Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2002-04846-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2002-04846-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2002-04846-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
18 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 05001233100020020484601 (37980)
Demandante: CLAUDIA EUGENIA SALAZAR BENJUMEA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Y EJÉRCITO NACIONAL
Tema: Incursión armada de las FARC como represalia de masacre
perpetrada por las autodefensas. Ataque indiscriminado contra
la población civil. Detonación de artefactos explosivos. Muerte
de civiles y, destrucción de inmuebles y enseres. Graves
violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario. Falla del servicio por omisión a los
deberes de seguridad y protección. Responsabilidad de las
FARC como colectivo y/o organización en virtud del Acuerdo de
Paz. Obligaciones resarcitorias de las FARC frente a las
víctimas en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
no Repetición. Concausa en el hecho generador del daño.
Condena en abstracto por destrucción de inmuebles. Sin costas
en segunda instancia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contra la sentencia del 3
de junio de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia1, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1 El expediente cambió de Ponente, porque la decisión inicialmente presentada para estudio de la
Sala de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no obtuvo la mayoría requerida
para su aprobación, en sesión del 18 de diciembre de 2020 (Fl. 504, C.3.).
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Radicado: 05001233100020020484601 (37980)
Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 3 de noviembre de 2000, miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia
asesinaron a 17 civiles en la cabecera municipal de Granada (Antioquia). Por lo
anterior y en razón a que informes de inteligencia daban cuenta que las FARC haría
una incursión armada al municipio, como represalia por los hechos referidos, el
alcalde de dicho ente territorial solicitó al Ejército y a la Policía Nacional aumentar
la fuerza pública. No obstante, el 6 de diciembre de esa anualidad, subversivos de
las FARC incursionaron en Granada con lanzagranadas, pipetas de gas y armas
de largo alcance. Una vez allí, los insurgentes detonaron un artefacto explosivo
frente a la Estación de Policía, cuya onda alcanzó la humanidad de José Abad
Salazar Zuluaga y Martha Inés Benjumea, y destruyó varios inmuebles colindantes
y enseres que se encontraban dentro de los mismos.
Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y Ejército Nacional incurrieron en una falla del servicio por omisión en el
deber de seguridad y protección, toda vez que “[…] ninguna acción positiva tomaron
ante el inminente peligro de una posible toma guerrillera al municipio”.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. El 5 de diciembre de 20022, Raquel Sofía, Nancy Catalina y Claudia Eugenia
Salazar Benjumea, a nombre propio y en representación de la sucesión ilíquida de
José Abad Salazar Zuluaga; así como Miguel Benjumea Gómez; y Dolores Esther,
Manuel Salvador, Margarita María, José Gerardo, Berta Lucía, Francisco Javier,
Jesús María y Miguel Ángel Benjumea Salazar, mediante apoderado judicial y en
ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional (en adelante
la “Policía Nacional” y el “Ejército Nacional”) para que se les declarara
patrimonialmente responsables por la muerte de José Abad Salazar Zuluaga y
Martha Inés Benjumea y por la destrucción del inmueble de propiedad del primero,
2 Fl. 1 a 37, C.1.
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Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
luego de la detonación de un artefacto explosivo instalado por parte de las FARC el
6 de diciembre de 2000 en el municipio de Granada (Antioquia).
Como pretensiones de su demanda, estos accionantes solicitan condenar a la
Policía Nacional y al Ejército Nacional por la muerte de José Abad Salazar y Martha
Inés Benjumea, y por la destrucción del inmueble de propiedad del primero, a pagar,
por perjuicios morales, 1000 SMLMV a Claudia Eugenia, Nancy Catalina y Raquel
Sofía Salazar Benjumea, 500 SMLMV a Miguel Benjumea Gómez y 300 SMLMV a
Dolores Esther, Manuel Salvador, Margarita María, José Gerardo, Berta Lucía,
Francisco Javier, Jesús María y Miguel Ángel Benjumea Salazar; y por perjuicios
materiales, la suma que resulte probada en el proceso para cada uno de los
demandantes.
1.2. En el mismo escrito3, Orlando de Jesús García Hoyos, Carlos Abel Aristizábal
López, Blanca Lilia Giraldo Hoyos, Alba Rosa Suárez Quintero, Olivia Esther Ossa
de Aristizábal, Pedro Nel Aristizábal Aristizábal y Arturo de Jesús Zuluaga Giraldo,
en nombre propio y en representación de DISTRIGRANADA LTDA., presentaron
demanda en contra de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, para que se les
declarara patrimonialmente responsables por la afectación de los inmuebles de su
propiedad y la destrucción de los enseres que se encontraban dentro de los
mismos, como consecuencia del atentado terrorista perpetrado por las FARC que
tuvo lugar el 6 de diciembre de 2000 en el municipio de Granada (Antioquia).
Como pretensiones de su demanda, estos accionantes solicitan condenar a las
entidades demandadas por la destrucción de los inmuebles de su propiedad, a
pagar, por perjuicios morales, 200 SMLMV a Orlando de Jesús García Hoyos,
Carlos Abel Aristizábal López, Blanca Lilia Giraldo Hoyos, Alba Rosa Suárez
Quintero, Olivia Esther Ossa de Aristizábal, Pedro Nel Aristizábal Aristizábal y Arturo
de Jesús Zuluaga Giraldo; y por perjuicios materiales, las sumas de $115.460.062
a Orlando de Jesús García Hoyos, $337.909.911 a Carlos Abel Aristizábal López,
$72.477.393 a Blanca Lilia Giraldo Hoyos, $72.477.393 a Alba Rosa Suárez
Quintero, $72.431.904 a Olivia Esther Ossa de Aristizábal, $43.978.714 a Pedro Nel
3 Fl. 1 a 37, C.1.
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Radicado: 05001233100020020484601 (37980)
Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
Aristizábal Aristizábal, $73.821.868 a Arturo de Jesús Zuluaga Giraldo y
$579.090.277 a DISTRIGRANADA LTDA.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 3 de noviembre
de 2000, miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a 17
civiles en la cabecera municipal de Granada (Antioquia).
Indica que informes de inteligencia de la Policía Nacional y voces de habitantes del
municipio insinuaban una incursión armada por parte de las FARC como represalia
por dicha masacre, por lo cual el alcalde de dicho ente territorial, la Asamblea
Departamental de Antioquia y el Senado de la República solicitaron presencia de la
fuerza pública en el municipio.
Señala que, pese a lo anterior, el 6 de diciembre siguiente, subversivos de las FARC
incursionaron en el referido municipio con lanzagranadas, pipetas de gas y armas
de largo alcance.
Manifiesta que una vez allí, los insurgentes detonaron un artefacto explosivo frente
a la Estación de Policía y su onda explosiva alcanzó la humanidad de José Abad
Salazar Zuluaga y Martha Inés Benjumea, y destruyó varios inmuebles y enseres
que se encontraban dentro de los mismos.
Los demandantes consideran que la Policía Nacional y el Ejército Nacional
incurrieron en una falla del servicio por omisión en el deber de seguridad y
protección, toda vez que “[…] ninguna acción positiva tomaron ante el inminente
peligro de una posible toma guerrillera al municipio”.
2. Contestaciones
El 21 de enero de 20034, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda
y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público.
4 Fl. 265, C.1.
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Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
2.1. La Policía Nacional5 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando
que los daños alegados por el extremo activo se ocasionaron por un hecho externo,
irresistible e imprevisible para la Administración. Formuló como excepciones la de
hecho exclusivo de un tercero y falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.2. El Ejército Nacional6 se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando
que el extremo activo no probó que hubiera incurrido en una falla del servicio.
Formuló como excepción la que denominó “causal de exculpación por hecho de un
tercero”.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 31 de octubre de 20067 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
3.1. La demandante8, la Policía Nacional9 y el Ejército Nacional10 reiteraron los
argumentos expuestos en el escrito de demanda y en la contestación de éste,
respectivamente.
3.2. El Ministerio Público guardó silencio.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 3 de junio de 200911, el Tribunal Administrativo de Antioquia
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que los daños
sufridos por los accionantes le eran imputables a la Administración bajo el título de
riesgo excepcional, toda vez que “el ataque terrorista fue dirigido contra la Estación
de Policía por no haber repelido el ataque de los paramilitares sucedido antes del
ataque de las FARC”. Asimismo, consideró que la Administración incurrió en una
5 Fl. 285 a 289, C.1.
6 Fl. 271 a 280, C.1.
7 Fl. 363, C. 1.
8 Fl. 391 a 392, C.1
9 Fl. 364 a 368, C.1.
10 Fl. 369 a 390, C.1.
11 Fl. 394 a 416, C.3.
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Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
falla del servicio por cuanto “[…] aun existiendo elementos de inteligencia, ni la
Policía ni el Ejército Nacional tomaron las medidas suficientes y necesarias
tendientes a proteger la vida y bienes de los habitantes. El expediente posee las
pruebas necesarias para acreditar un daño especial y una falla del servicio en
cabeza del Ministerio de Defensa.”.
En la parte resolutiva el a quo condenó a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía y
Ejército Nacional a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a Raquel Sofía, Nancy
Catalina y Claudia Eugenia Salazar Benjumea, y Miguel Benjumea Gómez, 50
SMLMV a Dolores Esther, Manuel Salvador, Margarita María, José Gerardo, Rosa
Angélica, Berta Lucía, Francisco Javier, Jesús María y Miguel Ángel Benjumea
Salazar, y 10 SMLMV a Orlando de Jesús García Hoyos, Carlos Abel Aristizábal
López, Blanca Lilia Giraldo Hoyos, Alba Rosa Suárez Quintero, Olivia Esther Ossa de
Aristizábal, Pedro Nel Aristizábal Aristizábal y Arturo de Jesús Zuluaga Giraldo.
Asimismo, condenó a dichas entidades a pagar, por daño emergente, “el valor de los
bienes destruidos con el atentado terrorista que se encontraban a su nombre de
conformidad con los certificados de tradición y que en ningún caso superará el precio
en el mercado de los bienes para la época del atentado” a Raquel Sofía, Nancy
Catalina y Claudia Eugenia Salazar Benjumea, Blanca Lilia Giraldo Hoyos, Alba Rosa
Suárez Quintero, Orlando de Jesús García Hoyos, Carlos Abel Aristizábal López,
Olivia Esther Ossa de Aristizábal, Pedro Nel Aristizábal Aristizábal y Arturo de Jesús
Zuluaga Giraldo; y por “perjuicios materiales”, las sumas de $12.852.861 a Raquel
Sofía Salazar Benjumea, $10.330.966 a Nancy Catalina Salazar Benjumea y
$4.851.125 a Claudia Eugenia Salazar Benjumea.
5. Recurso de apelación
Los días 30 de junio12 y 2 de julio de 200913, el extremo activo y el Ejército Nacional
interpusieron recurso de apelación, los cuales fueron concedidos el 7 de septiembre
de 200914 y admitidos el 4 de marzo de 201015.
12 Fl. 421, C.3.
1313 Fl. 422 a 427, C.3.
14 Fl. 429, C.3.
15 Fl. 454, C.3.
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5.1. El extremo activo16 argumentó que el Tribunal desconoció el principio de
reparación integral, en tanto no reconoció la totalidad de los rubros solicitados en el
escrito de la demanda. Por ello, solicitó incrementar los perjuicios morales y
reconocer la totalidad de perjuicios pretendidos en el libelo introductorio.
5.2. El Ejército Nacional17 sostuvo que los daños alegados por el extremo activo no
le eran imputables en razón a que fueron ocasionados por un tercero. Asimismo,
indicó que los rubros reconocidos por el a quo a título de perjuicios morales
resultaban excesivos y desproporcionados.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 14 de abril de 201018 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
6.1. El Ministerio Público19 manifestó que debía accederse a las pretensiones de la
demanda, toda vez que la Administración omitió prestar protección a la población
del municipio de Granada (Antioquia). También, señaló que las entidades
accionadas no adoptaron medidas adecuadas para salvaguardar a los habitantes
del municipio y que la reacción de la fuerza pública fue débil e inoportuna.
6.2. La parte demandante y, la Policía y el Ejército Nacional guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos contra
la sentencia del 3 de junio de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera
16 Fl. 422 a 427, C.3.
17 Fl. 430 a 444, C.3.
18 Fl. 455, C.3.
19 Fl.
457 a 484, C.3. El concepto fue rendido por el doctor Francisco Manuel Salazar Gómez,
Procurador Cuarto delegado ante el Consejo de Estado.
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Radicado: 05001233100020020484601 (37980)
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la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción
de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación20, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A.
2. Acción procedente
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 8621 del Código Contencioso Administrativo.
En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se
reclama la reparación de unos daños por hechos imputables a una omisión de la
Policía Nacional y del Ejército Nacional.
3. Vigencia de la acción
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo,
resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno por cuanto
se trata de un presupuesto procesal22.
20 En la demanda se solicitó, por perjuicios morales, 1000 SMLMV para cada una de los accionantes.
21 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente
la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o
ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas
o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor
o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas
por la actuación particular o de otra entidad pública.”
22 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración
alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
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Radicado: 05001233100020020484601 (37980)
Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general23, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción24, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”.
24 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.
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Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure25 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia26, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a
partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.
En el caso sub examine el derecho de accionar se ejerció en tiempo frente a la
muerte de los señores Salazar Zuluaga y Benjumea Salazar, esto es, dentro del
término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que
el 6 de diciembre de 2000, fallecieron José Abad Salazar Zuluaga y Martha Inés
Benjumea Salazar, según dan cuenta copias auténticas de sus correspondientes
registros civiles de defunción27; y ii) que la demanda se presentó el 5 de diciembre
de 200228.
25 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
27 Fl. 106 y 107, C.1.
28 Fl. 1 a 37, C.1.
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Asimismo, frente a la afectación de los inmuebles y la destrucción de enseres que
se encontraban dentro de los mismos, se evidencia que el derecho de accionar se
ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el 6 de diciembre de 2000 tuvo lugar
la incursión guerrillera en el municipio de Granada (Antioquia), que produjo los
daños por los cuales se presentó la demanda; y ii) que aunque no se tiene certeza
del momento en que los accionantes conocieron de estos daños, puede inferirse
que ejerció el derecho de accionar de forma oportuna, pues entre la fecha en la que
acontecieron los hechos que aquí se debaten y el 5 de diciembre de 200229, día en
que se presentó la demanda30, no transcurrieron más de dos (2) años.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis31.
4.1. Raquel Sofía Salazar Benjumea (hija), Nancy Catalina Salazar Benjumea (hija)
y Claudia Eugenia Salazar Benjumea (hija) están legitimadas en la causa por activa,
pues conformaban el núcleo familiar de José Abad Salazar Zuluaga y Martha Inés
Benjumea Salazar, según dan cuenta copias auténticas de sus correspondientes
registros civiles de nacimiento32.
4.2. Miguel Benjumea Gómez (padre), Jesús María Benjumea Salazar (hermano),
Miguel Ángel Benjumea Salazar (hermano), Berta Lucía Benjumea Salazar
(hermana), Manuel Salvador Benjumea Salazar (hermano), Francisco Javier
Benjumea Salazar (hermano), José Gerardo Benjumea Salazar (hermano),
Margarita María Benjumea Salazar (hermana), y Dolores Esther Benjumea Salazar
29 Fl. 1 a 37, C.1.
30 La demanda se presentó el 5 de diciembre de 2022 (Fl. 1 a 37, C.1.).
31 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
32 Fl. 108, 109 y 110, C.1.
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Radicado: 05001233100020020484601 (37980)
Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
(hermana) están legitimados en la causa por activa, pues conformaban el núcleo
familiar de Martha Inés Benjumea Salazar, según dan cuenta copias auténticas de
sus correspondientes registros civiles de nacimiento33.
