RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-31-000-2002-01619-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2002-01619-01

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2002-01619-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por el señor Manuel Mosquera Paz contra el municipio de Vigía del Fuerte. Segundo. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-31-000-2002-01619-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

1 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-31-000-2002-01619-01 (1126-2016)
Demandante: Manuel Mosquera Paz
Demandado: Municipio de Vigía del Fuerte

Temas: Sanción moratoria - cesantías definitivas

SENTENCIA EN GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA

Decide la Sala el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida
el 27 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la
cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en
el artículo 85 del CCA,2 el señor Manuel Mosquera Paz, por conducto de apoderada,
formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de los actos fictos negativos
originados en la falta de respuesta a la petición y al recurso de reposición radicados
ante el municipio de Vigía del Fuerte tendientes a que se le pagaran las prestaciones
sociales por retiro definitivo del servicio, así como la sanción moratoria respecto de
las cesantías y demás emolumentos adeudados.

1 Folios 2 a 7.
2 Código Contencioso Administrativo – Decreto 1 de 1984.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-31-000-2002-01619-01 (1126-2016)
Demandante: Manuel Mosquera Paz

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
actor solicitó condenar al ente territorial demandado a lo siguiente: i) pagar los
salarios de septiembre, octubre y 23 días de noviembre de 2000, así como las
vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y primas de navidad, vida cara y
semestrales, que se causaron durante todo el tiempo laborado; ii) reconocer un día
de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías, al tenor de la Ley
244 de 1995; iii) indemnizar los perjuicios materiales y morales; iv) sufragar los
intereses moratorios e indexar el valor de la condena; y v) dar cumplimiento a la
sentencia en los términos de los artículos 176 a 179 del CCA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada del demandante señaló los siguientes:

i) El señor Manuel Mosquera Paz laboró en el municipio de Vigía del Fuerte entre el
7 de noviembre de 1992 y el 23 de noviembre de 2000.

ii) Por Decreto 013 del 20 de noviembre de 2000, el alcalde municipal declaró la
insubsistencia del nombramiento del actor.

iii) Desde el momento del retiro del servicio, la administración ha omitido pagar los
salarios y prestaciones sociales adeudados al accionante.

iv) El interesado le solicitó al ente territorial accionado el pago de los referidos
emolumentos, pero esta petición fue negada mediante los actos fictos acusados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 25, 53 y 122 de la Constitución Política;
2 de la Ley 72 de 1931; 1 y 2 de la Ley 65 de 1946; 11 de la Ley 4 de 1966; 2 de la
Ley 244 de 1995; Ley 344 de 1996; 1 y 2 del Decreto 1054 de 1938; 1 del Decreto

2

Radicación: 05001-23-31-000-2002-01619-01 (1126-2016)
Demandante: Manuel Mosquera Paz

2567 de 1946; 6 del Decreto 1160 de 1947; 5 del Decreto 2755 de 1966; 1 y 2 del
Decreto 2922 de 1966.

Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada del actor expuso lo siguiente:

i) El municipio de Vigía del Fuerte quebrantó el derecho al trabajo del demandante,
pues se abstuvo de pagarle los beneficios laborales causados durante su
vinculación.

ii) Las cesantías definitivas son una garantía para el servidor y deben reconocerse
dentro de los 15 días siguientes a su reclamación y para el pago se estableció un
plazo máximo de 45 días. El incumplimiento de estos términos genera una sanción
moratoria a cargo del empleador.

1.2. Contestación de la demanda

El municipio de Vigía del Fuerte se abstuvo de contestar la demanda.3

1.3. La sentencia objeto de consulta

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 27 de noviembre de
2015, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:4

i) El demandante es beneficiario del régimen de liquidación retroactiva de cesantías,
ya que se vinculó al municipio de Vigía del Fuerte el 5 de noviembre de 1992.

ii) El Consejo de Estado5 ha sostenido que cuando la administración omite expedir
el acto de reconocimiento de las cesantías, la sanción moratoria se causa 65 días
hábiles después de haberse reclamado la prestación.

