RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-31-000-2007-01551-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2007-01551-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2007-01551-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de 13 de diciembre de 2013, en cuanto a que la Resolución núm. 3203 de 7 de febrero de 2007, expedida por el Alcalde del Municipio de Rionegro, Antioquia, no es susceptible de control, y en consecuencia DECLARAR probada la excepción de falta de jurisdicción por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 58 Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01 Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-000-2007-01551-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

26 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71 de
la Ley 388 de 18 de julio de 19971
Número único de radicación: 050012331000 2007 01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada
Demandado: Municipio de Rionegro

Asunto: Reiteración Jurisprudencial - Carga de la prueba respecto de la
incorrección del precio indemnizatorio.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 13 de diciembre de 2013 por la Sala
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda2

1. Juan Guillermo Sanín Posada3, en adelante la parte demandante, presentó
demanda contra el Municipio de Rionegro, en adelante la parte demandada, en
ejercicio de la acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71
de la Ley 388.

1 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”
2 Cfr. folios 118 a 132 del cuaderno principal de primera instancia.
3 A nombre propio

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] decretar la nulidad de las resoluciones números 2909 del 27 de octubre de 2006,
3203 del 7 de febrero de 2007, 3389 de 17 de abril de 2007 y del acuerdo número 92
de 2003 […]”.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

“[…] Se le ordene a la entidad municipal el pago del mayor valor resultante entre lo
supuestamente cancelado por ella y el valor que finalmente asigne el despacho.

Complementariamente, se ordene el pago de los perjuicios directos e indirectos,
(daño emergente y lucro cesante) causados, debidamente indexados, así como la
restitución de la faja del terreno, ilegalmente expropiada en las mismas condiciones
en que me fuera arrebatada.

Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada, haciendo
especial énfasis en el derecho que le asiste, a la entidad territorial, para repetir en
contra del alcalde HERNAN DE JESUS OSPINA SEULVEDA […]”

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones4:

4.1. Mediante Acuerdo núm. 92 de 2003, se facultó al Alcalde Municipal de
Rionegro para adelantar procedimientos de expropiación por vía administrativa. Al
respecto, la parte demandante afirma: “[…] Es la fecha y la hora en que tal
determinación no me ha sido notificada personalmente y tampoco se encuentra
publicada su parte resolutiva en el diario oficial ni tampoco en algún boletín
municipal. […]”.

4.2. Mediante Resolución núm. 2909 de 27 de octubre de 2006, notificada por
edicto el 30 de octubre de 2006, se declaró de utilidad pública una franja de terreno
sobre un predio de propiedad de la parte demandante, situado en el Municipio de
Rionegro, y sobre el cual “[…] es la fecha y la hora en que ese acto administrativo
no se ha notificado personalmente. Se tuvo conocimiento del acto administrativo

4 Cfr. folios 1 a 67

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

cuestionado, porque el demandado por correo simple envió a la dirección de mi
madre en la ciudad de Medellín, copia de la resolución mencionada en el numeral
primero […]”.

4.3. A través de la Resolución núm. 3203 de 7 de febrero de 2007, se ofreció
comprar el inmueble; “[…] No se me ha notificado tampoco válidamente el acto
administrativo anterior […]”. El acto en cuestión se refiere a una valoración realizada
el 2 de agosto de 2006 “[…] Es decir tienen más de seis meses de haberse
elaborado. […]”

4.4. Mediante la Resolución núm. 3389 de 17 de abril de 2007 se decretó la
expropiación del bien inmueble, que consiste en una franja de 800.21 metros
cuadrados a lo largo del camino de “[…] abreo-abreito […]”. “[…] Esta resolución
tampoco se me ha notificado personalmente […]”.

4.5. El 1.° de octubre de 2007, la parte demandada procedió a iniciar la obra “[…]
tumbando la madera de la plantación, sin permiso y la fuerza […]”, sin que
previamente se haya indemnizado a la parte demandante por el valor del lote
expropiado como por la plantación de pinos y eucaliptos.

4.6. El avaluó impuesto por la administración municipal es exiguo “[…] pues
asciende a casi 30 mil pesos por metro cuadrado. Este estimativo confrontado con
otro de la lonja de propiedad raíz de Medellín, para el año 2006, es del orden de $
335.000 por metro cuadrado, esto es 12 veces superior al fijado por el ente territorial
[…]”.

Normas violadas

5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 28, 29, 44, 46 del Código Contencioso Administrativo
• Artículos 12 y 13 de la Ley 9 de 19895.
• Artículo 81 de la Ley 136 de 19946.

5 “[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes

y se dictan otras disposiciones […]”
6 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios

[…]”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

• Artículo 62 de la Ley 388 de 1997.
• Artículo 8 del Decreto 1420 de 19987.
• Artículo 58 del Decreto 2626 de 19948

Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
la violación, así:

6.1. La autoridad municipal “[…] ha omitido comunicar el inicio de actuación
administrativa […]”, “[…] se ha encargado de ocultarla […] como ya lo he anotado
antes, no he intervenido de manera expresa y si se quiere directa de modo que no
podría enviármela a la dirección de la casa de habitación de mi madre, pues ella no
le ha sido comunicada a la entidad demandada. En el mes de noviembre de 2006,
me acerque a la alcaldía municipal de Rionegro, en solicitud de notificación personal
de la resolución identificada en el numeral primero de esta demanda y los
funcionarios a cargo no quisieron hacerlo. Tampoco podría notificarlo válidamente
por edicto como en efecto se hizo, sin que hubiese intentado al menos notificarme
personalmente en el predio objeto de las decisiones administrativas, lugar de mi
residencia […]”

6.2. El predio objeto de las actuaciones administrativas cuestionadas está inscrito
en la Oficina de Instrumentos Públicos del círculo de Rionegro, a nombre de Carlos
Sanin Aguirre, el progenitor, quien falleció en la ciudad de Medellín “[…] razón por
la cual debió la administración publicar las decisiones cuestionadas en el diario
oficial o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente
quien expedido las decisiones […]”.

6.3. En el Municipio de Rionegro, no existe plan de desarrollo, para “[…] el
carreteable Abreo Abreito. […]”.

6.4. El artículo 13 de la Ley 9 de 1989 establece varios requisitos que la parte
demandada debe cumplir en el procedimiento de expropiación, los cuales no se

7 “[…] por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley

2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del
Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos […]”
8 “[…] Por el cual se expide la compilación de las disposiciones constitucionales y legales vigentes para la

organización y el funcionamiento de los municipios. […]”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

cumplieron “[…] La resolución 3203 de 2007, no contiene la trascripción de las
normas que reglamentan la enajenación voluntaria. 2. No señala la certificación del
uso del suelo, indicada en le (sic) plan de desarrollo. 3. El avaluó señala, el acto
administrativo contenido en la resolución 3207 de 2007, no fue practicado por el
instituto Agustín Codazzi o la entidad que haga sus veces, conforme lo señalado en
el decreto 2150 de 1995, sino que dizque, lo efectuó un particular de apellido
Zuluaga Arias. 4. No anexa el avaluó que señala ha practicado sobre el inmueble.
5. No envió comunicación, por correo certificado, a la dirección que figura en el
directorio telefónico. 6. Tampoco entregó copia de comunicación alguna en la puerta
de acceso del inmueble afectado. 7. El avaluó que señala la demandada, le (sic)
realizo el avaluador Zuluaga Arias, tiene más de seis meses de haber sido
elaborado, sin contar, que ni siquiera ha sido notificado válidamente y que tiene
varios días de vencimiento, posteriores a la fecha de publicación del edicto. […]”.

