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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2002-04956-01

Acción de reparación directa: no condena

Fecha
19 de junio de 2019
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2002-04956-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: MODIFICAR la Sentencia de 15 de febrero de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así: PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de caducidad frente a las pretensiones fundadas en los daños ocasionados como consecuencia del pago de impuestos sobre el bien inmueble y los gastos colaterales en que incurrieron los actores en razón de la ejecución de la obra. SEGUNDO: NEGAR las restantes pretensiones de la demanda, según las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: En firme este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2002-04956-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

19 de junio de 2019

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA- No condena

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / INDEBIDA COMPENSACIÓN POR CESIÓN DE BIEN INMUEBLE / ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA

PROBLEMA JURÍDICO: Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por la indebida compensación realizada a los demandantes en razón de la destinación y construcción de una obra pública sobre una parte de un inmueble de propiedad de aquellos, o si, por el contrario, dicha compensación fue ajustada a derecho y obedeció a los pactos realizados por las partes.

CADUCIDAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

[D]ado que el 28 de junio de 1994 se suscribió el documento en el que se autorizó la ocupación y se pactó la futura cesión del bien inmueble y la demanda se radicó el 10 de diciembre de 2002 , es evidente que se presentó por fuera de los dos años previstos en el artículo 136 del C.C.A. para interponer la acción de reparación directa (…) frente a las pretensiones fundamentadas en los gastos en que incurrieron los propietarios en la obtención de la licencia de construcción (…) se observa que el hecho dañoso se concretó en el momento en que se obtuvo dicha licencia, ya que en esa fecha los actores tenían conocimiento de los gastos adicionales que había acarreado el trámite de una nueva licencia de construcción en virtud del cambio de planos de su proyecto “Tierra Labrantía”. En ese sentido, habida cuenta que dicha licencia se obtuvo a través de Resolución No. C1-1524 de 11 de noviembre de 1997 se observa que dichas pretensiones se encontraban caducadas al momento de presentación de la demanda (…) encontrándose probada la excepción de caducidad sobre algunas de las pretensiones de la demanda y, en el análisis de las restantes, encontrándose que no se configuró el daño alegado por los actores

COMPENSACIÓN POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA - Presupuestos

[L]a pretensión de enriquecimiento sin justa causa no es procedente, habida cuenta que, ante la eventual demostración de un detrimento patrimonial como consecuencia de una indebida compensación sobre la cesión de un bien inmueble u otros derechos constituidos, sería forzoso concluir que dicho desequilibrio se fundó en unos compromisos adquiridos por las partes en los acuerdos pactados para la compensación de la cesión de las fajas de terreno y la constitución de la servidumbre, por lo cual, si existiría una causa que justificaría la forma como se realizó la compensación en cuestión y deslegitimaría toda pretensión de enriquecimiento injusto

NO PROCEDE CONDENA EN COSTAS - Por acción de reparación directa

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 132 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 129 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 267 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55 / LEY 9 DE 1989 - ARTÍCULO 37

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil diecinueve 2019.

Radicación número: 05001-23-31-000-2002-04956-01(41360)

Actor: MARÍA ADELAIDA DAMATO BETANCUR Y OTROS

Demandado: INSTITUTO METROPOLITANO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLÍN -INVAL-

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (SENTENCIA)

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA- RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA- INDEBIDA COMPENSACIÓN POR CESIÓN DE BIEN INMUEBLE- DAÑOS COLATERALES OCASIONADOS EN RAZÓN DE LA CONSTRUCCIÓN- ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA.

Síntesis del caso: El 26 de julio de 1984, el Instituto Metropolitano de Valorización de Medellín, mediante Resolución No. 165, decretó la realización de la obra No. 358. El 28 de junio de 1994, en razón de la ejecución del proyecto, el INVAL y la sociedad Promotora de Construcciones El Tesoro Ltda. firmaron un documento, llamado acta de autorización, en el cual se acordó la entrega transitoria de una parte de un lote de propiedad de la sociedad, mientras se tramitaba la respectiva escritura de cesión, y la constitución de una servidumbre sobre una parte del terreno. Para compensar dichas obligaciones, el INVAL se comprometió, entre otras cosas, a ceder un inmueble de propiedad fiscal al municipio para cumplir con la obligación urbanística de zonas verdes públicas del proyecto de la sociedad, así como también ceder el lecho seco de la quebrada el Chambul a los propietarios. Según manifiestan los integrantes de la sociedad, los compromisos adquiridos no fueron cumplidos en su totalidad y, adicionalmente, la ejecución de las obras ocasionó daños no previstos, por lo que, el 10 de diciembre de 2002, presentaron demanda de reparación directa contra el INVAL.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia proferida el 15 de febrero de 2011 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la cual se declararon probadas las excepciones de caducidad e indebida escogencia de la acción.

Contenido: 1. Antecedentes, 2. Consideraciones, 3. Decisión.

ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Demanda y trámite en primera instancia; 1.2. Recurso de apelación y trámite en segunda instancia.

Demanda y trámite en primera instancia

El 10 de diciembre de 2002, María Adelaida D’amato Betancur, Inés Betancur de D’amato, Hugo D’amato Bassi, Andrés D’amato Betancur, Daniel D’amato Betancur y Ana María D’amato Betancur, a través de apoderado, formularon demanda de reparación directa en contra del Instituto Metropolitano de Valorización de Medellín -INVAL-, con el fin de que se le declarara responsable y se le condenara por los perjuicios causados con ocasión de la ejecución de la obra No. 358 decretada mediante Resolución No. 165 de 1984.

Las pretensiones fueron planteadas en los siguientes términos (se trascribe):

“PETICIONES
Principal:
Que se declare que el INVAL ha incumplido las obligaciones de Dar y Hacer contraídas con los Demandantes.
Que se declare que el INVAL es responsable del menoscabo patrimonial de los Demandantes, surgido por su incumplimiento en el pago total y oportuno de lo debido.
Que se condene al INVAL a pagar totalmente la obligación adquirida en 1994 con los PROPIETARIOS PROMOTORES del lote de terreno comprometido con la adición de facto hecha a la obra pública 358 de Medellín, descontados los abonos.
Que se condene al INVAL al pago de los perjuicios patrimoniales causados a los PROPIETARIOS PROMOTORES por el incumplimiento en el pago oportuno y legal de lo debido.
Que se condene al INVAL al pago de los impuestos catastrales y contribución de valorización pagados en exceso y causados sobre la parte del terreno destinada de facto al uso público desde 1994.
Que se condene al INVAL al pago de la pérdida de valor económico de los gastos efectuados por los Demandantes en la obtención de la Licencia de Construcción, Urbanismo, y los gastos por expensas de Curaduría.
Que se condene al INVAL al pago de perjuicios extrapatrimoniales causados por la perturbación que generó en los demandantes acerca de su seguridad como propietarios.
Que se condene al INVAL a reconocer las anteriores sumas con la actualización respectiva al momento de la ejecutoria de la sentencia de primera o segunda instancia o hasta la ejecutoria de la providencia que decida sobre el incidente de liquidación si hay lugar a él, de conformidad con el artículo 178 del C.C.A., adicionada en el interés legal del 6% anual.

