Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 20001-23-31-000-2012-00240-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 20001-23-31-000-2012-00240-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 20001-23-31-000-2012-00240-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
23 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 20001233100020120024001
ACCIÓN: Nulidad y restablecimiento del derecho
ACTORA: COSTAGAS S.A. ESP
TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA QUE DECLARÓ LA
NULIDAD PARCIAL DE LOS ACTOS ACUSADOS BAJO LA
CONSIDERACIÓN DE QUE LA SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SÍ JUSTIFICÓ CON
ARREGLO A LA LEY DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AL ARTÍCULO
36 DEL CCA, LA SANCIÓN DE MULTA IMPUESTA A LA
DEMANDANTE POR TENER EN SU PODER CILINDROS DE GAS
LICUADO DE PETRÓLEO PERTENECIENTES A OTRA EMPRESA
DE SERVICIOS PÚBLICOS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 1, entidad
demandada, contra la sentencia de 5 de diciembre de 2013,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró
la nulidad parcial de las resoluciones núms. 20102400045305
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En adelante SSPD
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
de 23 de noviembre de 2010 y 20112400039655 de 2 de
diciembre de 2011, expedidas por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, por medio de las cuales se
restablece el derecho, disminuyendo el monto de la sanción que
en ellas se impuso, y se niegan las demás pretensiones.
I. ANTECEDENTES
I.1 La actora, COSTAGAS S.A. E.S.P., mediante apoderado, en
ejercicio del control de nulidad y restablecimiento del derecho,
presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Cesar, a
través de la cual formuló las siguientes pretensiones:
La nulidad de la Resolución SSPD–20102400045305, de 23 de
noviembre de 2010, por medio de la cual se le impuso una
sanción pecuniaria.
La nulidad de la Resolución SSPD – 20112400039655, de 2 de
diciembre de 2011, mediante la cual se resolvió el recurso de
reposición, resoluciones que quedaron en firme el 17 de enero
de 2012.
Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca el
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
derecho ordenándole a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios que no haga exigible dicha sanción.
I.2. HECHOS
La demandante sustenta sus pretensiones, en síntesis, en los
siguientes hechos:
1.- Precisó que es una empresa de servicios públicos legalmente
constituida, que presta el servicio público de envasado de gas
licuado de petróleo (GLP).
2.- Adujo que por mandato legal, las empresas de servicios
públicos están sujetas a la inspección, vigilancia y control de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pero que
existen ciertas actividades de estas cuya vigilancia corresponde
a la Superintendencia de Industria y Comercio.
3.- Indicó que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, por medio de la Dirección Técnica de Gas, elaboró
un informe técnico por la incautación de unos cilindros de otra
empresa que eran transportados en un automotor de su
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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
propiedad y lo envió con memorando a la Dirección de
Investigaciones para Energía y Gas, solicitando se iniciara
investigación administrativa en su contra, por la presunta
infracción a la Resolución expedida por la Comisión de
Regulación de Energía y Gas (CREG) 023 de 2008.
4.- Expresó que, con fundamento en el anterior informe, la
Dirección de Investigaciones para Energía y Gas procedió a
elevarle pliego de cargos, mediante radicado 20102400348731
de 5 de mayo de 2010, por el hecho de que en el Municipio de
Bosconia (Cesar), el día 31 de agosto de 2009, se incautó un
vehículo suyo transportando 15 cilindros de 33 libras que eran
de propiedad de la empresa GASAN S.A. E.S.P., situación que
se consideró violatoria del numeral 7 del artículo 16 de la
Resolución 023 de 2008, de la CREG, que prevé:
“[…] ARTÍCULO16. OBLIGACIONES DEL COMERCIALIZADOR
MINORISTA EN LA COMPRA DEL PRODUCTO A LOS
DISTRIBUIDORES Y EL FLETE DEL PRODUCTO EN
CILINDROS. Para la compra y flete del producto el
Comercializador Minorista deberá:
[…]
7. No comercializar, recibir ni tener bajo ninguna
circunstancia, cilindros de propiedad de Distribuidores
diferentes a aquel con el cual tiene el Contrato de Suministro
de GLP envasado. […]”
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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
Enfatizó en que el cargo elevado consistió en transportar
cilindros de otro prestador del servicio de Gas Licuado de
Petróleo (GLP), que en este caso eran de la empresa GASAN
S.A. E.S.P.
5.- Informó que mediante radicado 2010529260672, de 27 de
mayo de 2010, presentó escrito de descargos en el cual puso
en conocimiento de la SSPD que la empresa GASAN S.A.
E.S.P., por el afán de incursionar en el mercado del sector del
Magdalena, empezó a valerse de prácticas desleales a la
competencia; y que dicha Superintendencia carecía de
atribuciones para investigar lo concerniente al mercado del GLP,
en lo relacionado con el transporte de cilindros de otra empresa,
pues solo tenía facultad cuando se tratara de faltas que
afectaran al usuario final, lo cual sucedió en este caso.
6.- Agregó que la demandada, mediante Resolución SSPD–
20102400045305 de 23 de noviembre de 2010, una vez
evaluados los descargos y pruebas aportadas, procedió a
imponerle una sanción, en la modalidad de multa, por valor de
$345.164.500 por transportar quince cilindros de propiedad de
la empresa GASAN S.A. E.S.P.
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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
7.- Indicó que dentro del término legal, a través de su
representante legal, mediante radicado 20115290008372, de
11 de enero de 2011, interpuso recurso de reposición
expresando diversas inconformidades.
8.- Finalmente, manifestó que, mediante Resolución SSPD–
20112400039655 de 2 de diciembre de 2011, la demandada
resolvió el recurso de reposición desechando los argumentos
que la empresa pretendió hacer valer, motivo por el cual
confirmó el acto recurrido.
I.3. Como normas violadas y el concepto de violación, la
actora adujo, en síntesis, lo siguiente:
I.3.1. Artículo 29 de la Constitución Política, por violación
al debido proceso, lo cual se configuró en razón de que la
SSPD carece de atribuciones para investigar hechos
relacionados con la competencia desleal entre empresas
prestadoras de servicios públicos.
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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
Al efecto, explicó que, como es de público conocimiento, la Ley
142 de 11 de julio de 19942 radicó en cabeza de la SSPD la
competencia para vigilar los mercados; que, por ello, en el
artículo 79, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 28 de
agosto de 20013, previó, en su numeral 32, la de adelantar las
investigaciones por competencia desleal y prácticas restrictivas
de la competencia de los prestadores de servicios públicos
domiciliarios e imponer las sanciones respectivas.
Sin embargo, precisó que esta función, que inicialmente le
entregó el Legislador a la SSPD, posteriormente le fue asignada
a la Superintendencia de Industria y Comercio, en consideración
a que dicho ente tenía medio siglo de estar vigilando los
mercados en el país, lo que se hizo a través de la Ley 1340 de
24 de julio de 20094, la cual, en lo pertinente, dispuso:
“[…] ARTÍCULO 28. PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA Y
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA. Las competencias asignadas,
mediante la presente ley, a la Superintendencia de Industria y
Comercio se refieren exclusivamente a las funciones de protección
o defensa de la competencia en todos los sectores de la economía
[…]”.
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“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
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“Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.”
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“Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”.
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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
Para no dejar duda alguna, en torno a que dicha competencia
quedó radicada en cabeza de la Superintendencia de Industria
y Comercio, la misma Ley, taxativamente, previó un período de
transición, así:
“[…] ARTÍCULO 33. TRANSITORIO. RÉGIMEN DE
TRANSICIÓN. Las autoridades de vigilancia y control a las que
excepcionalmente la ley haya atribuido facultades específicas en
materia de prácticas restrictivas de la competencia y/o control
previo de integraciones empresariales, continuarán ejerciendo
tales facultades durante los seis (6) meses siguientes a la vigencia
de esta ley, de conformidad con los incisos siguientes.
“Las investigaciones que al finalizar el término establecido en el
inciso anterior se encuentren en curso en materia de prácticas
restrictivas de la competencia continuarán siendo tramitadas por
dichas autoridades. Las demás quejas e investigaciones
preliminares en materia de prácticas restrictivas de la competencia
deberán ser trasladadas a la Superintendencia de Industria y
Comercio.
“Las informaciones sobre proyectos de integración empresarial
presentadas ante otras autoridades antes de finalizar el mismo
término serán tramitadas por la autoridad ante la que se radicó la
solicitud. Con todo, antes de proferir la decisión, la autoridad
respectiva oirá el concepto del Superintendente de Industria y
Comercio […]”.
Insistió en que se violó la norma constitucional mencionada en
consideración a que la SSPD adelantó una investigación en su
contra por unos hechos que involucran a otro prestador de
servicios, los cuales pueden catalogarse como constitutivos de
competencia desleal, toda vez que la sanción aquí controvertida
se le impuso por transportar quince cilindros que pertenecían a
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
otra empresa, por lo mismo, dicho asunto era de competencia
de la SIC.
I.3.2. De la vaguedad de los cargos por falta de precisión
del verbo rector
Al respecto sostuvo que todas las autoridades que ejerzan
funciones policivas deben adelantar sus investigaciones con el
lleno de las formalidades exigidas; que cuando eleven un pliego
de cargos e imputen la violación de ciertas normas, deben
hacerlo de forma precisa y sin vacilar, máxime si la norma que
se endilga como vulnerada está compuesta por varios verbos
rectores; y que el pliego de cargos es la columna vertebral de
toda investigación por lo que sí no se hace dicha precisión se
impediría el ejercicio del derecho a la defensa.
