Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2018-00114-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2018-00114-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2018-00114-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
27 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2018-00114-01 (3739-19)
Demandante: Olga Flórez Enciso
Demandado: Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías parciales a
docentes.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la
demandante, contra la sentencia proferida el 22 de mayo de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 73001 23 33 000 2018 00114 01 (3739-19)
Demandante: Olga Flórez Enciso
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Olga Flórez Enciso, por conducto de
apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en orden a que se declare la nulidad del oficio SAC:2017RE11790 del 18 de octubre
de 2017, mediante el cual el secretario de Educación y Cultura de la Gobernación
del Tolima negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago inoportuno
de sus cesantías parciales.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó (i) condenar a la entidad
demandada a reconocer y pagar la indemnización por la mora en el pago de sus
cesantías parciales, dispuesta en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de
salario por cada día de retraso en el pago, desde el vencimiento de los setenta días
hábiles que transcurrieron después de la radicación de la solicitud de su prestación,
hasta cuando se produzca el pago de las cesantías parciales a su favor; (ii)
reconocer los ajustes de valor sobre las sumas adeudadas por concepto de sanción
moratoria, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011;
(iii) disponer el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 ibidem;
y (iv) condenar en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
(i) El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio fue creado a través
del artículo 3 de la Ley 91 de 1989, como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, contable y estadística y, en el artículo 15, parágrafo 2º,
de la referida norma se le asignó la competencia de pagar las cesantías de los
docentes de los establecimientos educativos del sector oficial.
(ii) La demandante ingresó a laborar como docente al servicio del departamento del
Tolima y, el 20 de agosto de 2015, solicitó ante la Nación (Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) el
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Demandante: Olga Flórez Enciso
reconocimiento y pago de sus cesantías parciales, las cuales se reconocieron a
través de la Resolución 4895 del 5 de septiembre de 2016 y pagaron el 27 de
octubre de 2016, por intermedio de la entidad bancaria.
(iii) Al verificar las fechas de solicitud, reconocimiento y pago de las cesantías
parciales, se advirtió que el término de 70 días para cancelarlas vencía el 1 de
diciembre de 2015, es decir, que transcurrió un lapso superior al previsto en la ley,
para proceder al pago; por tal razón, formuló solicitud encaminada a obtener la
sanción moratoria, la cual fue resuelta desfavorablemente a través del Oficio
SAC:2017RE11790 del 18 de octubre de 2017.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 5, 9 y 15 de la ley 91 de 1989, 1 y 2 de la Ley
244 de 1995, 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006 y el Decreto 2831 de 2005.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante manifestó lo
siguiente:
(i) La autoridad encargada del pago de las cesantías a los docentes ha estado
desconociendo las normas que rigen lo relativo al pago oportuno de esa prestación,
y, en esa medida, se encuentran en desigualdad respecto de los demás servidores
del Estado a quienes sí se les cancelan dentro de la oportunidad legal.
(ii) Ante tales circunstancias se expidieron las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
que regularon lo relativo al pago de las cesantías parciales y definitivas de los
empleados públicos y fijaron un término de 15 días contados a partir de la radicación
de la solicitud y 45 días siguientes, para proceder a su pago; sin embargo, la Nación
(Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio) ha desconocido tales términos, circunstancia que acarrea la sanción
equivalente a un día de salario por cada día de retardo.
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Demandante: Olga Flórez Enciso
(iii) En su condición de docente, como su prestación fue reconocida con
posterioridad a la Ley 91 de 1989, le aplica la Ley 244 de 1995, modificada por la
Ley 1071 de 2006, que determinan los plazos para pagar oportunamente las
cesantías y establecen una penalidad a cargo del empleador incumplido, en el
equivalente a un día de salario por cada día de retraso, hasta cuando se haga
efectivo el pago, disposiciones que sirven de soporte a las pretensiones deprecadas
en el sub lite.
1.2. Contestación de la demanda
La Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio) por conducto de su apoderada, contestó la demanda1 y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual expuso las razones que se
relacionan a continuación:
(i) La cesantía a favor de la demandante se reconoció siguiendo los lineamientos
legales y el acto administrativo acusado está ajustado a derecho; en todo caso, la
mora que se invoca en la demanda no es atribuible a la entidad demandada, pues
no participa en la expedición de los actos administrativos de reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales, toda vez que esa labor está encomendada a las
secretarías de educación territoriales.
