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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2006-03183-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2006-03183-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 70 Número único de radicación: 05001-23-31-000-2006-03183-01 Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada ésta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-000-2006-03183-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 05001-23-31-000-2006-03183-01
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LA ACTORA
DESCONOCIÓ EL RÉGIMEN TARIFARIO PREVISTO POR LA
CREG PARA LOS USUARIOS SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE
LIBERTAD REGULADA, AL CUAL DEBÍA SOMETERSE COMO
PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USUARIOS REGULADOS, AL
APLICAR DESCUENTOS COMERCIALES Y APLAZAR UNA
PARTE DE LA FACTURACIÓN DE UN DETERMINADO PERÍODO
PARA OTRO POSTERIOR, EN CUANTO DEBIÓ DETERMINAR
LAS TARIFAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE
ACUERDO CON LOS CRITERIOS Y LA METODOLOGÍA
ESTABLECIDOS POR LA LEY 142 DE 1994 Y LA RESOLUCIÓN
CREG 031 DE 1997.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandante contra la sentencia de 13 de agosto de 2014,

proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal

Administrativo de Antioquia1, por medio de la cual se negaron

las pretensiones de la demanda.

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 05001-23-31-000-2006-03183-01
Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.

I. ANTECEDENTES

I.1.- Las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., a través

de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA,

presentó demanda contra la SUPERINTENDENCIA DE

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS2, en la que formularon

las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Que se decrete la nulidad de las
resoluciones No. 20052400005835 del 05 de abril de 2005
y 20052400012385 del 24 de junio de 2005, mediante las
cuales se impuso y se confirmó respectivamente, una
sanción a las Empresas Públicas de Medellín E.S.P, por
valor cuatrocientos setenta y seis millones ochocientos
setenta y cinco mil pesos M/L ($476.875.000).

SEGUNDA: Como consecuencia de la solicitud de nulidad
que se solicita en el aparte precedente, solicito al H.
tribunal disponer el restablecimiento de derecho,
consistente en declarar que las Empresas Públicas de
Medellín E.S.P no estaban obligadas a pagar dicha multa,
esto es la suma de cuatrocientos setenta y seis millones
ochocientos setenta y cinco mil pesos m.l ($476.875.000),
en razón a que no se han infringido las normas contenidas
en el artículo 88 de la Ley 142 de 1994, ni en los artículos
3 y 13 de la resolución CREG-031 de 1997, ni en el
numeral 1º del artículo 34 de la Ley 142 de 1994, ni
tampoco el artículo 18 de la Ley 256 de 1996, y por tanto
se ordene su devolución a la entidad que represento.

TERCERA: Que se reconozca sobre la cantidad anterior la
correspondiente indexación para mantener su valor
adquisitivo, desde el momento del pago efectuado el día 18
de julio de 2005, hasta la fecha en que se realice
efectivamente su reintegro.

2
En adelante la Superintendencia.

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Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.

CUARTA: Que sobre la suma anterior se reconozca un
interés remuneratorio desde el día en que se consignó y
hasta el momento en que se realice la devolución efectiva
de la misma.

QUINTA: Que se reconozca que los servidores públicos de
las Empresas Públicas de Medellín que profirieron las
decisiones administrativas que dieron lugar a la aplicación
de la sanción impugnada y cuya nulidad se solicita actuaron
conforme al ordenamiento jurídico colombiano, es decir que
su actuación no estuvo viciada, ni de culpa grave ni de
dolo, para los efectos indicados en los artículos 11, 9 y 81.
2 de la Ley 142 de 1994. […]".

I.2.- Como hechos de la demanda, la actora adujo, en síntesis, los

siguientes:

1º. En desarrollo de su objeto social, concretamente, en el campo

de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica

y con el fin de evitar el aumento en el monto de la cartera vencida

del servicio y recuperarla, estableció una política de descuentos

comerciales, la cual tuvo aplicación en el período comprendido

entre septiembre de 2001 y febrero de 2003.

2º. La oferta de descuentos comerciales estaba dirigida a los

usuarios regulados conectados en baja tensión, que pagaran el

valor de los consumos dentro del período fijado y consistía en

disminuir el valor a pagar en el servicio de energía eléctrica, bajo el

entendido de que aplicar descuentos comerciales constituía una

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práctica usual en el comercio de bienes y servicios que no afectaba

la fórmula de calcular el precio, sino el monto a pagar.

3º. Con la misma finalidad aplazó, para un período posterior, el

cobro de parte de los valores correspondientes a los consumos de

los meses de marzo a agosto de 2003, la facturación de una parte

del valor correspondiente a la variación en el Costo Unitario del

servicio de energía eléctrica, resultante de la fórmula tarifaria

vigente para los usuarios del mercado regulado en el nivel de

tensión 1, de manera que el incremento del valor a pagar por el

usuario se mantuviera atado a la inflación, ocurriendo que

posteriormente y dentro del plazo legalmente establecido en el

artículo 150 de la Ley 142 de 11 de julio de 19943, la demandante

reliquidó la diferencia a sus clientes.

4º. Al aplicar la política de descuentos comerciales en el servicio de

energía eléctrica y de aplazamiento del cobro de una parte del

valor de los consumos para uno posterior, a su juicio, no afectó la

fórmula tarifaria establecida de acuerdo con el régimen legal y

regulatorio, esto es, del artículo 3º de la Resolución CREG-031 de 4

3
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.

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de abril de 1997 4 , por cuanto tuvo en cuenta todos los

componentes que forman parte del denominado costo unitario, en

la forma que lo dispone la metodología adoptada por la COMISIÓN

DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, -CREG-5.

Que tampoco cobró tarifas inferiores, porque la acción de

aplazamiento del cobro de una parte del valor del consumo afecta

el momento del recaudo, pero no el monto a pagar por los

usuarios.

5º. La Superintendencia, con fundamento en el artículo 16 del

Decreto 990 de 21 de mayo de 2002 6 , solicitó a la demandante

documentación relacionada con la prestación del servicio de

energía eléctrica y por oficio de 14 de octubre de 2004 le comunicó

el inicio de una investigación administrativa y le formuló pliego de

cargos, por infracción a normas, que como prestador del servicio

público domiciliario de energía eléctrica debía acatar.

6º. La Superintendencia en mención, mediante Resolución núm.

20052400005835 de 5 de abril de 2005, sancionó a la empresa

demandante con una multa por valor de $476.875.000, decisión

4
“Por la cual se aprueban las fórmulas generales que permiten a los comercializadores de
electricidad establecer los costos de prestación del servicio a usuarios regulados en el Sistema
Interconectado Nacional”.
5
En adelante la CREG.
6
"Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios".

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confirmada a través de la Resolución núm. 20052400012385

de 24 de junio de 2005. Dicha multa fue pagada por la actora el

18 de julio de 2005.

7º. La empresa actora fue sancionada por la presunta violación de

los artículos 88 de la Ley 142; 3º y 13 de la Resolución GREG-031

de 1997; 34, numeral 1, de la Ley 142; y 18 de la Ley 256 de 15

de enero de 19967.

8º. La Procuraduría General de la Nación adelantó investigación

disciplinaria contra varios funcionarios, quienes fueron absueltos

por archivo del expediente.

I.3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de

los artículos 13, 209, 333, 334, 121 y 365 a 370 de la Constitución

Política; 32, 81, 86, 87 y 88 de la Ley 142; y 3º, 6º, 7º y 8º de la

Ley 143 de 11 de julio de 19948.

En síntesis, sustentó el concepto de violación, así:

7
“Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal”.
8
“Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y
comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan
otras disposiciones en materia energética”.

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. FALSA MOTIVACIÓN

Señaló que resulta paradójico que una actuación conforme a

derecho y en beneficio de los usuarios de un servicio público

domiciliario, constituya el fundamento de una sanción que en

términos de la Ley 142, debería graduarse considerando el impacto

sobre la buena marcha del servicio público, sobreentendiéndose

que la norma se refiere es al impacto negativo y no al positivo que,

por el contrario, debía ser premiado.

Adujo que la Comisión de Regulación no es la que fija la tarifa de

energía eléctrica, toda vez que esa entidad solo establece los

elementos que la componían, y la tarifa la fija el órgano que

estatuariamente tenga atribuida la función en la correspondiente

empresa de servicios públicos domiciliario.

Manifestó que la Superintendencia Delegada confunde los

conceptos "tarifa regulada" con "tarifa intervenida o fijada por

autoridad competente", al igual que "monto facturado" y "monto

recaudado".

Sostuvo que si bien el Estado, por mandato constitucional y legal,

puede intervenir cualquier sector con las finalidades previstas en el

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artículo 334 de la Constitución Política, tal intervención en manera

alguna implica suplantación ni reemplazo de los agentes

económicos en un mercado de competencia.

Indicó que una cosa es que la tarifa esté regulada y otra muy

distinta que esté intervenida o que sea fijada por una autoridad

estatal, sin consideración a las competencias y condiciones

particulares de los agentes económicos.

Explicó que las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. se

encuentran obligadas a facturar la suma a pagar por el servicio

consumido de acuerdo con la tarifa fijada y publicada por la

empresa, de conformidad con la fórmula tarifaria expedida por la

CREG. Sin embargo, ello no significa que la suma recaudada sea

igual, porque para incentivar el pago oportuno se utilizan prácticas

comerciales destinadas a mejorar el ingreso, como lo son los

descuentos comerciales, situación que hizo la entidad, que sin

sacrificar el principio tarifario de suficiencia financiera, invirtió

recursos para contribuir a mejorar las condiciones del mercado y

garantizar así los ingresos futuros, (para lograr el alivio efectivo de

las obligaciones de pago de los usuarios), y prueba de ello son las

proyecciones financieras positivas.

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Precisó que los descuentos comerciales constituyen una práctica

normal y permitida dirigida a enfrentar situaciones difíciles de

mercado, tales como disminuciones en la demanda asociadas al

deterioro de la capacidad de pago de los usuarios.

Expresó que es equivocada la interpretación, según la cual los

descuentos pueden ser una práctica comercial normal en otros

sectores de la economía, pero no en el caso de los servicios

públicos domiciliarios, debido a que este es un sector bajo

intervención del Estado.

Anotó que el régimen de los actos de las empresas que prestan

servicios públicos domiciliarios prescribe que sus actos,

independientemente de su naturaleza jurídica, y salvo lo previsto

por la Constitución Política y la ley, se regirán exclusivamente por

el derecho privado.

Indicó que, ante la ausencia de prohibiciones expresas, los

administradores de toda empresa pueden legítimamente establecer

los objetivos y fijar las estrategias más adecuadas para el logro de

un objeto social determinado o para la consecución de unas

finalidades concretas, que para nada se oponen al ordenamiento

jurídico vigente.

