Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-31-000-2007-00435-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa: no condena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-31-000-2007-00435-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 73001-23-31-000-2007-00435-02
Consejero ponente: María Adriana Marín
14 de marzo de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No condena
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
SÍNTESIS DEL CASO: Se demanda la responsabilidad del municipio de Coello y la Empresa de Servicios Públicos de Coello –ESPUCOELLO E.S.P.- por el daño ocasionado a USOCOELLO, originado en la presunta omisión de reembolsar el valor de la tasas de compensación ambiental que este pagó a CORTOLIMA en virtud de la concesión de agua, el suministro de este líquido y por el uso y mantenimiento de la infraestructura de redes, lo que presuntamente desencadenó un empobrecimiento injustificado de su patrimonio.
PROBLEMA JURÍDICO: Se debe determinar si en el presente caso se configuró un enriquecimiento sin justa causa a favor del municipio de Coello, originado en la presunta omisión de reembolsar a USOCOELLO el valor de la tasas de compensación ambiental que este pagó a CORTOLIMA en virtud de la concesión de agua, el suministro de este líquido y por el uso y mantenimiento de la infraestructura de redes, lo que presuntamente habría desencadenado un empobrecimiento injustificado de la asociación demandante. La parte demandante aspira que la decisión que dirima esta disputa declare, a través de la acción de reparación directa, la responsabilidad del municipio de Coello por el desequilibrio patrimonial padecido, esto es, el enriquecimiento sin causa y, en consecuencia, la condene al pago de unas sumas de dinero hasta la fecha de presentación de la demanda. En primer lugar, debe tomarse en consideración que mediante Resolución No. 0175 de 24 de enero de 1996, la Corporación Autónoma Regional del Tolima ─CORTOLIMA─ otorgó la concesión de aguas a la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los ríos Coello y Cucuana ─USOCOELLO─, para fines agropecuarios, de consumo humano y generación de energía para la hidroeléctrica de la Ventana. Asimismo, estableció que el volumen del recurso hídrico sería de 9.64 m3/s, equivalente al 68.82% del caudal del río Coello y le ordenó garantizar en forma prioritaria y permanente el suministro de agua a los acueductos de los municipios del Chicoral, Coello y El Espinal (fls. 6 a 9 c. 1). El Distrito de Riego USOCOELLO considera que el municipio de Coello se enriqueció sin causa al no pagarle por el suministro de este líquido, no reembolsar el valor de la tasas de compensación ambiental que este pagó a CORTOLIMA en virtud de la concesión de agua y por el uso de las obras de captación, conducción, operación y mantenimiento del Canal Gualanday hasta el sitio de la derivación de la bocatoma del acueducto municipal.
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - En razón a la cuantía
El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto en sede de apelación, en razón del recurso interpuesto por la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, dado que la cuantía de la demanda, determinada por la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la misma, supera la exigida por la norma para el efecto.
FUENTE FORMAL: LEY 1395 DE 2010 - ARTÍCULO 3
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Acreditación / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Acreditación
La Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana -USOCOELLO- está legitimada por activa, por cuanto asegura haber sufrido una merma en su patrimonio al pagar el valor total de las tasas de concesión de agua a CORTOLIMA, no recibir contraprestación alguna por el suministro de este líquido y por el mantenimiento de las redes e infraestructura para transportarlo. La legitimación por pasiva la tiene el municipio de Coello, por cuanto fue a quien se les imputó el daño consistente en el enriquecimiento sin causa.
PROCEDE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA EN CASOS DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA - Pronunciamiento jurisprudencial / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN - No se configuró
Considera la Sala que la acción procedente si era la de reparación directa, por cuanto la pretensión es de enriquecimiento sin causa (...) La Sección Tercera, (…) en razón a la divergencia de posiciones -una, que defendía la tesis de negar la pertinencia de la reparación directa con fundamento en que se trataba de una acción autónoma de carácter compensatorio y no indemnizatoria y, otra, que aducía que el camino procesal era la reparación directa porque mediante esta se podía solicitar la reparación del daño cuando la causa era un hecho de la administración- consideró que el enriquecimiento sin causa constituye básicamente una pretensión y la autonomía de la actio de in rem verso se relaciona más con la causa del enriquecimiento que con la vía procesal adecuada para encauzarla, por lo que en materia de lo contencioso administrativo, la pretensión de enriquecimiento sin causa corresponde a la acción de reparación directa y lo único que podría demandarse mediante esa acción sería el monto del enriquecimiento. Además, como corolario de lo anterior, precisó que todo lo atinente a la competencia y a los términos de caducidad en los casos de enriquecimiento sin causa, se rige en los mismos términos de la reparación directa. (…) se precisa que la acción de reparación directa ejercida fue la correcta, teniendo en consideración que la demandante formula pretensiones de enriquecimiento sin causa, por la presunta omisión del municipio de Coello de reembolsar el valor de la tasas de compensación ambiental que este pagó a CORTOLIMA en virtud de la concesión de agua, el suministro de este líquido y por el uso y mantenimiento de la infraestructura de redes. Lo anterior, quedó confirmado por el juez de primera instancia al momento de admitir la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema en mención, consultar, sentencia de 19 de noviembre de 2012, exp. 24897
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE ACCIÓN - Noción. Definición. Concepto / EVENTOS EN LOS QUE SE SUSPENDE EL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Término. Cómputo / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO DAMATO
El instituto de la caducidad opera como una sanción para los eventos en que ciertas acciones judiciales no se impetran oportunamente, lo que exige de las partes el deber procesal de impulsar su causa dentro del plazo fijado por la ley, ya que de no promover a tiempo el litigio a través de la formulación de la demanda, aquellas perderían la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intentan deprecar ante la administración de justicia. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir, no admite, a diferencia de la prescripción, renuncia, salvo la excepción que se da con ocasión de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, consagrada en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; no obstante, el juez deberá declararla de oficio cuando verifique la tipificación de la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer la acción judicial. (…) El numeral 8° dispone, sobre el término para interponer la acción de reparación directa: La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. (…) La regla general indica que el término de caducidad se comienza a contabilizar a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. No obstante, en otros casos, no es tan evidente la fecha cierta a partir de la cual se debe empezar a contabilizar el plazo de dos años previsto en la ley. En estos eventos ocurre que el daño se produce o se manifiesta con posterioridad al hecho dañino que lo causa, es decir, la causa lesiva no es contemporánea con el daño, razón por la cual se impone a fortiori acoger una interpretación flexible ─fundada en el principio pro damato de la norma─ que establece el término de caducidad con el fin de proteger el derecho de acceso a la administración de justicia y de asegurar la prevalencia del derecho sustancial. Si se considera que el daño es el presupuesto primordial para la procedencia de la acción de reparación directa, es obvio considerar que el plazo de dos años previsto en la ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del “acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa”, sino excepcionalmente a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad, esto es, cuando i) la víctima se percata de su ocurrencia, o ii) desde la cesación del mismo cuando el daño es de tracto sucesivo o ejecución continuada.
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 / LEY 446 DE 1998 / LEY 640 DE 2001 / DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136.8
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRITICA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Operó. La demanda se presentó de forma oportuna
En el caso concreto, se está frente a un hecho dañoso de ejecución sucesiva consistente en el no pago de unas contraprestaciones por parte de la entidad demandada desde 1997. (…) el término de caducidad debe comenzar a contarse desde el momento en que la entidad demandada omitió el pago del beneficio recibido, esto es, los volúmenes del recurso hídrico que le fueron suministrados y el uso de las redes para la conducción del mismo. (…) el hecho de que no se hubiera pagado las cuentas señaladas en la demanda, no permite afirmar que la acción pudiera intentarse en cualquier tiempo mientras no hubiere cesado esa omisión. Solo es posible demandar aquellas que fueron reclamadas antes del vencimiento del término extintivo de los dos años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del no pago que se le imputa a la entidad demandada como causa del daño. (…) no poder determinar la fecha en que la entidad demandada se constituyó en mora de pagar las referidas cuentas de cobro, tampoco sería posible que estas estuvieran obligadas de modo indeterminado al pago de las mismas y de los intereses moratorios. La Sala, en aras de fijar con alguna precisión la fecha de la mora en que incurrieron las entidades demandadas, tomará como referencia el artículo 885 del Código de Comercio. Allí se indica que en ausencia de estipulación del plazo para el pago, se podrá exigir el pago un mes después de pasada la cuenta. (…) Siguiendo este orden y a la luz de la sana crítica, si se tiene en cuenta que la entidad demandada debía, en principio, pagar dentro de los 30 días siguientes al mes facturado y que la demanda fue presentada el día 10 de agosto de 2007 (fls. 15 a 23 c. 1), las prestaciones que se causaron con anterioridad al término previsto en el artículo 136 del C.C.A, esto es, el 9 de agosto de 2005, se encuentran caducadas, habida consideración de que su reclamación se presentó cuando ya había transcurrido el término de dos años.