Subsidiaria:
Que se declare que el INVAL incurrió en Enriquecimiento Sin Causa frente al correlativo empobrecimiento de los Demandantes afectados por la construcción y utilización del lazo vial El Tesoro – Transversal Inferior.
Que se declare que el INVAL es responsable por haber actuado irregularmente en la ocupación, construcción y destinación del mencionado lazo sin pagar oportunamente lo debido.
Que se condene al INVAL al pago de los perjuicios patrimoniales causados a los Demandantes por la construcción, ocupación y destinación al uso públicos de parte de su propiedad sin la indemnización total y oportuna correspondiente.
Que se condene al INVAL al pago de los impuestos catastrales y contribución de valorización pagados en exceso y causados sobre la parte del terreno destinada de facto al uso público desde 1994.
Que se condene al INVAL al pago de la pérdida del valor económico de los gastos efectuados por los Demandantes en la obtención de la Licencia de Construcción, Urbanismo, y los gastos en expensas de Curaduría.
Que se condene al INVAL al pago de los perjuicios extrapatrimoniales causados a los Demandantes en su buena fe por la forma como obtuvo el permiso para construir una obra pública sin el oportuno pago del precio total debido según la ley 9/89.
Que se condene al INVAL a reconocer las anteriores sumas con la actualización respectiva al momento de la ejecutoria de la sentencia de primera o segunda instancia o hasta la ejecutoria de la providencia que decida sobre el incidente de liquidación si hay lugar a él, de conformidad con el artículo 178 del C.C.A., adicionada ene el interés legal del 6% anual.”

Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en síntesis, los siguientes hechos:

1) El 26 de julio de 1984, mediante Resolución No. 165, la Junta Directiva del INVAL decretó la obra No. 358 por el sistema de contribución por valorización, la cual fue modificada mediante Resolución No. 421 de 31 de octubre de 1991, que ordenó la construcción de un puente en la calle 7C entre la trasversal inferior y la carretera el Tesoro y la canalización de la quebrada el Chambul en su cruce con dicha carretera.

2) A finales de 1993, el INVAL realizó otra adición al proyecto, en razón de la cual, el 28 de junio de 1994, la entidad suscribió con la sociedad Promotora de Construcciones El Tesoro Ltda. un documento al que denominaron “acta de autorización”, en el que la sociedad se comprometió a entregar, anticipadamente, al instituto, las franjas del terreno requerido para la obra mientras se tramitaba la escritura pública de cesión, adicionalmente, se pactó que a futuro se constituiría el derecho de paso por una parte de la obra en favor de la sociedad cedente.

3) En virtud del acuerdo, el 25 de junio de 1997, el Departamento de Planeación Metropolitana concedió unos derechos de circulación y parqueo debajo del lazo vial, asimismo concretó otros beneficios urbanísticos en favor del proyecto “Tierra Labrantía” de propiedad de los miembros de la sociedad. Y, el 30 de marzo de 2001, mediante escritura No. 378 de la notaría 22 de Medellín, el INVAL cedió al municipio una porción de terreno con el fin de cumplir con la obligación urbanística a cargo de ese proyecto, consistente en destinar una parte del terreno de la obra a zonas verdes públicas.

4) El 16 de mayo de 2001, los propietarios presentaron derecho de petición ante el INVAL solicitando se les reconociera una “indemnización” por la ocupación y destinación a uso público de una parte de su lote, por los daños ocasionados al inmueble durante la construcción de la obra, por los pagos hechos por concepto de impuesto predial y contribución por valorización y, en general, por el menoscabo que la obra estatal ocasionó a su patrimonio.

5) El 15 de junio de 2001 y el 6 de julio de 2001, el INVAL se pronunció sobre las solicitudes realizadas. En síntesis, señaló que las obligaciones contraídas en el acta de autorización habían sido debidamente cumplidas.

6) El 4 de marzo de 2002, los miembros de la sociedad insistieron en el pago de una indemnización; el 15 de marzo de ese mismo año, la gerente liquidadora del INVAL informó que, según los compromisos contraídos, solo faltaba formalizar la escritura pública en la cual constara la cesión de las dos fajas de terreno de propiedad de la sociedad a favor del instituto; el 21 de marzo de 2002, los propietarios hicieron una nueva reclamación; y, el 2 de octubre de 2002, mediante Resolución No. 266, la entidad confirmó la decisión adoptada el 18 de julio de 2002 en la Resolución No. 176 que excluyó a los solicitantes como acreedores de la entidad y reiteró que las obligaciones contraídas habían sido debidamente cumplidas.

El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual resolvió admitir la demanda mediante Auto de 3 de febrero de 2003, decisión que fue notificada a la demandada el 17 de marzo de 2003.

El INVAL-En liquidación- presentó contestación de la demanda mediante memorial allegado el 25 de junio de 2003, en el que se opuso a todas las pretensiones planteadas por la parte actora. En el escrito, la demandada manifestó la falta de legitimación pasiva en la causa, habida cuenta que la entidad había sido suprimida mediante decreto 152 de 2002 y, en ese sentido, el llamado a responder por los daños invocados era el municipio de Medellín.

Asimismo, propuso como excepción la inexistencia de la obligación atribuida, habida cuenta que la sociedad había cedido las franjas de terreno sin establecer ninguna contraprestación a cambio, lo cual se evidenciaba a partir de la lectura del acta de autorización en la que se consignó la voluntad de los propietarios de permitir la ocupación del terreno mientras se realizaban los trámites para otorgar la respectiva escritura pública, sin que se contemplara la obligación de pago alegada por las demandantes.

Por otra parte, señaló que la acción había caducado habida cuenta que el acta de autorización se pactó el 28 de junio de 1994 y, a partir del día siguiente, la entidad ocupó las franjas del lote de terreno cuya reclamación ahora se pretende, lo que indicaba que los dos años dispuestos por la ley para el ejercicio de la acción de reparación directa ya se encontraban vencidos el 10 de diciembre de 2002, fecha en la cual se presentó la demanda.

Y, finalmente, alegó la excepción de indebida escogencia de la acción, ya que, en su entender, no era procedente que a través de la acción de reparación directa se pretendiera el pago de un perjuicio derivado del incumplimiento de una relación contractual, a saber, el acuerdo que constaba en el acta de autorización de 1994.

Mediante Auto del 15 de septiembre de 2003, el Tribunal Administrativo de Antioquia dio inicio a la etapa probatoria. En dicha providencia se resolvió tener como pruebas los documentos aportados con la demanda y las contestaciones, se ordenaron los exhortos solicitados por la parte demandante, la inspección judicial del terreno y la práctica de dictámenes por parte de peritos.

El 13 de febrero de 2006, el Tribunal corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto sobre el asunto.

En esta oportunidad procesal, el municipio de Medellín, como sucesor procesal del INVAL, reiteró los argumentos sobre la caducidad de la acción y la falta de objeto para demandar. Adicionalmente, señaló que, según lo informado por el Departamento Administrativo de Planeación del municipio, el predio en cuestión no tenía posibilidades de desarrollo urbanístico incluso antes de la ejecución de la obra por parte del INVAL, por lo que la entidad le dió un tratamiento especial con el fin de que pudiera ser aprovechado, facilitó el otorgamiento de la respectiva licencia de construcción para el proyecto de los propietarios, autorizó la ocupación con parqueaderos de visitantes de la franja ubicada debajo del viaducto del lazo vial y del retiro de la quebrada el Chambul y cedió al municipio un bien inmueble de su propiedad con el fin de cumplir con la obligación urbanística de zonas verdes a cargo de la sociedad, todo lo cual constituía el pago que la parte demandante echaba de menos en su reclamación.