6.5. “[…] La expropiación por vía administrativa se encuentra reservada a las
situaciones definidas por el legislador, ninguno de los argumentos expresados por
la alcaldía se ciñe ni a la ley 388 ni plan de desarrollo territorial […] la expropiación
que ha de proceder entonces, es la estrictamente judicial […]”.

Contestación de la demanda

7. El Municipio de Rionegro no contestó la demanda.

Sentencia apelada9

8. La Sala de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
sentencia proferida el 13 de febrero de 2013, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. NIÉGUESE, todas las pretensiones de la demanda, de acuerdo con
las consideraciones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO. No se condena en costas, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del
Código Contencioso Administrativo, subrogado por el 55 de la Ley 446 de 1998,
considera la Sala que no es dable condenar en costas. […]”

Consideraciones de la sentencia proferida en primera instancia

9 Cfr. folios 340 a 358

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

9. El a quo al resolver el problema jurídico planteado consideró necesario
referirse a la acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71 de
la Ley 388 y a las excepciones, así:

Respecto a la procedencia de la expropiación administrativa

10. Mediante la Resolución núm. 3203 del 7 de febrero de 2007, se iniciaron las
diligencias tendientes a la adquisición del bien bajo el procedimiento previsto para
la expropiación por vía administrativa, realizando la declaración de urgencia, como
lo establece el artículo 58 de la Ley 388 de 1997.

11. Y en ese sentido, concluyó que “[…] la Sala considera que la expropiación que
opera para el caso concreto es la administrativa, y que el municipio cumplió con
todos los requisitos para llevarla a cabo, pues la misma se hizo para el mejoramiento
de la movilidad de los ciudadanos, en especial de las veredas Abreo y Abreito […]”.

12. Respecto a la pretensión de nulidad del Acuerdo núm. 092 de 2003 afirmó que
“[…] el acuerdo un acto de carácter general por lo que esta Sala considera que no
es posible acumular dichas pretensiones bajo el Decreto 01 de 1984 – Código
Contencioso Administrativo-, pues lo que se debió solicitar fue el mismo se
inaplicará […]”.

Respecto a la vulneración al Debido Proceso

13. La parte demandante manifestó que en el procedimiento de expropiación
administrativa se presentó una vulneración al debido proceso, dado que no se le
notificaron personalmente los actos administrativos. Sin embargo, el a quo
consideró equivocada tal afirmación, por cuanto “[…] los actos que son sujetos a
registro se entienden notificados el día en que se efectúe la correspondiente
anotación, tal como lo dispone el artículo 44 del Decreto 01 de 1984 […]”.

Respecto al avalúo

14. La parte demandante solicitó que se ordenara a la entidad municipal el pago
de la diferencia entre lo supuestamente abonado y el valor que finalmente asigne el
despacho, toda vez que, a su juicio, la parte demandante presentó dos avalúos,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

pero ninguno de ellos fue realizado por una persona idónea, es decir, del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi o de la entidad que cumpla sus funciones.

15. Al respecto, se señaló que constan en el expediente dos avalúos realizados
por el Municipio de Rionegro:

15.1. Un avalúo realizado por José Adán Zuluaga Arias, perito Avaluador
Profesional de Fedelonjas, en el cual se concluyó que el valor área del lote ascendía
a la suma de $ 24.006.300.

15.2. Un avalúo realizado por el arquitecto Luís Eduardo Londoño, inscrito en la
Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, concluyó que el valor del área del
lote ascendía a $22.005.775.

16. Además, se encontró en el expediente un estudio del valor del suelo en el
oriente antioqueño, realizado por la Lonja de propiedad raíz de Medellín y Antioquia
para agosto de 2006, que mostró que “[…] el valor de los terrenos […] están entre
2.000 y 3.000 $/M2 […]”.

17. Por lo anterior, el a quo consideró que los avalúos presentados por la parte
demandada se ajustaban a los precios estudiados y establecidos por la Lonja de
Medellín y Antioquia, por lo que no se debería condenar al pago de ningún
excedente.

Respecto a los perjuicios

18. La parte demandante solicitó el reconocimiento de los perjuicios ocasionados
por la expropiación, dado que el 1 de octubre de 2007, la parte demandada procedió
a realizar una obra en la que derribó una serie de árboles, algunos con licencia y
otros sin ella.

19. El a quo indicó que, conforme a las pruebas obrantes en el proceso, para el
1 de octubre de 2007, la parte demandada era titular del derecho de dominio sobre
la franja objeto de expropiación, dado que adelantó todas las actuaciones
dispuestas para el procedimiento de la expropiación administrativa. En

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

consecuencia, y conforme al análisis crítico e imparcial del material probatorio
presente en el proceso, se negaron las pretensiones de la demanda.

Recurso de apelación10

20. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 13 de diciembre de
2013 por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia; para lo cual
exponen los siguientes argumentos:

Falta de pago por la expropiación

20.1. La parte demandante afirmó que “[…] sin indemnización previa, no puede
haber expropiación […]”, en el expediente no obra prueba alguna que de cuenta que
la parte demandada consignara en el Banco Agrario suma alguna a favor del
propietario.

20.2. Está probado mediante la prueba pericial, que la parte demandada no solo
dispuso de los 800 m² indicados en los actos acusados, sino que además se […]
apropio de otros 860 metros adicionales, respecto de los cuales ni siquiera hubo
avalúo previo, mucho menos el pago correspondiente […]”.

De la indemnización de perjuicios

20.3. La indemnización de perjuicios solicitada “[…] comprende el exceso de área
tomada por el municipio que superó los 860 metros cuadrados adicionales a los
otros 800 que se decían expropiar y como, los árboles plantados tanto en el área
expropiada como en la simplemente robada o arrebatada […]”.

20.4. Reprocha de la sentencia proferida en primera instancia que “[…] no se haya
dado cuenta que respecto de los últimos ni siquiera hubo avalúo. […]”

Sobre el avalúo del inmueble

10 Cfr. folios 359 a 363.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

20.5. La parte demandante afirmó que “[…] La norma es muy clara,
específicamente se le ordena a la entidad territorial solicitar a un gremio avaluador
la designación de uno o más de sus miembros para que lo realice. La razón es de
bulto, si la administración lo escoge pues también le paga y así, es de perogrullo,
que ese "avaluó" no es imparcial, porque el municipio, como lo fue en el presente,
caso, manipuló de tal manera ese avaluó que discrepa en más de cien veces de 25
o treinta mil pesos a $345.000 metro cuadrado. […]”.

20.6. La parte demandante indicó que en las certificaciones expedidas tanto por la
Lonja de propiedad raíz de Medellín, y de Corpolonjas se señala que la parte de
demandada en ningún momento solícito realización del avaluó del inmueble
expropiado.

Del debido proceso notificaciones y negociación previa

20.7. “[…] Es deber del administrador informar, mejor dicho notificar a los afectados
para que puedan hacer valer sus derechos […] Por esto no se entiende que la sala
venga a sostener que ese acuerdo en mención no puede ser objeto de ataque
judicial por este medio, dado que él es el origen de todo el proceso que nos ocupa.
Maxime que cuando la expropiación se llevó a cabo ya habían fenecido el plazo
para ejecutarla. […]”.

20.8. Tampoco existió negociación previa con los sucesores del causante “[…] sin
este requisito sine qua-non no se podía seguir el proceso expropiatorio pues al tenor
del art 66 de la ley 388 de 1997 y que curiosamente cita la propia sala, requiere que
mediante “acto administrativo formal que para el efecto debe producirse, el cual SE
NOTIFICARA al titular del derecho de propiedad del inmueble cuya adquisición se
requiera…” […]”.

