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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-31-000-2012-00240-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 20001-23-31-000-2012-00240-01

Fecha
23 de junio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 20001-23-31-000-2012-00240-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 5 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en la que se declaró la nulidad parcial de las resoluciones 20102400045305 de 23 de noviembre de 2010 y la 20112400039655 de 2 de diciembre de 2011, proferidas por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 67 Número único de radicación: 20001233100020120024001 Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P. En firme esta providencia, envíese el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 20001-23-31-000-2012-00240-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

23 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 20001233100020120024001
ACCIÓN: Nulidad y restablecimiento del derecho
ACTORA: COSTAGAS S.A. ESP

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA QUE DECLARÓ LA
NULIDAD PARCIAL DE LOS ACTOS ACUSADOS BAJO LA
CONSIDERACIÓN DE QUE LA SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SÍ JUSTIFICÓ CON
ARREGLO A LA LEY DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AL ARTÍCULO
36 DEL CCA, LA SANCIÓN DE MULTA IMPUESTA A LA
DEMANDANTE POR TENER EN SU PODER CILINDROS DE GAS
LICUADO DE PETRÓLEO PERTENECIENTES A OTRA EMPRESA
DE SERVICIOS PÚBLICOS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 1, entidad

demandada, contra la sentencia de 5 de diciembre de 2013,

proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró

la nulidad parcial de las resoluciones núms. 20102400045305

1
En adelante SSPD

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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

de 23 de noviembre de 2010 y 20112400039655 de 2 de

diciembre de 2011, expedidas por la Superintendencia de

Servicios Públicos Domiciliarios, por medio de las cuales se

restablece el derecho, disminuyendo el monto de la sanción que

en ellas se impuso, y se niegan las demás pretensiones.

I. ANTECEDENTES

I.1 La actora, COSTAGAS S.A. E.S.P., mediante apoderado, en

ejercicio del control de nulidad y restablecimiento del derecho,

presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Cesar, a

través de la cual formuló las siguientes pretensiones:

La nulidad de la Resolución SSPD–20102400045305, de 23 de

noviembre de 2010, por medio de la cual se le impuso una

sanción pecuniaria.

La nulidad de la Resolución SSPD – 20112400039655, de 2 de

diciembre de 2011, mediante la cual se resolvió el recurso de

reposición, resoluciones que quedaron en firme el 17 de enero

de 2012.

Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca el

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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

derecho ordenándole a la Superintendencia de Servicios

Públicos Domiciliarios que no haga exigible dicha sanción.

I.2. HECHOS

La demandante sustenta sus pretensiones, en síntesis, en los

siguientes hechos:

1.- Precisó que es una empresa de servicios públicos legalmente

constituida, que presta el servicio público de envasado de gas

licuado de petróleo (GLP).

2.- Adujo que por mandato legal, las empresas de servicios

públicos están sujetas a la inspección, vigilancia y control de la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pero que

existen ciertas actividades de estas cuya vigilancia corresponde

a la Superintendencia de Industria y Comercio.

3.- Indicó que la Superintendencia de Servicios Públicos

Domiciliarios, por medio de la Dirección Técnica de Gas, elaboró

un informe técnico por la incautación de unos cilindros de otra

empresa que eran transportados en un automotor de su

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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

propiedad y lo envió con memorando a la Dirección de

Investigaciones para Energía y Gas, solicitando se iniciara

investigación administrativa en su contra, por la presunta

infracción a la Resolución expedida por la Comisión de

Regulación de Energía y Gas (CREG) 023 de 2008.

4.- Expresó que, con fundamento en el anterior informe, la

Dirección de Investigaciones para Energía y Gas procedió a

elevarle pliego de cargos, mediante radicado 20102400348731

de 5 de mayo de 2010, por el hecho de que en el Municipio de

Bosconia (Cesar), el día 31 de agosto de 2009, se incautó un

vehículo suyo transportando 15 cilindros de 33 libras que eran

de propiedad de la empresa GASAN S.A. E.S.P., situación que

se consideró violatoria del numeral 7 del artículo 16 de la

Resolución 023 de 2008, de la CREG, que prevé:

“[…] ARTÍCULO16. OBLIGACIONES DEL COMERCIALIZADOR
MINORISTA EN LA COMPRA DEL PRODUCTO A LOS
DISTRIBUIDORES Y EL FLETE DEL PRODUCTO EN
CILINDROS. Para la compra y flete del producto el
Comercializador Minorista deberá:
[…]

7. No comercializar, recibir ni tener bajo ninguna
circunstancia, cilindros de propiedad de Distribuidores
diferentes a aquel con el cual tiene el Contrato de Suministro
de GLP envasado. […]”

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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

Enfatizó en que el cargo elevado consistió en transportar

cilindros de otro prestador del servicio de Gas Licuado de

Petróleo (GLP), que en este caso eran de la empresa GASAN

S.A. E.S.P.

5.- Informó que mediante radicado 2010529260672, de 27 de

mayo de 2010, presentó escrito de descargos en el cual puso

en conocimiento de la SSPD que la empresa GASAN S.A.

E.S.P., por el afán de incursionar en el mercado del sector del

Magdalena, empezó a valerse de prácticas desleales a la

competencia; y que dicha Superintendencia carecía de

atribuciones para investigar lo concerniente al mercado del GLP,

en lo relacionado con el transporte de cilindros de otra empresa,

pues solo tenía facultad cuando se tratara de faltas que

afectaran al usuario final, lo cual sucedió en este caso.

6.- Agregó que la demandada, mediante Resolución SSPD–

20102400045305 de 23 de noviembre de 2010, una vez

evaluados los descargos y pruebas aportadas, procedió a

imponerle una sanción, en la modalidad de multa, por valor de

$345.164.500 por transportar quince cilindros de propiedad de

la empresa GASAN S.A. E.S.P.

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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

7.- Indicó que dentro del término legal, a través de su

representante legal, mediante radicado 20115290008372, de

11 de enero de 2011, interpuso recurso de reposición

expresando diversas inconformidades.

8.- Finalmente, manifestó que, mediante Resolución SSPD–

20112400039655 de 2 de diciembre de 2011, la demandada

resolvió el recurso de reposición desechando los argumentos

que la empresa pretendió hacer valer, motivo por el cual

confirmó el acto recurrido.

I.3. Como normas violadas y el concepto de violación, la

actora adujo, en síntesis, lo siguiente:

I.3.1. Artículo 29 de la Constitución Política, por violación

al debido proceso, lo cual se configuró en razón de que la

SSPD carece de atribuciones para investigar hechos

relacionados con la competencia desleal entre empresas

prestadoras de servicios públicos.

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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

Al efecto, explicó que, como es de público conocimiento, la Ley

142 de 11 de julio de 19942 radicó en cabeza de la SSPD la

competencia para vigilar los mercados; que, por ello, en el

artículo 79, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 28 de

agosto de 20013, previó, en su numeral 32, la de adelantar las

investigaciones por competencia desleal y prácticas restrictivas

de la competencia de los prestadores de servicios públicos

domiciliarios e imponer las sanciones respectivas.

Sin embargo, precisó que esta función, que inicialmente le

entregó el Legislador a la SSPD, posteriormente le fue asignada

a la Superintendencia de Industria y Comercio, en consideración

a que dicho ente tenía medio siglo de estar vigilando los

mercados en el país, lo que se hizo a través de la Ley 1340 de

24 de julio de 20094, la cual, en lo pertinente, dispuso:

“[…] ARTÍCULO 28. PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA Y
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA. Las competencias asignadas,
mediante la presente ley, a la Superintendencia de Industria y
Comercio se refieren exclusivamente a las funciones de protección
o defensa de la competencia en todos los sectores de la economía
[…]”.

2
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
3
“Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.”
4
“Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”.

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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

Para no dejar duda alguna, en torno a que dicha competencia

quedó radicada en cabeza de la Superintendencia de Industria

y Comercio, la misma Ley, taxativamente, previó un período de

transición, así:

“[…] ARTÍCULO 33. TRANSITORIO. RÉGIMEN DE
TRANSICIÓN. Las autoridades de vigilancia y control a las que
excepcionalmente la ley haya atribuido facultades específicas en
materia de prácticas restrictivas de la competencia y/o control
previo de integraciones empresariales, continuarán ejerciendo
tales facultades durante los seis (6) meses siguientes a la vigencia
de esta ley, de conformidad con los incisos siguientes.

“Las investigaciones que al finalizar el término establecido en el
inciso anterior se encuentren en curso en materia de prácticas
restrictivas de la competencia continuarán siendo tramitadas por
dichas autoridades. Las demás quejas e investigaciones
preliminares en materia de prácticas restrictivas de la competencia
deberán ser trasladadas a la Superintendencia de Industria y
Comercio.

“Las informaciones sobre proyectos de integración empresarial
presentadas ante otras autoridades antes de finalizar el mismo
término serán tramitadas por la autoridad ante la que se radicó la
solicitud. Con todo, antes de proferir la decisión, la autoridad
respectiva oirá el concepto del Superintendente de Industria y
Comercio […]”.

Insistió en que se violó la norma constitucional mencionada en

consideración a que la SSPD adelantó una investigación en su

contra por unos hechos que involucran a otro prestador de

servicios, los cuales pueden catalogarse como constitutivos de

competencia desleal, toda vez que la sanción aquí controvertida

se le impuso por transportar quince cilindros que pertenecían a

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otra empresa, por lo mismo, dicho asunto era de competencia

de la SIC.

I.3.2. De la vaguedad de los cargos por falta de precisión

del verbo rector

Al respecto sostuvo que todas las autoridades que ejerzan

funciones policivas deben adelantar sus investigaciones con el

lleno de las formalidades exigidas; que cuando eleven un pliego

de cargos e imputen la violación de ciertas normas, deben

hacerlo de forma precisa y sin vacilar, máxime si la norma que

se endilga como vulnerada está compuesta por varios verbos

rectores; y que el pliego de cargos es la columna vertebral de

toda investigación por lo que sí no se hace dicha precisión se

impediría el ejercicio del derecho a la defensa.