4.3. Orlando de Jesús García Hoyos está legitimado en la causa por activa, pues
está acreditado que era el propietario del inmueble identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 0187682634, el cual quedó destruido el 6 de diciembre de
2000, con ocasión de la incursión guerrillera y posterior detonación de un artefacto
explosivo en el municipio de Granada (Antioquia) (hecho probado 7.1.3.).
4.4. Carlos Abel Aristizábal López está legitimado en la causa por activa, pues está
acreditado que era el propietario del inmueble identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 0184961435, el cual quedó destruido el 6 de diciembre de 2000, con
ocasión de la incursión guerrillera y posterior detonación de un artefacto explosivo
en el municipio de Granada (Antioquia) (hecho probado 7.1.4.).
4.5. Blanca Lilia Giraldo Hoyos y Alba Rosa Suárez Quintero están legitimadas en
la causa por activa, pues está acreditado que eran las propietarias del inmueble
con folio de matrícula No. 01890572, el cual quedó destruido el 6 de diciembre de
2000, con ocasión de la incursión guerrillera y posterior detonación de un artefacto
explosivo en el municipio de Granada (Antioquia) (hecho probado 7.1.5.).
4.6. Olivia Esther Ossa de Aristizábal está legitimada en la causa por activa, pues
está acreditado que era el propietario del inmueble identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 0185463236, el cual quedó destruido el 6 de diciembre de
2000, con ocasión de la incursión guerrillera y posterior detonación de un artefacto
explosivo en el municipio de Granada (Antioquia) (hecho probado 7.1.6.).
4.7. Pedro Nel Aristizábal Aristizábal está legitimado en la causa por activa, pues
está acreditado que era el propietario del inmueble identificado con el folio de
33 Fl. 106, C.1.
34 Fl. 132, C.1.
35 Fl. 160, C.1.
36 Fl. 160, C.1.
13
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Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
matrícula inmobiliaria No. 0185463137, el cual quedó destruido el 6 de diciembre de
2000, con ocasión de la incursión guerrillera y posterior detonación de un artefacto
explosivo en el municipio de Granada (Antioquia) (hecho probado 7.1.7.).
4.8. Arturo de Jesús Zuluaga Giraldo y DISTRIGRANDA LTDA38 están legitimados
en la causa por activa, pues está acreditado que eran los propietarios del inmueble
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 0185597139-40, el cual quedó
destruido el 6 de diciembre de 2000, con ocasión de la incursión guerrillera y
posterior detonación de un artefacto explosivo en el municipio de Granada
(Antioquia) (hecho probado 7.1.8.).
4.9. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y está debidamente
representada por el Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional, toda vez
que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, 21742 y 21843 de la
Constitución Política, son las entidades a las que corresponde defender y garantizar
el orden constitucional, controlar el orden público, así como brindar protección a los
ciudadanos. Asimismo, por ser las instituciones a quienes se les imputa la
causación de los daños alegados en la demanda.
37 Fl. 160, C.1.
38 Representada legalmente por Arturo de Jesús Zuluaga Giraldo, según da cuenta el
correspondiente certificado de existencia y representación expedido por la Cama de Comercio del
Oriente Antioqueño.
39 Fl. 160, C.1.
40 Fl. 56 a 59, C.1.
41 Artículo 2º: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
42 Artículo 217: “La nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas
por el ejército, la armada y la fuerza aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial,
la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden
constitucional”.
43 Artículo 218: “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo
de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio
de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en
paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestaciones y disciplinario”.
14
Radicado: 05001233100020020484601 (37980)
Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
5. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala determinar: i) si en el presente caso se reúnen los supuestos
para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por omisión en el deber de
protección y seguridad; y ii) si, en el caso en concreto, confluyó otra causa que
hubiera contribuido a causar el daño antijurídico cuya indemnización se solicita.
.
6. Solución de los problemas jurídicos
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre i) la responsabilidad del Estado; ii) la responsabilidad del Estado
por omisión a los deberes de seguridad y protección; iii) la responsabilidad del
Estado por la acción de grupos armados insurgentes; y iv) obligaciones resarcitorias
de las FARC frente a las víctimas en el marco del Acuerdo para la terminación del
conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199144 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado
Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el
deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere
de otro componente necesario e indispensable para establecer el deber de
responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su
atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación,
44 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
15
Radicado: 05001233100020020484601 (37980)
Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se
hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los
daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo
de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han
desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y
aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio,
con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros45.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
6.2. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado por
omisión a los deberes de seguridad y protección
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º constitucional son fines
esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general,
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución y en la ley y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo; en cuyo efecto se han instituido las autoridades de la República para proteger
a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, así como para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado46.
Entonces, el Estado tiene el deber de proteger el derecho fundamental a la vida de
todas las personas, su integridad psicofísica y sus bienes patrimoniales, de donde
surge lo que la Corte Constitucional ha denominado la “manifestación expresa del
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
46 “Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”
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Radicado: 05001233100020020484601 (37980)
Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
derecho fundamental a la seguridad personal, entendida como una obligación de
medio y no de resultado, por virtud del cual son llamadas las diferentes autoridades
públicas a establecer los mecanismos de amparo que dentro de los conceptos de
razonabilidad y proporcionalidad resulten pertinentes a fin de evitar la lesión o
amenaza de sus derechos”47.
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha definido la noción de “seguridad”
desde tres dimensiones: (i) como un valor constitucional consagrado en el
preámbulo y en el artículo 2º Superior; (ii) como un derecho colectivo y (iii) como un
derecho fundamental individual que, pese a no estar nominado en la Constitución,
proviene de la interpretación sistemática de lo dispuesto en el Preámbulo y en la
carta de garantías concertada especialmente en los artículos 2, 11, 12, 17, 18, 19,
20, 21, 28, 34, 44 y 7348 superiores, así como del bloque de constitucionalidad49,
frente al cual debe advertirse que tanto la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 194850, como la Convención Americana51 y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos52 contemplan el derecho a la seguridad personal.
Ahora, el derecho fundamental a la seguridad personal ha sido definido como “aquel
que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las
autoridades, cuandoquiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no
47 Corte Constitucional, sentencia T-224 del 2 de abril de 2014. Concordante con las sentencias: T-
184 de 2013, T-078 de 2013, T-719 de 2013, T-234 de 2012, T-585A de 2011.
48 “Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte, Artículo 12. Nadie será
sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Artículo 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus
formas, Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus
convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia, Artículo
19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión
y a difundirla en forma individual o colectiva. (…), Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad
de expresar y difundir su pensamiento (…), Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra (…),
Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia (…), Artículo
34. Se prohíben penas de destierro y confiscación. (…), Artículo 44. Son derechos fundamentales
de los niños: (…), Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su
libertad e independencia profesional”
49 Ibidem.
50 La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, aceptada como costumbre
internacional desde la década de los sesenta, establece en su artículo 3 que “todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
51 La Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, incorporada al
ordenamiento colombiano mediante la Ley 16 de 1972, establece en su artículo 7: “1. Toda persona
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales...”.
52 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley 74 de 1968, dispone
en su artículo 9: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales…”.
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tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de
peligro implícitos en la vida en sociedad”53. De manera que los individuos pueden
exigir medidas específicas de protección de parte de las autoridades, con el objetivo
de prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios e inaceptables
contra su vida, bienes o integridad personal que las autoridades pueden conjurar o
mitigar.
Sin embargo, y sumado a las nociones definidas por la Corte Constitucional, no
puede perderse de vista el deber correlativo de seguridad y protección de las
personas en cabeza de las autoridades, en cuyos fundamentos y límites ha
evolucionado la jurisprudencia del Consejo de Estado desde antes de 1991, puesto
que la Constitución anterior ya establecía la obligación de las autoridades de
proteger a las personas54.
Así, en una primera etapa se planteó la posibilidad de endilgar responsabilidad a las
autoridades por su abstención o inercia, aunque para establecer la falla del servicio
se exigió acreditar que la víctima había solicitado la protección policiva 55; ante lo
cual también se consideró que el Estado no asume una obligación de resultado56.
Posteriormente se hizo exigible la intervención de las autoridades cuando el Estado
se encontrara en la posibilidad de proteger a la víctima, aunque expresamente no
lo hubiera pedido, pues ante un ambiente de zozobra, confusión, inestabilidad,
53 Sentencia T-339 de 2010. En este caso un ciudadano interpuso acción de tutela contra el Ministerio
del Interior, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida y a la
igualdad, presuntamente vulnerados por la actitud omisiva de la entidad demandada, puesto que su
esquema de seguridad no funcionaba en condiciones óptimas. Esta corporación tuteló el derecho a
la seguridad personal y ordenó a la accionada que equipara a los dos escoltas y pusiera a su
disposición un carro que le permitiera desplazarse con seguridad, advirtiendo que dichos
mecanismos debían tomarse hasta que el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos
determinará si el actor debía estar o no cobijado por tales mecanismos. Adicionalmente, pidió al
accionante que presentara solicitud de protección ante el Programa de Protección de Derechos
Humanos del Ministerio en mención, para que fuera el Comité de Reglamentación y Evaluación de
Riesgos el que determinará si tenía derecho a ser beneficiario de tales medidas.
54 Artículo 19, Constitución de 1886: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto
recíproco de los derechos naturales previniendo y castigando los delitos”. Reformado por el artículo
9° del Acto Legislativo N° 1 de 1936 y pasó a ser el artículo 16: “Las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y
bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares
(…)”.
55 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 16 de julio de 1980. Rad.:10134.
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 17 de febrero de 1983, Rad.: 5737.
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peligro o de la especial condición intuito personae de la víctima, las autoridades
policiales debían observar permanente alerta y no actuar como sujetos pasivos que
demandan la petición de protección del miembro de la comunidad que la necesita57.
En precedentes más recientes, se sostuvo que la responsabilidad del Estado por
falta de protección exige “(…) previo requerimiento a la autoridad, pero en relación
con ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de
las circunstancias particulares del caso. Es más, ni siquiera se precisa de un
requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida por dicha
autoridad”58; y seguidamente se incluyó el conocimiento de la Policía Nacional de
las amenazas derivadas de las “alteraciones de orden público debido a los actos de
violencia” de grupos armados insurgentes59, pues lo que interesa es el elemento
cognitivo en cabeza de las fuerzas del Estado60.
Asimismo, recientemente la Corte Constitucional sostuvo que para evaluar en qué
circunstancias el Estado debe brindar medidas de protección especial habrá de
distinguirse entre el concepto de riesgo y el de amenaza, entendido el primero como
una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño se produzca y, el segundo,
como la existencia de hechos reales que implican la alteración del uso pacífico del
derecho atacado y hacen suponer que la vida o integridad de la persona corre
peligro61, Así, ante un nivel de amenaza extrema62 nace la obligación del Estado de
57 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 12 de julio de 1988.
58 Consejo de Estado, Sentencia de 26 de enero de 2006.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 19 de julio de 2007.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 25 de agosto de 2010.
61 Corte Constitucional, sentencia T-339 de 2010.
62 La sentencia T-234 de 2012 estableció dicho parámetro en los siguientes términos: “1) Nivel de
riesgo: existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño a la vida o a la integridad personal
se produzca. Este nivel se divide en dos categorías: a) riesgo mínimo: …y; b) riesgo ordinario… En
este nivel de la escala, los ciudadanos deben soportar los riesgos que son inherentes a la existencia
humana y a la vida en sociedad. / Cuando una persona pertenece a este nivel, no está facultada
para exigir del Estado medidas de protección especial, pues su derecho a la seguridad personal no
está siendo afectado, en la medida en la que el riesgo de daño no es una lesión, pero sí, en el mejor
de los casos, un riesgo de lesión. / 2) Nivel de amenaza: existen hechos reales que, de por sí,
implican la alteración del uso pacífico del derecho a la tranquilidad y que hacen suponer que la
integridad o la libertad de la persona corren verdadero peligro. En efecto, la amenaza de daño
conlleva el inicio de la alteración y la merma del goce pacífico de los derechos fundamentales, debido
al miedo razonable que produce visualizar el inicio de la destrucción definitiva del derecho. Por eso,
a partir de este nivel, el riesgo se convierte en amenaza. Dependiendo de su intensidad, este nivel
se divide en dos categorías: / a) amenaza ordinaria: (…). / b) amenaza extrema: una persona se
encuentra en este nivel cuando está sometida a una amenaza que cumple con todas las
características señaladas anteriormente y además, el derecho que está en peligro es el de la vida o
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Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
adoptar medidas específicas para salvaguardar el derecho fundamental a la
seguridad personal del individuo63, quien podrá exigir que las autoridades le brinden
protección especial.
En síntesis, la seguridad personal configura un derecho de raigambre fundamental
correlativo al deber de las autoridades de salvaguardar y proteger dicho derecho,
no como una obligación de resultado, sino bajo el compromiso de “utilizar todos los
medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de
las personas sea una realidad, de manera que no puede conformarse con una
simple defensa formal de los mismos”64.
Igualmente, debe concluirse que el juicio de imputación de los daños antijurídicos
derivados de la omisión en el deber de seguridad y protección personal encuentra
su mayor desarrollo en la aplicación de los criterios de imputación por falla en el
servicio, aunque cabe advertir lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección en la
sentencia de unificación de 19 de abril de 2012, según la cual, al no existir
consagración constitucional de algún régimen de responsabilidad en especial,
corresponde al juez determinar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que
los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la
motivación de la sentencia65.
la integridad personal. De allí que, en este nivel, el individuo pueda exigir la protección directa de sus
derechos a la vida y a la integridad personal y, en consecuencia, no tendrá que invocar el derecho a
la seguridad como título jurídico para exigir protección por parte de las autoridades. / Por lo tanto, en
el nivel de amenaza extrema, no sólo el derecho a la seguridad personal está siendo violado, sino
que, además, también se presenta la amenaza cierta que muestra la inminencia del inicio de la lesión
consumada de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal. De allí que, cuando
la persona esté en este nivel, tiene el derecho a que el Estado le brinde protección especializada.”
63 Corte Constitucional, sentencia T-234 de 2012. Correspondió a la Corte determinar si la Fiscalía
General de la Nación y el Ministerio del Interior vulneraron los derechos fundamentales a la vida, a
la integridad, a la libertad, a la seguridad personal y al acceso a la justicia de una persona, quien en
su condición de defensora de derechos humanos, víctima de violencia sexual, desplazamiento
forzado y constantes amenazas e intimidaciones, no había sido destinataria de ningún tipo de medida
de protección, bajo la consideración de que el riesgo al que estaba expuesta era de naturaleza
ordinaria. Este tribunal amparó sus derechos y, entre otras medidas, ordenó a las entidades
accionadas que, conjuntamente, valoraran de manera objetiva y razonada la situación de la
accionante, incluyendo las variables que fueran necesarias; al Ministerio del Interior, por intermedio
de la UNP, que dispusiera y materializara las medidas de protección que necesitaba en su condición
de defensora de derechos humanos, las cuales debían ser dispensadas de manera inmediata e
ininterrumpida, mientras se definiera el esquema de seguridad que requería de acuerdo con su
situación.
64 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 6 de marzo de 2008, Rad.:14443.
65 Expediente 21.515. “En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa
que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún
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No obstante, frente al deber de seguridad y protección se reitera la atribución
jurídica por falla en la prestación del servicio en donde es determinante la omisión
de las autoridades públicas en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento
jurídico les impone, frente a lo cual la Corporación ha señalado que es necesario
cotejar el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para
el órgano administrativo implicado, versus el grado de cumplimiento u observancia
del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto66, por supuesto,
cuando las personas: (i) han solicitado protección especial, con justificación en las
especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona67; (ii) no han
solicitado dicha protección pero es evidente que la necesitaba, en consideración a
que existían pruebas o indicios conocidos que permitían asegurar que se
encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida o sus
bienes68; o (iii) cuando las autoridades dejan a la población a merced de los grupos
de delincuencia, sin brindarles ninguna protección, teniendo conocimiento de que
los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados
al margen de la ley69.