Por su parte, los demandantes presentaron alegatos de conclusión en los que solicitaron que se profiriera fallo favorable a sus pretensiones. En el escrito se indicó que, contrario a lo sostenido por la demandada, no se había configurado el fenómeno jurídico de la caducidad habida cuenta que el daño solo fue conocido con la decisión del gerente liquidador del INVAL que negó la calidad de acreedores de los peticionarios, lo que había ocurrido solo unos meses antes de la presentación de la demanda.

En lo que respecta al objeto de la controversia, invocaron la existencia de un daño especial dado que los demandantes no tenían por qué soportar un tratamiento distinto frente a las cargas públicas y asumir los costos que había ocasionado la obra pública en su lote. También manifestaron que el acta de autorización, pactada con ocasión de la adición del lazo vial a la obra, nunca se refirió a una limitación gratuita a su propiedad y, por el contrario, siempre fue claro para las partes la existencia de unas obligaciones mutuas.

Finalmente alegaron que la demandada pretermitió el debido proceso de afectación de bien inmueble y expropiación o adquisición voluntaria del predio, así como también omitió indemnizar, previa o posteriormente, la ocupación del lote a los propietarios, todo lo cual demostraba la falla en el servicio de la entidad.

El 15 de febrero de 2011, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió Sentencia de primera instancia en la cual declaró probadas las excepciones de caducidad e indebida escogencia de la acción.

En la mencionada providencia, el a quo consideró que la parte demandante, al pretender una indemnización por la omisión de la entidad demandada en el cumplimiento de las obligaciones a las cuales se había comprometido con la suscripción del acta de autorización de 1994, debió presentar su reclamación en los dos años posteriores a la firma de dicho documento y no limitarse al envío de solicitudes a la administración durante tanto tiempo.

También señaló que, en cualquier caso, al existir un pronunciamiento del INVAL en el que se negaba a los demandantes la calidad de acreedores, no resultaba procedente controvertir por medio de la acción de reparación directa el acto administrativo por medio del cual se informó esa situación, puesto que, en este último caso, debía acudirse a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Recurso de apelación y trámite en segunda instancia

Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación en el que solicitó fuera revocado el fallo de primera instancia y, en su lugar, se accediera a todas las pretensiones invocadas en el escrito introductorio.

A juicio de la parte actora, la fecha a partir de la cual el Tribunal contabilizó el término de caducidad de la acción de reparación directa fue equívoca, dado que, al momento de la firma del acta de autorización, no era posible para los propietarios prever que sobrevendría un incumplimiento por parte del instituto.

Adicionalmente señaló que, a pesar de que los compromisos entre el INVAL y los propietarios surgieron a partir de la firma del acta de autorización, existieron hechos posteriores como los pagos parciales realizados por el instituto que “prolongaron el estado de indefinición del daño”. En ese sentido, el acta de autorización no constituía el hecho dañoso de las pretensiones planteadas en la demanda como erróneamente lo planteó el a quo.

Entonces, la caducidad de la acción de reparación directa debía contabilizarse a partir del último pago parcial del precio debido, el cual se realizó el 30 de marzo de 2001 o desde el momento en que se tuvo certeza de que la entidad no realizaría ningún pago adicional por las obligaciones contraídas, es decir a partir de la Resolución No. 266 del 2 de octubre de 2002.

El recurso de apelación se concedió mediante providencia de 2 de mayo de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se admitió el 16 de septiembre de 2011 por esta Corporación y, el 15 de febrero de 2012, se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.

En dicho término, la parte actora presentó escrito en el que reiteró que, en el caso concreto, no había operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción dado que el daño alegado en la demanda era un daño continuado, inacabado, indefinido y difícilmente determinable por la forma como había sido redactada el acta de autorización en la cual no se concretó una fecha exacta para la realización del pago por la cesión de las franjas de terreno y por la dilación en hacer efectivo dicho pago por parte del INVAL. En ese sentido, considerando que el daño no acaeció ni fue conocido con la firma del acta de autorización de 1994, el término de caducidad no podía ser contabilizado desde dicha fecha, sino desde el momento en el que realmente se tuvo certeza al respecto.

El municipio de Medellín también presentó escrito de alegatos, manifestando estar conforme con la decisión adoptada por el Tribunal en primera instancia y solicitando fuese confirmada.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Cuestión previa; 2.2. Presupuestos procesales de la acción; 2.3. Presupuestos probatorios; 2.4. Problema jurídico; 2.5. Análisis de la sustantivo; 2.6. Costas.

2.1. Cuestión previa

En el presente asunto, pese a la falta de claridad y precisión en el planteamiento del petitum de la demanda, la Sala advierte que esta contiene diferentes pretensiones, por lo que se hace necesario identificarlas a fin de realizar el estudio de cada una de ellas.

En efecto, por un lado, se observa que los demandantes, al señalar que el INVAL no realizó el pago total y oportuno de los compromisos adquiridos en virtud del documento suscrito por ambas partes en 1994, reclama lo dejado de percibir como consecuencia de la indebida compensación realizada por la administración a cambio de la cesión de una parte de su bien inmueble. En ese sentido, el daño se circunscribe al hecho de la administración consistente en realizar un pago “parcial” e “injusto” como compensación por el uso y destinación a obra pública de un terreno de propiedad de los demandantes, que, cabe resaltar, se realizó con aquiescencia y autorización de ellos.

Por otra parte, en la demanda se reclaman las sumas que los actores debieron pagar por concepto de impuestos catastrales y contribución por valorización del inmueble, cuando en este ya se había construido la obra pública y, por lo tanto, no era un bien útil para la sociedad.

Adicionalmente, se reclama el pago de una indemnización por los gastos en que incurrieron los actores en los trámites para obtener la licencia de construcción y otros trámites adelantados frente a la Curaduría en la ejecución de su proyecto de vivienda en el área no cedida al instituto. Al respecto, se observa que, en este caso, se trata de perjuicios colaterales en los que no se cuestiona la compensación o pago realizado por la entidad, sino el detrimento patrimonial que se causó a los propietarios como consecuencia de los gastos que debió asumir a raíz de la cesión de dicho inmueble.

Finalmente, la parte demandante alega, como pretensión subsidiaria, la indemnización por un enriquecimiento sin justa causa, en favor de la administración y en detrimento de los actores, consistente en la adquisición de un bien inmueble a cambio de una retribución injusta. Se señala que, estas pretensiones, al ser subsidiarias, se derivan del mismo hecho generador del daño consistente en el no pago del valor “justo” del inmueble cedido.

2.2. Presupuestos procesales de la acción

El presente proceso es de conocimiento de esta jurisdicción por ser la entidad demandada -INVAL- una entidad estatal y no versar la controversia sobre aquellos asuntos expresamente excluidos por la ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

Respecto al régimen jurídico aplicable al caso concreto, se observa que, dado que la demanda se presentó el 10 de diciembre de 2002, el proceso debe tramitarse de conformidad con las disposiciones procesales vigentes para esa fecha, es decir, como fue promovido con anterioridad al 2 de julio de 2012, fecha en que comenzó a regir el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, corresponde a las contenidas en la normativa anterior, el Código Contencioso Administrativo – Decreto 1 de 1984-.