Para soportar sus afirmaciones, la demandante transcribió lo

referente al primer cargo que le fueron formulados en el pliego

respectivo, así:

“[…] La empresa COSTAGAS S.A. E.S.P., como
comercializador minorista GLP, presuntamente vulneró el
régimen establecido en la resolución CREG 023 de 2008 al

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tener, transportar y/o comercializar cilindros de GLP
propiedad de otro Distribuidor según hechos ocurridos el
día 31 de agosto de 2009 en el municipio de Bosconia,
cuando la Policía Nacional incautó el vehículo de placas INB
975 perteneciente a la empresa COSTAGAS S.A. E.S.P., con
15 cilindros de 33 libras cuyos NIFs aparecen reportados en
el SICMA como propiedad de Gas de Santander – GASAN
S.A. E.S.P […]”.

Seguidamente, sostuvo que la norma presuntamente violada,

para nada involucra el verbo transportar, por tanto, requiere de

otra norma para su complemento. Que en efecto el artículo 16

de la Resolución de la CREG 023 de 2008, prevé:

“[..] Artículo 16. OBLIGACIONES DEL COMERCIALIZADOR
MINORISTA EN LA COMPRA DEL PRODUCTO A LOS
DISTRIBUIDORES Y EL FLETE DEL PRODUCTO EN
CILINDROS. Para la compra y flete del producto el
Comercializador Minorista deberá:
[…]

7. No comercializar, recibir ni tener bajo ninguna circunstancia,
cilindros de propiedad de Distribuidores diferentes a aquel con el
cual tiene el Contrato de Suministro de GLP envasado. […]”.

Reiteró que el cargo que se le formuló fue vago e impreciso,

toda vez que la autoridad administrativa demandada no señaló

claramente la actividad reprochable que ejecutó y por la cual

resultó sancionada, pues es evidente que no estaba

comercializando, en razón de que los cilindros se encontraban

vacíos. Admitió que sí se encontraba transportando dichos

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cilindros, y así lo debió señalar la SSPD en el pliego respectivo,

pero como no lo hizo el cargo reviste la deficiencia anotada.

I.3.3. Indebida motivación del acto sancionatorio ante la

imprecisión del lugar de los hechos y la confusión sobre

la otra empresa prestadora del servicio de GLP

involucrada

En relación con este cargo, la demandante sostuvo que la

autoridad administrativa demandada no tenía claro cuál era la

empresa denunciante y cuál la empresa investigada, al punto

que las confunde con otras del sector, como se observa en la

página 16 de la resolución que impuso la sanción, en la que se

afirma que los cilindros incautados se le devolvieron a la

administradora de la empresa Currulao, y hasta donde tiene

conocimiento nunca transportó cilindros de dicha empresa,

como tampoco se ha iniciado investigación por esos supuestos

hechos. Además, en la página 18 de esa misma resolución se

indica cómo se encontraron los cilindros de GAS PAÍS E.S.

E.S.P., en los depósitos de COSTAGAS S.A. E.S.P., lo que, a

su juicio, corrobora la imprecisión aducida.

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Recalcó que en toda investigación administrativa, sancionatoria

o penal, corresponde al investigador determinar las

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los

hechos investigados, lo cual debe hacerse desde el pliego de

cargos, pero que, sin embargo, en esta oportunidad, la SSPD,

en su acto definitivo, aun no tenía claridad al respecto, y motivó

la decisión adoptada en hechos que involucran a otras

empresas.

I.3.4. De la violación al artículo 36 del Código

Contencioso Administrativo.

Adujo que la SSPD, en ejercicio de sus funciones y de acuerdo

con lo previsto en el artículo 355 del CCA, resolvió la actuación

administrativa, con desconocimiento de lo previsto en el artículo

36 6 ibidem. Que, en esta instancia, como se hizo en sede

5
“[…] ARTICULO 35. ADOPCION DE DECISIONES. Habiéndose dado oportunidad a los
interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se
tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares.
En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante
el trámite.
Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo solicitado o pedido,
las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión a quienes aparezcan como
titulares del derecho invocado, para que puedan hacerse parte durante la vía gubernativa, si la
hay. […]”.

6
“[…] ARTICULO 36. DECISIONES DISCRECIONALES. <Código derogado por el artículo
309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente
hasta esta fecha es el siguiente:> En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter
general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza,
y proporcional a los hechos que le sirven de causa. […]”.

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administrativa, se controvierte la falta de proporcionalidad de la

sanción impuesta, en la modalidad de multa, por un valor que

supera los $345.000.000.oo, por transportar 15 cilindros vacíos

pertenecientes a la empresa GASAN S.A. E.S.P. cuando este

número de cilindros comercialmente no superan el valor de

$200.000.oo. Que en la instancia administrativa ya se había

alegado que la imposición de esta multa tan elevada no era

proporcional con los hechos investigados y se solicitó la

aplicación del mencionado artículo.

Sostuvo que cuando el legislador plasmó la proporcionalidad,

como principio rector de las investigaciones administrativas, fue

para impedir la arbitrariedad en este campo por parte de las

autoridades que las adelantaran.

Expresó que en materia sancionatoria administrativa, en cuanto

al principio de proporcionalidad se refiere, se exige que tanto la

falta descrita como la sanción correspondiente a la misma

resulten adecuadas a los fines de la norma, para que pueda

operar adecuadamente la realización de los principios que

gobiernan la función pública.

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I.3.5. De las multas confiscatorias

A juicio de la demandante, teniendo en cuenta que la multa

impuesta no es proporcional con el hecho investigado, la misma

se puede tener como confiscatoria, tipo de sanciones que están

proscritas por la Constitución Política, pues atentan contra la

libertad de empresa, derecho fundamental protegido por el

Estado; que, además, dicha multa por ser tan elevada impide

que cumpla ciertas obligaciones impuestas por el ente

regulador, respecto de las metas sobre marcación de cilindros.

Insistió en que la sanción es confiscatoria, si se tiene en cuenta

el valor del patrimonio de la empresa y las ganancias obtenidas

en el año 2009 y en que la autoridad administrativa, antes de

imponer la sanción, debió estudiar dichos aspectos.

I.3.6. Violación del principio de legalidad al imponer una

multa sin tener en cuenta la fecha de los hechos sino la

fecha en que se resuelve de fondo la investigación.

Sobre el particular sostuvo que, de acuerdo con el monto de la

sanción, el salario mínimo que tuvo en cuenta la SSPD para la

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imposición de la misma fue el del año 2010, fecha en la cual se

expidió el acto respectivo, con lo cual se desconoció el principio

de legalidad, teniendo en cuenta que la fecha en que se realizó

la incautación de los cilindros de gas fue el año 2009, por lo

tanto, la sanción debió basarse en el salario mínimo de ese año.

I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La SSPD, por intermedio de apoderado, contestó la demanda

manifestando que se oponía a todas y cada una de las

pretensiones, con fundamento en las razones que al efecto

expresó y que pueden sintetizarse, de la siguiente manera:

Adujo que el hecho primero de la demanda era cierto, en cuanto

allí se afirma que la empresa COSTAGAS S.A. E.S.P. se

encuentra legalmente constituida como consta en el certificado

de existencia y representación legal que se allegó al proceso.

En torno al segundo hecho manifestó que era cierto, en cuanto

a que la Superintendencia efectivamente ejerce vigilancia sobre

las empresas prestadoras de servicios públicos; y respecto a las

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otras afirmaciones que allí se hacen, expresó que eran

apreciaciones subjetivas de la demandante.

En relación con el hecho tercero reconoció que era cierto, solo

en cuanto a que sí se elaboró un informe técnico conforme al

cual se inició la investigación administrativa que impuso la

sanción a la demandante; y que las demás manifestaciones eran

apreciaciones subjetivas.

También admitió como cierto el hecho cuarto, pero solo en

cuanto a las actuaciones efectivamente adelantadas por la

entidad al elevar el pliego de cargos contra COSTAGAS S.A.

E.S.P; y en relación con las restantes manifestaciones

efectuadas, señaló que solo eran apreciaciones subjetivas de la

demandante.

Negó el hecho quinto, por estimar que solo contenía

apreciaciones subjetivas de la demandante.

Sobre el hecho sexto expresó que solo era cierto lo referente a

las actuaciones adelantadas por la SSPD, al evaluar el pliego de

cargos de la actora, pero no lo relacionado con su competencia

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para imponer la multa y la falta de proporcionalidad de la

sanción, por ser simples apreciaciones subjetivas.

Admitió como cierto lo expresado en el hecho séptimo en el

sentido de que la empresa COSTAGAS S.A. E.S.P. interpuso

los recursos de ley, en los términos legales previstos para el

efecto.

También admitió como cierto el hecho octavo el que da cuenta

de que la SSPD resolvió el recurso interpuesto, confirmando la

decisión inicial.

Ahora, en relación con el cargo de violación al debido proceso,

basado en distintas argumentaciones encaminadas a demostrar

que los actos administrativos demandados se expidieron con

violación de leyes preexistentes y en vigor, manifestó lo

siguiente:

Falta de competencia de la Superintendencia de Servicios

Públicos Domiciliarios para investigar y sancionar la falta

cometida

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Adujo que el artículo 29 de la Constitución Política dispone que

el debido proceso debe observarse en toda actuación, tanto

judicial como administrativa, y obliga no solamente a los jueces

sino también a los organismos y dependencias de la

administración pública.

Señaló que, en el caso concreto, el precepto constitucional del

debido proceso no fue violado con la expedición de los actos

administrativos que se demandan, por cuanto la decisión

adoptada se fundamentó en el incumplimiento de una obligación

por parte de la empresa prestadora de servicios, la cual resultó

debidamente demostrada en la actuación administrativa

válidamente surtida.