6.3. Responsabilidad del Estado por daños causados por la acción de grupos
armados insurgentes
La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la responsabilidad del
Estado con ocasión de actos de grupos armados puede examinarse a partir de tres
criterios de imputación, a saber: falla del servicio, riesgo excepcional y daño
régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto,
la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den
sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a
la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar
la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal,
sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al
juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo
título de imputación. En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en
consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que
la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la
responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia.”.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad.: 27434; Sentencia
del 22 de abril de 2009, Rad.: 16192; Sentencia del 9 de junio de 2010, Rad.: 18375; Sentencia del
30 de enero de 2013, Rad.: 27040.
67 Consejo de Estado, Sentencia del 16 de julio de 1980, Rad 10134; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Sentencia del 17 de febrero de 1983, Rad. 5737.
68 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de octubre de 1997, Rad. 10958.
69 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de julio de 1998, Rad. 17004.
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especial, según la determinación fáctica de cada caso y la atribución jurídica que
proceda70.
Así las cosas, se ha examinado la responsabilidad del Estado desde el punto de
vista de la falla del servicio, tratándose de daños causados por grupos armados
insurgentes, cuando se tiene como presupuesto el reconocimiento de la existencia
de mandatos de abstención –deberes negativos- como de acción –deberes
positivos- a cargo del Estado. Sin embargo, para que se genere responsabilidad con
fundamento en ello es menester acreditar, entre otros i) el incumplimiento o
deficiente cumplimiento de deberes normativos y/o ii) la omisión o inactividad de la
administración pública. Como en los daños causados por la acción de grupos
insurgentes se está en presencia de un hecho de un tercero, desde un plano causal,
deberá demostrarse la cognoscibilidad real del peligro que corre el bien jurídico que
debe ser protegido, al igual que la posibilidad material de actuar en defensa de este,
o bien por el negligente o inadecuado despliegue de las acciones de defensa
ejecutadas por la fuerza pública.
Al respecto, el precedente jurisprudencial de esta Corporación ha precisado que
para determinar si la conducta del Estado fue anómala o irregular, por acción o por
omisión, frente al hecho dañoso perpetrado por el tercero, debe analizarse si para
la Administración y para las autoridades era previsible que se desencadenara el
acto terrorista. Este aspecto constituye uno de los puntos más importantes a
analizar dentro de este régimen, pues no es la previsión de la generalidad de los
hechos (estado de anormalidad del orden público) sino de aquellas situaciones que
no dejan margen para la duda, es decir, las que sobrepasan la situación de violencia
ordinaria vivida.
Por otro lado, se ha examinado la responsabilidad del Estado desde el punto de
vista del riesgo excepcional, cuando el daño ocurre como consecuencia de la
materialización de un riesgo producto de la actividad legítima de la administración.
En efecto, en el desarrollo de las actividades cotidianas del mundo moderno la
sociedad se enfrenta a situaciones de riesgo que le son ineludibles y, dentro de tal
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”.
Sentencia del 13 de abril de 2015, Rad. 33000.
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contexto, la administración pública puede crear estas situaciones excepcionales de
peligro a las que nadie puede sustraerse y en las que ninguna protección existe
para el particular, lo cual impone al Estado la obligación de reparar los daños que
cause. Sobre este tema en ciertas ocasiones la Corporación ha aplicado este criterio
de imputación, guiado por un argumento causal, como es que el ataque del grupo
armado se haya dirigido en contra de un establecimiento del Estado71.
Finalmente, se ha examinado la responsabilidad del Estado desde el punto de vista
del daño especial, cuando se evidencia un desequilibrio de las cargas públicas, la
equidad y la solidaridad como materialización del reequilibrio ante una ruptura de la
igualdad, fruto del perjuicio especial y anormal que se le impone administrado72.
Así, en cada caso, lo que debe examinarse es si por las condiciones que reviste el
daño antijurídico este se puede considerar como un acentuado y singular
desequilibrio anormal de las cargas públicas que deben ser asumidas por los
administrados, entendiéndose como normal aquella carga que es ordinaria a la vida
en sociedad.
En este último caso, vale la pena destacar que por lo menos por razones de equidad
y de justicia distributiva, quien ha sufrido el perjuicio causado por la Administración
debe ser indemnizado. No en vano desde el año 1973 esta Corporación ha señalado
que “el Estado en ejercicio de su soberanía puede en veces afectar los derechos de
los particulares, pero si esta afectación es igual para todos los individuos que se
encuentran en las mismas condiciones, no hay violación de la justicia distributiva
que justifique jurídicamente la responsabilidad”. Sin embargo, cuando ello no es así,
sí es dable reparar los daños que se han ocasionado, teniendo bajo el entendido
que “El daño debe ser, por tanto, excepcional y anormal, porque la responsabilidad
no proviene de la naturaleza del hecho que cause el daño, sino del carácter singular
o excepcional del daño causado” 73.
71 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección “C”. Sentencia del 14 de octubre de 2021, Rad. 45997.
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección “C”. Sentencia del 25 de mayo de 2022, Rad. 30554.
73 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de mayo de 1973, Rad.: 978.
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Radicado: 05001233100020020484601 (37980)
Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
6.4 Obligaciones resarcitorias de las FARC frente a las víctimas en el marco
del Acuerdo para la terminación del conflicto armado y la construcción de una
paz estable y duradera
En el Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una
paz estable y duradera suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno de la
República de Colombia y las FARC, las partes reconocieron la reparación de las
víctimas como unos de sus principios angulares de la siguiente forma: “[…] El
reconocimiento de responsabilidad: Cualquier discusión de este punto debe partir
del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos
a intercambiar impunidades” 74.
Así, en armonía con los compromisos internacionales en materia de Derechos
Humanos, el Acuerdo de Paz trascendió a los simples efectos políticos y tiene una
decidida repercusión jurídica relevante75 de cara al restablecimiento de los derechos
de las víctimas como ciudadanos titulares de derechos, efecto jurídico internacional
e interno del que goza el Acuerdo Final como lo ha entendido la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
74 Acuerdo de Paz. Punto 5. “Acuerdo sobre las víctimas del conflicto”, pág. 124. Páginas adelante
las partes reiteran ese compromiso al referirse al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición, así:
“El Sistema Integral parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con
derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del principio
de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera
directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves
violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional
Humanitario; del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición, sobre la premisa de no intercambiar impunidades,
teniendo en cuenta además los principios básicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre los
que se contempla que “deberá repararse el daño causado y restaurarse cuando sea posible”.
(Resaltado propio). Acuerdo Final, Acápite 5.1 “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición”, pág. 127. Y en desarrollo de tal idea rectora el párrafo segundo del artículo 1° del
Acto Legislativo 01 de 2017 prescribe: “El Sistema Integral parte del principio de reconocimiento de
las víctimas como ciudadanos con derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad plena
sobre lo ocurrido; del principio de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes
participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera
en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional
Humanitario; del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición” (…).
75 Cfr., Sobre el efecto político y jurídico del componente de “víctimas” del Acuerdo Final,
SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. El concepto de convencionalidad. Bogotá, Universidad
Externado de Colombia. 2017, págs. 166-193.
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En efecto, la sentencia C-630 de 201776 proferida por la Corte Constitucional, que
examinó la constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 201777, precisó que i) debe
existir una conexidad entre las normas y las leyes de implementación con el Acuerdo
Final y concordancia con los fines que éste persigue; ii) existe la obligación de
implementar e incorporar al derecho interno el Acuerdo de Paz, siendo esa una
“obligación de medio, esto es, de llevar a cabo los mejores esfuerzos para cumplir
con lo establecido en el Acuerdo Final, entendido como política de Estado (…)”, iii)
el deber de guardar coherencia implica que el Estado dé cumplimiento de buena fe
con los contenidos y finalidades del Acuerdo Final, para lo cual “goza de un margen
de apreciación para elegir los medios más apropiados para ello, en el marco de lo
convenido, bajo el principio de progresividad” y iv) la incorporación del Acuerdo
Final al ordenamiento jurídico “exige su implementación normativa por los órganos
competentes y de conformidad con los procedimientos previstos en la Constitución
para ello”.
En similar sentido, el Consejo de Estado en la providencia de 2 de agosto de 2017,
se pronunció sobre la legitimidad del Acuerdo de Paz a la luz del derecho
internacional y determinó que le correspondía al juez de lo contencioso
administrativo, como juez de convencionalidad, asumir tres ejercicios
hermenéuticos en relación con dicho Acuerdo, a saber: i) interpretación conforme;
ii) integración normativa; y, iii) prevalencia de los principios, estándares y mandatos
convencionales78.
76 Corte Constitucional. Sentencia C-630 de 2017. A la fecha de esta decisión la Corte no ha
publicado oficialmente el texto íntegro de la Sentencia, por lo que las glosas anotadas se elaboraron
con base en el Comunicado de Prensa No. 51 de 11 de octubre de 2017 de esta Corporación.
Información disponible en el siguiente enlace web:
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2051%20comunicado%2011%20de%20o
ctubre%20de%202017.pdf
77 Acto Legislativo 02 de 11 de mayo de 2017. Artículo 1. La Constitución Política tendrá un nuevo
artículo transitorio así: Artículo transitorio xx. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera,
firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional
humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución y aquellos conexos con los
anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez
de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las
disposiciones constitucionales. Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de
cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de
todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su
interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando
los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.
78 “4.3.- De lo expuesto, deviene inexorable considerar los aspectos regulados en el Acuerdo Final a
la luz de la estructura de derecho internacional que se invoca como fuente de justificación y
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Así, es que dada la naturaleza de las obligaciones estatales de prevención,
protección y garantía de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos
e infracciones al derecho internacional humanitario, visto el efecto jurídico del
Acuerdo Final, el reconocimiento genérico de responsabilidad que en él han
realizado los actores del conflicto armado, el Máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo afirmó que en casos por transgresiones a los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario el pronunciamiento que haga el
operador judicial sobre la responsabilidad del Estado debe comprender, al tiempo,
la que le corresponda al Grupo Armado Insurgente FARC por la comisión de dichas
infracciones79.
legitimidad de cuanto se ha pactado allí; esa referencia copiosa, además, opera como parámetro de
validez normativa que vincula y se extiende a las autoridades estatales que en el marco de los
procedimientos de implementación, interpretación o aplicación del Acuerdo Final tengan interacción
con alguno de tales tópicos.
4.4.- Expresión concreta, más allá de lo retórico, encuentra en los siguientes criterios: (i)
Interpretación conforme. Deber de otorgar a las disposiciones del Acuerdo Final aquella
interpretación que de mejor manera se ajuste a los principios, estándares y mandatos
convencionales, lo que, correlativamente, impone ajustar los sentidos interpretativos que pugnan con
aquellos, pues la protección jurídica de los derechos y libertades a la luz del Acuerdo no puede ser
inferior a aquellos; de ser así ese déficit de protección debe ser superado por vía de la interpretación
conforme a cargo del operador jurídico78, permitiendo que el efecto útil de los principios, estándares
y mandatos convencionales opere, como se sigue de las reglas de interpretación dispuestas en el
artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; (ii) integración normativa. Asumir
como solución a las lagunas que se adviertan en el Acuerdo Final la aplicación de los principio,
estándares, y mandatos convencionales con el fin de lograr la plena eficacia de los derechos
tutelables, la coherencia y solución armónica de las cuestiones abordadas en el mencionado
Acuerdo; (iii) prevalencia de los principios, estándares y mandatos convencionales Privilegiar, en
situaciones de antinomia entre el texto del Acuerdo Final y los principios, estándares y mandatos
convencionales, las prescripciones que emanan de este último, en tanto que es precisamente el
sistema de referencia sobre el que se ha estructurado el Acuerdo, siendo verdad que su pretensión
de legitimidad emana más que de las formalidades a las que fue sometido a su capacidad para
responder, a la luz de las exigencias convencionales, como herramienta jurídica al servicio de la
consolidación de los deberes generales de respeto y garantía de los derechos y libertades, como
base razonable para la adopción de disposiciones de derecho interno que hagan efectivo el goce de
aquellos78 y como acuerdo político capaz de establecer cimientos sólidos para la adopción de
mecanismos de justicia transicional en el marco de una sociedad que ha sufrido el conflicto y graves
violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario 78” Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo. Decisión de Ponente de 2 de agosto de 2017, Expediente 25000-
23-26-000-2017-00025-01 (Habeas Corpus).
79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 7 de mayo de 2018, Rad. 33948 (A). Sobre este punto resaltó: “[…] entonces, dada la
naturaleza de las obligaciones estatales de prevención y garantía de las víctimas de graves
violaciones, visto el efecto jurídico del Acuerdo Final el reconocimiento genérico de responsabilidad
que en él han realizado los actores del conflicto armado y considerando la realidad probatoria del
caso, es criterio de esta judicatura que en casos como el sub judice el pronunciamiento que haga el
juez sobre la responsabilidad del Estado debe comprender, al tiempo, la que corresponda al Grupo
Armado Insurgente FARC por la comisión de violaciones graves a los Derechos Humanos y al
Derecho Internacional Humanitario”.
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Se trata de concretar, entonces, en cada caso, el alcance de ese reconocimiento
jurídico de responsabilidad por las acciones adelantadas en el marco del conflicto
armado interno, toda vez que las FARC se reconoció como organización o sujeto
colectivo de facto, susceptible de soportar reproche jurídico por los actos violatorios
de las normas de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario.
Precisamente, el Acuerdo Final reconoció a las FARC como un colectivo u
organización que, trascendiendo a la individualidad de sus integrantes, con
intereses intersubjetivos compartidos por esa agrupación, respondía a una
organización jerárquicamente dispuesta, con cierta permanencia en el tiempo y un
considerable tamaño en cuanto hace el número de sus integrantes y presencia
territorial; colectivo al que se le han reconocido, por virtud de ese Acuerdo Final,
ciertos derechos o beneficios dirigidos al cese definitivo del conflicto armado en
Colombia.
No obstante, el Acuerdo Final tiene un marcado enfoque de protección de los
derechos de las víctimas y esa consideración no puede ser ajena a ninguna de las
partes del conflicto. En ese orden de ideas, consecuencia de lo estipulado en el
Acuerdo Final, se puede pregonar que las FARC, como organización y parte
firmante del Acuerdo de Paz, es sujeto pasible de imputación de responsabilidad,
no solo en términos individuales –cuestión de la que se ocupará la Jurisdicción
Especial para la Paz como componente de justicia del SIVJRNR creado en el
Acuerdo-, sino también como sujeto colectivo que, por la vía de acciones
intencionales en el conflicto armado interno, actuó como un aparato organizado de
poder irregular e ilegal, puesto que las acciones violentas desplegadas por quienes
pertenecían a esa organización no obedecían a un querer motu proprio de cada
miembro, sino a diversos planes dispuestos y/o fijados por los mandos o dirigentes
medios y altos de ésta para el logro de sus cometidos comunes por la vía del
alzamiento en armas bajo la instrumentalización de ejecutores materiales.
Esta postura halló sustento en el margen de apreciación del que gozan las
autoridades80 respecto de la implementación, interpretación y aplicación del
80 Corte Constitucional, Sentencia C-630 de 2017.
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Acuerdo Final y se ajusta al derecho a la verdad que le asiste a todas las víctimas
toda vez que éstas cuentan con el derecho inalienable a conocer, con fuerza de
verdad judicial, en la mayor medida de las posibilidades, quiénes fueron los
partícipes, cuáles fueron los móviles y los pormenores que rodearon la violación a
sus derechos; también se corresponde con el derecho a la justicia, en tanto que por
esa vía la autoridad judicial no solo identifica la totalidad de los actores que, por
acción u omisión, intervinieron en la violación de derechos humanos sino que, aún
más importante, declara que los mismos son jurídicamente responsables por tales
conductas o, lo que es lo mismo, se impone un reproche jurídico a la conducta de
los responsables por ser violatorio del orden jurídico convencional, constitucional o
legal, integralmente considerado; por contera, lo dicho también se aviene al derecho
a obtener justas reparaciones, de cuenta de los responsables.