Para soportar sus afirmaciones, la demandante transcribió lo
referente al primer cargo que le fueron formulados en el pliego
respectivo, así:
“[…] La empresa COSTAGAS S.A. E.S.P., como
comercializador minorista GLP, presuntamente vulneró el
régimen establecido en la resolución CREG 023 de 2008 al
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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
tener, transportar y/o comercializar cilindros de GLP
propiedad de otro Distribuidor según hechos ocurridos el
día 31 de agosto de 2009 en el municipio de Bosconia,
cuando la Policía Nacional incautó el vehículo de placas INB
975 perteneciente a la empresa COSTAGAS S.A. E.S.P., con
15 cilindros de 33 libras cuyos NIFs aparecen reportados en
el SICMA como propiedad de Gas de Santander – GASAN
S.A. E.S.P […]”.
Seguidamente, sostuvo que la norma presuntamente violada,
para nada involucra el verbo transportar, por tanto, requiere de
otra norma para su complemento. Que en efecto el artículo 16
de la Resolución de la CREG 023 de 2008, prevé:
“[..] Artículo 16. OBLIGACIONES DEL COMERCIALIZADOR
MINORISTA EN LA COMPRA DEL PRODUCTO A LOS
DISTRIBUIDORES Y EL FLETE DEL PRODUCTO EN
CILINDROS. Para la compra y flete del producto el
Comercializador Minorista deberá:
[…]
7. No comercializar, recibir ni tener bajo ninguna circunstancia,
cilindros de propiedad de Distribuidores diferentes a aquel con el
cual tiene el Contrato de Suministro de GLP envasado. […]”.
Reiteró que el cargo que se le formuló fue vago e impreciso,
toda vez que la autoridad administrativa demandada no señaló
claramente la actividad reprochable que ejecutó y por la cual
resultó sancionada, pues es evidente que no estaba
comercializando, en razón de que los cilindros se encontraban
vacíos. Admitió que sí se encontraba transportando dichos
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cilindros, y así lo debió señalar la SSPD en el pliego respectivo,
pero como no lo hizo el cargo reviste la deficiencia anotada.
I.3.3. Indebida motivación del acto sancionatorio ante la
imprecisión del lugar de los hechos y la confusión sobre
la otra empresa prestadora del servicio de GLP
involucrada
En relación con este cargo, la demandante sostuvo que la
autoridad administrativa demandada no tenía claro cuál era la
empresa denunciante y cuál la empresa investigada, al punto
que las confunde con otras del sector, como se observa en la
página 16 de la resolución que impuso la sanción, en la que se
afirma que los cilindros incautados se le devolvieron a la
administradora de la empresa Currulao, y hasta donde tiene
conocimiento nunca transportó cilindros de dicha empresa,
como tampoco se ha iniciado investigación por esos supuestos
hechos. Además, en la página 18 de esa misma resolución se
indica cómo se encontraron los cilindros de GAS PAÍS E.S.
E.S.P., en los depósitos de COSTAGAS S.A. E.S.P., lo que, a
su juicio, corrobora la imprecisión aducida.
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
Recalcó que en toda investigación administrativa, sancionatoria
o penal, corresponde al investigador determinar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los
hechos investigados, lo cual debe hacerse desde el pliego de
cargos, pero que, sin embargo, en esta oportunidad, la SSPD,
en su acto definitivo, aun no tenía claridad al respecto, y motivó
la decisión adoptada en hechos que involucran a otras
empresas.
I.3.4. De la violación al artículo 36 del Código
Contencioso Administrativo.
Adujo que la SSPD, en ejercicio de sus funciones y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 355 del CCA, resolvió la actuación
administrativa, con desconocimiento de lo previsto en el artículo
36 6 ibidem. Que, en esta instancia, como se hizo en sede
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“[…] ARTICULO 35. ADOPCION DE DECISIONES. Habiéndose dado oportunidad a los
interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se
tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares.
En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante
el trámite.
Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo solicitado o pedido,
las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión a quienes aparezcan como
titulares del derecho invocado, para que puedan hacerse parte durante la vía gubernativa, si la
hay. […]”.
6
“[…] ARTICULO 36. DECISIONES DISCRECIONALES. <Código derogado por el artículo
309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente
hasta esta fecha es el siguiente:> En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter
general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza,
y proporcional a los hechos que le sirven de causa. […]”.
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
administrativa, se controvierte la falta de proporcionalidad de la
sanción impuesta, en la modalidad de multa, por un valor que
supera los $345.000.000.oo, por transportar 15 cilindros vacíos
pertenecientes a la empresa GASAN S.A. E.S.P. cuando este
número de cilindros comercialmente no superan el valor de
$200.000.oo. Que en la instancia administrativa ya se había
alegado que la imposición de esta multa tan elevada no era
proporcional con los hechos investigados y se solicitó la
aplicación del mencionado artículo.
Sostuvo que cuando el legislador plasmó la proporcionalidad,
como principio rector de las investigaciones administrativas, fue
para impedir la arbitrariedad en este campo por parte de las
autoridades que las adelantaran.
Expresó que en materia sancionatoria administrativa, en cuanto
al principio de proporcionalidad se refiere, se exige que tanto la
falta descrita como la sanción correspondiente a la misma
resulten adecuadas a los fines de la norma, para que pueda
operar adecuadamente la realización de los principios que
gobiernan la función pública.
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
I.3.5. De las multas confiscatorias
A juicio de la demandante, teniendo en cuenta que la multa
impuesta no es proporcional con el hecho investigado, la misma
se puede tener como confiscatoria, tipo de sanciones que están
proscritas por la Constitución Política, pues atentan contra la
libertad de empresa, derecho fundamental protegido por el
Estado; que, además, dicha multa por ser tan elevada impide
que cumpla ciertas obligaciones impuestas por el ente
regulador, respecto de las metas sobre marcación de cilindros.
Insistió en que la sanción es confiscatoria, si se tiene en cuenta
el valor del patrimonio de la empresa y las ganancias obtenidas
en el año 2009 y en que la autoridad administrativa, antes de
imponer la sanción, debió estudiar dichos aspectos.
I.3.6. Violación del principio de legalidad al imponer una
multa sin tener en cuenta la fecha de los hechos sino la
fecha en que se resuelve de fondo la investigación.
Sobre el particular sostuvo que, de acuerdo con el monto de la
sanción, el salario mínimo que tuvo en cuenta la SSPD para la
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
imposición de la misma fue el del año 2010, fecha en la cual se
expidió el acto respectivo, con lo cual se desconoció el principio
de legalidad, teniendo en cuenta que la fecha en que se realizó
la incautación de los cilindros de gas fue el año 2009, por lo
tanto, la sanción debió basarse en el salario mínimo de ese año.
I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SSPD, por intermedio de apoderado, contestó la demanda
manifestando que se oponía a todas y cada una de las
pretensiones, con fundamento en las razones que al efecto
expresó y que pueden sintetizarse, de la siguiente manera:
Adujo que el hecho primero de la demanda era cierto, en cuanto
allí se afirma que la empresa COSTAGAS S.A. E.S.P. se
encuentra legalmente constituida como consta en el certificado
de existencia y representación legal que se allegó al proceso.
En torno al segundo hecho manifestó que era cierto, en cuanto
a que la Superintendencia efectivamente ejerce vigilancia sobre
las empresas prestadoras de servicios públicos; y respecto a las
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
otras afirmaciones que allí se hacen, expresó que eran
apreciaciones subjetivas de la demandante.
En relación con el hecho tercero reconoció que era cierto, solo
en cuanto a que sí se elaboró un informe técnico conforme al
cual se inició la investigación administrativa que impuso la
sanción a la demandante; y que las demás manifestaciones eran
apreciaciones subjetivas.
También admitió como cierto el hecho cuarto, pero solo en
cuanto a las actuaciones efectivamente adelantadas por la
entidad al elevar el pliego de cargos contra COSTAGAS S.A.
E.S.P; y en relación con las restantes manifestaciones
efectuadas, señaló que solo eran apreciaciones subjetivas de la
demandante.
Negó el hecho quinto, por estimar que solo contenía
apreciaciones subjetivas de la demandante.
Sobre el hecho sexto expresó que solo era cierto lo referente a
las actuaciones adelantadas por la SSPD, al evaluar el pliego de
cargos de la actora, pero no lo relacionado con su competencia
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
para imponer la multa y la falta de proporcionalidad de la
sanción, por ser simples apreciaciones subjetivas.
Admitió como cierto lo expresado en el hecho séptimo en el
sentido de que la empresa COSTAGAS S.A. E.S.P. interpuso
los recursos de ley, en los términos legales previstos para el
efecto.
También admitió como cierto el hecho octavo el que da cuenta
de que la SSPD resolvió el recurso interpuesto, confirmando la
decisión inicial.
Ahora, en relación con el cargo de violación al debido proceso,
basado en distintas argumentaciones encaminadas a demostrar
que los actos administrativos demandados se expidieron con
violación de leyes preexistentes y en vigor, manifestó lo
siguiente:
Falta de competencia de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios para investigar y sancionar la falta
cometida
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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
Adujo que el artículo 29 de la Constitución Política dispone que
el debido proceso debe observarse en toda actuación, tanto
judicial como administrativa, y obliga no solamente a los jueces
sino también a los organismos y dependencias de la
administración pública.
Señaló que, en el caso concreto, el precepto constitucional del
debido proceso no fue violado con la expedición de los actos
administrativos que se demandan, por cuanto la decisión
adoptada se fundamentó en el incumplimiento de una obligación
por parte de la empresa prestadora de servicios, la cual resultó
debidamente demostrada en la actuación administrativa
válidamente surtida.
En torno a su competencia para conocer del asunto, precisó que
el artículo 79 de la Ley 142 señala como funciones especiales a
cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, entre otras, la siguiente:
“[…] 79.1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos
administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios
públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e
inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones,
siempre y cuando esta función no sea competencia de otra
autoridad […]”. (la Sala subraya).