En conclusión, las pretensiones de la asociación demandante originadas con anterioridad al 9 de agosto de 2005 debieron ser reclamadas en la oportunidad procesal prevista para ello, esto es, dentro de los dos años siguientes al hecho causante -contados a partir del día siguiente al plazo para pagar (30 días calendario siguientes al mes facturado)-.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 885 / DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136
REQUISITOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA - No se configuró. Carencia probatoria
se observa que el enriquecimiento sin causa es fuente de obligaciones cuando reúne los siguientes requisitos: (i) la existencia de un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya obtenido una ventaja o beneficio patrimonial ─ventaja positiva─ o, que su patrimonio no haya sufrido detrimento alguno ─ventaja negativa─; (ii) el empobrecimiento correlativo, lo cual significa que la ventaja obtenida por el enriquecido se haya traducido consecuentemente en una mengua patrimonial para el empobrecido; y (iii) la ausencia de causa jurídica , que justifique el empobrecimiento sufrido por el afectado como consecuencia del enriquecimiento del beneficiado, es decir, que sea injusto; iv) que el demandante, a fin de recuperar el bien carezca de cualquiera otra acción originada por un contrato, un cuasi-contrato, un delito, un cuasi-delito, o de las que brotan de los derechos absolutos y, v) la acción de in rem verso no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley. (…) se tiene que la parte actora no logró demostrar el enriquecimiento del municipio de Coello y el correlativo empobrecimiento de la asociación demandante, de manera que, ante su ausencia, se ve relevada la Sala del examen de los restantes requisitos que pueden configurar el enriquecimiento sin causa.
NO PROCEDE CONDENA EN COSTAS - Enriquecimiento sin causa
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 73001-23-31-000-2007-00435-02 (41296)
Actor: ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LOS RÍOS COELLO Y CUCUANA –USOCOELLO-
Demandado: MUNICIPIO DE COELLO Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Tema: ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA – el municipio de Coello se enriqueció sin causa al no reembolsar a USOCOELLO el valor de la tasas de compensación ambiental que este pagó a CORTOLIMA en virtud de la concesión de agua, por no pagarle el suministro de este líquido y el uso de las obras de captación, conducción, operación y mantenimiento del canal que conducía el agua hasta el acueducto de Coello / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA – no se demostraron plenamente los requisitos para su configuración; la existencia de un enriquecimiento y un correlativo empobrecimiento.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 11 de abril de 2011 por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual declaró probada la excepción de “ineptitud sustancial de la demanda ante carencia de ius postulandi o falta de poder especial para demandar” propuesta por la empresa de servicios públicos de Coello –ESPUCOELLO- y, en consecuencia, se inhibió de proferir un fallo respecto de esta entidad, y negó las pretensiones de la demanda frente al municipio de Coello.
SÍNTESIS DEL CASO
Se demanda la responsabilidad del municipio de Coello y la Empresa de Servicios Públicos de Coello –ESPUCOELLO E.S.P.- por el daño ocasionado a USOCOELLO, originado en la presunta omisión de reembolsar el valor de la tasas de compensación ambiental que este pagó a CORTOLIMA en virtud de la concesión de agua, el suministro de este líquido y por el uso y mantenimiento de la infraestructura de redes, lo que presuntamente desencadenó un empobrecimiento injustificado de su patrimonio.
A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
En escrito presentado el 10 de agosto de 2007 (fls. 15 a 23 c. 1), la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana -USOCOELLO-, por conducto de apoderado judicial (fl. 3 c. 1), interpuso demanda en contra del municipio de Coello, para que mediante la acción de reparación directa, se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:
PRIMERA: Que se declare que el municipio de Coello, Tolima, representado legalmente por la señora Alcaldesa Municipal Dra. LUZ YINETH ZARTA y/o quien haga sus veces, es responsable por el daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, al omitir en los términos del artículo 25 de la Ley 142 de 1994 la respectiva concesión de agua cruda para ser destinada a abastecer el acueducto de su municipio, debiendo asumir la entidad que represento judicialmente, el valor pagado al ente ambiental, así como la conducción del líquido hasta la bocatoma del acueducto, el mantenimiento, operación y conservación de los canales de conducción del mismo.
SEGUNDA: Que se condene al municipio de Coello, Tolima, al pago de los perjuicios ocasionados por la omisión y el daño antijurídico ocasionado a USOCOELLO, según lo que se estima en esta demanda.
TERCERA: Que se ordene al ente demandado, al pago de la indexación respectiva de los valores mencionados desde el año 1997 y hasta cuando se haga el pago.
CUARTA: Que se condene al ente demandado, al pago de los intereses moratorios causados desde el año 1997 y hasta cuando se haga el pago por los valores anuales liquidados por los servicios prestados y no cancelados en su oportunidad.
QUINTA: Que se condene al ente demandado en costas y agencias en derecho.
Como fundamentos fácticos de la demanda se narraron los siguientes:
La Corporación Autónoma del Tolima –CORTOLIMA-, mediante Resolución No. 0175 del 24 de enero de 1996 le otorgó a USOCOELLO, por el término de 10 años, la concesión del caudal del río Coello. En el artículo segundo de dicho acto administrativo se señaló que la concesión se otorgaba para uso agropecuario y consumo humano y se le impuso el deber de garantizar el suministro permanente de agua a los acueductos de los municipios de Coello, Chicoral y El Espinal, con la finalidad de atender la demanda de agua cruda para adelantar el tratamiento respectivo y suministrarlo a las respectivas poblaciones.
Mediante Resolución No. 0011 de 2 de enero de 1997, dicha entidad modificó el mencionado artículo en el sentido de señalar que la concesión de las aguas se otorgó solo para uso agropecuario, comoquiera que correspondía al distrito de riego conceder el derecho para otros usos de agua de conformidad con lo señalado en el artículo segundo de la Ley 41 de 1993.
Mediante Resolución No. 473 de 12 de mayo de 2006, CORTOLIMA prorrogó la mencionada concesión por otros diez años y, por tanto, condicionó su obligación a garantizar la cantidad ya señalada de este recurso, para abastecer los acueductos de los municipios de Coello, Chicoral y El Espinal.
Por Resolución No. 849 de 2006, reiteró que la concesión era para uso agropecuario, con lo que CORTOLIMA subsanó el error en que incurrió al invadir una competencia que no le correspondía, teniendo que precisar que esta se limitaba únicamente a otorgar concesiones de agua directamente de la fuente, razón por la que era deber de los beneficiarios obtener los permisos y servidumbres para la captación y conducción de las aguas.
Según la demanda, el municipio demandado estaba obligado a cancelar los costos de captación, conducción, operación y conservación del canal Gualanday hasta la entrega del agua para consumo humano, toda vez que dicho ente era el encargado de prestar los servicios públicos en el territorio de su competencia.
Durante la vigencia de la concesión, USOCOELLO ha asumido el valor total de la concesión en virtud del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y no ha sido posible que el municipio de Coello le cancele el suministro de agua.
USOCOELLO no ha suscrito contrato o acuerdo alguno con el municipio demandado sobre la forma de suministro del agua cruda, ni el municipio de Coello ha querido inscribirse como usuario del distrito de riego, con lo que le ha generado un detrimento patrimonial injustificado.
2.- El trámite en primera instancia
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto del 27 de agosto de 2007, rechazó la demanda porque operó la caducidad de la acción, como quiera que se pretendía obtener la indemnización por unos perjuicios causados en el año 1997 y la misma, según el acta de reparto, fue presentada el 10 de agosto de 2007 (fls. 25 a 27 c. 1).
La asociación demandante interpuso recurso de apelación, por considerar que el término para accionar no había caducado, en virtud de que se trataba de un daño que seguía consumándose, dado que, a la fecha de la presentación de la demanda el suministro de agua cruda seguía prestándose de manera ininterrumpida, sin que para el efecto existiera un contrato o convenio que le permitiera recibir la contraprestación por dicho servicio (fls. 28 a 29 c. 1).
El 9 de abril de 2008, esta Corporación consideró que se estaba en presencia de una permanente omisión de la administración en el reconocimiento de la prestación por el servicio, toda vez que el mismo no había tenido solución de continuidad y se había prolongado desde el momento en que le fue otorgada la concesión hasta la fecha de presentación de la demanda. Revocó el auto apelado y declaró que el fenómeno de la caducidad había operado sólo en relación a las prestaciones que se causaron con anterioridad al término previsto en el artículo 136 del C.C.A. Explicó que como la demanda se presentó el 10 de agosto de 2007, las prestaciones causadas con anterioridad al 9 de agosto de 2005, se encontraban caducadas. Como consecuencia, admitió la demanda, la que se notificó en debida forma a la entidad demandada y al Ministerio Público (fls. 46 a 54 c. 1).
El 15 de julio de 2008, la asociación demandante reformó la demanda, en el sentido de solicitar que se declarara igualmente responsable a la Empresa de Servicios Públicos de Coello –ESPUCOELLO E.S.P.-, de la que señaló que no dio cumplimiento al artículo 25 de la Ley 142 de 1994 (fls. 57 a 58 c. 1), adición que fue admitida por el a quo en auto de 17 de febrero de 2009, solo respecto del municipio de Coello (fl. 93 c. 1).
El 5 de febrero de 2009, el Tribunal Administrativo del Tolima dejó sin efectos el auto de 22 de octubre del mismo año, toda vez que omitió vincular a la Empresa de Servicios Públicos de Coello –ESPUCOELLO E.S.P.- (fl. 92 c. 1). El 17 de febrero de 2009, el a quo admitió la reforma de la demanda respecto de la aludida empresa de servicios públicos (fl. 93 c. 1).