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Adujo como razones de defensa los siguientes: i) El descuento

comercial como mecanismo de gestión del riesgo en empresas de

servicios públicos domiciliarios; ii) los descuentos comerciales y el

régimen tarifario; iii) la legalidad de los descuentos comerciales; y

iv) el aplazamiento de la facturación, con el fin de demostrar que

no infringieron la regulación preexistente.

Sostuvo que no se configuró conducta de competencia desleal,

según lo resuelto por la Superintendencia demandada y con

ocasión a la supuesta omisión de la actora al sometimiento al

régimen de regulación de libertad regulada definida por la CREG; y

que tampoco existió cobro de tarifas diferentes a las publicadas.

Expresó que la multa impuesta se aplicó con desconocimiento del

artículo 81.2 de la Ley 142, porque el impacto de ninguna manera

fue negativo, sino positivo; no había lugar a señalar que existió

reincidencia e impacto en la prestación del servicio, ya que la

actora nunca había sido sancionada por desarrollar conductas

restrictivas de la competencia o competencia desleal, además de

que el impacto en la prestación del servicio fue positivo, en defensa

del mercado regulado de la energía eléctrica y de los usuarios

atendidos por la empresa.

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. DESVIACIÓN DE PODER

Alegó que la Superintendencia utilizó la facultad para sancionar

solamente a una empresa que se comportó como cualquier agente

económico, y como lo hicieron otros competidores, a los cuales no

se les censuró y que incluyeron variables adicionales en la fórmula

para establecer la tarifa.

Expresó que se evidencia la desviación de poder, pues no se utiliza

la facultad para sancionar una conducta censurable sino con otros

fines; y que, si bien no era posible explicitar e individualizar, sí

aparecía demostrada.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Superintendencia, por intermedio de apoderada judicial,

contestó la demanda 9 y para oponerse a la prosperidad de las

pretensiones, adujo que la demandante sí violó el régimen de

libertad regulada, previsto por la CREG, toda vez que revisadas las

tarifas aplicadas a los usuarios residenciales y no residenciales del

mercado regulado, conectados en baja tensión, durante el período

comprendido de septiembre de 2001 a febrero de 2003, se observó

9
Índice 2 del expediente digital SAMAI.

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que no se equiparan con los costos en que incurrió la empresa por

compra de energía, pues, al analizar el expediente, en algunos

casos la diferencia entre la tarifa publicada y la aplicada supera el

valor total del costo de comercialización que la regulación vigente

reconoce al prestador del servicio.

Señaló que la empresa debió someterse al régimen tarifario que

definió la CREG para los usuarios regulados, que para el caso era el

régimen de libertad regulada; que al decidir aplicar en forma

unilateral un "descuento comercial", se apartó de las tarifas que

debía cumplir como prestadora del servicio público domiciliario de

energía eléctrica para usuarios regulados; y que de esta manera

las tarifas aplicadas a los usuarios regulados obedecieron no a los

costos señalados por el regulador, en concordancia con la

Constitución Política y las leyes 142 y 143, sino a intereses,

estrategias y políticas particulares de la empresa, que no la

autorizaban para apartarse del cumplimiento del régimen legal.

Indicó que la empresa supuestamente manifiesta que partió del

régimen tarifario señalado en la regulación, pero que ello no es

cierto, teniendo en cuenta que al introducirle un nuevo concepto no

previsto en la norma se alejó de este, por cuanto la resultante no

era la que se obtenía del régimen tarifario señalado por CREG.

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Agregó que la actora vulneró el principio de suficiencia financiera,

que está implícito en las regulaciones de la CREG, por cuanto no

cubrió los costos económicos en que incurrió la empresa; y que en

algunos casos el "descuento comercial" fue tal, que la demandante

no alcanzó siquiera a recibir remuneración alguna por la actividad

de comercialización de energía eléctrica.

Explicó el alcance de los términos: régimen tarifario, fórmula

tarifaria, tarifa, facturación y pago de los servicios públicos

domiciliarios y, posteriormente, puntualizó que no existe

imprecisión en la utilización de esas acepciones, como lo señaló la

actora, pero que no ahondaba en el tema dado que no se indicó en

qué sentido se había incurrido en la imprecisión.

Advirtió que el "descuento comercial” no puede enmarcarse dentro

de la regulación por incentivos, porque no es cierto que este

sistema busca separar el precio del costo y endosarle a las

empresas el manejo del riesgo de variación de los componentes del

mismo durante cinco años, sino que tiene como propósito

fundamental establecer unos costos eficientes para la prestación

del servicio de energía eléctrica de los usuarios de la zona

interconectada y de esta manera puedan así las empresas

apropiarse de los beneficios de la mayor eficiencia.

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Expresó que cuando la actora hace la diferencia entre valor

facturado y valor pagado, lo único que está haciendo es modificar

el resultado proveniente de la aplicación de la fórmula tarifaria.

Indicó que la empresa, específicamente, para el caso del descuento

comercial, al aplicar este sobre todo el Costo Unitario de prestación

del servicio, lo que está haciendo es otorgar un nuevo subsidio, no

previsto en la Ley ni en la regulación.

Sobre la legalidad de los descuentos comerciales, señaló que la

actora desconoció el marco constitucional y legal de los servicios

públicos y, de manera particular, que el régimen tarifario es un

instrumento de intervención estatal expreso; y que el señalamiento

de un régimen de libertad regulada por las comisiones, para el caso

de un servicio público, busca fines explícitos desde la perspectiva

del derecho de la competencia, esto es, la de regulación de un

monopolio.

Afirmó, en cuanto el aplazamiento de una parte de la facturación

para un período posterior, que no son de recibo las justificaciones

de la demandante, pues, aunque los propósitos pudieron ser

altruistas, la Ley y su regulación son de obligatorio cumplimiento

para la empresa, especialmente, los artículos 88 de la Ley 142 y 3º

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de la Resolución CREG 031 de 1997.

Agregó que el principio de suficiencia financiera es el que está

inmerso dentro del régimen tarifario previsto por la CREG para los

usuarios regulados del sistema interconectado nacional y no el

relativo a los proyectos de inversión ni a ningún otro concepto que

pueda tener la empresa en relación con la suficiencia financiera.

Anotó que la actora manifestó que no era cierto que aplicaban a los

usuarios tarifas diferentes a las publicadas y que los casos

endilgados correspondían al aplazamiento de una parte del valor

correspondiente a la variación en el costo unitario del servicio de

energía eléctrica, valores que en facturas posteriores fueron

recuperados.

Reiteró que, si bien es cierto que las liquidaciones responden a su

política de facturación parcial, dicho política no está prevista ni

autorizada por la legislación ni la regulación, por lo que la actora al

publicar unas tarifas y aplicar otras, realizó un procedimiento no

aceptado, con el cual vulneró también el artículo 13 de la

Resolución CREG 031 de 1997.

II-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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El Tribunal, mediante sentencia de 13 de agosto de 2014, denegó

las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes

argumentos:

Señaló que el problema jurídico consistía en determinar sí la actora

actuó dentro del marco legal y regulatorio en la prestación del

servicio público domiciliario de energía eléctrica, cuando decidió

aplicar una política de "descuentos comerciales" y, en

consecuencia, si la multa, por violación al régimen tarifario,

impuesta por la Superintendencia, se ajustó o no al ordenamiento

jurídico, o si, por el contrario, los actos administrativos acusados se

encuentran viciados por falsa motivación y desviación de poder.

Indicó que para ello debe verificarse si la actora probó dentro del

proceso judicial que la fórmula tarifaria fijada por la CREG no fue

alterada con la aplicación de la política de "descuentos comerciales"

por la demandante, a los usuarios del mercado regulado

conectados en baja tensión.

Expresó que, aunque cada empresa de servicios públicos

domiciliarios es quien establece la tarifa o el costo final del servicio

que presta a sus usuarios, ello lo puede realizar, pero con

fundamento en las fórmulas tarifarias expedidas por la CREG, las

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cuales no pueden ser alteradas por las E.S.P., sin perjuicio de que

la empresa pueda solicitar a dicha autoridad la modificación de sus

tarifas, previa autorización por parte de esta.

Manifestó que la demandante estableció una tarifa inferior al

servicio de energía eléctrica en desarrollo de la denominada política

de "descuentos comerciales", que se refiere una disminución del

monto a pagar por los usuarios, así ella señale que existió un

aplazamiento del cobro de una parte del valor del consumo, para

un período posterior.

Afirmó que la actora, para justificar dicha medida, consideró en que

era necesario un alivio a las cargas en la variación del Costo

Unitario que se generaba a los usuarios del servicio; y que era una

medida eficaz para contrarrestarlo, dado que era una práctica

comercial usual para enfrentar situaciones difíciles de mercado.

Sin embargo, la Superintendencia, luego de la investigación

correspondiente decidió, mediante la Resolución núm.

20052400005835 de 5 de abril de 2005, sancionar a la actora

por violación al régimen tarifario pues estando sometida al régimen

de libertad regulada, infringió los artículos 88 de la Ley 142; 3º y

13 de la Resolución CREG-031 de 1997; y 34, numeral 1, de la Ley

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142 y 18 de la Ley 256, al cobrar tarifas inferiores a las previstas

por la CREG, que repercutieron en otras faltas sobrevinientes,

como aquella relativa a la facturación parcial, competencia

restrictiva y competencia desleal.

Aclaró que las fórmulas tarifarias establecidas por la CREG son

inalterables e inmodificables por iniciativa de las empresas de

servicios públicos, así se contrapongan otras razones de distinta

índole sobre la conveniencia y fines adoptados, sin desconocer la

salvedad que establece el artículo 126 de la Ley 142 para modificar

las fórmulas tarifarias que, en todo caso, se requerirá de un acto

administrativo emitido por la CREG, que así lo autorice.

Señaló que la testigo NUBIA ANGARITA GÓMEZ hizo fiel referencia

a lo consignado en los actos acusados, toda vez que ella fungía

como funcionaria de la Superintendencia demandada.

Estimó que el estudio de la Universidad EAFIT, aportado por la

actora como anexo, no constituye una prueba técnica legalmente

arrimada al proceso, por cuanto la prueba pericial adquiere valor

probatorio únicamente cuando corresponde a un acto procesal, que

fue sometido al principio de contradicción y fue regular y

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legalmente practicado en el proceso, conforme a las reglas

previstas en la ley para el efecto.

Anotó que dicho informe no fue ratificado por quien lo suscribió en

audiencia a instancia del juez, además de que las materias tratadas

en el mismo, como: Modelos Estructurales para la Demanda

Residencial y no Residencial, Fuentes Estadísticas y

Recomendaciones para actualizar la base de datos de fuentes

distintas a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., no

interesan a este proceso, conforme al problema jurídico que se

planteó.