En torno a su competencia para conocer del asunto, precisó que

el artículo 79 de la Ley 142 señala como funciones especiales a

cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos

Domiciliarios, entre otras, la siguiente:

“[…] 79.1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos
administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios
públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e
inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones,
siempre y cuando esta función no sea competencia de otra
autoridad […]”. (la Sala subraya).

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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

Vaguedad en los cargos por falta de precisión al tipificar

la conducta desplegada y los cargos elevados

En relación con este punto, sostuvo que la falta endilgada a la

empresa COSTAGAS S.A. E.S.P., como ella misma lo

reconoció, aparece taxativamente señalada en el artículo 16,

numeral 7, de la Resolución de la CREG 023 de 2008, por lo que

no es de recibo el argumento esgrimido en torno a la falta de

precisión del cargo, pues, de la simple lectura de la mencionada

norma, queda claro que sí se encuentra debidamente tipificada

la conducta en cuestión, en un acto administrativo expedido por

la CREG, el cual goza de presunción de legalidad y que, por lo

tanto, puede ser objeto de sanción el contravenir lo allí

establecido.

Indebida motivación, por imprecisión del lugar de los

hechos y confusión con otra empresa prestadora del

servicio de GLP

En orden de refutar este cargo, resaltó la importancia de la

vigilancia y control que ejerce sobre la prestación del servicio

de GLP, en virtud de la cual detectó la inaplicabilidad de la

regulación existente por parte de COSTAGAS S.A. E.S.P.,

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empresa prestadora de dicho servicio público en calidad de

comercializador minorista. Advirtió que es deber del Estado,

garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos a

todos los habitantes del país, los cuales están sometidos al

régimen jurídico que fije la ley y, en este caso, la CREG emitió

la Resolución 023 de 2009, por la cual se estableció el

reglamento de distribución y comercialización minorista de GLP,

pretendiendo, sin duda, organizar y reglamentar el mercado de

Gas Licuado de Petróleo, adoptando un modelo que deja atrás

la informalidad y responsabilidad del manejo de los cilindros,

antes en cabeza del usuario, para implementar un esquema de

marca que traslada la propiedad y el compromiso de ese manejo

a las empresas distribuidoras.

Estimó que de ahí que la nueva norma, infringida por la

demandante, sea determinante al establecer la prohibición de

no recibir ni tener cilindros de propiedad de otras empresas, lo

cual tiene como propósito que los consumidores, los agentes del

mercado y las autoridades logren identificar al prestador del

servicio de GLP, para conocer quién resulta responsable por la

seguridad y calidad del suministro del servicio, ya que si un

cilindro de un distribuidor ha sido manipulado, transportado y/o

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comercializado sin las debidas precauciones por otro agente del

mercado, el riesgo que se encuentra intrínseco dentro de la

cadena que se surte para la prestación del servicio, hasta el

usuario final, no sería atribuible a este último sino al propietario

del cilindro, y tal situación podría dar lugar a que dicho riesgo

se incremente.

Consideró, la demandada, que con la anterior explicación se

desvirtúa la falsa motivación alegada por la actora, la cual,

además, deja en claro que los argumentos plasmados en los

actos administrativos acusados guardan total concordancia con

la decisión y la competencia de la SSPD para sancionar a la

demandante, por el incumplimiento de la regulación vigente

aplicable en este caso.

Violación del artículo 36 del Código Contencioso

Administrativo. De las multas confiscatorias y la ausencia

de proporcionalidad de la sanción

Para referirse a este cargo transcribió apartes de las sentencias

de la Sección Primera del Consejo de Estado de 7 de octubre de

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19997 y de 7 de septiembre de 20008, providencias estas que

en términos generales, tratan: la primera, sobre las

atribuciones sancionatorias de la SSPD siempre y cuando el

hecho sancionado esté descrito, con todos sus elementos, como

reprochable en alguna norma, y que, cuando de multas se trate,

estas deben estar en consonancia con el “impacto de la

infracción” y; la segunda, aborda el tema relacionado con la

actividad supervisora de la SSPD, en el ámbito de la Policía

Administrativa, que la habilita para adoptar medidas tendientes

a garantizar los servicios públicos domiciliarios en términos de

calidad, transparencia y oportunidad y de actuar frente a las

violaciones contra la ley y los actos administrativos que sujetan

la actividad del referido servicio.

Seguidamente, explicó que de acuerdo con el artículo 81 de la

Ley 142, en armonía con el numeral 2, la SSPD podrá imponer

sanciones a las empresas del sector que violen las normas a las

que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de

la falta, y que teniendo en cuenta el tope máximo permitido por

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
octubre de 1999, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa, núm. único de radicación expediente núm.
5606.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7
septiembre de 2000, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero, núm. único de radicación 6214.

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la ley a la Superintendencia para imponer multas, la que recayó

sobre la empresa COSTAGAS S.A. E.S.P., sin asomo de duda,

no violó el principio de legalidad de la sanción debido a que la

misma se encuentra dentro del tope máximo permitido,

resultando proporcional a la naturaleza y gravedad de la falta

cometida, la cual puso en riesgo la cadena de responsabilidad

del propietario de los cilindros, quien es el llamado a responder

por la seguridad y calidad del suministro del gas licuado de

petróleo, lo que permite demostrar que se actuó con

observancia de las normas legales aplicables al caso,

respetando los criterios establecidos al efecto en las

disposiciones pertinentes.

Por último, admitió que se incautaron los cilindros de gas por

que estos estaban siendo comercializados irregularmente.

Violación del principio de legalidad de la multa

Con el propósito de rebatir la viabilidad de este cargo, adujo

que la sanción impuesta en la Resolución 20102400045305 de

23 de noviembre de 2010, y su confirmatoria, Resolución

20112400039655 de 2 de diciembre de 2011, sí tuvo en cuenta,

para su graduación, los criterios establecidos en el artículo 81.2

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de la Ley 142, esto es, la naturaleza y gravedad de la falta; y,

respecto de las multas, el impacto de la infracción sobre la

buena marcha del servicio público y el factor de reincidencia.

Sostuvo, además, que la facultad sancionatoria de la SSPD no

tiene carácter reparador del daño infligido, sino disuasivo de la

conducta que se proscribe, de tal manera que pueda cumplirse

su función preventiva y orientadora, lo que fundamenta su

existencia dentro del ordenamiento legal de los servicios

públicos.

Concluyó que los actos demandados no desconocen los criterios

requeridos para dosificar la sanción, pues basta con examinar

las resoluciones demandadas, en las que se describió, de

manera amplia y detallada, la naturaleza de las infracciones en

que incurrió la empresa demandante, el impacto de la infracción

sobre la prestación del servicio y el factor de reincidencia, para

tener por demostrado que aquellos sí se tuvieron en cuenta en

la fijación de la multa respectiva.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

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El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 5

de diciembre de 2013, declaró la nulidad parcial de las

resoluciones demandadas, tal y como se lee en la siguiente

transcripción de la parte resolutiva:

“[…] RESUELVE:

PRIMERO. - DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de las
Resoluciones No. 20102400045305 de 23 de noviembre
de 2010 y la 20112400039655 de 2 de diciembre de 2011
proferidas por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS, por medio de las cuales se
le impuso una sanción a la EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE GAS DE LA COSTA S.A. E.S.P. –
COSTAGAS S.A. E.S.P., de acuerdo con lo expuesto en
la parte considerativa de esta sentencia, en cuanto a la
fijación del monto de la multa.

SEGUNDO. – A título de restablecimiento del derecho
DECLARAR que la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, solo podrá
cobrar como valor de la sanción de multa impuesta a la
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS DE LA
COSTA S.A. E.S.P. – COSTAGAS S.A. E.S.P., el valor
equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales
vigentes para la época de la imposición de la sanción, por
lo que cualquier valor cancelado por la demandante que
exceda del monto establecido deberá ser reintegrado a su
patrimonio.

TERCERO. – Negar las demás pretensiones incoadas en
la demanda, así como la condena en costas y agencias en
derecho, conforme a lo expuesto en la parte
considerativa.
[…]”.

La anterior decisión se sustentó, en síntesis, en las siguientes

consideraciones:

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Inició con un análisis del marco constitucional, legal y

reglamentario regulatorio del tema de los servicios públicos

domiciliarios en Colombia, al cual se le ha otorgado especial

tratamiento en la medida en que realiza la finalidad del Estado

tendiente a asegurar a todas las personas los elementos básicos

para el bienestar común, como lo establece el artículo 3659 de

la Constitución Política, respecto de la obligación de este de

garantizar el acceso a los servicios públicos. Que del artículo

36710 Constitucional y la Ley 142, por la cual se establece el

régimen de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras

disposiciones, en desarrollo de los artículos constitucionales

citados, cuyo artículo 14.21, define el servicio público

domiciliario como aquel referente al acueducto, alcantarillado,

aseo, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural,

distribución de gas combustible y energía eléctrica, en tanto que

9
“[…] ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados
por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En
todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si
por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría
de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse
determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y
plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una
actividad lícita. […]”.
10
“[…] ARTICULO 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el
régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y
redistribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por
cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias
generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y
coordinación. La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas. […]”.

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lo concerniente al servicio de gas combustible, se regula en el

artículo 14.2811 de la misma Ley.

Mencionó que el artículo 37012 de la Constitución Política creó la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad

mediante la cual el Presidente de la República ejerce la

inspección, vigilancia y control de las empresas prestadoras de

los servicios públicos domiciliarios.

Añadió que en virtud del numeral 1 del artículo 7913 de la ley

142 de 1994, que establece como función de la

Superintendencia la de controlar y vigilar aquellas empresas

“[…] 14.28. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE. Es el conjunto
11

de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde
un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de
un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las
actividades complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por
un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde
se conecte a una red secundaria. […]”.

12
“[...] ARTICULO 370. Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la
ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos
domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el
control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten. […]”.

13
“[…] ARTÍCULO 79. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA. <Artículo modificado por
el artículo 13 de la Ley 689 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Las personas prestadoras
de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujetos de
aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la
Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones de esta las siguientes:

“1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén
sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e
inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función
no sea competencia de otra autoridad. [….]”.