(ii) La Ley 1071 de 2006 establece una sanción económica en caso de que se
incumpla el término perentorio para el pago de las cesantías; sin embargo, esa
sanción no se hace extensiva al tiempo en que se demore la expedición del acto de
reconocimiento de la prestación, máxime cuando previo a su expedición se debe
surtir un procedimiento especial consagrado en la Ley 91 de 1989 y en el Decreto
2831 de 2005.
(iii) No se puede desconocer que en casos en que la autoridad en mora es la Nación,
1 Folios 66 a 69.
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Demandante: Olga Flórez Enciso
la sanción que procede es aquella establecida en el artículo 88 de la Ley 1328 de
2009, que no puede exceder el doble del interés bancario corriente.
(iv) Finalmente, propuso las excepciones de buena fe, inaplicabilidad de la Ley 1071
de 2006 a los docentes, prescripción e inexistencia de vulneración de los principios
legales.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia proferida el 22 de mayo
de 2019,2 negó las pretensiones de la demanda, con sustento en lo siguiente:
(i) La demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria que reclama, toda vez que su vinculación laboral ocurrió el 20 de abril de
1981, es decir, está amparada por el régimen de liquidación de cesantías con
retroactividad y no el anualizado; por ende, no le aplica la Ley 244 de 1995
subrogada por la Ley 1071 de 2006, sino, únicamente, en lo que se refiere a la
liquidación de cesantías definitivas.
(ii) En efecto, los docentes tienen un régimen de cesantías especial que se rige por
el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y que, en concreto, comprende la liquidación
anual; sin embargo, a aquellos vinculados con antelación a su entrada en vigencia,
se mantuvo el sistema de retroactividad, sujeto al reconocimiento de intereses y
diferente al general, los cobijados por este últimos no se rigen por las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006, como ocurre en el caso de la demandante, lo que conlleva
denegar las pretensiones de la demanda.
1.4. El recurso de apelación
La señora Olga Flórez Enciso, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de
2 Folios 127 a 133.
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Demandante: Olga Flórez Enciso
apelación,3 con base en los argumentos que se enuncian a continuación:
(i) Para los docentes existen dos regímenes de liquidación de cesantías, el de
retroactividad y el anualizado; el empleado puede acceder al retiro de esta
prestación social ante dos circunstancias, por un lado, la terminación de la relación
laboral, caso en el cual se conceden las definitivas y, por el otro lado, ante alguna
de las causales definidas por el legislador, entre ellas, la compra de vivienda o
amortización de hipotecas, el pago de matrículas de estudio del beneficiario, sus
hijos o su cónyuge, entre otras, y, en este evento, se denominan parciales.
(ii) La autoridad administrativa encargada del pago de esta prestación social debe
cumplir los términos establecidos por el legislador para ese efecto, tal como lo
prevén las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, última de las cuales tiene como
beneficiarios a todos los empleados y trabajadores del Estado, por ende, no hace
distinción entre aquellos amparados por ninguno de los regímenes de cesantías, ni
el de retroactividad, ni el anualizado, lo que implica que, para resolver la
controversia, se debe acudir al criterio de interpretación hermenéutica según el cual
«donde el legislador no distingue, le está prohibido al intérprete hacerlo».
(iii) En consideración a lo anterior y debido a la mora en que incurrió la
administración para pagar las cesantías parciales de la demandante, debe
reconocer, a título de sanción, un día de salario por cada día de retraso, lo cual no
se puede confundir con los intereses a las cesantías, como erróneamente lo hizo el
a quo.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes demandante y demandada guardaron silencio durante esta etapa
procesal.4
3 Folios 141 a 149.
4 Folio 159.
6
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1.6. El Ministerio Público
No rindió concepto5.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si la demandante, en su condición de docente, (i) puede
ser beneficiaria de la sanción moratoria por la inoportuna consignación de sus
cesantías parciales, de conformidad con lo previsto en las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006; (ii) tiene derecho a la indemnización por mora en el pago de esa
prestación y en qué forma se debe liquidar.
