Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2006-03183-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2006-03183-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2006-03183-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 05001-23-31-000-2006-03183-01
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LA ACTORA
DESCONOCIÓ EL RÉGIMEN TARIFARIO PREVISTO POR LA
CREG PARA LOS USUARIOS SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE
LIBERTAD REGULADA, AL CUAL DEBÍA SOMETERSE COMO
PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USUARIOS REGULADOS, AL
APLICAR DESCUENTOS COMERCIALES Y APLAZAR UNA
PARTE DE LA FACTURACIÓN DE UN DETERMINADO PERÍODO
PARA OTRO POSTERIOR, EN CUANTO DEBIÓ DETERMINAR
LAS TARIFAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE
ACUERDO CON LOS CRITERIOS Y LA METODOLOGÍA
ESTABLECIDOS POR LA LEY 142 DE 1994 Y LA RESOLUCIÓN
CREG 031 DE 1997.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 13 de agosto de 2014,
proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia1, por medio de la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
1
En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 05001-23-31-000-2006-03183-01
Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.
I. ANTECEDENTES
I.1.- Las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., a través
de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA,
presentó demanda contra la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS2, en la que formularon
las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Que se decrete la nulidad de las
resoluciones No. 20052400005835 del 05 de abril de 2005
y 20052400012385 del 24 de junio de 2005, mediante las
cuales se impuso y se confirmó respectivamente, una
sanción a las Empresas Públicas de Medellín E.S.P, por
valor cuatrocientos setenta y seis millones ochocientos
setenta y cinco mil pesos M/L ($476.875.000).
SEGUNDA: Como consecuencia de la solicitud de nulidad
que se solicita en el aparte precedente, solicito al H.
tribunal disponer el restablecimiento de derecho,
consistente en declarar que las Empresas Públicas de
Medellín E.S.P no estaban obligadas a pagar dicha multa,
esto es la suma de cuatrocientos setenta y seis millones
ochocientos setenta y cinco mil pesos m.l ($476.875.000),
en razón a que no se han infringido las normas contenidas
en el artículo 88 de la Ley 142 de 1994, ni en los artículos
3 y 13 de la resolución CREG-031 de 1997, ni en el
numeral 1º del artículo 34 de la Ley 142 de 1994, ni
tampoco el artículo 18 de la Ley 256 de 1996, y por tanto
se ordene su devolución a la entidad que represento.
TERCERA: Que se reconozca sobre la cantidad anterior la
correspondiente indexación para mantener su valor
adquisitivo, desde el momento del pago efectuado el día 18
de julio de 2005, hasta la fecha en que se realice
efectivamente su reintegro.
2
En adelante la Superintendencia.
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Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.
CUARTA: Que sobre la suma anterior se reconozca un
interés remuneratorio desde el día en que se consignó y
hasta el momento en que se realice la devolución efectiva
de la misma.
QUINTA: Que se reconozca que los servidores públicos de
las Empresas Públicas de Medellín que profirieron las
decisiones administrativas que dieron lugar a la aplicación
de la sanción impugnada y cuya nulidad se solicita actuaron
conforme al ordenamiento jurídico colombiano, es decir que
su actuación no estuvo viciada, ni de culpa grave ni de
dolo, para los efectos indicados en los artículos 11, 9 y 81.
2 de la Ley 142 de 1994. […]".
I.2.- Como hechos de la demanda, la actora adujo, en síntesis, los
siguientes:
1º. En desarrollo de su objeto social, concretamente, en el campo
de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica
y con el fin de evitar el aumento en el monto de la cartera vencida
del servicio y recuperarla, estableció una política de descuentos
comerciales, la cual tuvo aplicación en el período comprendido
entre septiembre de 2001 y febrero de 2003.
2º. La oferta de descuentos comerciales estaba dirigida a los
usuarios regulados conectados en baja tensión, que pagaran el
valor de los consumos dentro del período fijado y consistía en
disminuir el valor a pagar en el servicio de energía eléctrica, bajo el
entendido de que aplicar descuentos comerciales constituía una
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práctica usual en el comercio de bienes y servicios que no afectaba
la fórmula de calcular el precio, sino el monto a pagar.
3º. Con la misma finalidad aplazó, para un período posterior, el
cobro de parte de los valores correspondientes a los consumos de
los meses de marzo a agosto de 2003, la facturación de una parte
del valor correspondiente a la variación en el Costo Unitario del
servicio de energía eléctrica, resultante de la fórmula tarifaria
vigente para los usuarios del mercado regulado en el nivel de
tensión 1, de manera que el incremento del valor a pagar por el
usuario se mantuviera atado a la inflación, ocurriendo que
posteriormente y dentro del plazo legalmente establecido en el
artículo 150 de la Ley 142 de 11 de julio de 19943, la demandante
reliquidó la diferencia a sus clientes.
4º. Al aplicar la política de descuentos comerciales en el servicio de
energía eléctrica y de aplazamiento del cobro de una parte del
valor de los consumos para uno posterior, a su juicio, no afectó la
fórmula tarifaria establecida de acuerdo con el régimen legal y
regulatorio, esto es, del artículo 3º de la Resolución CREG-031 de 4
3
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
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de abril de 1997 4 , por cuanto tuvo en cuenta todos los
componentes que forman parte del denominado costo unitario, en
la forma que lo dispone la metodología adoptada por la COMISIÓN
DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, -CREG-5.
Que tampoco cobró tarifas inferiores, porque la acción de
aplazamiento del cobro de una parte del valor del consumo afecta
el momento del recaudo, pero no el monto a pagar por los
usuarios.
5º. La Superintendencia, con fundamento en el artículo 16 del
Decreto 990 de 21 de mayo de 2002 6 , solicitó a la demandante
documentación relacionada con la prestación del servicio de
energía eléctrica y por oficio de 14 de octubre de 2004 le comunicó
el inicio de una investigación administrativa y le formuló pliego de
cargos, por infracción a normas, que como prestador del servicio
público domiciliario de energía eléctrica debía acatar.
6º. La Superintendencia en mención, mediante Resolución núm.
20052400005835 de 5 de abril de 2005, sancionó a la empresa
demandante con una multa por valor de $476.875.000, decisión
4
“Por la cual se aprueban las fórmulas generales que permiten a los comercializadores de
electricidad establecer los costos de prestación del servicio a usuarios regulados en el Sistema
Interconectado Nacional”.
5
En adelante la CREG.
6
"Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios".
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confirmada a través de la Resolución núm. 20052400012385
de 24 de junio de 2005. Dicha multa fue pagada por la actora el
18 de julio de 2005.
7º. La empresa actora fue sancionada por la presunta violación de
los artículos 88 de la Ley 142; 3º y 13 de la Resolución GREG-031
de 1997; 34, numeral 1, de la Ley 142; y 18 de la Ley 256 de 15
de enero de 19967.
8º. La Procuraduría General de la Nación adelantó investigación
disciplinaria contra varios funcionarios, quienes fueron absueltos
por archivo del expediente.
I.3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de
los artículos 13, 209, 333, 334, 121 y 365 a 370 de la Constitución
Política; 32, 81, 86, 87 y 88 de la Ley 142; y 3º, 6º, 7º y 8º de la
Ley 143 de 11 de julio de 19948.
En síntesis, sustentó el concepto de violación, así:
7
“Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal”.
8
“Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y
comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan
otras disposiciones en materia energética”.
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. FALSA MOTIVACIÓN
Señaló que resulta paradójico que una actuación conforme a
derecho y en beneficio de los usuarios de un servicio público
domiciliario, constituya el fundamento de una sanción que en
términos de la Ley 142, debería graduarse considerando el impacto
sobre la buena marcha del servicio público, sobreentendiéndose
que la norma se refiere es al impacto negativo y no al positivo que,
por el contrario, debía ser premiado.
Adujo que la Comisión de Regulación no es la que fija la tarifa de
energía eléctrica, toda vez que esa entidad solo establece los
elementos que la componían, y la tarifa la fija el órgano que
estatuariamente tenga atribuida la función en la correspondiente
empresa de servicios públicos domiciliario.
Manifestó que la Superintendencia Delegada confunde los
conceptos "tarifa regulada" con "tarifa intervenida o fijada por
autoridad competente", al igual que "monto facturado" y "monto
recaudado".
Sostuvo que si bien el Estado, por mandato constitucional y legal,
puede intervenir cualquier sector con las finalidades previstas en el
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artículo 334 de la Constitución Política, tal intervención en manera
alguna implica suplantación ni reemplazo de los agentes
económicos en un mercado de competencia.
Indicó que una cosa es que la tarifa esté regulada y otra muy
distinta que esté intervenida o que sea fijada por una autoridad
estatal, sin consideración a las competencias y condiciones
particulares de los agentes económicos.
Explicó que las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. se
encuentran obligadas a facturar la suma a pagar por el servicio
consumido de acuerdo con la tarifa fijada y publicada por la
empresa, de conformidad con la fórmula tarifaria expedida por la
CREG. Sin embargo, ello no significa que la suma recaudada sea
igual, porque para incentivar el pago oportuno se utilizan prácticas
comerciales destinadas a mejorar el ingreso, como lo son los
descuentos comerciales, situación que hizo la entidad, que sin
sacrificar el principio tarifario de suficiencia financiera, invirtió
recursos para contribuir a mejorar las condiciones del mercado y
garantizar así los ingresos futuros, (para lograr el alivio efectivo de
las obligaciones de pago de los usuarios), y prueba de ello son las
proyecciones financieras positivas.
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Precisó que los descuentos comerciales constituyen una práctica
normal y permitida dirigida a enfrentar situaciones difíciles de
mercado, tales como disminuciones en la demanda asociadas al
deterioro de la capacidad de pago de los usuarios.
Expresó que es equivocada la interpretación, según la cual los
descuentos pueden ser una práctica comercial normal en otros
sectores de la economía, pero no en el caso de los servicios
públicos domiciliarios, debido a que este es un sector bajo
intervención del Estado.
Anotó que el régimen de los actos de las empresas que prestan
servicios públicos domiciliarios prescribe que sus actos,
independientemente de su naturaleza jurídica, y salvo lo previsto
por la Constitución Política y la ley, se regirán exclusivamente por
el derecho privado.
Indicó que, ante la ausencia de prohibiciones expresas, los
administradores de toda empresa pueden legítimamente establecer
los objetivos y fijar las estrategias más adecuadas para el logro de
un objeto social determinado o para la consecución de unas
finalidades concretas, que para nada se oponen al ordenamiento
jurídico vigente.