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
Vaguedad en los cargos por falta de precisión al tipificar
la conducta desplegada y los cargos elevados
En relación con este punto, sostuvo que la falta endilgada a la
empresa COSTAGAS S.A. E.S.P., como ella misma lo
reconoció, aparece taxativamente señalada en el artículo 16,
numeral 7, de la Resolución de la CREG 023 de 2008, por lo que
no es de recibo el argumento esgrimido en torno a la falta de
precisión del cargo, pues, de la simple lectura de la mencionada
norma, queda claro que sí se encuentra debidamente tipificada
la conducta en cuestión, en un acto administrativo expedido por
la CREG, el cual goza de presunción de legalidad y que, por lo
tanto, puede ser objeto de sanción el contravenir lo allí
establecido.
Indebida motivación, por imprecisión del lugar de los
hechos y confusión con otra empresa prestadora del
servicio de GLP
En orden de refutar este cargo, resaltó la importancia de la
vigilancia y control que ejerce sobre la prestación del servicio
de GLP, en virtud de la cual detectó la inaplicabilidad de la
regulación existente por parte de COSTAGAS S.A. E.S.P.,
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empresa prestadora de dicho servicio público en calidad de
comercializador minorista. Advirtió que es deber del Estado,
garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos a
todos los habitantes del país, los cuales están sometidos al
régimen jurídico que fije la ley y, en este caso, la CREG emitió
la Resolución 023 de 2009, por la cual se estableció el
reglamento de distribución y comercialización minorista de GLP,
pretendiendo, sin duda, organizar y reglamentar el mercado de
Gas Licuado de Petróleo, adoptando un modelo que deja atrás
la informalidad y responsabilidad del manejo de los cilindros,
antes en cabeza del usuario, para implementar un esquema de
marca que traslada la propiedad y el compromiso de ese manejo
a las empresas distribuidoras.
Estimó que de ahí que la nueva norma, infringida por la
demandante, sea determinante al establecer la prohibición de
no recibir ni tener cilindros de propiedad de otras empresas, lo
cual tiene como propósito que los consumidores, los agentes del
mercado y las autoridades logren identificar al prestador del
servicio de GLP, para conocer quién resulta responsable por la
seguridad y calidad del suministro del servicio, ya que si un
cilindro de un distribuidor ha sido manipulado, transportado y/o
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comercializado sin las debidas precauciones por otro agente del
mercado, el riesgo que se encuentra intrínseco dentro de la
cadena que se surte para la prestación del servicio, hasta el
usuario final, no sería atribuible a este último sino al propietario
del cilindro, y tal situación podría dar lugar a que dicho riesgo
se incremente.
Consideró, la demandada, que con la anterior explicación se
desvirtúa la falsa motivación alegada por la actora, la cual,
además, deja en claro que los argumentos plasmados en los
actos administrativos acusados guardan total concordancia con
la decisión y la competencia de la SSPD para sancionar a la
demandante, por el incumplimiento de la regulación vigente
aplicable en este caso.
Violación del artículo 36 del Código Contencioso
Administrativo. De las multas confiscatorias y la ausencia
de proporcionalidad de la sanción
Para referirse a este cargo transcribió apartes de las sentencias
de la Sección Primera del Consejo de Estado de 7 de octubre de
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19997 y de 7 de septiembre de 20008, providencias estas que
en términos generales, tratan: la primera, sobre las
atribuciones sancionatorias de la SSPD siempre y cuando el
hecho sancionado esté descrito, con todos sus elementos, como
reprochable en alguna norma, y que, cuando de multas se trate,
estas deben estar en consonancia con el “impacto de la
infracción” y; la segunda, aborda el tema relacionado con la
actividad supervisora de la SSPD, en el ámbito de la Policía
Administrativa, que la habilita para adoptar medidas tendientes
a garantizar los servicios públicos domiciliarios en términos de
calidad, transparencia y oportunidad y de actuar frente a las
violaciones contra la ley y los actos administrativos que sujetan
la actividad del referido servicio.
Seguidamente, explicó que de acuerdo con el artículo 81 de la
Ley 142, en armonía con el numeral 2, la SSPD podrá imponer
sanciones a las empresas del sector que violen las normas a las
que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de
la falta, y que teniendo en cuenta el tope máximo permitido por
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
octubre de 1999, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa, núm. único de radicación expediente núm.
5606.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7
septiembre de 2000, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero, núm. único de radicación 6214.
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la ley a la Superintendencia para imponer multas, la que recayó
sobre la empresa COSTAGAS S.A. E.S.P., sin asomo de duda,
no violó el principio de legalidad de la sanción debido a que la
misma se encuentra dentro del tope máximo permitido,
resultando proporcional a la naturaleza y gravedad de la falta
cometida, la cual puso en riesgo la cadena de responsabilidad
del propietario de los cilindros, quien es el llamado a responder
por la seguridad y calidad del suministro del gas licuado de
petróleo, lo que permite demostrar que se actuó con
observancia de las normas legales aplicables al caso,
respetando los criterios establecidos al efecto en las
disposiciones pertinentes.
Por último, admitió que se incautaron los cilindros de gas por
que estos estaban siendo comercializados irregularmente.
Violación del principio de legalidad de la multa
Con el propósito de rebatir la viabilidad de este cargo, adujo
que la sanción impuesta en la Resolución 20102400045305 de
23 de noviembre de 2010, y su confirmatoria, Resolución
20112400039655 de 2 de diciembre de 2011, sí tuvo en cuenta,
para su graduación, los criterios establecidos en el artículo 81.2
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de la Ley 142, esto es, la naturaleza y gravedad de la falta; y,
respecto de las multas, el impacto de la infracción sobre la
buena marcha del servicio público y el factor de reincidencia.
Sostuvo, además, que la facultad sancionatoria de la SSPD no
tiene carácter reparador del daño infligido, sino disuasivo de la
conducta que se proscribe, de tal manera que pueda cumplirse
su función preventiva y orientadora, lo que fundamenta su
existencia dentro del ordenamiento legal de los servicios
públicos.
Concluyó que los actos demandados no desconocen los criterios
requeridos para dosificar la sanción, pues basta con examinar
las resoluciones demandadas, en las que se describió, de
manera amplia y detallada, la naturaleza de las infracciones en
que incurrió la empresa demandante, el impacto de la infracción
sobre la prestación del servicio y el factor de reincidencia, para
tener por demostrado que aquellos sí se tuvieron en cuenta en
la fijación de la multa respectiva.
II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
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El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 5
de diciembre de 2013, declaró la nulidad parcial de las
resoluciones demandadas, tal y como se lee en la siguiente
transcripción de la parte resolutiva:
“[…] RESUELVE:
PRIMERO. - DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de las
Resoluciones No. 20102400045305 de 23 de noviembre
de 2010 y la 20112400039655 de 2 de diciembre de 2011
proferidas por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS, por medio de las cuales se
le impuso una sanción a la EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE GAS DE LA COSTA S.A. E.S.P. –
COSTAGAS S.A. E.S.P., de acuerdo con lo expuesto en
la parte considerativa de esta sentencia, en cuanto a la
fijación del monto de la multa.
SEGUNDO. – A título de restablecimiento del derecho
DECLARAR que la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, solo podrá
cobrar como valor de la sanción de multa impuesta a la
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS DE LA
COSTA S.A. E.S.P. – COSTAGAS S.A. E.S.P., el valor
equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales
vigentes para la época de la imposición de la sanción, por
lo que cualquier valor cancelado por la demandante que
exceda del monto establecido deberá ser reintegrado a su
patrimonio.
TERCERO. – Negar las demás pretensiones incoadas en
la demanda, así como la condena en costas y agencias en
derecho, conforme a lo expuesto en la parte
considerativa.
[…]”.
La anterior decisión se sustentó, en síntesis, en las siguientes
consideraciones:
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Inició con un análisis del marco constitucional, legal y
reglamentario regulatorio del tema de los servicios públicos
domiciliarios en Colombia, al cual se le ha otorgado especial
tratamiento en la medida en que realiza la finalidad del Estado
tendiente a asegurar a todas las personas los elementos básicos
para el bienestar común, como lo establece el artículo 3659 de
la Constitución Política, respecto de la obligación de este de
garantizar el acceso a los servicios públicos. Que del artículo
36710 Constitucional y la Ley 142, por la cual se establece el
régimen de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones, en desarrollo de los artículos constitucionales
citados, cuyo artículo 14.21, define el servicio público
domiciliario como aquel referente al acueducto, alcantarillado,
aseo, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural,
distribución de gas combustible y energía eléctrica, en tanto que
9
“[…] ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados
por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En
todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si
por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría
de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse
determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y
plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una
actividad lícita. […]”.
10
“[…] ARTICULO 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el
régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y
redistribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por
cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias
generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y
coordinación. La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas. […]”.
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lo concerniente al servicio de gas combustible, se regula en el
artículo 14.2811 de la misma Ley.
Mencionó que el artículo 37012 de la Constitución Política creó la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad
mediante la cual el Presidente de la República ejerce la
inspección, vigilancia y control de las empresas prestadoras de
los servicios públicos domiciliarios.
Añadió que en virtud del numeral 1 del artículo 7913 de la ley
142 de 1994, que establece como función de la
Superintendencia la de controlar y vigilar aquellas empresas
“[…] 14.28. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE. Es el conjunto
11
de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde
un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de
un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las
actividades complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por
un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde
se conecte a una red secundaria. […]”.
12
“[...] ARTICULO 370. Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la
ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos
domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el
control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten. […]”.
13
“[…] ARTÍCULO 79. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA. <Artículo modificado por
el artículo 13 de la Ley 689 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Las personas prestadoras
de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujetos de
aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la
Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones de esta las siguientes:
“1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén
sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e
inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función
no sea competencia de otra autoridad. [….]”.