El municipio de Coello contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se opuso a las pretensiones en ella formuladas. Para tal efecto propuso las siguientes excepciones:
-. Inexistencia del daño antijurídico y falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto el municipio de Coello suscribió un acuerdo con el municipio de El Espinal para que ESPUCOELLO E.S.P. tomara el agua para el consumo humano desde el tanque desarenador dispuesto por la Empresa de Servicios Públicos de El Espinal.
-. Inepta demanda, en el entendido de que la asociación demandante debió formular la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, si consideraba que las Resoluciones Nos. 0175 de 1996 y 473 de 2006 la perjudicaban (fls. 115 a 117 c. 1).
La Empresa de Servicios Públicos de Coello –ESPUCOELLO- acudió oportunamente a dar contestación a la demanda y se opuso a las pretensiones en ella formuladas. Como razones de su defensa manifestó que ningún convenio o contrato sobre la prestación total o parcial de un servicio público se suscribió con la asociación demandante. Formuló las siguientes excepciones:
• Ineptitud sustancial de la demanda ante carencia de ius postulandi o falta de poder especial para demandar a la empresa de servicios públicos de Coello -ESPUCOELLO E.S.P.-, por cuanto el apoderado de la parte demandante no aportó poder alguno que lo facultara para demandarla, por tanto, debió inadmitirse o rechazarse la reforma de la demanda.
• Ausencia de legitimación en la causa por pasiva de ESPUCOELLO E.S.P., dado que no era posible que se tratara de vincular a un ente de la órbita del derecho privado en el trámite de la acción de reparación directa, por tanto, debió iniciarse la acción declarativa ante la jurisdicción ordinaria.
• Caducidad y prescripción de la acción, teniendo en cuenta que le fue notificada la demanda el 19 de mayo de 2009, por tanto, las prestaciones causadas con anterioridad 18 de mayo del 2007, de conformidad con el término previsto en el artículo 136 del C.C.A se encontraban caducadas.
• Carencia de fundamentación legal e improcedencia de la acción planteada, porque la acción de reparación directa no fue prevista para reclamar el pago de las tarifas que la demandante canceló a CORTOLIMA a nombre del municipio de Coello y su empresa de servicios públicos, sino la acción contractual, mediante la cual se tendría que debatir la existencia de un contrato y el pago por su incumplimiento.
• Inexistencia de la obligación del municipio de Coello de pagar por el suministro de agua a USOCOELLO, debido a que i) el Distrito de USOCOELLO no estaba legitimado para solicitar el pago, de acuerdo con las resoluciones No. 473 de 2006, el Acuerdo 032 de 1985 expedido por CORTOLIMA y la Ley 9 de 1993; ii) hasta la fecha no se ha suscrito ningún convenio ni acuerdo entre las entidades públicas demandadas y USOCOELLO; iii) el municipio de Coello y ESPUCOELLO E.S.P. no son usuarios del distrito de adecuación de tierras, de acuerdo con lo establecido en la Ley 41 de 1993 y, iv) las aguas son de dominio y uso público, es decir, el distrito de riegos no era el propietario de las aguas, solo se le entregó una concesión, dándole la facultad de usarlas, pero no de hacer cobros (fls. 134 a 136; c. 1).
El 15 de julio de 2009, el Tribunal de primera instancia abrió el proceso a pruebas y, mediante auto del 9 de diciembre de 2010, dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente (fls. 134 a 136; 201 c. 1).
En esta oportunidad, la asociación actora sostuvo que la Resolución No. 0011 de 1997 dispuso en su artículo segundo que la concesión se otorgaba para uso agropecuario y que correspondía al distrito de riego conceder el derecho para otros usos del agua de conformidad con la Ley 41 de 1993, dentro de estos el relativo al consumo humano, por tener USOCOELLO la concesión otorgada por la autoridad ambiental, solicitud que no se impetró por parte de las entidades demandadas para convenir el suministro de agua, ni tampoco quisieron inscribirse como usuarias del distrito de riego, con el argumento de que no tenía predios arroceros para explotar.
En la Resolución 473 de 2006, que prorrogó la concesión de aguas, se impuso como condición a USOCOELLO que dejara los flujos suficientes para abastecer a los municipios de Chicoral, El Espinal y Coello, por tanto, estas entidades territoriales debían cancelarle el servicio suministrado al igual que el uso para su conducción y mantenimiento, dado que este no era gratuito y tales entidades no solicitaron la concesión a CORTOLIMA, lo que implicaría para ellas un enriquecimiento sin causa (fls. 202 a 206 c. 1).
En sus alegatos, la Empresa de Servicios Públicos de Coello reiteró que, según el Acuerdo No. 004 de 1999 expedido por el Concejo Municipal de Coello, ESPUCOELLO se regía en materia de contratación por las normas del derecho privado, y al ser USOCOELLO una organización gremial de carácter privado, la jurisdicción competente era la ordinaria en su especialidad civil o debía intentarse la acción contractual, mediante la cual se debatiera precisamente la existencia de un contrato entre la parte demandante con el municipio de Coello y ESPUCOELLO E.S.P. (fls. 207 a 213 c. 1).
El municipio de Coello sostuvo que el acto administrativo de concesión no facultó a USOCOELLO para imponer o exigir a las entidades demandadas el cobro de tarifa alguna y que no era cierto que la asociación demandante suministrara el agua, toda vez que esta era tratada por la empresa de servicios públicos de Coello y distribuida a los habitantes del municipio (fls. 215 a 219 c. 1).
3. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 11 de abril de 2011, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró probada la excepción de “ineptitud sustancial de la demanda ante carencia de ius postulandi o falta de poder especial para demandar” propuesta por la empresa de servicios públicos de Coello –ESPUCOELLO- y, en consecuencia, se inhibió de proferir un fallo respecto de esta entidad, y negó las pretensiones de la demanda frente al municipio de Coello.
Para llegar a dicha decisión, el Tribunal sostuvo, en primer término, que USOCOELLO solo otorgó poder para demandar al municipio de Coello y que si bien se adicionó la demanda en el sentido de dirigirla contra la empresa de servicios públicos de Coello –ESPUCOELLO-, no aportó el poder para ello.
Respecto a la excepción de caducidad de la acción en consideración a que en la demanda se narraron hechos acaecidos en el año 1997, manifestó que se atenía a lo resuelto por el Consejo de Estado en auto de 9 de abril de 2008, al estimar que se trataba de una omisión permanente de la administración sin solución de continuidad hasta el momento de presentación de la demanda. Como la demanda se presentó el 10 de agosto de 2007, concluyó que las prestaciones causadas con anterioridad al 9 de agosto de 2005, se encontraban caducadas.
De otra parte, en cuanto a la responsabilidad del municipio de Coello, señaló que CORTOLIMA, al conceder a USOCOELLO la concesión de aguas del río Coello, le impuso como condición especial, la de garantizar a los municipios de Chicoral, Coello y El Espinal, en forma prioritaria, permanente y suficiente el suministro de agua, lo que no quedó condicionado al pago de valor o contraprestación alguna por parte de tales entes territoriales, según lo dispuesto en los actos administrativos a través de los cuales se confirió inicialmente, y posteriormente se prorrogó, la concesión de aguas.
Manifestó que, según lo dispuesto en la Resolución No. 473 de 2006, las aguas otorgadas en concesión a USOCOELLO no podían ser objeto de venta ni de ningún otro medio traslaticio de dominio, lo que indicaba que por el suministro al municipio de Coello, para garantizar el abastecimiento de dicho líquido a la comunidad de esa localidad, no podía cobrarse dinero alguno, máxime si se tenía en cuenta que las aguas, según el artículo 80 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, eran de dominio público, inalienables e imprescriptibles.
Finalmente, señaló que si bien era cierto USOCOELLO había cancelado a CORTOLIMA el valor total de la concesión, sin que el municipio de Coello hubiera asumido el pago de valor alguno por tal concepto, también lo era que ello tenía origen legal –Ley 99 de 1993-, al establecerse que las corporaciones autónomas regionales debían cobrar a sus beneficiarios las tasas fijadas previamente por el gobierno nacional; además, el pago de dichas tarifas quedó plenamente establecido en la resolución No. 0175 de 1996, al expresar que “la beneficiaria deberá cancelar las tarifas por concepto de concesión de aguas”, sin señalar de forma alguna que ese pago debía hacerse en forma conjunta con el municipio accionado (fls. 220 a 231 c. ppal).
4. El recurso de apelación
De manera oportuna, USOCOELLO manifestó su discrepancia con el fallo de primera instancia, al considerar que la excepción que se declaró probada era de carácter procesal y debió haberse alegado por ESPOCOELLO como una nulidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 100, 143 y 144 del C.P.C, a lo que agregó que tampoco recurrió el auto que admitió la reforma de la demanda, lo que provocó que tal nulidad se saneara y, por tanto, el Tribunal no podía declararse inhibido para resolver ese aspecto del litigio.