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Adujo como razones de defensa los siguientes: i) El descuento
comercial como mecanismo de gestión del riesgo en empresas de
servicios públicos domiciliarios; ii) los descuentos comerciales y el
régimen tarifario; iii) la legalidad de los descuentos comerciales; y
iv) el aplazamiento de la facturación, con el fin de demostrar que
no infringieron la regulación preexistente.
Sostuvo que no se configuró conducta de competencia desleal,
según lo resuelto por la Superintendencia demandada y con
ocasión a la supuesta omisión de la actora al sometimiento al
régimen de regulación de libertad regulada definida por la CREG; y
que tampoco existió cobro de tarifas diferentes a las publicadas.
Expresó que la multa impuesta se aplicó con desconocimiento del
artículo 81.2 de la Ley 142, porque el impacto de ninguna manera
fue negativo, sino positivo; no había lugar a señalar que existió
reincidencia e impacto en la prestación del servicio, ya que la
actora nunca había sido sancionada por desarrollar conductas
restrictivas de la competencia o competencia desleal, además de
que el impacto en la prestación del servicio fue positivo, en defensa
del mercado regulado de la energía eléctrica y de los usuarios
atendidos por la empresa.
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. DESVIACIÓN DE PODER
Alegó que la Superintendencia utilizó la facultad para sancionar
solamente a una empresa que se comportó como cualquier agente
económico, y como lo hicieron otros competidores, a los cuales no
se les censuró y que incluyeron variables adicionales en la fórmula
para establecer la tarifa.
Expresó que se evidencia la desviación de poder, pues no se utiliza
la facultad para sancionar una conducta censurable sino con otros
fines; y que, si bien no era posible explicitar e individualizar, sí
aparecía demostrada.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Superintendencia, por intermedio de apoderada judicial,
contestó la demanda 9 y para oponerse a la prosperidad de las
pretensiones, adujo que la demandante sí violó el régimen de
libertad regulada, previsto por la CREG, toda vez que revisadas las
tarifas aplicadas a los usuarios residenciales y no residenciales del
mercado regulado, conectados en baja tensión, durante el período
comprendido de septiembre de 2001 a febrero de 2003, se observó
9
Índice 2 del expediente digital SAMAI.
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que no se equiparan con los costos en que incurrió la empresa por
compra de energía, pues, al analizar el expediente, en algunos
casos la diferencia entre la tarifa publicada y la aplicada supera el
valor total del costo de comercialización que la regulación vigente
reconoce al prestador del servicio.
Señaló que la empresa debió someterse al régimen tarifario que
definió la CREG para los usuarios regulados, que para el caso era el
régimen de libertad regulada; que al decidir aplicar en forma
unilateral un "descuento comercial", se apartó de las tarifas que
debía cumplir como prestadora del servicio público domiciliario de
energía eléctrica para usuarios regulados; y que de esta manera
las tarifas aplicadas a los usuarios regulados obedecieron no a los
costos señalados por el regulador, en concordancia con la
Constitución Política y las leyes 142 y 143, sino a intereses,
estrategias y políticas particulares de la empresa, que no la
autorizaban para apartarse del cumplimiento del régimen legal.
Indicó que la empresa supuestamente manifiesta que partió del
régimen tarifario señalado en la regulación, pero que ello no es
cierto, teniendo en cuenta que al introducirle un nuevo concepto no
previsto en la norma se alejó de este, por cuanto la resultante no
era la que se obtenía del régimen tarifario señalado por CREG.
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Agregó que la actora vulneró el principio de suficiencia financiera,
que está implícito en las regulaciones de la CREG, por cuanto no
cubrió los costos económicos en que incurrió la empresa; y que en
algunos casos el "descuento comercial" fue tal, que la demandante
no alcanzó siquiera a recibir remuneración alguna por la actividad
de comercialización de energía eléctrica.
Explicó el alcance de los términos: régimen tarifario, fórmula
tarifaria, tarifa, facturación y pago de los servicios públicos
domiciliarios y, posteriormente, puntualizó que no existe
imprecisión en la utilización de esas acepciones, como lo señaló la
actora, pero que no ahondaba en el tema dado que no se indicó en
qué sentido se había incurrido en la imprecisión.
Advirtió que el "descuento comercial” no puede enmarcarse dentro
de la regulación por incentivos, porque no es cierto que este
sistema busca separar el precio del costo y endosarle a las
empresas el manejo del riesgo de variación de los componentes del
mismo durante cinco años, sino que tiene como propósito
fundamental establecer unos costos eficientes para la prestación
del servicio de energía eléctrica de los usuarios de la zona
interconectada y de esta manera puedan así las empresas
apropiarse de los beneficios de la mayor eficiencia.
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Expresó que cuando la actora hace la diferencia entre valor
facturado y valor pagado, lo único que está haciendo es modificar
el resultado proveniente de la aplicación de la fórmula tarifaria.
Indicó que la empresa, específicamente, para el caso del descuento
comercial, al aplicar este sobre todo el Costo Unitario de prestación
del servicio, lo que está haciendo es otorgar un nuevo subsidio, no
previsto en la Ley ni en la regulación.
Sobre la legalidad de los descuentos comerciales, señaló que la
actora desconoció el marco constitucional y legal de los servicios
públicos y, de manera particular, que el régimen tarifario es un
instrumento de intervención estatal expreso; y que el señalamiento
de un régimen de libertad regulada por las comisiones, para el caso
de un servicio público, busca fines explícitos desde la perspectiva
del derecho de la competencia, esto es, la de regulación de un
monopolio.
Afirmó, en cuanto el aplazamiento de una parte de la facturación
para un período posterior, que no son de recibo las justificaciones
de la demandante, pues, aunque los propósitos pudieron ser
altruistas, la Ley y su regulación son de obligatorio cumplimiento
para la empresa, especialmente, los artículos 88 de la Ley 142 y 3º
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de la Resolución CREG 031 de 1997.
Agregó que el principio de suficiencia financiera es el que está
inmerso dentro del régimen tarifario previsto por la CREG para los
usuarios regulados del sistema interconectado nacional y no el
relativo a los proyectos de inversión ni a ningún otro concepto que
pueda tener la empresa en relación con la suficiencia financiera.
Anotó que la actora manifestó que no era cierto que aplicaban a los
usuarios tarifas diferentes a las publicadas y que los casos
endilgados correspondían al aplazamiento de una parte del valor
correspondiente a la variación en el costo unitario del servicio de
energía eléctrica, valores que en facturas posteriores fueron
recuperados.
Reiteró que, si bien es cierto que las liquidaciones responden a su
política de facturación parcial, dicho política no está prevista ni
autorizada por la legislación ni la regulación, por lo que la actora al
publicar unas tarifas y aplicar otras, realizó un procedimiento no
aceptado, con el cual vulneró también el artículo 13 de la
Resolución CREG 031 de 1997.
II-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
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El Tribunal, mediante sentencia de 13 de agosto de 2014, denegó
las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
argumentos:
Señaló que el problema jurídico consistía en determinar sí la actora
actuó dentro del marco legal y regulatorio en la prestación del
servicio público domiciliario de energía eléctrica, cuando decidió
aplicar una política de "descuentos comerciales" y, en
consecuencia, si la multa, por violación al régimen tarifario,
impuesta por la Superintendencia, se ajustó o no al ordenamiento
jurídico, o si, por el contrario, los actos administrativos acusados se
encuentran viciados por falsa motivación y desviación de poder.
Indicó que para ello debe verificarse si la actora probó dentro del
proceso judicial que la fórmula tarifaria fijada por la CREG no fue
alterada con la aplicación de la política de "descuentos comerciales"
por la demandante, a los usuarios del mercado regulado
conectados en baja tensión.
Expresó que, aunque cada empresa de servicios públicos
domiciliarios es quien establece la tarifa o el costo final del servicio
que presta a sus usuarios, ello lo puede realizar, pero con
fundamento en las fórmulas tarifarias expedidas por la CREG, las
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cuales no pueden ser alteradas por las E.S.P., sin perjuicio de que
la empresa pueda solicitar a dicha autoridad la modificación de sus
tarifas, previa autorización por parte de esta.
Manifestó que la demandante estableció una tarifa inferior al
servicio de energía eléctrica en desarrollo de la denominada política
de "descuentos comerciales", que se refiere una disminución del
monto a pagar por los usuarios, así ella señale que existió un
aplazamiento del cobro de una parte del valor del consumo, para
un período posterior.
Afirmó que la actora, para justificar dicha medida, consideró en que
era necesario un alivio a las cargas en la variación del Costo
Unitario que se generaba a los usuarios del servicio; y que era una
medida eficaz para contrarrestarlo, dado que era una práctica
comercial usual para enfrentar situaciones difíciles de mercado.
Sin embargo, la Superintendencia, luego de la investigación
correspondiente decidió, mediante la Resolución núm.
20052400005835 de 5 de abril de 2005, sancionar a la actora
por violación al régimen tarifario pues estando sometida al régimen
de libertad regulada, infringió los artículos 88 de la Ley 142; 3º y
13 de la Resolución CREG-031 de 1997; y 34, numeral 1, de la Ley
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142 y 18 de la Ley 256, al cobrar tarifas inferiores a las previstas
por la CREG, que repercutieron en otras faltas sobrevinientes,
como aquella relativa a la facturación parcial, competencia
restrictiva y competencia desleal.
Aclaró que las fórmulas tarifarias establecidas por la CREG son
inalterables e inmodificables por iniciativa de las empresas de
servicios públicos, así se contrapongan otras razones de distinta
índole sobre la conveniencia y fines adoptados, sin desconocer la
salvedad que establece el artículo 126 de la Ley 142 para modificar
las fórmulas tarifarias que, en todo caso, se requerirá de un acto
administrativo emitido por la CREG, que así lo autorice.
Señaló que la testigo NUBIA ANGARITA GÓMEZ hizo fiel referencia
a lo consignado en los actos acusados, toda vez que ella fungía
como funcionaria de la Superintendencia demandada.
Estimó que el estudio de la Universidad EAFIT, aportado por la
actora como anexo, no constituye una prueba técnica legalmente
arrimada al proceso, por cuanto la prueba pericial adquiere valor
probatorio únicamente cuando corresponde a un acto procesal, que
fue sometido al principio de contradicción y fue regular y
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legalmente practicado en el proceso, conforme a las reglas
previstas en la ley para el efecto.
Anotó que dicho informe no fue ratificado por quien lo suscribió en
audiencia a instancia del juez, además de que las materias tratadas
en el mismo, como: Modelos Estructurales para la Demanda
Residencial y no Residencial, Fuentes Estadísticas y
Recomendaciones para actualizar la base de datos de fuentes
distintas a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., no
interesan a este proceso, conforme al problema jurídico que se
planteó.