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prestadora de servicios públicos, en el cumplimiento de las leyes
y actos administrativos que regulan su actividad y sancionan su
incumplimiento, fue como la demandada comprobó la infracción
en que incurrió COSTAGAS S.A. E.S.P., de las normas
previstas en los numerales 5 y 7, del artículo 16 de la Resolución
CREG 023 de 2008, por causa de los hechos ocurridos el 31 de
agosto de 2009, según los cuales la Policía Nacional incautó el
vehículo de placas INB 975, de propiedad de dicha empresa,
con quince cilindros de 33 libras, que aparecen reportados como
de propiedad de la empresa GASAN S.A. E.S.P. De modo que,
para el Tribunal a quo, a partir de las mencionadas
disposiciones, claramente se infiere que la SSPD, es la entidad
competente para adelantar la investigación tendiente a
sancionar el incumplimiento de las obligaciones legales y los
actos administrativos a los cuales estaba sujeta la empresa
demandante por el hecho de prestar el servicio público de gas,
en las circunstancias de que dan cuenta los hechos aquí
controvertidos.
Agregó que, contrario a lo señalado por la parte demandante,
la infracción en que incurrió la empresa COSTAGAS S.A. E.S.P.
sí es una de aquellas que afecta la correcta prestación del
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
servicio público, y, en consecuencia, a un usuario determinado,
toda vez que la inobservancia de las normas establecidas para
el cumplimiento de las prestadoras y, más aún, las referentes a
las condiciones del envase y transporte, permiten identificar, de
manera clara, al prestador del servicio público de gas licuado de
petróleo, ante la presencia de alguna irregularidad, que afecte
la calidad y seguridad del producto.
En lo referente al cargo propuesto por la actora, por la supuesta
imprecisión en que incurrió el ente de control al señalar la
actividad que ejecutó la demandante y por la cual se le
sancionó, sostuvo que de la lectura de los actos acusados, se
infiere claramente que la conducta investigada por la
Superintendencia consistió en la tenencia y transporte de quince
cilindros de GLP, de propiedad de otra distribuidora,
independientemente de si los mismos se encontraban llenos o
no, por lo que, tal y como se desprende de las consideraciones
consignadas en las resoluciones SSPD-20102400045305 de 23
de noviembre de 2010, mediante la cual se impuso la sanción,
y SSPD-20112400039655 de 2 de diciembre de 2011, por medio
de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra
la Resolución anterior, confirmándola, la SSPD en ningún
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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
momento incurrió en imprecisión o vaguedad que lleve a
suponer que la investigación se dio con ocasión de la
comercialización de los señalados cilindros.
Insistió en que la SSPD aludida en ningún momento indicó que
la empresa COSTAGAS S.A. E.S.P. estuviera comercializando
los cilindros y, mucho menos, que esa haya sido la razón por la
cual se adelantó la investigación, pues, desde un principio,
existió claridad respecto a que la incautación del vehículo que
le pertenecía obedeció a que tenía quince cilindros que en el
SICMA14 aparecían reportados como de propiedad de GASAN
S.A. E.S.P., conducta que se encuentra prohibida en el numeral
7 del artículo 16 de la Resolución CREG 023 de 2008.
Que, además, la SSPD en los actos acusados, siempre se refirió
a la tenencia, transporte o comercialización de los cilindros, por
cuanto esta es la clasificación efectuada por la norma que regula
la materia y que abarca la totalidad de las prohibiciones que en
ella se incorporan, sin que por este hecho pueda la actora alegar
con razón que la sanción que se le impuso obedeció
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Sistema de Información de Cilindros Marcados (SICMA)
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
simplemente a la comercialización de los cilindros de propiedad
de otra empresa.
En relación con el cargo que plantea la configuración de un vicio
de nulidad de los actos acusados por la supuesta imprecisión
del lugar de los hechos y de la empresa prestadora del servicio,
consideró que no tiene vocación de prosperidad, toda vez que
tal y como lo indicó la SSPD al resolver el recurso de reposición
interpuesto por la actora, no existe tal falta de claridad, ni de
imprecisión, sino un error de transcripción que no implica
ningún cambio en la decisión adoptada, pues, de la lectura
integral de los actos demandados, se infiere cuáles fueron los
hechos objeto de investigación, el lugar de su ocurrencia, las
partes involucradas, así como las normas transgredidas.
Respecto a la censura sustentada en una supuesta falta de
proporcionalidad y legalidad de la sanción, el Tribunal consideró
que la actuación analizada corresponde al ejercicio de una
facultad otorgada a la SSPD, que en los actos demandados
decidió imponer a COSTAGAS S.A. E.S.P., sanción de multa
por tener, transportar y/o comercializar cilindros de gas licuado
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
de petróleo, de otro distribuidor, con fundamento en el artículo
81 de la Ley 142, que prevé:
“[…]
81.1. Amonestación.
81.2. Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios
mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará
atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha del
servicio público, y al factor de reincidencia. Si la infracción se
cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se
indica se podrá multiplicar por el número de años. Si el infractor
no proporciona información suficiente para determinar el monto,
dentro de los treinta días siguientes al requerimiento que se le
formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se prevén.
Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención
de programas de inversión social en materia de servicios
públicos, salvo en el caso al que se refiere el numeral 79.11. Las
empresas a las que se multe podrán repetir contra quienes
hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la
sanción. La repetición será obligatoria cuando se trate de
servidores públicos, de conformidad con el artículo 90 de la
Constitución. […]”. (Subraya y resaltos iniciales son del a quo).
Agregó que si bien los antecedentes administrativos
demuestran la inobservancia de las obligaciones legales por
parte de la empresa sancionada, lo que podría constituir una
eventual deficiencia en la prestación del servicio público, a su
juicio, la sanción impuesta resulta desproporcionada con
relación a los hechos investigados, toda vez que tan solo se
incautaron quince cilindros de gas vacíos y que, además, debe
tenerse en cuenta, como se indicó en el acto sancionatorio, que
dicha empresa no es reincidente en esta conducta; advirtió que
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la multa impuesta es más de carácter preventivo, sobre la base
de que la infracción de las disposiciones contenidas en la
Resolución CREG 023 de 2008, podría llegar a atentar, en
determinadas circunstancias, en contra de la seguridad e
integridad de los ciudadanos. De ahí que haya adoptado la
decisión de declarar la nulidad parcial de los actos acusados en
los términos indicados en la parte resolutiva de la sentencia
transcrita, en lo pertinente, al inicio de este acápite.
III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La SSPD dentro del término legal, interpuso recurso de
apelación en contra la citada decisión, para lo cual adujo, en
síntesis, lo siguiente:
Que contrario a lo considerado por el a quo, la sanción que
impuso en las resoluciones 20102400045305 de 23 de
noviembre de 2010 y 20112400039655 de 2 de diciembre de
2011, sí tomó en cuenta los criterios establecidos en el artículo
81.2 de la Ley 142 para su graduación, en general, la naturaleza
y gravedad de la falta y, respecto de las multas, en particular:
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1) el impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio
público; y 2) el factor de reincidencia.
Sostuvo que analizada la sanción impuesta, esta resulta
proporcional a los hechos que le sirvieron de fundamento, como
fue la infracción del numeral 7 del artículo 16 de la Resolución
CREG 023 de 2008, que prohíbe, de manera determinante,
recibir o tener cilindros de otro distribuidor bajo ninguna
circunstancia, como consecuencia de los cambios en la
organización y reglamentación en la prestación del servicio de
Gas Licuado de Petróleo (GLP), siendo esta una conducta
reprochable y con grave afectación para el usuario final.
Precisó que si un cilindro de un distribuidor ha sido manipulado,
transportado y/o comercializado por otro agente, el riesgo que
se encuentra intrínseco dentro de la cadena que se surte para
la prestación del servicio, se atomiza entre quienes estuvieron
ejerciendo la actividad con cada cilindro. Que por tal razón se
reguló estrictamente el tema, en aras de que las autoridades,
los consumidores y los agentes del mercado logren identificar al
prestador del servicio público de Gas Licuado de Petróleo, para
conocer quién resulta ser el responsable por la calidad y
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seguridad del servicio que provee, puesto que la prestación del
mismo es de alto riesgo y cualquier manipulación de los cilindros
por otro distribuidor puede poner en peligro la seguridad de los
usuarios.
Estimó que no puede argumentarse que la sanción impuesta no
es proporcional, ni adecuada a los fines de la norma que la
fundamenta cuando es la misma regulación la que prohíbe dicha
actividad, con el propósito de garantizar la seguridad de los
usuarios del servicio y la adecuada prestación del mismo,
independientemente de que se trate de la tenencia, transporte
o comercialización de solo quince cilindros vacíos, pues lo que
se reprocha no es el número ni el valor de los mismos, sino la
transgresión de la norma.
Adujo que difiere de la decisión del a quo, en cuanto a la
proporcionalidad de la sanción, cuando el peligro que envuelve
la prohibición de la norma es de tal magnitud que su sanción
bien puede enmarcarse en el rango más alto, establecido en el
artículo 81, de la Ley 142 (2.000 SMLV), debido al impacto que
puede ocasionar dicha conducta en los usuarios finales y la
prestación del servicio y que, sin embargo, atendiendo la no
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reincidencia de la conducta por parte del prestador, fue que la
multa impuesta resultó inferior a los topes máximos permitidos
por la norma, puesto que asciende a 670 salarios mínimos
legales vigentes a la fecha de la imposición, lo cual demuestra
la proporcionalidad de la misma.
Insistió en que los actos demandados no desconocen los
criterios requeridos para dosificar la sanción, pues, basta con
examinar su contenido para apreciar que en ellos se describió,
de manera amplia y detallada, la naturaleza de la infracción en
la que incurrió la empresa demandante, el impacto de la misma
sobre la prestación del servicio y el análisis del factor de
reincidencia, acorde con los parámetros establecidos en el
artículo 81, de la Ley 142, por lo cual resulta factible concluir
que las mismas no violaron el principio de legalidad de la
sanción, en la medida en que esta se encuentra dentro del tope
máximo permitido.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSION
IV.1.- Vencido el plazo, tanto la parte actora como el Ministerio
Público, dentro de la oportunidad concedida para alegar,
guardaron silencio.