Una declaración en tal sentido no implica trasgresión alguna de las competencias
que corresponden a otras autoridades, por cuanto la misma no pretende tener el
efecto ni el alcance propio de un juicio de reproche penal ni de orden transicional,
pues i) no se trata de un pronunciamiento de responsabilidad personal, sino
colectivo; ii) no se están empleando, al efecto, las categorías dogmáticas propias
del derecho penal, sino que su fundamento normativo se ubica en el derecho
internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; y,
iii) naturalmente a la declaración de responsabilidad que se hace no se sigue la
imposición de una pena o sanción, pues el deber de indemnizar que surge con la
declaratoria de responsabilidad civil o administrativa no se asemeja a un castigo
sino a la justa expectativa que se desprende de habérsele comprobado a un sujeto
ser partícipe o causante de los daños inferidos a una persona que fue víctima de
graves violaciones a los derechos humanos y/o infracciones al derecho internacional
humanitario.
Y si bien la persecución contra la impunidad debe hacerse por “todos los medios
legales disponibles”, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
resulta poco menos que desafortunado considerar que la justiciabilidad de los
derechos de las víctimas del conflicto armado se extinga con la muerte de quien (o
quienes) se dicen son los presuntos penalmente responsables de tales violaciones
a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Es así,
que resulta pertinente destacar que, si bien la muerte del presunto transgresor pone
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fin a la persecución de la acción penal, lo cierto es que dicha situación no impide
que se imparta justicia a la organización y/o colectivo que consintió, planeó y
materializó el ilícito, ello, como clara manifestación de lograr justicia ante las graves
violaciones a los derechos humanos y/o infracciones al derecho internacional
humanitario.
Ello es así, adicionalmente, por cuanto la implementación de programas
administrativos de reparación de víctimas a cargo del Estado, o la declaratoria
judicial de responsabilidad patrimonial y administrativa del Estado, en los términos
del artículo 90 de la Constitución Política, tampoco eliminan la obligación jurídica de
responder y resarcir a quienes se vieron agraviados con la ejecución de tan viles
crímenes, máxime si se considera, como ya se dijo, que esas violaciones han
ocurrido dentro de un contexto de conflicto armado interno no siendo, pues, actos
anecdóticos o accidentales.
Debido a su importancia, conviene subrayar que si bien el Estado adquiere
obligaciones especiales para con las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos e infracción al derecho internacional humanitario, a las que bajo ninguna
consideración puede renunciar, dichos deberes de modo alguno pueden sustituir
aquellos que pesan sobre el agente violador y/o infractor de derechos humanos
respecto de su víctima, pues, como conforme se previó en el Acuerdo Final: “En el
marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición todos
quienes hayan causado daños con ocasión del conflicto deben contribuirlo a
repararlos”81, de ahí que compete a cada responsable asumir las consecuencias por
sus actos violatorios, bien sea a nivel colectivo o personal82.
En virtud de lo anterior, la reparación a las víctimas resulta trascendental, no solo
por las ya resaltadas finalidades que pretende el Acuerdo Final, sino también por la
suerte de reconocimiento, por parte del Estado, respecto de los actos desplegados
por las FARC, al haber acordado por la vía de la negociación, la trasformación de
81 Acuerdo Final. Punto 5.1.3.2. “Acciones concretas de contribución a la reparación”, pág. 178.
82 “la impunidad debe ser erradicada mediante la determinación de las responsabilidades tanto
generales –del Estado- como individuales – penales y de otra índole de sus agentes o de
particulares-. En cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos, de
facto y de jure, que mantengan la impunidad”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso
Anzualdo Castro Vs Perú, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, párr. 125. En el mismo sentido
Caso Radilla Pacheco Vs México, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 212.
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esa organización de una agrupación insurgente a una organización política ubicada
en el marco de legalidad.
Lo dicho anteriormente no supone, entonces, que con ese acto el Estado deba
asumir la responsabilidad que le puede corresponder a esa organización por la
comisión de sus actos transgresores, pero sí que ello le involucra jurídicamente en
lo que atañe a asegurar a las víctimas su plena reparación, en el marco de ese
régimen jurídico de transición, mediante instrumentos legales conducentes a exigir
de las FARC su responsabilidad y la consiguiente reparación de los reprochables
daños causados por ella, como organización.
Dicho de otro modo, el paso a la luz de la legalidad de las FARC no la desvincula
jurídicamente, en manera alguna, de sus actos pasados ni del conjunto de
violaciones a las víctimas, pues bajo ninguna consideración el Acuerdo Final puede
ser considerado como un “reparto de impunidades”, como bien lo consignaron las
partes en el punto quinto del Acuerdo83.
Justamente, debe recordarse que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto
y Construcción de una Paz Estable y Duradera carece de valor normativo en sí
mismo, en los estrictos términos que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-
332 de 2017, pero su carácter vinculante y sus efectos jurídicos no dependen
exclusivamente de su implementación normativa frente a las partes que lo
suscribieron.
No en vano el Acuerdo Final para la Paz se suscribió “[…] por el Gobierno Nacional
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-
EP), como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios
de Ginebra de 1949, para efectos de su vigencia internacional”.
Además, el mismo Acuerdo señala que las partes que lo suscribieron “se han ceñido
al espíritu y alcances de las normas de la Constitución Nacional, de los principios
del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del
83 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 7 de mayo de 2018, Rad. 33948.
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Derecho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo mandado por el
Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos proferidos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y
demás sentencias de competencias reconocidas universalmente y
pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos”.
En otras palabras, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y Construcción
de una Paz Estable y Duradera tiene efectos jurídicos y resulta vinculante para las
partes que lo suscribieron y, por lo tanto, es posible hacerlo exigible frente a ellas,
en los mismos términos en los que se firmó.
7. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 3 de junio de
2009, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, el extremo activo argumentó que el Tribunal
desconoció el principio de reparación integral, en tanto no reconoció la totalidad de
los rubros solicitados en el escrito de la demanda, por lo que solicitó incrementar los
perjuicios morales y reconocer la totalidad de perjuicios pretendidos en el libelo
introductorio.
Por su parte, el Ejército Nacional sostuvo que los daños alegados por el extremo
activo no le eran imputables en razón a que fueron ocasionados por un tercero.
Asimismo, indicó que los rubros reconocidos por el a quo a título de perjuicios
morales resultaban excesivos y desproporcionados.
En este sentido, y comoquiera que ambas partes presentaron recurso de apelación
contra el fallo proferido el 3 de junio de 2009 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de
Procedimiento Civil, se resolverá el asunto sub-lite sin limitación alguna84. Por ello,
84 “Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable
al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto
del recurso, salvo que debido a la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos
íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […] Cuando se hubiere
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a continuación, se analizará si la Policía y el Ejército Nacional son patrimonialmente
responsables por la muerte de José Abad Salazar Zuluaga y Martha Inés
Benjumea, y la destrucción de los inmuebles de propiedad de José Abad Salazar
Zuluaga, Orlando de Jesús García Hoyos, Carlos Abel Aristizábal López, Blanca
Lilia Giraldo Hoyos, Alba Rosa Suárez Quintero, Olivia Esther Ossa de Aristizábal,
Pedro Nel Aristizábal Aristizábal, Arturo de Jesús Zuluaga Giraldo y
DISTRIGRANADA LTDA., y los enseres que se encontraban dentro de los mismos,
luego de la detonación de un artefacto explosivo por parte de las FARC el 6 de
diciembre de 2000 en el municipio de Granada (Antioquia).
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
7.1. Hechos probados
Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es menester poner de presente que a los videos y a las fotografías
aportadas por la parte demandante85 se les dará el valor correspondiente, según
criterio uniforme de esta Sala86, conforme al artículo 252 del Código de
Procedimiento Civil87, esto es, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que fueron tomadas, de manera que permitan dar certeza de
los hechos que pretenden acreditar. Sin embargo, dadas las condiciones en que el
material videográfico y fotográfico fue presentado, este no ofrece certeza de la
persona que los realizó ni tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en las que fue efectuado, pues las grabaciones e imágenes fotográficas carecen de
georreferenciación y de otros datos que indiquen el momento, lugar y tiempo en los
que se realizaron e igualmente tampoco puede establecerse si corresponden al
momento y al lugar en donde ocurrieron los hechos que aquí se debaten.
apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito
aun cuando fuere desfavorable al apelante.”
85 Fl. 36, C.1.
86 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto
de 2014, Rad. 28.832
87 Normatividad que hoy se encuentra en el artículo 244 del Código General del Proceso.
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Asimismo, los recortes de prensa serán valorados según los criterios expuestos por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012,
esto es, servirán solo como indicador para la Sala, quien, a partir de ello, en
concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso,
podrá llegar a constatar la certeza de los hechos88.
Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Se demostró que el 28 de noviembre de 1984, Olivia Esther Ossa de
Aristizábal adquirió la propiedad del inmueble identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 018 – 54632 ubicado en Granada (Antioquia). De esta información
da cuenta copia auténtica del correspondiente certificado de tradición y libertad89.
7.1.2. Se acreditó que el 28 de noviembre de 1984, Carlos Abel Aristizábal López
adquirió la propiedad del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria
No. 018 – 49614 ubicado en Granada (Antioquia). De esta información da cuenta
copia auténtica del correspondiente certificado de tradición y libertad 90.
7.1.3. Consta que el 28 de noviembre de 1984, Pedro Nel Aristizábal adquirió la
propiedad del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 018 -
54631 ubicado en Granada (Antioquia). De esta información da cuenta copia
auténtica del correspondiente certificado de tradición y libertad91.
7.1.4. Consta que mediante escritura pública No. 00000054 del 22 de mayo de 1985
otorgada por la Notaría Única de Granada (Antioquia), la sociedad
DISTRIGRANADA LTDA se constituyó como sociedad comercial. Asimismo, que
estaba domiciliada en el referido municipio y que tenía como objeto social principal
“la compra y venta de productos envasados y enlatados, cervezas, gaseosas,
confitería y, en general, la compra y venta de toda clase de artículos y mercancías
88 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo
de 2012, Rad.: 11001031500020110137800
89 Fl. 160, C.1.
90 Fl. 160, C.1.
91 Fl. 160, C.1.
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de producción nacional o extranjera, lo mismo que recibir estas en consignación
para su distribución y venta al por mayor y al detal”. De esta información da cuenta
el correspondiente certificado de existencia y representación legal expedido por la
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño92.
7.1.5. Consta que el 9 de septiembre de 1991, Arturo de Jesús Zuluaga Giraldo y
DISTRIGRANADA LTDA., adquirieron la propiedad del inmueble identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria No. 018 – 55971 ubicado en Granada (Antioquia). De
esta información da cuenta copia auténtica del correspondiente certificado de
tradición y libertad93.
7.1.6. Se acreditó que el 13 de febrero de 1993, José Abad Salazar Zuluaga adquirió
la propiedad del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 018
– 392226 ubicado en Granada (Antioquia). De esta información da cuenta copia
auténtica del correspondiente certificado de tradición y libertad94.
7.1.7. Se acreditó que el 20 de junio de 1997, Orlando de Jesús García Hoyos
adquirió la propiedad del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria
No. 018 – 76826 ubicado en Granada (Antioquia). De esta información da cuenta
copia auténtica del correspondiente certificado de tradición y libertad 95.
7.1.8. Probado está que el 26 de abril de 1999, Blanca Lilia Giraldo Hoyos y Alba
Rosa Suárez Quintero adquirieron la propiedad del inmueble identificado con el folio
de matrícula inmobiliaria No. 018 – 90762 ubicado en Granada (Antioquia). De esta
información da cuenta copia auténtica del correspondiente certificado de tradición y
libertad96.
7.1.9. Está probado que el 3 de noviembre de 2000, miembros de las Autodefensas
Unidas de Colombia asesinaron a 17 civiles en la cabecera municipal de Granada
(Antioquia), según dan cuenta copias auténticas del oficio del 27 de diciembre de
92 Fl. 56 a 59, C.1.
93 Fl. 160, C.1.
94 Fl. 126, C.1.
95 Fl. 132, C.1.
96 Fl. 170, C.1.
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Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
2000, suscrito por el alcalde del municipio de Granada (Antioquia)97 y la Resolución
Defensorial No. 12 del 19 de junio de 2011 expedida por la Defensoría del Pueblo98.
El oficio del 27 de diciembre 2000, suscrito por el alcalde municipal de Granada
señaló lo siguiente:
“[…] Sobre la incursión violenta armada, presuntamente de las denominadas
Autodefensas a este municipio el 3 de noviembre, que dejó 19 personas muertas y 3
más heridas, le informo que en esa fecha yo me encontraba en el Colegio de Granada
participando en el Foro Educativo Municipal organizado por la JUME, de la cual soy
Presidente, a eso de las 12:00 aproximadamente escuchamos unos disparos y todos
tratamos de refugiarnos en lugar seguro; después de que todo pasó, cancelamos el
evento y nos informaron que a consecuencia de lo anterior resultaron varias personas
asesinadas y algunos heridos. Momentos más tarde nos enteramos de que la
situación se había dado por las Autodefensas, porque ellas mismas dejaron un
mensaje en donde se identificaban como tal”.
Por otra parte, la Resolución expedida por la Defensoría del Pueblo expresó lo
siguiente:
“[…] De acuerdo con la información obtenida por la Defensoría del Pueblo, un grupo
aproximado de 20 hombres, algunos vestidos de civil y otros con prendas de uso
privativo de las Fuerzas Militares, sin insignias, ni brazaletes, portando distintas
armas, ingresó al municipio de Granada (Antioquia) el viernes 3 de noviembre de
2000.
El grupo armado se dividió en dos e ingresó al casco urbano por las zonas periféricas.
Uno de los grupos hizo su entrada por la calle principal del municipio. En la estación
de gasolina COOTRAGÁN, distante a siete calles de la Estación de Policía, los
hombres armados ocasionaron la muerte de las siguientes (4) personas: […].
El otro grupo ingresó por el sector del Sacatín, carrera Pichincha, calle Jorge Ramón
de Posada, así como por los tanques del acueducto municipal y las veredas ‘La Cruz’
y ‘María’. En estos sitios resultaron muertas las siguientes (13) personas: […].
La mayoría de las víctimas presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza, la
cara, el cuello, la caja torácica y el abdomen; casi todas ellas fueron alcanzadas por
la espalda. En los mismos hechos resultaron heridas 3 personas. Según se informó,
ninguna de las víctimas presentaba antecedentes penales. Según la información
recibida por la Defensoría, el operativo del grupo armado duró alrededor de una hora,
tiempo durante el cual causaron la muerte de las personas arriba indicadas,
ejecutadas de forma indiscriminada, sin distingos de edad y condición social. Cuando
los hombres armados pretendieron avanzar de la zona periférica hacía el centro del
municipio, fueron repelidos por miembros de la Policía Nacional.”
97 Fl. 64 a 65, C.1.
98 Fl. 89 a 90, C.1.
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7.1.10. Se probó que, mediante proposición del 7 de noviembre de 2000, la Asamblea
Departamental de Antioquia condenó la masacre perpetrada el 3 de noviembre de esa
anualidad en el municipio de Granada y solicitó a la Fuerza Pública “[…] intensificar
los esfuerzos que permitan garantizar la seguridad en esta zona del Departamento”.
De esta información da cuenta copia auténtica del referido documento99. En efecto,
dicha proposición señala lo siguiente:
“[…] La Asamblea Departamental de Antioquia, condena en forma vehemente la
incursión y masacre indiscriminada efectuada por grupos paramilitares a la población de
Granada en el oriente de Antioquia, la cual cobró la vida de habitantes de la población.