Que tampoco constituye prueba técnica la investigación que
adelantó la Procuraduría General de la Nación frente a los mismos
hechos, por cuanto la mencionada entidad circunscribe su
competencia a asuntos opuestos a los que se debaten.
Puntualizó que en el dictamen pericial, el perito no está llamado a
pronunciarse sobre la cuestión central del presente proceso, pues si
bien realizó sus propias consideraciones frente a los interrogantes
planteados por la actora, también lo es que no atinó a lo que debe
probarse en el proceso, lo cual, se insistió, consiste en determinar
la variación o no de la fórmula tarifaria expedida por la CREG,
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mediante la Resolución 031 de 1997, cuando la demandante
decidió poner en marcha su política de “descuentos comerciales”.
Advirtió que las cuestiones relacionadas con la pertinencia
económica, la suficiencia financiera de la entidad, los objetivos de
la empresa, los impactos negativos o positivos en la prestación del
servicio de energía eléctrica y la ecuación contable respecto a las
utilidades y valor de la venta del servicio no conducen a demostrar
ni a desvirtuar que la fórmula tarifaria establecida por la CREG no
fue modificada por la actora y por lo cual fue sancionada, razón por
la que no se puede acoger el dictamen.
Manifestó que lo anterior significa que los cargos de falsa
motivación y desviación de poder no encuentran soporte
probatorio, toda vez que de las pruebas obtenidas no se deduce
que se desvirtuaron los hechos que fundamentaron la sanción o
fueron apreciados de una manera equivocada, ni tampoco que el
fin buscado con la competencia otorgada a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios no se cumple o que la intención del
funcionario que expidió el acto fue otra.
Recordó que el otorgamiento de subsidios en la prestación de
servicios públicos domiciliarios se encuentra reglado, sin que las
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empresas de servicios públicos puedan disponer la concesión de un
subsidio no previsto en la norma y por fuera de los términos y
condiciones previamente regulados.
Concluyó que los actos acusados fueron expedidos conforme al
ordenamiento jurídico.
III-. RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia
y que, como consecuencia de ello, se declare la nulidad de los
actos acusados10. Para el efecto, sustentó su inconformidad, así:
. FALSA MOTIVACIÓN
Señaló que las decisiones de la Superintendencia fueron expedidas
con desconocimiento de las normas que rigen el régimen tarifario,
dado que su actuación se enmarcó dentro de la normatividad, ya
que en ningún momento alteró la fórmula tarifaria dispuesta por la
Resolución CREG 031 de 1997, lo cual se encuentra demostrado
con el dictamen pericial de AURELIO MUÑOZ, el cual es claro y
contundente al explicar su actuación frente a la política de
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descuentos comerciales, así como la legitimidad y legalidad de
dicha política.
Adujo que las decisiones de la Superintendencia demandada fueron
adoptadas con desconocimiento de las prescripciones contenidas en
el estatuto de los servicios públicos domiciliarios, previsto en la Ley
142.
Alegó que la Comisión de Regulación no es la que fija la tarifa de
energía eléctrica, toda vez que esa entidad solo establece los
elementos que la componen; y la tarifa la fija el órgano que
estatuariamente tenga atribuida la función en la correspondiente
empresa de servicios públicos domiciliarios.
Sostuvo que si bien el Estado, por mandato constitucional y legal,
puede intervenir cualquier sector con las finalidades previstas en el
artículo 334 de la Constitución Política, tal intervención en manera
alguna implica suplantación ni reemplazo de los agentes
económicos en un mercado de competencia.
Indicó que una cosa es que la tarifa esté regulada y otra muy
distinta que esté intervenida o que sea fijada por una autoridad
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estatal, sin consideración a las competencias y condiciones
particulares de los agentes económicos.
Manifestó que al determinar su política de descuentos comerciales
en el servicio de energía eléctrica no afectó la fórmula tarifaria
establecida de acuerdo con el régimen legal; dicha medida estuvo
asociada al cumplimiento de una condición de contenido
determinado; y respetó el ingreso de terceros, por lo que no puede
deducirse de tal proceder censura alguna.
Señaló que el descuento se contabilizó como un gasto de operación
comercial que afectó únicamente los ingresos de la empresa y es
justificable, en la medida en que su establecimiento permitió
mejorar los niveles de recaudo y la disminución de la cartera y, por
ende, el flujo de caja de la entidad, posibilitando la realización de
sus proyectos y la salud y el crecimiento del negocio.
Precisó que se ha sometido al régimen de libertad regulada de
tarifas contenido en la Ley 142 y a las regulaciones de la CREG; y
que las actuaciones relacionadas con el otorgamiento de un
descuento comercial a los usuarios que durante un período
determinado cumplieran la condición de pagar oportunamente sus
tarifas, así como el aplazamiento del cobro de una parte de los
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consumos para un período posterior, se adecuan al marco
normativo vigente en Colombia en materia de servicios públicos
domiciliarios, razón por la cual no pueden considerarse tampoco
como prácticas restrictivas de la competencia en el sector ni
comportamientos calificables como competencia desleal.
Indicó que el descuento comercial no hace parte de la tarifa, se
diferencia de ella y no la afecta, en la medida en que se factura en
su totalidad al usuario, quien tiene la posibilidad de pagar un valor
menor si cumple la condición establecida para que el descuento se
haga efectivo.
Adujo que el régimen de regulación del servicio de energía
eléctrica, al trasladar a las empresas prestadoras toda una serie de
riesgos comerciales de recaudo, demanda, etc., las aboca a aplicar
diferentes clases de mecanismos para la gestión de riesgos del
mercado, entre ellos, el descuento comercial.
Resaltó que debido a la vigencia de cinco (5) años de las fórmulas
tarifarias y el esquema de regulación utilizado (regulación por
incentivos), se generan riesgos para el negocio de distribución, -
comercialización de energía eléctrica-, sobre los cuales las
empresas deben realizar gestión, lo que lleva al terreno de las
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prácticas comerciales comúnmente desarrolladas en cualquier
sector de la economía.
Afirmó que está la alternativa de distinguir entre los conceptos de
valor facturado y valor pagado, que pueden diferir
cuantitativamente, según las circunstancias de modo y tiempo de
realización del pago.
Anotó que en este caso no violó ni modificó el régimen tarifario al
otorgar el descuento comercial; que simplemente adoptó una
práctica comercial normal tendiente a incidir sobre las
circunstancias de tiempo en la realización del pago.
Advirtió que los descuentos comerciales no afectan la tarifa sino la
suma a pagar, en este caso disminuyendo el monto por el
cumplimiento de una condición (pago oportuno); empero que para
la Superintendencia demandada no se modifica la fórmula cuando
se cobran intereses de mora, porque la ley permite su cobro, pero
sí se modifica la fórmula cuando se hace un descuento.
Adujo que ni la Constitución Política ni la ley han prohibido hacer
descuentos comerciales, ni los alcances jurisprudenciales acerca de
las normas aplicables a las empresas prestadoras de servicios
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públicos domiciliarios prohíben el desarrollo de prácticas
comerciales normales en la actividad económica general, incluido
otorgar descuentos por pago oportuno.
Afirmó que elaboró y envió oportunamente las facturas de los
correspondientes períodos, por tanto cumplió con su obligación de
acuerdo con el contrato de condiciones uniformes y, precisamente,
por haberlo hecho, podía válidamente hacer uso de la prescripción
que la habilita para incluir con posterioridad en la facturación
correspondiente a otro período, las sumas dejadas de facturar por
omisión (el aplazamiento de una parte de la facturación para un
período posterior), con la condición de que dicha actuación se
realice dentro de los 5 meses siguientes.
Insistió en que no aplicó un régimen tarifario distinto al vigente en
la regulación, ni usó medios distintos a los que la misma regulación
admite, ni atentó contra el principio de suficiencia financiera,
inmerso en el régimen tarifario de los servicios públicos
domiciliarios, razón por la cual tampoco ha incurrido en prácticas
restrictivas de la competencia.
Explicó que se asignó el descuento comercial únicamente a la
actividad de comercialización, sin considerar que esta se desarrolla
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de manera conjunta con la de distribución, como lo admite la
normatividad vigente; y que los beneficios del descuento comercial
corresponden a un mecanismo de gestión del riesgo que en nada
afecta la tarifa, ya que se encuentra referido al pago.
Señaló que el propósito de la actora con la adopción de las políticas
de descuento comercial y del aplazamiento de la facturación de una
parte de las tarifas reguladas no fue tratar de mejorar su
participación en el mercado de retener la porción del mercado que
en ese momento atendía, ni lograr una ventaja significativa en el
mercado. Su objetivo fue evitar el deterioro en la demanda de sus
usuarios, buscando que los mismos no pasaran a situaciones de
suspensión.
Aclaró que el descuento otorgado no constituyó disminución en la
tarifa, ya que esta se continuó calculando, publicando y aplicando
de acuerdo con la normatividad vigente, lo cual se demuestra con
la liquidación de contribuciones y subsidios y el pago de los
distintos costos inherentes al CU a terceros, que tuvieron en dicha
base.
Manifestó que, si de su comportamiento se logra como efecto el
incremento de ingresos y de cobertura de los demás, no existe
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fundamento jurídico para aplicar una sanción y menos para
imputarle cargos por infracción a las normas de competencia,
máxime cuando los consumidores del servicio optaron por adquirir
los de la competencia, lo cual demuestra que no causó una
distorsión indebida de la clientela, ni afectó los intereses de las
empresas que prestan servicios sustitutos o iguales. Además de
que siempre se ciñó a la normatividad vigente en materia de
prestación de servicios públicos domiciliarios.
Alegó que cobró la tarifa publicada y que la utilización de un
mecanismo de gestión de riesgo, asociado al pago de la cantidad
facturada en diversos momentos, no puede asimilarse a la
modificación de la tarifa.
. DESVIACIÓN DE PODER
Adujo que la entidad demandada fijó la multa con desconocimiento
de lo dispuesto en el artículo 81.2 de la Ley 142, pues no solo se
comprometió la buena marcha del servicio, sino que, por el
contrario, se mejoraron las condiciones de prestación, se brindaron
mejores condiciones al usuario, sin generar perjuicio colateral a
otras personas.
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Indicó que no había lugar a señalar que existió reincidencia e
impacto en la prestación del servicio, puesto que nunca había sido
sancionada por desarrollar conductas constitutivas de prácticas
restrictivas de la competencia o competencia desleal; además
porque la conducta tuvo un impacto positivo en la prestación del
servicio.
Alegó que la demandada actuó por fuera del marco legal, pues
utilizó la facultad para sancionar solamente a una empresa, que se
comportó como lo hicieron otros agentes económicos o
competidores a quienes no se les censuró su conducta.