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IV.2.- Por su parte, la demandada descorrió el traslado de
alegatos15 en forma extemporánea16.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se demandan las resoluciones núms. 2010240004530517
de 23 de noviembre de 2010, que le impuso una sanción a
la Empresa COSTAGAS S.A. E.S.P., y la 2011240003965518
de 2 de diciembre de 2011, que confirma, en todas sus partes,
la resolución anterior, las cuales no se transcriben debido a su
gran extensión.
Objeto del litigio
Teniendo en cuenta los argumentos de la apelación, a la Sala le
corresponde determinar si los actos administrativos acusados,
esto es, 20102400045305 de 23 de noviembre de 2010 y
20112400039655 de 2 de diciembre de 2011, por los
cuales se sancionó a la demandante, en razón de haber
incumplido lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 16 de la
Resolución CREG 023 de 2008, al tener 15 cilindros de GLP de
15
Folios 22 a 33 del C. Apelaciones.
16
Así consta en el Informe suscrito por el Secretario de la Sección Primera.
17
Ver folio 6 al 28 del expediente de primera instancia.
18
Ver folio 29 al 66 del expediente de primera instancia.
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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
propiedad de otra empresa, con la imposición de una multa por
la suma $345.164.500.oo, se ajusta o no a la legalidad en
cuanto, específicamente, se refiere a la proporcionalidad de la
sanción con respecto a los hechos investigados.
Lo anterior considerando que el Tribunal a quo, basado en que
(i) solo se transportaban 15 cilindros de gas vacíos, (ii) en la
ausencia de antecedentes y (iii) en la naturaleza preventiva de
la sanción, concluyó que, en realidad, dicha multa sí resultaba
desproporcionada, motivo por el cual redujo su valor a solo 10
salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de la
decisión, esto es, el equivalente a $5.150.000.oo, decisión con
la que, en todo, se conformó la parte demandante, en la medida
en que no apeló, como sí lo hizo la parte demandada quien, por
el contrario, cuestionó, a través de dicho recurso, la decisión del
Tribunal pero, se insiste, en lo relacionado exclusivamente con
la proporcionalidad de la sanción, aspecto al que se
circunscribirá el estudio de la Sala.
En otras palabras, lo decidido por el Tribunal con respecto a los
restantes cargos de la demanda y que la parte demandante no
controvirtió por vía de recurso de apelación, al que tampoco se
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adhirió, no podrá ser objeto de análisis en esta instancia, motivo
por el cual se mantendrá incólume. Al respecto cabe precisar
que a pesar de que la demandante cuestionó el hecho de que la
sanción se le impusiera con base en el salario mínimo vigente
para cuando se expidió el acto respectivo y no el vigente para
la fecha de los hechos, no cuestionó la sentencia de primera
instancia que incurrió en ese mismo proceder, motivo por el cual
dicho aspecto, como se advirtió, no podrá ser objeto de revisión.
La demandada argumentó, en el recurso, que los actos
demandados no desconocen los criterios requeridos para
dosificar la sanción, pues, basta con examinar el contenido de
los mismos los que se describe, de manera amplia y detallada,
la naturaleza de las infracciones en que incurrió la empresa
demandante, el impacto de la infracción sobre la prestación del
servicio y el análisis del factor de reincidencia, para concluir, sin
duda, en que sí se tomaron en cuenta esos criterios para
establecer la sanción, conforme a los parámetros previstos en
el numeral 2º del artículo 81 de la Ley 142, por lo tanto, no
puede argumentarse válidamente que la sanción impuesta no
es proporcional, ni adecuada a los fines de la norma que la
fundamenta, cuando es la misma regulación la que prohíbe
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dicha actividad, con el propósito de garantizar la seguridad de
los usuarios del servicio y la adecuada prestación del mismo,
independientemente de que se trate de la tenencia, transporte
o comercialización de solo 15 cilindros vacíos, pues lo que se
reprocha no es el número ni el valor de los mismos, sino la
incursión en una conducta prohibida por la regulación.
Inicia la Sala el análisis del punto en cuestión manifestando lo
siguiente:
Para la Corte Constitucional, dentro de las funciones
institucionales de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, de control y vigilancia, la atribución de esta
entidad en materia sancionatoria forma parte de lo que se ha
denominado la potestad sancionatoria de la administración19, la
cual tiene su fundamento legal en los artículos 2, 4, 29, 189,
numerales 21 a 26, 209, 334, 365, 366 y 370 de la Constitución
Política.
19
Corte Constitucional. Sentencia C–034 de 29 de enero de 2014. M.P. María Victoria Calle
Correa.
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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
Esta atribución constituye una expresión de poder jurídico
necesario para la regulación de la función administrativa y el
cumplimiento de los fines del Estado, en la medida en que
resulta ser un complemento de la potestad de mando
institucional, contribuyendo a la preservación del orden jurídico,
al funcionamiento adecuado de la Administración y al
cumplimiento de las decisiones administrativas20.
Tanto es así, que la Ley 142, que regula las funciones de control
y vigilancia de la SSPD, la faculta para imponer sanciones ante
las infracciones de la Ley, como se desprende del contenido de
los artículos 79 a 83 ibidem; y, ya de manera más detallada, los
numerales 2 y 7, del parágrafo 2º, del citado artículo 79, que
confieren al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
las atribuciones de: “[…] 2. Sancionar, en defensa de los
usuarios y para proteger la salud y bienestar de la comunidad,
a los alcaldes y administradores de aquellos municipios que
presten en forma directa uno o más servicios públicos cuando
incumplan las normas de calidad que las Comisiones de
Regulación exijan de modo general, o cuando suspendan el
20
Ibidem.
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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
pago de sus obligaciones, o cuando carezcan de contabilidad
adecuada o, cuando violen en forma grave las obligaciones que
ella contiene […]”; “[…] 7. Imponer las sanciones a quienes
violen las normas a las que deben estar sujetas, en los términos
de los artículos 81 de la Ley 142 de 1994 y 43 de la Ley 143 de
1994 […]”.
Pues bien, en la Resolución 20102400045305 de 23 de
noviembre de 2010, por la cual la SSPD sancionó a la actora,
en lo pertinente, se dispuso lo siguiente:
“[…] Resolución No. SSPD-20102400045305 de 2010-11-
23
Expediente: 2010240350600021E
Por el cual se impone una sanción a una Empresa de
Servicios Públicos
El Superintendente Delegado para Energía y Gas, en ejercicio de
las funciones contenidas en el artículo 79, de la Ley 142 de 1994,
modificado por el artículo 13, de la Ley 689 de 2001, el Decreto
990 de 2002, delegadas mediante la Resolución No. 000021 de
enero 5 de 2005, expedida por el Superintendente de Servicios
Públicos, y el Decreto 1 de 1984 y,
Considerando
1. Antecedentes
[…]
En mérito de lo expuesto, este Despacho,
Resuelve
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
Artículo Primero: Imponer sanción de MULTA a la
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS DE LA
COSTA S.A. E.S.P., por un valor de TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO
CENTAVOS ($345.164.500.oo), la cual se hará efectiva en
el término de 10 días hábiles contados a partir de la
ejecutoria de esta Resolución, por lo expuesto en la motiva
de esta providencia.
Artículo Segundo: […]”.
La posibilidad de imponer dicha sanción se halla prevista en
el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, que señala lo siguiente:
“[…] La Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios podrá imponer las siguientes
sanciones a quienes violen las normas a las que
deban estar sujetas, según la naturaleza y la
gravedad de la falta:
81.1. Amonestación.
81.2. Multas hasta por el equivalente a Dos Mil
(2.000) salarios mínimos mensuales. El monto
de la multa se graduará atendiendo al impacto
de la infracción sobre la buena marcha del
servicio público, y al factor de reincidencia. Si
la infracción se cometió durante varios años, el
monto máximo que arriba se indica se podrá
multiplicar por el número de años. (…) las multas
ingresarán al patrimonio de la Nación, para la
atención de programas de inversión social en materia
de servicios públicos. […].” (Destacado fuera de
texto).
De acuerdo con la norma transcrita, las diferentes sanciones
que puede aplicar la SSPD dependen de la naturaleza y
gravedad de la falta cometida. Una de las sanciones que
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puede imponer la Superintendencia, cuando la naturaleza y
gravedad de la falta lo amerite, es la multa, que, en este caso,
tenía como límite máximo el equivalente a 2.000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes. La multa debe graduarse
atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha
del servicio público y al hecho de si el administrado es
reincidente o no.
Así pues, al imponer cualquiera de las sanciones previstas en el
artículo 81 de la Ley 142, la Administración actúa en ejercicio
de su facultad discrecional que, de acuerdo con el artículo 36
del Código Contencioso Administrativo21, implica que la misma
sea adecuada a los fines de la norma que la autoriza y
proporcional a los hechos que le sirven de causa.
Para mayor ilustración de los aspectos generales atinentes al
asunto controvertido, la Sala considera pertinente traer a
colación el Concepto núm. 5 de 7 de enero de 2009, en el que
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios precisó,
21
“[…] ARTICULO 36. DECISIONES DISCRECIONALES. En la medida en que el contenido
de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines
de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa. […]”.
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con respecto a la gradualidad de las sanciones que puede
imponer con base en el artículo 81 de la Ley 142, lo siguiente:
“[…]
3.- Cómo se mide la gravedad de la falta cometida por
el prestador? ¿A qué se refiere el criterio de naturaleza
de la falta? ¿Qué tipos de falta existen? ¿Cuál es, la
clasificación según la naturaleza de la falta, cómo se
ordenan las faltas según su gravedad, entre qué
rangos se mueve la superintendencia para imponer las
sanciones pecuniarias para cada falta?