3 Información extraída del auto que decretó pruebas dentro del sub lite, proferido el 11 de agosto de 2004 por el Tribunal

Administrativo de Antioquia (folio 35).
4 Folios 121 a 127.
5 Sentencia del 28 de septiembre de 2006, radicado 23001-23-31-000-2000-00433-01 (8308-05)

3

Radicación: 05001-23-31-000-2002-01619-01 (1126-2016)
Demandante: Manuel Mosquera Paz

iii) El 27 de noviembre de 2000, el señor Manuel Mosquera Paz solicitó el auxilio de
cesantías y los 65 días se cumplieron el 15 de marzo de 2001.

iv) El actor se retiró del servicio el 20 de noviembre de 2000 y el 23 de septiembre
de 2003 se le pagaron las cesantías definitivas y demás prestaciones sociales
adeudadas. Esta consignación se verificó durante el transcurso del proceso.

v) En consecuencia, se condena al ente territorial accionado a conceder al actor
«una indemnización equivalente a un día de salario por cada día comprendido entre
el 16 de marzo de 2001 y el 23 de septiembre de 2003, por mora en el pago oportuno
de las cesantías definitivas en los términos de la Ley 244 de 1995». Además, «se
deberá actualizar la suma total adeudada por concepto de indemnización moratoria
al momento del pago».

vi) No hay lugar a decretar las demás prestaciones sociales, ya que estas fueron
consignadas el 23 de septiembre de 2003. En caso de que el demandante tenga
alguna inconformidad con el monto reconocido, debe solicitar ante la administración
la corrección que estime pertinente.

1.4. Trámite del grado jurisdiccional de consulta

El 30 de septiembre de 2016,6 este despacho corrió traslado a las partes por el
término de 5 días para presentar alegatos por escrito y se dispuso la notificación
personal al agente del Ministerio Público, conforme lo ordena el artículo 184 del
CCA;7 sin embargo, todos los intervinientes guardaron silencio.8

6 Folio 133.
7 Artículo 184. Consulta. […]

La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5) días para que las partes presenten sus alegatos por
escrito […]. El agente del Ministerio Público, antes del vencimiento del término aquí previsto podrá solicitar traslado
especial que se concederá, sin necesidad de auto que así lo disponga, por el término de cinco (5) días, contados a partir
de la entrega del expediente que se efectuará una vez concluido el traslado común.
8 Según constancia secretarial visible en el folio 135.

4

Radicación: 05001-23-31-000-2002-01619-01 (1126-2016)
Demandante: Manuel Mosquera Paz

Por auto del 22 de marzo de 2018,9 el magistrado conductor del proceso declaró la
falta de competencia para conocer la presente controversia y anuló la sentencia del
27 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Al
respecto, se explicó que el asunto debía tramitarlo la jurisdicción ordinaria en la
especialidad laboral; empero, esta última suscitó un conflicto de competencias.10

Mediante Auto 1020 del 24 de noviembre de 2021, la Corte Constitucional declaró
que la jurisdicción de lo contencioso administrativo debía resolver el sub lite.11

Por auto del 19 de mayo de 2022,12 el despacho ponente dejó sin efectos la
providencia del 22 de marzo de 2018 en cuanto anuló la sentencia objeto de
consulta, en aras de sanear el proceso y viabilizar un pronunciamiento de mérito en
los términos ordenados por la Corte Constitucional.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa. Grado jurisdiccional de consulta

El presente proceso se inició en vigencia del CCA, por lo que su trámite debe
sujetarse a dicho estatuto,13 el cual estableció el grado jurisdiccional de consulta
con el siguiente tenor:

Artículo 184. Consulta. <Subrogado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998> Las
sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo
de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos
mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado
representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no
fueren apeladas.

9 Folios 136 a 138.
10 Folios 143 a 147.
11 Folios 2 a 15 del cuaderno «conflicto entre jurisdicciones». La Corte Constitucional explicó que en el plenario no obraba

prueba que demostrara fehacientemente que el actor ostentó la condición de trabajador oficial.
12 Folios 151 a 153.
13 Artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

5

Radicación: 05001-23-31-000-2002-01619-01 (1126-2016)
Demandante: Manuel Mosquera Paz

Las sentencias que impongan condena en abstracto sólo serán consultables junto con
el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior.

En los asuntos contenciosos de carácter laboral, solamente se consultarán las
sentencias dictadas en primera instancia que impongan condena a cargo de la entidad
pública, cuando de la respectiva actuación se deduzca que la demandada no ejerció
defensa alguna de sus intereses.

La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5) días para que
las partes presenten sus alegatos por escrito y se entenderá siempre interpuesta a
favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem. El
agente del Ministerio Público, antes del vencimiento del término aquí previsto podrá
solicitar traslado especial que se concederá, sin necesidad de auto que así lo
disponga, por el término de cinco (5) días, contados a partir de la entrega del
expediente que se efectuará una vez concluido el traslado común.

La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el
mencionado grado.