En cuanto al fondo del asunto, argumentó que la condición establecida en la Resolución No. 0175 de 1996, referente a que USOCOELLO tenía que garantizar en forma prioritaria, permanente y suficiente el suministro de agua a los municipios de Coello, Chicoral y El Espinal, fue revocada por CORTOLIMA mediante las Resoluciones No. 0011 de 1997 y 849 de 2006, actos administrativos que estaban amparados por la presunción de legalidad y con los que desapareció la aludida condición.
Explicó que la condición desapareció porque en la Resolución No. 0011 de 1997 se otorgó la concesión solo para uso agropecuario y se aclaró que correspondía al distrito de riego conceder el derecho para otros usos del agua, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 41 de 1993, con lo que se revocó el aparte que preceptuaba que las aguas otorgadas en la concesión no se podían transmitir por venta ni otro medio traslaticio de dominio o que era nula toda transacción o contrato hecho sobre las mismas, por tanto, USOCOELLO estaba autorizado para realizar el cobro por la prestación del servicio para usos domésticos al municipio de Coello y su empresa de servicios públicos (fls. 243 a 252 c. ppal).
En el recurso de apelación la asociación demandante anunció la incorporación de dos pruebas documentales –Resolución No. 0011 de 2 de enero de 1997 y Resolución No. 849 de 9 de agosto de 2006- (fls. 235 a 242 c. ppal).
5. El trámite en segunda instancia
El recurso fue concedido el 12 de mayo de 2011 y admitido el 15 de julio siguiente (fls. 254; 262 c. ppal).
El 5 de septiembre de 2011, luego de efectuar un análisis detallado respecto a la posibilidad de incorporar los referidos documentos bajo los parámetros del artículo 214 del C.C.A., el despacho ponente concluyó que ello no era posible, pues no se cumplían ninguno de los supuestos de hecho contemplados en la ley adjetiva para arrimar medios de convicción en segunda instancia a petición de parte (fl. 262 c. ppal).
El 21 de octubre de 2011 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fl. 270 c. ppal).
En sus alegatos, la parte actora reiteró los argumentos expuestos a lo largo de la presente acción y solicitó que las pruebas aportadas en segunda instancia fueran tenidas en cuenta, debido a que se hacían mención de ellas en los hechos de la demanda (fls. 276 a 279 c. ppal).
El municipio de Coello sostuvo que debía declararse probada la excepción de indebida escogencia de la acción, en el entendido de que la acción procedente para dirimir la presente controversia era la actio in rem verso y no la de reparación directa, por ser aquella autónoma e independiente y con ella buscarse la compensación de un detrimento patrimonial por la prestación de un servicio respecto del cual no se había suscrito formalmente un contrato o un acuerdo de voluntades, no existiendo bilateralmente ningún compromiso entre las partes.
Alegó, asimismo que, según los actos administrativos de concesión y el Código de los Recursos Naturales, las aguas eran de dominio público, no pudiendo la asociación demandante cobrar una contraprestación económica por el uso que le fue otorgado para actividades agropecuarias (fls. 281 a 287 c. ppal).
La Empresa de Servicios Públicos de Coello –ESPOCOELLO E.S.P.- y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal (fl. 288 c. ppal).
El 11 de septiembre de 2018, el Despacho ponente consideró que, con fundamento en lo previsto en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo y en virtud de que subsistían puntos oscuros en la contienda, se tuvieran como pruebas la Resolución No. 0011 de 2 de enero de 1997 y la Resolución No. 849 de 9 de agosto de 2006, aportadas por la parte actora con el recurso de apelación.
En aras de respetar el derecho de defensa y el debido proceso consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política, para así poder tener dichos medios de convicción como plena prueba dentro del proceso, se corrió traslado a los sujetos intervinientes para que efectuaran las intervenciones que estimaran pertinentes, sin que hicieran alguna consideración al respecto.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1.- Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto en sede de apelación, en razón del recurso interpuesto por la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, dado que la cuantía de la demanda, determinada por la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la misma, supera la exigida por la norma para el efecto.
2. La legitimación en la causa
La Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana -USOCOELLO- está legitimada por activa, por cuanto asegura haber sufrido una merma en su patrimonio al pagar el valor total de las tasas de concesión de agua a CORTOLIMA, no recibir contraprestación alguna por el suministro de este líquido y por el mantenimiento de las redes e infraestructura para transportarlo. La legitimación por pasiva la tiene el municipio de Coello, por cuanto fue a quien se les imputó el daño consistente en el enriquecimiento sin causa.
Ahora bien, el Tribunal Administrativo del Tolima dictó sentencia inhibitoria respecto de ESPUCOELLO E.S.P. y se fundó en el hecho de que el apoderado de la parte actora no estaba facultado para demandar a dicha empresa prestadora de servicios públicos. Expresó que una vez revisado el documento obrante a folio 1 del cuaderno No. 1, se podía colegir que solo otorgó poder para demandar al municipio de Coello.
La asociación apelante reprochó que el a quo no se pronunciara respecto de la Empresa de Servicios Públicos de Coello –ESPUCOELLO-, debido a que la excepción que declaró probada era de carácter procesal y debió haberse alegado por esa demandada como una nulidad de conformidad con lo establecido en los artículos 100, 143 y 144 del C.P.C, a lo que agregó que tampoco recurrió el auto que admitió la reforma de la demanda, lo que provocó que tal nulidad se saneara y, por tanto, el Tribunal no podía declararse inhibido para resolver ese aspecto del litigio.
Al respecto, debe señalarse que el artículo 97 del C.P.C. establecía que “El demandado, en el proceso ordinario y en los demás en que expresamente se autorice, dentro del término de traslado de la demanda podrá proponer las siguientes excepciones previas: (…) 5.- Incapacidad o indebida representación del demandante o demandado”.
La Empresa de Servicios Públicos de Coello –ESPUCOELLO-, una vez tuvo conocimiento del litigio en su contra, propuso la excepción de “ineptitud sustancial de la demanda ante carencia de ius postulandi o falta de poder especial para demandar a la Empresa de Servicios Públicos de Coello”, lo cual resultaba perfectamente viable, toda vez que en virtud de lo dispuesto en el artículo 100 del C.P.C., los hechos que configuran excepciones previas, no podrán ser alegados como causales de nulidad por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dicha excepción.
En el sub lite, no le asistía a la Empresa de Servicios Públicos de Coello –ESPUCOELLO- la obligación de formular una nulidad, toda vez que estaba ante unos hechos configurativos de una excepción previa, estrategia defensiva por la cual optó. Si la parte actora pretendía incluir a otra entidad como parte demandada, tenía la carga de integrar adecuadamente la litis, para lo cual, debía aportar el respectivo poder que la habilitara para ello. Adicionalmente, era a la sociedad demandante a la que le asistía la obligación de interponer el recurso de reposición contra el auto que admitió la reforma de la demanda, toda vez que en esa providencia se omitió incluir a ESPUCOELLO como extremo pasivo.
En este caso, se presentó una irregularidad advertida por la Empresa de Servicios Públicos de Coello –ESPUCOELLO- que en procura de sus intereses alegó como excepción previa, tal como lo permitía el artículo 100 del C.P.C., y que en ese sentido fue resuelta por el Tribunal a quo. Lo anterior significa que si la parte actora pretendía demandar a esta entidad pública, pero no otorgó poder para ello, dicha entidad no puede considerarse parte en el presente proceso.
De ahí que la Sala no se pronunciará respecto de la supuesta omisión en el cumplimiento del artículo 25 de la Ley 142 de 1994, como lo propone la parte demandante en este cargo de la apelación, dado que la Empresa de Servicios Públicos de Coello –ESPUCOELLO- no es parte en este proceso.
3.- La acción procedente
Ahora bien, se debe establecer si se presenta una ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción, tal como lo ha sostenido durante todo el trámite de la acción la entidad demandada, al indicar que procedía la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, si USOCOELLO consideraba que las Resoluciones de concesión Nos. 0175 de 1996 y 473 de 2006 la perjudicaban; la acción contractual, mediante la cual se debatiera la supuesta existencia de un contrato y el pago por su incumplimiento, y la actio in rem verso, por ser autónoma e independiente a la acción de reparación directa y con ella buscarse la compensación de un detrimento patrimonial por la prestación de un servicio respecto del cual no se había suscrito formalmente un contrato o un acuerdo de voluntades.
A juicio de la Sala, la acción procedente no era la de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto no se controvierte en este caso la legalidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nos. 0175 de 1996 y 473 de 2006, mediante las cuales se otorgó y prorrogó la concesión de aguas a favor de USOCOELLO, la causa petendi de la demanda se hizo radicar en las presuntas omisiones en las que habría incurrido la entidad demandada en el ejercicio de las competencias de prestar los servicios públicos que estaban a su cargo, de cara a garantizar, entre otros, el derecho fundamental al agua y el servicio público de acueducto a sus habitantes, inactividad administrativa alrededor de la cual surgió el daño reclamado y la imputación de responsabilidad en su contra.
En el mismo sentido, para la Sala no procede la acción de controversias contractuales, porque el daño no se originó en torno a una relación contractual, toda vez que la parte actora señaló que durante el término de la prestación del servicio no se suscribió contrato o acuerdo alguno con la demandada sobre la forma de suministro del agua, argumento que es compartido por el municipio de Coello, que expresó que ningún convenio o contrato sobre la prestación total o parcial de un servicio público se suscribió con USOCOELLO.