Anotó que frente a actuaciones similares el órgano de control
asumió comportamientos diferenciales, lo cual evidencia la
desviación de poder, pues utilizó la facultad para sancionar una
conducta censurable con otra finalidad que, si bien no era posible
explicitar e individualizar, sí aparecía demostrada.
IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en
esta instancia, la Superintendencia 11 reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda e indicó que se debe
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confirmar la sentencia de primera instancia, toda vez que su
actuación se desarrolló en el marco de la ley, ya que de las pruebas
obtenidas no se deduce que los hechos en que se fundamentó la
sanción no existieron o fueron apreciados de manera equivocada ni
que el fin otorgado no se hubiera cumplido.
IV.2- Por su parte, el Ministerio Público 12 , a través de Concepto
núm.23-446, solicitó confirmar el fallo apelado al considerar que de
las pruebas que obran en el expediente se pudo constatar que la
actora no se sometió al régimen de regulación de libertad regulada,
establecido por la CREG, porque las tarifas aplicadas a los usuarios
residenciales y no residenciales del mercado regulado conectado en
baja tensión no se equiparan con los costos en que incurrió la
empresa por compra de energía, costo por uso del sistema de
transmisión nacional, costo de distribución, entre otros.
Asimismo, adujo que la actora al aplicar el descuento comercial se
apartó del régimen tarifario, que definió la CREG y que debe
cumplir como prestadora del servicio público domiciliario de energía
eléctrica.
IV.3- En esta etapa procesal, la parte actora guardó silencio.
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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
resoluciones núms. 20052400005835 de 5 de abril de 2005, “Por
la cual se sanciona a una Empresa de Servicios Públicos”, y
20052400012385 de 24 de junio de 2005, “Por la cual se
resuelve un recurso de reposición interpuesto por una
empresa de servicios públicos”, expedidas por la
Superintendencia, mediante las cuales, respectivamente, se
sancionó a la empresa demandante con una multa por valor de
$476.875.000; y resolvió el recurso de reposición interpuesto
contra las anteriores resoluciones, en el sentido de confirmar la
decisión recurrida.
Dicha sanción fue impuesta como resultado de que la actora
incurrió en la violación de los artículos 88 de la Ley 142; 3º y 13 de
la Resolución GREG-031 de 1997; 34, numeral 1, de la Ley 142; y
18 de la Ley 256, por cuanto desconoció el régimen de libertad
regulada, previsto por la CREG, a través de la Resolución CREG-
031 de 1997, para fijar las tarifas a los usuarios residenciales y no
residenciales del servicio público de energía eléctrica, conectados
en baja tensión, durante el período de septiembre de 2001 a julio
de 2003, en cuanto modificó las fórmulas que definió la CREG, al
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aplicar un descuento comercial en el período de septiembre y
noviembre de 2002 y al aplazar la facturación de una parte del
valor correspondiente a la variación en el Costo Unitario del
servicio de energía eléctrica, en el período de febrero de 2003 a
julio de 2003; así como por incurrir en prácticas restrictivas de la
competencia y prácticas de competencia desleal.
Precisado lo anterior, la Sala observa que el a quo denegó las
pretensiones de la demanda, por considerar que los actos acusados
no fueron expedidos con falsa motivación ni desviación de poder.
Por su parte, la apelante insistió en que los actos administrativos
demandados sí se encuentran incursos en dichas causales, por lo
que la Sala procederá a examinarlas, en aras de establecer su
legalidad.
. FALSA MOTIVACIÓN
Para sustentar este cargo, la actora alegó que los actos acusados
fueron expedidos con desconocimiento de las normas que rigen el
régimen tarifario, dado que sus políticas de otorgamiento de
descuento comercial y de aplazamiento de la facturación de una
parte de las tarifas reguladas para un período posterior, se
adecuan al régimen de libertad regulada de tarifas de la Ley 142 y
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a las regulaciones de la CREG, buscaban evitar el deterioro en la
demanda de sus usuarios, no atentaron contra el principio de
suficiencia financiera, razón por la cual dichas actuaciones no
pueden considerarse tampoco como prácticas restrictivas de la
competencia, ni competencia desleal.
Asimismo, adujo que su política de descuentos comerciales en el
servicio de energía eléctrica no modificó la fórmula tarifaria
establecida por la Resolución CREG 031 de 1997, lo cual se
encuentra demostrado con el dictamen pericial de AURELIO
MUÑOZ; que era una práctica comercial normal para la gestión de
riesgos del mercado; que no afectó la tarifa, sino la suma a pagar;
no se encontraba prohibida; ni afectó los intereses de las empresas
que prestan servicios sustitutos o iguales.
En cuanto a la falsa motivación, esta Sección, en sentencia de 14 de
abril de 201613, reiteró los supuestos establecidos en el fallo de 25
de febrero de 2009 14 para la configuración de dicha causal de
nulidad, en el que se señaló lo siguiente:
“[…] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia
cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
abril de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de
febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, núm. único de radicación 85001-23-31-000-
1997-00374-01(15797)
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hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de
la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho
esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien
por error o por razones engañosas o simuladas; iii)
porque el autor del acto le ha dado a los motivos de
hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv)
porque los motivos que sirven de fundamento al acto no
justifiquen la decisión […]”. (Destacado fuera de texto).
Al respecto, cabe mencionar que para la definición de los
regímenes tarifarios es preciso acudir a lo establecido en la Ley
142, “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, la cual en su artículo
14.10 define la libertad regulada, así:
“[...] ARTÍCULO 14. Definiciones. Para interpretar y
aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes
definiciones:
[…]
14.10. Libertad regulada. Régimen de tarifas
mediante el cual la comisión de regulación respectiva
fijará los criterios y la metodología con arreglo a los
cuales las empresas de servicios públicos
domiciliarios pueden determinar o modificar los
precios máximos para los servicios ofrecidos al
usuario o consumidor. […]” (Destacado fuera de texto).
El artículo 87, ibidem, señala como criterio para la fijación de las
tarifas el de suficiencia financiera, conforme al cual las fórmulas
de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos
propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el
mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los
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accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una
empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán
utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la
mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios, de la
siguiente manera:
“[…] ARTÍCULO 87. Criterios para definir el régimen
tarifario. El régimen tarifario estará orientado por los
criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad,
redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y
transparencia.
[…]
87.4. Por suficiencia financiera se entiende que las
fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de
los costos y gastos propios de operación, incluyendo
la expansión, la reposición y el mantenimiento;
permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la
misma forma en la que lo habría remunerado una empresa
eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán
utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que
garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus
usuarios. […]” (Destacado fuera de texto).
Por su parte, los artículos 44 y 45 de la Ley 143 de 1994 también
establecen el principio o criterio del régimen tarifario el de la
suficiencia financiera, que se traduce en la búsqueda de que las
empresas tengan garantizada la recuperación de sus costos de
inversión y sus gastos de administración, operación y
mantenimiento.
De igual manera, el artículo 88 de la Ley 142 prevé lo siguiente:
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“[…] Artículo 88. Regulación y libertad de tarifas. - Al
fijar sus tarifas, las empresas de servicios públicos se
someterán al régimen de regulación, el cual podrá
incluir las modalidades de libertad regulada y
libertad vigilada, o un régimen de libertad, de acuerdo a
las siguientes reglas:
88.1. Las empresas deberán ceñirse a las fórmulas
que defina periódicamente la respectiva comisión
para fijar sus tarifas, salvo en los casos excepcionales
que se enumeran adelante. De acuerdo con los estudios
de costos, la comisión reguladora podrá establecer
topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio
cumplimiento por parte de las empresas; igualmente,
podrá definir las metodologías para determinación de
tarifas si conviene en aplicar el régimen de libertad
regulada o vigilada.
88.2. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas
cuando no tengan una posición dominante en su mercado,
según análisis que hará la comisión respectiva, con base en
los criterios y definiciones de esta Ley.
88.3. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas,
cuando exista competencia entre proveedores. Corresponde
a las comisiones de regulación, periódicamente, determinar
cuando se dan estas condiciones, con base en los criterios y
definiciones de esta Ley. [...]” (Destacado fuera de texto).
Ahora, la Ley 142, en especial, en los capítulos 1 y 2 del título VI, y
el capítulo 5 del título VII (artículo 73.11), y la Ley 143, en
particular, en el artículo 23, asignaron a la CREG la función de
aprobar las fórmulas tarifarias y las metodologías para el cálculo de
las tarifas aplicables a los usuarios regulados.
Por tal razón, la CREG expidió la Resolución 031 de 4 de abril de
1997, “Por la cual se aprueban las fórmulas generales que
permiten a los comercializadores de electricidad establecer
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los costos de prestación del servicio a usuarios regulados en
el Sistema Interconectado Nacional”, que en su artículo 1º
define la libertad regulada, así:
“[…] Artículo 1°. - Definiciones. Para los efectos de esta
resolución se adoptan las siguientes definiciones:
Costo de Prestación del Servicio: Es el costo
económico de prestación del servicio que resulta de
aplicar: a) las fórmulas generales de costos
establecidas en el anexo número uno de esta
resolución, sin afectarlo con subsidios ni
contribuciones, y b) el costo de comercialización
particular aprobado por la Comisión para un
determinado prestador del servicio, de acuerdo con el
anexo número dos de la presente resolución. Sobre el
costo de prestación del servicio se determina el
valor de la tarifa aplicable al suscriptor o usuario.
[…]
Fórmulas Generales para Determinar el Costo de
Prestación del Servicio: Son las ecuaciones que
permiten calcular el Costo de Prestación del Servicio, en
función de la estructura de costos económicos,
independientemente de los subsidios o
contribuciones.
Libertad Regulada: Régimen de tarifas mediante el
cual la Comisión de Regulación de Energía y Gas fija
los criterios y la metodología con arreglo a los cuales
las empresas que presten el servicio público
domiciliario de comercialización de energía eléctrica
pueden determinar o modificar los precios máximos
que cobrarán a los usuarios finales regulados por el
citado servicio. Tales criterios y metodologías se expresan
mediante las fórmulas contenidas en esta resolución. […]”.
Y en sus artículos 3º y 4º dispone:
“[…] Artículo 3°. - Régimen de libertad regulada. Las
tarifas a los usuarios finales regulados se someterán
al régimen de libertad regulada definido en el
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Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.
numeral 10 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 y en
esta resolución.