De la imposibilidad de adelantar la expropiación por la vía administrativa

20.9. Con base en un Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación11 adujo que “[…] No podía entonces el municipio de Rionegro, seguir
este camino de la expropiación de naturaleza administrativa, ya el CONSEJO DE

11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: Roberto Suárez Franco. Concepto

de 2 de septiembre de 1996

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

ESTADO conforme la cita jurisprudencial anotada, había expresado la inviabilidad
de recurrir a esta vía por la ausencia de reglamentación legal, reglamentación legal
que hoy en día se hecha (sic) de menos, no existe señor magistrado, norma
reglamentaria al respecto, por eso discrepo de la aseveración contenida en le (sic)
fallo de la referencia y relacionada con la posibilidad legal que tenía el municipio
demandado para acudir a este mecanismo legal, que hoy en día tal como esta es
un simple enunciado constitucional sin aplicación […]”.

De la utilidad pública y urgencia manifiesta

20.10. No es el contenido plasmado por el tallador de primera instancia el concebido
por la noma para definir lo que es utilidad pública “[…] urgencia manifiesta e interés
social. La norma en primer lugar, ordena CONCRETA Y ESPECIFICAMENTE
consignar (sic) en el plan de desarrollo respectivo CUAL ES LA OBRA; EN DONDE
SE VA A REALIZAR Y LOS MOTIVOS o razones que tiene el administrador para
considerarla de esa forma. No es como en forma por que (sic) demás simplista,
señala la sala en su consideración expresada a fls18, (sic) que es en la propia
resolución expropiatoria, en donde se consigna la utilidad pública o el interés social
de una obra pública; no es allí, no es en la resolución de expropiación se recalca
nuevamente, es en el plan de desarrollo presentado por la administración, debatido
y sancionado por el consto municipal respectivo en donde se define ese aspecto
[…]”.

20.11. “[…] No había urgencia, porque siete años después ese camino […], que es
una vía de penetración de tercera categoría, sigue siendo la misma, ella tiene como
único propósito facilitarle al vecino de nuestra finca, la valorización de su predio en
parte construido sobre zona de retiro obligado y respecto del cual la entidad
demandada no ha querido a pesar de tener el legítimo derecho para ello de
compeler su entrega forzada, no mejor a dicho ese alcalde, le quitamos el pedazo
al otro y todos tan contentos, sobre todo cuando el actual alcalde usa esa carretera
en beneficio personal. Por otra parte no era necesario expropiarme la faja de terreno
porque a todo el frente, existe otra faja de terreno de propiedad del demandado,
producto de una cesión obligatoria por la construcción de la parcelación loma-linda,
que supera en más de diez veces el área robada y digo robada, porque es la fecha
y la hora en que esa expropiación no ha sido pagada, ni su importe consignado en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

la caja agraria, hoy banco agrarie ni siquiera, la pírrica suma de la cual informa la
resolución expropiatoria […]”.

Trámite en segunda instancia

21. El Despacho sustanciador, mediante auto de 4 de agosto de 201412, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 13 de diciembre de 2013 por Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

22. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 11 de diciembre de
201813, negó las solicitudes probatorias realizadas, en segunda instancia, por la
parte demandante.

23. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 25 de noviembre de
201914, ordenó correr traslado a las partes por el término común de diez (10) días
para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que
emitiera el concepto.

Alegatos de conclusión parte demandante

24. La parte demandante reiteró los argumentos en el recurso de apelación
interpuesto en contra de la sentencia proferida, en primera instancia.

Alegatos de conclusión parte demandada

25. La parte demandada afirmó que se cumplió a cabalidad lo previsto en la norma
para realizar el procedimiento de expropiación por vía administrativa, sin embargo,
de las pruebas obrantes en el proceso se advierte que “[…] el demandante pretende
lucrarse indebidamente de los recursos del erario municipal, buscando obtener sin
retribución y esfuerzo alguno que el municipio le pague unos dineros que no le
corresponden […]”.

12 Cfr. Folio 4 del Cuaderno de segunda instancia
13
Cfr. índice 12 del expediente digital, SAMAI.
14
Cfr. índice 25 del expediente digital, SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

26. Frente a los avalúos cuestionados, señaló que, fueron elaborados por personas
idóneas y ajustados a los precios del mercado según estudios de la Lonja de
Medellín y de Antioquia.

27. Solicitó que se confirme la decisión adoptada en sentencia de primera instancia.

Concepto del Ministerio Público

28. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

29. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo de la
expropiación administrativa; y v) el análisis del caso en concreto.

Competencia de la Sala

30. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo15, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos
del artículo 30816 de la Ley 1437, sobre el régimen de transición y vigencia; y el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena
de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer del presente asunto, en segunda instancia.

31. Agotados los trámites inherentes a la acción especial contencioso
administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388, sin que se observe causal de
nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante.

15 “[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión. […]”.
16[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos

(2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

32. La Sala procederá a examinar las argumentaciones expuestas por la parte
demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el
13 de diciembre de 2013 por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, teniendo en cuenta que de conformidad con los artículos 320 y 328 de la
Ley 1564 de 12 de julio de 201217, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo18, el juez se
limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso.

Actos administrativos acusados

33. Los actos administrativos acusados19 son los siguientes:

33.1. El Acuerdo municipal núm. 92 de 200320, proferido por el Consejo Municipal
de Rionegro - Antioquia acordó:

“[…] ARTICULO PRIMERO: Declárese instancia competente al Alcalde Municipal,
para que previo agotamiento de las vías legales y administrativas, aplique las
atribuciones consagradas por los Artículos 64 y 65 de la Ley 388 de 1997, en cuanto
a expropiación por vía administrativa se refiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación
legal. […]”

33.2. La Resolución núm. 2909 de 27 de octubre de 200521, proferido por el
Alcalde del Municipio de Rionegro - Antioquia resolvió:

“[…] ARTICULO PRIMERO: Declarar de utilidad pública o interés social la adquisición
del lote arriba descrito, consistente en una faja del predio identificado con la matricula
inmobiliaria número 020-21904 de la Oficina de IIPP, faja ubicada en el costado
oriental de la finca "Los Cocuyos", formando una C invertida, cuyo origen se ubica en
la parte baja del inmueble, en la intersección de la vía que conduce a las veredas
Abreo y Abreito con la vía hacia el Aeropuerto José María Córdoba o en el otro sentido
hacia el área urbana de Rionegro; se accede por carretera pavimentada en un corto
tramo que luego se transforma en rieles de concreto en la parte más empinada del
tramo, para continuar finalmente la carretera en afirmado en buen estado. La faja de
terreno se encuentra delimitada por un cerco vegetal constituido por árboles de edad
madura de pino, eucalipto y bambú y cuenta con un área de terreno de ochocientos
con veintiún metros cuadrados (800.21 m2). El bien inmueble en mención, es
propiedad de CARLOS ENRIQUE SANÍN AGUIRRE, identificado con cédula de

17 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
18 “[…] Artículo 267. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo […]”
19 Por la extensión de los mismos, se procede a transcribir los apartes más relevantes de la parte resolutiva, sin

perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.
20 Cfr. Folios 41 a 46
21 Cfr. Folios 41 a 46

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

ciudadanía 524.824, según consta en la escritura Nro. 4.689 del 26 de noviembre de
1986, Notaria 8ª. de Medellín Antioquia.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los
interesados, en los términos de los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo, informando que contra la misma procede el recurso de reposición ante
el funcionario que la suscribe, dentro de los cinco (5) días siguientes de su notificación
[…]”22