Y, en los aspectos no regulados y que no resulten contrarios a la naturaleza de los procesos de esta jurisdicción, se aplicará el Código de Procedimiento Civil según lo dispone el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo y habida cuenta que la normativa procesal vigente -Código General del Proceso- entró a regir solo a partir del 1 de enero de 2014.

Frente a la competencia para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, se observa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del C.C.A., el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conoce en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Por lo anterior y habida cuenta que la demanda versa sobre la presunta responsabilidad del Estado derivada de la ocupación de un bien inmueble de propiedad de los actores cuya cuantía resulta superior a los 500 s.m.l.m.v. exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para que una acción de reparación directa sea de conocimiento de los Tribunales Administrativos en primera instancia, corresponde a esta Corporación su trámite en segunda instancia.

En relación a la legitimación en la causa, María Adelaida D’amato Betancur, Inés Betancur de D’amato, Hugo D’amato Bassi, Andrés D’amato Betancur, Daniel D’amato Betancur y Ana María D’amato Betancur se encuentran legitimados de manera activa para impetrar la presente acción de reparación directa, en razón a que son los propietarios del bien inmueble presuntamente afectado con la ocupación por la construcción de una obra pública.

Por su parte, el INVAL, actualmente representado por el municipio de Medellín, es la entidad legitimada de manera pasiva en el presente proceso, puesto que, en ejecución de las obras decretadas por dicha entidad, se presentó la ocupación de las franjas de terreno de propiedad de los demandantes y demás actuaciones que se califican como dañosas en la demanda.

Finalmente, respecto a la oportunidad de la acción, se observa que dicho presupuesto deberá ser analizado considerando la categorización de las pretensiones planteadas en párrafos anteriores.

De esta manera, respecto a las pretensiones relativas al detrimento patrimonial de los propietarios en razón del pago de impuestos sobre la parte del bien en la que el INVAL desarrolló la obra pública, se observa que, el término para presentar estas pretensiones debe contabilizarse a partir del momento en que se autorizó la ocupación del inmueble, pues en esa fecha se entregó el predio al INVAL y se tenía conocimiento de que sería destinado a la construcción de una obra pública con vocación de permanencia, por lo que el pago de impuestos sobre ese bien constituiría un menoscabo para sus propietarios. Así, dado que el 28 de junio de 1994 se suscribió el documento en el que se autorizó la ocupación y se pactó la futura cesión del bien inmueble y la demanda se radicó el 10 de diciembre de 2002, es evidente que se presentó por fuera de los dos años previstos en el artículo 136 del C.C.A. para interponer la acción de reparación directa.

Por otra parte, frente a las pretensiones fundamentadas en los gastos en que incurrieron los propietarios en la obtención de la licencia de construcción y otros trámites de Curaduría relativos a la parte del bien no cedido, se observa que el hecho dañoso se concretó en el momento en que se obtuvo dicha licencia, ya que en esa fecha los actores tenían conocimiento de los gastos adicionales que había acarreado el trámite de una nueva licencia de construcción en virtud del cambio de planos de su proyecto “Tierra Labrantía”. En ese sentido, habida cuenta que dicha licencia se obtuvo a través de Resolución No. C1-1524 de 11 de noviembre de 1997 se observa que dichas pretensiones se encontraban caducadas al momento de presentación de la demanda.

Finalmente, respecto al daño consistente en la indebida compensación realizada por el INVAL en contraprestación a la cesión de las dos fajas de terreno que los demandantes realizaron en su favor para la ejecución de la obra pública No. 358, la Sala observa que el plazo para interponer la demanda debe contabilizarse a partir del momento en que los actores tuvieron certeza de la forma legal en la cual se realizaría la compensación, y por lo tanto, que por la ocupación material de su predio, la entidad no iba a realizar ningún pago o compensación adicional a la estipulada, esto es así, dado que, en virtud del acta de autorización de 1994, se mantuvo una expectativa o confianza legítima de pago de una indemnización, por parte de la administración y en favor de los demandantes, la cual efectivamente se materializó años después con la constitución de beneficios a favor del proyecto de construcción de los propietarios del bien, entonces, solo a partir del momento en el que la administración informó a los propietarios sobre la manera de cumplir esa indemnización, estos tenían la posibilidad de conocer si lo ofrecido se ajustaba al valor real del bien cedido.

En este orden de ideas, se observa que, el 25 de julio de 2000, el instituto informó a los propietarios la forma como se compensaría la ocupación y la servidumbre constituida sobre su propiedad, de modo que, desde esa fecha los demandantes podían conocer el daño alegado. Entonces, si bien no obra en el expediente constancia de notificación del oficio en cuestión, es posible inferir, del material probatorio allegado al proceso, que en la fecha en que los propietarios presentaron nueva solicitud a la entidad -25 de mayo de 2001- este ya era conocido por las partes, habida cuenta que en dicha petición hicieron referencia al contenido del ofrecimiento realizado por la administración y, precisamente en razón a su desacuerdo, presentaron nueva reclamación para que se les reconociera otros pagos no incluidos en dicha decisión.

De esta forma, el término de 2 años dispuesto en el artículo 136 del C.C.A. para interponer la acción de reparación directa se extendía hasta el 26 de mayo de 2003 y puesto que la demanda fue presentada el 10 de diciembre de 2002, se concluye que, para las pretensiones derivadas de la indebida compensación realizada por el INVAL en contraprestación a la cesión de las fajas de terreno que los demandantes realizaron en su favor, se realizó de manera oportuna.

2.3. Presupuestos probatorios

De conformidad con los elementos materiales probatorios, válida y oportunamente aportados al proceso, se tienen los siguientes documentos relevantes para la resolución del caso:

1) Documento denominado “acta de autorización”, suscrito el 28 de junio de 1994 por el gerente general del INVAL y el gerente de la sociedad Promotora de Construcciones El Tesoro Ltda., en el que se autorizó la ocupación de dos fajas de terreno que hacían parte del inmueble de propiedad de la sociedad, adquirido por escritura 1007 de 28 de abril de 1988, inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria 001-0602530 y, por otro lado, se estipuló la futura cesión de dicha área en favor del instituto y la concreción de una servidumbre en beneficio de los propietarios. En el texto de dicha acta se establece (se trascribe) :

“Las fajas mencionadas en el numeral primero serán cedidas por la Sociedad “Promotora de Construcciones El Tesoro” al INVAL para la construcción del lazo directo W Sur (Loma el Tesoro a la Transversal Inferior), por lo que se hace esta autorización mientras se tramita la escritura pública de cesión y en la cual igualmente se estipularan los derechos que tendrá la Sociedad cedente al paso inferior bajo el puente que se constituirá en las fajas que se cederán y que son objeto de la presente autorización.”

2) Escritura pública No. 3795 de 27 de septiembre de 1996, en la que se protocolizó la liquidación de la sociedad “Promotora de Construcciones El Tesoro Ltda.”. En dicho documento consta la adjudicación de bienes de la sociedad a los personas que la integraban, entre ellos “El pleno derecho de dominio y la posesión en proindiviso sobre un lote de terreno, demás mejoras y anexidades, situado en Medellín, en el sector el Poblado, paraje “El Tesoro, en la transversal 7A, con una cabida de 6.046.78 metros cuadrados aproximadamente (…)”; adicionalmente, consta la adjudicación del “Derecho contingente o compensatorio de servidumbre y franjas de terreno ocupadas por el Instituto Metropolitano de Valorización de Medellin –Inval, sin perjuicio del valor real que por negociación con el Inval, o por reparación en acción contencioso administrativa sea reconocido”.