Que tampoco constituye prueba técnica la investigación que

adelantó la Procuraduría General de la Nación frente a los mismos

hechos, por cuanto la mencionada entidad circunscribe su

competencia a asuntos opuestos a los que se debaten.

Puntualizó que en el dictamen pericial, el perito no está llamado a

pronunciarse sobre la cuestión central del presente proceso, pues si

bien realizó sus propias consideraciones frente a los interrogantes

planteados por la actora, también lo es que no atinó a lo que debe

probarse en el proceso, lo cual, se insistió, consiste en determinar

la variación o no de la fórmula tarifaria expedida por la CREG,

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mediante la Resolución 031 de 1997, cuando la demandante

decidió poner en marcha su política de “descuentos comerciales”.

Advirtió que las cuestiones relacionadas con la pertinencia

económica, la suficiencia financiera de la entidad, los objetivos de

la empresa, los impactos negativos o positivos en la prestación del

servicio de energía eléctrica y la ecuación contable respecto a las

utilidades y valor de la venta del servicio no conducen a demostrar

ni a desvirtuar que la fórmula tarifaria establecida por la CREG no

fue modificada por la actora y por lo cual fue sancionada, razón por

la que no se puede acoger el dictamen.

Manifestó que lo anterior significa que los cargos de falsa

motivación y desviación de poder no encuentran soporte

probatorio, toda vez que de las pruebas obtenidas no se deduce

que se desvirtuaron los hechos que fundamentaron la sanción o

fueron apreciados de una manera equivocada, ni tampoco que el

fin buscado con la competencia otorgada a la Superintendencia de

Servicios Públicos Domiciliarios no se cumple o que la intención del

funcionario que expidió el acto fue otra.

Recordó que el otorgamiento de subsidios en la prestación de

servicios públicos domiciliarios se encuentra reglado, sin que las

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empresas de servicios públicos puedan disponer la concesión de un

subsidio no previsto en la norma y por fuera de los términos y

condiciones previamente regulados.

Concluyó que los actos acusados fueron expedidos conforme al

ordenamiento jurídico.

III-. RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia

y que, como consecuencia de ello, se declare la nulidad de los

actos acusados10. Para el efecto, sustentó su inconformidad, así:

. FALSA MOTIVACIÓN

Señaló que las decisiones de la Superintendencia fueron expedidas

con desconocimiento de las normas que rigen el régimen tarifario,

dado que su actuación se enmarcó dentro de la normatividad, ya

que en ningún momento alteró la fórmula tarifaria dispuesta por la

Resolución CREG 031 de 1997, lo cual se encuentra demostrado

con el dictamen pericial de AURELIO MUÑOZ, el cual es claro y

contundente al explicar su actuación frente a la política de

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descuentos comerciales, así como la legitimidad y legalidad de

dicha política.

Adujo que las decisiones de la Superintendencia demandada fueron

adoptadas con desconocimiento de las prescripciones contenidas en

el estatuto de los servicios públicos domiciliarios, previsto en la Ley

142.

Alegó que la Comisión de Regulación no es la que fija la tarifa de

energía eléctrica, toda vez que esa entidad solo establece los

elementos que la componen; y la tarifa la fija el órgano que

estatuariamente tenga atribuida la función en la correspondiente

empresa de servicios públicos domiciliarios.

Sostuvo que si bien el Estado, por mandato constitucional y legal,

puede intervenir cualquier sector con las finalidades previstas en el

artículo 334 de la Constitución Política, tal intervención en manera

alguna implica suplantación ni reemplazo de los agentes

económicos en un mercado de competencia.

Indicó que una cosa es que la tarifa esté regulada y otra muy

distinta que esté intervenida o que sea fijada por una autoridad

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estatal, sin consideración a las competencias y condiciones

particulares de los agentes económicos.

Manifestó que al determinar su política de descuentos comerciales

en el servicio de energía eléctrica no afectó la fórmula tarifaria

establecida de acuerdo con el régimen legal; dicha medida estuvo

asociada al cumplimiento de una condición de contenido

determinado; y respetó el ingreso de terceros, por lo que no puede

deducirse de tal proceder censura alguna.

Señaló que el descuento se contabilizó como un gasto de operación

comercial que afectó únicamente los ingresos de la empresa y es

justificable, en la medida en que su establecimiento permitió

mejorar los niveles de recaudo y la disminución de la cartera y, por

ende, el flujo de caja de la entidad, posibilitando la realización de

sus proyectos y la salud y el crecimiento del negocio.

Precisó que se ha sometido al régimen de libertad regulada de

tarifas contenido en la Ley 142 y a las regulaciones de la CREG; y

que las actuaciones relacionadas con el otorgamiento de un

descuento comercial a los usuarios que durante un período

determinado cumplieran la condición de pagar oportunamente sus

tarifas, así como el aplazamiento del cobro de una parte de los

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consumos para un período posterior, se adecuan al marco

normativo vigente en Colombia en materia de servicios públicos

domiciliarios, razón por la cual no pueden considerarse tampoco

como prácticas restrictivas de la competencia en el sector ni

comportamientos calificables como competencia desleal.

Indicó que el descuento comercial no hace parte de la tarifa, se

diferencia de ella y no la afecta, en la medida en que se factura en

su totalidad al usuario, quien tiene la posibilidad de pagar un valor

menor si cumple la condición establecida para que el descuento se

haga efectivo.

Adujo que el régimen de regulación del servicio de energía

eléctrica, al trasladar a las empresas prestadoras toda una serie de

riesgos comerciales de recaudo, demanda, etc., las aboca a aplicar

diferentes clases de mecanismos para la gestión de riesgos del

mercado, entre ellos, el descuento comercial.

Resaltó que debido a la vigencia de cinco (5) años de las fórmulas

tarifarias y el esquema de regulación utilizado (regulación por

incentivos), se generan riesgos para el negocio de distribución, -

comercialización de energía eléctrica-, sobre los cuales las

empresas deben realizar gestión, lo que lleva al terreno de las

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prácticas comerciales comúnmente desarrolladas en cualquier

sector de la economía.

Afirmó que está la alternativa de distinguir entre los conceptos de

valor facturado y valor pagado, que pueden diferir

cuantitativamente, según las circunstancias de modo y tiempo de

realización del pago.

Anotó que en este caso no violó ni modificó el régimen tarifario al

otorgar el descuento comercial; que simplemente adoptó una

práctica comercial normal tendiente a incidir sobre las

circunstancias de tiempo en la realización del pago.

Advirtió que los descuentos comerciales no afectan la tarifa sino la

suma a pagar, en este caso disminuyendo el monto por el

cumplimiento de una condición (pago oportuno); empero que para

la Superintendencia demandada no se modifica la fórmula cuando

se cobran intereses de mora, porque la ley permite su cobro, pero

sí se modifica la fórmula cuando se hace un descuento.

Adujo que ni la Constitución Política ni la ley han prohibido hacer

descuentos comerciales, ni los alcances jurisprudenciales acerca de

las normas aplicables a las empresas prestadoras de servicios

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públicos domiciliarios prohíben el desarrollo de prácticas

comerciales normales en la actividad económica general, incluido

otorgar descuentos por pago oportuno.

Afirmó que elaboró y envió oportunamente las facturas de los

correspondientes períodos, por tanto cumplió con su obligación de

acuerdo con el contrato de condiciones uniformes y, precisamente,

por haberlo hecho, podía válidamente hacer uso de la prescripción

que la habilita para incluir con posterioridad en la facturación

correspondiente a otro período, las sumas dejadas de facturar por

omisión (el aplazamiento de una parte de la facturación para un

período posterior), con la condición de que dicha actuación se

realice dentro de los 5 meses siguientes.

Insistió en que no aplicó un régimen tarifario distinto al vigente en

la regulación, ni usó medios distintos a los que la misma regulación

admite, ni atentó contra el principio de suficiencia financiera,

inmerso en el régimen tarifario de los servicios públicos

domiciliarios, razón por la cual tampoco ha incurrido en prácticas

restrictivas de la competencia.

Explicó que se asignó el descuento comercial únicamente a la

actividad de comercialización, sin considerar que esta se desarrolla

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de manera conjunta con la de distribución, como lo admite la

normatividad vigente; y que los beneficios del descuento comercial

corresponden a un mecanismo de gestión del riesgo que en nada

afecta la tarifa, ya que se encuentra referido al pago.

Señaló que el propósito de la actora con la adopción de las políticas

de descuento comercial y del aplazamiento de la facturación de una

parte de las tarifas reguladas no fue tratar de mejorar su

participación en el mercado de retener la porción del mercado que

en ese momento atendía, ni lograr una ventaja significativa en el

mercado. Su objetivo fue evitar el deterioro en la demanda de sus

usuarios, buscando que los mismos no pasaran a situaciones de

suspensión.

Aclaró que el descuento otorgado no constituyó disminución en la

tarifa, ya que esta se continuó calculando, publicando y aplicando

de acuerdo con la normatividad vigente, lo cual se demuestra con

la liquidación de contribuciones y subsidios y el pago de los

distintos costos inherentes al CU a terceros, que tuvieron en dicha

base.

Manifestó que, si de su comportamiento se logra como efecto el

incremento de ingresos y de cobertura de los demás, no existe

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fundamento jurídico para aplicar una sanción y menos para

imputarle cargos por infracción a las normas de competencia,

máxime cuando los consumidores del servicio optaron por adquirir

los de la competencia, lo cual demuestra que no causó una

distorsión indebida de la clientela, ni afectó los intereses de las

empresas que prestan servicios sustitutos o iguales. Además de

que siempre se ciñó a la normatividad vigente en materia de

prestación de servicios públicos domiciliarios.

Alegó que cobró la tarifa publicada y que la utilización de un

mecanismo de gestión de riesgo, asociado al pago de la cantidad

facturada en diversos momentos, no puede asimilarse a la

modificación de la tarifa.

. DESVIACIÓN DE PODER

Adujo que la entidad demandada fijó la multa con desconocimiento

de lo dispuesto en el artículo 81.2 de la Ley 142, pues no solo se

comprometió la buena marcha del servicio, sino que, por el

contrario, se mejoraron las condiciones de prestación, se brindaron

mejores condiciones al usuario, sin generar perjuicio colateral a

otras personas.

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Indicó que no había lugar a señalar que existió reincidencia e

impacto en la prestación del servicio, puesto que nunca había sido

sancionada por desarrollar conductas constitutivas de prácticas

restrictivas de la competencia o competencia desleal; además

porque la conducta tuvo un impacto positivo en la prestación del

servicio.