33.3. La Resolución núm. 3203 de 7 de febrero de 200723, proferido por el
Alcalde del Municipio de Rionegro - Antioquia resolvió:

“[…] ARTICULO PRIMERO: De conformidad con lo establecido por la Ley 9 de 1989,
modificada por la Ley 388 de 1997, el objeto de esta oferta de compra consiste en la
adquisición mediante enajenación voluntaria directa de un inmueble, cuyo titular del
derecho de dominio es: CARLOS ENRIQUE SANİN AGUIRRE, identificado con
cédula de ciudadanía 524.824, según consta en la escritura Nro. 4.689 del 26 de
noviembre de 1986, Notaria 8ª de Medellín - Antioquia. Este inmueble consiste en una
faja de terreno que hace parte del predio identificado con la matricula inmobiliaria
número 020-21904 de la Oficina de IIPP, faja ubicada en el costado oriental de la finca
"Los Cocuyos", formando una C invertida, cuyo origen se ubica en la parte baja del
inmueble, en la intersección de la vía que conduce a las veredas Abreo y Abreito con
la vía hacia el Aeropuerto José María Córdoba o en el otro sentido hacia el área
urbana de Rionegro; se accede por carretera pavimentada en un corto tramo que
luego se transforma en rieles de concreto en la parte más empinada del tramo, para
continuar finalmente la carretera en afirmado en buen estado. La faja de terreno se
encuentra delimitada por un cerco vegetal constituido por árboles de edad madura de
pino, eucalipto y bambú y cuenta con un área de terreno de ochocientos con veintiún
metros cuadrados (800.21 m2)

ARTÍCULO SEGUNDO: Tradición. Adquirió por compraventa a CARLOS SANÍN
AGUIRRE & CIA. S.C., según consta en la escritura pública número 4689 de 26 de
noviembre de 1986 de la Notaría Octava de Medellín, registrada en el folio de
matrícula inmobiliaria número 020-21904.

ARTICULO TERCERO: Precio de la oferta. El precio de la oferta que se realiza por
la presente resolución, es de VEINTICUATRO MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS
PESOS M.L. ($24.006.300) de acuerdo con Avalúo Comercial de 2 de agosto de
2006, practicado por JOSÉ ADÁN ZULUAGA ARIAS con RNA03-882

ARTÍCULO CUARTO: Forma de pago. El precio de la presente oferta de compra será
pagado al propietario de contado, al momento que la escritura pública de compraventa
quede debidamente inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
correspondiente, previa a la entrega del inmueble la cual se realizará mediante acta
suscrita por el propietario y el funcionario representante de la entidad adquirente,
donde se determine expresamente que en el inmueble no se encuentra ocupante
alguno a ningún título y a paz y salvo por concepto de servicios públicos. Dicha acta
expresará que el inmueble se encuentra libre de litigios, ocupaciones de hecho o
derecho derivados de contratos de mera tenencia como arrendamiento, comodato y
en general aquellos actos o situaciones jurídicas que impidan el libre y pacifico
ejercicio del derecho de propiedad y la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida del
bien y su tenencia por parte de la entidad adquirente. Los gastos notariales, rentas y
registro serán sufragados en su totalidad por el vendedor.

22 Cfr. Folios 44 y 45
23 Cfr. Folios 57 a 63

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

ARTÍCULO QUINTO: Entrega material. Cumplidos los requisitos anteriores, se
entenderá hecha la entrega material del inmueble y la entidad adquirente procederá
a la demolición de las edificaciones y efectuar las construcciones necesarias para
cumplir con la finalidad perseguida en el proceso de adquisición.

ARTÍCULO SEXTO: Determinar que la adquisición del inmueble identificado en el
artículo primero se hará atendiendo al procedimiento establecido por los artículos 63
y siguientes de la Ley 388 de 1.997 que regulan la expropiación por vía administrativa
y será destinado a la realización del proyecto "AMPLIACIÓN DE VÍA EN EL SECTOR
ALTO DE VALLEJO-ABREITO

ARTÍCULO SÉPTIMO: Iniciar las diligencias tendientes a lograr la adquisición del
inmueble a que se refiere el artículo primero de la presente resolución por negociación
voluntaria, advirtiendo al propietario que si dentro del término de treinta (30) días
hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución no ha sido posible llegar a
un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, el cual debe ser entregado libre de
ocupantes a cualquier título, se procederá a la expropiación por la vía administrativa
mediante acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la
Ley 388 de 1997.

ARTICULO OCTAVO: De conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo
66 de la Ley 388 de 1997, el presente acto administrativo constituye Oferta de Compra
tendiente a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria.

ARTÍCULO NOVENO: Se solicita al señor Registrador la inscripción de la presente
resolución en el folio de matrícula inmobiliaria No 020-21904.

ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar la presente resolución al titular del derecho de
propiedad de conformidad con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo,
contra la cual no procede recurso alguno de acuerdo a lo señalado por el artículo 61
de la Ley 388 de 1997. […]”24.

33.4. La Resolución núm. 3389 de 17 de abril de 200725, proferido por el Alcalde
del Municipio de Rionegro - Antioquia resolvió:

“[…] ARTICULO PRIMERO: Disponer la expropiación por vía administrativa del
siguiente inmueble de propiedad del señor CAR-LOS ENRIQUE SANİN AGUIRRE,
identificado con cédula de ciudadanía 524.824, según consta en la escritura Nro.
4.689 del 26 de noviembre de 1986, Notaria 8ª. de Medellín - Antioquia. Este inmueble
consiste en una faja de terreno que hace parte del predio identificado con la matricula
inmobiliaria número 020-21904 de la Oficina de IIPP, faja ubicada en el costado
oriental de la finca "Los Cocuyos", formando una C invertida, cuyo origen se ubica en
la parte baja del inmueble, en la intersección de la vía que conduce a las veredas
Abreo y Abreito con la vía hacia el Aeropuerto José María Córdoba o en el otro sentido
hacia el área urbana de Rionegro; se accede por carretera pavimentada en un corto
tramo que luego se transforma en rieles de concreto en la parte más empinada del
tramo, para continuar finalmente la carretera en afirmado en buen estado. La faja de
terreno se encuentra delimitada por un cerco vegetal constituido por árboles de edad
madura de pino, eucalipto y bambú y cuenta con un área de terreno de ochocientos
con veintiún metros cuadrados (800.21 m2).

ARTICULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación es de VEINTICUATRO MILLONES SEIS MIL

24 Cfr. Folio 63
25 Cfr. Folios 57 a 63

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

TRESCIENTOS PESOS M.L. ($24.006.300) de acuerdo con Avalúo Comercial de 2
de agosto de 2006, practicado por JOSÉ ADÁN ZULUAGA ARIAS con RNA03-882.

ARTICULO TERCERO. FORMA DE PAGO. El valor del precio de la indemnización
del bien determinado en el artículo primero de esta resolución será pagado por el
Municipio de Rionegro de contado y puesto a disposición de CARLOS ENRIQUE
SANIN AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía 524.824. En el evento de
que los valores correspondientes al precio indemnizatorio no sea retirado por el
destinatario de la resolución dentro de los cinco (05) días siguientes a la ejecutoria de
la presente resolución, dichos valores serán consignados en la entidad financiera
autorizada, los cuales quedarán a disposición del propietario.

Para estos efectos la entidad autorizada es el BANCO AGRARIO del Carmen de
Viboral, Antioquia

Copia de la consignación se entregará al Tribunal Administrativo de Antioquia
considerándose que de esta manera ha quedado formalmente hecho el pago de
conformidad con la ley.