3) Certificado de tradición y libertad del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 001-602530, en el que consta el derecho de dominio por parte de la sociedad Promotora de Construcciones El Tesoro Ltda., asimismo la adjudicación que se realizó en favor de los miembros de la sociedad (se trascribe) :

“DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
VER LINDEROS EN LA ESCRITURO N. 319 DEL 15-02-93, NOTARIA 7, DE MEDELLIN, -AREA: 6.046.78 M2.-
COMPLEMENTACION:
ADQUIRIO: PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES EL TESORO LTDA., EL PREDIO OBJETO DE LOTE, POR COMPRA A FRANCISCO ESCOBAR VELEZ, POR ESCRITURA # 1007 DE 28 DE ABRIL DE 1988 DE LA NOTARIA 7. DE MED., REGISTRADA EL 22 DE JUNIO DEL MISMO A/O EN EL FOLIO DE MATRICULA 001-509472. ADQUIRIO: FRANCISCO ESCOBAR VELEZ, EN MAYOR EXTENSION, POR TITULO ANTERIOR A LOS VEINTE A/OS (1953). PARAGRAFO: PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES EL TESORO LTDA., POR ESCRITURA # 1007 DE 28-04-88 NOTARIA 7. DE MED., REGISTRADA EL 22-06-88, FORMULO DECLARACIONES SOBRE LOTEO Y POR TAL EFECTO ENTRE OTRAS SE ABRIO EL FOLIO 001-509473. QUE CON EL PRESENTE ESTUDIO (ESC. 319). ES OBJETO DE UN NUEVO LOTEO.
(…)
ANOTACIÓN: Nro. 15 Fecha: 13-11-1996 Radicacion: 1996-64263
Doc: ESCRITURA 3.795 del: 27-09-1996 NOTARIS 11 de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 718,406,549.00
ESPECIFICACION: 106 ADJUDICACION LIQUIDACION DE SOCIEDAD.
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (La X indica persona que figura como titular de derechos reales de dominio)
DE: PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES EL TESORO LTDA.
A: D’AMATO BASSI HUGO 29% 537995 X
A: BETANCUR DE D’AMATO MARIA INES 4% 21281500 X
A: D’AMATO BETANCUR, MARIA ADELAIDA 10% 42873744 X
A: D’AMATO BETANCUR, CAMILO RICARDO 10% X
A: D’AMATO BETANCUR ANA MARIA 10% 42996664 X
A: D’AMATO BETANCUR ANDRES 23% 70095321 X
A: D’AMATO BETANCUR DANIEL 14%” 70098719 X “

4) Solicitud de fecha 8 de mayo de 1996, en el que los dueños del bien inmueble requirieron información al INVAL sobre la forma cómo se adquirieron las dos fajas de terreno situadas en la zona de intercambio de la vía “El Tesoro” con la “Trasversal Inferior” usadas para la construcción de una obra pública.

5) Respuesta a dicha petición, emitida el 22 de julio de 1996 por el INVAL, en la que se señaló que mediante convenio suscrito entre el representante legal de Promotora de Construcciones El Tesoro Ltda. y el INVAL, el 8 de junio de 1994, la sociedad autorizó a la entidad la ocupación de las dos fajas de terreno para construcción de obra pública. Adicionalmente, señaló que: “De acuerdo con los términos del acuerdo celebrado y bajo su promesa de realizar la escritura pública de cesión, el INVAL ocupó definitivamente las fajas señaladas. En dicho acuerdo denominado ACTA DE AUTORIZACIÓN, no se consagró que la ocupación era para “transito provisional” ni se estableció transitoriedad alguna en el tiempo, por el contrario y como se ha manifestado, solo falta que la Sociedad traslade el dominio de lo prometido en cesión.”

6) Escrito de 4 de diciembre de 1997, en el que los propietarios presentaron propuesta para compensar las fajas de terreno ubicado en la trasversal 7A Nro. 30-141, ocupadas por el INVAL en la construcción de la vía El Tesoro y Transversal Inferior. El mencionado ofrecimiento se planteó en los siguientes términos (se trascribe):

“Surge la idea de compensación que afecta al INVAL, que debe pagar unos terrenos y servidumbre y reconocer unos perjuicios. Por lo que proponemos que el INVAL convenga con el Municipio de Medellín en el pago de los terrenos que nuestro proyecto debería hacer en efectivo.
Proponemos como final de transacción antes del 31 de Diciembre/97, que compense los derechos que tenga el INVAL sobre la madre seca de la quebrada (117.4 Mts2) mas los derechos que tenga el Municipio de Medellín sobre los 570Mts2, de cesión de áreas verdes por el proyecto de construcción, compensados por los derechos que tenemos en tierras 410 Mts2., más los derechos que tenemos en servidumbre 420 Mts2, renunciando nosotros a cualquier reclamo adicional por los daños y perjuicios que nos hayan ocasionado.”

7) Oficio de 15 de abril de 1999, mediante el cual el INVAL propone a la oficina de Planeación Metropolitana la cesión del lote ubicado en la carrera 55 y 57 entre calle 44 y 44A, sector la Alpujarra, con un área total de 844.21 m2, para compensar la obligación de zona verde a cargo de la urbanización Tierra Labrantía.

8) Oficio de 24 de mayo de 1999, en el cual el municipio de Medellín informó al INVAL que el área propuesta cumple con las características y condiciones para su adecuado funcionamiento para fines de uso público y, por lo tanto, resulta factible la cesión a título gratuito de dicho predio a favor del municipio.

9) Escrito de 29 de septiembre de 1999, en el cual los miembros de la sociedad manifiestan haber recibido la comunicación del INVAL en la cual se les puso de presente la negociación realizada entre dicho instituto y el municipio de Medellín, respecto a la cesión de un bien de su propiedad para el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas del proyecto de la sociedad. Adicionalmente informan que el terreno destinado para el proyecto de urbanización “Tierra Labrantía” tenía un área total de 5.701 m2 y que la obligación impuesta por el municipio consistía en la cesión del 10% del área para la destinación a zonas verdes públicas, lo que representaba un total de 570.1 m2.

10) Solicitud de 11 de abril de 2000, en la que los propietarios señalaron que, tras la realización de una reunión con algunos representantes de la oficina de Bienes Raíces del INVAL, estos informaron que el instituto tendría una propuesta en beneficio de los propietarios, por lo que requirieron se les informara sobre las bases del acuerdo, los valores a reconocer por “las fajas cedidas para las rampas de acceso, norte y sur del lazo vial”, por la servidumbre de transito aérea, por los perjuicios causados durante la ejecución de la obra y por los gastos en que debieron incurrir para la adecuación del terreno aledaño a la obra.