Toda persona que preste el servicio público de
comercialización de electricidad, bajo el ámbito de
aplicación de esta resolución, determinará el costo
máximo de prestación del servicio dando aplicación a
las fórmulas generales de costos establecidas en el
anexo número uno de esta resolución y al costo base
de comercialización que específicamente le apruebe
la Comisión. Con base en el costo que así determine,
el prestador del servicio de energía eléctrica
establecerá las tarifas y cargos que puede cobrar a
los usuarios. […]
Artículo 4o.- Vigencia del régimen de libertad
regulada. Cada comercializador de electricidad podrá
aplicar el régimen de libertad regulada a partir de la fecha
en que empiecen a regir las fórmulas generales de costos
establecidas en esta resolución y, además, se encuentre en
firme el acto administrativo particular mediante el cual la
Comisión apruebe el costo base de comercialización
aplicable por el respectivo prestador del servicio.
Las fórmulas generales de costos y la metodología
para determinar el costo base de comercialización,
regirán por cinco años contados a partir del primero
(1º) de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre del
año 2002.
Vencido el período de vigencia de las fórmulas de costos y
de la metodología de determinación del costo base de
comercialización, continuarán rigiendo mientras la Comisión
de Regulación de Energía y Gas no fije las nuevas. […]”
(Destacado fuera de texto).
De conformidad con lo anterior, las empresas de servicios públicos,
al fijar sus tarifas, se deben someter al régimen de libertad
regulada y libertad vigilada, para lo cual deben ceñirse a las
fórmulas que defina periódicamente la CREG, así como a los
criterios y la metodología que ella fije, para poder determinar o
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Número único de radicación: 05001-23-31-000-2006-03183-01
Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.
modificar los precios máximos para los servicios ofrecidos al
usuario o consumidor.
En el caso bajo examen, las EMPRESAS PÚBLICAS DE
MEDELLÍN E.S.P. estaban sometidas al régimen de libertad
regulada, señalado en la Ley 142 y la Resolución 031 de 1997,
según la cual la CREG fijó los criterios y la metodología con arreglo
a los cuales las empresas establecerán el costo máximo de
prestación del servicio dando aplicación a las fórmulas generales de
costos establecidas en el anexo número uno de dicha resolución y
al costo base de comercialización que específicamente le apruebe la
Comisión, sin que les fuera aplicable el derecho privado y, en tal
sentido, pudieran fijar tarifas contrarias a ese régimen.
Las referidas fórmulas generales de costos y la metodología para
determinar el costo base de comercialización, aplicables a la
actora, regían por un período de vigencia de cinco años contados a
partir del 1º de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre del año
2002, el cual vencido continuaba rigiendo mientras la CREG no
fijara las nuevas.
Cabe mencionar que el Costo de Prestación del Servicio es el
costo económico de prestación del servicio que resulta de aplicar:
a) las fórmulas generales de costos establecidas en el anexo
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número uno de esta resolución, sin afectarlo con subsidios ni
contribuciones, y b) el costo de comercialización particular
aprobado por la Comisión para un determinado prestador del
servicio.
En el Anexo número Uno se establecieron las fórmulas generales de
costos, de la siguiente manera:
“[...] FÓRMULAS GENERALES DE COSTOS
1. COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
Los costos de prestación del servicio están definidos en forma
unitaria ($/kWh), y están asociados con los costos que enfrenta la
empresa en desarrollo de su actividad de comercialización.
2. COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El costo unitario monomio está dado por la siguiente fórmula:
donde:
n: Nivel de tensión.
m: Es el mes para el cual se calcula el costo unitario de prestación
del servicio.
t: Años transcurridos desde el inicio de la aplicación de la fórmula
(t= 0, 1, 2, 3, 4)
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z: Zona eléctrica a la cual pertenece el comercializador, de acuerdo
con la metodología vigente para los cargos por uso del Sistema de
Transmisión Nacional.
CUn,m,t Costo unitario de prestación del servicio ($/kWh) para los
usuarios conectados al nivel de tensión n, correspondiente al
mes m del año t.
Gm,t Costos de compra de energía ($/kWh) conforme al numeral
2.1.
T m,t,z Costo promedio por uso del STN ($/kWh) correspondiente al
mes m del año t en la zona z, conforme al numeral 2.2.
D n,m Costo de distribución ($/kWh) correspondiente al nivel de
tensión n para el mes m, conforme al numeral 2.3.
O m,t Costos adicionales del mercado mayorista ($/kWh),
correspondiente al mes m del año t, conforme al numeral 2.4
PR n,t Fracción (o Porcentaje expresado como fracción) de pérdidas
de energía acumuladas hasta el nivel de tensión n, reconocidas
para el año t, conforme al numeral 2.5
C m,t Costo de comercialización ($/kWh) correspondiente al
mes m del año t, conforme al numeral 2.6
Las equivalencias entre los costos monomios aquí establecidos y
los costos correspondientes a otras opciones tarifarias que los
comercializadores pueden ofrecer a sus usuarios, serán
establecidas por la Comisión en resolución separada.
2.1 Costos de compra de energía.
[…]
2.2 Costo promedio por uso del STN.
Es el promedio anual del costo de transmisión que enfrenta el
comercializador, de acuerdo con los cargos aprobados para el
Sistema de Transmisión Nacional, actualizados al mes m del año t
en la zona z.
2.3 Costo de Distribución.
Es el cargo aprobado para el nivel de tensión n del sistema de
distribución respectivo, actualizados al mes m del año t.
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2.4 Costos adicionales del mercado mayorista.
Los Costos Adicionales del Mercado Mayorista Oa corresponden a
las contribuciones que deben hacer los agentes a la CREG y a la
SSPD, los costos asignados a los comercializadores por
restricciones y servicios complementarios, y la remuneración del
Centro Nacional de Despacho, los Centros Regionales de Despacho
y del Administrador del SIC. Estos costos se calculan directamente
en proporción a los kWh vendidos […]
2.5 Fracción reconocida para cubrir pérdidas.
Es un valor que representa la fracción (o porcentaje expresado en
forma de fracción) del costo de prestación del servicio en la
fórmula por kWh facturado, imputable sólo a las compras y al
transporte por el STN, asociado con el efecto de las pérdidas
(técnicas o no técnicas) acumuladas hasta el nivel de tensión n. Es
un parámetro único definido por la CREG por un valor inicial P0para
todos los comercializadores en el nivel de tensión I, el cual se
reduce anualmente en forma escalonada hasta un valor final Pf de
acuerdo con la ecuación (lineal en t que varía en forma discreta),
[…]
2.6 Costos de comercialización.
Mediante este cargo se reconocerán los costos máximos asociados
con la atención de los usuarios regulados, con un esquema que
incentive la eficiencia de las empresas,
[…]
2.7 Costos de conexión y otros cobros […]”.
Conforme la anterior fórmula, el Costo Unitario de Prestación
del Servicio (CU) de los usuarios regulados se encuentra
relacionado con los costos económicos de: compra de energía
(numeral 2.1); transmisión (numeral 2.2); distribución (numeral
2.3); adicionales del mercado mayorista (numeral 2.4); fracción de
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pérdidas de energía reconocidas (numeral 2.5); comercialización
(numeral 2.6).
En el presente caso, como se puso de presente, la actora al estar
sometida al régimen de libertad regulada debía determinar las
tarifas por el servicio de energía de acuerdo con los criterios y la
metodología establecidos por la Ley 142 y por la CREG, en la
Resolución 031 de 1997.
Empero, contrario a ello, la demandante no se sometió al régimen
de libertad regulada y desconoció el régimen tarifario previsto por
la CREG para los usuarios regulados, al cobrar tarifas inferiores a
las previstas por la CREG, en cuanto aplicó descuentos comerciales
y aplazó una parte de la facturación de un determinado período
para otro posterior. A partir de ambas actuaciones, la entidad
demandada concluyó la configuración de prácticas restrictivas de la
competencia y competencia desleal.
DESCUENTOS COMERCIALES
La Sala considera que cuando la actora estableció su política de
descuento comercial adicionó un concepto o una variable nueva o
adicional a la fórmula tarifaria (que la modificó), que no está
prevista en la ley o en la regulación.
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Cabe mencionar que de conformidad con el artículo 92 de la Ley
142, en las fórmulas de tarifas las comisiones de regulación
garantizarán a los usuarios a lo largo del tiempo los beneficios de la
reducción promedio de costos en las empresas que prestan el
servicio; y, al mismo tiempo, darán incentivos a las empresas
para ser más eficientes que el promedio, y para apropiarse
los beneficios de la mayor eficiencia.
Al respecto, se observa que la regulación por incentivos busca que
las empresas obtengan mayores beneficios para sí o para sus
usuarios con la búsqueda de costos menores y más eficientes, a
través de las variables Gm, T, Dn,m o Cm,t, pero no permite
adicionar nuevas variables a la fórmula, en la forma de un nuevo
subsidio o adicionando una variable o concepto nuevo a la fórmula
tarifaria.
Es decir, el legislador sí estableció unos incentivos que pueden
disminuir las tarifas dentro la fórmula tarifaria y a esos debe
someterse la empresa, sin poder crear incentivos adicionales, por
fuera de la fórmula tarifaria señalada en la Resolución CREG 031 de
1997.
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Para el efecto, es del caso traer a colación nuevamente la fórmula
de costo unitario de prestación de servicio, que dice así:
Dicha fórmula permite o faculta a los comercializadores o empresas
disminuir las tarifas (aplicar un valor inferior) a los usuarios finales
regulados, si demuestran que tienen costos más eficientes que los
señalados por el regulador, de conformidad con el artículo 5º de la
citada Resolución CREG 031 de 1997, que prevé:
“[…] Artículo 5o. Naturaleza del costo de prestación
del servicio. El costo unitario que resulta de aplicar la
fórmula general de costos junto con el costo base de
comercialización del respectivo prestador del servicio, es un
costo máximo para cada una de las opciones tarifarias, que
faculta al comercializador para aplicar un valor
inferior, si tiene razones económicas comprobables
que expliquen la existencia de costos inferiores. En
todo caso al aplicar el régimen tarifario de libertad regulada
el comercializador deberá cumplir el principio de
neutralidad establecido en el artículo 87.2 de la Ley 142 de
1994 y los demás principios y normas que orientan el
régimen tarifario, según las leyes. […]” (Destacado fuera
de texto).
En otras palabras, la fórmula tarifaria contiene en si misma los
incentivos que pueden permitir una disminución de las tarifas,
toda vez que el citado artículo 5º establece que se faculta al
comercializador para aplicar un valor inferior, si tiene razones
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económicas comprobables que expliquen la existencia de costos
inferiores, esto es, si demuestra que tiene costos menores y más
eficientes que los señalados por el regulador.