Alegó que la demandada actuó por fuera del marco legal, pues

utilizó la facultad para sancionar solamente a una empresa, que se

comportó como lo hicieron otros agentes económicos o

competidores a quienes no se les censuró su conducta.

Anotó que frente a actuaciones similares el órgano de control

asumió comportamientos diferenciales, lo cual evidencia la

desviación de poder, pues utilizó la facultad para sancionar una

conducta censurable con otra finalidad que, si bien no era posible

explicitar e individualizar, sí aparecía demostrada.

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en

esta instancia, la Superintendencia 11 reiteró los argumentos

expuestos en la contestación de la demanda e indicó que se debe
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confirmar la sentencia de primera instancia, toda vez que su

actuación se desarrolló en el marco de la ley, ya que de las pruebas

obtenidas no se deduce que los hechos en que se fundamentó la

sanción no existieron o fueron apreciados de manera equivocada ni

que el fin otorgado no se hubiera cumplido.

IV.2- Por su parte, el Ministerio Público 12 , a través de Concepto

núm.23-446, solicitó confirmar el fallo apelado al considerar que de

las pruebas que obran en el expediente se pudo constatar que la

actora no se sometió al régimen de regulación de libertad regulada,

establecido por la CREG, porque las tarifas aplicadas a los usuarios

residenciales y no residenciales del mercado regulado conectado en

baja tensión no se equiparan con los costos en que incurrió la

empresa por compra de energía, costo por uso del sistema de

transmisión nacional, costo de distribución, entre otros.

Asimismo, adujo que la actora al aplicar el descuento comercial se

apartó del régimen tarifario, que definió la CREG y que debe

cumplir como prestadora del servicio público domiciliario de energía

eléctrica.

IV.3- En esta etapa procesal, la parte actora guardó silencio.

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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las

resoluciones núms. 20052400005835 de 5 de abril de 2005, “Por

la cual se sanciona a una Empresa de Servicios Públicos”, y

20052400012385 de 24 de junio de 2005, “Por la cual se

resuelve un recurso de reposición interpuesto por una

empresa de servicios públicos”, expedidas por la

Superintendencia, mediante las cuales, respectivamente, se

sancionó a la empresa demandante con una multa por valor de

$476.875.000; y resolvió el recurso de reposición interpuesto

contra las anteriores resoluciones, en el sentido de confirmar la

decisión recurrida.

Dicha sanción fue impuesta como resultado de que la actora

incurrió en la violación de los artículos 88 de la Ley 142; 3º y 13 de

la Resolución GREG-031 de 1997; 34, numeral 1, de la Ley 142; y

18 de la Ley 256, por cuanto desconoció el régimen de libertad

regulada, previsto por la CREG, a través de la Resolución CREG-

031 de 1997, para fijar las tarifas a los usuarios residenciales y no

residenciales del servicio público de energía eléctrica, conectados

en baja tensión, durante el período de septiembre de 2001 a julio

de 2003, en cuanto modificó las fórmulas que definió la CREG, al

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aplicar un descuento comercial en el período de septiembre y

noviembre de 2002 y al aplazar la facturación de una parte del

valor correspondiente a la variación en el Costo Unitario del

servicio de energía eléctrica, en el período de febrero de 2003 a

julio de 2003; así como por incurrir en prácticas restrictivas de la

competencia y prácticas de competencia desleal.

Precisado lo anterior, la Sala observa que el a quo denegó las

pretensiones de la demanda, por considerar que los actos acusados

no fueron expedidos con falsa motivación ni desviación de poder.

Por su parte, la apelante insistió en que los actos administrativos

demandados sí se encuentran incursos en dichas causales, por lo

que la Sala procederá a examinarlas, en aras de establecer su

legalidad.

. FALSA MOTIVACIÓN

Para sustentar este cargo, la actora alegó que los actos acusados

fueron expedidos con desconocimiento de las normas que rigen el

régimen tarifario, dado que sus políticas de otorgamiento de

descuento comercial y de aplazamiento de la facturación de una

parte de las tarifas reguladas para un período posterior, se

adecuan al régimen de libertad regulada de tarifas de la Ley 142 y

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a las regulaciones de la CREG, buscaban evitar el deterioro en la

demanda de sus usuarios, no atentaron contra el principio de

suficiencia financiera, razón por la cual dichas actuaciones no

pueden considerarse tampoco como prácticas restrictivas de la

competencia, ni competencia desleal.

Asimismo, adujo que su política de descuentos comerciales en el

servicio de energía eléctrica no modificó la fórmula tarifaria

establecida por la Resolución CREG 031 de 1997, lo cual se

encuentra demostrado con el dictamen pericial de AURELIO

MUÑOZ; que era una práctica comercial normal para la gestión de

riesgos del mercado; que no afectó la tarifa, sino la suma a pagar;

no se encontraba prohibida; ni afectó los intereses de las empresas

que prestan servicios sustitutos o iguales.

En cuanto a la falsa motivación, esta Sección, en sentencia de 14 de

abril de 201613, reiteró los supuestos establecidos en el fallo de 25

de febrero de 2009 14 para la configuración de dicha causal de

nulidad, en el que se señaló lo siguiente:

“[…] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia
cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
abril de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de
febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, núm. único de radicación 85001-23-31-000-
1997-00374-01(15797)

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hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de
la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho
esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien
por error o por razones engañosas o simuladas; iii)
porque el autor del acto le ha dado a los motivos de
hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv)
porque los motivos que sirven de fundamento al acto no
justifiquen la decisión […]”. (Destacado fuera de texto).

Al respecto, cabe mencionar que para la definición de los

regímenes tarifarios es preciso acudir a lo establecido en la Ley

142, “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos

domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, la cual en su artículo

14.10 define la libertad regulada, así:

“[...] ARTÍCULO 14. Definiciones. Para interpretar y
aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes
definiciones:

[…]

14.10. Libertad regulada. Régimen de tarifas
mediante el cual la comisión de regulación respectiva
fijará los criterios y la metodología con arreglo a los
cuales las empresas de servicios públicos
domiciliarios pueden determinar o modificar los
precios máximos para los servicios ofrecidos al
usuario o consumidor. […]” (Destacado fuera de texto).

El artículo 87, ibidem, señala como criterio para la fijación de las

tarifas el de suficiencia financiera, conforme al cual las fórmulas

de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos

propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el

mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los

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accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una

empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán

utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la

mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios, de la

siguiente manera:

“[…] ARTÍCULO 87. Criterios para definir el régimen
tarifario. El régimen tarifario estará orientado por los
criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad,
redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y
transparencia.
[…]

87.4. Por suficiencia financiera se entiende que las
fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de
los costos y gastos propios de operación, incluyendo
la expansión, la reposición y el mantenimiento;
permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la
misma forma en la que lo habría remunerado una empresa
eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán
utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que
garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus
usuarios. […]” (Destacado fuera de texto).

Por su parte, los artículos 44 y 45 de la Ley 143 de 1994 también

establecen el principio o criterio del régimen tarifario el de la

suficiencia financiera, que se traduce en la búsqueda de que las

empresas tengan garantizada la recuperación de sus costos de

inversión y sus gastos de administración, operación y

mantenimiento.

De igual manera, el artículo 88 de la Ley 142 prevé lo siguiente:

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“[…] Artículo 88. Regulación y libertad de tarifas. - Al
fijar sus tarifas, las empresas de servicios públicos se
someterán al régimen de regulación, el cual podrá
incluir las modalidades de libertad regulada y
libertad vigilada, o un régimen de libertad, de acuerdo a
las siguientes reglas:

88.1. Las empresas deberán ceñirse a las fórmulas
que defina periódicamente la respectiva comisión
para fijar sus tarifas, salvo en los casos excepcionales
que se enumeran adelante. De acuerdo con los estudios
de costos, la comisión reguladora podrá establecer
topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio
cumplimiento por parte de las empresas; igualmente,
podrá definir las metodologías para determinación de
tarifas si conviene en aplicar el régimen de libertad
regulada o vigilada.

88.2. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas
cuando no tengan una posición dominante en su mercado,
según análisis que hará la comisión respectiva, con base en
los criterios y definiciones de esta Ley.

88.3. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas,
cuando exista competencia entre proveedores. Corresponde
a las comisiones de regulación, periódicamente, determinar
cuando se dan estas condiciones, con base en los criterios y
definiciones de esta Ley. [...]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, la Ley 142, en especial, en los capítulos 1 y 2 del título VI, y

el capítulo 5 del título VII (artículo 73.11), y la Ley 143, en

particular, en el artículo 23, asignaron a la CREG la función de

aprobar las fórmulas tarifarias y las metodologías para el cálculo de

las tarifas aplicables a los usuarios regulados.

Por tal razón, la CREG expidió la Resolución 031 de 4 de abril de

1997, “Por la cual se aprueban las fórmulas generales que

permiten a los comercializadores de electricidad establecer

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los costos de prestación del servicio a usuarios regulados en

el Sistema Interconectado Nacional”, que en su artículo 1º

define la libertad regulada, así:

“[…] Artículo 1°. - Definiciones. Para los efectos de esta
resolución se adoptan las siguientes definiciones:
Costo de Prestación del Servicio: Es el costo
económico de prestación del servicio que resulta de
aplicar: a) las fórmulas generales de costos
establecidas en el anexo número uno de esta
resolución, sin afectarlo con subsidios ni
contribuciones, y b) el costo de comercialización
particular aprobado por la Comisión para un
determinado prestador del servicio, de acuerdo con el
anexo número dos de la presente resolución. Sobre el
costo de prestación del servicio se determina el
valor de la tarifa aplicable al suscriptor o usuario.
[…]

Fórmulas Generales para Determinar el Costo de
Prestación del Servicio: Son las ecuaciones que
permiten calcular el Costo de Prestación del Servicio, en
función de la estructura de costos económicos,
independientemente de los subsidios o
contribuciones.

Libertad Regulada: Régimen de tarifas mediante el
cual la Comisión de Regulación de Energía y Gas fija
los criterios y la metodología con arreglo a los cuales
las empresas que presten el servicio público
domiciliario de comercialización de energía eléctrica
pueden determinar o modificar los precios máximos
que cobrarán a los usuarios finales regulados por el
citado servicio. Tales criterios y metodologías se expresan
mediante las fórmulas contenidas en esta resolución. […]”.

Y en sus artículos 3º y 4º dispone:

“[…] Artículo 3°. - Régimen de libertad regulada. Las
tarifas a los usuarios finales regulados se someterán
al régimen de libertad regulada definido en el

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numeral 10 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 y en
esta resolución.