2.2. Marco normativo
La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones
de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial
de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente.
El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló que
para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que
hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si
fuere menor a ese lapso.
5 Folio 159.
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Demandante: Olga Flórez Enciso
Por otro lado, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro
de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los
siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales»6, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»;7
con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas
al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social
realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.
Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada
empleado.
El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se
transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el
objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías8, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la
protección contra la pérdida de su valor adquisitivo9. Además, en los artículos 6 y 7
ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida
del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de
intereses sobre las cesantías.
6 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
7 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
8 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
9 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
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Más adelante, la Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el
pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones
y se dictan otras disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15)
días para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías
definitivas de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de
radicación de la solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que
en el evento de que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así
al peticionario, dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y
señalar expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se
alleguen, pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término
inicialmente indicado.
El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.
Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
en la aludida ley, en especial, los siguientes:
[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.
Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando
esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin
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ningún reconocimiento para el trabajador10.
La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales11 de los servidores públicos, en sus artículos
4 y 5 determinó lo siguiente:
Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.
De conformidad con lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de
2006, son:
Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas,
10 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
11 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la
administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /-
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».
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empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros
de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y
trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. (Se resalta).
Ahora bien, en lo que respecta a los docentes oficiales, se debe indicar que el
artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio como «una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el
Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las
prestaciones sociales12 que se causaran a favor del personal docente nacional y
nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.
La aludida ley, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes territoriales son
aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero
de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43
de 1975» y en el artículo 2 ibidem estableció lo relativo al reconocimiento de sus
prestaciones, en los siguientes términos:
Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con
el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen
a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo de la
Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el
Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo
las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a
dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.
En lo que tiene que ver con las cesantías, su reconocimiento se estableció en el
artículo 15 ibidem, en los siguientes términos:
3. Cesantías:
12 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.
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Demandante: Olga Flórez Enciso
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que
resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema
financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. [Resalta la
Sala].
La Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-
2006, en su artículo 81 estableció que el régimen prestacional de «los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio
público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
(i) El 20 de agosto de 2015,13 la señora Olga Flórez Enciso solicitó el reconocimiento
y pago de sus cesantías parciales, con destino a compra de vivienda.
(ii) El 5 de septiembre de 2016,14 el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Secretaría de Educación del departamento del Tolima) expidió la
Resolución 4895, mediante la cual reconoció las cesantías parciales a la
13 Según se desprende la resolución que obra en folios 4 y 5.
14 Folios 4 y 5.
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Demandante: Olga Flórez Enciso
demandante, tomando como base un tiempo de vinculación continua desde el 20
de abril de 1981 hasta el 23 de julio de 2015.
(iii) El 27 de octubre de 2016,15 quedó a disposición de la demandante, el valor
reconocido por concepto de sus cesantías parciales.
(iv) El 26 de septiembre de 2017,16 la demandante, por intermedio de apoderado,
formuló solicitud con destino a la Nación (Ministerio de Educación Nacional— Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) en la cual reclamó: a. el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la tardanza en el pago de sus
cesantías parciales, con sustento en la Ley 1071 de 2006; y b. la indexación de los
valores que surjan hasta cuando se efectúe el pago.
(v) El 18 de octubre de 2017,17 el secretario de educación y cultura del Tolima
(Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio) expidió el oficio SAC2017RE11790,
por el cual negó el reconocimiento de la sanción moratoria.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
A efecto de resolver el problema jurídico planteado, la Sala debe precisar que la
demandante solicita el reconocimiento y pago de la sanción moratoria producto de
la tardanza en que incurrió la administración en reconocer y pagar sus cesantías
parciales, al tenor de lo dispuesto en la Ley 1071 de 2006, de manera que el primer
tema a abordar consiste en determinar si, en su condición de docente, es beneficiaria
de la aludida ley, ante la mora en el pago de su prestación.