ARTICULO CUARTO. DESTINACION. El inmueble expropiado se destinará a la
ejecución del proyecto "AMPLIACIÓN DE VÍA EN EL SECTOR ALTO DE VALLEJO -
ABREITO",

ARTICULO QUINTO. ORDEN DE INSCRIPCION: Una vez ejecutoriada, la presente
resolución será inscrita en la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Rionegro, para que se surtan los efectos atinentes a la transferencia del
derecho de dominio en cabeza del Municipio de Rionegro, de conformidad con el
numeral 4 del artículo 68 de la ley 388 de 1997, y numeral 1 del artículo 70 de la
misma ley.

Efectuado el registro de la presente resolución, se exigirá la entrega material del bien
inmueble expropiado sin necesidad de intervención judicial, para lo cual se podrá
acudir al auxilio de las autoridades de policía, si ello fuera necesario.

ARTICULO SEXTO. NOTIFICACION Y RECURSOS. La presente resolución será
notificada de acuerdo con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo
a CARLOS ENRIQUE SANIN AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía
524.824, en su calidad de titular del derecho real de dominio.

Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que deberá ser
interpuesto ante el Sr. Alcalde de Rionegro dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a su notificación personal o la desfijación del edicto, según el caso. […]”

Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala, con fundamento en el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, determinar:

35. Si a la parte demandante se le vulneró el debido proceso en el procedimiento
adelantado de expropiación por vía administrativa.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

36. Si la parte demandante acreditó que es incorrecto el avalúo que realizó la
parte demandante, en el proceso de expropiación por vía administrativa.

37. Si la parte demandante acreditó la falta de pago con ocasión a la expropiación
por vía administrativa, en el proceso de expropiación por vía administrativa.

38. Si debe reconocerse a la parte demandante la indemnización de perjuicios
conforme a lo solicitado en las pretensiones de la demanda.

39. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la
nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho
solicitado, y en consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida por la Sala Sistema Escrito del Tribunal Administrativo de Antioquia.

40. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán infra, de la siguiente
manera:

Marco normativo de la expropiación administrativa

41. Visto el artículo 58 de la Constitución Política, “[…] [p]or motivos de utilidad
pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador,
dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior
acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio. […]”.

42. El capítulo VIII de La Ley 388 regula la expropiación administrativa, la cual está
compuesta por varias etapas: i) la declaratoria de urgencia, de conformidad con los
artículos 63 a 65 ibidem; ii) la oferta de compra, en los términos del artículo 66 ibidem;
iii) la negociación del precio; iv) la enajenación voluntaria; y v) la decisión de
expropiación, en caso de no lograrse un acuerdo en la etapa de enajenación
voluntaria, como se explicará infra.

43. Visto el artículo 66 ibidem, la decisión de expropiación por la vía administrativa
deberá tomarse a partir de la iniciación del procedimiento correspondiente, mediante
acto administrativo formal, el cual se notificará al titular del derecho de propiedad
sobre el inmueble cuya adquisición se requiera y será inscrito por la entidad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

expropiante en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Este mismo acto constituirá la oferta de
compra dirigida a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria.

44. Visto el artículo 67 ibidem, en el acto que determine el carácter administrativo
de la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se
reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza
para los efectos previstos en el artículo 61 ibidem26. Además, la entidad deberá
precisar las condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán
prever el pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento
(60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco
(5) contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés
bancario vigente en el momento de la adquisición voluntaria.

45. El pago del precio indemnizatorio se podrá realizar en dinero o títulos valores,
derechos de construcción y desarrollo, de participación en el proyecto o permuta.
En todo caso el pago se hará siempre en su totalidad de contado cuando el valor de
la indemnización sea inferior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
al momento de la adquisición voluntaria o de la expropiación.

46. Visto el artículo 68 de la Ley 388, sobre la decisión de la expropiación, que
dispone:

“[…] Artículo 68º.- Decisión de la expropiación. Cuando habiéndose determinado
que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía administrativa, y
transcurran treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo de que trata el artículo 66 de la presente Ley, sin que se haya llegado
a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un contrato de
promesa de compraventa, la autoridad competente dispondrá mediante acto motivado
la expropiación administrativa del bien inmueble correspondiente, el cual contendrá lo
siguiente:

1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación.

2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.

3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de
utilidad pública o de interés social que se hayan invocado y las condiciones de
urgencia que se hayan declarado.

4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado en la
correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los efectos de

26 Artículo 67 Ley 388

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que
haya dispuesto la expropiación.

5. La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros derechos
reales sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos que legalmente
procedan en vía gubernativa […]”.

47. De acuerdo con las normas citadas supra, el Estado puede adquirir el bien
inmueble por medio de una enajenación voluntaria que implica un acuerdo formal
de voluntades entre las partes; sin embargo, si esto no es posible dentro del término
de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo
que determina que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía
administrativa, la autoridad competente, mediante un acto administrativo motivado,
debe ordenar la expropiación.

48. La expropiación por vía administrativa conlleva la obligación, a cargo de la
entidad, de reconocer una indemnización justa y plena que comprenda el valor del
bien inmueble objeto de expropiación y los perjuicios toda vez que ésta “[…]
constituye “[…] un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral” […]”27.

49. La Ley 388 fue reglamentada por el Gobierno Nacional por medio del Decreto
1420 de 1998, cuyas disposiciones regulan los procedimientos, parámetros y
criterios para la elaboración de los avalúos que determinan el valor comercial.

50. Visto el artículo 2.° ibidem, el valor comercial de un inmueble es el precio más
favorable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el
vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y
jurídicas que afectan el bien. En efecto, la determinación del valor comercial de los
inmuebles la debe realizar, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de
carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar
donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración28.

51. Visto el artículo 20 ibidem, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad
que cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 6 de febrero de

2020, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 08001233100019971225601
28 Artículo 3.° Decreto 1420 de 1998

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo, especificarán el método
utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de las
edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal
estimación.

52. Visto el artículo 21 ibidem, para determinar el valor comercial se deben tener en
cuenta los siguientes parámetros:

“[…] La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo.
La destinación económica del inmueble.

Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se
realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de
los coeficientes de copropiedad.

Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad
de construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios para cada
uno de ellos.

Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el
inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación
para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se
determinarán en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte
afectada del inmueble para establecer su valor comercial.

Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los
inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de
ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se
dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.

Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de mercado,
el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la
depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de
conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho
inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el mismo bien,
utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó, pero debe tenerse
en cuenta las adecuaciones que se le han introducido.

La estratificación socioeconómica del bien […]”

53. Visto, el artículo 22 ibidem, para la determinación del valor comercial de los
inmuebles, se deberá tener en cuenta, por lo menos, las siguientes características:

54. Para el terreno:

55. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

56. Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de
protección.

57. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio.

58. Tipo de construcciones en la zona.

59. La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios
públicos domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de transporte.

60. En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse
en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.

61. La estratificación socioeconómica del inmueble.

62. Para las construcciones:

63. El área de construcciones existentes autorizadas legalmente.

64. Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados.

65. Las obras adicionales o complementarias existentes.

66. La edad de los materiales.

67. El estado de conservación física.

68. La vida útil económica y técnica remanente.

69. La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido.

70. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas
comunes.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

71. Visto el artículo 25 ibidem, para la elaboración de los avalúos que se
requieran con fundamento en las Leyes 9.° de 1989 y 388, se deberá aplicar uno de
los siguientes métodos: el método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual.

72. En síntesis, para elaborar el avalúo y determinar el valor del bien inmueble
objeto de expropiación administrativa, la autoridad debe tener en cuenta la
reglamentación urbanística municipal vigente y criterios de carácter objetivo;
además, este no puede incorporar meras expectativas sino hechos ciertos y
verificables.