Igualmente, se condena el asesinato a manos de grupos guerrilleros de un patrullero de
la Policía Nacional en estado de indefensión.
De la misma manera, rechazamos los señalamientos que algunos medios de
comunicación han hecho sobre esta población, indicado que recibían con aplausos el
ingreso de grupos guerrilleros. La población antioqueña y en especial, la población
granadina, ha rechazado permanentemente toda forma de violencia y ha reclamado su
derecho a no ser involucrado con ninguno de los extremos que protagonizan la violencia
en nuestro país. Por el contrario, sus pobladores han sido protagonistas permanentes
de la democracia y la institucionalidad de nuestra patria.
La Asamblea de Antioquia manifiesta a toda la población de este municipio y a sus
autoridades, las más sentidas condolencias y solidaridad en estos difíciles momentos, y
solicita a todas las fuerzas al margen de la ley, respetar el derecho a la vida de todos los
colombianos y de los pobladores del Oriente Antioqueño y, permitir, la recuperación
psicosocial y económica de ésta golpeada región. Para tal fin, solicitamos a la Fuerza
Pública intensificar los esfuerzos que permitan garantizar la seguridad en esta zona de
Antioquia.”
7.1.11. Se acreditó que mediante proposición No. 100 del 7 de noviembre de 2000, el
Senado de la República repudió y rechazó los hechos ocurridos el 3 de noviembre de
2000 y solicitó al Ministerio de Defensa y a los comandantes de las Fuerzas Militares
y de Policía “mantener su presencia en el municipio hasta que cesare el peligro”. De
esta información da cuenta copia auténtica del referido documento100. En efecto, dicha
proposición señala lo siguiente:
“[…] El Honorable Senado de la República expresa su repudio y rechazo a la incursión
efectuadas por las AUC en la otrora Remanso de Paz, ejemplo de la democracia y
apacible municipio de Granada (Antioquia), puesto como ejemplo para Colombia por el
programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Desarrollo Económico y
Administrativo Local de los municipios en conflicto.
La incursión realizada el día 3 de noviembre del presente año, dejando a su paso una
estela de muerte y desolación; muertos dentro de ellos menores de edad, seis ancianos
99 Fl. 305 a 306, C.1.
100 Fl. 307, C.1.
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y un inválido, todos ellos de la población civil fue la cuota fatídica que le cobraron a esta
población inerme y en total indefensión. Al tiempo que se solidariza con los deudos de
estas víctimas fatales de la espiral de violencia, que se ensaña sobre los colombianos.
Se solicita al señor Ministerio de Defensa y, a los comandantes de las Fuerzas Militares
y de Policía, mantener su presencia en esta localidad hasta que cese el peligro y, evitar,
retaliaciones de los frentes 9 y 47 de las FARC, que ejercen presión sobre la
población civil de esta zona y quienes ya han cobrado con la vida del agente Yacué,
quien estaba secuestrado, y tres víctimas más de la población civil.
Envíese copia de esta proposición al señor ministro del Interior, de Defensa Nacional y
a los comandantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.”
7.1.12. Consta que, mediante oficio del 9 de noviembre de 2000, Carlos Mario Zuluaga
Gómez, alcalde del municipio de Granada (Antioquia), solicitó al Ejército Nacional que
“[…] ante los hechos sucedidos en el municipio de Granada el pasado 3 de noviembre
de 2000 y por la constante amenaza de grupos insurgentes en la Región, mantener
las fuerzas militares en el municipio con el fin de dar más tranquilidad y seguridad a la
población”. De esta información da cuenta copia auténtica de dicho documento101.
7.1.13. Se acreditó que, mediante oficio del 17 de noviembre de 2000, Carlos Mario
Zuluaga Gómez, alcalde del municipio de Granada (Antioquia), solicitó al Ejército
Nacional “[…] enviar nuevamente las tropas del Ejército para que le brinden seguridad
a la población granadina y, a la vez, les sirvan a los agentes de la Policía que prestan
sus servicios en esta localidad”. Asimismo, indicó que, según información de la Policía
Nacional había “una toma programada por los insurgentes para hoy o mañana”. De
esta información da cuenta copia auténtica del referido documento102.
7.1.14. Se probó que el 6 de diciembre de 2000, subversivos de las FARC
incursionaron en Granada con lanzagranadas, pipetas de gas y armas de largo
alcance. Asimismo, que detonaron un carro bomba cerca a la estación de Policía del
municipio y atacaron la cabecera con artefactos explosivos hasta las 4:00 am del día
siguiente. Dicho ataque provocó la muerte de 20 personas, 24 personas resultadas
heridas y 219 edificaciones resultaron afectadas. De esta información da cuenta copia
simple de la comunicación del 27 de diciembre de 2000, suscrita por el alcalde del
municipio de Granada (Antioquia)103 y la Resolución Defensorial No. 12 del 19 de
101 Fl. 304, C.1.
102 Fl, 303, C.1.
103 Fl. 64 a 65, C.1.
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junio de 2011 expedida por la Defensoría del Pueblo104.
7.1.15. Se acreditó que el 6 de diciembre de 2000, fallecieron José Abad Salazar
Zuluaga y Martha Inés Benjumea Salazar por el impacto de un artefacto explosivo,
según da cuenta copia auténtica de los correspondientes registros civiles de
defunción105 y de las actas de levantamiento de cadáver106.
7.1.16. Se probó que el 6 de diciembre de 2000 los inmuebles identificados con los
folios de matrícula número 01876826, 01854632, 01890762, 01854631, 01855971,
ubicados en el municipio de Granada (Antioquia), de propiedad de Orlando de Jesús
García Hoyos, Carlos Abel Aristizábal López, Blanca Lilia Giraldo Hoyos y Alba
Rosa Suárez Quintero, Pedro Nel Aristizábal y, Arturo de Jesús Zuluaga Giraldo y
DISTRIGRANADA LTDA., respectivamente, quedaron destruidos con ocasión de la
incursión guerrillera y posterior detonación de un artefacto explosivo en el municipio
de Granada. De esta información da cuenta copias auténtica de la certificación del
5 de noviembre de 2002, suscrita por la Secretaría de Hacienda del referido
municipio107.
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en los recursos de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace
necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y
ii) su imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
104 Fl. 89 a 90, C.1.
105 Fl. 106 y 107, C.1.
106 Fl. 310 a 313, C.2.
107 Fl. 164, C.1.
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patrimonial de la Administración108-109.
7.2.1. Los daños antijurídicos
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho110, que contraría el orden legal111 o que está desprovista de una
causa que la justifique112, resultado que se produce sin derecho al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida
o protegida113, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. En su fórmula reducida, se dice que daño antijurídico es aquel
que la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra
en términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.
En el sub examine se tiene que los daños alegados son: i) la muerte de José Abad
Salazar Zuluaga y Martha Inés Benjumea Salazar; ii) la afectación de los inmuebles
de José Abad Salazar Zuluaga, Claudia Eugenia Salazar Benjumea, Orlando de
108 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
109 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia
considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad
civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya
trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que
el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968.
Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente: “La
responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de un
dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en su
definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
110 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
111 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
112 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
113 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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Jesús García Hoyos, Carlos Abel Aristizábal López, Blanca Lilia Giraldo Hoyos y
Alba Rosa Suárez Quintero, Pedro Nel Aristizábal y, Arturo de Jesús Zuluaga
Giraldo y DISTRIGRANADA LTDA y iii) la destrucción de bienes y enseres que se
encontraban dentro de los mismos, lo cual tuvo lugar el 6 de diciembre de 2000, con
ocasión de la incursión guerrillera y posterior detonación de un artefacto explosivo
en el municipio de Granada (Antioquia).
Los daños consistentes en la muerte de José Abad Salazar Zuluaga y Martha Inés
Benjumea Salazar, están debidamente acreditados con los correspondientes
registros civiles de defunción (hecho probado 7.1.15.). A su turno, el daño alegado
consistente en la afectación de los inmuebles de José Abad Salazar Zuluaga, Orlando
de Jesús García Hoyos, Carlos Abel Aristizábal López, Blanca Lilia Giraldo Hoyos y
Alba Rosa Suárez Quintero, Pedro Nel Aristizábal y, Arturo de Jesús Zuluaga
Giraldo y DISTRIGRANADA LTDA, está probado con la certificación del 5 de
noviembre de 2002, suscrita por la Secretaría de Hacienda del municipio de
Granada Antioquia, que da cuenta que los inmuebles referidos quedaron destruidos
con ocasión de la incursión guerrillera y posterior detonación de un artefacto
explosivo en el municipio de Granada (hecho probado 7.1.16.). Los daños referidos
tienen el carácter de antijurídico, pues se trata de la afectación de derechos
protegidos por el ordenamiento jurídico cuya lesión no encuentra justificación.
En efecto, la vida es un derecho inherente e inalienable de la persona y constituye
un presupuesto esencial para la realización de los demás derechos. La vida se
encuentra protegida en el Preámbulo de la Constitución Política, que proclama
dentro de los fines del Estado asegurar la vida de sus integrantes, y en el artículo
11 Superior, que establece que "el derecho a la vida es inviolable", de donde la
vulneración de tales postulados y los daños que sobre ellos se generen resultan
antijurídicos. A su turno, el artículo 2o de la Constitución Política establece que las
autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares; de donde la vulneración de tales postulados y los daños que sobre ellos
se generen resultan antijurídicos. Asimismo, el artículo 58 de la Carta Política
dispone que “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos
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con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados
por leyes posteriores (...)”.
Por otro lado, se observa que el daño por la desaparición y destrucción de enseres
que se encontraban dentro de los inmuebles no está acreditado, pues no se probó
qué bienes de los demandantes desaparecieron del lugar o fueron destruidos
después de la incursión guerrillera y detonación de un artefacto explosivo por
miembros de las FARC en el municipio de Granada (Antioquia).
En este sentido, debe recordarse, en primera medida, que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen”, de donde el daño que alega requiere de prueba, cuya omisión por
la demandante, a quien corresponde tal carga procesal, impide comprobar la
existencia de uno de los elementos estructurales de la responsabilidad, sin el cual,
en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible su
declaración.
Asimismo, que, en su aspecto sustancial, debe considerarse que la prueba del daño,
junto con la acreditación de los demás elementos de la responsabilidad, genera la
obligación correlativa de indemnizarlo a quien lo sufre y, como obligación de
contenido crediticio de reparación integral derivada del juicio de responsabilidad, su
prueba corresponde a quien lo alega y reclama, tal y como se desprende de los
artículos 1494114 y 1757115 del Código Civil. Por lo tanto, tratándose de la prueba
del nacimiento y existencia de una obligación indemnizatoria, es un deber
insoslayable del acreedor, que solo puede excepcionalmente suplirse por orden del
juez o en virtud de la ley, pues ello rompe el equilibrio de las relación subyacente a
la discusión de la obligación misma, pues, debe subrayarse que la responsabilidad
estatal plantea en esencia una cuestión obligacional entre acreedor – damnificado -
y deudor – Estado-; una obligación de reparar el daño. Es que la obligación
114 Artículo 1494: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más
personas, como en los contratos o en las convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona
que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a
consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por
disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de la familia”.
115 Artículo 1757: “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.
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indemnizatoria derivada de la declaratoria de responsabilidad extracontractual para
que se halle configurada exige prueba de todos los elementos de la responsabilidad,
lo cual, por supuesto, entre otros implica probar el daño, que en el caso de marras
se extraña.
En virtud de lo anterior, como en el presente caso no se probó la preexistencia de
estos elementos, ni cuáles eran o en qué consistían, no puede tenerse por probado
dicho daño, lo cual comporta la imposibilidad de continuar con el análisis de los
subsiguientes presupuestos que integran la obligación resarcitoria.
7.2.2. La imputación
En el presente caso es necesario determinar si los daños antijurídicos son
atribuibles fáctica y jurídicamente a la Policía y al Ejército Nacional, así como si
confluyó otra causa que incidió en la muerte de José Abad Salazar Zuluaga y Martha
Inés Benjumea Salazar, y en la afectación de los inmuebles de propiedad de José
Abad Salazar Zuluaga, Orlando de Jesús García Hoyos, Carlos Abel Aristizábal
López, Blanca Lilia Giraldo Hoyos y Alba Rosa Suárez Quintero, Pedro Nel
Aristizábal y, Arturo de Jesús Zuluaga Giraldo y DISTRIGRANADA LTDA.
Así, además de los medios de convicción arrimados al proceso, de los cuales ya se
hizo un recuento en el capítulo de hechos probados, obra en el expediente el
testimonio de Carlos Mario Zuluaga Gómez, quien para la época de la ocurrencia
de los hechos era el alcalde de Granada (Antioquia), en el que afirmó que después
de la masacre del 3 de noviembre de 2000, se incrementaron las amenazas al
municipio por parte de las FARC. Asimismo, señaló que, con antelación a los
hechos, campesinos de la zona le habían informado que un grupo de guerrilleros de
las FARC se encontraban acantonados en el corregimiento Santa Ana del
mencionado municipio y que se veían movimientos de pipetas y escuchaban
comentarios sobre una incursión armada. También, indicó que previo a que éstos
atacaran el municipio, el comandante de la Policía le manifestó que informes de
inteligencia insinuaban una inminente incursión armada en Granada y que se habían
repartido panfletos en donde se hacía alusión a una retaliación de las FARC por la
masacre del 3 de noviembre de 2000. Además, sostuvo que, a pesar de haber
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solicitado personalmente presencia de la fuerza pública en el municipio, la Policía
Nacional solamente envío 15 efectivos y el Ejército Nacional nunca dio respuesta a
su solicitud. Finalmente, refirió que los uniformados de la Policía Nacional que
fueron enviados a Granada como refuerzo, le insistieron en que pidiera más
refuerzos porque informes de inteligencia sugerían que el grupo guerrillero tenían
superioridad numérica frente a la fuerza pública, que había muchas pipetas de gas
en las cercanías del pueblo e inclusive que se insinuaba la detonación de un carro
bomba. Justamente, en la declaración jurada que rindió ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia afirmó lo siguiente116:
“[…] Para esa época era el alcalde del municipio de Granada. En el lapso del 3 de
noviembre y el 6 de diciembre de 2000 las amenazas contra la población se
incrementaron especialmente por parte de las FARC y en mi constante comunicación
con el Comando de Policía del municipio me manifestaba la preocupación porque
había informes de inteligencia que insinuaban la toma armada del municipio; incluso,
manifestaba que a algunos de los vecinos les había llegado panfletos para que
desalojaran porque las FARC iban a tomarse el pueblo como una retaliación. […] Ante
la situación latente y al no haber tenido eco acudí a la Asamblea Departamental de
Antioquia para que a través de ellos mediante una proposición le notificaran a la
Cuarta Brigada del Ejército y al Comando de Policía de Antioquia la urgente necesidad
de apoyo. Igualmente, acudí a un paisano en el Senado de la República quien desde
esa instancia ofició al Ministerio del Interior, al Comando de las Fuerzas Militares y de
Policía alertando sobre la presencia masiva de guerrilleros en Granada; la Policía
Nacional envío un grupo de 15 hombres de refuerzo mientras el Ejército no obró ante
la urgencia requerida no solo por el municipio, sino por la Asamblea y el Senado. La
Policía de Antioquia envío un grupo de refuerzo al Comando al mando de un teniente,
pero ellos mismos me insistían que siguiera haciendo fuerza porque los informes de
inteligencia daban de la superioridad numérica que podía darse ante una toma, el
teniente del grupo insistió que tenían informes incluso de un carro bomba y que había
muchas pipetas de gas en la cercanía del pueblo.”