De acuerdo con las normas citadas en el acápite «marco normativo» de esta
providencia, se debe concluir que los docentes sí están cobijados por las
disposiciones de liquidación parcial y definitiva de las cesantías consagradas en
15 Según información suministrada por la Fiduprevisora en el folio 6 del expediente, lo cual se
corrobora con lo afirmado por la parte actora en el hecho 5 de la demanda.
16 Folios 9 a 11.
17 Folio 12.
13
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Demandante: Olga Flórez Enciso
la Ley 1071 de 2006; así lo definió la Corte Constitucional,18 en sentencia que se
transcribe a continuación:
En la sentencia C-741 de 201219 la Corporación precisó que aunque los docentes
oficiales no hacen parte de la categoría de servidores públicos, su situación se asimila
a la de estos últimos, pues el estatuto docente (artículo 2º) los define como
‘empleados oficiales de régimen especial’, al tiempo que la Ley General de Educación
(artículo 2º 105, parágrafo 2º, de la Ley 115 de 1994) los denomina servidores
públicos de régimen especial. También se explicó que los docentes oficiales podrían
considerarse empleados públicos, por hacer parte de la Rama Ejecutiva y porque su
misión se cumple dentro de las secretarías de educación territoriales.
[…]
En este orden de ideas, corresponde al FOMAG reconocer y pagar las prestaciones
sociales y la asistencia en salud. En lo que tiene que ver con el pago de las cesantías,
debe aclararse que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, exceptuó de la aplicación
del Sistema Integral de Seguridad Social a los miembros de las Fuerzas Públicas y
de la Policía Nacional, al personal regido por el Decreto 1214 de 1990, con excepción
de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la Ley 91 de 1989, a los miembros
de las comisiones públicas y a los “afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio”.
En consecuencia, los docentes oficiales se encuentran exceptuados de la aplicación
de la Ley 100 de 1993 y del artículo 98 de la Ley 50 de 1990, que modificó el Código
Sustantivo del Trabajo y estableció un nuevo régimen para el pago de cesantías.
Al respecto, la Ley 244 de 1995 fijó los términos para el pago oportuno de las
cesantías de los servidores públicos, en esa dirección, estableció que la entidad
responsable cuenta con quince (15) días hábiles para resolver la solicitud de
reconocimiento y pago de cesantías; y un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles
para realizar el pago, contados desde que la resolución de reconocimiento quede en
firme. Estos términos deben contarse de conformidad con el artículo 76 del CPACA,
donde se indica que contra la resolución que concede o niega el beneficio, se cuenta
con un término de diez días para la presentación de los recursos de ley.
En otros términos, cuando el artículo 19 (sic) de la ley 91 de 1989 establece que el
pago de cesantías de los docentes oficiales estará regulado por la normatividad
vigente, debe aplicarse lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 2006, sobre el pago de cesantías definitivas o parciales a los servidores
públicos.
[…]
En conclusión, de acuerdo a la legislación y la jurisprudencia, los docentes oficiales
han sido considerados como servidores públicos con características especiales. En
lo que hace al pago de las cesantías y la mora en el cumplimiento de esta obligación,
es aplicable la Ley 1071 de 2006 que en su artículo 4º que establece el término
máximo de quince (15) días para proferir la resolución de la solicitud y el artículo 5º,
según el cual la entidad pagadora cuenta con un plazo máximo de cuarenta y cinco
18 Corte Constitucional, sentencia C-486/16 M.P. María Victoria Calle Correa.
19 Cita propia del texto transcrito: MP. Nilson Pinilla Pinilla. SV. Jorge Iván Palacio Palacio.
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(45) días hábiles para el pago. El interés de mora en esta normativa equivale a “…un
día de salario por cada de retardo hasta que se haga efectivo el pago”.
Tal planteamiento fue materia de unificación por el máximo tribunal constitucional,20
y al respecto resaltó:
Bajo ese entendido, la aplicación de este régimen a los docentes estatales se adecúa
a los postulados constitucionales, por las siguientes razones:
(i) El pago oportuno de las cesantías garantiza el reconocimiento efectivo de los
derechos al trabajo y a la seguridad social, y desarrolla la finalidad constitucional por
la cual fue establecida esa prestación social bajo el principio de integralidad. De igual
forma, se acompasa con lo establecido en los diferentes tratados internacionales
sobre la materia ratificados por Colombia.