En el caso bajo estudio, USOCOELLO interpuso demanda contra el municipio de Coello con el fin de que se le declarara responsable por la presunta omisión de reembolsar el valor de la tasas de compensación ambiental que este pagó a CORTOLIMA en virtud de la concesión de agua, el suministro de este líquido y por el uso y mantenimiento de la infraestructura de redes, lo que desencadenó un empobrecimiento injustificado de su patrimonio, de manera que el daño no estriba en la existencia de una relación contractual entre las partes.
En este orden de ideas, considera la Sala que la acción procedente si era la de reparación directa, por cuanto la pretensión es de enriquecimiento sin causa, por las razones que pasan a exponerse.
La Sección Tercera, en sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, en razón a la divergencia de posiciones -una, que defendía la tesis de negar la pertinencia de la reparación directa con fundamento en que se trataba de una acción autónoma de carácter compensatorio y no indemnizatoria y, otra, que aducía que el camino procesal era la reparación directa porque mediante esta se podía solicitar la reparación del daño cuando la causa era un hecho de la administración- consideró que el enriquecimiento sin causa constituye básicamente una pretensión y la autonomía de la actio de in rem verso se relaciona más con la causa del enriquecimiento que con la vía procesal adecuada para encauzarla, por lo que en materia de lo contencioso administrativo, la pretensión de enriquecimiento sin causa corresponde a la acción de reparación directa y lo único que podría demandarse mediante esa acción sería el monto del enriquecimiento. Además, como corolario de lo anterior, precisó que todo lo atinente a la competencia y a los términos de caducidad en los casos de enriquecimiento sin causa, se rige en los mismos términos de la reparación directa. Al respecto se resalta lo siguiente:
Si se tiene en cuenta que el enriquecimiento sin causa constituye básicamente una pretensión y que la autonomía de la actio de in rem verso se relaciona con la causa del enriquecimiento y no con la vía procesal adecuada para enrutarla, fácilmente se concluye que en materia de lo contencioso administrativo a la pretensión de enriquecimiento sin causa le corresponde la vía de la acción de reparación directa (…). La autonomía de la actio in rem verso se centra en que el enriquecimiento se produce sin una causa que lo justifique y que como quiera que no hay causa justificante se carece de la correspondiente acción que daría la justa causa si esta existiere. Emerge por consiguiente que la actio de in rem verso, más que una propia y verdadera acción, es una pretensión restitutoria de un enriquecimiento incausado, enriquecimiento éste que a no dudarlo constituye un daño para el empobrecido y que por lo tanto es equitativo que aunque no exista causa al amparo de la cual pueda exigirse la restitución esta se conceda en aplicación de la regla que prohíbe enriquecerse a expensas de otro. (…) lo que en otras palabras significa que su autonomía es más de carácter sustancial que procedimental. Así el asunto resulta claro que mediante la llamada acción de reparación directa que consagra el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo puede pretenderse el reconocimiento del enriquecimiento sin causa y la consiguiente restitución en todos aquellos casos en que resultaría procedente, puesto que esta acción está prevista precisamente para poder demandar directamente la reparación del daño cuando provenga, entre otros eventos, de un hecho de la administración. (…) Pero, se reitera, lo único que podrá pedir mediante esa acción es el monto del enriquecimiento y nada más y esta circunstancia en manera alguna desfigura o enerva la acción de reparación directa puesto que lo sustantivo prevalece sobre lo adjetivo o procedimental (…).
Todo lo atinente a la competencia y a los términos de caducidad en los casos de enriquecimiento sin causa se rigen por los de la reparación directa porque esa pretensión se hace valer mediante esta acción.
En el caso concreto, se precisa que la acción de reparación directa ejercida fue la correcta, teniendo en consideración que la demandante formula pretensiones de enriquecimiento sin causa, por la presunta omisión del municipio de Coello de reembolsar el valor de la tasas de compensación ambiental que este pagó a CORTOLIMA en virtud de la concesión de agua, el suministro de este líquido y por el uso y mantenimiento de la infraestructura de redes. Lo anterior, quedó confirmado por el juez de primera instancia al momento de admitir la demanda.
Establecido el asunto relativo a la indebida escogencia de la acción, la Sala determinará si se configuró la caducidad de la acción de reparación directa, ya que –a juicio de las demandadas- transcurrieron más de dos años desde la producción del hecho dañoso o si, como lo afirma USOCOELLO por tratarse de un daño de tracto sucesivo o ejecución continuada, no ha operado dicho fenómeno.
4. El análisis de la caducidad
El instituto de la caducidad opera como una sanción para los eventos en que ciertas acciones judiciales no se impetran oportunamente, lo que exige de las partes el deber procesal de impulsar su causa dentro del plazo fijado por la ley, ya que de no promover a tiempo el litigio a través de la formulación de la demanda, aquellas perderían la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intentan deprecar ante la administración de justicia. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir, no admite, a diferencia de la prescripción, renuncia, salvo la excepción que se da con ocasión de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, consagrada en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; no obstante, el juez deberá declararla de oficio cuando verifique la tipificación de la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer la acción judicial.
Es así como el Código Contencioso Administrativo, en el artículo 136, consagra diferentes términos para interponer las acciones y sanciona su inobservancia con la declaratoria de la caducidad. El numeral 8° dispone, sobre el término para interponer la acción de reparación directa:
La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.
La regla general indica que el término de caducidad se comienza a contabilizar a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. No obstante, en otros casos, no es tan evidente la fecha cierta a partir de la cual se debe empezar a contabilizar el plazo de dos años previsto en la ley. En estos eventos ocurre que el daño se produce o se manifiesta con posterioridad al hecho dañino que lo causa, es decir, la causa lesiva no es contemporánea con el daño, razón por la cual se impone a fortiori acoger una interpretación flexible ─fundada en el principio pro damato de la norma─ que establece el término de caducidad con el fin de proteger el derecho de acceso a la administración de justicia y de asegurar la prevalencia del derecho sustancial. Si se considera que el daño es el presupuesto primordial para la procedencia de la acción de reparación directa, es obvio considerar que el plazo de dos años previsto en la ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del “acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa”, sino excepcionalmente a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad, esto es, cuando i) la víctima se percata de su ocurrencia, o ii) desde la cesación del mismo cuando el daño es de tracto sucesivo o ejecución continuada.
Teniendo en cuenta lo anterior, el daño cuya indemnización se pretende en el presente litigio fue causado por la falta de pago de las tasas de concesión de agua a CORTOLIMA, el suministro de este líquido y el uso, conducción y mantenimiento de las redes que trasportaban el líquido al acueducto del municipio demandado, frente a lo cual, la Sala encuentra lo siguiente en relación con la caducidad:
Los efectos en el tiempo del hecho dañoso no cambian la regla general a partir de la cual empieza a contabilizarse el término para acudir a la justicia, ya que, según esta Corporación, “no puede confundirse la causación del daño con la prolongación del mismo, pues muy diferente es que el daño se genere por una permanente acción u omisión de la entidad y otra cosa es que el daño permanezca en el tiempo o se agrave por la falta de remedio oportuno”. Así las cosas, el hecho de que el daño se agrave con el tiempo no quiere decir que este tenga el carácter de continuado o de tracto sucesivo, ya que, siguiendo lo dicho por esta la Corporación, ello implicaría atentar contra la seguridad jurídica al prolongar indefinidamente el término para presentar la demanda:
En cuanto al fondo del auto impugnado, la Sala dejó sentado que para efectos de la caducidad ´se debe tomar como referencia el hecho generador de los supuestos perjuicios reclamados en la demanda, y no las consecuencias del mismo´, y que diferente es el caso de la afectación de los derechos o intereses reclamados en la demanda por causa de una actividad permanente de un agente determinado, público o privado, en el cual se daría la hipótesis que aduce el recurrente, esto es, la de contar el término de caducidad a partir de la fecha en que cesó la acción vulnerante causante del daño.
De acuerdo con lo anterior, para efectos de contabilizar la caducidad, lo relevante es la causa del daño -¿qué produjo el daño?- y no las consecuencias del mismo. Así, cuando el daño es de ejecución instantánea, esto es, se consume en un solo evento, incluso si se prolongan sus consecuencias, el término de caducidad coincide con el acaecimiento de la causa del daño y se aplica la regla general que prescribe que el término de caducidad se contabiliza al día siguiente del hecho dañino, en tanto que si el hecho dañoso es continuado, esto es, el daño se genera en el tiempo por una incesante y reiterada acción u omisión de la entidad demandada, el término de caducidad correrá, igualmente, de manera sucesiva, es decir, frente a cada actuación.
En el caso concreto, se está frente a un hecho dañoso de ejecución sucesiva consistente en el no pago de unas contraprestaciones por parte de la entidad demandada desde 1997.
Dicho de otro modo y siguiendo lo precisado en auto del 9 de abril de 2008, el término de caducidad debe comenzar a contarse desde el momento en que la entidad demandada omitió el pago del beneficio recibido, esto es, los volúmenes del recurso hídrico que le fueron suministrados y el uso de las redes para la conducción del mismo:
En el caso concreto el término debe contabilizarse desde el momento en que la entidad territorial omitió el pago del servicio de suministro de agua, que se afirma en la demanda, fue prestado en su favor, dado que es la conducta omisiva del municipio de Coello, a la que se le imputan los perjuicios causados a la demandante, relacionados con los costos de captación, transporte y suministro en los que, según indica el demandante, se incurrió al momento de prestar el servicio y los cuales no fueron cubiertos por la entidad demandada.