Por consiguiente, el comercializador o la empresa sí puede
disminuir las tarifas al usuario final de conformidad con la señalado
en la fórmula tarifaria sin modificarla y sin incurrir en violación del
régimen tarifario, si obtiene precios inferiores al promedio del
mercado, al comprar la energía y al incrementar la productividad
de las operaciones o actividades asociadas con los costos de
distribución y comercialización15 por encima de los costos eficientes
señalados por el regulador.
Sin embargo, no pueden existir incentivos fuera de la fórmula
tarifaria, por lo que la actora al disponer un descuento comercial
que afecta directamente la totalidad del CU (costo unitario) y que
no se encuentra cobijado dentro de los incentivos que pueden
permitir la disminución de las tarifas, adicionó una variable nueva o
adicional a la fórmula tarifaria, -que la modificó-, o creó un nuevo
incentivo, no previsto en la ley o en la regulación.
15
El Costo Unitario de Prestación del Servicio (CU) de los usuarios regulados se encuentra
relacionado con los costos económicos de: compra de energía; transmisión; y comercialización.
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Al efecto, se resalta que el descuento comercial, al no encontrarse
cobijado dentro de los incentivos de la fórmula tarifaria prevista por
la CREG, no puede considerarse como un incentivo que puede
enmarcarse dentro la regulación de incentivos y, por ende,
constituye una variable adicional que modifica la fórmula tarifaria y
el régimen de libertad regulada.
Además, la Sala observa que el regulador, a través de la
Resolución CREG núm. 031 de 1997, al determinar la fórmula de
costo base de comercialización para un determinado prestador
del servicio, en el anexo número dos de dicha resolución, incluyó
los riesgos así:
“[…] 2. Costo Base de Comercialización:
a) Sobre el Costo de Comercialización eficiente obtenido
para cada comercializador, se establece un margen del
15%.
b) El margen del 15% cubre tanto los riesgos de la
actividad de Comercialización como el retorno del
capital comprometido. […]” (Destacado fuera de
texto).
De manera, que el descuento comercial aplicado por la actora no
es un mecanismo para manejar o gestionar el riesgo, que a juicio
de la demandante, la CREG les trasladó a las empresas, por cuanto
la Comisión, a través de su regulación, buscaba que las empresas
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tuvieran mayores eficiencias y menores costos; y la fórmula
tarifaria, establecida por el mencionado regulador, como se dijo,
contiene mecanismos idóneos y legales para manejar dicho riesgo,
así como incentivos autorizados para recuperar los costos o
disminuir los costos, sin tener que acudir a subsidios no
autorizados o no incluidos dentro de la fórmula tarifaria, como lo
son los descuentos comerciales.
Por lo tanto, el descuento comercial aplicado por la actora no está
comprendido dentro de la regulación por incentivos ni corresponde
a un mecanismo para la gestión de riesgo, sino que constituye una
variable adicional que modifica o afecta la fórmula tarifaria, viola el
régimen de libertad regulada.
Lo anterior, habida cuenta que las fórmulas establecidas por la
CREG permiten o facultan a los comercializadores o empresas a
disminuir las tarifas (aplicar un valor inferior) a los usuarios finales
regulados, si demuestran que tienen costos más eficientes que los
señalados por el regulador, de conformidad con el artículo 5º de la
citada Resolución CREG 031 de 1997, como se puso de presente
anteriormente.
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Empero, las empresas prestadoras de servicios públicos de energía
eléctrica, como la actora, no les está autorizado crear subsidios
adicionales, por cuanto se afectaría o modificaría el régimen
tarifario fijado por la ley y el regulador, y se desconocería
especialmente el principio de suficiencia financiera, que busca que,
a través de las fórmulas tarifarias, las empresas tengan
garantizada la recuperación de sus costos de inversión y sus gastos
de administración, operación y mantenimiento.
En efecto, para la Sala, contrario a lo aducido por el apelante, sí se
afectó el principio de suficiencia financiera, al adicionar una
variable, como el descuento, el cual no está contemplado en la
fórmula tarifaria prevista en la Resolución CREG 031 de 1997,
porque al establecer ese descuento se estaban cobrando unas
tarifas inferiores a las que resultan de aplicar a la referida fórmula
tarifaria, establecida por la CREG, con lo cual la empresa actora no
pudo cubrir o recuperar los costos económicos en que incurrió por
la comercialización de energía eléctrica.
Asimismo, la Sala considera que también se incurrió en prácticas
restrictivas de la competencia, habida cuenta que según consta en
el primer considerando del Decreto núm. 1131 de 9 de abril de
2001, expedido por el Gerente General de la EPM, el objetivo del
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descuento comercial aplicado era que “las tarifas de los servicios
públicos que presta la Entidad sean las más bajas del país en
términos comparables con los de otras empresas”, lo cual pone en
evidencia un efecto de atentar contra el derecho a la competencia o
de restringir en forma indebida la competencia, de conformidad con
la prohibición, prevista en el artículo 34 (34.1) de la Ley 142 de
199416, frente a los demás comercializadores de energía eléctrica
que sí aplicaban el régimen tarifario y que sí eran competidores, a
fin de mantener su posición en el mercado de usuarios regulados
en el área de influencia.
Como se puede observar, ciertamente, la decisión de la actora de
alejarse del régimen tarifario establecido por la CREG para
disminuir las tarifas a sus usuarios (con la aplicación de descuento
comercial) sí tuvo un efecto concurrencial frente a los demás
comercializadores de energía eléctrica que sí aplicaban el régimen
tarifario y que eran sus competidores o potenciales competidores.
De manera, que el descuento comercial aplicado por la actora sí
tuvo la capacidad y el efecto de restringir la competencia, en los
16
“[…] ARTÍCULO 34. Prohibición de prácticas discriminatorias, abusivas o restrictivas. Las
empresas de servicios públicos, en todos sus actos y contratos, deben evitar privilegios y
discriminaciones injustificados, y abstenerse de toda práctica que tenga la capacidad, el propósito o
el efecto de generar competencia desleal o de restringir en forma indebida la competencia.
Se consideran restricciones indebidas a la competencia, entre otras, las siguientes:
34.1. El cobro de tarifas que no cubran los gastos de operación de un servicio […]”.
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términos de la prohibición general señalada del artículo 34 (34.1)
de la Ley 142.
En otras palabras, la política de descuentos comerciales de la
actora corresponde a estrategias y políticas particulares de la
empresa, que no la autorizaban para apartarse del cumplimiento
del régimen tarifario que definió la CREG para los usuarios del
régimen de libertad regulada y que afectaron los intereses de las
otras empresas que prestaban servicios sustitutos o iguales y que,
por ende, no demostraban un respeto al ingreso de terceros al
mercado.
En tal sentido, debe ponerse de presente que dicho descuento
comercial también constituye una práctica desleal, como lo señaló
la Superintendencia demandada, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 1817 de la Ley 256 de 15 de enero de 199618, que afecta
tanto el interés particular como el interés general.
Lo anterior, habida cuenta que según la citada disposición se
considera desleal la efectiva realización en el mercado de una
ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante
17
“[…] Artículo 18. VIOLACIÓN DE NORMAS. Se considera desleal la efectiva realización en el
mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de
una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa. […]” (Destacado fuera de texto).
18
“Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal.”.
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la infracción de una norma jurídica, y que, en efecto, en este caso
se creó una ventaja competitiva frente a los demás
comercializadores de energía eléctrica que sí aplicaban el régimen
tarifario y que sí eran competidores, cuando la actora aplicó el
referido descuento que modificó el régimen tarifario.
De ahí que no sea cierto cuando la actora adujo que al aplicar el
descuento adoptó una práctica comercial normal tendiente a incidir
sobre las circunstancias de tiempo en la realización del pago.
Ahora, se debe precisar, como lo sostuvo la Superintendencia, que
no se modifica la fórmula cuando se cobran intereses de mora,
porque la Ley 142 de 1994, en su artículo 96, permite su cobro 19,
pero sí se modifica la fórmula cuando se aplica un descuento, toda
vez que la ley ni la regulación de la CREG en ninguna parte
autoriza aplicar subsidios adicionales a los legales (establecidos por
la ley), en forma de descuentos, máxime cuando ello implica
modificar el régimen tarifario (la fórmula tarifaria), como se ha
indicado antecedentemente.
19
“Artículo 96. Otros cobros tarifarios.
[…] En caso de mora de los usuarios en el pago de los servicios, podrán aplicarse intereses de mora
sobre los saldos insolutos, capitalizados los intereses, conforme a lo dispuesto en la Ley 40 de 1990
[…]”.
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Ahora, en cuanto al dictamen pericial de AURELIO MUÑOZ20, que, a
juicio del apelante, demostró que la política de descuentos
comerciales en el servicio de energía eléctrica no modificó la
fórmula tarifaria establecida por la Resolución CREG 031 de 1997,
la Sala observa que en dicho dictamen el perito sostuvo lo
siguiente:
“[…] Puedes leer y apreciar que en ningún momento el
descuento altera o modifica el valor de la venta.
Cualquier política que adopte el acreedor para recuperar el
valor del servicio se mueve entre la cuenta por cobrar y el
banco y el valor del descuento se contabiliza como un gasto.
Desplegar una estrategia de recaudo de cartera no es
competencia desleal (Ley 256 de 1996) pues lo que se
busca es recuperar el valor del servicio prestado. La
consecución del cliente o del usuario para que compre ya
está hecha; aquí no se está buscando nuevos usuarios que
sería el motivo para pensar en una maniobra Non Santa para
captar nuevos usuarios.
[…]
En cuanto a la exégesis dada por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios a la Resolución CREG- 031 de
1997 de no admitir variación en el procedimiento utilizado
por las EEPP de MM, es uno de los puntos que se debate en
este estrado con la decisión del Magistrado Ponente. […]”
(Destacado fuera de texto).
Al respecto, la Sala considera que dicho dictamen no servía para
descartar o desvirtuar si la política de descuentos comerciales en el
servicio de energía eléctrica modificó la fórmula tarifaria
establecida por la Resolución CREG 031 de 1997 y/o desconoció el
20
Índice 2 del expediente digital SAMAI.
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Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.
régimen tarifario previsto en la citada resolución, en cuanto se
trataba de un asunto de derecho, que debía ser definido por esta
jurisdicción.
Al efecto, es del caso advertir que de acuerdo con el artículo 236,
numeral 1, del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 226 del
Código General del Proceso, el dictamen pericial resulta
improcedente para verificar dichos aspectos o puntos de derecho,
que son competencia de esta jurisdicción al momento de definir el
asunto.