(ii) En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa de la Ley 1071 de 2006
se señaló que su ámbito de aplicación cubre a todos los funcionarios públicos
y servidores estatales de las tres ramas del poder, así como a las entidades que
prestan servicios públicos y de educación, es decir, involucra a todo el aparato del
Estado no solo a nivel nacional sino territorial.
(iii) Al igual que los demás servidores públicos, los docentes oficiales en calidad
de trabajadores tienen derecho a que se les reconozcan pronta y
oportunamente sus prestaciones sociales, por lo que proceder en contrario
significaría desconocer injustificadamente el derecho a la igualdad, respecto de
quienes sí les fue reconocida la sanción por la mora en el pago de las cesantías.
(iii) Existen importantes semejanzas entre las características usualmente atribuidas a
la figura de los empleados públicos y las que son propias del trabajo de los docentes
oficiales, a saber: pertenecen a la rama ejecutiva, cumplen dentro de ella una tarea
típicamente misional respecto de la función que compete a las secretarías de
educación de las entidades territoriales y, en su momento, al Ministerio de Educación
Nacional, se encuentran sujetos a un régimen de carrera y su vinculación se produce
por efecto de un nombramiento.
(iv) En tanto los docentes oficiales no han sido ni podrían ser ubicados como parte de
ninguna de las otras especies de servidores públicos, han de ser considerados como
empleados públicos.
(v) El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó de la aplicación del Sistema Integral
de Seguridad Social a los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
20 Corte Constitucional, sentencia SU 336/17, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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Adicionalmente, esta Corporación,21 en sentencia de unificación definió que a los
docentes oficiales sí les son aplicables, en materia de sanción moratoria, las
previsiones de la Ley 244 de 1995 y disposiciones complementarias. Así discurrió:
3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para
señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley
244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el
pago tardío de sus cesantías.
3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las
cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la
sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii)
10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago. (Resalta la Sala).
[…]
195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se
interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que
lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto.
3.5.3 Sentar jurisprudencia señalando que, tratándose de cesantías definitivas, el
salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en
la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de
las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la
asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por
la prolongación en el tiempo.
3.5.4 Sentar jurisprudencia, reiterando que es improcedente la indexación de la
sanción moratoria. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 del CPACA.
Así las cosas, aplicando el precedente de unificación jurisprudencial anotado, se
debe concluir que la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 sí puede
concederse a favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en caso de demostrarse que se incurrió en mora en el pago
de las cesantías parciales o definitivas y el conteo de términos para efecto del
reconocimiento se rige por las reglas fijadas en el precedente aludido.
Precisado lo anterior, la Sala analizará la situación de la demandante, a fin de
establecer si la administración incurrió en mora en la consignación de sus cesantías
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018, radicación
73001-23-33-000-2014-00580-01, número interno 4961-15.
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parciales y, por ende, determinar si tiene derecho al reconocimiento y pago de la
sanción por la tardanza en el pago de esa prestación.
El 20 de agosto de 2015, la señora Olga Flórez Enciso solicitó el reconocimiento y
pago de sus cesantías parciales para compra de vivienda, según se desprende de
las consideraciones de la resolución que reconoció esa prestación;22 de manera que
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, la
administración contaba con 15 días para expedir el acto de reconocimiento de ese
auxilio, es decir, hasta el 10 de septiembre de 2015.
No obstante lo anterior, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Secretaría de Educación del Tolima) excedió el plazo de quince días señalado en
la norma citada para expedir el acto, comoquiera que emitió la resolución tan solo
hasta el 5 de septiembre de 201623 y la notificó el 9 de septiembre siguiente.24
Así las cosas, a partir del 11 de septiembre de 201525 empezaron a correr los diez
días26 para que quedara ejecutoriado el acto administrativo, en el caso de que se
hubiera expedido oportunamente, es decir, hasta el 24 de septiembre de ese año,
vencidos los cuales inició el conteo de los cuarenta y cinco días en que el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio debía pagar la prestación
reclamada, los que se cumplieron el 1 de diciembre de 2015, razón por la cual, a
partir del día siguiente -2 de diciembre de 2015- se empezó a causar la
indemnización moratoria.