La Ley 142 de 1994 le otorgó en el artículo 81 a la
Superintendencia la competencia de sancionar a los
prestadores de servicios públicos domiciliarios o
actividades complementarias de estos, que violen las
normas a las que deben estar sujetas, fijando como
criterios únicos de graduación sancionatoria los de la
naturaleza y la gravedad de la falta. Se observa que la
ley no dosifica las sanciones imponibles para cada
falta, sino que faculta al funcionario competente
para evaluar en cada caso particular la
naturaleza de la falta y la gravedad de la misma.
Corresponde entonces al sancionador,
determinar cuál es la sanción adecuada y
proporcional de conformidad con las
circunstancias probadas en la investigación. En
otras palabras, lo que se deduce de la norma en cita
es la libertad del sancionador para evaluar la
naturaleza y gravedad de la falta, como factores de
graduación de la sanción.
En tales condiciones, se tiene que la ley no contiene
una dosificación de las sanciones acorde con los tipos
de faltas, sino que confiere al funcionario
competente la facultad para valorar el impacto
de la conducta sobre la prestación del servicio.
No obstante, el sancionador debe hacer una
valoración racional con base en lo señalado y ceñirse
a los esquemas sancionatorios establecidos en el
mismo artículo 81.
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Por lo tanto, bajo los criterios anotados, la
Superintendencia puede imponer las sanciones de
amonestación, multas, suspensión de actividades,
cierre de inmuebles, orden de separación de
administradores y toma de posesión.
Por otra parte, una de las sanciones que estableció el
legislador, corresponde a las multas previstas en el
numeral 2 del citado artículo, cuyo texto es el
siguiente:
81.2. Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios
mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará
atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena
marcha del servicio público, y al factor de reincidencia.
Si la infracción se cometió durante varios años, el
monto máximo que arriba se indica se podrá
multiplicar por el número de años. Si el infractor no
proporciona información suficiente para determinar el
monto, dentro de los treinta días siguientes al
requerimiento que se le formule, se le aplicarán las
otras sanciones que aquí se prevén. Las multas
ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención
de programas de inversión social en materia de
servicios públicos, salvo en el caso al que se refiere el
numeral 79.11. Las empresas a las que se multe
podrán repetir contra quienes hubieran realizado los
actos u omisiones que dieron lugar a la sanción […].
En esta medida, la administración cuenta con criterios
generales para la imposición de sanciones contenidas
en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, y con criterios
particulares para la aplicación de sanciones
pecuniarias establecidos en el artículo 81.2 de la
misma obra, que en cierta medida pretenden
racionalizar la actividad sancionadora de la
Superintendencia evitando que ésta desborde su
actuación represiva, encauzándola dentro de un
criterio de ponderación, mesura y equilibrio.
Por lo tanto, corresponderá al sancionador, en
cada caso concreto, hacer una valoración
racional para determinar cuál es la sanción
adecuada y proporcional de conformidad con las
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circunstancias probadas en la investigación
[…]”. (Destacado fuera de texto).
Sobre este asunto, la Sala prohíja la sentencia de 1o. de
noviembre de 201922, en la que se consideró:
“[…] En relación con la discrecionalidad de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
para imponer la sanción, en sentencia de 10 de junio
de 2014 se señaló:
“[…] las diferentes sanciones que puede fijar la SSPD
dependen de la naturaleza y gravedad de la falta
cometida. Una de las sanciones que puede imponer la
Superintendencia, cuando la naturaleza y gravedad de
la falta lo amerite, es la multa, que tiene como límite,
el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. La
multa debe graduarse atendiendo al impacto de la
infracción sobre la buena marcha del servicio público y
a si el administrado es reincidente o no.
Así pues, al imponer cualquiera de las sanciones
previstas en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, la
Administración actúa en ejercicio de su facultad
discrecional, que, de acuerdo con el artículo 36 del
Código Contencioso Administrativo, implica que la
sanción sea adecuada a los fines de la norma que la
autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de
causa.
En Concepto No. 5 de 7 de enero de 2009, la
Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios precisó lo siguiente respecto a la
gradualidad de las sanciones que puede imponer con
base en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994:
“[…]
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º
de noviembre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 08001-
23-31-000-2006-00873-01.
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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
3.- ¿Cómo se mide la gravedad de la falta cometida por
el prestador? ¿A qué se refiere el criterio de naturaleza
de la falta? ¿Qué tipos de falta existen? ¿Cuál es la
clasificación según la naturaleza de la falta, cómo se
ordenan las faltas según su gravedad, entre qué rangos
se mueve la superintendencia para imponer las
sanciones pecuniarias para cada falta?
La Ley 142 de 1994 le otorgó en el artículo 81 a la
Superintendencia la competencia de sancionar a los
prestadores de servicios públicos domiciliarios o
actividades complementarias de estos, que violen las
normas a las que deben estar sujetas, fijando como
criterios únicos de graduación sancionatoria los de la
naturaleza y la gravedad de la falta. Se observa que
la ley no dosifica las sanciones imponibles para
cada falta, sino que faculta al funcionario
competente para evaluar en cada caso particular
la naturaleza de la falta y la gravedad de la
misma.
Corresponde entonces al sancionador, determinar
cuál es la sanción adecuada y proporcional de
conformidad con las circunstancias probadas en
la investigación. En otras palabras, lo que se
deduce de la norma en cita es la libertad del
sancionador para evaluar la naturaleza y
gravedad de la falta, como factores de graduación
de la sanción.
En tales condiciones, se tiene que la ley no contiene una
dosificación de las sanciones acorde con los tipos de
faltas, sino que confiere al funcionario competente la
facultad para valorar el impacto de la conducta sobre la
prestación del servicio. No obstante, el sancionador
debe hacer una valoración racional con base en lo
señalado y ceñirse a los esquemas sancionatorios
establecidos en el mismo artículo 81.
Por lo tanto, bajo los criterios anotados, la
Superintendencia puede imponer las sanciones de
amonestación, multas, suspensión de actividades,
cierre de inmuebles, orden de separación de
administradores y toma de posesión.
(…)
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En esta medida, la administración cuenta con criterios
generales para la imposición de sanciones contenidos
en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, y con criterios
particulares para la aplicación de sanciones pecuniarias
establecidos en el artículo 81.2 de la misma obra, que
en cierta medida pretenden racionalizar la actividad
sancionadora de la Superintendencia evitando que ésta
desborde su actuación represiva, encauzándola dentro
de un criterio de ponderación, mesura y equilibrio.
Por lo tanto, corresponderá al sancionador, en
cada caso concreto, hacer una valoración racional
para determinar cuál es la sanción adecuada y
proporcional de conformidad con las
circunstancias probadas en la investigación.
De acuerdo con las precisiones anteriores, toda vez
que no existe una reglamentación específica
respecto a la gradualidad de la sanción, la ley
faculta al funcionario competente para evaluar,
en cada caso, la naturaleza de la falta y la
gravedad de la misma, para, de esta forma,
determinar la sanción de acuerdo con los hechos
y pruebas que existan en el expediente”. […]”
(Destacado fuera de texto).
Ahora bien, en relación con los principios de razonabilidad y
proporcionalidad que deben guiar toda actuación discrecional de
una autoridad administrativa, en ejercicio de la facultad
sancionadora, la Corte Constitucional, ha señalado, que:
“[…] Es cierto que la disposición confiere una cierta
discrecionalidad al Superintendente, pero esta no es en sí
mismo inconstitucional, ya que debe entenderse que esa
autoridad debe ejercer esa facultad en forma razonable y
proporcionada. En efecto, esta Corporación ha señalado,
en diversas decisiones 23 , que no se puede confundir lo
23
Ver, entre otras, sentencias C-031 de 1995 y C-318 de 1995.
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discrecional con lo arbitrario, pues la Carta admite la
discrecionalidad administrativa, pero excluye la
arbitrariedad en el ejercicio de la función pública, ya que,
en Colombia, aun cuando no cuente con consagración
expresa, es enteramente aplicable el principio de la
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Esto significa que el ejercicio de las potestades
discrecionales se encuentra sometido a los principios que
gobiernan la validez y eficacia de los actos
administrativos, y se debe entender limitado a la
realización de los fines específicos que le han sido
encomendados a la autoridad por el ordenamiento
jurídico. Es así como la potestad administrativa sólo
contiene una actuación legítima, en tanto y en cuanto se
ejecute en función de las circunstancias, tanto teleológicas
como materiales, establecidas en la norma que la
concede. Por ello, el artículo 36 del Código Contencioso
Administrativo, a cuyo tenor la Corte considera que deben
ser interpretadas estas facultades de la Superintendencia
Bancaria, que son administrativas por su naturaleza,
señala con claridad que "en la medida en que el contenido
de una decisión, de carácter general o particular, sea
discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma
que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven
de causa." Lo anterior significa que el Superintendente no
puede ejercer de manera arbitraria o discriminatoria la
facultad que le confiere la disposición impugnada, sino
que debe desarrollarla en forma razonable y
proporcionada, tomando en consideración la finalidad de
la misma, esto es, que las sanciones deben ser
proporcionadas a la gravedad de las faltas cometidas por
los funcionarios de las entidades sometidas a control. 24
[…]”.
Esta Corporación, en relación con la facultad sancionadora de la
Superintendencia de Servicios Públicos, ha precisado, que:
“[…] Según se advierte claramente, la entidad demandada
[Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios] sí
justificó en las resoluciones demandadas la naturaleza de
la sanción impuesta, al señalar que la conducta
24
Corte Constitucional, sentencia C-1161 de 6 de septiembre de 2000, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
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investigada, constituía una falta grave que daba lugar a
una multa. Esa calificación en efecto es pertinente en
criterio de la Sala, pues resulta de la mayor gravedad que
una empresa prestadora de servicios públicos
domiciliarios no garantice una prestación continua,
ininterrumpida y eficiente del servicio y además de ello
cobre a sus usuarios cargos por servicios no prestados.