Por lo tanto, dicha prueba no sirve para desvirtuar que la política
de descuentos comerciales en el servicio de energía eléctrica
modificó la fórmula tarifaria establecida por la Resolución CREG
031 de 1997.
APLAZAMIENTO DE LA FACTURACIÓN PARA UN PERÍODO
POSTERIOR
Respecto al aplazamiento de la facturación para un período
posterior, se tiene que si bien la empresa elaboró y envió las
facturas, también lo es que el valor facturado no se realizó de
forma completa, sino parcial, ya que el valor facturado no
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correspondió con los costos económicos de: compra de energía,
transmisión nacional, distribución, costos adicionales del mercado
mayorista, fracción de pérdidas de energía reconocidas y de
comercialización en que incurrió la empresa, que se encuentran
asociados al Costo Unitario de Prestación del Servicio (CU) de
los usuarios regulados, según lo reportado y publicado por esta.
Para la Sala, es cierto conforme lo señaló la entidad demandada,
que no se podían aplicar parcialmente las tarifas, toda vez que de
acuerdo con la fórmula general de costos, establecida en el Anexo
núm. uno de la Resolución CREG 031 de 1997, el Costo Unitario de
Prestación del Servicio (CU) debía calcularse para el mes (m),
estos es, mensualmente, y no se podía efectuar el cálculo para
algunos días del mes (m), y aplazar el cálculo de los restantes días
para otro mes, por cuanto esta situación no se encuentra prevista
ni autorizada por el regulador, en la referida fórmula, que dice así:
donde:
m: Es el mes para el cual se calcula el costo unitario de
prestación del servicio.
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Además de lo anterior, se debe advertir que la aplicación parcial de
la tarifa a un usuario regulado, al igual que los descuentos
comerciales, no se encuentran contempladas dentro del régimen
del servicio público domiciliario de electricidad, previsto en las
leyes 142 y 143, ni en la regulación expedida por la CREG, vigente
para la época de los hechos, - Resolución CREG 031 de 1997-, ni
en el Anexo núm. 01 de dicha resolución, por el cual se
establecieron las fórmulas generales de costos para el cálculo de
las tarifas, sin perder de vista que la actora al estar sometida a un
régimen tarifario de libertad regulada para usuarios regulados,
debía calcular las tarifas con estricta sujeción a las fórmulas y
metodología previstas por la CREG.
Al efecto, es del caso aclarar que si bien es cierto que la actora
podía fijar las tarifas de energía eléctrica y no la Comisión de
Regulación, como lo adujo la actora, también lo es que la
demandante debía calcular las tarifas con estricta sujeción a las
fórmulas y metodología previstas por la CREG.
En efecto, la empresa al aplicar un descuento comercial, así como al
aplicar de manera parcial la tarifa a un usuario regulado, se apartó
del régimen tarifario que definió la CREG para los usuarios regulados
bajo el régimen de libertad regulada, al cual debía someterse como
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prestadora del servicio público domiciliario de energía eléctrica para
usuarios regulados, por cuanto las tarifas aplicadas a los usuarios
regulados no correspondieron con los costos de compra de energía,
costo por uso del sistema de transmisión nacional, costo de
distribución, costos adicionales de mercado mayorista, fracción de
pérdidas de energía reconocidas y costo de comercialización en los
que incurrió la empresa; sino a los intereses, estrategias y políticas
particulares de la empresa.
En este orden de ideas, esta Sala no encuentra que se presente
ninguno de los supuestos para la configuración de la causal de
nulidad por falsa motivación, habida cuenta que los actos acusados
contienen tanto la fundamentación fáctica como jurídica, los
supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la
Superintendencia demandada no dio un alcance diferente a los
hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en
la motivación y la decisión adoptada por la entidad mencionada, en
cuanto se demostró que la actora desconoció la Ley 142 y el
régimen tarifario previsto por la CREG para los usuarios sometidos
al régimen de libertad regulada, al cual debía someterse como
prestadora del servicio público domiciliario de energía eléctrica para
usuarios regulados, al aplicar descuentos comerciales y aplazar una
parte de la facturación de un determinado período para otro
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posterior, en cuanto debió determinar las tarifas por el servicio de
energía de acuerdo con los criterios y la metodología establecidos
por la Ley 142 y por la CREG, en la Resolución 031 de 1997.
. DESVIACIÓN DE PODER
Expresó que la entidad demandada fijó la multa con
desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 81.2 de la Ley 142,
ya que la actora se comprometió a la buena marcha del servicio; se
mejoraron las condiciones de prestación del servicio; su conducta
tuvo un impacto positivo y no existió reincidencia e impacto en su
prestación.
Además, indicó que la demandada actuó por fuera del marco legal,
dado que utilizó la facultad para sancionar una conducta censurable
con otra finalidad, pues sancionó solamente a una empresa, a
pesar de que se comportó como lo hicieron otros agentes
económicos o competidores, a quienes no se les censuró su
conducta.
Respecto del cargo referente a la desviación de poder, la Sala
estima que no está llamado a prosperar, pues las consideraciones
expuestas en este acápite son válidas para demostrar que la
entidad demandada al expedir los actos acusados actuó conformidad
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con los fines previstos en la Ley, esto es, las normas sobre el
régimen tarifario para los usuarios sometidos al régimen de libertad
regulada, al cual debía someterse la actora como prestadora del
servicio público domiciliario de energía eléctrica para usuarios
regulados.
Además, de que la mencionada entidad no actuó por fuera del
marco legal, al sancionar solamente a la actora y no sancionar a
otros agentes económicos o competidores, que a juicio del
apelante, se comportaron igual a la actora, pues no fue probado en
el proceso el hecho de que esos otros agentes o competidores,
hayan cometido la misma conducta imputada a la demandante, o
que pese a haber sido investigados no hayan sido sancionados.
Ahora, en cuanto a que la entidad demandada fijó la multa con
desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 81.2 de la Ley 142,
es del caso traer a colación los razonamientos señalados en la
Resolución núm. SSPD 20052400005835 de 2005, acusada,
para fundamentar dicha sanción, a saber:
“[…] Que como consecuencia de todo lo anterior, este
Despacho procederá a aplicar sanción pecuniaria a
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P., la cual se
graduará teniendo en cuenta que la empresa con
anterioridad no ha sido sancionada por los mismos
hechos, y, entre otros, con fundamento en el análisis
de los siguientes impactos de las infracciones en las
cuales incurrió la empresa:
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Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.
• Vulneración del régimen de libertad regulada establecido
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas para
usuarios regulados de la zona interconectada. Con ello se
apartó del mandato constitucional previsto en el artículo
367 Superior, según el cual la prestación de los servicios
públicos] debe estar atada a sus costos y de lo dispuesto
sobre el tema tarifario por las Leyes 142 y 143 de 1994,
• La empresa atentó, adicionalmente, contra el derecho
colectivo de la libre competencia económica, como se
dispuso en el artículo 88 de la Constitución Política.
Además, es de anotar que con la Carta Política de 1991 se
eleva a rango constitucional la libertad de competencia. En
el artículo 333 Superior, se consagra que la libre
competencia es un derecho de todos que supone
responsabilidades y que la empresa, como base del
desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones
y que es el Estado, en este caso a través de esta
Superintendencia, el llamado a impedir que se obstruya o
se restrinja la libertad económica.
• La empresa igualmente afectó uno de los derechos
sociales, económicos y culturales, previsto en el capítulo 2
del Título II de la Constitución Política: De los Derechos, las
Garantías y los Deberes, a saber la propiedad privada. En
el artículo 58 Superior se dispone que la propiedad es una
función social que implica obligaciones, aspecto
desarrollado a través del artículo 11 de la Ley; 142 de
1994, en el que se establece que para cumplir con la
función social de la propiedad, pública o privada, las
entidades que presten servicios públicos tienen entre otras
obligaciones la siguiente: “11.2. Abstenerse de prácticas
monopolísticas o restrictivas de la competencia, cuando
exista, de hecho, la posibilidad de competencia”.
Igualmente, atentó contra el interés general, al infringir las
normas de competencia.
La proporcionalidad de la sanción va encaminada a
reprender la actuación de prestador, buscando con
ella representar la justa y equitativa medida entre la
conducta legal y su impacto negativo respecto a los
bienes jurídicos tutelados. Por ello, esta
Superintendencia ejerce un control de oportunidad
dentro de los límites razonables, en el entendido que
los fundamentos para imponer la sanción
comprenden la incidencia que tuvo respecto de la
vulneración de los intereses protegidos.
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Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.
El juicio de proporcionalidad de la sanción es
necesariamente individual y la sanción que se impone
guarda total simetría con el comportamiento de sujeto.
Efectivamente, el Despacho resuelve cada caso de acuerdo
con la relación existente entre la falta cometida y la sanción
a imponer, para lo cual cuenta con el respaldo del artículo
81 de la ley 142 de 1994. […]” (Destacado fuera de texto).
Sobre el particular, cabe mencionar que la posibilidad de imponer
dicha sanción se halla prevista en el artículo 81 de la Ley 142 de
1994, que señala lo siguiente:
“[…] La Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones
a quienes violen las normas a las que deban estar
sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la
falta:
81.1. Amonestación.
81.2. Multas hasta por el equivalente a Dos Mil (2.000)
salarios mínimos mensuales. El monto de la multa se
graduará atendiendo al impacto de la infracción
sobre la buena marcha del servicio público, y al
factor de reincidencia. Si la infracción se cometió
durante varios años, el monto máximo que arriba se
indica se podrá multiplicar por el número de años. (…)
las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la
atención de programas de inversión social en materia de
servicios públicos. […].” (Destacado fuera de texto).
De acuerdo con la norma transcrita, las diferentes sanciones que
puede aplicar la Superintendencia dependen de la naturaleza y
gravedad de la falta cometida. La multa debe graduarse
atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha del
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Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.
servicio público y al hecho de si el administrado es reincidente o
no.
Así pues, al imponer cualquiera de las sanciones previstas en el
artículo 81 de la Ley 142, la Administración actúa en ejercicio de su
facultad discrecional que, de acuerdo con el artículo 36 del Código
Contencioso Administrativo21, implica que la misma sea adecuada a
los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos
que le sirven de causa.
Para mayor ilustración de los aspectos generales atinentes al
asunto controvertido, la Sala considera pertinente traer a colación
el Concepto núm. 5 de 7 de enero de 2009, en el que la
Superintendencia precisó, respecto a la gradualidad de las
sanciones que puede imponer con base en el artículo 81 de la Ley
142, lo siguiente:
“[…] 3.- Cómo se mide la gravedad de la falta cometida
por el prestador? ¿A qué se refiere el criterio de
naturaleza de la falta? ¿Qué tipos de falta existen? ¿Cuál
es, la clasificación según la naturaleza de la falta, cómo se
ordenan las faltas según su gravedad, entre qué rangos
se mueve la superintendencia para imponer las sanciones
pecuniarias para cada falta?