Toda persona que preste el servicio público de
comercialización de electricidad, bajo el ámbito de
aplicación de esta resolución, determinará el costo
máximo de prestación del servicio dando aplicación a
las fórmulas generales de costos establecidas en el
anexo número uno de esta resolución y al costo base
de comercialización que específicamente le apruebe
la Comisión. Con base en el costo que así determine,
el prestador del servicio de energía eléctrica
establecerá las tarifas y cargos que puede cobrar a
los usuarios. […]

Artículo 4o.- Vigencia del régimen de libertad
regulada. Cada comercializador de electricidad podrá
aplicar el régimen de libertad regulada a partir de la fecha
en que empiecen a regir las fórmulas generales de costos
establecidas en esta resolución y, además, se encuentre en
firme el acto administrativo particular mediante el cual la
Comisión apruebe el costo base de comercialización
aplicable por el respectivo prestador del servicio.

Las fórmulas generales de costos y la metodología
para determinar el costo base de comercialización,
regirán por cinco años contados a partir del primero
(1º) de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre del
año 2002.

Vencido el período de vigencia de las fórmulas de costos y
de la metodología de determinación del costo base de
comercialización, continuarán rigiendo mientras la Comisión
de Regulación de Energía y Gas no fije las nuevas. […]”
(Destacado fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, las empresas de servicios públicos,

al fijar sus tarifas, se deben someter al régimen de libertad

regulada y libertad vigilada, para lo cual deben ceñirse a las

fórmulas que defina periódicamente la CREG, así como a los

criterios y la metodología que ella fije, para poder determinar o

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modificar los precios máximos para los servicios ofrecidos al

usuario o consumidor.

En el caso bajo examen, las EMPRESAS PÚBLICAS DE

MEDELLÍN E.S.P. estaban sometidas al régimen de libertad

regulada, señalado en la Ley 142 y la Resolución 031 de 1997,

según la cual la CREG fijó los criterios y la metodología con arreglo

a los cuales las empresas establecerán el costo máximo de

prestación del servicio dando aplicación a las fórmulas generales de

costos establecidas en el anexo número uno de dicha resolución y

al costo base de comercialización que específicamente le apruebe la

Comisión, sin que les fuera aplicable el derecho privado y, en tal

sentido, pudieran fijar tarifas contrarias a ese régimen.

Las referidas fórmulas generales de costos y la metodología para

determinar el costo base de comercialización, aplicables a la

actora, regían por un período de vigencia de cinco años contados a

partir del 1º de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre del año

2002, el cual vencido continuaba rigiendo mientras la CREG no

fijara las nuevas.

Cabe mencionar que el Costo de Prestación del Servicio es el

costo económico de prestación del servicio que resulta de aplicar:

a) las fórmulas generales de costos establecidas en el anexo

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número uno de esta resolución, sin afectarlo con subsidios ni

contribuciones, y b) el costo de comercialización particular

aprobado por la Comisión para un determinado prestador del

servicio.

En el Anexo número Uno se establecieron las fórmulas generales de

costos, de la siguiente manera:

“[...] FÓRMULAS GENERALES DE COSTOS

1. COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO

Los costos de prestación del servicio están definidos en forma
unitaria ($/kWh), y están asociados con los costos que enfrenta la
empresa en desarrollo de su actividad de comercialización.

2. COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El costo unitario monomio está dado por la siguiente fórmula:

donde:

n: Nivel de tensión.

m: Es el mes para el cual se calcula el costo unitario de prestación
del servicio.

t: Años transcurridos desde el inicio de la aplicación de la fórmula
(t= 0, 1, 2, 3, 4)

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z: Zona eléctrica a la cual pertenece el comercializador, de acuerdo
con la metodología vigente para los cargos por uso del Sistema de
Transmisión Nacional.

CUn,m,t Costo unitario de prestación del servicio ($/kWh) para los
usuarios conectados al nivel de tensión n, correspondiente al
mes m del año t.

Gm,t Costos de compra de energía ($/kWh) conforme al numeral
2.1.

T m,t,z Costo promedio por uso del STN ($/kWh) correspondiente al
mes m del año t en la zona z, conforme al numeral 2.2.

D n,m Costo de distribución ($/kWh) correspondiente al nivel de
tensión n para el mes m, conforme al numeral 2.3.

O m,t Costos adicionales del mercado mayorista ($/kWh),
correspondiente al mes m del año t, conforme al numeral 2.4

PR n,t Fracción (o Porcentaje expresado como fracción) de pérdidas
de energía acumuladas hasta el nivel de tensión n, reconocidas
para el año t, conforme al numeral 2.5

C m,t Costo de comercialización ($/kWh) correspondiente al
mes m del año t, conforme al numeral 2.6

Las equivalencias entre los costos monomios aquí establecidos y
los costos correspondientes a otras opciones tarifarias que los
comercializadores pueden ofrecer a sus usuarios, serán
establecidas por la Comisión en resolución separada.

2.1 Costos de compra de energía.

[…]

2.2 Costo promedio por uso del STN.

Es el promedio anual del costo de transmisión que enfrenta el
comercializador, de acuerdo con los cargos aprobados para el
Sistema de Transmisión Nacional, actualizados al mes m del año t
en la zona z.

2.3 Costo de Distribución.

Es el cargo aprobado para el nivel de tensión n del sistema de
distribución respectivo, actualizados al mes m del año t.

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2.4 Costos adicionales del mercado mayorista.

Los Costos Adicionales del Mercado Mayorista Oa corresponden a
las contribuciones que deben hacer los agentes a la CREG y a la
SSPD, los costos asignados a los comercializadores por
restricciones y servicios complementarios, y la remuneración del
Centro Nacional de Despacho, los Centros Regionales de Despacho
y del Administrador del SIC. Estos costos se calculan directamente
en proporción a los kWh vendidos […]

2.5 Fracción reconocida para cubrir pérdidas.

Es un valor que representa la fracción (o porcentaje expresado en
forma de fracción) del costo de prestación del servicio en la
fórmula por kWh facturado, imputable sólo a las compras y al
transporte por el STN, asociado con el efecto de las pérdidas
(técnicas o no técnicas) acumuladas hasta el nivel de tensión n. Es
un parámetro único definido por la CREG por un valor inicial P0para
todos los comercializadores en el nivel de tensión I, el cual se
reduce anualmente en forma escalonada hasta un valor final Pf de
acuerdo con la ecuación (lineal en t que varía en forma discreta),

[…]

2.6 Costos de comercialización.

Mediante este cargo se reconocerán los costos máximos asociados
con la atención de los usuarios regulados, con un esquema que
incentive la eficiencia de las empresas,

[…]

2.7 Costos de conexión y otros cobros […]”.

Conforme la anterior fórmula, el Costo Unitario de Prestación

del Servicio (CU) de los usuarios regulados se encuentra

relacionado con los costos económicos de: compra de energía

(numeral 2.1); transmisión (numeral 2.2); distribución (numeral

2.3); adicionales del mercado mayorista (numeral 2.4); fracción de

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pérdidas de energía reconocidas (numeral 2.5); comercialización

(numeral 2.6).

En el presente caso, como se puso de presente, la actora al estar

sometida al régimen de libertad regulada debía determinar las

tarifas por el servicio de energía de acuerdo con los criterios y la

metodología establecidos por la Ley 142 y por la CREG, en la

Resolución 031 de 1997.

Empero, contrario a ello, la demandante no se sometió al régimen

de libertad regulada y desconoció el régimen tarifario previsto por

la CREG para los usuarios regulados, al cobrar tarifas inferiores a

las previstas por la CREG, en cuanto aplicó descuentos comerciales

y aplazó una parte de la facturación de un determinado período

para otro posterior. A partir de ambas actuaciones, la entidad

demandada concluyó la configuración de prácticas restrictivas de la

competencia y competencia desleal.

DESCUENTOS COMERCIALES

La Sala considera que cuando la actora estableció su política de

descuento comercial adicionó un concepto o una variable nueva o

adicional a la fórmula tarifaria (que la modificó), que no está

prevista en la ley o en la regulación.

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Cabe mencionar que de conformidad con el artículo 92 de la Ley

142, en las fórmulas de tarifas las comisiones de regulación

garantizarán a los usuarios a lo largo del tiempo los beneficios de la

reducción promedio de costos en las empresas que prestan el

servicio; y, al mismo tiempo, darán incentivos a las empresas

para ser más eficientes que el promedio, y para apropiarse

los beneficios de la mayor eficiencia.

Al respecto, se observa que la regulación por incentivos busca que

las empresas obtengan mayores beneficios para sí o para sus

usuarios con la búsqueda de costos menores y más eficientes, a

través de las variables Gm, T, Dn,m o Cm,t, pero no permite

adicionar nuevas variables a la fórmula, en la forma de un nuevo

subsidio o adicionando una variable o concepto nuevo a la fórmula

tarifaria.

Es decir, el legislador sí estableció unos incentivos que pueden

disminuir las tarifas dentro la fórmula tarifaria y a esos debe

someterse la empresa, sin poder crear incentivos adicionales, por

fuera de la fórmula tarifaria señalada en la Resolución CREG 031 de

1997.

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Para el efecto, es del caso traer a colación nuevamente la fórmula

de costo unitario de prestación de servicio, que dice así:

Dicha fórmula permite o faculta a los comercializadores o empresas

disminuir las tarifas (aplicar un valor inferior) a los usuarios finales

regulados, si demuestran que tienen costos más eficientes que los

señalados por el regulador, de conformidad con el artículo 5º de la

citada Resolución CREG 031 de 1997, que prevé:

“[…] Artículo 5o. Naturaleza del costo de prestación
del servicio. El costo unitario que resulta de aplicar la
fórmula general de costos junto con el costo base de
comercialización del respectivo prestador del servicio, es un
costo máximo para cada una de las opciones tarifarias, que
faculta al comercializador para aplicar un valor
inferior, si tiene razones económicas comprobables
que expliquen la existencia de costos inferiores. En
todo caso al aplicar el régimen tarifario de libertad regulada
el comercializador deberá cumplir el principio de
neutralidad establecido en el artículo 87.2 de la Ley 142 de
1994 y los demás principios y normas que orientan el
régimen tarifario, según las leyes. […]” (Destacado fuera
de texto).

En otras palabras, la fórmula tarifaria contiene en si misma los

incentivos que pueden permitir una disminución de las tarifas,

toda vez que el citado artículo 5º establece que se faculta al

comercializador para aplicar un valor inferior, si tiene razones

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económicas comprobables que expliquen la existencia de costos

inferiores, esto es, si demuestra que tiene costos menores y más

eficientes que los señalados por el regulador.