Ahora bien, las cesantías tan solo se pusieron a disposición de la demandante el 27
de octubre de 2016, según constancia de la Fiduprevisora;27 de tal manera, se debe
22 Folios 4 y 5.
23 Folios 4 y 5.
24 Según consta en folio 5 vuelto.
25 Día hábil siguiente al vencimiento de los 15 días de que disponía la administración para expedir
oportunamente el acto administrativo de reconocimiento de la prestación.
26 Se contabilizan diez días, pues la fecha en que se debió expedir el acto estaba en vigencia el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
27 Folios 6 y 7.
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concluir que el Fondo demandado incurrió en mora desde el 2 de diciembre de 2015
hasta el 26 de octubre de 2016.28
La demandante formuló reclamación tendiente al reconocimiento de la sanción por
mora en la consignación de sus cesantías el 26 de septiembre de 2017, es decir,
cuando aún no habían transcurrido tres años desde el momento en que se hizo
exigible la sanción, por lo que se debe concluir que no está afectada por el fenómeno
extintivo.
Ahora bien, pese a lo anterior, el tribunal decidió negar las pretensiones de la
demanda de la referencia, bajo el entendido de que la demandante no es
beneficiaria de las previsiones de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, pues está
amparada por el régimen de retroactividad de cesantías y las normas aludidas solo
se dirigen para los beneficiarios del sistema de liquidación anual de la prestación.
No obstante, la Sala no comparte esa postura, en efecto, en pronunciamiento de la
Subsección A,29 al realizar un análisis de los antecedentes jurisprudenciales sobre
la materia, se concluyó:
• No es viable reconocer la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las
cesantías parciales, con invocación de la Ley 244 de 1995, para la prestación parcial
reclamada antes de la entrada en vigencia de la Ley 1071 de 2006, pues la
primera ley no preveía tal penalidad, respecto del pago parcial del auxilio. Sin
embargo, si se reclama con posterioridad a la entrada en vigencia de esta última
disposición30, con invocación exclusiva de la Ley 244 de 1995 sí es viable
reconocerla, en la medida en que se demuestren los supuestos de hecho exigidos
para su causación.
• Sí es viable reconocer la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las
cesantías parciales y/o definitivas, en el régimen de retroactividad, con invocación
de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 -en cuanto a esta última, con la salvedad
hecha en el punto anterior-, pues estas leyes prevén esa penalidad sin distinción del
régimen de liquidación de la prestación. Se aclara que aunque la primera de ellas
28 Día anterior a aquél en que se puso a disposición de la demandante el dinero para el pago de la
prestación.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020,
radicación: 76001 23 33 000 2016 00773 01, número interno: 0871-18, M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
30 Ley 1071 de 2006.
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solo la previó para el retiro definitivo del servicio, la segunda es modificatoria de la
anterior y la hizo extensiva a la tardanza en el pago de las cesantías parciales.
[negrilla del texto original]
En orden de lo anterior, como la Ley 1071 de 2006 no discrimina el régimen de
cesantías al que esté afiliado el servidor público y la reclamación recae sobre el
auxilio parcial que se solicitó con posterioridad a su entrada en vigencia y con
invocación de tal norma, sí procede el reconocimiento de la sanción moratoria
pretendida, la cual debe reconocerse durante el lapso antes descrito, esto es, desde
el 2 de diciembre de 2015 hasta el 26 de octubre de 2016 y así habrá de ordenarse;
además, deberá declararse la nulidad del acto administrativo que negó la aludida
sanción.
En lo que respecta al salario con base en el cual deberá liquidarse la sanción
moratoria por el periodo descrito, es aquel que la demandante percibía para el
momento en que se originó el incumplimiento, es decir, en el año 2015 —
diciembre— atendiendo la regla jurisprudencial dispuesta en la sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-012-2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
la que se sostuvo lo siguiente:
3.5.3 Sentar jurisprudencia señalando que, tratándose de cesantías definitivas,
el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica
vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público;
a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta
para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la
causación de la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo. [Resalta
la Sala]
Ahora bien, en cuanto a la autoridad responsable del pago de la indemnización por
mora en la consignación de las cesantías a los docentes, esta Subsección 31 ha
sostenido:
Mediante la Ley 91 de 1989 en su artículo 3.º, se creó el FNPSM como una cuenta
especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, que si
bien es cierto no tiene personería jurídica, está adscrita al Ministerio de Educación
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2019,
radicación: 68001-23-33-000-2016-00406-01, número interno: 1728-2018, M.P. William Hernández
Gómez.