La Ley 142 de 1994 le otorgó en el artículo 81 a la
Superintendencia la competencia de sancionar a los
21
“[…] ARTICULO 36. DECISIONES DISCRECIONALES. En la medida en que el contenido de una
decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma
que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa. […]”.
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prestadores de servicios públicos domiciliarios o
actividades complementarias de estos, que violen las
normas a las que deben estar sujetas, fijando como
criterios únicos de graduación sancionatoria los de la
naturaleza y la gravedad de la falta. Se observa que la ley
no dosifica las sanciones imponibles para cada falta, sino
que faculta al funcionario competente para evaluar
en cada caso particular la naturaleza de la falta y la
gravedad de la misma.
Corresponde entonces al sancionador, determinar
cuál es la sanción adecuada y proporcional de
conformidad con las circunstancias probadas en la
investigación. En otras palabras, lo que se deduce de la
norma en cita es la libertad del sancionador para evaluar
la naturaleza y gravedad de la falta, como factores de
graduación de la sanción.
En tales condiciones, se tiene que la ley no contiene una
dosificación de las sanciones acorde con los tipos de
faltas, sino que confiere al funcionario competente la
facultad para valorar el impacto de la conducta
sobre la prestación del servicio. No obstante, el
sancionador debe hacer una valoración racional con base
en lo señalado y ceñirse a los esquemas sancionatorios
establecidos en el mismo artículo 81.
Por lo tanto, bajo los criterios anotados, la
Superintendencia puede imponer las sanciones de
amonestación, multas, suspensión de actividades, cierre
de inmuebles, orden de separación de administradores y
toma de posesión.
Por otra parte, una de las sanciones que estableció el
legislador, corresponde a las multas previstas en el
numeral 2 del citado artículo, cuyo texto es el siguiente:
81.2. Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios
mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará
atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena
marcha del servicio público, y al factor de reincidencia. Si
la infracción se cometió durante varios años, el monto
máximo que arriba se indica se podrá multiplicar por el
número de años. Si el infractor no proporciona
información suficiente para determinar el monto, dentro
de los treinta días siguientes al requerimiento que se le
formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se
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prevén. Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación,
para la atención de programas de inversión social en
materia de servicios públicos, salvo en el caso al que se
refiere el numeral 79.11. Las empresas a las que se multe
podrán repetir contra quienes hubieran realizado los actos
u omisiones que dieron lugar a la sanción […].
En esta medida, la administración cuenta con criterios
generales para la imposición de sanciones contenidas en
el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, y con criterios
particulares para la aplicación de sanciones pecuniarias
establecidos en el artículo 81.2 de la misma obra, que en
cierta medida pretenden racionalizar la actividad
sancionadora de la Superintendencia evitando que ésta
desborde su actuación represiva, encauzándola dentro de
un criterio de ponderación, mesura y equilibrio.
Por lo tanto, corresponderá al sancionador, en cada
caso concreto, hacer una valoración racional para
determinar cuál es la sanción adecuada y
proporcional de conformidad con las circunstancias
probadas en la investigación […]”. (Destacado fuera de
texto).
Sobre este asunto, la Sección en sentencia de 1o. de noviembre de
201922, que ahora se prohíja, consideró:
“[…] En relación con la discrecionalidad de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para
imponer la sanción, en sentencia de 10 de junio de 2014 se
señaló:
“[…] las diferentes sanciones que puede fijar la SSPD
dependen de la naturaleza y gravedad de la falta cometida.
Una de las sanciones que puede imponer la
Superintendencia, cuando la naturaleza y gravedad de la
falta lo amerite, es la multa, que tiene como límite, el
equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. La multa
debe graduarse atendiendo al impacto de la infracción
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de
noviembre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 08001-23-31-
000-2006-00873-01.
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sobre la buena marcha del servicio público y a si el
administrado es reincidente o no.
Así pues, al imponer cualquiera de las sanciones previstas
en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, la Administración
actúa en ejercicio de su facultad discrecional, que, de
acuerdo con el artículo 36 del Código Contencioso
Administrativo, implica que la sanción sea adecuada a los
fines de la norma que la autoriza y proporcional a los
hechos que le sirven de causa.
En Concepto No. 5 de 7 de enero de 2009, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
precisó lo siguiente respecto a la gradualidad de las
sanciones que puede imponer con base en el artículo 81 de
la Ley 142 de 1994:
“[…]
3.- ¿Cómo se mide la gravedad de la falta cometida por el
prestador? ¿A qué se refiere el criterio de naturaleza de la
falta? ¿Qué tipos de falta existen? ¿Cuál es la clasificación
según la naturaleza de la falta, cómo se ordenan las faltas
según su gravedad, entre qué rangos se mueve la
superintendencia para imponer las sanciones pecuniarias
para cada falta?
La Ley 142 de 1994 le otorgó en el artículo 81 a la
Superintendencia la competencia de sancionar a los
prestadores de servicios públicos domiciliarios o actividades
complementarias de estos, que violen las normas a las que
deben estar sujetas, fijando como criterios únicos de
graduación sancionatoria los de la naturaleza y la gravedad
de la falta. Se observa que la ley no dosifica las
sanciones imponibles para cada falta, sino que
faculta al funcionario competente para evaluar en
cada caso particular la naturaleza de la falta y la
gravedad de la misma.
Corresponde entonces al sancionador, determinar
cuál es la sanción adecuada y proporcional de
conformidad con las circunstancias probadas en la
investigación. En otras palabras, lo que se deduce de
la norma en cita es la libertad del sancionador para
evaluar la naturaleza y gravedad de la falta, como
factores de graduación de la sanción.
En tales condiciones, se tiene que la ley no contiene una
dosificación de las sanciones acorde con los tipos de faltas,
sino que confiere al funcionario competente la facultad para
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Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.
valorar el impacto de la conducta sobre la prestación del
servicio. No obstante, el sancionador debe hacer una
valoración racional con base en lo señalado y ceñirse a los
esquemas sancionatorios establecidos en el mismo artículo
81.
Por lo tanto, bajo los criterios anotados, la
Superintendencia puede imponer las sanciones de
amonestación, multas, suspensión de actividades, cierre de
inmuebles, orden de separación de administradores y toma
de posesión.
(…)
En esta medida, la administración cuenta con criterios
generales para la imposición de sanciones contenidos en el
artículo 81 de la Ley 142 de 1994, y con criterios
particulares para la aplicación de sanciones pecuniarias
establecidos en el artículo 81.2 de la misma obra, que en
cierta medida pretenden racionalizar la actividad
sancionadora de la Superintendencia evitando que ésta
desborde su actuación represiva, encauzándola dentro de
un criterio de ponderación, mesura y equilibrio.
Por lo tanto, corresponderá al sancionador, en cada
caso concreto, hacer una valoración racional para
determinar cuál es la sanción adecuada y
proporcional de conformidad con las circunstancias
probadas en la investigación.
De acuerdo con las precisiones anteriores, toda vez que
no existe una reglamentación específica respecto a la
gradualidad de la sanción, la ley faculta al
funcionario competente para evaluar, en cada caso,
la naturaleza de la falta y la gravedad de la misma,
para, de esta forma, determinar la sanción de
acuerdo con los hechos y pruebas que existan en el
expediente”. […]” (Destacado fuera de texto).
De acuerdo con la citada sentencia de 1o. de noviembre de 2019,
el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994 faculta al funcionario
sancionador con el fin de imponer la sanción prevista en la norma,
ateniendo los criterios que allí se establecen, esto es: i) el impacto
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Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.
de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y ii) el
factor de reincidencia.
Revisado el plenario, para la Sala los actos demandados cumplieron
con los parámetros antes analizados, pues a partir de una lectura
de los mismos, es posible colegir que la Superintendencia realizó
un esfuerzo por describir de manera detallada la naturaleza de la
infracción en que incurrió la demandante, la afectación o impacto
(negativo) de la infracción al régimen tarifario, en que incurrió al
aplicar políticas de otorgamiento de descuento comercial y de
aplazamiento de la facturación de una parte de las tarifas
reguladas para un período posterior; y la no existencia del factor
de reincidencia de aquella, en cuanto señaló que la actora no ha
sido sancionada por los mismos hechos.
Aunado a lo anterior, cabe mencionar, como lo sostuvo esta
Sección en sentencias de 20 de octubre de 2005 23 , de 28 de
octubre de 202124 y de 23 de junio de 202325, que es carga del
administrado demostrar que la sanción aplicada no es la que
ameritan los hechos, es decir, que es desproporcionada a los
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
octubre de 2005, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 1997-02933-01.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
octubre de 2021, C.P. Hernando Sánchez, núm. único de radicación 15001-23-33-000-2013-00759-
01.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de
junio de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación
20001233100020120024001.
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Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.
mismos, toda vez que la sanción se presume ajustada a la
normativa pertinente, dada la presunción de legalidad del acto
administrativo, pero, en este caso, la actora no demostró que la
sanción es desproporcionada a las características y circunstancias o
magnitud de los hechos que le sirvieron de fundamento.
En conclusión, teniendo en cuenta que está demostrada la
ocurrencia del hecho sancionable, la afectación o impacto de la
infracción al régimen tarifario en que incurrió la empresa
demandante (impacto de la infracción sobre la buena marcha del
servicio), y la no existencia del factor de reincidencia de aquella, la
multa impuesta a la actora está en consonancia con los parámetros
de proporcionalidad legalmente previstos y es adecuada a los fines
de la norma que la fundamenta.
En otras palabras, la multa impuesta es proporcional a las
características y circunstancias o magnitud de los hechos que le
sirvieron de fundamento26 (a la infracción cometida por la actora).
26
Ver sentencia de 28 de octubre de 2021 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 15001-
23-33-000-2013-00759-01), en la que se precisó:
“[…] 185. Por lo expuesto, la sanción será proporcional cuando se demuestre la relación de la
magnitud de dicha sanción con las características y circunstancias de los hechos que le
sirvan de fundamento. […]” (Destacado fuera de texto).
Criterio reiterado en la sentencia de 23 de junio de 2023 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación
20001233100020120024001).
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Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.
Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados
por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad
necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a
los actos administrativos acusados.
En consecuencia, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia apelada y así
se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que
de conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con
los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión
del artículo 168 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las
partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de agosto de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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70
Número único de radicación: 05001-23-31-000-2006-03183-01
Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.
SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una
vez ejecutoriada ésta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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