Ahora bien, es pertinente señalar que las anteriores consideraciones no se aplican a todas las prestaciones no reconocidas por el ente territorial desde el momento en que se dio comienzo a la prestación del servicio, sino sólo respecto de aquellas que fueron reclamadas con la demanda antes del vencimiento del término de dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho u omisión que se le imputa a la administración como causante del daño. En efecto, la demanda fue presentada el día 10 de agosto de 2007 (fl 24 C.1), de manera que todas aquellas prestaciones que se causaron con anterioridad al término previsto en el artículo 136 del C.C.A., esto es el 9 de agosto del año 2005, se encuentran caducadas, como quiera que su reconocimiento se solicitó cuando ya se había transcurrido el término de dos años al que se hizo referencia.
Es claro entonces que el hecho de que no se hubiera pagado las cuentas señaladas en la demanda, no permite afirmar que la acción pudiera intentarse en cualquier tiempo mientras no hubiere cesado esa omisión. Solo es posible demandar aquellas que fueron reclamadas antes del vencimiento del término extintivo de los dos años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del no pago que se le imputa a la entidad demandada como causa del daño.
La Resolución No. 175 del 24 de enero de 1996, por medio de la cual se otorgó concesión de aguas a USOCOELLO, precisó que este último debía pagar a CORTOLIMA las tasas por concepto de concesión de aguas por trimestres anticipados y, según la Resolución No. 0011 del 2 de enero de 1997, por semestres anticipados.
Así las cosas, al no poder determinar la fecha en que la entidad demandada se constituyó en mora de pagar las referidas cuentas de cobro, tampoco sería posible que estas estuvieran obligadas de modo indeterminado al pago de las mismas y de los intereses moratorios.
Ahora, la Sala, en aras de fijar con alguna precisión la fecha de la mora en que incurrieron las entidades demandadas, tomará como referencia el artículo 885 del Código de Comercio. Allí se indica que en ausencia de estipulación del plazo para el pago, se podrá exigir el pago un mes después de pasada la cuenta.
Siguiendo este orden y a la luz de la sana crítica, si se tiene en cuenta que la entidad demandada debía, en principio, pagar dentro de los 30 días siguientes al mes facturado y que la demanda fue presentada el día 10 de agosto de 2007 (fls. 15 a 23 c. 1), las prestaciones que se causaron con anterioridad al término previsto en el artículo 136 del C.C.A, esto es, el 9 de agosto de 2005, se encuentran caducadas, habida consideración de que su reclamación se presentó cuando ya había transcurrido el término de dos años.
En conclusión, las pretensiones de la asociación demandante originadas con anterioridad al 9 de agosto de 2005 debieron ser reclamadas en la oportunidad procesal prevista para ello, esto es, dentro de los dos años siguientes al hecho causante -contados a partir del día siguiente al plazo para pagar (30 días calendario siguientes al mes facturado)-.
5. Validez de los medios de prueba
La Sala considera pertinente precisar la validez de algunos medios de convicción que obran en el expediente:
Sobre las declaraciones rendidas en este proceso por los testigos Guillermo Molina Gutiérrez y Carlos Arturo Charry (fls. 21 a 23 c. 2 y 6 a 7 c. 4), a propósito de los hechos que fundamentan la demanda, la Sala advierte que se trata de testimonios sospechosos a la luz del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, debido a que eran trabajadores de USOCOELLO y ESPUCOELLO E.S.P., respectivamente, lo que implica no un rechazo de plano de estas declaraciones sino una valoración más estricta de las mismas, ya que pueden, como es natural, tener interés en las resultas del proceso y, por tanto, la veracidad y objetividad de sus afirmaciones, pueden estar afectadas.
6. Problema jurídico
Se debe determinar si en el presente caso se configuró un enriquecimiento sin justa causa a favor del municipio de Coello, originado en la presunta omisión de reembolsar a USOCOELLO el valor de la tasas de compensación ambiental que este pagó a CORTOLIMA en virtud de la concesión de agua, el suministro de este líquido y por el uso y mantenimiento de la infraestructura de redes, lo que presuntamente habría desencadenado un empobrecimiento injustificado de la asociación demandante.
La parte demandante aspira que la decisión que dirima esta disputa declare, a través de la acción de reparación directa, la responsabilidad del municipio de Coello por el desequilibrio patrimonial padecido, esto es, el enriquecimiento sin causa y, en consecuencia, la condene al pago de unas sumas de dinero hasta la fecha de presentación de la demanda.
En primer lugar, debe tomarse en consideración que mediante Resolución No. 0175 de 24 de enero de 1996, la Corporación Autónoma Regional del Tolima ─CORTOLIMA─ otorgó la concesión de aguas a la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los ríos Coello y Cucuana ─USOCOELLO─, para fines agropecuarios, de consumo humano y generación de energía para la hidroeléctrica de la Ventana. Asimismo, estableció que el volumen del recurso hídrico sería de 9.64 m3/s, equivalente al 68.82% del caudal del río Coello y le ordenó garantizar en forma prioritaria y permanente el suministro de agua a los acueductos de los municipios del Chicoral, Coello y El Espinal (fls. 6 a 9 c. 1).
El Distrito de Riego USOCOELLO considera que el municipio de Coello se enriqueció sin causa al no pagarle por el suministro de este líquido, no reembolsar el valor de la tasas de compensación ambiental que este pagó a CORTOLIMA en virtud de la concesión de agua y por el uso de las obras de captación, conducción, operación y mantenimiento del Canal Gualanday hasta el sitio de la derivación de la bocatoma del acueducto municipal.
7. La configuración de los elementos del enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones
En este punto, lo primero que se debe precisar es que la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, se refiere a unas hipótesis enunciativas para la procedencia de la actio de in rem verso en los casos de ejecución de actividades en favor de una entidad estatal sin que medie un vínculo contractual, lo cual no significa que deba realizarse una restitución automática en los eventos en que alguien se hubiera hecho más rico en detrimento de otro, toda vez que para ello deben verificarse unos elementos que han sido acogidos tanto por la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia como por el Consejo de Estado, así:
1) Que exista un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya obtenido una ventaja patrimonial, la cual puede ser positiva o negativa. Esto es, no sólo en el sentido de adición de algo sino también en el de evitar el menoscabo de un patrimonio.
2) Que haya un empobrecimiento correlativo, lo cual significa que la ventaja obtenida por el enriquecido haya costado algo al empobrecido, o sea que a expensas de este se haya efectuado el enriquecimiento. Es necesario aclarar que la ventaja del enriquecido puede derivar de la desventaja del empobrecido, o, a la inversa, la desventaja de éste derivar de la ventaja de aquél.
Lo común es que el cambio de la situación patrimonial se opere mediante una prestación hecha por el empobrecido al enriquecido, pero el enriquecimiento es susceptible de verificarse también por intermedio de otro patrimonio.
El acontecimiento que produce el desplazamiento de un patrimonio a otro debe relacionar inmediatamente a los sujetos activo y pasivo de la pretensión de enriquecimiento, lo cual equivale a exigir que la circunstancia que origina la ganancia y la pérdida sea una y sea la misma.
3) Para que el empobrecimiento sufrido por el demandante, como consecuencia del enriquecimiento del demandado, sea injusto, se requiere que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica.
En el enriquecimiento torticero, causa y título son sinónimos, por cuyo motivo la ausencia de causa o falta de justificación en el enriquecimiento, se toma en el sentido de que la circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a otro no haya sido generada por un contrato o un cuasi-contrato, un delito o un cuasi-delito, como tampoco por una disposición expresa de la ley.
4) Para que sea legitimada en la causa la acción de in rem verso, se requiere que el demandante, a fin de recuperar el bien carezca de cualquiera otra acción originada por un contrato, un cuasi-contrato, un delito, un cuasi-delito, o de las que brotan de los derechos absolutos.
Por lo tanto, carece igualmente de la acción de in rem verso el demandante que por su hecho o por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho. Él debe sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia.
5) La acción de in rem verso no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley HYPERLINK \l "_ftn7" .
De conformidad con lo anterior, se observa que el enriquecimiento sin causa es fuente de obligaciones cuando reúne los siguientes requisitos: (i) la existencia de un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya obtenido una ventaja o beneficio patrimonial ─ventaja positiva─ o, que su patrimonio no haya sufrido detrimento alguno ─ventaja negativa─; (ii) el empobrecimiento correlativo, lo cual significa que la ventaja obtenida por el enriquecido se haya traducido consecuentemente en una mengua patrimonial para el empobrecido; y (iii) la ausencia de causa jurídica, que justifique el empobrecimiento sufrido por el afectado como consecuencia del enriquecimiento del beneficiado, es decir, que sea injusto; iv) que el demandante, a fin de recuperar el bien carezca de cualquiera otra acción originada por un contrato, un cuasi-contrato, un delito, un cuasi-delito, o de las que brotan de los derechos absolutos y, v) la acción de in rem verso no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley.