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Nacional, cuya finalidad entre otras, es el pago de las prestaciones sociales de los
docentes afiliados a dicho fondo (artículos 4 y 5).
A su vez, el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, norma aplicable para el momento en
que se adelantó la actuación administrativa en el sub-lite y para el presente asunto en
sede judicial, señalaba que las prestaciones sociales de los docentes oficiales serían
reconocidas y pagadas por el FNPSM, mediante la aprobación del proyecto de
resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual en todo caso debe ser
elaborado por el Secretario de Educación de la entidad territorial certificada
correspondiente a la que se encuentre vinculado el docente, sin despojar al FNPSM de
la competencia para reconocer y pagar las prestaciones sociales de los docentes
oficiales.
Si bien el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 fue derogado por el artículo 336 de la Ley
1955 de 2019 del 25 de mayo de 201932 y ésta última reguló el tema en su artículo
57, dicha disposición no rige el asunto objeto de estudio porque la petición de
reconocimiento de cesantías se radicó el 18 de julio de 2013 y la sanción moratoria
se causó del 30 de octubre de 2013 al 9 de julio de 2015, es decir, con anterioridad a
la expedición de la mencionada ley.
En conclusión, en el sub examine, será el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio quien debe responder por el reconocimiento de la sanción moratoria
causada a favor del aquí demandante porque las normas vigentes y aplicables al
asunto consagran la responsabilidad a cargo de dicho fondo.
El anterior criterio sirve de soporte para concluir que, en el asunto de la referencia,
al tratarse de un reconocimiento de sanción moratoria causada con anterioridad a
la Ley 1955 de 201933, «[p]or [la] cual se expide el Plan Nacional De Desarrollo
2018-2022» la obligación de asumir la condena reside en el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y así se habrá de ordenar.
Por otra parte, en lo que respecta a la indexación pretendida, se seguirá el
antecedente jurisprudencial definido en sentencia de unificación,34 por parte de la
32 Cita propia del texto transcrito: «Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022».
33 Se precisa que el parágrafo de su artículo 57 radica la responsabilidad del pago de la sanción
moratoria tanto en el ente territorial como en el FNPSM, de acuerdo a la autoridad que hubiera
incurrido en tardanza de la gestión de las cesantías de los docentes, según sus competencias, así:
«PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el
pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la
solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaria de Educación territorial al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.». [Se
resalta]
34 Ver acápite 3.4. de la sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
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Sección Segunda del Consejo de Estado, que, sobre esa materia, analizó los
siguientes aspectos:
175. Es evidente, que la jurisprudencia de la Sección Segunda se inclinó por
descartar la procedencia de la indexación de la sanción moratoria, porque ésta
penaliza la negligencia del empleador en la obligación de reconocer y pagar
oportunamente las cesantías a sus empleados, que en términos monetarios
constituyen sumas de dinero mayores a la actualización a valor presente.
176. No obstante lo anterior, con el ánimo de esclarecer aún más el punto de
la indexación de la sanción moratoria, y amparados en el rol de órgano de cierre
de la jurisdicción que en el contexto del artículo 271 del CPACA, la Sala se
permite reiterar el ya expuesto criterio jurisprudencial, ofreciendo razones
adicionales que lo refuerzan.
[…]
185. En tal sentido, al no tratarse de un derecho laboral, sino de una penalidad
de carácter económica que sanciona la negligencia del empleador en la gestión
administrativa y presupuestal para reconocer y pagar en tiempo la cesantía, no es
procedente ordenar su ajuste a valor presente, pues, se trata de valores
monetarios que no tienen intención de compensar ninguna contingencia relacionada
con el trabajo ni menos remunerarlo.