Por consiguiente, el comercializador o la empresa sí puede

disminuir las tarifas al usuario final de conformidad con la señalado

en la fórmula tarifaria sin modificarla y sin incurrir en violación del

régimen tarifario, si obtiene precios inferiores al promedio del

mercado, al comprar la energía y al incrementar la productividad

de las operaciones o actividades asociadas con los costos de

distribución y comercialización15 por encima de los costos eficientes

señalados por el regulador.

Sin embargo, no pueden existir incentivos fuera de la fórmula

tarifaria, por lo que la actora al disponer un descuento comercial

que afecta directamente la totalidad del CU (costo unitario) y que

no se encuentra cobijado dentro de los incentivos que pueden

permitir la disminución de las tarifas, adicionó una variable nueva o

adicional a la fórmula tarifaria, -que la modificó-, o creó un nuevo

incentivo, no previsto en la ley o en la regulación.

15
El Costo Unitario de Prestación del Servicio (CU) de los usuarios regulados se encuentra
relacionado con los costos económicos de: compra de energía; transmisión; y comercialización.

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Al efecto, se resalta que el descuento comercial, al no encontrarse

cobijado dentro de los incentivos de la fórmula tarifaria prevista por

la CREG, no puede considerarse como un incentivo que puede

enmarcarse dentro la regulación de incentivos y, por ende,

constituye una variable adicional que modifica la fórmula tarifaria y

el régimen de libertad regulada.

Además, la Sala observa que el regulador, a través de la

Resolución CREG núm. 031 de 1997, al determinar la fórmula de

costo base de comercialización para un determinado prestador

del servicio, en el anexo número dos de dicha resolución, incluyó

los riesgos así:

“[…] 2. Costo Base de Comercialización:

a) Sobre el Costo de Comercialización eficiente obtenido
para cada comercializador, se establece un margen del
15%.
b) El margen del 15% cubre tanto los riesgos de la
actividad de Comercialización como el retorno del
capital comprometido. […]” (Destacado fuera de
texto).

De manera, que el descuento comercial aplicado por la actora no

es un mecanismo para manejar o gestionar el riesgo, que a juicio

de la demandante, la CREG les trasladó a las empresas, por cuanto

la Comisión, a través de su regulación, buscaba que las empresas

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tuvieran mayores eficiencias y menores costos; y la fórmula

tarifaria, establecida por el mencionado regulador, como se dijo,

contiene mecanismos idóneos y legales para manejar dicho riesgo,

así como incentivos autorizados para recuperar los costos o

disminuir los costos, sin tener que acudir a subsidios no

autorizados o no incluidos dentro de la fórmula tarifaria, como lo

son los descuentos comerciales.

Por lo tanto, el descuento comercial aplicado por la actora no está

comprendido dentro de la regulación por incentivos ni corresponde

a un mecanismo para la gestión de riesgo, sino que constituye una

variable adicional que modifica o afecta la fórmula tarifaria, viola el

régimen de libertad regulada.

Lo anterior, habida cuenta que las fórmulas establecidas por la

CREG permiten o facultan a los comercializadores o empresas a

disminuir las tarifas (aplicar un valor inferior) a los usuarios finales

regulados, si demuestran que tienen costos más eficientes que los

señalados por el regulador, de conformidad con el artículo 5º de la

citada Resolución CREG 031 de 1997, como se puso de presente

anteriormente.

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Empero, las empresas prestadoras de servicios públicos de energía

eléctrica, como la actora, no les está autorizado crear subsidios

adicionales, por cuanto se afectaría o modificaría el régimen

tarifario fijado por la ley y el regulador, y se desconocería

especialmente el principio de suficiencia financiera, que busca que,

a través de las fórmulas tarifarias, las empresas tengan

garantizada la recuperación de sus costos de inversión y sus gastos

de administración, operación y mantenimiento.

En efecto, para la Sala, contrario a lo aducido por el apelante, sí se

afectó el principio de suficiencia financiera, al adicionar una

variable, como el descuento, el cual no está contemplado en la

fórmula tarifaria prevista en la Resolución CREG 031 de 1997,

porque al establecer ese descuento se estaban cobrando unas

tarifas inferiores a las que resultan de aplicar a la referida fórmula

tarifaria, establecida por la CREG, con lo cual la empresa actora no

pudo cubrir o recuperar los costos económicos en que incurrió por

la comercialización de energía eléctrica.

Asimismo, la Sala considera que también se incurrió en prácticas

restrictivas de la competencia, habida cuenta que según consta en

el primer considerando del Decreto núm. 1131 de 9 de abril de

2001, expedido por el Gerente General de la EPM, el objetivo del

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descuento comercial aplicado era que “las tarifas de los servicios

públicos que presta la Entidad sean las más bajas del país en

términos comparables con los de otras empresas”, lo cual pone en

evidencia un efecto de atentar contra el derecho a la competencia o

de restringir en forma indebida la competencia, de conformidad con

la prohibición, prevista en el artículo 34 (34.1) de la Ley 142 de

199416, frente a los demás comercializadores de energía eléctrica

que sí aplicaban el régimen tarifario y que sí eran competidores, a

fin de mantener su posición en el mercado de usuarios regulados

en el área de influencia.

Como se puede observar, ciertamente, la decisión de la actora de

alejarse del régimen tarifario establecido por la CREG para

disminuir las tarifas a sus usuarios (con la aplicación de descuento

comercial) sí tuvo un efecto concurrencial frente a los demás

comercializadores de energía eléctrica que sí aplicaban el régimen

tarifario y que eran sus competidores o potenciales competidores.

De manera, que el descuento comercial aplicado por la actora sí

tuvo la capacidad y el efecto de restringir la competencia, en los

16
“[…] ARTÍCULO 34. Prohibición de prácticas discriminatorias, abusivas o restrictivas. Las
empresas de servicios públicos, en todos sus actos y contratos, deben evitar privilegios y
discriminaciones injustificados, y abstenerse de toda práctica que tenga la capacidad, el propósito o
el efecto de generar competencia desleal o de restringir en forma indebida la competencia.
Se consideran restricciones indebidas a la competencia, entre otras, las siguientes:
34.1. El cobro de tarifas que no cubran los gastos de operación de un servicio […]”.

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términos de la prohibición general señalada del artículo 34 (34.1)

de la Ley 142.

En otras palabras, la política de descuentos comerciales de la

actora corresponde a estrategias y políticas particulares de la

empresa, que no la autorizaban para apartarse del cumplimiento

del régimen tarifario que definió la CREG para los usuarios del

régimen de libertad regulada y que afectaron los intereses de las

otras empresas que prestaban servicios sustitutos o iguales y que,

por ende, no demostraban un respeto al ingreso de terceros al

mercado.

En tal sentido, debe ponerse de presente que dicho descuento

comercial también constituye una práctica desleal, como lo señaló

la Superintendencia demandada, de acuerdo con lo previsto en el

artículo 1817 de la Ley 256 de 15 de enero de 199618, que afecta

tanto el interés particular como el interés general.

Lo anterior, habida cuenta que según la citada disposición se

considera desleal la efectiva realización en el mercado de una

ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante

17
“[…] Artículo 18. VIOLACIÓN DE NORMAS. Se considera desleal la efectiva realización en el
mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de
una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa. […]” (Destacado fuera de texto).
18
“Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal.”.

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la infracción de una norma jurídica, y que, en efecto, en este caso

se creó una ventaja competitiva frente a los demás

comercializadores de energía eléctrica que sí aplicaban el régimen

tarifario y que sí eran competidores, cuando la actora aplicó el

referido descuento que modificó el régimen tarifario.

De ahí que no sea cierto cuando la actora adujo que al aplicar el

descuento adoptó una práctica comercial normal tendiente a incidir

sobre las circunstancias de tiempo en la realización del pago.

Ahora, se debe precisar, como lo sostuvo la Superintendencia, que

no se modifica la fórmula cuando se cobran intereses de mora,

porque la Ley 142 de 1994, en su artículo 96, permite su cobro 19,

pero sí se modifica la fórmula cuando se aplica un descuento, toda

vez que la ley ni la regulación de la CREG en ninguna parte

autoriza aplicar subsidios adicionales a los legales (establecidos por

la ley), en forma de descuentos, máxime cuando ello implica

modificar el régimen tarifario (la fórmula tarifaria), como se ha

indicado antecedentemente.

19
“Artículo 96. Otros cobros tarifarios.
[…] En caso de mora de los usuarios en el pago de los servicios, podrán aplicarse intereses de mora
sobre los saldos insolutos, capitalizados los intereses, conforme a lo dispuesto en la Ley 40 de 1990
[…]”.

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Ahora, en cuanto al dictamen pericial de AURELIO MUÑOZ20, que, a

juicio del apelante, demostró que la política de descuentos

comerciales en el servicio de energía eléctrica no modificó la

fórmula tarifaria establecida por la Resolución CREG 031 de 1997,

la Sala observa que en dicho dictamen el perito sostuvo lo

siguiente:

“[…] Puedes leer y apreciar que en ningún momento el
descuento altera o modifica el valor de la venta.
Cualquier política que adopte el acreedor para recuperar el
valor del servicio se mueve entre la cuenta por cobrar y el
banco y el valor del descuento se contabiliza como un gasto.

Desplegar una estrategia de recaudo de cartera no es
competencia desleal (Ley 256 de 1996) pues lo que se
busca es recuperar el valor del servicio prestado. La
consecución del cliente o del usuario para que compre ya
está hecha; aquí no se está buscando nuevos usuarios que
sería el motivo para pensar en una maniobra Non Santa para
captar nuevos usuarios.
[…]

En cuanto a la exégesis dada por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios a la Resolución CREG- 031 de
1997 de no admitir variación en el procedimiento utilizado
por las EEPP de MM, es uno de los puntos que se debate en
este estrado con la decisión del Magistrado Ponente. […]”
(Destacado fuera de texto).

Al respecto, la Sala considera que dicho dictamen no servía para

descartar o desvirtuar si la política de descuentos comerciales en el

servicio de energía eléctrica modificó la fórmula tarifaria

establecida por la Resolución CREG 031 de 1997 y/o desconoció el

20
Índice 2 del expediente digital SAMAI.

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régimen tarifario previsto en la citada resolución, en cuanto se

trataba de un asunto de derecho, que debía ser definido por esta

jurisdicción.

Al efecto, es del caso advertir que de acuerdo con el artículo 236,

numeral 1, del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 226 del

Código General del Proceso, el dictamen pericial resulta

improcedente para verificar dichos aspectos o puntos de derecho,

que son competencia de esta jurisdicción al momento de definir el

asunto.