7.1. Ventaja o beneficio patrimonial y empobrecimiento correlativo
En el presente caso no está debidamente acreditado que el municipio de Coello resultara favorecido durante mucho tiempo por el suministro del volumen de agua entregado por el Distrito de Riego, con lo que se habría generado un beneficio patrimonial a su favor y un empobrecimiento correlativo a cargo de USOCOELLLO, toda vez que no está claramente establecido que la asociación demandante condujera directamente el líquido hasta la estructura hidráulica del acueducto de Coello. En efecto, no se ocupó la parte actora –debiéndolo hacer- de probar plenamente esa circunstancia, cuando ello resultaba indispensable para el proceso, teniendo en cuenta que el ente territorial demandado ha sostenido a lo largo de la presente acción que suscribió un acuerdo con el municipio de El Espinal para que ESPUCOELLO tomara el agua para el consumo humano desde el tanque desarenador dispuesto por la Empresa de Servicios Públicos de El Espinal. Es más, no se encuentra acreditado que el municipio de Coello se beneficiará del 68.82% del caudal de la concesión otorgada por CORTOLIMA a USOCOELLO.
En este sentido, el señor Carlos Arturo Díaz, quien se desempeñaba como gerente de las Empresas Domiciliarias de Coello, manifestó que nunca tuvo algún tipo de relación o convenio con USOCOELLO; que el municipio de Coello tenía una concesión para su acueducto proveniente de la captación que hacía la empresa de servicios públicos del municipio de El Espinal, que es el que tiene la concesión con USOCOELLO (fls. 6 a 7 c. 4).
En el expediente obra un dictamen pericial elaborado por el ingeniero agrónomo Jaime Orlando Ruiz Romero, en el que se consignó que USOCOELLO entregaba el agua cruda al municipio de Coello con el objeto de que la Empresa de Servicios Públicos de Coello –ESPUCOELLO E.S.P.- la tratara y la entregara al consumidor final, para lo cual incorporó un video y unas fotografías (fls. 97 a 114 c. 3); sin embargo, estos elementos no proporcionan la certeza necesaria para acreditar ese supuesto de hecho.
Ciertamente, en el video se describe un lugar denominado “el túnel de la ventana” y se afirma que está divido en tres canales, uno de los cuales es utilizado para llevar el agua a las empresas de servicios públicos de Coello, Chicoral y El Espinal; no obstante, de este no es posible inferir que desde las instalaciones del Distrito de Riego se condujera el agua directamente hasta la empresa de servicios públicos de Coello, dado que no se realizó un desplazamiento por el canal que permitiera verificar que el municipio de Coello recibía efectivamente el suministro de agua del Distrito de Riego y descartar que tomaba el líquido desde la Empresa de Servicios Públicos de El Espinal, tal como se afirmó en la contestación de la demanda.
Al dictamen fueron aportadas una serie de fotografías que no podrán ser apreciadas como medio probatorio, toda vez que no se tiene certeza del lugar en que fueron captadas, específicamente, si las imágenes corresponden al canal que supuestamente conduce el líquido desde el distrito de riego hasta la estructura hidráulica del acueducto de Coello, ni tampoco se encuentran cotejadas con otros medios de prueba que permitan establecer su autenticidad en cuanto a tiempo, modo y lugar.
La prestación efectiva del suministro por parte de USOCOELLO encuentra más dificultades para su verificación, si se tiene cuenta que obra en el expediente el dictamen pericial realizado por la contadora pública Luz Dary Bocanegra, quien, después de describir en forma escrita el recorrido del río hacia el canal del distrito de riego, esto es, sin contar con ningún soporte que permita verificar el recorrido efectuado por la auxiliar de justicia, refiere la existencia de los “tanques de almacenamiento y tratamiento del agua para el municipio del Espinal, pero en este mismo lugar existe el derivado para el tanque de almacenamiento del agua con destino al municipio de Coello” (fls. 29 a 32 c. 2), afirmación que por sí sola no permite establecer con certeza si esa derivación estaba dispuesta por el municipio de El Espinal para suministrar directamente el líquido a la Empresa de Servicios Públicos de Coello o, si por el contrario, el abastecimiento lo efectuaba el Distrito de Riego, sin que por ello recibiera contraprestación alguna.
En la demanda se aseveró que USOCOELLO sufrió una merma en su patrimonio al pagar el valor total de las tasas de concesión de aguas a CORTOLIMA, sin embargo, en el expediente no obra prueba alguna que permita establecer las erogaciones en que incurrió, amén de que tampoco se tiene probado que el Distrito de Riego hubiera presentado las cuentas de cobro por ese concepto al municipio de Coello o a su empresa de servicios públicos y que estas se hubieran negado al pago de alguna suma de dinero.
En el dictamen pericial elaborado por la contadora pública Luz Dary Bocanegra se afirmó que “el Distrito de Riego de Usocoello ha venido presentando cuentas de cobro al municipio de Coello, según copias que me aportaron posteriormente”; no obstante, tales pruebas no obran en el proceso y ni siquiera fueron allegadas al dictamen pericial, con el propósito de corroborar las conclusiones a las cuales arribó la auxiliar de justicia.
Además, señaló que “tan solo he recibido un fax con un listado simple que contiene las tarifas desde el año 1991 hasta el 2009”, pero una vez verificada tal prueba documental, se tiene que corresponden a las tarifas que USOCOELLO registraba por concepto de “tarifas fijas mayores de 20 hectáreas de arroz” (fls. 27 a 28 c. 2), sin que de ese listado se pueda establecer cuánto pagaba a CORTOLIMA por concepto de las tasas de compensación ambiental retributivas y compensatorias en virtud de la concesión de agua.
Los dictámenes periciales no dan cuenta del monto al que equivale lo pagado por USOCOELLO a CORTOLIMA por concepto de la tarifa de las tasas por utilización de aguas (TUA) expresada en pesos/m3, así como tampoco establecen el valor exacto que supuestamente debe retribuirle el municipio de Coello, de lo cual tampoco dio cuenta en su declaración el señor Guillermo Molina Gutiérrez, que laboraba en USOCOELLO en el área de contabilidad y auditoría interna, quien solo se limitó a manifestar que el Distrito de Riego presentó unas cuentas de cobro al municipio de Coello, sin precisar el monto al que corresponden y el período en que se generaron (fls. 21 a 23 c. 2), deficiencia probatoria que no permite tener por demostrado el detrimento patrimonial que alega la asociación demandante.
El Distrito de Riego USOCOELLO considera igualmente que el municipio de Coello se enriqueció sin causa, al no pagarle por el suministro de este líquido y el uso de las obras de captación, conducción, operación y mantenimiento del Canal Gualanday hasta el sitio de la derivación de la bocatoma del acueducto municipal; sin embargo, tampoco existen elementos de juicio que permitan evidenciar que la asociación demandante sufrió un detrimento patrimonial como consecuencia del suministro y la inversión de los recursos económicos necesarios para el mantenimiento de las redes y la infraestructura para transportar el líquido vital.
Con el fin de determinar la cantidad de agua que supuestamente suministraba USOCOELLO al municipio de Coello se muestra en el video que se acompañó al dictamen pericial desarrollado por el ingeniero agrónomo Ruíz Romero, la realización de unas mediciones con un elemento denominado molinete y se estableció que el caudal de agua que se estaba proporcionando a ESPUCOELLO E.S.P. equivalía a 78 LPS, empero, no es posible verificar el sitio en el que se efectuaron tales mediciones, esto es, si se realizaron en el canal que conducía el líquido directamente hasta la empresa de servicios públicos del municipio de Coello, además no se allegaron los soportes contables y financieros que permitan determinar que efectivamente USOCOELLO efectuó el suministro; el período durante el que se produjo el supuesto abastecimiento, ni cuál fue la inversión en dinero que para ese efecto debió hacer la asociación actora, hechos que le correspondía demostrar con el fin de reclamar por la correspondiente prestación del servicio, pero como así no se hizo, no es posible afirmar el detrimento patrimonial que se reclama en la demanda.
En el caso concreto, tampoco es posible establecer si se produjo un detrimento patrimonial por parte de USOCOELLO en lo que respecta al uso de las obras de captación, conducción, operación y mantenimiento del Canal Gualanday hasta el sitio de la derivación de la bocatoma del acueducto municipal, toda vez que con los medios de prueba que reposan en el expediente no es posible determinar en qué consistieron específicamente esos servicios, así como fijar las sumas de dinero a reembolsar por este concepto a cargo del municipio de Coello.
En el proceso no existe prueba de las erogaciones económicas que debió hacer el Distrito de Riego USOCOELLO para el mantenimiento del canal que supuestamente se encargaba de conducir el recurso hídrico hasta la bocatoma del acueducto de Coello. Se desconocen aspectos como el valor que invirtió en el dragado del canal, el afirmado y perfilado de carreteables, el manejo de sedimentos, la limpieza y drenaje, la conservación de estructuras, obras de captación, sistemas de distribución y obras hidráulicas en general, el mantenimiento de maquinaria, vehículos y equipo en general del Distrito de Riego (palas-draga, bulldozers, montoniveladoras, cargadores, tractores, volquetas) y el pago de los operarios, etc, aspectos que le correspondía acreditar a la parte actora en procura de demostrar el enriquecimiento patrimonial a favor del municipio de Coello y el correlativo detrimento patrimonial que padeció.