Se advierte que el testimonio de Carlos Mario Zuluaga Gómez presta mérito
probatorio porque en su condición de alcalde de Granada (Antioquia) para la época
de los hechos, conoció directamente de la situación de orden público en que se
encontraba el municipio y su cargo le permitía conocer la situación de zozobra que
se presentaba en la zona, así como la información que insinuaba una posible
incursión armada en el municipio por parte de miembros de las FARC.
Así, la declaración del alcalde Carlos Mario Zuluaga Gómez permite constatar que
previa a la ocurrencia de los hechos que aquí se debaten: i) se incrementaron las
116 Fl. 353 a 355, C.1.
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amenazas de las FARC en el municipio de Granada; ii) que éste conoció a voces
de algunos campesinos del municipio que guerrilleros de las FARC se encontraban
acantonados en el corregimiento Santa Ana de Granada (Antioquia) y que dicho
grupo subversivo incursionaría en el mismo como represalia de la masacre
perpetrada el 3 de noviembre de 2000 por las autodefensas; iii) que el comandante
de Policía del municipio le comunicó que informes de inteligencia apuntaban a que
miembros de las FARC incursionarían en Granada y que, además, algunos
habitantes del municipio habían recibido panfletos que señalaban que dicho grupo
subversivo tomaría represalia por la masacre cometida por miembros de las
autodefensas; iv) que solicitó personalmente a la Policía y al Ejército Nacional
incrementar el pie de fuerza en el municipio; v) que la Asamblea Departamental de
Antioquia y el Senado de la República repudiaron la masacre del 3 de noviembre de
2000 y solicitaron a la fuerza pública hacer presencia en el municipio de Granada
(Antioquia); vi) que atendiendo las solicitudes elevadas por el alcalde, la Asamblea
Departamental y el Senado de la República, la Policía Nacional envío 15
uniformados para apoyar el comando de Policía de Granada; y vii) que algunos de
los uniformados de la Policía Nacional que fueron enviados como refuerzo al
municipio, le indicaron que nuevos informes de inteligencia daban cuenta que había
muchas pipetas de gas en las cercanías del pueblo, que el grupo guerrillero que se
encontraba acantonado en el área superaba numéricamente a los uniformados que
estaban prestando apoyo en el municipio y, además, que se detonaría un carro
bomba en la cabecera municipal.
Ahora bien, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la
Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares.
Asimismo, el artículo 58 de la Carta Política establece que “se garantizan la
propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles,
los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores (...)”.
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A su turno, esta Corporación ha señalado de manera reiterada y pacífica que un
daño es imputable al Estado por omisión en el deber de seguridad y protección
cuando: i) la persona ha solicitado protección especial, con justificación de las
particulares condiciones de riesgo en que se encuentra117; o ii) es evidente que una
persona requiere seguridad y protección, en consideración a pruebas que permiten
inferir que esta se encuentra amenazada o que está expuesta a sufrir graves riesgos
contra su vida o sus bienes118; o cuando iii) las autoridades dejan a la población a
merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles alguna ninguna protección a
pesar de tener conocimiento previo de que los derechos de esa población vienen
siendo desconocidos y vulnerados por grupos organizados al margen de la ley119.
En el sub examine se puede evidenciar que la Policía y Ejército Nacional
desatendieron los deberes de seguridad y protección frente a la población de
Granada (Antioquia), pues conforme se acreditó con los medios de convicción
decretados y practicados en el proceso, dichas entidades conocieron con antelación
a los hechos que aquí se debaten, del inminente riesgo en que se encontraba la
población de Granada (Antioquia), así como de la posible incursión armada que
llevarían a cabo miembros de las FARC como represalia de la masacre cometida
en el mismo municipio por miembros de las autodefensas. No obstante, lo anterior,
las entidades demandadas dejaron a merced de las FARC a la población del
municipio, la cual condujo a la incursión armada de dicho grupo subversivo el 6 de
diciembre de 2000 y la consecuente causación de los daños antijurídicos que aquí
se debaten, pues las medidas de contención no resultaron suficientes para
contrarrestar la amenaza que a la postre se concretó.
Precisamente, debe recordarse que según lo narrado por el ex alcalde de Granada
(Antioquia), previa a la ocurrencia de los hechos que en el presente asunto se
analizan, se incrementaron las amenazas de las FARC en el municipio y se
insinuaba una incursión guerrillera, por lo que solicitó apoyo de la fuerza pública a
fin de evitarla. De hecho, habitantes del mencionado municipio le indicaron a la
primera autoridad municipal que guerrilleros de las FARC se encontraban
117 Consejo de Estado, sentencia de 16 de julio de 1980, Rad 10134; Consejo de Estado, Sección
Tercera, sentencia de 17 de febrero de 1983, Rad. 5737.
118 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 30 de octubre de 1997, Rad. 10958.
119 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 1998, Rad. 17004
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Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
acantonados en el corregimiento de Santa Ana y el comandante de la Policía
comunicó que informes de inteligencia apuntaban a que las FARC se tomarían el
municipio y que se habían repartido panfletos que expresaban que dicho grupo
subversivo tomaría una represalia por la masacre perpetrada por las autodefensas
el 3 de noviembre de 2000.
Además, debe resaltarse que, mediante proposición del 7 de noviembre de 2000, la
Asamblea Departamental solicitó a la fuerza pública “[…] intensificar los esfuerzos
que permitan garantizar la seguridad en esta zona del Departamento” (hecho probado
7.1.10.). Adicionalmente, que el 7 de noviembre de 2000, el Senado de la República
repudió y rechazó los hechos ocurridos el 3 de noviembre de 2000 y solicitó al
Ministerio de Defensa y a los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía
“mantener su presencia en el municipio hasta que cesare el peligro” (hecho probado
7.1.11).
También, se observa que el 9 de noviembre de 2000, Carlos Mario Zuluaga Gómez,
ex alcalde del municipio de Granada (Antioquia), insistió al Ejército Nacional que
“[…] ante los hechos sucedidos en el municipio de Granada el pasado 3 de noviembre
de 2000 y por la constante amenaza de grupos insurgentes en la Región, mantener
las fuerzas militares en el municipio con el fin de dar más tranquilidad y seguridad a la
población” (hecho probado 7.1.12).
Esta solicitud fue reiterada por la primera autoridad municipal el 17 de noviembre de
2000, en el sentido de “[…] enviar nuevamente las tropas del Ejército para que le
brinden seguridad a la población granadina y, a la vez, les sirvan a los agentes de la
Policía que prestan sus servicios en esta localidad”, pues información de la Policía
Nacional insinuaba que habría “una toma programada por los insurgentes para hoy o
mañana” (hecho probado 7.1.13.).
No obstante, lo anterior y pese a las numerosas solicitudes y/o requerimientos
elevados a la Policía y el Ejército Nacional con el objeto de garantizar la seguridad
en el municipio, el 6 de diciembre de 2000, miembros de las FARC detonaron un carro
bomba cerca a la estación de Policía del municipio de Granada (Antioquia) y atacaron
la cabecera con artefactos explosivos hasta las 4:00 am del día siguiente. Dicho
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ataque provocó la muerte de 20 personas, otras 24 heridas y 219 edificaciones
resultaron afectadas tal y como quedó probado con la comunicación del 27 de
diciembre de 2000, suscrita por el alcalde del municipio de Granada (Antioquia) y la
Resolución Defensorial No. 12 del 19 de junio de 2011 expedida por la Defensoría
del Pueblo (hecho probado 7.1.14.).
Ahora bien, llama atención que a pesar de las múltiples solicitudes que se elevaron
a la fuerza pública, las cuales están soportadas en declaraciones de los habitantes
de Granada (Antioquia) y en los informes de inteligencia de la Policía Nacional que
daban cuenta de la presencia de miembros de las FARC en el municipio y que dicho
grupo subversivo incursionaría en el mismo como represalia de la masacre ocurrida
el 3 de noviembre de 2000 por miembros de las autodefensas, aun así, la Policía y
el Ejército Nacional, teniendo en cuenta que conocían el inminente riesgo en que se
encontraba el municipio y la posible toma guerrillera que se llevaría a cabo, dejaron
a merced del referido grupo insurgente a la población de Granada (Antioquia) pues
las medidas de contención que se implementaron resultaban insuficientes para
contrarrestar la amenaza que se cernía contra la población civil, lo cual condujo a
facilitar la lamentable incursión armada del 6 de diciembre de 2000 y la consecuente
causación de los daños antijurídicos que aquí se debaten. Precisamente, debe
recordarse que pese a que la Policía Nacional contaba con información de
inteligencia que apuntaba a que miembros de las FARC incursionarían en el
municipio e inclusive que activarían un artefacto explosivo en el mismo, dicha
institución únicamente envío 15 efectivos como refuerzo, lo cual, atendiendo la
magnitud del ataque que se venía fraguando y al número de subversivos que hacía
presencia en la zona, resultaba insuficiente para evitar, contener y/o repeler dicho
ataque armado.
En este orden, se encuentra que en el presente caso hubo una omisión de la Nación
– Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional al deber de seguridad
y protección que le asistía frente a la población de Granada (Antioquia), dadas las
circunstancias que rodearon la producción del daño, su previsibilidad y los medios
con los que se disponía para contrarrestarlo y que negligentemente se omitieron
emplear, lo que claramente constituye una falla del servicio.
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Al efecto, debe subrayarse que era previsible para las entidades demandadas que
miembros de las FARC llevarían a cabo una incursión armada en el municipio de
Granada (Antioquia) como represalia de la masacre perpetrada por las
autodefensas el 3 de noviembre de 2000, pues informes de inteligencia de la Policía
Nacional, sumado a las manifestaciones que algunos de los habitantes del municipio
rindieron frente al alcalde de la época, así lo sugerían, tanto así, que la primera
autoridad municipal solicitó en reiteradas oportunidades a la Policía y al Ejército
Nacional incrementar la fuerza pública disponible en el municipio, petición que fue
coadyuvada por la Asamblea Departamental de Antioquia y el Senado de la
República. No obstante, lo anterior, la Policía y el Ejército Nacional aun con
conocimiento previo del inminente riesgo en que se encontraba el municipio y la
posible toma guerrillera que se llevaría a cabo, no adoptaron medidas eficientes,
tales como incrementar el pie de la fuerza pública en el municipio y/o enviar efectivos
suficientes para evitar, repeler y/o contrarrestar la toma guerrillera que se venía
fraguando. Lo anterior, máxime cuando a partir de los informes de inteligencia de la
Policía se había advertido con antelación a la ocurrencia de los hechos que había
muchas pipetas de gas en las cercanías del pueblo, que el grupo guerrillero que se
encontraba acantonado en el área superaba numéricamente a los uniformados que
estaban prestando apoyo en el municipio y que se detonaría un carro bomba en la
cabecera municipal.
En virtud de lo anterior, se concluye que los daños alegados que tienen el carácter
de antijurídicos son imputables a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y Ejército Nacional, a título de falla del servicio del servicio, como quiera
que se acreditó una omisión al deber de seguridad y protección que le asistía a
estas entidades frente a los demandantes, en tanto dejaron a la población de
Granada (Antioquia) sin la necesaria protección de acuerdo a las circunstancias, sin
brindarles la protección debida a pesar de tener conocimiento previo de que los
derechos de esa población venían siendo desconocidos y vulnerados por dicho
grupo organizado al margen de la ley.
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La conclusión a la que se llega en este asunto no es ajena a las decisiones de la
Sección Tercera de esta Corporación, pues en sentencia del 8 de junio de 2017 120
la Subsección B declaró la responsabilidad del Estado por la incursión armada de
las FARC en el municipio de Granada (Antioquia) al constatar que:
“[…] el municipio de Granada tenía un riesgo alto de ser atacado por fuerzas al
margen de la ley, que la toma guerrillera era previsible y cognoscible por las
autoridades, a tal punto que ordenaron el refuerzo de las fuerzas disponibles en el
comando de policía como medida de prevención al ataque. Dicha medida, además,
no fue capaz de contrarrestar la fuerte ofensiva de los tres frentes de las FARC
sobre la estación de policía en particular y sobre el resto del municipio en general, sin
distinción entre bienes civiles y objetivos militares. Es en la precariedad de las
medidas previas y en la inusitada prolongación del ataque guerrillero sobre Granada
en donde la Sala encuentra elementos indicadores para efectuar un reproche
subjetivo a las medidas adoptadas por la administración para precaver, contener,
proteger y defender a la población civil del acto terrorista causado por las FARC, y así
inferir la falla del servicio. No se comprende cómo, con el antecedente de una
agresión previa contra la población, realizada por un grupo antagonista de la guerrilla,
la Policía no previó la toma guerrillera ni sus magnitudes sobre la localidad. Tampoco
se entiende que, en vista de la evidente situación de orden público que padecía por
entonces la población de Granada, las autoridades policivas no hayan tomado
determinación alguna para proteger a las personas ajenas a la contienda bélica y
prevenir los daños sobre los bienes civiles que, en últimas, ocurrieron.”
Ahora bien, la valoración en conjunto de los medios decretados y practicados en el
proceso también permite concluir que junto a la falla del servicio, que permite discernir
alguna culpa en el cumplimiento de los deberes funcionales, confluyó otra, aún más
gravosa, que incidió en los daños sufridos por los accionantes, pues el ataque
desmedido, desproporcionado e irracional de las FARC contra la población civil, como
ilícito internacional y, grave afrenta a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario, fue un factor decisivo para que el resultado gravoso se pudiera concretar,
de donde, esta concausa se estima inescindible del daño sufrido por los demandantes
y de la cual se puede entender una actuación dolosa del movimiento irregular
perpetrador de los graves hechos contra la población civil.
Al respecto, debe señalarse que el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra
establece, entre otras, que “no serán objeto de ataque la población civil como tal, ni
las personas civiles”. Asimismo, prevé que están proscritos “los actos o amenazadas
de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil”.
120 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”.
Sentencia del 8 de junio de 2017, Rad.: 45576.
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Por otra parte, el artículo 7º del Estatuto de Roma dispone que se entenderá por
crimen de lesa humanidad, cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa por
parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque: “(…) a) asesinato (…) k) otros actos inhumanos de
carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten
gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. Dicho instrumento
internacional prevé, además, que “por ‘ataque contra una población civil’ se entenderá
una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos mencionados en
el párrafo No. 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado
o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política”.
Asimismo, el artículo 8º del citado Estatuto establece que, por crímenes de guerra, se
entenderá como aquellas infracciones a los Convenios de Ginebra contra personas o
bienes en marco de un conflicto armado – homicidio intencional, causar
deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar contra la integridad física o la salud
– y, particularmente, en aquellos que no son de índole internacional, “los atentados
contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas,
las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura” y, “dirigir intencionalmente ataques
contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las
hostilidades”.
Dicho lo anterior, debe reiterarse, entonces, que, de conformidad con lo señalado en
la comunicación del 27 de diciembre de 2000, suscrita por el alcalde del municipio
de Granada (Antioquia)121, así como la Resolución Defensorial No. 12 del 19 de
junio de 2011 expedida por la Defensoría del Pueblo122, pruebas documentales que
no fueron desvirtuadas ni tachadas de falsas en el proceso, el 6 de diciembre de
2000, subversivos de las FARC incursionaron en Granada con lanzagranadas,
pipetas de gas y armas de largo alcance, a la par que detonaron un carro bomba
cerca de la estación de Policía del municipio y atacaron la cabecera con artefactos
explosivos hasta las 4:00 am del día siguiente, lo cual provocó, entre otras, el
fallecimiento de 20 personas y 219 edificaciones resultaron afectadas (hecho probado
7.1.14.).