11) Oficio de 16 de mayo de 2000 en el que el municipio de Medellín informa al INVAL que (se trascribe):

Lotes a compensar por obligaciones urbanísticas de la Urbanización “Tierra Labrantía” U-9722 en la calle 44 con carrera 55, así:
Área a compensar en zona verde publica según obligación urbanística en la Urbanización Tierra Labrantía: 570.10 m2.
Valor metro cuadrado de lote según informe No. ROV-15 de abril 13/2000 de la Sección de Avalúo Catastral: $127.500
Valor a compensar: A X B= C, C=570,10 X 127.500= $72’687.750
Valor metro cuadrado en lote calle 44 con carrera 55 de propiedad del INVAL: $250.000/ m2.
Área a compensar en lote calle 44 con carrera 55 (c/d), 72’687.750/250.000, E=290,751 m2.
De acuerdo al oficio M-11942/99 del Departamento de Licencias y al informe No. ROU-015 de abril 13/2000 de la Sección de Avalúo Catastral; el área a compensar equivale a 290.751 m2 del lote ubicado en la calle 44 con carrera 55, con los cuales se compensa la obligación de la zona verde pública del proyecto en mención.

12) Oficio dirigido al señor Daniel D’amato Betancur, con fecha de 25 de julio de 2000, en el cual la alcaldía de Medellín informa (se trascribe) :

“El INVAL debe compensar a los dueños del terreno en mención por los siguientes hechos:
Ocupación de fajas de acceso norte y sur al lazo vial que comunica la vía al Tesoro con la Trasversal Inferior. Área aproximada 410 mts.2.
Servidumbre aérea del mismo lazo vial, área aproximada 420 mts2.

Los anteriores hechos serán compensados de la siguiente manera:
Cesión por parte del INVAL al Municipio de Medellín de una faja de terreno de 290.75 mts.2 ubicada en la calle 44 con carrera 55, como compensación a los 570 mts.2 de obligaciones urbanísticas del proyecto Tierra Labrantía (U-9722) con el Municipio.
Cesión del INVAL a la familia D’Amato Betancur del lecho seco de la quebrada el Chambul (117.4 mts.2 aproximadamente), adquiridos por el INVAL para la rectificación del cauce de dicha quebrada, dicho lecho seco queda dentro de los 10 metros de retiro obligado de ésta.

Forma legal en que se efectuará dicha compensación:
El INVAL escritura al Municipio de Medellín la zona verde de la carretera 44 con calle 55 como pago de la obligación urbanística mencionada, en esta escritura la familia D’Amato Betancur actúa como parte interesada.
Escritura de permuta entre el INVAL y la familia D’Amato Betancur, de las fajas de acceso al lazo vial y el lecho seco de la madre de la quebrada El Chambul.
Escritura de servidumbre de transito aérea otorgada por la Familia D’Amato Betancur al Municipio de Medellín.”

13) Escritura No. 378 de 30 de marzo de 2001, en la que consta la “declaración de relote y cesión” de un inmueble del INVAL en favor del municipio para beneficio de los miembros de la sociedad. En dicho documento se establece (se trascribe):

“CLAUSULA QUINTA: Que el Doctor JESUS RAFAEL HERNANDEZ CEBALLOS, actuando en calidad antes anotada cede a favor del MUNICIPIO DE MEDELLIN, el derecho de dominio y la posesión material que posee sobre las fajas de terreno, según plano que se anexa, alinderadas en los Literales A). de la Cláusula Tercera con un área de 480.56 Metros Cuadrados se cede al Municipio de Medellín, mediante este documento como sección publica ya incorporada a la vía en la calle 44, obra pública 276 y la del literal C). de la Cláusula Tercera de la presente escritura y con un área aproximada de 290.75 Metros, estos últimos con los cuales se compensa la obligación urbanística de zonas verdes del proyecto en mención Tierra Labrantía, OFICIOS 2083-2 M 18264-97 y 2083 M 13114/2000 (U-9722).
(…)
CLAUSULA OCTAVA: Que el cedente se compromete a entregar materialmente el inmueble libre de ocupantes al MUNICIPIO DE MEDELLIN al protocolo de la escritura.-------------------------------------------------
Presente la Doctora EDITH CECILIA URREGO, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada con la cédula de ciudadanía como aparece al pie de su firma, en su calidad de Secretaria de Hacienda Municipal, según Acta de Posesión número cuatro (4), Decreto 002 de Enero 1ª de 2.001 del Municipio de Medellín que se anexa para su protocolo, y manifestó:-----------------------------------------------------------------------------------------
A). Que obra en el presente acto como delegada del Alcalde de la ciudad de Medellín, de conformidad con el Decreto 184 (BIS) de 2001, Febrero 19 que se anexa a su protocolo, y conforme a la Ley 136 de 1.994, Ley 80 de 1993 y Decretos reglamentarios.----------------------------------
B). Que obrando en la calidad indicada, acepta la cesión del inmueble descrito anteriormente y señalado en el plano, que el Representante Legal del INVAL hace al Municipio de Medellín , y que con lo anterior se cumple con las obligación urbanística de zonas verdes correspondientes a la Urbanización “Tierra Labrantía” (U-9722). OFICIOS 2083-2 M 18264-97 y 2083 M – 13114/2000--------------------------------
Y queda saldada, pudiendo en todo caso los propietarios del proyecto trasladar total o parcialmente el valor actualizado en estos 570.1 Metros Cuadrados de obligación urbanística a futuras obligaciones urbanísticas de cualquier otro proyecto urbanístico o inmobiliario en la ciudad de Medellín.---------------------------------------------------------------------------
Presente igualmente los señores D’AMATO, manifiestan aceptan la cesión que hace el INVAL al MUNICIPIO DE MEDELLIN, por medio del presente acto y con la cual el INVAL le compensa el terreno utilizado para la construcción de acceso Norte y Sur del lazo vial que comunica la vía El Tesoro con la Transversal Inferior y con la cual cumple y queda saldada con la obligación urbanística de zonas verdes por la Construcción de la Urbanización “Tierra Labrantía (U-9722) OFICIOS 2083-2 M 18264-97 y 2083 M – 13114/2000”.”

14) Petición presentada por el señor Hugo D’amato Bassi, recibida el 25 de mayo de 2001 por el INVAL, en la cual se solicitó a la entidad cumplir lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, que estipula el procedimiento a seguir en los casos de afectación de un bien por causa de una obra pública y, seguidamente, se procediera a celebrar el contrato de compraventa del bien inmueble hasta ese momento ocupado. Adicionalmente, se solicitó el pago de un reconocimiento económico por la reconstrucción de dos tanques de agua, la reorganización de algunos cultivos destruidos, la ocupación del terreno durante el tiempo trascurrido, los perjuicios comerciales ocurridos sobre el bien inmueble, los pagos realizados por concepto de impuesto predial sobre las fajas a ceder, entre otros.

15) Oficio de 15 de junio de 2001, en el que el INVAL informa que no hay lugar a la aplicación del artículo 37 de la Ley 9 de 1989, dado que ese procedimiento debía seguirse en los casos en que un bien inmueble fuese afectado por causa de una obra pública en el momento previo a su negociación y, en el caso concreto, las fajas de terreno en cuestión ya habían sido ocupadas y la obra pública construida, por lo que solo restaba la formalización de la cesión mediante escritura pública como se había pactado en el acta de autorización.

16) Oficio de 12 de julio de 2001, en el que el INVAL informa que, mediante escritura pública No. 378 del 30 de marzo de 2001, se cedió en favor del municipio de Medellín una faja de terreno ubicada en la calle San Juan por la Avenida Ferrocarril, entre calle 44 y carrera 57, lo cual constituía el pago por el valor del bien inmueble de los propietarios. Adicionalmente, se indicó que los demás pagos reclamados no tenían respaldo puesto que no habían sido acordados en el acta de autorización firmadas entre las partes en 1994.