La Corte Constitucional, mediante las Sentencias C-153 de 1995 y C-090 de 2002,
declaró la exequibilidad de la citada norma, con fundamento en los siguientes
argumentos:

i) De acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Política, la consulta es una
manifestación de la garantía de doble instancia, por lo que se encuentra
relacionada con el debido proceso y el derecho de defensa.

ii) Dicho grado jurisdiccional habilita al superior para revisar o examinar la decisión
adoptada en primera instancia. Esta institución procesal opera por disposición de
ley, sin que medie petición de parte y se encamina a corregir los errores de la
providencia objeto de consulta, salvaguardar la seguridad jurídica y que las
decisiones atiendan a altos estándares de justicia.

iii) La consulta suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido implementada.

iv) La institución en comento atiende especiales finalidades en materia contencioso
administrativa, pues fue diseñada en beneficio de las entidades del Estado en
orden a defender sus derechos y el erario. De esta manera se busca «precaver
posibles fraudes procesales, colusiones o manejos indebidos en los procesos»,

6

Radicación: 05001-23-31-000-2002-01619-01 (1126-2016)
Demandante: Manuel Mosquera Paz

así como evitar las consecuencias adversas de una condena carente de
fundamentación fáctica y jurídica.14

v) La consulta que regula el Código Procesal del Trabajo15 se diferencia de la
prevista en el CCA, pues el primero la estableció para las sentencias que fueran
totalmente adversas a las pretensiones del trabajador con el ánimo de proteger
sus derechos; por el contrario, el segundo se propuso garantizar «el cumplimiento
de la ley y la protección de los intereses de las entidades del Estado».16

Así las cosas, el presente asunto se decidirá a la luz de los anteriores lineamientos
interpretativos y se respetará de manera especial la previsión del artículo 184 del
CCA en el sentido de que la consulta se entiende siempre interpuesta a favor de las

entidades públicas.

2.2. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si el actor tiene derecho al reconocimiento de la
sanción moratoria originada en el pago tardío del auxilio de las cesantías definitivas,
en los términos ordenados en la sentencia objeto de consulta.

2.3. Marco normativo

La Ley 244 de 1995 fijó los plazos para el pago oportuno de cesantías para los
servidores públicos y estableció sanciones por el incumplimiento de esta obligación.

Por su parte, la Ley 1071 de 2006 adicionó y modificó la Ley 244 de 1995 en torno
al pago de las cesantías definitivas y parciales;17 sin embargo, esta norma es
posterior a los hechos en los que se fundamenta la presente demanda, por lo que

14 Corte Constitucional, Sentencia C-153 de 1995.
15 Artículo 69.
16 Sentencia C-090 de 2002.
17 Conforme al artículo 3 de la Ley 1071 de 2006, se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la

administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar estudios.

7

Radicación: 05001-23-31-000-2002-01619-01 (1126-2016)
Demandante: Manuel Mosquera Paz

se tendrá en cuenta el texto original de la Ley 244 de 1995, cuyo tenor es el
siguiente:

Artículo 1. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores
públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.
[…]

Artículo 2. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para
cancelar esta prestación social.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos,
la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario,
un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las
mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario,
cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.

Es importante citar la exposición de motivos que fundamentó la sanción moratoria
consagrada en la aludida ley, de la que se destacan los siguientes argumentos:

[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando
esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin
ningún reconocimiento para el trabajador.18

Así las cosas, la Ley 244 de 1995 se orientó a agilizar el proceso de reconocimiento
y pago de las cesantías definitivas en aras de proteger a los servidores públicos y
su núcleo familiar ante una eventual desvinculación. Para el efecto se determinó

18 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.

8

Radicación: 05001-23-31-000-2002-01619-01 (1126-2016)
Demandante: Manuel Mosquera Paz

que la administración tendría 15 días para expedir el acto de reconocimiento del
referido auxilio, contados desde la fecha de radicación de la solicitud que se hiciera
en tal sentido.

A su turno, una vez estuviera en firme el acto de reconocimiento de cesantías
definitivas, la entidad empleadora contaría con 45 días hábiles para pagar la
prestación, so pena de incurrir en mora y causar a su cargo una sanción equivalente
a un día de salario por cada día de retardo, que correría en forma continua hasta
cuando se hiciera efectivo el pago.

Por su parte, esta corporación ha precisado que la exigibilidad de la sanción
moratoria depende de si la administración expide en tiempo el acto de
reconocimiento de cesantías, si lo hace extemporáneamente o si no lo hace, para
el efecto se fijaron las siguientes reglas de unificación:19

SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de
las cesantías, las siguientes reglas:

i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria
corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto;
y iii) 45 días para efectuar el pago.

ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser
notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se
verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no
fue notificado, para determinar cuando corre la ejecutoria, deberá considerarse el
término dispuesto en la ley20 para que la entidad intentara notificarlo personalmente,
esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar
que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el
enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los
términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que
así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en
contra del empleador como computables para sanción moratoria.

iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se
notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago
de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018, radicado

73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015).
20 Artículo 69 CPACA.

9

Radicación: 05001-23-31-000-2002-01619-01 (1126-2016)
Demandante: Manuel Mosquera Paz

Es preciso aclarar que la primera regla varía dependiendo de si el auxilio se causó
en vigencia del CCA, pues en ese caso se entiende que cuando el acto que reconoce
las cesantías definitivas se suscribe por fuera del término de ley o no se profiere, la
sanción moratoria corre 65 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, discriminados en i) 15 días para expedir la resolución; ii) 5 días de
ejecutoria del acto, al tenor del artículo 51 ibidem; y iii) 45 días para efectuar el
pago.21

2.4. Hechos probados

• El 20 de noviembre de 2000, por Decreto 013, el alcalde municipal del ente
territorial demandado declaró «insusistente (sic) al señor MANUEL MOSQUERA P. […] y
quien se venía desempeñando como Obrero».22

• El 27 de noviembre de 2000, el actor solicitó al municipio accionado reconocer «las
prestaciones sociales de los años 97, 98 y 2000, al igual que el sueldo
correspondiente a los meses de septiembre, octubre, más los 23 días del mes de
noviembre del presente año, lo mismo lo correspondiente a la dotación desde el año
1992».23

• El 14 de junio de 2001, el apoderado del demandante interpuso recurso de
reposición contra el acto ficto negativo originado en falta de respuesta a la anterior
petición, por lo cual solicitó «reconocer el pago de las prestaciones sociales y en
general todos los beneficios laborales a que tiene derecho mi representado,
incluyendo la sanción moratoria por el no pago oportuno de sus cesantías, durante
todo el período laborado».24

21 Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 25 de marzo de 2021, radicado 05001-23-33-000-

2012-00365-02 (2358-2017) y del 3 de junio de 2021, radicado 50001-23-33-000-2014-00215-01 (1558-2018).
22 Folio 9.
23 Folio 10.
24 Folios 11 a 14.

10

Radicación: 05001-23-31-000-2002-01619-01 (1126-2016)
Demandante: Manuel Mosquera Paz

• El 23 de septiembre de 2003, el municipio de Vigía del Fuerte le pagó al actor
«todas sus prestaciones sociales adeudadas», incluidas las cesantías, por
intermedio del Fondo Nacional de Estabilización Petrolera.25

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

A efecto de resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará la situación
del demandante, a fin de establecer si la administración incurrió en mora en el pago
de sus cesantías definitivas y, por ende, determinar si tiene derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria reclamada.

El 27 de noviembre de 2000, el señor Manuel Mosquera Paz solicitó el
reconocimiento y pago de todas las prestaciones sociales causadas durante su
vinculación laboral, dentro de las que se encuentra el auxilio de cesantías; de
manera que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 244 de
1995, la administración contaba con 15 días para expedir el acto de reconocimiento
de ese auxilio, es decir, hasta el 19 de diciembre de 2000.

Así las cosas, a partir del 20 de diciembre de 200026 empezaron a correr los 5 días27
para que quedara ejecutoriado el acto administrativo, en el caso de que se hubiera
expedido oportunamente, es decir, hasta el 27 de diciembre de 2000, vencidos los
cuales inició el conteo de los 45 días en que el municipio de Vigía del Fuerte debía
pagar la prestación reclamada, los que se cumplieron el 2 de marzo de 2001, razón
por la cual, a partir del día siguiente -3 de marzo de 2001- inició la causación de la
indemnización moratoria.

25 Según certificación expedida el 15 de septiembre de 2005, por el alcalde del municipio de Vigía del Fuerte (folios 50 y

51), en consonancia con la información suministrada por la directora general de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público (folios 73 a 75) . Igualmente, mediante memorial del 8 de febrero de 2008, la apoderada del actor indicó
que las cesantías «fueron liquidadas y ordenadas el pago por el municipio a través del FAEP el 23 de septiembre de 2003»
(folios 56 a 57).
26 Día hábil siguiente al vencimiento de los 15 días de que disponía la administración para expedir oportunamente el acto

administrativo de reconocimiento de la prestación.
27 Se contabilizan 5 días, pues la fecha en que se debió expedir el acto estaba en vigencia el CCA – Decreto 1 de 1984.