[…]
191. En suma, la naturaleza sancionadora, el cuantioso cómputo sistemático y
prolongado en el tiempo sin que implique periodicidad, y la previsión intrínseca del
ajuste del salario base con el IPC, indican con toda certeza que la sanción
moratoria no puede indexarse a valor presente, razón por la cual, la Sección Segunda
del Consejo de Estado sentará jurisprudencia en tal sentido. Sin embargo, ello
no implica el ajuste a valor de la condena eventual, en los términos
descritos en el artículo 187 del CPACA. [Se destaca]
A partir de lo anterior, en la propia sentencia de unificación que se emplea como
precedente para resolver la controversia, en su parte resolutiva se determinó como
regla de unificación la siguiente:
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago
tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
187 del CPACA.
En las anteriores condiciones, la Sala concluye que al momento de cumplir la
presente providencia, se deberá dar aplicación del artículo 187 de la Ley 1437 de
2011, para efecto de ajustar la condena.
21
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Finalmente, como la condena puede generar detrimento patrimonial para el erario,
se ordenará remitir copias de las sentencias de primera y segunda instancia, con
destino a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación
y a la Contraloría General de la República, para los efectos a que haya lugar y, en
tal sentido, se adicionará la providencia recurrida.
2.5. Condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,35 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso. Valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se
causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso),
sin que en ese análisis se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador y la complejidad e intensidad de la
participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se
tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en
derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 y 8
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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del artículo 365 del Código General del Proceso,36 en criterio de la Sala no se
condenará en costas en segunda instancia a la parte demandada, pues aunque
resultaron favorables las pretensiones de la demanda, producto del recurso de
apelación interpuesto, la parte accionante no actuó durante esta instancia.37
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que (i) se debe acceder a la sanción moratoria
pretendida por la señora Olga Flórez Enciso, por el lapso comprendido entre el 2 de
diciembre de 2015 y el 26 de octubre de 2016, por la tardanza en que incurrió el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en el pago de las cesantías
parciales y la liquidación procede con el salario que la accionante percibía para el
momento en que se originó la mora; (ii) la condena estará a cargo del fondo
mencionado; (iii) al momento de dar cumplimiento a la sentencia, se deberá atender
lo previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, en materia de indexación; (iv)
no procede la condena en costas a la entidad demandada; y (v) se deben remitir
copias de esta actuación a las autoridades descritas en el acápite que antecede; (vi)
se debe anular el acto administrativo acusado, que negó la sanción moratoria
materia de este proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
36 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código» y «8. Solo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
37 No presentó alegatos de conclusión, según consta en el informe secretarial que obra en folio 159.
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F AL L A
Revocar la sentencia proferida el 22 de mayo de 2019, por el Tribunal
Administrativo del Tolima, en cuanto denegó las pretensiones de la demanda
formulada por Olga Flórez Enciso contra la Nación (Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), en su lugar se
dispone:
Primero. Declarar la nulidad del Oficio SAC 2017RE11790 del 18 de octubre de
2017, expedido por el secretario de Educación y Cultura del Tolima (Oficina de
prestaciones Sociales del Magisterio) mediante el cual se negó la sanción moratoria
reclamada por la señora Olga Flórez Enciso, por la tardanza en el pago de sus
cesantías parciales, conforme a lo expuesto en las consideraciones que anteceden.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, reconocer, a favor de la señora
Olga Flórez Enciso, la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías
parciales, por el período transcurrido entre el 2 de diciembre de 2015 y el 26 de
octubre de 2016, con cargo a la Nación (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio), cuya liquidación procede con el salario que la demandante percibía
para el momento en que se originó la mora, de acuerdo con lo señalado en la parte
considerativa de esta providencia.
Tercero. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.
Cuarto. Al momento de dar cumplimiento a la sentencia, atender lo previsto en el
artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.
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Demandante: Olga Flórez Enciso
Quinto. Por Secretaría de la Sección Segunda, remitir copias de la presente
actuación a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación
y a la Contraloría General de la República, para los efectos pertinentes, con base
en lo manifestado en las consideraciones que anteceden.
Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
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