Acervo probatorio

73. La Sala procede a realizar la numeración de las pruebas relevantes para
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

74. Del material probatorio allegado al proceso, se destacan las siguientes
pruebas:

74.1. Acuerdo municipal núm. 092 de 20 de noviembre de 2003 “[…] Por el cual se
declara una instancia competente para hacer uso de las atribuciones necesarias
según artículos 64 y 65 de la Ley 388 de 1997 […]”29.

74.2. Resolución núm. 2909 de 27 de octubre de 2006 “[…] Por la cual se declara
de utilidad pública o interés social la adquisición de un inmueble […]”30.

74.3. Constancia de notificación por edicto de la Resolución núm. 2909 de 27 de
octubre de 200631.

74.4. Resolución núm. 3203 de 7 de febrero de 2007 “[…] Por la cual se inician las
diligencias tendientes a la adquisición de un inmueble bajo el procedimiento previsto
para la expropiación por vía administrativa y se formula una oferta de compra […]”32.

29 Cfr. Folios 157 a 162
30 Cfr. Folios 163 a 168
31 Cfr. Folio 169.
32 Cfr. Folios 308 a 329

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

74.5. Resolución núm. 3389 de 17 de abril de 2007 “[…] Por la cual se dispone la
expropiación de un bien inmueble […]”33.

74.6. Estudio del valor del suelo en el oriente antioqueño para el año 2006,
expedido por la Lonja de propiedad raíz de Medellín y Antioquia34.

74.7. Certificado de Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria del bien inmueble
objeto de expropiación35.

74.8. Avalúo Comercial elaborado por el avaluador José Adán Zuluaga Arias 36.

74.9. Avalúo Comercial elaborado por el avaluador profesional de Fedelonjas Luis
Eduardo Londoño37.

74.10. Copia del oficio núm. SH131-129 de 23 de julio de 2007, suscrito por el
tesorero del Municipio de Rionegro - Antioquia38 y dirigido al Banco Agrario, en el
que, en cumplimento de la Resolución núm. 3389 de 17 de abril de 2007, y
atendiendo a que el valor de la indemnización no fue retirado por su destinatario,
solicita la apertura de una cuenta por el valor de la indemnización.

74.11. Copia del expediente administrativo del procedimiento de expropiación
administrativa39.

74.12. Avalúo comercial elaborado por la perito avaluadora decretado y practicado
a solicitud de la parte demandante dentro del proceso de la referencia 40 cuyo objeto
según lo solicitado en la demanda es determinar “el valor de la madera extraída al
lote global que caprichosamente extrajo por intermedio de aserradores el municipio
de Rionegro, así como el valor del material sustraído por el mismo ente territorial
del lote que dice haber expropiado, conforme los registros fotográficos anexos”.

74.13. Aclaración del avalúo comercial elaborado por la perito avaluadora decretado
y practicado a solicitud de la parte demandante dentro del proceso de la referencia41.

33 Cfr. Folios 25 a 38
34 Cfr. Folio 39
35 Cfr. Folios 78 y 79
36 Cfr. Folios 99 a 103
37 Cfr. Folios 104 a 116
38 Cfr. Folio 168
39 Cfr. Folios 190 a 392
40 Cfr. Folios 399 a 430
41 Cfr. Folios 463 a 472

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

Avalúo fundamento de los actos administrativos acusados elaborado por el
avaluador José Adán Zuluaga Arias42

42 Cfr. Folios 289 a 292.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

75. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procede a realizar el análisis de los
argumentos expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación, de
acuerdo con los problemas jurídicos indicados supra.

Control judicial de los actos que ordenan adquirir un bien inmueble y realizan
una oferta pública

76. La Sección Primera del Consejo de Estado43 ha señalado que el acto
administrativo por medio del cual la entidad pública hace una oferta de compra para
adquirir el bien inmueble previo a ordenar su expropiación no es susceptible de
control judicial:

“[…] En efecto el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 señala que sólo pueden
controvertirse ante la jurisdicción, mediante la acción especial contencioso-
administrativa, los actos que deciden la expropiación. A propósito esta norma dispone:

Artículo 71. Proceso contencioso administrativo. Contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede acción especial contencioso-
administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho
lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá
interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la

43 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 29 de octubre

de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación: 2500023240002012005720201[…]”.
En el mismo sentido ver. “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
sentencia de 23 de julio de 2015; C.P. María Claudia Rojas Lasso; número único de radicación: 15001-23-31-
000-2005-04046-01[…]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se someterá a las
siguientes reglas particulares:

1. El órgano competente será el Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se
encuentre el inmueble expropiado, en primera instancia, cualquiera que sea la
cuantía.

2. Además de los requisitos ordinarios, a la demanda deberá acompañarse prueba de
haber recibido los valores y documentos de deber puestos a disposición por la
administración o consignados por ella en el mismo Tribunal Administrativo, y en ella
misma deberán solicitarse las pruebas que se quieran hacer valer o que se solicita
practicar […]

Esta postura ha sido sostenida por la Sala, tal y como se observa en fallo de 20 de
febrero de 2014 (M.P. Marco Antonio Velilla Moreno), en la que se confirmó la
sentencia proferida el 13 de octubre de 2011 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se inhibió de fallar una demanda contra resoluciones
que habían determinado la expropiación por vía administrativa de un inmueble. Se lee
en la sentencia:

“La apelación cuestiona el fallo de primera instancia en torno a los siguientes aspectos
esenciales: (i) El a quo, no debió declarar la excepción de ineptitud sustancial de la
demanda con respecto a las Resoluciones 7864 de 17 de septiembre de 2003 y 7962
de 12 de julio de 2004, toda vez que estas, junto con la Resolución que ordena la
expropiación, constituyen un acto administrativo complejo, y por tanto, son demandables
ante esta Jurisdicción
[…]

El a quo, por su parte, estimó que dichas Resoluciones no constituyen el acto
administrativo expropiatorio, según lo expuesto por el artículo 71 de la Ley 388 de 1997,
por lo que las mismas no son pasibles de enjuiciamiento en la vía contencioso
administrativa.
[…]
…el artículo 71 dispone, en lo pertinente, lo siguiente: […]
De la literalidad de la norma transcrita se infiere, evidentemente, que la demanda ante
esta Jurisdicción procede únicamente contra el acto administrativo que decide la
expropiación.

[…]
De otro lado, es del caso señalar que los actos referentes a la oferta de compra no están
llamados a generar perjuicios al administrado, teniendo únicamente tal potencialidad el
acto administrativo de expropiación, por lo que, desde esta perspectiva, tampoco se
vislumbra el que proceda la acción incoada por la demandante contra aquellos. Así se
puntualizó por esta Sección en Sentencia de 18 de marzo de 2010, Expediente No.
2008-00434-01, con ponencia de quien presenta esta Providencia:

De las explicaciones expuestas, considera la Sala que en la etapa de negociación
voluntaria la administración no está efectuando ningún tipo de actividad administrativa
que pueda perjudicar al administrado, pues precisamente, los términos en que se
presentan la negociación es voluntaria. Lo anterior permite concluir que el acto por medio
del cual se hace una oferta al propietario del bien inmueble que puede ser objeto de
expropiación administrativa o judicial dependiendo de las circunstancias ya reseñadas,
no genera un perjuicio alguno para el actor.