121 Fl. 64 a 65, C.1.
122 Fl. 89 a 90, C.1.
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Además, el testimonio rendido por Carlos Mario Zuluaga Gómez, entonces alcalde del
municipio de Granada (Antioquia), permite evidenciar que las FARC hacían presencia
en esa zona del país y, además, que dicho grupo subversivo incursionaría de forma
violenta, sistemática y generalizada en el mismo como represalia de la masacre
perpetrada el 3 de noviembre de 2000 por las autodefensas, situación que no debe
pasarse por alto cuando se discute la responsabilidad patrimonial del Estado,
máxime en eventos como el que es objeto de análisis, en los que el resultado de
dicha conducta – los ataques ilegítimos, sistemáticos y generalizados contra la
población civil y sus bienes – que es considerada no sólo un crimen de guerra y lesa
humanidad, sino una grave afrenta a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario123, llevó a la concreción de los daños alegados.
Entonces, lo anterior permite colegir que los daños sufridos por los accionantes se
produjeron por dos causas, a saber: i) la incursión guerrillera como ataque doloso,
ilegítimo, sistemático y generalizado de las FARC contra la población del municipio
de Granada (Antioquia) y ii) la omisión al deber de seguridad y protección en que
incurrieron la Policía Nacional y el Ejército Nacional frente a los habitantes de
Granada (Antioquia), en tanto los dejaron a merced de las FARC sin brindarles la
protección debida a pesar de tener conocimiento previo de que los derechos de esa
población venían siendo desconocidos y vulnerados por dicho grupo organizado al
margen de la ley.
En definitiva, se estima que la muerte de José Abad Salazar Zuluaga y Martha Inés
Benjumea Salazar, y la afectación de los inmuebles de propiedad de José Abad
Salazar Zuluaga, Orlando de Jesús García Hoyos, Carlos Abel Aristizábal López,
123 Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y, de
Determinación de los hechos y conductas. Auto No. 1 del 1º de febrero de 2023, Caso. 05, Exp.
90027949720180000001. “El artículo 7 (1) (k) del ER establece como crimen de lesa humanidad
otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o
atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Así, los elementos de los
crímenes establecen para esta conducta los siguientes elementos; a saber: i) que el autor haya
causado mediante un acto inhumano graves sufrimientos o atentado gravemente contra la integridad
física o la salud mental o física; ii) que el acto haya tenido un carácter similar a cualquier otro de los
actos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma; iii) que el autor haya sido
consciente de las circunstancias de hecho que determinaban el carácter del acto; iv) que la conducta
se haya cometido como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil; y
iv) que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado o
sistemático contra la población civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un
ataque de este tipo”.
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Blanca Lilia Giraldo Hoyos y Alba Rosa Suárez Quintero, Pedro Nel Aristizábal y,
Arturo de Jesús Zuluaga Giraldo y DISTRIGRANADA LTDA. es atribuible a la
conducta irregular, dolosa e inconvencional de las FARC y a la omisión culposa de
las entidades demandadas al no adoptar las medidas de contención necesarias para
repeler un ataque de gran magnitud contra la población civil. Precisamente, debe
señalarse que junto a la omisión en que incurrió la fuerza pública confluyó otra, aún
más intensa y gravosa, que incidió en la causación de los menoscabos sufridos por
los accionantes pues, debe reiterarse, que los resultados dañosos derivados de
aquellos ataques indiscriminados, sistemáticos y generalizados contra la población
civil, en tanto “crímenes de guerra y de lesa humanidad”, se erigen como un ilícito
internacional en tanto constituyen una grave afrenta a los derechos humanos y al
derecho internacional humanitario.
En este orden de ideas, debe recordarse que, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 1571124 y 2344125 del Código Civil, existe solidaridad entre quienes
concurren en la producción del daño y el acreedor puede dirigirse contra todos los
deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin
que por este puede oponérsele el beneficio de la división.
Valga aclarar que en reciente jurisprudencia126 esta Subsección indicó que, por
efecto de la solidaridad, el resarcimiento de un hecho lesivo “se puede perseguir
frente a cualquiera de las personas que concurren a la causación del daño y por la
totalidad del monto” y “no impide la declaratoria de responsabilidad solidaria el
hecho de que todas las personas que infieren el daño estén o no demandadas en
el proceso, ya que por efectos de la misma institución jurídica de la solidaridad basta
con que se encuentre uno de los causantes del daño como litisconsorte de la parte
pasiva, lo que no obsta para que este se subrogue en los derechos de la víctima y
solicite el reembolso de lo pagado en el monto correspondiente a su deudor
124 Artículo 1571 del Código Civil “Solidaridad pasiva. El acreedor podrá dirigirse contra todos los
deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por este puede
oponérsele el beneficio de la división”.
125 “Artículo 2344. Responsabilidad solidaria. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más
personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo
delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Todo fraude o dolo cometido por
dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso”.
126 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 23 de agosto 2024, Rad. 64260.
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solidario”. Es así como, bajo las reglas de la solidaridad, basta que uno de los
causantes del daño se encuentre vinculado como litisconsorte de la parte pasiva
para que proceda la condena, sin que ello obste para una vez realizado el pago,
este se subrogue y solicite el reembolso de lo pagado - en el monto correspondiente
• a su codeudor solidario.
Ahora bien, la condena que se impondrá a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía y Ejército Nacional será por la totalidad de los perjuicios ocasionados a los
demandantes, pues en el presente proceso no se demandó a las FARC como
organización o sujeto colectivo de facto, susceptible de soportar reproche jurídico
por los actos violatorios de DDHH e infracciones al DIH y debe recordarse que,
según lo dispuesto en el artículo 2344 del Código Civil, “Si de un delito o culpa ha
sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente
responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa”. Es decir, debido
a la existencia de solidaridad entre los sujetos, la sentencia afecta a todos aquellos
involucrados en la causación del daño de modo que, como ocurre en el presente
caso, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional tiene la
potestad de repetir en contra de estos – las FARC – a efectos de solicitar las sumas
de dinero desembolsadas por el concepto de la condena aquí impuesta127.
En todo caso, es importante recalcar que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos
1579128 y 1668129 del Código Civil, una vez el deudor solidario pague la condena
127 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”.
Sentencia del 24 de abril de 2024, Rad. 55722.
128 Artículo 1579: “El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los
medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y
seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga
este codeudor en la deuda. Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria
concernía solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, serán estos responsables entre
sí, según las partes o cuotas que le correspondan en la deuda, y los otros codeudores serán
considerados como fiadores. La parte o cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos los
otros a prorrata de las suyas, comprendidos aún aquellos a quienes el acreedor haya exonerado de
la solidaridad”.
129 Artículo 1668: “Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley, y aun contra la voluntad del
acreedor, en todos los casos señalados por las leyes y especialmente a beneficio: 1) Del acreedor
que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón a un privilegio o hipoteca; 2) Del que habiendo
comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble esta hipotecado;
3) Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente; 4) Del heredero
beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia; 5) Del que paga una deuda
ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente por el deudor; 6) Del que ha prestado dinero al deudor
para el pago, constando así en escritura pública del préstamo, y constando además en escritura
pública del pago al haberse satisfecho la deuda con el mismo dinero”.
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Radicado: 05001233100020020484601 (37980)
Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
quedará subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y
seguridades, pero limitada a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda.
Es así que, una vez la Nación – Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional
pague la condena que aquí se imponga, deberá repetir contra las FARC como
organización o sujeto colectivo de facto, susceptible de soportar reproche jurídico
por los actos violatorios de DDHH e infracciones al DIH, y/o contra el fondo
constituido por el Gobierno Nacional para estos efectos, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1579 y 1668 del Código Civil, las obligaciones adquiridas
por las FARC para la reparación de víctimas en el punto No. 5 del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera,
y lo establecido en los artículos 3130, 4131 y 5132 del Decreto 903 de 2017133.
8. Liquidación de perjuicios
A continuación, se realizará la liquidación de perjuicios teniendo en cuenta la
tipología de aquellos solicitados en la demanda, esto es: i) el reconocimiento de
perjuicios morales por la muerte de José Abad Salazar Zuluaga y Martha Inés
Benjumea; ii) los perjuicios morales ocasionados por la destrucción de los inmuebles
de propiedad de Orlando de Jesús García Hoyos, Carlos Abel Aristizábal López,
Blanca Lilia Giraldo Hoyos, Alba Rosa Suárez Quintero, Olivia Esther Ossa de
Aristizábal, Pedro Nel Aristizábal Aristizábal y Arturo de Jesús Zuluaga Giraldo; y iii)
130 Artículo 3: “FONDO DE VÍCTIMAS. Créese un patrimonio autónomo del Departamento
Administrativo de la Presidencia que servirá de receptor de todos los bienes y recursos patrimoniales
monetizados y no monetizados inventariados. En contrato fiduciario se indicará los términos de la
administración del mismo, el destino que habrá de dársele al patrimonio de su cargo, y los criterios
que deberá tener en cuenta para monetizar los bienes y acciones que reciba. El Fondo referido será
gobernado por un Consejo Fiduciario cuya administración será decidida y constituida por el Gobierno
Nacional, por recomendación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la
Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). La administración del fondo fiduciario lo hará la entidad
que defina el Gobierno nacional conforme a la normativa aplicable. Facúltese al Gobierno nacional
para reglamentar el mecanismo y los términos para permitir la transferencia de los bienes al
patrimonio autónomo”.
131 Artículo 4: “Finalidad del Fondo. Con los bienes y activos incluidos en el inventario se procederá
a la reparación material de las víctimas del conflicto, en el marco de las medidas de reparación y la
implementación de los programas contemplados […] en el Acuerdo Final”.
132 Artículo 5: “Derecho de las víctimas. La puesta en marcha de las medidas contempladas en esta
norma no podrá suponer limitación, anulación o restricción de los derechos actualmente adquiridos
de las víctimas”.
133 Por el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a
disposición de las FARC – EP.
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Radicado: 05001233100020020484601 (37980)
Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante
ocasionados por la muerte de José Abad Salazar Zuluaga y Martha Inés Benjumea,
y por la destrucción de los inmuebles referidos.
8.1. En la demanda se solicitó condenar a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía y Ejército Nacional a pagar, por la muerte de José Abad Salazar Zuluaga y
Martha Inés Benjumea, a título de perjuicios morales, 1000 SMLMV a Claudia
Eugenia, Nancy Catalina y Raquel Sofía Salazar Benjumea, 500 SMLMV a Miguel
Benjumea Gómez y, 300 SMLMV a Dolores Esther, Manuel Salvador, Margarita
María, José Gerardo, Berta Lucía, Francisco Javier, Jesús María y Miguel Ángel
Benjumea Salazar. De otra parte, se solicitó condenar a las mismas entidades a
pagar, por la destrucción de inmuebles, a título de perjuicios morales, 200 SMLMV
Orlando de Jesús García Hoyos, Carlos Abel Aristizábal López, Blanca Lilia Giraldo
Hoyos, Alba Rosa Suárez Quintero, Olivia Esther Ossa de Aristizábal, Pedro Nel
Aristizábal Aristizábal y Arturo de Jesús Zuluaga Giraldo.
Ahora bien, en sentencia del 28 de agosto de 2014134, la Sección Tercera de esta
Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales
en caso de muerte. En ella indicó que había lugar a reconocer perjuicios a quienes
habían sufrido aflicción por la muerte de una persona, en atención al grado de
relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la víctima, según la siguiente
tabla:
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Relación Relación Relación
Relación afectiva Relación afectiva
afectiva afectiva del 4° afectiva no
del 2° de del 3er de
conyugal y de familiar
consanguinidad o consanguinidad o
paterno – consanguinidad (terceros
civil civil
filial o civil. damnificados)
Porcentaje 100%
50% 35% 25% 15%
Equivalencia
en salarios
100 50 35 25 15
mínimos
134 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 27709.
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Radicado: 05001233100020020484601 (37980)
Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que se acreditó que el 6 de diciembre
de 2000 fallecieron José Abad Salazar Zuluaga y Martha Inés Benjumea, y que
Miguel Benjumea Gómez era el padre de Martha Inés Benjumea, así como Raquel
Sofía Salazar Benjumea, Nancy Catalina Salazar Benjumea, y Claudia Eugenia
Salazar Benjumea eran hijas de José Abad Salazar Zuluaga y Martha Inés
Benjumea, y Jesús María Benjumea Salazar, Miguel Ángel Benjumea Salazar, Berta
Lucía Benjumea Salazar, Manuel Salvador Benjumea Salazar, Francisco Javier
Benjumea Salazar, José Gerardo Benjumea Salazar, Margarita María Benjumea
Salazar y Dolores Esther Benjumea Salazar eran hermanos de Martha Inés
Benjumea, de conformidad con la tabla referida en precedencia, la Sala confirmará
el rubro reconocido por el a quo por concepto de perjuicios morales, esto es, 100
SMLMV a Miguel Benjumea Gómez, Raquel Sofía Salazar Benjumea, Nancy
Catalina Salazar Benjumea y Claudia Eugenia Salazar Benjumea, y 50 SMLMV a
Jesús María Benjumea Salazar, Miguel Ángel Benjumea Salazar, Berta Lucía
Benjumea Salazar, Manuel Salvador Benjumea Salazar, Francisco Javier Benjumea
Salazar, José Gerardo Benjumea Salazar, Margarita María Benjumea Salazar y
Dolores Esther Benjumea Salazar.
De otra parte, frente a los perjuicios morales solicitados por la destrucción de los
inmuebles de los demandantes luego de la detonación de un artefacto explosivo
ocurrida el 6 de diciembre de 2000 en el municipio de Granada (Antioquia), debe
destacarse que la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado la posibilidad de
indemnizar perjuicios morales por la pérdida y/o destrucción de bienes materiales.
Sin embargo, este perjuicio no se presume y debe acreditarse135 “debidamente…
con pruebas que acrediten su existencia y magnitud”136. Además, se exige que la
afectación moral sea intensa y apreciable, pues no cualquier pérdida o afectación
de un bien puede ser moralmente compensada.
135 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 7 de abril de 1994, Rad.: 9367; Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de agosto de 2017, Rad.: 38205A;
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 10 de mayo de 2017, Rad.:
40068.
136 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13 de mayo de 2004, Rad.: AG2002-00226;
Sentencia del 11 de noviembre de 2009, Rad.: 17119; Sentencia del 10 de marzo de 2011, Rad.:
20109; Sentencia del 9 de julio de 2014, Rad.: 44333; Sentencia del 13 de noviembre de 2014, Rad.:
33727.
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Radicado: 05001233100020020484601 (37980)
Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
Al respecto, se tiene que el perjuicio moral “se encuentra compuesto por el dolor, la
aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego,
temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño
antijurídico”137, sentimientos que deben ser graves, de entidad y trascendencia,
pues no se puede indemnizar una simple molestia, disgusto o perturbación 138.
Así, como antecedente relevante y de interés en la jurisprudencia colombiana, se
halla el renombrado caso Villaveces139 que por primera vez ordenó el resarcimiento
del perjuicio moral sufrido por un ciudadano con motivo de la destrucción del
mausoleo en el que se encontraban los restos de su esposa, los cuales fueron
depositados en una fosa común.
Sin embargo, el Consejo de Estado ha admitido la posibilidad de conceder la
indemnización por este concepto, pero limitada a la existencia de plena prueba frente
a su configuración y magnitud140. En efecto, esta Corporación ha reiterado que su
causación no puede presumirse y que el perjuicio debe ser de tal entidad que
justifique su reparación. En efecto, en sentencia del 5 de octubre de 1989, indicó:
“[…] Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los
morales, entendiendo por éstos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona
a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina
están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener
envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe
ser demostrado, pues no se presume.”141.
Igualmente, en sentencia del 6 de agosto de 1993, expresó: “[…] La afectación
moral compensable pecuniariamente ha de ser tan especialmente intensa
efectivamente tan apreciable, que no todo contratiempo o descalabro económico
137 Consejo de Estado, Sección Tercera, documento final aprobado mediante Acta del 28 de agosto
de 2014, referente a la unificación de jurisprudencia frente a la reparación de perjuicios inmateriales.
138 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. No.
