la licencia ambiental
parcialmente para 42 parcelas y viviendas campestres ya existía una situación
oponible que debía ser respetada. Al respecto, la Sala debe señalar que las
resoluciones núms. 046 de 21 de enero y 313 de 24 de abril de 2000 de conformidad
con lo establecido en el artículo 62 del CCA no cobraron firmeza16, por lo que no
generaron una situación jurídica particular y concreta consolidada en su favor, con el
carácter ejecutivo y ejecutorio previsto en el artículo 64 ibidem12, que implicara en el
trámite de los recursos de la vía gubernativa, su intangibilidad y mantenimiento.
Y no cobró firmeza por la propia decisión de la apelante, la cual no manifestó
en momento alguno su interés en continuar el trámite con base en las licencias
aprobadas para las 42 parcelas. Por el contrario, queda en evidencia su
voluntad de desistir de no continuar con tal trámite, de ahí que en asamblea de
accionistas se hubiera dispuesto el desistimiento de la actuación. […].»
Negrillas y subrayas de la Sala
45. Así las cosas, la simple manifestación de inconformidad de la parte
accionante y su desazón con la evaluación realizada por la Sección Primera de
esta corporación respecto de las pruebas, no puede considerarse como una
trasgresión a sus derechos fundamentales.
46. Se debe recordar entonces, que el defecto fáctico se configura únicamente
16 “[…] Artículo 62. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme: 1.
Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. 2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 3.
Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos. 4. Cuando haya lugar a la
perención, o cuando se acepten los desistimientos. […]”
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en los eventos en los que se advierta que la valoración de la prueba fue arbitraria
o irracional, y en el caso concreto la argumentación de la providencia es
razonable.
3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
47. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»17.
48. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en
los cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia
de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó,
cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal
o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta
inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación
o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos
erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma
sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida
en cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de
las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango
de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es
cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una
atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho».
17Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
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«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo
que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la
decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y
la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al
caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no
produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es
claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto
es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia
Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó,
porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador»18.
49. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que
se presenta un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoce las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoce la normativa aplicable o porque se desconoce una sentencia con
efectos erga omnes.
3.6.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en la providencia del 24 de
octubre de 2024
50. El actor sostuvo que la providencia incurrió en un defecto sustantivo al no
reconocer que los actos administrativos demandados fueron definitivos conforme
a los artículos 50, 85 y 135 del Código Contencioso Administrativo. Afirmó que la
Resolución núm. 046 de 2000 decidió de fondo sobre la solicitud de licencia
ambiental y que la Resolución núm. 840 de 2001 revocó totalmente lo otorgado,
agotando la vía gubernativa.
51. Alegó que la autoridad judicial censurada, al calificarlos como actos de
trámite, inaplicó el artículo 85 del CCA, vulnerando el derecho de los
demandantes a solicitar la nulidad y reparación de los perjuicios sufridos.
52. La Sala advierte, que contrario a lo expuesto por la parte actora, la autoridad
judicial reprochada sustentó su decisión justamente con base en la normativa
arriba citada como se observa a continuación
«[…] CASO CONCRETO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 135 del CCA19, son
susceptibles de impugnación judicial a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho: i) los actos administrativos que ponen fin a una
actuación administrativa, ii) los que deciden directa o indirectamente el fondo
de un asunto, y iii) los actos de trámite que hagan imposible continuar una
actuación administrativa, toda vez que la expresión de la voluntad de la
Administración a través de los mismos supone la creación, modificación o
extinción de una situación jurídica de carácter particular y concreto, cuyo
control corresponde a esta jurisdicción, por virtud de lo establecido en las
normas citadas y en el artículo 85 del CCA.
En este orden de ideas se tiene que, salvo situaciones excepcionales de
expresa consagración legal (como en aquellos eventos en los que el
18 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
19 “Artículo 50. Recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las
actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos: (…) Son actos definitivos, que ponen fin a
una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de
trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla.”
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legislador habilita el control judicial de actos preparatorios o preliminares) o
que impliquen la redefinición de la naturaleza de un acto administrativo al
imposibilitar la continuación de una actuación administrativa, se excluyen de
enjuiciamiento por vía de la acción subjetiva de nulidad los meros actos
de trámite, preparatorios o de ejecución, por no implicar en si mismos
la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas
particulares o concretas. […]» Negrillas y subrayas de la Sala.
53. De lo anterior se colige que la Sección Primera de esta corporación no incurrió
en un defecto sustantivo, toda vez que, del estudio juicioso de la normativa,
concluyó que la resolución impugnada no era un acto definitivo, sino una
decisión que retrotrajo el procedimiento. Así las cosas, la renuncia de la empresa
demandante a continuar el trámite no convierte a la Resolución núm. 840 de 2001
en un acto definitivo, sino que refleja una decisión unilateral que no afecta la
legalidad del proceso administrativo, pues ante el cumplimiento de los
requerimientos exigidos, se pudo haber continuado con el trámite de la licencia.