Así las cosas, le asiste razón al a quo cuando afirma que la acción especial
contencioso administrativa tendiente a obtener la nulidad y restablecimiento del
derecho o a controvertir el precio indemnizatorio, se predica en exclusiva del acto
administrativo expropiatorio en los términos del artículo 71 de la Ley 388 de 1997 […]”
(Se resalta y subraya).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

77. La anterior ha sido reiterado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en
los siguientes términos:

“[…] [S]í son susceptibles de demandarse las Resoluciones 4.114 y 4.706 de 2007,
comoquiera que constituyen las decisiones definitivas mediante las cuales el IDU
dispuso la expropiación del inmueble ubicado en la Calle 26 Sur N° 70B-47 de Bogotá
D.C., con folio de matrícula inmobiliaria N° 50S-40387036. No ocurre lo mismo con la
Resolución N° 2.839 del 27 de junio de 2007, mediante la cual se estableció la
adquisición del inmueble en cuestión por el procedimiento de expropiación, pues
mediante dicha decisión se le informa al propietario del inmueble de la necesidad que
tiene el Estado de adquirir éste, se le hace una oferta de compra por el mismo (art.
66 de la Ley 388 de 1997), y por consiguiente, se da lugar a la etapa de negociación,
más no constituye el acto que concluye dicho procedimiento, ni tampoco se trata el
que declaró los motivos de utilidad pública o de interés social para la expropiación,
que este caso fue el Decreto 410 del 4 de noviembre de 2005 del Alcalde Mayor de
Bogotá. Aunque este asunto no fue objeto de debate entre las partes resulta de
forzosa verificación por el juez, por tratarse nada más y nada menos, que de precisar
qué actos son susceptibles de demandarse ante la jurisdicción, lo que motivó que se
planteara como el primer problema jurídico a resolver. En ese orden de ideas, se tiene
que el libelo introductorio incurrió en un error sustantivo al incluir dentro de los actos
controvertidos la resolución que estableció la adquisición del inmueble, pues el mismo
no es susceptible de demandarse, asunto que debió advertir y declarar el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca […]”.

78. Por lo anterior, la Resolución núm. 3203 de 7 de febrero de 200744, expedida
por el Alcalde del Municipio de Rionegro Antioquia, por la cual se determinó la
adquisición del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria núm. 020-21904
faja ubicada en el costado oriental de la finca “Los Cocuyos” en la intersección de
la vía que conduce a las veredas Abreo y Abreito con la vía hacia el Aeropuerto
José María Córdoba, de propiedad de Carlos Enrique Sanín Aguirre, y formuló la
correspondiente oferta de compra, no es susceptible de control judicial, por cuanto
la acción prevista en el artículo 71 de la Ley 388 no procede contra este tipo de acto.
En consecuencia, el fallo de primera instancia será modificado a fin de declarar que
el acto acusado que formula una oferta de compra no es demandable 45 y, como
consecuencia de ellos se configura la excepción de falta de jurisdicción, razón por
la cual no se hará un pronunciamiento de fondo sobre su legalidad.

Del control judicial de los actos administrativos que se expiden dentro del
proceso expropiación administrativa

44 Cfr. Folio 243 del cuaderno principal.
45 En el mismo sentido la siguiente sentencia: “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera; sentencia de 29 de octubre de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de
radicación 25000-23-24-000-2012-00572-02 […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

79. Esta Sección de la Corporación46 unificó su criterio en el sentido de señalar
que los actos administrativos que declaran las condiciones de urgencia y los motivos
de utilidad pública en un proceso administrativo de expropiación crean una situación
jurídica concreta y, por lo tanto, pueden ser controvertidos a través de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho:

“[…] En este contexto y en lo atinente a los actos a través de los cuales se declaran
los motivos de utilidad pública o de interés social, la Sala rectifica el criterio que
sostiene que ellos dentro del proceso expropiatorio sólo cumplen una función
preparatoria en la expedición de los actos que finalmente ordenan la expropiación,
dado que los mismos sí crean una situación jurídica particular y concreta.

En efecto, se trata de un acto que produce efectos jurídicos inmediatos y
directos respecto del administrado, por cuanto ordena adelantar e iniciar el trámite
expropiatorio respecto de unos bienes determinados.

Lo anterior cobra mayor fuerza en el entendido de que el mismo constituye la etapa
inicial del procedimiento expropiatorio sin el cual no resulta posible habilitar a la
autoridad para adelantarlo; no puede olvidarse que entre al acto expropiatorio y el
que declara las condiciones de utilidad pública e interés social existe una relación de
causa a efecto, pues sin la existencia de los primeros no pueden expedirse los
segundos.

Bajo los conceptos que anteceden, el acto administrativo en estudio, al estar
llamado a generar perjuicios al administrado, es pasible de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo anterior sin perjuicio de los instrumentos
procesales de impugnación dispuestos en el ordenamiento jurídico frente a la
decisión de expropiación por vía administrativa, al tenor de lo dispuesto en el artículo
71 de la Ley 388 de 1997, el cual dispone:

[…]

En conclusión, la Sala adopta los siguientes criterios en aras de unificar la
jurisprudencia:

• Todo procedimiento expropiatorio debe respetar el principio de legalidad como
expresión democrática del Estado Social de Derecho.
• No puede haber actos exentos de control judicial; se proscribe la inexistencia de
controles judiciales respecto de las actuaciones resultantes del ejercicio del poder
público en materia expropiatoria.
• Los actos que declaran los motivos de utilidad pública o de interés social
crean una situación jurídica particular y concreta; producen efectos jurídicos
inmediatos y directos respecto del administrado.
• La revisión judicial de los motivos de utilidad pública o de interés social se
puede hacer vía judicial a través del ejercicio de acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
• La acción especial contencioso – administrativa también procede contra el acto
administrativo que decide la expropiación con el fin de “obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio
reconocido”, al tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 […]”.
(Destacado fuera del texto).

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de diciembre

de 2015, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único radicación 25000-23-24-0002006-01002-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

80. De lo anterior, la Sala colige que los actos administrativos que declaran los
motivos de utilidad pública o de interés social y de urgencia, al igual que el que
ordena la expropiación, al crear una situación jurídica particular y concreta, sí son
autónomamente objeto de control judicial por medio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

81. Al respecto, cabe señalar que esta Sección, posteriormente, en providencia
de 14 de abril de 201647, precisó que dichos actos son de carácter mixto, por lo que
la acción depende de los motivos y finalidades del actor:

“[…] El acto mediante el cual el ente territorial declara la urgencia para la
adquisición de inmuebles en el marco de un proceso de expropiación es un
acto mixto, en tanto produce efectos generales representados por los motivos de
interés general que se invocan para calificar un predio como de utilidad pública,
pero también provocan efectos particulares en la medida en que crean una situación
jurídica en relación con el derecho de propiedad, que ostenta el particular sobre el
predio objeto de esa decisión [….]

También se ha indicado que el carácter mixto de este tipo de actos permite
que sean impugnables por medio de las acciones de nulidad simple o de
nulidad y restablecimiento del derecho, dependiendo de lo que se pretenda
en cada caso. Así, si lo que se busca es la desaparición de aquella parte que afecta
de manera directa y específica el inmueble de propiedad del demandante o la
indemnización de perjuicios, la acción procedente será la de nulidad y
restablecimiento del derecho en tanto que si lo perseguido es la desaparición de los
efectos jurídicos del acto sin ninguna referencia a un interés subjetivo, entonces la
procedente es la acción de simple nulidad […]

Tal postura ha sido reiterada de manera pacífica y uniforme por esta Sección en
controversias semejantes a la que ahora nos ocupa, al punto de determinar que los
actos administrativos mixtos deben ser publicados en cuanto a los efectos
generales que su expedición despliega y que también deben ser notificados por los
respectivos efectos particulares.