Finalmente, cabe precisar que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado ya se pronunció en un caso de similares connotaciones fácticas, en el que se condenó en abstracto al municipio de El Espinal y a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P. por el empobrecimiento de que fue objeto USOCOELLO; sin embargo, este asunto difiere del presente porque en aquel se encontró demostrado que el gerente de USOCOELLO había presentado unas reclamaciones ante el alcalde y el gerente de la E.S.P de El Espinal por los costos del suministro de agua y por el uso y mantenimiento de las obras para la conducción del líquido, sin embargo, fueron renuentes al reconocimiento y pago de las sumas reclamadas; pruebas que se echan de menos en el caso concreto del municipio de Coello. Así se razonó en esa providencia:
La Corporación Autónoma Regional del Tolima ─CORTOLIMA─ otorgó en el año 1996 concesión de aguas a la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los ríos Coello y Cucuana ─USOCOELLO─ para uso agropecuario, la cual fue prorrogada en el año 2006. El 4 de septiembre de 2006, el Gerente de USOCOELLO presentó cuentas de cobro al alcalde y al gerente de la E.A.A.A. ─E.S.P─ de El Espinal por los costos de suministro de agua, uso y mantenimiento de las redes para la conducción de dicho líquido, en el período comprendido desde el 24 de enero de 1996 hasta el 30 de junio de 2008; sin embargo, el municipio y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la mencionada entidad territorial fueron renuentes al reconocimiento y pago de las sumas reclamadas.
(…)
Durante los diez primeros años de la concesión y desde su prórroga hasta la fecha de la presentación de la demanda, USOCOELLO ha suministrado el recurso hídrico y lo ha transportado hasta la estructura hidráulica del acueducto de El Espinal. El 4 de septiembre de 2006, el Gerente de USOCOELLO presentó reclamación ante el alcalde y la gerente de la E.A.A.A. ─E.S.P.─ de El Espinal por los costos del suministro de agua en cantidad de 674 L.P.S., uso y mantenimiento de las obras para la conducción del líquido, en el período comprendido desde el 24 de enero de 1996 hasta el 11 de Mayo de 2006, con fundamento en el pago realizado a CORTOLlMA, en virtud de la tasa de compensación.
(…)
Respecto a la voluntad unilateral de USOCOELLO para el suministro de agua, se tiene que el Distrito no actuó por su cuenta y riesgo, sino por solicitud de las autoridades territoriales. En efecto, en el año 2001, según consta en acta n.° 753 del 22 de noviembre, la Junta Directiva de USOCOELLO autorizó a las entidades demandadas tanto para el uso como para la captación del agua ─v. párr. 10.4─, lo que demuestra que había un acuerdo de voluntades respecto del objeto y la contraprestación. Y en esas condiciones, no puede atribuírsele mala fe originada en un comportamiento presuntamente unilateral, máxime cuando se conoce ampliamente que si el contrato no se perfeccionó durante el periodo de suministro de agua fue porque las entidades demandas fueron reticentes y movidas por un ánimo deliberado de eludir las formalidades que rigen la contratación estatal.
(…)
En suma, con apoyo en las consideraciones precedentes, la Sala revocará la sentencia apelada para en su lugar: (i) declarar que la acción de reparación directa es el cauce idóneo para reclamar la pretensión de enriquecimiento sin causa; (ii) declarar que el fenómeno de la caducidad operó parcialmente, para lo cual se atenderá a las razones y lineamientos expuestos en el acápite respectivo (v. párr. 13); (iii) declarar que el supuesto fáctico alegado en la demanda se enmarca dentro de la segunda hipótesis exceptiva introducida por la sentencia de unificación de la Sección Tercera fechada 19 de noviembre de 2012 ─evitar consecuencias irreversibles del derecho a la salud─; (iv) declarar la existencia de un enriquecimiento sin causa por parte de las entidades demandadas, en el caso concreto por la negativa de pagar las cuentas de cobro por el suministro de agua, el uso de las obras de captación, operación y mantenimiento del Canal Gualanday, y conducción hasta la estructura hidráulica del acueducto de El Espinal.
Si bien las cuentas de cobro fueron desechadas por la Subsección B para calcular el monto de los perjuicios, sí fueron tenidas en cuenta para determinar la ocurrencia de un enriquecimiento sin justa causa a favor de USOCOELLO.
En efecto, en la providencia transcrita se estimó que se había configurado un enriquecimiento sin causa por parte del municipio de El Espinal y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., en atención a la negativa de pagar las cuentas de cobro presentadas por USOCOELLO por el suministro de agua y el uso de las obras de captación, operación y mantenimiento del Canal Gualanday hasta el acueducto de El Espinal, circunstancia que no se encuentra acreditada en el sub examine, en el que no se probó que USOCOELLO hubiera si quiera presentado tales cuentas de cobro al municipio de Coello, circunstancia que no permite establecer el detrimento patrimonial que se alega en la demanda.
Por consiguiente, para establecer el enriquecimiento sin causa del municipio de Coello y el correlativo empobrecimiento de la asociación demandante, era necesario que USOCOELLO demostrara en que consistió su desequilibrio patrimonial, para lo cual debía probar fehacientemente que suministró directamente el servicio de agua, determinar detalladamente la cantidad de líquido que proveyó en consideración al período durante el que se prolongó tal abastecimiento, las erogaciones en que incurrió por el pago de las tasas de concesión de aguas a CORTOLIMA y qué proporción le correspondía asumir al municipio demandado, así como los gastos que debió hacer el distrito de riego para el mantenimiento del canal que supuestamente se encargaba de conducir el recurso hídrico hasta la bocatoma del acueducto de Coello, aspectos que no quedaron dilucidados en el presente caso.
Como queda visto, se tiene que la parte actora no logró demostrar el enriquecimiento del municipio de Coello y el correlativo empobrecimiento de la asociación demandante, de manera que, ante su ausencia, se ve relevada la Sala del examen de los restantes requisitos que pueden configurar el enriquecimiento sin causa.
8. Condena en costas
Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de abril de 2011 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
“Por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen sus funciones”.
Se destaca que en el caso concreto tal determinación se ajusta a las causales prescritas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-636 de 2015, M.P. María Victoria Calle, toda vez que subsisten dudas en el operador judicial que le impiden decidir con respeto a la verdad material y a la preeminence del derecho sustancial en virtud a que reposan pruebas en el plenario que refieren la existencia de los hechos. Al respecto señaló la Corte: “En tal sentido, en todos los casos en los que el amparo fue otorgado se había constatado que las partes, o bien habían solicitado la práctica de la prueba que la autoridad judicial estimaba decisiva para fallar a su favor…, o habían aportado copias simples u otros medios de prueba que insinuaban de manera directa su existencia
El recurso de apelación interpuesto por la parte actora fue presentado el 26 de abril de 2011, por lo que debe aplicarse la Ley 1395 de 2010 que estableció que la cuantía se determinará a partir de la sumatoria de todas las pretensiones de la demanda. Una vez revisado el libelo demandatorio se advierte que sumadas las pretensiones arroja el superior a 500 S.M.L.M.V. En efecto, para que un proceso de reparación directa iniciado en el año 2007 tuviera apelación ante el Consejo de Estado, la cuantía debería ser equivalente o superior a $ 216’850.000 y dado que la sumatoria de todas las pretensiones asciende a un valor de $ 300’000.000 por perjuicio materiales, la Sala tiene competencia funcional.
Consejo de Estado, Sección Tercera - Sala Plena, sentencia de 19 de noviembre de 2012, rad. 24.897, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Consejo de Estado, Sección Tercera - Sala Plena, rad. 24.897, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 26 de marzo de 2007, rad. AG-250002325000200502206-01, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de febrero de 2006, rad. AG-76001-23-31-000-2002-04789-01, M. P. Germán Rodríguez Villamizar.
Consejo de Estado, Sección Primera, 16 de agosto de 2001, rad. AG-73001-23-31-000-2002-00003-01(AG), M. P. Manuel Santiago Urueta Ayola.
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 9 de abril de 2008, rad. 41.610. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
ARTÍCULO 885. INTERESES SOBRE SUMINISTROS O VENTAS AL FIADO. Todo comerciante podrá exigir intereses legales comerciales de los suministros o ventas que haga al fiado, sin estipulación del plazo para el pago, un mes después de pasada la cuenta.
Consejo de Estado, Sección Tercera - Sala Plena, rad. 24.897, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes:
a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.
b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.
c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 6 de septiembre de 1935; Gaceta Judicial, XLIV, p. 474, citada por la sentencia del 26 de mayo del 2010, Sección Tercera del Consejo de Estado, rad. 29.402, M.P. Gladys Agudelo Ordóñez (e).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009, expediente 35026. C. P. Enrique Gil Botero.
A propósito de los requisitos del enriquecimiento sin causa como fuente de obligaciones, entre muchas otras, se remite a la sentencia del 31 de julio del 2014, rad. 29892, Sección Tercera, Subsección B, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 8 de junio de 2017, exp. 41233. Consejero Ponente. Ramiro Pazos Guerrero.
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