2003-00660-01 “Este daño, entonces, debe ser de grave entidad o trascendencia, lo que significa
que no debe ser insustancial o fútil, pues no es una simple molestia la que constituye el objeto de la
tutela civil”
139 Corte Suprema de Justicia; Sala de Casación Civil; Sentencia del 22 de agosto de 1924; Gaceta
judicial T XXI. p. 82.
140 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de octubre de 1989, Exp. 5320, del 5 de
junio de 2008, expediente 14.526, del 7 de junio de 2006, Exp. AG 001, del 13 de abril de 2000, Exp.
11.892 y del 11 de noviembre de 2009, Exp. 17.119.
141 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de octubre de 1989, Exp. 5320.
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pueda ser, moralmente compensado. La calidad de la persona, su vinculación
personal o sentimental hacia el bien perdido, la procedencia del mismo, su
originalidad, la imposibilidad física de reemplazarlo o sustituirlo, son entre otros,
factores a tomar en consideración cuando en casos como el presente se pretende
una indemnización de perjuicios morales de pérdida, desmejora, destrucción de un
bien material.”142.
Entonces, la jurisprudencia ha aceptado la posibilidad de que la pérdida de los
bienes materiales cause un perjuicio moral143 pero exige que la afectación moral
sea intensa y altamente apreciable, pues no cualquier pérdida de un bien puede ser
moralmente compensado. Al respecto la sentencia del 6 de agosto de 1993 afirmó:
“[…] Sin desconocer el impacto emocional que ese tipo de hecho dañoso genera en
una persona, en el presente caso no hay lugar a su reconocimiento. La afectación
moral compensable pecuniariamente ha de ser tan especialmente intensa
efectivamente tan apreciable, que no todo contratiempo o descalabro económico
pueda ser, moralmente compensado. La calidad de la persona, su vinculación
personal o sentimental hacia el bien perdido, la procedencia del mismo, su
originalidad, la imposibilidad física de reemplazarlo o sustituirlo, son entre otros,
factores a tomar en consideración cuando en casos como el presente se pretende
una indemnización de perjuicios morales de pérdida, desmejora, destrucción de un
bien material144.
De lo anterior, se puede establecer que en lo que se refiere al pago de perjuicios
por la pérdida y/o destrucción de cosas materiales, la jurisprudencia ha exigido un
tratamiento especial, inicialmente, para evitar rendirle culto a las personas que “se
dejan poseer por las cosas”. Así, la sentencia del 19 de abril de 1994 expresó: “[…]
La pérdida de las cosas materiales, por sí misma, no amerita su reconocimiento. Es
posible que, en circunstancias especiales, y por razones de particular afecto, se
vivencie el dolor moral por la pérdida de los bienes materiales. Pero la materia
necesita ser tratada con un especial enfoque cultural y filosófico para no rendirle
culto a las personas que no poseen las cosas, sino que se dejan poseer por
ellas.”145.
142 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 1993, Exp. 8009.
143 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 1994, expediente 9367.
144 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 1993, Exp. 8009.
145 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 1994, Exp. 6828.
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Entonces, es posible indemnizar todo perjuicio moral, inclusive el derivado de la
pérdida y/o destrucción de bienes materiales, siempre que se acredite su existencia
y magnitud mediante cualquier tipo de prueba146.
En el caso concreto, se advierte que los medios de convicción decretados y
practicados en el proceso no dan cuenta de alguna afectación padecida en tal
sentido. De hecho, aunque los demandantes consideraron en el recurso de
apelación que “[…] el sólo fenómeno en si considerado de la destrucción de sus
casas o viviendas y de todos sus enseres, que quedó plenamente probado, para
salir a implorar la caridad pública o familiar, es suficiente motivo y razón, para ser
resarcido.”, lo cierto es que ningún medio de convicción permitió acreditar su
causación, existencia y magnitud. De hecho, no obran testimonios ni documentos
que den cuenta de la congoja o dolor de los demandantes por la pérdida de sus
bienes ni la magnitud que este dolor pudo representar y por ello no es posible
acceder a lo pretendido por este concepto.
En este sentido, es menester poner de presente que la parte actora no cumplió con
lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que señala que
“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el perjuicio que se alega requiere de
prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal carga procesal,
impide acreditar la causación del perjuicio pretendido.
Bajo el anterior contexto, la Sala negará los rubros pretendidos por Raquel Sofía
Salazar Benjumea, Nancy Catalina Salazar Benjumea, Nancy Catalina Salazar
Benjumea (sucesoras de José Abad Salazar Zuluaga), Claudia Eugenia Salazar
Benjumea, Orlando de Jesús García Hoyos, Carlos Abel Aristizábal López, Blanca
Lilia Giraldo Hoyos, Alba Rosa Suárez Quintero, Olivia Esther Ossa de Aristizábal,
Pedro Nel Aristizábal Aristizábal y Arturo de Jesús Zuluaga Giraldo a título de
perjuicios morales, teniendo en cuenta que no se aportó ninguna prueba que
permitiera acreditar su causación.
146 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de mayo de 2012, Exp. 21269, citando
sentencia del 13 de mayo de 2004, Exp. AG-2002-00226.
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8.2. Raquel Sofía, Nancy Catalina y Claudia Eugenia Salazar Benjumea, Blanca
Lilia Giraldo Hoyos, Alba Rosa Suárez Quintero, Orlando de Jesús García Hoyos,
Carlos Abel Aristizábal López, Olivia Esther Ossa de Aristizábal, Pedro Nel
Aristizábal Aristizábal y Arturo de Jesús Zuluaga Giraldo pretenden la reparación
del daño consistente en la destrucción de sus inmuebles, el cual denominan como
“perjuicio patrimonial”, lo que concretamente hace parte del daño emergente, por
las sumas que resulten probadas en el presente proceso.
No obstante, se advierte que en el expediente no hay ninguna prueba que permita
determinar bajo un criterio técnico, objetivo, claro y preciso el valor de los inmuebles
de propiedad de los demandantes los cuales fueron destruidos el 6 de diciembre de
2000 con ocasión de la detonación de un artefacto explosivo en el municipio de
Granada (Antioquia). Empero, resulta evidente que se ocasionó un daño emergente
a Raquel Sofía, Nancy Catalina y Claudia Eugenia Salazar Benjumea (sucesoras
de José Abad Salazar Zuluaga), Blanca Lilia Giraldo Hoyos, Alba Rosa Suárez
Quintero, Orlando de Jesús García Hoyos, Carlos Abel Aristizábal López, Olivia
Esther Ossa de Aristizábal, Pedro Nel Aristizábal Aristizábal y Arturo de Jesús
Zuluaga Giraldo, pues los inmuebles de su propiedad quedaron destruidos producto
de la detonación de un artefacto explosivo el 6 de diciembre de 2000 en el municipio
de Granada (Antioquia), conforme se acreditó con la certificación del 5 de noviembre
de 2002, suscrita por la Secretaria de Hacienda del municipio de Granada Antioquia
(hecho probado 7.1.15.).
Por lo anterior, en la parte resolutiva de la sentencia se condenará a las entidades
demandadas a pagarle a los propietarios de los inmuebles destruidos la suma que
el Tribunal logre determinar que se causó por este perjuicio mediante un incidente
que relacione de manera concreta y precisa el valor de los daños materiales
ocasionados por la destrucción de sus inmuebles ocurrida el 6 de diciembre de 2000
luego de la detonación de un artefacto explosivo por miembros de las FARC en el
municipio de Granada (Antioquia)147. Para estos efectos, la liquidación deberá
realizarse atendiendo la naturaleza y características de cada uno de los inmuebles
147 En dos casos análogos, la Subsección adoptó este criterio y/o parámetro para la liquidación del
daño emergente por la destrucción de inmuebles. A saber: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencias del 14 de octubre de 2021,
Rad. 45597 y del 25 de mayo de 2022, Rad. 30554.
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Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
destruidos el 6 de diciembre de 2000 en el municipio de Granada (Antioquia), así
como el valor de cada una de las edificaciones y/o mejoras, y el precio del metro
cuadrado para la época y el lugar donde ocurrieron los hechos que aquí se debaten.
8.3. Finalmente, en la demanda se solicitó condenar a la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional a pagar, por perjuicios materiales, la
suma que resulte probada en el proceso a Claudia Eugenia, Nancy Catalina y
Raquel Sofía Salazar Benjumea, Miguel Benjumea Gómez, Dolores Esther, Manuel
Salvador, Margarita María, José Gerardo, Berta Lucía, Francisco Javier, Jesús
María y Miguel Ángel Benjumea Salazar por la muerte de José Abad Salazar
Zuluaga y Martha Inés Benjumea y, las sumas de $115.460.062 a Orlando de Jesús
García Hoyos, $337.909.911 a Carlos Abel Aristizábal López, $72.477.393 a Blanca
Lilia Giraldo Hoyos, $72.477.393 a Alba Rosa Suárez Quintero, $72.431.904 a Olivia
Esther Ossa de Aristizábal, $43.978.714 a Pedro Nel Aristizábal Aristizábal,
$73.821.868 a Arturo de Jesús Zuluaga Giraldo y $579.090.277 a
DISTRIGRANADA LTDA.
Pues bien, frente al lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata de la
ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como
consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el daño,
habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los perjudicados.
Asimismo, la Corporación ha considerado que, como todo perjuicio, para que
proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, éste
debe ser cierto y existente148, es decir, debe probarse que la víctima era
laboralmente activa, que devengaba ingresos mensuales, que con ellos otorgaba
ayuda económica a su familia y que a consecuencia del daño dejó de percibir el
salario con el cual sustentaba su propia subsistencia y la de su familia.
Así pues, frente al lucro cesante alegado por Claudia Eugenia, Nancy Catalina y
Raquel Sofía Salazar Benjumea, Miguel Benjumea Gómez, Dolores Esther, Manuel
Salvador, Margarita María, José Gerardo, Berta Lucía, Francisco Javier, Jesús
148 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 21 de
mayo de 2007. Exp. 15989 y de 1 de marzo de 2006. Exp. 17256.
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María y Miguel Ángel Benjumea Salazar por la muerte de José Abad Salazar
Zuluaga y Martha Inés Benjumea, se observa que en el expediente no obra ninguna
prueba que permita determinar con certeza su causación. Precisamente, en el
plenario no obra ningún medio de convicción que permita determinar que los
demandantes dependían económicamente y en qué proporción de José Abad
Salazar Zuluaga y Martha Inés Benjumea.
Bajo el contexto anterior, la Sala negará la suma pretendida por Claudia Eugenia,
Nancy Catalina y Raquel Sofía Salazar Benjumea, Miguel Benjumea Gómez,
Dolores Esther, Manuel Salvador, Margara María, José Gerardo, Berta Lucía,
Francisco Javier, Jesús María y Miguel Ángel Benjumea Salazar a título de lucro
cesante, teniendo en cuenta que no se aportó la prueba idónea para acreditar su
causación.
De otra parte, se observa que ninguno de los medios de prueba decretados y
practicados en el presente asunto litigioso permitió determinar alguna ganancia o
utilidad dejada de percibir por la destrucción de los inmuebles, por lo cual la Sala se
abstendrá analizar su causación.
En virtud de lo anterior, se negará el lucro cesante solicitado por el extremo activo
habida cuenta que ninguno de los medios de prueba obrantes en el plenario permite
acreditar los rubros solicitados por este concepto.
En consecuencia con lo expuesto, se modificará la sentencia del 3 de junio de 2009,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de i) declarar
patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional
– Ejército Nacional por la muerte de José Abad Salazar Zuluaga y Martha Inés
Benjumea y la destrucción de los inmuebles de propiedad de Raquel Sofía, Nancy
Catalina y Claudia Eugenia Salazar Benjumea, Blanca Lilia Giraldo Hoyos, Alba
Rosa Suárez Quintero, Orlando de Jesús García Hoyos, Carlos Abel Aristizábal
López, Olivia Esther Ossa de Aristizábal, Pedro Nel Aristizábal Aristizábal y Arturo
de Jesús Zuluaga Giraldo; ii) condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y Ejército Nacional a pagarle, por perjuicios morales, 100 SMLMV a Raquel
Sofía, Nancy Catalina y Claudia Eugenia Salazar Benjumea, y Miguel Benjumea
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Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
Gómez y 50 SMLMV a Dolores Esther, Manuel Salvador, Margarita María, José
Gerardo, Rosa Angélica, Berta Lucía, Francisco Javier, Jesús María y Miguel Ángel
Benjumea Salazar; y iii) condenar a las entidades demandadas a pagarle a Raquel
Sofía, Nancy Catalina y Claudia Eugenia Salazar Benjumea (sucesoras de José
Abad Salazar Zuluaga), Blanca Lilia Giraldo Hoyos, Alba Rosa Suárez Quintero,
Orlando de Jesús García Hoyos, Carlos Abel Aristizábal López, Olivia Esther Ossa
de Aristizábal, Pedro Nel Aristizábal Aristizábal y Arturo de Jesús Zuluaga Giraldo,
la suma que el Tribunal logre determinar que se causó por daño emergente
mediante un incidente en el que se determine de manera concreta y precisa el valor
de los daños materiales ocasionados por la destrucción de sus inmuebles ocurrida
el 6 de diciembre de 2000 luego de la detonación de un artefacto explosivo por
miembros de las FARC en el municipio de Granada (Antioquia).
9. Condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 3 de junio de 2009, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional –
Ejército Nacional patrimonialmente responsable por la muerte de José Abad Salazar
Zuluaga y Martha Inés Benjumea y la destrucción de los inmuebles de propiedad de
Raquel Sofía, Nancy Catalina y Claudia Eugenia Salazar Benjumea, Blanca Lilia
Giraldo Hoyos, Alba Rosa Suárez Quintero, Orlando de Jesús García Hoyos, Carlos
Abel Aristizábal López, Olivia Esther Ossa de Aristizábal, Pedro Nel Aristizábal
Aristizábal y Arturo de Jesús Zuluaga Giraldo, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
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Radicado: 05001233100020020484601 (37980)
Demandante: Claudia Eugenia Salazar Benjumea y otros
SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y
Ejército Nacional a pagarle, por perjuicios morales, 100 SMLMV a Raquel Sofía,
Nancy Catalina y Claudia Eugenia Salazar Benjumea, y Miguel Benjumea Gómez, 50
SMLMV a Dolores Esther, Manuel Salvador, Margarita María, José Gerardo, Rosa
Angélica, Berta Lucía, Francisco Javier, Jesús María y Miguel Ángel Benjumea
Salazar.
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y
Ejército Nacional a pagarle a Raquel Sofía, Nancy Catalina y Claudia Eugenia Salazar
Benjumea (sucesoras de José Abad Salazar Zuluaga), Blanca Lilia Giraldo Hoyos,
Alba Rosa Suárez Quintero, Orlando de Jesús García Hoyos, Carlos Abel Aristizábal
López, Olivia Esther Ossa de Aristizábal, Pedro Nel Aristizábal Aristizábal y Arturo de
Jesús Zuluaga Giraldo, la suma que el Tribunal logre determinar que se causó por
daño emergente mediante un incidente en el que se determine de manera concreta y
precisa el valor de los daños materiales ocasionados por la destrucción de sus
inmuebles ocurrida el 6 de diciembre de 2000 luego de la detonación de un artefacto
explosivo por miembros de las FARC en el municipio de Granada (Antioquia).
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: CONMINAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y
Ejército Nacional para que, una vez pague la condena que aquí se le impone, repita
contra las FARC como organización o sujeto colectivo de facto, susceptible de
soportar reproche jurídico por los actos violatorios de DDHH e infracciones al DIH, y/o
contra el fondo constituido por el Gobierno Nacional para estos efectos, según los
términos descritos en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: REMITIR copia de la presente providencia a la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP), para lo de su competencia.
SÈPTIMO: SIN COSTAS.”
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclara voto
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF
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