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prestadora de servicios públicos, en el cumplimiento de las leyes

y actos administrativos que regulan su actividad y sancionan su

incumplimiento, fue como la demandada comprobó la infracción

en que incurrió COSTAGAS S.A. E.S.P., de las normas

previstas en los numerales 5 y 7, del artículo 16 de la Resolución

CREG 023 de 2008, por causa de los hechos ocurridos el 31 de

agosto de 2009, según los cuales la Policía Nacional incautó el

vehículo de placas INB 975, de propiedad de dicha empresa,

con quince cilindros de 33 libras, que aparecen reportados como

de propiedad de la empresa GASAN S.A. E.S.P. De modo que,

para el Tribunal a quo, a partir de las mencionadas

disposiciones, claramente se infiere que la SSPD, es la entidad

competente para adelantar la investigación tendiente a

sancionar el incumplimiento de las obligaciones legales y los

actos administrativos a los cuales estaba sujeta la empresa

demandante por el hecho de prestar el servicio público de gas,

en las circunstancias de que dan cuenta los hechos aquí

controvertidos.

Agregó que, contrario a lo señalado por la parte demandante,

la infracción en que incurrió la empresa COSTAGAS S.A. E.S.P.

sí es una de aquellas que afecta la correcta prestación del

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servicio público, y, en consecuencia, a un usuario determinado,

toda vez que la inobservancia de las normas establecidas para

el cumplimiento de las prestadoras y, más aún, las referentes a

las condiciones del envase y transporte, permiten identificar, de

manera clara, al prestador del servicio público de gas licuado de

petróleo, ante la presencia de alguna irregularidad, que afecte

la calidad y seguridad del producto.

En lo referente al cargo propuesto por la actora, por la supuesta

imprecisión en que incurrió el ente de control al señalar la

actividad que ejecutó la demandante y por la cual se le

sancionó, sostuvo que de la lectura de los actos acusados, se

infiere claramente que la conducta investigada por la

Superintendencia consistió en la tenencia y transporte de quince

cilindros de GLP, de propiedad de otra distribuidora,

independientemente de si los mismos se encontraban llenos o

no, por lo que, tal y como se desprende de las consideraciones

consignadas en las resoluciones SSPD-20102400045305 de 23

de noviembre de 2010, mediante la cual se impuso la sanción,

y SSPD-20112400039655 de 2 de diciembre de 2011, por medio

de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra

la Resolución anterior, confirmándola, la SSPD en ningún

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momento incurrió en imprecisión o vaguedad que lleve a

suponer que la investigación se dio con ocasión de la

comercialización de los señalados cilindros.

Insistió en que la SSPD aludida en ningún momento indicó que

la empresa COSTAGAS S.A. E.S.P. estuviera comercializando

los cilindros y, mucho menos, que esa haya sido la razón por la

cual se adelantó la investigación, pues, desde un principio,

existió claridad respecto a que la incautación del vehículo que

le pertenecía obedeció a que tenía quince cilindros que en el

SICMA14 aparecían reportados como de propiedad de GASAN

S.A. E.S.P., conducta que se encuentra prohibida en el numeral

7 del artículo 16 de la Resolución CREG 023 de 2008.

Que, además, la SSPD en los actos acusados, siempre se refirió

a la tenencia, transporte o comercialización de los cilindros, por

cuanto esta es la clasificación efectuada por la norma que regula

la materia y que abarca la totalidad de las prohibiciones que en

ella se incorporan, sin que por este hecho pueda la actora alegar

con razón que la sanción que se le impuso obedeció

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Sistema de Información de Cilindros Marcados (SICMA)

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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

simplemente a la comercialización de los cilindros de propiedad

de otra empresa.

En relación con el cargo que plantea la configuración de un vicio

de nulidad de los actos acusados por la supuesta imprecisión

del lugar de los hechos y de la empresa prestadora del servicio,

consideró que no tiene vocación de prosperidad, toda vez que

tal y como lo indicó la SSPD al resolver el recurso de reposición

interpuesto por la actora, no existe tal falta de claridad, ni de

imprecisión, sino un error de transcripción que no implica

ningún cambio en la decisión adoptada, pues, de la lectura

integral de los actos demandados, se infiere cuáles fueron los

hechos objeto de investigación, el lugar de su ocurrencia, las

partes involucradas, así como las normas transgredidas.

Respecto a la censura sustentada en una supuesta falta de

proporcionalidad y legalidad de la sanción, el Tribunal consideró

que la actuación analizada corresponde al ejercicio de una

facultad otorgada a la SSPD, que en los actos demandados

decidió imponer a COSTAGAS S.A. E.S.P., sanción de multa

por tener, transportar y/o comercializar cilindros de gas licuado

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Número único de radicación: 20001233100020120024001
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de petróleo, de otro distribuidor, con fundamento en el artículo

81 de la Ley 142, que prevé:

“[…]

81.1. Amonestación.

81.2. Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios
mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará
atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha del
servicio público, y al factor de reincidencia. Si la infracción se
cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se
indica se podrá multiplicar por el número de años. Si el infractor
no proporciona información suficiente para determinar el monto,
dentro de los treinta días siguientes al requerimiento que se le
formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se prevén.
Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención
de programas de inversión social en materia de servicios
públicos, salvo en el caso al que se refiere el numeral 79.11. Las
empresas a las que se multe podrán repetir contra quienes
hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la
sanción. La repetición será obligatoria cuando se trate de
servidores públicos, de conformidad con el artículo 90 de la
Constitución. […]”. (Subraya y resaltos iniciales son del a quo).

Agregó que si bien los antecedentes administrativos

demuestran la inobservancia de las obligaciones legales por

parte de la empresa sancionada, lo que podría constituir una

eventual deficiencia en la prestación del servicio público, a su

juicio, la sanción impuesta resulta desproporcionada con

relación a los hechos investigados, toda vez que tan solo se

incautaron quince cilindros de gas vacíos y que, además, debe

tenerse en cuenta, como se indicó en el acto sancionatorio, que

dicha empresa no es reincidente en esta conducta; advirtió que

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la multa impuesta es más de carácter preventivo, sobre la base

de que la infracción de las disposiciones contenidas en la

Resolución CREG 023 de 2008, podría llegar a atentar, en

determinadas circunstancias, en contra de la seguridad e

integridad de los ciudadanos. De ahí que haya adoptado la

decisión de declarar la nulidad parcial de los actos acusados en

los términos indicados en la parte resolutiva de la sentencia

transcrita, en lo pertinente, al inicio de este acápite.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La SSPD dentro del término legal, interpuso recurso de

apelación en contra la citada decisión, para lo cual adujo, en

síntesis, lo siguiente:

Que contrario a lo considerado por el a quo, la sanción que

impuso en las resoluciones 20102400045305 de 23 de

noviembre de 2010 y 20112400039655 de 2 de diciembre de

2011, sí tomó en cuenta los criterios establecidos en el artículo

81.2 de la Ley 142 para su graduación, en general, la naturaleza

y gravedad de la falta y, respecto de las multas, en particular:

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1) el impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio

público; y 2) el factor de reincidencia.

Sostuvo que analizada la sanción impuesta, esta resulta

proporcional a los hechos que le sirvieron de fundamento, como

fue la infracción del numeral 7 del artículo 16 de la Resolución

CREG 023 de 2008, que prohíbe, de manera determinante,

recibir o tener cilindros de otro distribuidor bajo ninguna

circunstancia, como consecuencia de los cambios en la

organización y reglamentación en la prestación del servicio de

Gas Licuado de Petróleo (GLP), siendo esta una conducta

reprochable y con grave afectación para el usuario final.

Precisó que si un cilindro de un distribuidor ha sido manipulado,

transportado y/o comercializado por otro agente, el riesgo que

se encuentra intrínseco dentro de la cadena que se surte para

la prestación del servicio, se atomiza entre quienes estuvieron

ejerciendo la actividad con cada cilindro. Que por tal razón se

reguló estrictamente el tema, en aras de que las autoridades,

los consumidores y los agentes del mercado logren identificar al

prestador del servicio público de Gas Licuado de Petróleo, para

conocer quién resulta ser el responsable por la calidad y

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seguridad del servicio que provee, puesto que la prestación del

mismo es de alto riesgo y cualquier manipulación de los cilindros

por otro distribuidor puede poner en peligro la seguridad de los

usuarios.

Estimó que no puede argumentarse que la sanción impuesta no

es proporcional, ni adecuada a los fines de la norma que la

fundamenta cuando es la misma regulación la que prohíbe dicha

actividad, con el propósito de garantizar la seguridad de los

usuarios del servicio y la adecuada prestación del mismo,

independientemente de que se trate de la tenencia, transporte

o comercialización de solo quince cilindros vacíos, pues lo que

se reprocha no es el número ni el valor de los mismos, sino la

transgresión de la norma.

Adujo que difiere de la decisión del a quo, en cuanto a la

proporcionalidad de la sanción, cuando el peligro que envuelve

la prohibición de la norma es de tal magnitud que su sanción

bien puede enmarcarse en el rango más alto, establecido en el

artículo 81, de la Ley 142 (2.000 SMLV), debido al impacto que

puede ocasionar dicha conducta en los usuarios finales y la

prestación del servicio y que, sin embargo, atendiendo la no

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reincidencia de la conducta por parte del prestador, fue que la

multa impuesta resultó inferior a los topes máximos permitidos

por la norma, puesto que asciende a 670 salarios mínimos

legales vigentes a la fecha de la imposición, lo cual demuestra

la proporcionalidad de la misma.