17) Solicitud presentada por Hugo D’amato Bassi y recibida por el INVAL el 4 de marzo de 2002, en la cual los propietarios señalan que, si bien con la cesión de las fajas de terreno por parte del INVAL y en favor del municipio de Medellín, “se compensó la obligación urbanística de zonas verdes de un proyecto de construcción que posee la familia”, eso constituía un cumplimiento parcial del acuerdo expresado en el oficio del 25 de julio de 2000, pues el INVAL se comprometió a compensar tanto la ocupación de las fajas como la limitación originada en la servidumbre aérea. En este memorial se señala como obligaciones pendientes la realización “una escritura de permuta para las fajas de acceso al lazo vial y el lecho seco de la madre de la quebrada El Chambul, y otra escritura para otorgar la servidumbre y su correspondiente compensación, conforme usted misma lo menciona en su escrito del 6 de julio de 2001”.

18) Oficio con fecha de 15 de marzo 2002, en el que la gerente liquidadora del INVAL informó a los peticionarios que, en oficio anterior se había comunicado a los reclamantes los hechos por los cuales la entidad estaba obligado a compensar y la forma como realizaría dicha compensación, por lo cual, habiendo cumplido el INVAL con los compromisos contraídos, solo faltaba formalizar la escritura pública en la cual constara la cesión de las dos fajas de terreno de propiedad de la sociedad a favor del instituto.

19) Solicitud presentada por Hugo D’amato Bassi y recibido por el INVAL el 19 de marzo de 2002, en la que se plantea que, pese a que la entidad había presentado la forma como realizaría la compensación, no había materializado dichos compromisos, pues, aunque había cedido un bien en favor del municipio para suplir al obligación de zonas verdes públicas de la sociedad, faltaba cumplir con la “compensación por la servidumbre de tránsito aérea” y “formalizar la cesión mutua de las fajas de acceso al lazo y el lecho seco de la quebrada “El Chambul”.

20) Petición presentada por Hugo D’amato Bassi y recibida por el INVAL el 21 de marzo de 2002, en la que se exigía que el instituto compensara, no solo la ocupación de las fajas de acceso, las cuales se entendían pagadas con el negocio que constaba en la escritura No. 378 de 30 de marzo de 2001, sino que también estaba obligado a compensar “el tiempo transcurrido entre la entrega anticipada del inmueble y su pago efectivo” y, adicionalmente, la servidumbre aérea de transito que había afectado el lote restante en su proyección y uso.

21) Reclamación realizada por María Adelaida D’amato Betancur, recibida por el INVAL-En Liquidación el 29 de abril de 2002, en la cual se indica que los miembros de la sociedad estaban obligados a formalizar la escritura pública de cesión del bien inmueble y el INVAL estaba pendiente de cumplir la contraprestación por el área total afectada y, adicionalmente, por la disminución del valor urbanístico del lote y el pago de impuestos durante el tiempo trascurrido desde la entrega material, en el que los propietarios han asumido la carga de dominio de un bien privado destinado a uso público.

22) Resolución No. 176 de 18 de julio de 2002, mediante la cual INVAL-En liquidación, en consideración a que las fajas de terreno utilizadas en la obra ya habían sido compensadas, resuelve rechazar como acreedores en el proceso de liquidación del INVAL a los propietarios D’amato Betancur. En el respectivo acto administrativo se refiere que “se tendría pendiente por parte del INVAL, únicamente la trasferencia del lecho seco de la quebrada, del mismo modo que los D’amato, deberán cumplir con la transferencia de las fajas ocupadas con las obras, ambas obligaciones de hacer.”

23) Resolución No. 266 de 2 de octubre de 2002, mediante la cual el gerente liquidador del INVAL confirmó la decisión adoptada el 18 de julio de 2002 en la Resolución No. 176 que excluyó a los solicitantes como acreedores de la entidad y reiteró los compromisos adquiridos y que aún no habían sido debidamente cumplidos por las partes.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por la indebida compensación realizada a los demandantes en razón de la destinación y construcción de una obra pública sobre una parte de un inmueble de propiedad de aquellos, o si, por el contrario, dicha compensación fue ajustada a derecho y obedeció a los pactos realizados por las partes.

Análisis de la sustantivo

En el presente caso, las partes procesales pactaron un compromiso en 1994, el cual, si bien no fijó un plazo para su cumplimiento, sí evidenció la intención de las partes, por un lado, de otorgar el permiso de uso del bien de propiedad de los demandantes en favor del INVAL como mecanismo transitorio a un trámite de cesión definitiva del inmueble y, por otro lado, de conceder a la sociedad el derecho al paso por debajo del puente que se construiría en las fajas de terreno cedido.

Pese a lo acordado, a partir de las comunicaciones que mantuvieron las partes, es posible evidenciar una disconformidad en el cumplimiento de los compromisos, habida cuenta que surgieron nuevas situaciones tales como la producción de daños colaterales a la ejecución de la obra que se vieron representados en la destrucción de cultivos, tanques y otros muebles, la afectación de la parte del bien inmueble no cedido a causa de las restricciones para la construcción y uso, el desgaste causado a los demandantes por la demora en el pago efectivo, entre otros. Frente a estos daños, derivados del hecho de la administración en la ejecución de la obra, como se estudió en párrafos anteriores, operó el fenómeno jurídico de la caducidad, por lo cual, el estudio del caso solo se limitará a determinar si, en virtud de los compromisos adquiridos, existió una indebida compensación en perjuicio de los actores.

De esta manera, el 4 de diciembre de1997, la sociedad presentó una propuesta para compensar las fajas de terreno cedidas al INVAL en la que sugería que el instituto pagara las obligaciones de zonas verdes a las que estaba obligado su propio proyecto y, por otra parte, el INVAL, mediante oficio de 25 de julio de 2000, informó la forma legal como efectuaría la compensación por la cesión que realizarían los propietarios del terreno y la servidumbre aérea sobre ese mismo terreno, en dicha ocasión estipuló que, el INVAL cedería al municipio de Medellín un lote como pago de la obligación urbanística de zonas verdes y, por otra parte, realizaría una escritura de permuta con la familia D’Amato Betancur, en la cual se entregarían “las fajas de acceso al lazo vial” y “el lecho seco de la madre de la quebrada El Chambul” a cambio de la constitución de una servidumbre aérea.

Revisado el expediente, se encuentra que el 15 de abril de 1999, el INVAL inició los trámites para llevar a cabo la cesión de un lote al municipio de Medellín, como pago de la obligación de zonas verdes del proyecto “Tierra Labrantía” de propiedad de los demandantes. De esa manera, frente a dicha obligación, que exigía destinar 570.10 m2 de terreno a zonas verdes (el valor del metro cuadrado en este predio correspondía a $127.500 por lo que la obligación era de $72.687.750), el INVAL cedió al municipio un lote de 290.751 m2 de su propiedad ubicado en la calle 44 con carrera 55 (el valor del metro cuadrado en este predio correspondía $250.000 por lo que los 290.751 m2 equivalían al valor de 72.687.750). Dicha negociación se hizo efectiva según consta en la escritura pública No. 378 de 30 de marzo de 2001 (párrafo 63 del acápite sobre hechos probados).