54. Visto lo anterior, se advierte inexistente el defecto sustantivo alegado.
3.7. Violación directa de la Constitución
55. La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que este defecto
que se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por
el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta Política
según el cual «la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán
las disposiciones constitucionales.»20
56. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este defecto
se configura cuando se omite la aplicación de un precepto ius fundamental
necesario para la decisión, lo que puede ocurrir cuando: “(a) en la solución del
caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución21”22.
57. Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que esta causal específica de
procedencia de la acción de tutela se concreta cuando el juez da aplicación a una
disposición de rango legal contraria a la Carta Política y no utiliza la figura de la
excepción de inconstitucionalidad23.
3.7.1. Análisis de la presunta violación a la Constitución Política
58. La parte accionante endilgó la existencia de un defecto por violación directa
de la Constitución, toda vez que estimó trasgredido su derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) con la sentencia objeto de
cuestionamiento, al no analizar la nulidad de los actos administrativos que
definieron la licencia ambiental. Citó la Sentencia T-134 de 2004 sobre la
excepcionalidad de las decisiones inhibitorias y la primacía del derecho
20 SU-336 de 2017, Corte Constitucional
21 Al respecto, ver entre otras, las Sentencia T-199 de 2005, T-590 de 2009 y SU-198 de 2013 y
T-809 de 2010.
22 Sentencia T-369 de 2015.
23 Sentencia SU-198 de 2013.
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sustancial, además del principio pro actione y el artículo 8 del Pacto de San José
de Costa Rica, que garantizan el acceso efectivo a la justicia.
59. La Sala considera, que si bien el derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia (art. 229 C.P.) es un pilar esencial del Estado de
derecho, ello no implica que cualquier acto administrativo deba ser objeto de
control judicial.
60. Así las cosas, la confirmación de la autoridad judicial a la sentencia inhibitoria
puede interpretarse como una aplicación legítima de los criterios de procedencia,
evitando que el proceso judicial se convierta en un mecanismo de revisión
general de actos administrativos sin cumplir con los requisitos específicos.
61. Por otro lado, la excepcionalidad de las decisiones inhibitorias, mencionada
en la Sentencia T-134 de 2004, no elimina su validez cuando el caso no satisface
las exigencias procesales. La primacía del derecho sustancial no puede ignorar
los principios de seguridad jurídica y técnica procesal, que garantizan un sistema
judicial ordenado y eficaz. Además, la nulidad de un acto administrativo debe
evaluarse con base en criterios claros y no solo en la inconformidad de la parte
actora.
62. Aunado a lo expuesto, el principio pro actione y el artículo 8 del Pacto de San
José de Costa Rica garantizan el acceso efectivo a la justicia, pero no pueden
entenderse como una obligación para aceptar cualquier demanda sin analizar su
viabilidad procesal. La decisión de la Sección Primera de esta corporación, lejos
de vulnerar el derecho al acceso a la administración de justicia, preserva la
integridad del sistema judicial al impedir que se utilice como un mecanismo de
impugnación automática de actos administrativos que, por disposición legal, no
son enjuiciables.
63. Es necesario recordar en todo caso, que el examen que le corresponde
realizar al juez constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra
providencia judicial no es de corrección sino de validez24, motivo por el cual solo
habrá lugar a amparar los derechos fundamentales en los eventos en los que se
advierta que el razonamiento es arbitrario o caprichoso. En ese sentido, no es
procedente la acción constitucional cuando se encamina a obtener una nueva
valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente
conoce de un asunto.
64. No se observa entonces en este escenario, que la autoridad judicial
reprochada haya trasgredido el debido proceso de los accionantes, ni ninguno de
los derechos fundamentales invocados inherentes a este, pues, por el contrario,
se evidencia que atendió a todas sus solicitudes durante el curso del proceso.
65. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante
con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva
la transgresión de derechos fundamentales, razón por la que procede a negar las
24 Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
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pretensiones del amparo, por los argumentos expuestos en la presente
providencia.
66. Por lo tanto, al no hallarse estructurados los defectos invocados, la Sala
procederá a negar las pretensiones del amparo solicitado mediante la acción de
tutela presentada por la parte accionante en contra de la Sección Primera del
Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la
sociedad Talavera del Bosque S.A. y otros, por conducto de apoderada, de
acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.
Segundo: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible por los motivos expuestos en el numeral 3.2 de
la presente providencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: De no ser impugnada la decisión, remitir el expediente de la actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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