Por lo tanto, dicha prueba no sirve para desvirtuar que la política

de descuentos comerciales en el servicio de energía eléctrica

modificó la fórmula tarifaria establecida por la Resolución CREG

031 de 1997.

APLAZAMIENTO DE LA FACTURACIÓN PARA UN PERÍODO

POSTERIOR

Respecto al aplazamiento de la facturación para un período

posterior, se tiene que si bien la empresa elaboró y envió las

facturas, también lo es que el valor facturado no se realizó de

forma completa, sino parcial, ya que el valor facturado no

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correspondió con los costos económicos de: compra de energía,

transmisión nacional, distribución, costos adicionales del mercado

mayorista, fracción de pérdidas de energía reconocidas y de

comercialización en que incurrió la empresa, que se encuentran

asociados al Costo Unitario de Prestación del Servicio (CU) de

los usuarios regulados, según lo reportado y publicado por esta.

Para la Sala, es cierto conforme lo señaló la entidad demandada,

que no se podían aplicar parcialmente las tarifas, toda vez que de

acuerdo con la fórmula general de costos, establecida en el Anexo

núm. uno de la Resolución CREG 031 de 1997, el Costo Unitario de

Prestación del Servicio (CU) debía calcularse para el mes (m),

estos es, mensualmente, y no se podía efectuar el cálculo para

algunos días del mes (m), y aplazar el cálculo de los restantes días

para otro mes, por cuanto esta situación no se encuentra prevista

ni autorizada por el regulador, en la referida fórmula, que dice así:

donde:

m: Es el mes para el cual se calcula el costo unitario de
prestación del servicio.

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Además de lo anterior, se debe advertir que la aplicación parcial de

la tarifa a un usuario regulado, al igual que los descuentos

comerciales, no se encuentran contempladas dentro del régimen

del servicio público domiciliario de electricidad, previsto en las

leyes 142 y 143, ni en la regulación expedida por la CREG, vigente

para la época de los hechos, - Resolución CREG 031 de 1997-, ni

en el Anexo núm. 01 de dicha resolución, por el cual se

establecieron las fórmulas generales de costos para el cálculo de

las tarifas, sin perder de vista que la actora al estar sometida a un

régimen tarifario de libertad regulada para usuarios regulados,

debía calcular las tarifas con estricta sujeción a las fórmulas y

metodología previstas por la CREG.

Al efecto, es del caso aclarar que si bien es cierto que la actora

podía fijar las tarifas de energía eléctrica y no la Comisión de

Regulación, como lo adujo la actora, también lo es que la

demandante debía calcular las tarifas con estricta sujeción a las

fórmulas y metodología previstas por la CREG.

En efecto, la empresa al aplicar un descuento comercial, así como al

aplicar de manera parcial la tarifa a un usuario regulado, se apartó

del régimen tarifario que definió la CREG para los usuarios regulados

bajo el régimen de libertad regulada, al cual debía someterse como

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prestadora del servicio público domiciliario de energía eléctrica para

usuarios regulados, por cuanto las tarifas aplicadas a los usuarios

regulados no correspondieron con los costos de compra de energía,

costo por uso del sistema de transmisión nacional, costo de

distribución, costos adicionales de mercado mayorista, fracción de

pérdidas de energía reconocidas y costo de comercialización en los

que incurrió la empresa; sino a los intereses, estrategias y políticas

particulares de la empresa.

En este orden de ideas, esta Sala no encuentra que se presente

ninguno de los supuestos para la configuración de la causal de

nulidad por falsa motivación, habida cuenta que los actos acusados

contienen tanto la fundamentación fáctica como jurídica, los

supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la

Superintendencia demandada no dio un alcance diferente a los

hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en

la motivación y la decisión adoptada por la entidad mencionada, en

cuanto se demostró que la actora desconoció la Ley 142 y el

régimen tarifario previsto por la CREG para los usuarios sometidos

al régimen de libertad regulada, al cual debía someterse como

prestadora del servicio público domiciliario de energía eléctrica para

usuarios regulados, al aplicar descuentos comerciales y aplazar una

parte de la facturación de un determinado período para otro

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posterior, en cuanto debió determinar las tarifas por el servicio de

energía de acuerdo con los criterios y la metodología establecidos

por la Ley 142 y por la CREG, en la Resolución 031 de 1997.

. DESVIACIÓN DE PODER

Expresó que la entidad demandada fijó la multa con

desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 81.2 de la Ley 142,

ya que la actora se comprometió a la buena marcha del servicio; se

mejoraron las condiciones de prestación del servicio; su conducta

tuvo un impacto positivo y no existió reincidencia e impacto en su

prestación.

Además, indicó que la demandada actuó por fuera del marco legal,

dado que utilizó la facultad para sancionar una conducta censurable

con otra finalidad, pues sancionó solamente a una empresa, a

pesar de que se comportó como lo hicieron otros agentes

económicos o competidores, a quienes no se les censuró su

conducta.

Respecto del cargo referente a la desviación de poder, la Sala

estima que no está llamado a prosperar, pues las consideraciones

expuestas en este acápite son válidas para demostrar que la

entidad demandada al expedir los actos acusados actuó conformidad

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con los fines previstos en la Ley, esto es, las normas sobre el

régimen tarifario para los usuarios sometidos al régimen de libertad

regulada, al cual debía someterse la actora como prestadora del

servicio público domiciliario de energía eléctrica para usuarios

regulados.

Además, de que la mencionada entidad no actuó por fuera del

marco legal, al sancionar solamente a la actora y no sancionar a

otros agentes económicos o competidores, que a juicio del

apelante, se comportaron igual a la actora, pues no fue probado en

el proceso el hecho de que esos otros agentes o competidores,

hayan cometido la misma conducta imputada a la demandante, o

que pese a haber sido investigados no hayan sido sancionados.

Ahora, en cuanto a que la entidad demandada fijó la multa con

desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 81.2 de la Ley 142,

es del caso traer a colación los razonamientos señalados en la

Resolución núm. SSPD 20052400005835 de 2005, acusada,

para fundamentar dicha sanción, a saber:

“[…] Que como consecuencia de todo lo anterior, este
Despacho procederá a aplicar sanción pecuniaria a
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P., la cual se
graduará teniendo en cuenta que la empresa con
anterioridad no ha sido sancionada por los mismos
hechos, y, entre otros, con fundamento en el análisis
de los siguientes impactos de las infracciones en las
cuales incurrió la empresa:

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• Vulneración del régimen de libertad regulada establecido
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas para
usuarios regulados de la zona interconectada. Con ello se
apartó del mandato constitucional previsto en el artículo
367 Superior, según el cual la prestación de los servicios
públicos] debe estar atada a sus costos y de lo dispuesto
sobre el tema tarifario por las Leyes 142 y 143 de 1994,

• La empresa atentó, adicionalmente, contra el derecho
colectivo de la libre competencia económica, como se
dispuso en el artículo 88 de la Constitución Política.
Además, es de anotar que con la Carta Política de 1991 se
eleva a rango constitucional la libertad de competencia. En
el artículo 333 Superior, se consagra que la libre
competencia es un derecho de todos que supone
responsabilidades y que la empresa, como base del
desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones
y que es el Estado, en este caso a través de esta
Superintendencia, el llamado a impedir que se obstruya o
se restrinja la libertad económica.

• La empresa igualmente afectó uno de los derechos
sociales, económicos y culturales, previsto en el capítulo 2
del Título II de la Constitución Política: De los Derechos, las
Garantías y los Deberes, a saber la propiedad privada. En
el artículo 58 Superior se dispone que la propiedad es una
función social que implica obligaciones, aspecto
desarrollado a través del artículo 11 de la Ley; 142 de
1994, en el que se establece que para cumplir con la
función social de la propiedad, pública o privada, las
entidades que presten servicios públicos tienen entre otras
obligaciones la siguiente: “11.2. Abstenerse de prácticas
monopolísticas o restrictivas de la competencia, cuando
exista, de hecho, la posibilidad de competencia”.

Igualmente, atentó contra el interés general, al infringir las
normas de competencia.

La proporcionalidad de la sanción va encaminada a
reprender la actuación de prestador, buscando con
ella representar la justa y equitativa medida entre la
conducta legal y su impacto negativo respecto a los
bienes jurídicos tutelados. Por ello, esta
Superintendencia ejerce un control de oportunidad
dentro de los límites razonables, en el entendido que
los fundamentos para imponer la sanción
comprenden la incidencia que tuvo respecto de la
vulneración de los intereses protegidos.

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El juicio de proporcionalidad de la sanción es
necesariamente individual y la sanción que se impone
guarda total simetría con el comportamiento de sujeto.

Efectivamente, el Despacho resuelve cada caso de acuerdo
con la relación existente entre la falta cometida y la sanción
a imponer, para lo cual cuenta con el respaldo del artículo
81 de la ley 142 de 1994. […]” (Destacado fuera de texto).

Sobre el particular, cabe mencionar que la posibilidad de imponer

dicha sanción se halla prevista en el artículo 81 de la Ley 142 de

1994, que señala lo siguiente:

“[…] La Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones
a quienes violen las normas a las que deban estar
sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la
falta:

81.1. Amonestación.

81.2. Multas hasta por el equivalente a Dos Mil (2.000)
salarios mínimos mensuales. El monto de la multa se
graduará atendiendo al impacto de la infracción
sobre la buena marcha del servicio público, y al
factor de reincidencia. Si la infracción se cometió
durante varios años, el monto máximo que arriba se
indica se podrá multiplicar por el número de años. (…)
las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la
atención de programas de inversión social en materia de
servicios públicos. […].” (Destacado fuera de texto).

De acuerdo con la norma transcrita, las diferentes sanciones que

puede aplicar la Superintendencia dependen de la naturaleza y

gravedad de la falta cometida. La multa debe graduarse

atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha del

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servicio público y al hecho de si el administrado es reincidente o

no.

Así pues, al imponer cualquiera de las sanciones previstas en el

artículo 81 de la Ley 142, la Administración actúa en ejercicio de su

facultad discrecional que, de acuerdo con el artículo 36 del Código

Contencioso Administrativo21, implica que la misma sea adecuada a

los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos

que le sirven de causa.

Para mayor ilustración de los aspectos generales atinentes al

asunto controvertido, la Sala considera pertinente traer a colación

el Concepto núm. 5 de 7 de enero de 2009, en el que la

Superintendencia precisó, respecto a la gradualidad de las

sanciones que puede imponer con base en el artículo 81 de la Ley

142, lo siguiente:

“[…] 3.- Cómo se mide la gravedad de la falta cometida
por el prestador? ¿A qué se refiere el criterio de
naturaleza de la falta? ¿Qué tipos de falta existen? ¿Cuál
es, la clasificación según la naturaleza de la falta, cómo se
ordenan las faltas según su gravedad, entre qué rangos
se mueve la superintendencia para imponer las sanciones
pecuniarias para cada falta?