Respecto al compromiso consistente en la cesión de las fajas de acceso al lazo vial y el lecho seco de la quebrada “El Chambul” en contraprestación a la constitución de la servidumbre aérea sobre las fajas de terreno en las que se construyó la obra, se observa que se trató de una estipulación que exigía obligaciones de hacer mutuas, es decir, habida cuenta que, en este caso, la cesión que realizaría el INVAL reposaba sobre el compromiso de los propietarios de formalizar la escritura en la que se constituyera la servidumbre, al no haberse efectuado esta, no habría lugar a reclamar su compensación.

En ese orden de ideas, contrario a lo afirmado por los actores en la demanda, no existe ningún hecho, de los contemplados en el acuerdo, que este pendiente de compensación o pago por parte de la administración, por el contrario, se encuentra que los compromisos asumidos fueron cumplidos en la medida que se obtuvieron los respectivos beneficios.

Finalmente, respecto a las pretensiones subsidiarias fundadas en un enriquecimiento sin justa causa, a favor de la administración y en detrimento del patrimonio de los propietarios, se observa que, según jurisprudencia reiterada de esta Corporación, dicha figura se presenta solo cuando concurren los siguientes requisitos: (1) que exista un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya obtenido una ventaja patrimonial -ventaja positiva-, o haya evitado el menoscabo de un patrimonio -ventaja negativa-; (2) que se presente un empobrecimiento correlativo, es decir a costa del empobrecido se haya producido el enriquecimiento; (3) que dicho empobrecimiento sea injusto, es decir, que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica. Adicionalmente, se ha señalado que es necesario que (4) no exista otra vía procesal para realizar la reclamación y que (5) la invocación de dicha figura no representara una evasión a una disposición imperativa de la ley.

En el presente caso, la pretensión de enriquecimiento sin justa causa no es procedente, habida cuenta que, ante la eventual demostración de un detrimento patrimonial como consecuencia de una indebida compensación sobre la cesión de un bien inmueble u otros derechos constituidos, sería forzoso concluir que dicho desequilibrio se fundó en unos compromisos adquiridos por las partes en los acuerdos pactados para la compensación de la cesión de las fajas de terreno y la constitución de la servidumbre, por lo cual, si existiría una causa que justificaría la forma como se realizó la compensación en cuestión y deslegitimaría toda pretensión de enriquecimiento injusto.

Por lo aquí expuesto, encontrándose probada la excepción de caducidad sobre algunas de las pretensiones de la demanda y, en el análisis de las restantes, encontrándose que no se configuró el daño alegado por los actores, la Sala confirmara parcialmente la sentencia apelada y modificara los apartes pertinentes.

Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se profiera una condena de ese tipo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la Sentencia de 15 de febrero de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de caducidad frente a las pretensiones fundadas en los daños ocasionados como consecuencia del pago de impuestos sobre el bien inmueble y los gastos colaterales en que incurrieron los actores en razón de la ejecución de la obra.

SEGUNDO: NEGAR las restantes pretensiones de la demanda, según las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: En firme este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

Ausente con excusa
RAMIRO PAZOS GUERRERO

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Folio 197 del cuaderno No. 1. Folios 184 y 185 del cuaderno No. 1. Folios del 185 al 189 del cuaderno No. 1. Folios 199 y 200 del cuaderno No. 1. Folio 201 del cuaderno No. 1, en el que consta que, ante la imposibilidad de realizar notificación personal, se realizó la notificación por aviso. Folios del 202 al 217 del cuaderno No. 1. Folios del 375 al 377 del cuaderno No. 2. Folio 677 del cuaderno No. 3. Folios del 678 al 682 del cuaderno No. 3. Folios del 683 al 698 del cuaderno No. 3. Folios del 701 a 709 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios del 711 al 714 del cuaderno del Consejo de Estado. Folio 715 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 720 del cuaderno del Consejo de Estado. Folio 726 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios del 727 al 733 y 737 al 740 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios del 683 al 698 del cuaderno del Consejo de Estado. En virtud de lo dispuesto en su artículo 308, que prevé:
“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a [su] vigencia (…)”. Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante Auto de 25 de junio de 2014, proferido dentro del proceso 49299, indicó que el Código General del Proceso, por regla general, para los asuntos de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y para la Jurisdicción Arbitral, entró a regir a partir del 1 de enero de 2014, por lo cual los casos iniciados con anterioridad a dicha fecha continuarán tramitándose con sujeción a las normas del Código de Procedimiento Civil, tal como lo disponía el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo. En el folio 195 del cuaderno No. 1, en el acápite sobre la cuantía de la demanda se establece por daños patrimoniales la suma de $1.176.310.321,39. Según escritura de liquidación de la sociedad Promotora de Construcciones el Tesoro Ltda. que obra en los folios del 103 al 105 del cuaderno No. 1. La Sala Plena de la Sección se ha pronunciado en el sentido de afirmar que en una demanda en la que se acumulen distintas pretensiones debe verificarse el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad para cada una de ellas. Al respeto se dijo:
“(…) [L]a jurisprudencia de esta Sección se unifica en el sentido de que toda pretensión debe efectuarse dentro del término en que se puede ejercer el derecho de acceder a la administración de justicia, período que sólo puede ser suspendido pero no interrumpido, de tal forma que su contabilización continua hasta su culminación sin que sea relevante que con anterioridad a su vencimiento se presente en forma oportuna peticiones en ejercicio del derecho de acción señalado, por lo que se impone que se verifique la caducidad de toda nueva pretensión sin perjuicio de que ésta se formule al comenzar un proceso, o durante su trámite vía reformulación del libelo introductorio.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 25 de mayo de 2016, exp. 66001-23-31-000-2009-00056-01(40077). Folio 18 del cuaderno No. 1. Folios 165 y 166 del cuaderno No. 1. Folio 150 del cuaderno No. 1. Folio 152 del cuaderno No.1. Folios del 130 al 132 del cuaderno No. 1. Folios del 103 al 105 del cuaderno No. 1. Folios 128 y 129 del cuaderno No. 1. Folios 141 y 142 del cuaderno No. 1. Folios 143 y 144 del cuaderno No. 1. Folios 289 y 290 del cuaderno No. 1. Folio 302 del cuaderno No. 1. Folio 303 del cuaderno No. 1. Folio 310 del cuaderno No. 1. Folio 318 del cuaderno No. 1. Folios 324 y 325 del cuaderno No. 1.

Folios 150 y 151 del cuaderno No. 1. Folios del 168 al 171 del cuaderno No. 1. Folio 152 a 156 del cuaderno No. 1. Folio 157 del cuaderno No. 1. Folio 158 de cuaderno No. 1. Folio 159 del cuaderno No. 1. Folios 160 y 161 del cuaderno No. 1. Folio 162 del cuaderno No. 1. Folios 163 y 164 del cuaderno No. 1,
Folios 172 y 173 del cuaderno No. 1. Folio 174 y 177 del cuaderno No. 1. Folios 180 a 183 del cuaderno No. 1. Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 14 de marzo de 2019, exp. 73001-23-31-000-2007-00435-02 (41296); Sentencia de 31 de julio de 2014, exp. 25000-23-31-000-2003-00977-01(29892), entre otras.

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