Insistió en que los actos demandados no desconocen los

criterios requeridos para dosificar la sanción, pues, basta con

examinar su contenido para apreciar que en ellos se describió,

de manera amplia y detallada, la naturaleza de la infracción en

la que incurrió la empresa demandante, el impacto de la misma

sobre la prestación del servicio y el análisis del factor de

reincidencia, acorde con los parámetros establecidos en el

artículo 81, de la Ley 142, por lo cual resulta factible concluir

que las mismas no violaron el principio de legalidad de la

sanción, en la medida en que esta se encuentra dentro del tope

máximo permitido.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.1.- Vencido el plazo, tanto la parte actora como el Ministerio

Público, dentro de la oportunidad concedida para alegar,

guardaron silencio.

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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

IV.2.- Por su parte, la demandada descorrió el traslado de

alegatos15 en forma extemporánea16.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se demandan las resoluciones núms. 2010240004530517

de 23 de noviembre de 2010, que le impuso una sanción a

la Empresa COSTAGAS S.A. E.S.P., y la 2011240003965518

de 2 de diciembre de 2011, que confirma, en todas sus partes,

la resolución anterior, las cuales no se transcriben debido a su

gran extensión.

Objeto del litigio

Teniendo en cuenta los argumentos de la apelación, a la Sala le

corresponde determinar si los actos administrativos acusados,

esto es, 20102400045305 de 23 de noviembre de 2010 y

20112400039655 de 2 de diciembre de 2011, por los

cuales se sancionó a la demandante, en razón de haber

incumplido lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 16 de la

Resolución CREG 023 de 2008, al tener 15 cilindros de GLP de

15
Folios 22 a 33 del C. Apelaciones.
16
Así consta en el Informe suscrito por el Secretario de la Sección Primera.
17
Ver folio 6 al 28 del expediente de primera instancia.
18
Ver folio 29 al 66 del expediente de primera instancia.

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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

propiedad de otra empresa, con la imposición de una multa por

la suma $345.164.500.oo, se ajusta o no a la legalidad en

cuanto, específicamente, se refiere a la proporcionalidad de la

sanción con respecto a los hechos investigados.

Lo anterior considerando que el Tribunal a quo, basado en que

(i) solo se transportaban 15 cilindros de gas vacíos, (ii) en la

ausencia de antecedentes y (iii) en la naturaleza preventiva de

la sanción, concluyó que, en realidad, dicha multa sí resultaba

desproporcionada, motivo por el cual redujo su valor a solo 10

salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de la

decisión, esto es, el equivalente a $5.150.000.oo, decisión con

la que, en todo, se conformó la parte demandante, en la medida

en que no apeló, como sí lo hizo la parte demandada quien, por

el contrario, cuestionó, a través de dicho recurso, la decisión del

Tribunal pero, se insiste, en lo relacionado exclusivamente con

la proporcionalidad de la sanción, aspecto al que se

circunscribirá el estudio de la Sala.

En otras palabras, lo decidido por el Tribunal con respecto a los

restantes cargos de la demanda y que la parte demandante no

controvirtió por vía de recurso de apelación, al que tampoco se

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adhirió, no podrá ser objeto de análisis en esta instancia, motivo

por el cual se mantendrá incólume. Al respecto cabe precisar

que a pesar de que la demandante cuestionó el hecho de que la

sanción se le impusiera con base en el salario mínimo vigente

para cuando se expidió el acto respectivo y no el vigente para

la fecha de los hechos, no cuestionó la sentencia de primera

instancia que incurrió en ese mismo proceder, motivo por el cual

dicho aspecto, como se advirtió, no podrá ser objeto de revisión.

La demandada argumentó, en el recurso, que los actos

demandados no desconocen los criterios requeridos para

dosificar la sanción, pues, basta con examinar el contenido de

los mismos los que se describe, de manera amplia y detallada,

la naturaleza de las infracciones en que incurrió la empresa

demandante, el impacto de la infracción sobre la prestación del

servicio y el análisis del factor de reincidencia, para concluir, sin

duda, en que sí se tomaron en cuenta esos criterios para

establecer la sanción, conforme a los parámetros previstos en

el numeral 2º del artículo 81 de la Ley 142, por lo tanto, no

puede argumentarse válidamente que la sanción impuesta no

es proporcional, ni adecuada a los fines de la norma que la

fundamenta, cuando es la misma regulación la que prohíbe

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dicha actividad, con el propósito de garantizar la seguridad de

los usuarios del servicio y la adecuada prestación del mismo,

independientemente de que se trate de la tenencia, transporte

o comercialización de solo 15 cilindros vacíos, pues lo que se

reprocha no es el número ni el valor de los mismos, sino la

incursión en una conducta prohibida por la regulación.

Inicia la Sala el análisis del punto en cuestión manifestando lo

siguiente:

Para la Corte Constitucional, dentro de las funciones

institucionales de la Superintendencia de Servicios Públicos

Domiciliarios, de control y vigilancia, la atribución de esta

entidad en materia sancionatoria forma parte de lo que se ha

denominado la potestad sancionatoria de la administración19, la

cual tiene su fundamento legal en los artículos 2, 4, 29, 189,

numerales 21 a 26, 209, 334, 365, 366 y 370 de la Constitución

Política.

19
Corte Constitucional. Sentencia C–034 de 29 de enero de 2014. M.P. María Victoria Calle
Correa.

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41

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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

Esta atribución constituye una expresión de poder jurídico

necesario para la regulación de la función administrativa y el

cumplimiento de los fines del Estado, en la medida en que

resulta ser un complemento de la potestad de mando

institucional, contribuyendo a la preservación del orden jurídico,

al funcionamiento adecuado de la Administración y al

cumplimiento de las decisiones administrativas20.

Tanto es así, que la Ley 142, que regula las funciones de control

y vigilancia de la SSPD, la faculta para imponer sanciones ante

las infracciones de la Ley, como se desprende del contenido de

los artículos 79 a 83 ibidem; y, ya de manera más detallada, los

numerales 2 y 7, del parágrafo 2º, del citado artículo 79, que

confieren al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

las atribuciones de: “[…] 2. Sancionar, en defensa de los

usuarios y para proteger la salud y bienestar de la comunidad,

a los alcaldes y administradores de aquellos municipios que

presten en forma directa uno o más servicios públicos cuando

incumplan las normas de calidad que las Comisiones de

Regulación exijan de modo general, o cuando suspendan el

20
Ibidem.

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pago de sus obligaciones, o cuando carezcan de contabilidad

adecuada o, cuando violen en forma grave las obligaciones que

ella contiene […]”; “[…] 7. Imponer las sanciones a quienes

violen las normas a las que deben estar sujetas, en los términos

de los artículos 81 de la Ley 142 de 1994 y 43 de la Ley 143 de

1994 […]”.

Pues bien, en la Resolución 20102400045305 de 23 de

noviembre de 2010, por la cual la SSPD sancionó a la actora,

en lo pertinente, se dispuso lo siguiente:

“[…] Resolución No. SSPD-20102400045305 de 2010-11-
23
Expediente: 2010240350600021E

Por el cual se impone una sanción a una Empresa de
Servicios Públicos

El Superintendente Delegado para Energía y Gas, en ejercicio de
las funciones contenidas en el artículo 79, de la Ley 142 de 1994,
modificado por el artículo 13, de la Ley 689 de 2001, el Decreto
990 de 2002, delegadas mediante la Resolución No. 000021 de
enero 5 de 2005, expedida por el Superintendente de Servicios
Públicos, y el Decreto 1 de 1984 y,

Considerando

1. Antecedentes

[…]

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

Resuelve

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Artículo Primero: Imponer sanción de MULTA a la
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS DE LA
COSTA S.A. E.S.P., por un valor de TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO
CENTAVOS ($345.164.500.oo), la cual se hará efectiva en
el término de 10 días hábiles contados a partir de la
ejecutoria de esta Resolución, por lo expuesto en la motiva
de esta providencia.

Artículo Segundo: […]”.

La posibilidad de imponer dicha sanción se halla prevista en

el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, que señala lo siguiente:

“[…] La Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios podrá imponer las siguientes
sanciones a quienes violen las normas a las que
deban estar sujetas, según la naturaleza y la
gravedad de la falta:

81.1. Amonestación.

81.2. Multas hasta por el equivalente a Dos Mil
(2.000) salarios mínimos mensuales. El monto
de la multa se graduará atendiendo al impacto
de la infracción sobre la buena marcha del
servicio público, y al factor de reincidencia. Si
la infracción se cometió durante varios años, el
monto máximo que arriba se indica se podrá
multiplicar por el número de años. (…) las multas
ingresarán al patrimonio de la Nación, para la
atención de programas de inversión social en materia
de servicios públicos. […].” (Destacado fuera de
texto).

De acuerdo con la norma transcrita, las diferentes sanciones

que puede aplicar la SSPD dependen de la naturaleza y

gravedad de la falta cometida. Una de las sanciones que

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puede imponer la Superintendencia, cuando la naturaleza y

gravedad de la falta lo amerite, es la multa, que, en este caso,

tenía como límite máximo el equivalente a 2.000 salarios

mínimos legales mensuales vigentes. La multa debe graduarse

atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha

del servicio público y al hecho de si el administrado es

reincidente o no.

Así pues, al imponer cualquiera de las sanciones previstas en el

artículo 81 de la Ley 142, la Administración actúa en ejercicio

de su facultad discrecional que, de acuerdo con el artículo 36

del Código Contencioso Administrativo21, implica que la misma

sea adecuada a los fines de la norma que la autoriza y

proporcional a los hechos que le sirven de causa.

Para mayor ilustración de los aspectos generales atinentes al

asunto controvertido, la Sala considera pertinente traer a

colación el Concepto núm. 5 de 7 de enero de 2009, en el que

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios precisó,

21
“[…] ARTICULO 36. DECISIONES DISCRECIONALES. En la medida en que el contenido
de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines
de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa. […]”.

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con respecto a la gradualidad de las sanciones que puede

imponer con base en el artículo 81 de la Ley 142, lo siguiente:

“[…]
3.- Cómo se mide la gravedad de la falta cometida por
el prestador? ¿A qué se refiere el criterio de naturaleza
de la falta? ¿Qué tipos de falta existen? ¿Cuál es, la
clasificación según la naturaleza de la falta, cómo se
ordenan las faltas según su gravedad, entre qué
rangos se mueve la superintendencia para imponer las
sanciones pecuniarias para cada falta?