Igualmente, la Superintendencia justificó el quantum
de la multa al advertir que el valor de ella obedecía
al impacto de la infracción sobre la buena marcha
del servicio, impacto que, por lo dicho, es evidente en
este caso, en el que hasta por periodos de ocho meses se
hicieron cobros a los usuarios de la empresa demandante
sin tener éstos siquiera disponible el servicio de telefonía.
[…] sino, como lo indica la norma, a partir del
impacto de la infracción sobre la buena marcha del
servicio que, se insiste, fue muy grande en este caso25
[…]” (Destacado fuera de texto).
La anterior decisión destaca la importancia del principio de
proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, en lo que toca
específicamente con el valor de la multa respecto a la gravedad
de la conducta. Es así como en estos casos resulta menester,
para garantizar los principios de proporcionalidad y
razonabilidad, realizar una evaluación de la naturaleza de la
infracción en función de su gravedad y de su capacidad para
configurar una falla en la prestación del servicio público. Esta
evaluación debe darse a partir de la clasificación de la infracción
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18
de septiembre de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 25000-23-24-
000-2008-00282-01.
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y la valoración de los criterios para graduar y calcular la multa,
en el evento en que esta sea la sanción que se decide imponer.
Por lo demás, la dosificación de la sanción no requiere
estrictamente que el acto administrativo que la disponga deba
incluir un razonamiento amplio, expreso y especial para
sustentar el monto de aquella, pues el mismo simplemente
puede estar determinado o evidenciarse a partir de la gravedad
de los hechos, aspecto sobre el cual esta Corporación
puntualmente se ha referido, en los siguientes términos:
“[…] En lo atinente a que la sanción no fue dosificada,
cabe poner de presente que la dosificación no implica
que en el acto administrativo se deba hacer un
razonamiento expreso y especial para sustentar el
quantum de la sanción, sino que ello puede estar
dado en la valoración de la gravedad de los hechos,
como en efecto se hace en la decisión aquí enjuiciada, de
suerte que realizada esa ponderación se entiende que la
Administración ha estimado que la sanción aplicada
es la que ameritan los hechos, y pasa a ser de cargo
del administrado demostrar que no lo es, es decir,
que es desproporcionada a los mismos, lo cual no ha
sido aducido y menos demostrado por la actora.26
[…]” (Destacado fuera de texto).
Las directrices sentadas por esta Corporación sobre el tema
responden al hecho de que, en realidad, no existe una
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20
de octubre de 2005, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 1997-
02933-01.
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
reglamentación específica respecto a la gradualidad de la
sanción, incluida la multa, motivo por el cual la ley faculta al
funcionario competente para evaluar, en cada caso, la
naturaleza de la falta y la gravedad de la misma para, de esta
forma, determinar la sanción de acuerdo con los hechos y
pruebas que obren en el expediente.
Además, se debe resaltar que es una carga del administrado
demostrar que la sanción aplicada no es la que ameritan los
hechos, es decir, que es desproporcionada a los mismos, pues
la sanción, en principio, se presume ajustada a la normativa
pertinente, dada la presunción de legalidad del acto
administrativo.
Y que la sanción será proporcional cuando se demuestre la
relación de la magnitud de dicha sanción con las características
y circunstancias de los hechos que le sirvan de fundamento.
Al efecto, es del caso traer a colación la sentencia de 28 de
octubre de 202127, en la que se precisó:
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28
de octubre de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 15001-23-33-
000-2013-00759-01.
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
“[…] Al respecto, esta Sección de la Corporación señaló
sobre la proporcionalidad de la sanción:
“[…] De suerte que atendiendo esas circunstancias y la
relevancia de los derechos e intereses colectivos que se
buscan proteger con las normas vulneradas por la
actora, la Sala estima que la sanción impuesta es
proporcional a los hechos sancionados, siendo
conveniente advertir que la proporcionalidad no
está determinada por la argumentación o retórica
que alrededor de ella se haga o no en los actos
sancionatorios, sino por la relación de la
magnitud de la sanción con las características y
circunstancias de los hechos que le sirvan de
fundamento, […] esto es, que sea adecuada a los
fines de la norma que la autoriza y proporcional a
esos hechos. Es, entonces, ante todo un problema
de relación axiológica entre la situación fáctica
del caso y la sanción impuesta, que en principio
se presume ajustada a la normativa pertinente,
dada la presunción de legalidad del acto
administrativo, y que por lo mismo el afectado
debe desvirtuar cuando la controvierta,
debiéndose decir que por las razones antes
expuestas no ha sido desvirtuada en este caso
[…]28”.
185. Por lo expuesto, la sanción será proporcional
cuando se demuestre la relación de la magnitud
de dicha sanción con las características y
circunstancias de los hechos que le sirvan de
fundamento. […]” (Destacado fuera de texto).
El caso concreto
28
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia
de 18 de agosto de 2005; C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; número único de radicación
20020052401 […]”.
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
La Sala observa que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, luego de verificar en una actuación previa,
válidamente surtida, con observancia de la garantía del derecho
de defensa, que la actora tenía en su poder 15 cilindros de GLP
de la Empresa Gasan S.A. E.S.P., con desconocimiento de lo
dispuesto en el numeral 7 del artículo 16 de la Resolución CREG
023 de 2008, concluyó que:
“[…] En consecuencia, esta Superintendencia debe
manifestar que condena como reprochable la
vulneración del régimen de comercialización y
distribución minorista establecido en la Resolución
CREG 023 de 2008.
El desconocimiento de la norma citada, por parte de los
prestadores, culmina en la flagrante violación de la
responsabilidad esencial que les asiste, por el desarrollo
de su objeto social: Garantizar la prestación del
servicio en la forma como lo ha estructurado la
regulación que ha venido analizando cada uno de los
contextos.
Adicionalmente se le atribuye a COSTAGAS S.A.
E.S.P., las consecuencias que podrían acarrear las
acciones desplegadas, por tener y/o comercializar
cilindros de Gas Licuado de Petróleo, de otro
distribuidor por ser una conducta dañosa e ilegal,
sobre la cual se debe exigir su responsabilidad.
Dado que el prever que un cilindro debe estar marcado
por un distribuidor, al igual la identificación del vehículo y
personal, se desprende la responsabilidad de la empresa.
Lo anterior es exigido con el propósito de
salvaguardar la seguridad del usuario final y demás
intervinientes en la cadena de producción y
manipulación de GLP.
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
Se suma a lo anterior que la empresa investigada aceptó
expresamente que los hechos sucedieron tal y como se
endilgaron en el pliego de cargos, sin controvertir su
ocurrencia.
En resumen, en el momento que una empresa
distribuidora y/o comercializadora minorista se apodera
de un cilindro marcado propiedad de otra empresa
distribuidora no solo atenta contra los activos de ésta, sino
además atenta contra la seguridad e integridad de
los ciudadanos y esto es lo que debe evitar de
manera preventiva, esta autoridad, llamando la
atención de su importancia.
Como consecuencia de lo anterior, este Despacho, de
conformidad con el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, y
teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad de la
falta, el impacto de la infracción sobre la buena
marcha del servicio, el hecho que la empresa no es
reincidente en esta conducta se procederá a imponer
sanción de multa a la EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE GAS DE LA COSTA S.A. E.S.P. […]”.
(Destacado fuera de texto)
La Sala advierte que pese a que el artículo 81.2 de la Ley 142,
establece que la multa tiene como tope el equivalente a 2.000
salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, alrededor
de $1.030.000.000, la sanción impuesta por la SSPD a la
actora, ascendió a la suma de $345.164.500.oo, cifra muy
inferior al máximo legal, y que solo representa una
tercera parte de dicho valor.
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
En efecto, para la época de imposición de la sanción, el año
2010, el salario mínimo legal mensual vigente era de
$515.000.oo, lo que significa que la sanción impuesta a la
entidad demandante, en términos de salarios mínimos legales
mensuales vigentes, fue aproximadamente de 670 SMLMV y en
modo alguno superó el límite establecido por la regulación
(2.000 SMLMV).
En cuanto se refiere a la aplicación de los factores generales
para la graduación de la sanción, a juicio de la Sala, los actos
acusados cumplieron los parámetros correspondientes, aunque
no se haya elucubrado a profundidad al respecto. Para
evidenciarlo de tal modo basta con examinar las resoluciones
demandadas 2930 en las que se aludió, de manera amplia y
detallada, como presupuesto de la decisión adoptada, a la
naturaleza y la gravedad de la infracción en que incurrió
29
Ver folios 6 y ss. del cuaderno de primera instancia.
30
En los actos acusados se señaló:
“[…] En resumen, en el momento que una empresa distribuidora y/o comercializadora minorista
se apodera de un cilindro marcado propiedad de otra empresa distribuidora no solo atenta
contra los activos de ésta, sino además atenta contra la seguridad e integridad de los
ciudadanos y esto es lo que debe evitar de manera preventiva, esta autoridad,
llamando la atención de su importancia.
Como consecuencia de lo anterior, este Despacho, de conformidad con el artículo 81 de la Ley
142 de 1994, y teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad de la falta, el impacto
de la infracción sobre la buena marcha del servicio, el hecho que la empresa no es
reincidente en esta conducta se procederá a imponer sanción de multa a la EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS DE LA COSTA S.A. E.S.P. […]”. (Destacado fuera de texto)
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
la empresa demandante, a la afectación o impacto de la
infracción en la prestación del servicio público
domiciliario de gas combustible y a la no existencia del
factor de reincidencia de aquella.