La Ley 142 de 1994 le otorgó en el artículo 81 a la
Superintendencia la competencia de sancionar a los

21
“[…] ARTICULO 36. DECISIONES DISCRECIONALES. En la medida en que el contenido de una
decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma
que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa. […]”.

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prestadores de servicios públicos domiciliarios o
actividades complementarias de estos, que violen las
normas a las que deben estar sujetas, fijando como
criterios únicos de graduación sancionatoria los de la
naturaleza y la gravedad de la falta. Se observa que la ley
no dosifica las sanciones imponibles para cada falta, sino
que faculta al funcionario competente para evaluar
en cada caso particular la naturaleza de la falta y la
gravedad de la misma.

Corresponde entonces al sancionador, determinar
cuál es la sanción adecuada y proporcional de
conformidad con las circunstancias probadas en la
investigación. En otras palabras, lo que se deduce de la
norma en cita es la libertad del sancionador para evaluar
la naturaleza y gravedad de la falta, como factores de
graduación de la sanción.

En tales condiciones, se tiene que la ley no contiene una
dosificación de las sanciones acorde con los tipos de
faltas, sino que confiere al funcionario competente la
facultad para valorar el impacto de la conducta
sobre la prestación del servicio. No obstante, el
sancionador debe hacer una valoración racional con base
en lo señalado y ceñirse a los esquemas sancionatorios
establecidos en el mismo artículo 81.

Por lo tanto, bajo los criterios anotados, la
Superintendencia puede imponer las sanciones de
amonestación, multas, suspensión de actividades, cierre
de inmuebles, orden de separación de administradores y
toma de posesión.

Por otra parte, una de las sanciones que estableció el
legislador, corresponde a las multas previstas en el
numeral 2 del citado artículo, cuyo texto es el siguiente:

81.2. Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios
mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará
atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena
marcha del servicio público, y al factor de reincidencia. Si
la infracción se cometió durante varios años, el monto
máximo que arriba se indica se podrá multiplicar por el
número de años. Si el infractor no proporciona
información suficiente para determinar el monto, dentro
de los treinta días siguientes al requerimiento que se le
formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se

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prevén. Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación,
para la atención de programas de inversión social en
materia de servicios públicos, salvo en el caso al que se
refiere el numeral 79.11. Las empresas a las que se multe
podrán repetir contra quienes hubieran realizado los actos
u omisiones que dieron lugar a la sanción […].

En esta medida, la administración cuenta con criterios
generales para la imposición de sanciones contenidas en
el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, y con criterios
particulares para la aplicación de sanciones pecuniarias
establecidos en el artículo 81.2 de la misma obra, que en
cierta medida pretenden racionalizar la actividad
sancionadora de la Superintendencia evitando que ésta
desborde su actuación represiva, encauzándola dentro de
un criterio de ponderación, mesura y equilibrio.

Por lo tanto, corresponderá al sancionador, en cada
caso concreto, hacer una valoración racional para
determinar cuál es la sanción adecuada y
proporcional de conformidad con las circunstancias
probadas en la investigación […]”. (Destacado fuera de
texto).

Sobre este asunto, la Sección en sentencia de 1o. de noviembre de

201922, que ahora se prohíja, consideró:

“[…] En relación con la discrecionalidad de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para
imponer la sanción, en sentencia de 10 de junio de 2014 se
señaló:

“[…] las diferentes sanciones que puede fijar la SSPD
dependen de la naturaleza y gravedad de la falta cometida.
Una de las sanciones que puede imponer la
Superintendencia, cuando la naturaleza y gravedad de la
falta lo amerite, es la multa, que tiene como límite, el
equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. La multa
debe graduarse atendiendo al impacto de la infracción

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de
noviembre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 08001-23-31-
000-2006-00873-01.

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sobre la buena marcha del servicio público y a si el
administrado es reincidente o no.

Así pues, al imponer cualquiera de las sanciones previstas
en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, la Administración
actúa en ejercicio de su facultad discrecional, que, de
acuerdo con el artículo 36 del Código Contencioso
Administrativo, implica que la sanción sea adecuada a los
fines de la norma que la autoriza y proporcional a los
hechos que le sirven de causa.

En Concepto No. 5 de 7 de enero de 2009, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
precisó lo siguiente respecto a la gradualidad de las
sanciones que puede imponer con base en el artículo 81 de
la Ley 142 de 1994:

“[…]
3.- ¿Cómo se mide la gravedad de la falta cometida por el
prestador? ¿A qué se refiere el criterio de naturaleza de la
falta? ¿Qué tipos de falta existen? ¿Cuál es la clasificación
según la naturaleza de la falta, cómo se ordenan las faltas
según su gravedad, entre qué rangos se mueve la
superintendencia para imponer las sanciones pecuniarias
para cada falta?

La Ley 142 de 1994 le otorgó en el artículo 81 a la
Superintendencia la competencia de sancionar a los
prestadores de servicios públicos domiciliarios o actividades
complementarias de estos, que violen las normas a las que
deben estar sujetas, fijando como criterios únicos de
graduación sancionatoria los de la naturaleza y la gravedad
de la falta. Se observa que la ley no dosifica las
sanciones imponibles para cada falta, sino que
faculta al funcionario competente para evaluar en
cada caso particular la naturaleza de la falta y la
gravedad de la misma.

Corresponde entonces al sancionador, determinar
cuál es la sanción adecuada y proporcional de
conformidad con las circunstancias probadas en la
investigación. En otras palabras, lo que se deduce de
la norma en cita es la libertad del sancionador para
evaluar la naturaleza y gravedad de la falta, como
factores de graduación de la sanción.

En tales condiciones, se tiene que la ley no contiene una
dosificación de las sanciones acorde con los tipos de faltas,
sino que confiere al funcionario competente la facultad para

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valorar el impacto de la conducta sobre la prestación del
servicio. No obstante, el sancionador debe hacer una
valoración racional con base en lo señalado y ceñirse a los
esquemas sancionatorios establecidos en el mismo artículo
81.

Por lo tanto, bajo los criterios anotados, la
Superintendencia puede imponer las sanciones de
amonestación, multas, suspensión de actividades, cierre de
inmuebles, orden de separación de administradores y toma
de posesión.

(…)

En esta medida, la administración cuenta con criterios
generales para la imposición de sanciones contenidos en el
artículo 81 de la Ley 142 de 1994, y con criterios
particulares para la aplicación de sanciones pecuniarias
establecidos en el artículo 81.2 de la misma obra, que en
cierta medida pretenden racionalizar la actividad
sancionadora de la Superintendencia evitando que ésta
desborde su actuación represiva, encauzándola dentro de
un criterio de ponderación, mesura y equilibrio.

Por lo tanto, corresponderá al sancionador, en cada
caso concreto, hacer una valoración racional para
determinar cuál es la sanción adecuada y
proporcional de conformidad con las circunstancias
probadas en la investigación.

De acuerdo con las precisiones anteriores, toda vez que
no existe una reglamentación específica respecto a la
gradualidad de la sanción, la ley faculta al
funcionario competente para evaluar, en cada caso,
la naturaleza de la falta y la gravedad de la misma,
para, de esta forma, determinar la sanción de
acuerdo con los hechos y pruebas que existan en el
expediente”. […]” (Destacado fuera de texto).

De acuerdo con la citada sentencia de 1o. de noviembre de 2019,

el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994 faculta al funcionario

sancionador con el fin de imponer la sanción prevista en la norma,

ateniendo los criterios que allí se establecen, esto es: i) el impacto

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de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y ii) el

factor de reincidencia.

Revisado el plenario, para la Sala los actos demandados cumplieron

con los parámetros antes analizados, pues a partir de una lectura

de los mismos, es posible colegir que la Superintendencia realizó

un esfuerzo por describir de manera detallada la naturaleza de la

infracción en que incurrió la demandante, la afectación o impacto

(negativo) de la infracción al régimen tarifario, en que incurrió al

aplicar políticas de otorgamiento de descuento comercial y de

aplazamiento de la facturación de una parte de las tarifas

reguladas para un período posterior; y la no existencia del factor

de reincidencia de aquella, en cuanto señaló que la actora no ha

sido sancionada por los mismos hechos.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar, como lo sostuvo esta

Sección en sentencias de 20 de octubre de 2005 23 , de 28 de

octubre de 202124 y de 23 de junio de 202325, que es carga del

administrado demostrar que la sanción aplicada no es la que

ameritan los hechos, es decir, que es desproporcionada a los

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
octubre de 2005, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 1997-02933-01.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
octubre de 2021, C.P. Hernando Sánchez, núm. único de radicación 15001-23-33-000-2013-00759-
01.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de
junio de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación
20001233100020120024001.

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mismos, toda vez que la sanción se presume ajustada a la

normativa pertinente, dada la presunción de legalidad del acto

administrativo, pero, en este caso, la actora no demostró que la

sanción es desproporcionada a las características y circunstancias o

magnitud de los hechos que le sirvieron de fundamento.

En conclusión, teniendo en cuenta que está demostrada la

ocurrencia del hecho sancionable, la afectación o impacto de la

infracción al régimen tarifario en que incurrió la empresa

demandante (impacto de la infracción sobre la buena marcha del

servicio), y la no existencia del factor de reincidencia de aquella, la

multa impuesta a la actora está en consonancia con los parámetros

de proporcionalidad legalmente previstos y es adecuada a los fines

de la norma que la fundamenta.

En otras palabras, la multa impuesta es proporcional a las

características y circunstancias o magnitud de los hechos que le

sirvieron de fundamento26 (a la infracción cometida por la actora).

26
Ver sentencia de 28 de octubre de 2021 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 15001-
23-33-000-2013-00759-01), en la que se precisó:
“[…] 185. Por lo expuesto, la sanción será proporcional cuando se demuestre la relación de la
magnitud de dicha sanción con las características y circunstancias de los hechos que le
sirvan de fundamento. […]” (Destacado fuera de texto).
Criterio reiterado en la sentencia de 23 de junio de 2023 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación
20001233100020120024001).

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Número único de radicación: 05001-23-31-000-2006-03183-01
Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.

Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados

por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad

necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a

los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia apelada y así

se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que

de conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con

los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión

del artículo 168 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las

partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación

procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de agosto de 2014,

proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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70

Número único de radicación: 05001-23-31-000-2006-03183-01
Actora: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una

vez ejecutoriada ésta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de abril de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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