La Ley 142 de 1994 le otorgó en el artículo 81 a la
Superintendencia la competencia de sancionar a los
prestadores de servicios públicos domiciliarios o
actividades complementarias de estos, que violen las
normas a las que deben estar sujetas, fijando como
criterios únicos de graduación sancionatoria los de la
naturaleza y la gravedad de la falta. Se observa que la
ley no dosifica las sanciones imponibles para cada
falta, sino que faculta al funcionario competente
para evaluar en cada caso particular la
naturaleza de la falta y la gravedad de la misma.

Corresponde entonces al sancionador,
determinar cuál es la sanción adecuada y
proporcional de conformidad con las
circunstancias probadas en la investigación. En
otras palabras, lo que se deduce de la norma en cita
es la libertad del sancionador para evaluar la
naturaleza y gravedad de la falta, como factores de
graduación de la sanción.

En tales condiciones, se tiene que la ley no contiene
una dosificación de las sanciones acorde con los tipos
de faltas, sino que confiere al funcionario
competente la facultad para valorar el impacto
de la conducta sobre la prestación del servicio.
No obstante, el sancionador debe hacer una
valoración racional con base en lo señalado y ceñirse
a los esquemas sancionatorios establecidos en el
mismo artículo 81.

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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

Por lo tanto, bajo los criterios anotados, la
Superintendencia puede imponer las sanciones de
amonestación, multas, suspensión de actividades,
cierre de inmuebles, orden de separación de
administradores y toma de posesión.

Por otra parte, una de las sanciones que estableció el
legislador, corresponde a las multas previstas en el
numeral 2 del citado artículo, cuyo texto es el
siguiente:

81.2. Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios
mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará
atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena
marcha del servicio público, y al factor de reincidencia.
Si la infracción se cometió durante varios años, el
monto máximo que arriba se indica se podrá
multiplicar por el número de años. Si el infractor no
proporciona información suficiente para determinar el
monto, dentro de los treinta días siguientes al
requerimiento que se le formule, se le aplicarán las
otras sanciones que aquí se prevén. Las multas
ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención
de programas de inversión social en materia de
servicios públicos, salvo en el caso al que se refiere el
numeral 79.11. Las empresas a las que se multe
podrán repetir contra quienes hubieran realizado los
actos u omisiones que dieron lugar a la sanción […].

En esta medida, la administración cuenta con criterios
generales para la imposición de sanciones contenidas
en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, y con criterios
particulares para la aplicación de sanciones
pecuniarias establecidos en el artículo 81.2 de la
misma obra, que en cierta medida pretenden
racionalizar la actividad sancionadora de la
Superintendencia evitando que ésta desborde su
actuación represiva, encauzándola dentro de un
criterio de ponderación, mesura y equilibrio.

Por lo tanto, corresponderá al sancionador, en
cada caso concreto, hacer una valoración
racional para determinar cuál es la sanción
adecuada y proporcional de conformidad con las

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circunstancias probadas en la investigación
[…]”. (Destacado fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala prohíja la sentencia de 1o. de

noviembre de 201922, en la que se consideró:

“[…] En relación con la discrecionalidad de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
para imponer la sanción, en sentencia de 10 de junio
de 2014 se señaló:

“[…] las diferentes sanciones que puede fijar la SSPD
dependen de la naturaleza y gravedad de la falta
cometida. Una de las sanciones que puede imponer la
Superintendencia, cuando la naturaleza y gravedad de
la falta lo amerite, es la multa, que tiene como límite,
el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. La
multa debe graduarse atendiendo al impacto de la
infracción sobre la buena marcha del servicio público y
a si el administrado es reincidente o no.

Así pues, al imponer cualquiera de las sanciones
previstas en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, la
Administración actúa en ejercicio de su facultad
discrecional, que, de acuerdo con el artículo 36 del
Código Contencioso Administrativo, implica que la
sanción sea adecuada a los fines de la norma que la
autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de
causa.

En Concepto No. 5 de 7 de enero de 2009, la
Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios precisó lo siguiente respecto a la
gradualidad de las sanciones que puede imponer con
base en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994:

“[…]

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º
de noviembre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 08001-
23-31-000-2006-00873-01.

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3.- ¿Cómo se mide la gravedad de la falta cometida por
el prestador? ¿A qué se refiere el criterio de naturaleza
de la falta? ¿Qué tipos de falta existen? ¿Cuál es la
clasificación según la naturaleza de la falta, cómo se
ordenan las faltas según su gravedad, entre qué rangos
se mueve la superintendencia para imponer las
sanciones pecuniarias para cada falta?

La Ley 142 de 1994 le otorgó en el artículo 81 a la
Superintendencia la competencia de sancionar a los
prestadores de servicios públicos domiciliarios o
actividades complementarias de estos, que violen las
normas a las que deben estar sujetas, fijando como
criterios únicos de graduación sancionatoria los de la
naturaleza y la gravedad de la falta. Se observa que
la ley no dosifica las sanciones imponibles para
cada falta, sino que faculta al funcionario
competente para evaluar en cada caso particular
la naturaleza de la falta y la gravedad de la
misma.

Corresponde entonces al sancionador, determinar
cuál es la sanción adecuada y proporcional de
conformidad con las circunstancias probadas en
la investigación. En otras palabras, lo que se
deduce de la norma en cita es la libertad del
sancionador para evaluar la naturaleza y
gravedad de la falta, como factores de graduación
de la sanción.

En tales condiciones, se tiene que la ley no contiene una
dosificación de las sanciones acorde con los tipos de
faltas, sino que confiere al funcionario competente la
facultad para valorar el impacto de la conducta sobre la
prestación del servicio. No obstante, el sancionador
debe hacer una valoración racional con base en lo
señalado y ceñirse a los esquemas sancionatorios
establecidos en el mismo artículo 81.

Por lo tanto, bajo los criterios anotados, la
Superintendencia puede imponer las sanciones de
amonestación, multas, suspensión de actividades,
cierre de inmuebles, orden de separación de
administradores y toma de posesión.

(…)

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En esta medida, la administración cuenta con criterios
generales para la imposición de sanciones contenidos
en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, y con criterios
particulares para la aplicación de sanciones pecuniarias
establecidos en el artículo 81.2 de la misma obra, que
en cierta medida pretenden racionalizar la actividad
sancionadora de la Superintendencia evitando que ésta
desborde su actuación represiva, encauzándola dentro
de un criterio de ponderación, mesura y equilibrio.

Por lo tanto, corresponderá al sancionador, en
cada caso concreto, hacer una valoración racional
para determinar cuál es la sanción adecuada y
proporcional de conformidad con las
circunstancias probadas en la investigación.

De acuerdo con las precisiones anteriores, toda vez
que no existe una reglamentación específica
respecto a la gradualidad de la sanción, la ley
faculta al funcionario competente para evaluar,
en cada caso, la naturaleza de la falta y la
gravedad de la misma, para, de esta forma,
determinar la sanción de acuerdo con los hechos
y pruebas que existan en el expediente”. […]”
(Destacado fuera de texto).

Ahora bien, en relación con los principios de razonabilidad y

proporcionalidad que deben guiar toda actuación discrecional de

una autoridad administrativa, en ejercicio de la facultad

sancionadora, la Corte Constitucional, ha señalado, que:

“[…] Es cierto que la disposición confiere una cierta
discrecionalidad al Superintendente, pero esta no es en sí
mismo inconstitucional, ya que debe entenderse que esa
autoridad debe ejercer esa facultad en forma razonable y
proporcionada. En efecto, esta Corporación ha señalado,
en diversas decisiones 23 , que no se puede confundir lo

23
Ver, entre otras, sentencias C-031 de 1995 y C-318 de 1995.

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discrecional con lo arbitrario, pues la Carta admite la
discrecionalidad administrativa, pero excluye la
arbitrariedad en el ejercicio de la función pública, ya que,
en Colombia, aun cuando no cuente con consagración
expresa, es enteramente aplicable el principio de la
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Esto significa que el ejercicio de las potestades
discrecionales se encuentra sometido a los principios que
gobiernan la validez y eficacia de los actos
administrativos, y se debe entender limitado a la
realización de los fines específicos que le han sido
encomendados a la autoridad por el ordenamiento
jurídico. Es así como la potestad administrativa sólo
contiene una actuación legítima, en tanto y en cuanto se
ejecute en función de las circunstancias, tanto teleológicas
como materiales, establecidas en la norma que la
concede. Por ello, el artículo 36 del Código Contencioso
Administrativo, a cuyo tenor la Corte considera que deben
ser interpretadas estas facultades de la Superintendencia
Bancaria, que son administrativas por su naturaleza,
señala con claridad que "en la medida en que el contenido
de una decisión, de carácter general o particular, sea
discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma
que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven
de causa." Lo anterior significa que el Superintendente no
puede ejercer de manera arbitraria o discriminatoria la
facultad que le confiere la disposición impugnada, sino
que debe desarrollarla en forma razonable y
proporcionada, tomando en consideración la finalidad de
la misma, esto es, que las sanciones deben ser
proporcionadas a la gravedad de las faltas cometidas por
los funcionarios de las entidades sometidas a control. 24
[…]”.

Esta Corporación, en relación con la facultad sancionadora de la

Superintendencia de Servicios Públicos, ha precisado, que:

“[…] Según se advierte claramente, la entidad demandada
[Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios] sí
justificó en las resoluciones demandadas la naturaleza de
la sanción impuesta, al señalar que la conducta

24
Corte Constitucional, sentencia C-1161 de 6 de septiembre de 2000, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.