11

Radicación: 05001-23-31-000-2002-01619-01 (1126-2016)
Demandante: Manuel Mosquera Paz

Ahora bien, las cesantías tan solo se pusieron a disposición del señor Manuel
Mosquera Paz el 23 de septiembre de 2003, según dan cuenta los documentos
aportados al plenario y el dicho de su apoderada durante el transcurso del
proceso;28 por lo tanto, el ente territorial accionado incurrió en mora desde el 3 de
marzo de 2001 hasta el 22 de septiembre de 2003.29

El 14 de junio de 2001, el accionante peticionó el reconocimiento de la sanción por
mora en el pago de sus cesantías, es decir, cuando aún no habían transcurrido tres
años desde el momento en que se hizo exigible la referida penalidad, por lo que se
debe concluir que no está afectada por el fenómeno de la prescripción.

Es preciso advertir que en la sentencia objeto de consulta se consideró que la mora
abarcó el período comprendido entre el 16 de marzo de 2001 y el 23 de septiembre
de 2003, pese a que el lapso correcto era el que iba del 3 de marzo de 2001 hasta
el 22 de septiembre de 2003; por lo tanto, con el interregno reconocido en primera
instancia se restaron días de mora a favor del municipio demandado, por lo que la
Sala se abstendrá de modificar la condena, pues sería más gravosa para el ente
territorial y el grado jurisdiccional de consulta regulado por el artículo 184 del CCA
expresamente dispone que aquél siempre se entiende interpuesto en beneficio de
las entidades públicas.

De otro lado, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó «DAR cumplimiento a
esta sentencia en los términos establecidos en los artículos 176, 177 y 178 del CCA.
Por lo tanto se deberá actualizar la suma total adeudada por concepto de
indemnización moratoria al momento del pago». La Sala considera que tal decisión
se ajusta al criterio jurisprudencial adoptado por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, que ha sido esbozado en los siguientes términos:30

175. Es evidente, que la jurisprudencia de la Sección Segunda se inclinó por descartar

28 Mediante memorial del 8 de febrero de 2008, la apoderada del actor indicó que las cesantías «fueron liquidadas y

ordenadas el pago por el municipio a través del FAEP el 23 de septiembre de 2003» (folios 56 a 57).
29 Día en que finalizó la mora, pues fue el anterior a aquel en que se puso a disposición del demandante el valor reconocido

por concepto de cesantías definitivas.
30 Sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018, radicado 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-

2015).

12

Radicación: 05001-23-31-000-2002-01619-01 (1126-2016)
Demandante: Manuel Mosquera Paz

la procedencia de la indexación de la sanción moratoria, porque ésta penaliza la
negligencia del empleador en la obligación de reconocer y pagar oportunamente las
cesantías a sus empleados, que en términos monetarios constituyen sumas de dinero
mayores a la actualización a valor presente.
[…]

185. En tal sentido, al no tratarse de un derecho laboral, sino de una penalidad de
carácter económica que sanciona la negligencia del empleador en la gestión
administrativa y presupuestal para reconocer y pagar en tiempo la cesantía, no es
procedente ordenar su ajuste a valor presente, pues, se trata de valores monetarios
que no tienen intención de compensar ninguna contingencia relacionada con el
trabajo ni menos remunerarlo.
[…]

191. En suma, la naturaleza sancionadora, el cuantioso cómputo sistemático y
prolongado en el tiempo sin que implique periodicidad, y la previsión intrínseca del
ajuste del salario base con el IPC, indican con toda certeza que la sanción moratoria
no puede indexarse a valor presente, razón por la cual, la Sección Segunda del
Consejo de Estado sentará jurisprudencia en tal sentido. Sin embargo, ello no
implica el ajuste a valor de la condena eventual, en los términos descritos en el
artículo 187 del CPACA. [Se destaca]

A partir de lo anterior, en la sentencia de unificación que se emplea como
precedente para resolver la controversia, en su parte resolutiva se determinó como
regla de unificación la siguiente:

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para
señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío
de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del
CPACA.

En estas condiciones, la Sala concluye que al momento de cumplir la sentencia
objeto de consulta, se deberá dar aplicación del artículo 178 del CCA, que tiene un
contenido normativo análogo al artículo 187 del CPACA, para efecto de ajustar la
condena, conforme se dispuso en el proveído consultado.31

Por las anteriores razones, se confirmará la sentencia del 27 de noviembre de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

3. Conclusión

31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2022, radicado 73001-23-33-000-2018-

00114-01 (3739-19).

13

Radicación: 05001-23-31-000-2002-01619-01 (1126-2016)
Demandante: Manuel Mosquera Paz

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, se concluye que la decisión consultada se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular del demandante, razón por la que
deberá confirmarse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2015 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda en el proceso promovido por el señor Manuel Mosquera Paz contra
el municipio de Vigía del Fuerte.

Segundo. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg

14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.