A la luz de los criterios que anteceden, expuestos en
providencias de esta misma Sección31, se concluye que el monto
de la sanción fue proporcionado, en la medida en que la multa
respectiva se determinó atendiendo razonables parámetros
para su imposición, de conformidad con la naturaleza, gravedad
de la falta cometida y el impacto sobre la buena marcha del
servicio público ofrecido, dado que, cuando un comercializador
minorista se apodera de un cilindro marcado, propiedad de otra
empresa distribuidora, no solo atenta contra los activos de esta,
sino que, además, afecta la adecuada y eficiente prestación del
servicio y pone en peligro la seguridad e integridad de los
usuarios finales y demás intervinientes en la cadena de
producción y manipulación de GLP, sin perder de vista que la
conducta de la actora se encuentra prohibida, de conformidad
31
Ver, por ejemplo: 1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia del 18 de septiembre de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de
radicación 25000-23-24-000-2008-00282-01. 2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia del 25 de agosto de 2016, C.P. María Claudia Rojas
Lasso, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2008-00144-02.
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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
con el numeral 7 del artículo 16 de la Resolución CREG 023 de
2008, sobre la cual se debe exigir su responsabilidad, pues
dicha normativa tiene por objetivo que en relación con la
prestación del servicio público domiciliario de GLP, se asegure
para los usuarios la prestación del mismo de una manera segura
y con calidad.
Cabe mencionar, al respecto, que la Resolución CREG 023 de
2008, “Por la cual se establece el Reglamento de Distribución y
Comercialización Minorista de Gas Licuado de Petróleo”, con
relación a la prestación del servicio público domiciliario de GLP,
señala que su objetivo es asegurar la prestación de un servicio
seguro y de calidad para los usuarios, conforme se desprende
de su artículo 3º, que es del siguiente tenor:
“[…] Artículo 3. OBJETIVO DEL REGLAMENTO. Las
empresas que estén sujetas al presente Reglamento,
tendrán en cuenta en la aplicación e interpretación de
éste, que los objetivos del mismo con relación a la
prestación del servicio público domiciliario de
GLP son:
1. Asegurar que la prestación del servicio de gas licuado
de petróleo la realicen solamente empresas
debidamente establecidas, constituidas y registradas
como Empresas de Servicios Públicos que cumplen las
disposiciones de este Reglamento y las contenidas en
los Reglamentos Técnicos Vigentes, expedidos por el
Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de
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Transporte y demás Ministerios, que les sean
aplicables.
2. Asegurar la prestación de un servicio seguro y
de calidad para los usuarios.
3. Crear las condiciones e instrumentos para la
operación eficiente y segura de la Distribución y la
Comercialización Minorista de GLP.
4. Exigir normas y especificaciones técnicas aplicables
a cada una de las actividades que comprenden la
Distribución y Comercialización Minorista de GLP. […]”
(Destacado fuera de texto).
De esta manera, a no dudarlo, se dificulta o torna controversial
la responsabilidad de quienes prestan el servicio ante posibles
imprevistos que puedan sobrevenir en una actividad que, como
es de público conocimiento, puede resultar extremadamente
peligrosa en la medida en que, si tales imprevistos sobrevienen,
el llamado a responder, en principio, no sería la empresa que
presta, comercializa o tiene en su poder los cilindros,
presuntamente para utilizarlos dentro del giro ordinario de sus
actividades, sino la que aparezca inscrita como propietaria de
los mismos en el Sistema de Información de Cilindros Marcados
(SICMA) lo cual tornaría nugatorio el estricto control preventivo
de fijación de responsabilidad que legalmente amerita la
prestación de este servicio. Estricto control que igualmente se
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
justifica, junto con las elevadas sanciones legalmente previstas32
debido al conocido uso que se la ha dado a dichos cilindros en
el conflicto armado, lo que ha dado lugar a que las empresas
que prestan este servicio público se hagan responsables del
riguroso control de los cilindros que les pertenecen y de los
riesgos que con ellos se puedan ocasionar, no solo por las
motivaciones de que dan cuenta los actos acusados sino
también por estrictas razones de orden público.
Tales son los motivos que le impiden a esta Sala compartir las
consideraciones esgrimidas por el a quo, en el sentido de que la
sanción impuesta resulta desproporcionada con relación a los
hechos investigados, bajo el argumento de que tan solo fueron
incautados quince cilindros de gas vacíos, pues, en realidad,
como lo alega la apelante, lo que se reprocha, de conformidad
con la norma transgredida, no es el número de cilindros que
tenía en su poder la infractora, sino su incursión en una
conducta prohibida para salvaguardar la seguridad de los
usuarios finales y la adecuada prestación del servicio de Gas
32
A la fecha, el tope máximo de las multas pasó de 2000 a 100.000 SMLV. LEY 142 DE 1994,
Artículo 81, 81.2 <Numeral modificado por el artículo 19 de la Ley 1955 de 2019. El
nuevo texto es el siguiente:> Multas desde 1 hasta 100.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes al momento de la imposición de la sanción, a favor del Fondo Empresarial
creado por la Ley 812 de 2003.
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licuado de Petróleo, en atención a que una indebida
manipulación, transporte, tenencia y/o comercialización de un
prestador puede traer graves implicaciones para los usuarios
finales, por la alta peligrosidad que encierran los cilindros de
GLP, no obstante lo cual la llamada a responder por los riesgos
y consecuencias sobrevinientes es la empresa propietaria de
estos últimos.
En efecto, las consecuencias de la indebida manipulación, así
sea de un solo cilindro de GLP, a no dudarlo, bien pueden
resultar catastróficas por el riesgo, de todos conocido, que
envuelve este tipo de artefactos debido a la alta peligrosidad de
la sustancia que contienen, fácilmente inflamable e inclusive con
propiedades explosivas33 debido a su envasado hermético.
Por lo demás, el hecho de que la sanción de que aquí se trata
sea considerada como preventiva, naturaleza que la propia
norma que la contiene reconoce, no es motivo, como
inopinadamente lo dedujo el Tribunal, para que esa
circunstancia opere como aminorante del monto de aquella.
33
Este tipo de artefactos han sido utilizados por los grupos alzados en armas en Colombia, para
realizar atentados terroristas en contra de la población civil como, entre otras, la Masacre de
Bojayá.
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Ello debe entenderse así, por cuanto, en primer lugar, la
mencionada consecuencia no aparece prevista de esa manera
en el texto legal correspondiente y, en segundo lugar, por
cuanto carece de todo sentido que las normas sancionatorias
preventivas, por el hecho de exhibir dicho carácter,
necesariamente tengan que aplicarse en su mínima o menor
expresión pues, de ser así, se correría el riesgo de dar al traste
con su finalidad primordialmente disuasiva que, precisamente,
procura evitar y no sancionar determinados resultados. De
manera que si esta clase de normas solo pudieran aplicarse con
plena rigurosidad o en el máximo grado posible frente a
situaciones que denoten daños consumados es claro que, en
mucho, se desdibujaría su finalidad preventiva.
Ahora, es claro que los actos acusados sí consideraron el hecho
de la no reincidencia de la demandante en la comisión de la
falta que dio lugar a la imposición de la multa, o en alguna otra
relacionada con sus deberes funcionales, pues, como quedó
expresado en su graduación, la demandada optó por aplicar solo
el equivalente a una tercera parte del valor máximo posible, tal
y como de las motivaciones de los actos acusados se desprende,
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
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lo cual, objetivamente, permite tener como probada esa
circunstancia. De ahí que lo argüido por el a quo en ese sentido,
en aras de justificar, sin mayor explicación, la disminución del
monto de la sanción que mínimamente reconoció carezca de
fundamento.
Aunado a lo anterior, cabe mencionar, como lo sostuvo esta
Sección en las referidas sentencias de 20 de octubre de 2005 y
de 28 de octubre de 2021, que es carga del administrado
demostrar que la sanción aplicada no es la que ameritan los
hechos, es decir, que es desproporcionada a los mismos, toda
vez que la sanción se presume ajustada a la normativa
pertinente, dada la presunción de legalidad del acto
administrativo, pero, en este caso, la actora no demostró que
la sanción es desproporcionada a las características y
circunstancias o magnitud de los hechos que le sirvieron de
fundamento.
En conclusión, teniendo en cuenta que el tope establecido en el
artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994 es de 2.000 salarios
mínimos mensuales vigentes, demostrada la ocurrencia del
hecho sancionable, la naturaleza y gravedad de la infracción en
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
que incurrió la empresa demandante, la afectación en la
prestación del servicio público domiciliario de gas combustible
(impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio), y
la no existencia del factor de reincidencia de aquella, la multa
calculada en 670 salarios mínimos legales mensuales vigentes
está en consonancia con los parámetros de proporcionalidad
legalmente previstos y es adecuada a los fines de la norma que
la fundamenta.
En otras palabras, la multa impuesta es proporcional a las
características y circunstancias o magnitud de los hechos que le
sirvieron de fundamento 34 (a la infracción cometida por la
actora).
Ahora bien, demostrado como ha quedado que la sanción de
que aquí se trata no es desproporcionada, tampoco puede
considerarse que la misma resulte confiscatoria, como
34
Ver sentencia de 28 de octubre de 2021 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
15001-23-33-000-2013-00759-01). en la que se precisó:
“[…] 185. Por lo expuesto, la sanción será proporcional cuando se
demuestre la relación de la magnitud de dicha sanción con las
características y circunstancias de los hechos que le sirvan de
fundamento. […]” (Destacado fuera de texto).
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Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
inicialmente lo había alegado la demandante sobre la base de
unos supuestos que, en primera instancia, no demostró.
Por lo tanto, el cargo bajo estudio está llamado a prosperar. De
ahí que deba revocarse el fallo apelado y, en consecuencia,
denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se
dispondrá en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 5 de diciembre de 2013,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en la que se
declaró la nulidad parcial de las resoluciones 20102400045305
de 23 de noviembre de 2010 y la 20112400039655 de 2 de
diciembre de 2011, proferidas por la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.
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Número único de radicación: 20001233100020120024001
Actora: COSTAGAS S.A. E.S.P.
En firme esta providencia, envíese el expediente al tribunal de
origen.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada en la sesión del día 23 de junio
de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Ausente en comisión
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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