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investigada, constituía una falta grave que daba lugar a
una multa. Esa calificación en efecto es pertinente en
criterio de la Sala, pues resulta de la mayor gravedad que
una empresa prestadora de servicios públicos
domiciliarios no garantice una prestación continua,
ininterrumpida y eficiente del servicio y además de ello
cobre a sus usuarios cargos por servicios no prestados.

Igualmente, la Superintendencia justificó el quantum
de la multa al advertir que el valor de ella obedecía
al impacto de la infracción sobre la buena marcha
del servicio, impacto que, por lo dicho, es evidente en
este caso, en el que hasta por periodos de ocho meses se
hicieron cobros a los usuarios de la empresa demandante
sin tener éstos siquiera disponible el servicio de telefonía.
[…] sino, como lo indica la norma, a partir del
impacto de la infracción sobre la buena marcha del
servicio que, se insiste, fue muy grande en este caso25
[…]” (Destacado fuera de texto).

La anterior decisión destaca la importancia del principio de

proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, en lo que toca

específicamente con el valor de la multa respecto a la gravedad

de la conducta. Es así como en estos casos resulta menester,

para garantizar los principios de proporcionalidad y

razonabilidad, realizar una evaluación de la naturaleza de la

infracción en función de su gravedad y de su capacidad para

configurar una falla en la prestación del servicio público. Esta

evaluación debe darse a partir de la clasificación de la infracción

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18
de septiembre de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 25000-23-24-
000-2008-00282-01.

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y la valoración de los criterios para graduar y calcular la multa,

en el evento en que esta sea la sanción que se decide imponer.

Por lo demás, la dosificación de la sanción no requiere

estrictamente que el acto administrativo que la disponga deba

incluir un razonamiento amplio, expreso y especial para

sustentar el monto de aquella, pues el mismo simplemente

puede estar determinado o evidenciarse a partir de la gravedad

de los hechos, aspecto sobre el cual esta Corporación

puntualmente se ha referido, en los siguientes términos:

“[…] En lo atinente a que la sanción no fue dosificada,
cabe poner de presente que la dosificación no implica
que en el acto administrativo se deba hacer un
razonamiento expreso y especial para sustentar el
quantum de la sanción, sino que ello puede estar
dado en la valoración de la gravedad de los hechos,
como en efecto se hace en la decisión aquí enjuiciada, de
suerte que realizada esa ponderación se entiende que la
Administración ha estimado que la sanción aplicada
es la que ameritan los hechos, y pasa a ser de cargo
del administrado demostrar que no lo es, es decir,
que es desproporcionada a los mismos, lo cual no ha
sido aducido y menos demostrado por la actora.26
[…]” (Destacado fuera de texto).

Las directrices sentadas por esta Corporación sobre el tema

responden al hecho de que, en realidad, no existe una

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20
de octubre de 2005, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 1997-
02933-01.

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53

Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

reglamentación específica respecto a la gradualidad de la

sanción, incluida la multa, motivo por el cual la ley faculta al

funcionario competente para evaluar, en cada caso, la

naturaleza de la falta y la gravedad de la misma para, de esta

forma, determinar la sanción de acuerdo con los hechos y

pruebas que obren en el expediente.

Además, se debe resaltar que es una carga del administrado

demostrar que la sanción aplicada no es la que ameritan los

hechos, es decir, que es desproporcionada a los mismos, pues

la sanción, en principio, se presume ajustada a la normativa

pertinente, dada la presunción de legalidad del acto

administrativo.

Y que la sanción será proporcional cuando se demuestre la

relación de la magnitud de dicha sanción con las características

y circunstancias de los hechos que le sirvan de fundamento.

Al efecto, es del caso traer a colación la sentencia de 28 de

octubre de 202127, en la que se precisó:

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28
de octubre de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 15001-23-33-
000-2013-00759-01.

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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

“[…] Al respecto, esta Sección de la Corporación señaló
sobre la proporcionalidad de la sanción:

“[…] De suerte que atendiendo esas circunstancias y la
relevancia de los derechos e intereses colectivos que se
buscan proteger con las normas vulneradas por la
actora, la Sala estima que la sanción impuesta es
proporcional a los hechos sancionados, siendo
conveniente advertir que la proporcionalidad no
está determinada por la argumentación o retórica
que alrededor de ella se haga o no en los actos
sancionatorios, sino por la relación de la
magnitud de la sanción con las características y
circunstancias de los hechos que le sirvan de
fundamento, […] esto es, que sea adecuada a los
fines de la norma que la autoriza y proporcional a
esos hechos. Es, entonces, ante todo un problema
de relación axiológica entre la situación fáctica
del caso y la sanción impuesta, que en principio
se presume ajustada a la normativa pertinente,
dada la presunción de legalidad del acto
administrativo, y que por lo mismo el afectado
debe desvirtuar cuando la controvierta,
debiéndose decir que por las razones antes
expuestas no ha sido desvirtuada en este caso
[…]28”.

185. Por lo expuesto, la sanción será proporcional
cuando se demuestre la relación de la magnitud
de dicha sanción con las características y
circunstancias de los hechos que le sirvan de
fundamento. […]” (Destacado fuera de texto).

El caso concreto

28
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia
de 18 de agosto de 2005; C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; número único de radicación
20020052401 […]”.

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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

La Sala observa que la Superintendencia de Servicios Públicos

Domiciliarios, luego de verificar en una actuación previa,

válidamente surtida, con observancia de la garantía del derecho

de defensa, que la actora tenía en su poder 15 cilindros de GLP

de la Empresa Gasan S.A. E.S.P., con desconocimiento de lo

dispuesto en el numeral 7 del artículo 16 de la Resolución CREG

023 de 2008, concluyó que:

“[…] En consecuencia, esta Superintendencia debe
manifestar que condena como reprochable la
vulneración del régimen de comercialización y
distribución minorista establecido en la Resolución
CREG 023 de 2008.

El desconocimiento de la norma citada, por parte de los
prestadores, culmina en la flagrante violación de la
responsabilidad esencial que les asiste, por el desarrollo
de su objeto social: Garantizar la prestación del
servicio en la forma como lo ha estructurado la
regulación que ha venido analizando cada uno de los
contextos.

Adicionalmente se le atribuye a COSTAGAS S.A.
E.S.P., las consecuencias que podrían acarrear las
acciones desplegadas, por tener y/o comercializar
cilindros de Gas Licuado de Petróleo, de otro
distribuidor por ser una conducta dañosa e ilegal,
sobre la cual se debe exigir su responsabilidad.

Dado que el prever que un cilindro debe estar marcado
por un distribuidor, al igual la identificación del vehículo y
personal, se desprende la responsabilidad de la empresa.

Lo anterior es exigido con el propósito de
salvaguardar la seguridad del usuario final y demás
intervinientes en la cadena de producción y
manipulación de GLP.

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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

Se suma a lo anterior que la empresa investigada aceptó
expresamente que los hechos sucedieron tal y como se
endilgaron en el pliego de cargos, sin controvertir su
ocurrencia.

En resumen, en el momento que una empresa
distribuidora y/o comercializadora minorista se apodera
de un cilindro marcado propiedad de otra empresa
distribuidora no solo atenta contra los activos de ésta, sino
además atenta contra la seguridad e integridad de
los ciudadanos y esto es lo que debe evitar de
manera preventiva, esta autoridad, llamando la
atención de su importancia.

Como consecuencia de lo anterior, este Despacho, de
conformidad con el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, y
teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad de la
falta, el impacto de la infracción sobre la buena
marcha del servicio, el hecho que la empresa no es
reincidente en esta conducta se procederá a imponer
sanción de multa a la EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE GAS DE LA COSTA S.A. E.S.P. […]”.
(Destacado fuera de texto)

La Sala advierte que pese a que el artículo 81.2 de la Ley 142,

establece que la multa tiene como tope el equivalente a 2.000

salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, alrededor

de $1.030.000.000, la sanción impuesta por la SSPD a la

actora, ascendió a la suma de $345.164.500.oo, cifra muy

inferior al máximo legal, y que solo representa una

tercera parte de dicho valor.

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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

En efecto, para la época de imposición de la sanción, el año

2010, el salario mínimo legal mensual vigente era de

$515.000.oo, lo que significa que la sanción impuesta a la

entidad demandante, en términos de salarios mínimos legales

mensuales vigentes, fue aproximadamente de 670 SMLMV y en

modo alguno superó el límite establecido por la regulación

(2.000 SMLMV).

En cuanto se refiere a la aplicación de los factores generales

para la graduación de la sanción, a juicio de la Sala, los actos

acusados cumplieron los parámetros correspondientes, aunque

no se haya elucubrado a profundidad al respecto. Para

evidenciarlo de tal modo basta con examinar las resoluciones

demandadas 2930 en las que se aludió, de manera amplia y

detallada, como presupuesto de la decisión adoptada, a la

naturaleza y la gravedad de la infracción en que incurrió

29
Ver folios 6 y ss. del cuaderno de primera instancia.
30
En los actos acusados se señaló:
“[…] En resumen, en el momento que una empresa distribuidora y/o comercializadora minorista
se apodera de un cilindro marcado propiedad de otra empresa distribuidora no solo atenta
contra los activos de ésta, sino además atenta contra la seguridad e integridad de los
ciudadanos y esto es lo que debe evitar de manera preventiva, esta autoridad,
llamando la atención de su importancia.

Como consecuencia de lo anterior, este Despacho, de conformidad con el artículo 81 de la Ley
142 de 1994, y teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad de la falta, el impacto
de la infracción sobre la buena marcha del servicio, el hecho que la empresa no es
reincidente en esta conducta se procederá a imponer sanción de multa a la EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS DE LA COSTA S.A. E.S.P. […]”. (Destacado fuera de texto)

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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

la empresa demandante, a la afectación o impacto de la

infracción en la prestación del servicio público

domiciliario de gas combustible y a la no existencia del

factor de reincidencia de aquella.

A la luz de los criterios que anteceden, expuestos en

providencias de esta misma Sección31, se concluye que el monto

de la sanción fue proporcionado, en la medida en que la multa

respectiva se determinó atendiendo razonables parámetros

para su imposición, de conformidad con la naturaleza, gravedad

de la falta cometida y el impacto sobre la buena marcha del

servicio público ofrecido, dado que, cuando un comercializador

minorista se apodera de un cilindro marcado, propiedad de otra

empresa distribuidora, no solo atenta contra los activos de esta,

sino que, además, afecta la adecuada y eficiente prestación del

servicio y pone en peligro la seguridad e integridad de los

usuarios finales y demás intervinientes en la cadena de

producción y manipulación de GLP, sin perder de vista que la

conducta de la actora se encuentra prohibida, de conformidad

31
Ver, por ejemplo: 1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia del 18 de septiembre de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de
radicación 25000-23-24-000-2008-00282-01. 2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia del 25 de agosto de 2016, C.P. María Claudia Rojas
Lasso, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2008-00144-02.

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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

con el numeral 7 del artículo 16 de la Resolución CREG 023 de

2008, sobre la cual se debe exigir su responsabilidad, pues

dicha normativa tiene por objetivo que en relación con la

prestación del servicio público domiciliario de GLP, se asegure

para los usuarios la prestación del mismo de una manera segura

y con calidad.

Cabe mencionar, al respecto, que la Resolución CREG 023 de

2008, “Por la cual se establece el Reglamento de Distribución y

Comercialización Minorista de Gas Licuado de Petróleo”, con

relación a la prestación del servicio público domiciliario de GLP,

señala que su objetivo es asegurar la prestación de un servicio

seguro y de calidad para los usuarios, conforme se desprende

de su artículo 3º, que es del siguiente tenor:

“[…] Artículo 3. OBJETIVO DEL REGLAMENTO. Las
empresas que estén sujetas al presente Reglamento,
tendrán en cuenta en la aplicación e interpretación de
éste, que los objetivos del mismo con relación a la
prestación del servicio público domiciliario de
GLP son:

1. Asegurar que la prestación del servicio de gas licuado
de petróleo la realicen solamente empresas
debidamente establecidas, constituidas y registradas
como Empresas de Servicios Públicos que cumplen las
disposiciones de este Reglamento y las contenidas en
los Reglamentos Técnicos Vigentes, expedidos por el
Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de

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Transporte y demás Ministerios, que les sean
aplicables.
2. Asegurar la prestación de un servicio seguro y
de calidad para los usuarios.

3. Crear las condiciones e instrumentos para la
operación eficiente y segura de la Distribución y la
Comercialización Minorista de GLP.

4. Exigir normas y especificaciones técnicas aplicables
a cada una de las actividades que comprenden la
Distribución y Comercialización Minorista de GLP. […]”
(Destacado fuera de texto).

De esta manera, a no dudarlo, se dificulta o torna controversial

la responsabilidad de quienes prestan el servicio ante posibles

imprevistos que puedan sobrevenir en una actividad que, como

es de público conocimiento, puede resultar extremadamente

peligrosa en la medida en que, si tales imprevistos sobrevienen,

el llamado a responder, en principio, no sería la empresa que

presta, comercializa o tiene en su poder los cilindros,

presuntamente para utilizarlos dentro del giro ordinario de sus

actividades, sino la que aparezca inscrita como propietaria de

los mismos en el Sistema de Información de Cilindros Marcados

(SICMA) lo cual tornaría nugatorio el estricto control preventivo

de fijación de responsabilidad que legalmente amerita la

prestación de este servicio. Estricto control que igualmente se

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justifica, junto con las elevadas sanciones legalmente previstas32

debido al conocido uso que se la ha dado a dichos cilindros en

el conflicto armado, lo que ha dado lugar a que las empresas

que prestan este servicio público se hagan responsables del

riguroso control de los cilindros que les pertenecen y de los

riesgos que con ellos se puedan ocasionar, no solo por las

motivaciones de que dan cuenta los actos acusados sino

también por estrictas razones de orden público.

Tales son los motivos que le impiden a esta Sala compartir las

consideraciones esgrimidas por el a quo, en el sentido de que la

sanción impuesta resulta desproporcionada con relación a los

hechos investigados, bajo el argumento de que tan solo fueron

incautados quince cilindros de gas vacíos, pues, en realidad,

como lo alega la apelante, lo que se reprocha, de conformidad

con la norma transgredida, no es el número de cilindros que

tenía en su poder la infractora, sino su incursión en una

conducta prohibida para salvaguardar la seguridad de los

usuarios finales y la adecuada prestación del servicio de Gas

32
A la fecha, el tope máximo de las multas pasó de 2000 a 100.000 SMLV. LEY 142 DE 1994,
Artículo 81, 81.2 <Numeral modificado por el artículo 19 de la Ley 1955 de 2019. El
nuevo texto es el siguiente:> Multas desde 1 hasta 100.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes al momento de la imposición de la sanción, a favor del Fondo Empresarial
creado por la Ley 812 de 2003.

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licuado de Petróleo, en atención a que una indebida

manipulación, transporte, tenencia y/o comercialización de un

prestador puede traer graves implicaciones para los usuarios

finales, por la alta peligrosidad que encierran los cilindros de

GLP, no obstante lo cual la llamada a responder por los riesgos

y consecuencias sobrevinientes es la empresa propietaria de

estos últimos.

En efecto, las consecuencias de la indebida manipulación, así

sea de un solo cilindro de GLP, a no dudarlo, bien pueden

resultar catastróficas por el riesgo, de todos conocido, que

envuelve este tipo de artefactos debido a la alta peligrosidad de

la sustancia que contienen, fácilmente inflamable e inclusive con

propiedades explosivas33 debido a su envasado hermético.

Por lo demás, el hecho de que la sanción de que aquí se trata

sea considerada como preventiva, naturaleza que la propia

norma que la contiene reconoce, no es motivo, como

inopinadamente lo dedujo el Tribunal, para que esa

circunstancia opere como aminorante del monto de aquella.

33
Este tipo de artefactos han sido utilizados por los grupos alzados en armas en Colombia, para
realizar atentados terroristas en contra de la población civil como, entre otras, la Masacre de
Bojayá.

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Ello debe entenderse así, por cuanto, en primer lugar, la

mencionada consecuencia no aparece prevista de esa manera

en el texto legal correspondiente y, en segundo lugar, por

cuanto carece de todo sentido que las normas sancionatorias

preventivas, por el hecho de exhibir dicho carácter,

necesariamente tengan que aplicarse en su mínima o menor

expresión pues, de ser así, se correría el riesgo de dar al traste

con su finalidad primordialmente disuasiva que, precisamente,

procura evitar y no sancionar determinados resultados. De

manera que si esta clase de normas solo pudieran aplicarse con

plena rigurosidad o en el máximo grado posible frente a

situaciones que denoten daños consumados es claro que, en

mucho, se desdibujaría su finalidad preventiva.

Ahora, es claro que los actos acusados sí consideraron el hecho

de la no reincidencia de la demandante en la comisión de la

falta que dio lugar a la imposición de la multa, o en alguna otra

relacionada con sus deberes funcionales, pues, como quedó

expresado en su graduación, la demandada optó por aplicar solo

el equivalente a una tercera parte del valor máximo posible, tal

y como de las motivaciones de los actos acusados se desprende,

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lo cual, objetivamente, permite tener como probada esa

circunstancia. De ahí que lo argüido por el a quo en ese sentido,

en aras de justificar, sin mayor explicación, la disminución del

monto de la sanción que mínimamente reconoció carezca de

fundamento.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar, como lo sostuvo esta

Sección en las referidas sentencias de 20 de octubre de 2005 y

de 28 de octubre de 2021, que es carga del administrado

demostrar que la sanción aplicada no es la que ameritan los

hechos, es decir, que es desproporcionada a los mismos, toda

vez que la sanción se presume ajustada a la normativa

pertinente, dada la presunción de legalidad del acto

administrativo, pero, en este caso, la actora no demostró que

la sanción es desproporcionada a las características y

circunstancias o magnitud de los hechos que le sirvieron de

fundamento.

En conclusión, teniendo en cuenta que el tope establecido en el

artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994 es de 2.000 salarios

mínimos mensuales vigentes, demostrada la ocurrencia del

hecho sancionable, la naturaleza y gravedad de la infracción en

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que incurrió la empresa demandante, la afectación en la

prestación del servicio público domiciliario de gas combustible

(impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio), y

la no existencia del factor de reincidencia de aquella, la multa

calculada en 670 salarios mínimos legales mensuales vigentes

está en consonancia con los parámetros de proporcionalidad

legalmente previstos y es adecuada a los fines de la norma que

la fundamenta.

En otras palabras, la multa impuesta es proporcional a las

características y circunstancias o magnitud de los hechos que le

sirvieron de fundamento 34 (a la infracción cometida por la

actora).

Ahora bien, demostrado como ha quedado que la sanción de

que aquí se trata no es desproporcionada, tampoco puede

considerarse que la misma resulte confiscatoria, como

34
Ver sentencia de 28 de octubre de 2021 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
15001-23-33-000-2013-00759-01). en la que se precisó:

“[…] 185. Por lo expuesto, la sanción será proporcional cuando se
demuestre la relación de la magnitud de dicha sanción con las
características y circunstancias de los hechos que le sirvan de
fundamento. […]” (Destacado fuera de texto).

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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

inicialmente lo había alegado la demandante sobre la base de

unos supuestos que, en primera instancia, no demostró.

Por lo tanto, el cargo bajo estudio está llamado a prosperar. De

ahí que deba revocarse el fallo apelado y, en consecuencia,

denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se

dispondrá en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de

lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 5 de diciembre de 2013,

proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en la que se

declaró la nulidad parcial de las resoluciones 20102400045305

de 23 de noviembre de 2010 y la 20112400039655 de 2 de

diciembre de 2011, proferidas por la SUPERINTENDENCIA DE

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.

En firme esta providencia, envíese el expediente al tribunal de

origen.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada en la sesión del día 23 de junio

de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Ausente en comisión

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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