El control judicial entonces depende de la situación jurídica en la que se
encuentre el actor respecto del acto censurado, de la pretensión formulada y
de los cargos esbozados para controvertir la legalidad de la decisión, toda vez
que se requiere que en uno y otro caso se precisen de manera directa y
detallada.

[…]
Es indudable que decisiones, como la contenida en la Resolución No. 010 de
2002 a través de las cuales el Estado declara la urgencia y utilidad pública de
unos inmuebles de particulares, son actos administrativos mixtos […]

En conclusión, la Sala adopta los siguientes criterios en aras de unificar la
jurisprudencia:

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de

2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2003-00103-01. En el mismo
sentido. “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de
abril de 2024; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 68001233100020110002502 […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

• Todo procedimiento expropiatorio debe respetar el principio de legalidad como
expresión democrática del Estado Social de Derecho.

• No puede haber actos exentos de control judicial; se proscribe la inexistencia de
controles judiciales respecto de las actuaciones resultantes del ejercicio del poder
público en materia expropiatoria.

• Los actos que declaran los motivos de utilidad pública o de interés social
crean una situación jurídica particular y concreta; producen efectos jurídicos
inmediatos y directos respecto del administrado.

• La revisión judicial de los motivos de utilidad pública o de interés social se
puede hacer vía judicial a través del ejercicio de acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

La acción especial contencioso – administrativa también procede contra el acto
administrativo que decide la expropiación con el fin de “obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio
reconocido”, al tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.”48
(Resaltado de la Sala).
[…]

De lo expuesto hasta aquí se concluye que el acto por medio del cual la
administración pública expresa los motivos de utilidad pública para adelantar
el proceso de expropiación es una decisión de carácter mixto censurable de
manera autónoma ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo […]”
(Destacado fuera de texto).

82. Conforme a los criterios jurisprudenciales expuestos supra, en el caso sub
examine la Resolución núm. 2909 de 27 de octubre de 2006, por medio de la cual
se declaró de utilidad pública una franja de terreno sobre un predio de propiedad
del parte demandante ubicado en el Municipio de Rionegro, es objeto de control por
vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, atendiendo a que, como
se advierte de las pretensiones de la demanda y los cargos formulados en la misma,
podrían causar perjuicios a la parte demandante tratándose del predio “[…]
identificado con la matricula inmobiliaria número 020-21904 de la Oficina de IIPP
[…]”, sin perjuicio de los instrumentos procesales de control previstos en el
ordenamiento jurídico frente a la decisión de expropiación por vía administrativa,
según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 388.

Análisis del caso concreto

48 Consejo de Estado Sección Primera. Sentencia del 11 de diciembre de 2015. Proceso número

25000232400020060100201. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

83. Visto el marco normativo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

84. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas solicitadas,
decretadas y recaudadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la
sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 156449, aplicando para ello
las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación los problemas
jurídicos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Incorrección del avalúo respecto al valor comercial de los bienes inmuebles
objeto de expropiación

85. La parte demandante señaló en la demanda que no se le reconoció un
valor indemnizatorio justo por la faja de terreno expropiada y que el avalúo
realizado está muy por debajo del valor comercial, llegando a diferir más de cien
veces, de $30,000 a $345,000 pesos por metro cuadrado. Además, manifestó
que los actos acusados infringen el artículo 27 del Decreto número 2150 de 1995,
actualmente derogado, el cual dispone que, si la entidad pública opta por la vía
privada, corresponde a la lonja determinar, en cada caso, la persona na tural o
jurídica que realizará el avalúo de bienes. También hizo referencia al peritaje
judicial, dado que la parte demandante nunca solicitó a la lonja de propiedad raíz
de Medellín ni a Corpolonjas la realización del avalúo del inmueble, según lo
certificado en el proceso.

86. La parte demandante adujo que el artículo 21 de la Ley 388 de 1997 no
permite la designación de uno o varios peritos por la propia entidad pública que
realiza la expropiación.

87. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que el precio
indemnizatorio está amparado por la presunción de legalidad, por cuanto este es
incorporado al acto administrativo que ordena la expropiación, por lo tanto, la
parte demandante tiene la carga de probar cuál es error o la incorrección del

49 Visto el artículo 624 de la Ley 1564, esa normativa resulta aplicable al caso sub examine, teniendo en cuenta

que el recurso fue interpuesto el 6 de mayo de 2015.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

avalúo oficial. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante sentencia proferida el 20 de febrero de 2020, precisó lo siguiente:

“[…] Esta Corporación ha sostenido que al haber sido incorporado el avalúo comercial
al acto administrativo, este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como
válido, creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en este caso,
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección. La Sala ha indicado sobre este particular:

«[…] la Sala recuerda que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de esta
Corporación en la cual se ha sostenido que el precio establecido en los actos
acusados se encuentra amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser desvirtuada a través de los
diferentes medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no
ocurrió en el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al analizar objeciones frente
al avalúo que sirvió de fundamento para la determinación del monto de una
indemnización expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al haberse
incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos demandados,
debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma presunción
de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la administración,
lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene
la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección”50 (negrillas fuera de texto).

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección51 sostuvo que “todo lo anterior
conduce a la Sala a considerar que debe tenerse como válido, creíble y
fundamentado, el avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que el
mismo pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien tenía la carga
probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como lo concluyó el juez
de primera instancia, el actor no logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud
del cual el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la indemnización
expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la presunción de legalidad del acto
administrativo demandado, que lo incorporó […]»52 […]”53.

88. Además, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que el
dictamen pericial constituye la prueba idónea para acreditar la incorrección del
avalúo oficial:

50 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de

2009. Radicado: 2005-03509. Magistrado Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
51 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 17 de marzo de

2011. Radicado: 2005 – 00273. Magistrada Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Ver entre otras
sentencias la 31 de mayo de 2018, Rad.: 2008 – 0074. Magistrada Ponente: Dra. María Elizabeth García
González.
52 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: ROBERTO

AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Sentencia de quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019). Radicación
número: 25000-23-24-000-2011-00196-01. Actor: Daniel Patiño Parra. Demandado: Instituto de Desarrollo
Urbano – IDU.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López;

sentencia de 20 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 25000232400020110011501.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

“[…] Con fundamento en las anteriores premisas, en nuestro ordenamiento jurídico la
prueba idónea para demostrar la incorrección del avalúo oficial que determinó el valor
comercial de un bien inmueble objeto de expropiación es el dictamen pericial y, en
consecuencia, tal y como lo estimó el a quo, el avalúo presentado por el actor con la
demanda, siendo una prueba documental, no resulta conducente para esa finalidad
[…]”54.

89. La determinación del valor comercial del bien inmueble tiene un carácter
técnico toda vez que este se fundamenta en varios criterios y parámetros como la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente, la destinación económica
del inmueble, los valores unitarios para cada una de las construcciones del terreno,
aspectos físicos, la clase del suelo, las construcciones en la zona, la estratificación
socio económica del bien inmueble, las construcciones existentes, entre otros;
asimismo, para establecer el valor comercial del bien inmueble debe acudirse a los
métodos previstos en la normativa.

90. En este orden de ideas, la parte demandante debe realizar un esfuerzo
probatorio para desvirtuar la corrección del avalúo oficial.

91. La parte demandante cuestiona que el peritaje, fundamento del acto
acusado, no corresponde al valor real del metro cuadrado ($345.000 pesos), y que
la parte demandada tasó en $30,000 pesos en el momento en que fue elaborado.

92. En el caso sub examine, el avalúo elaborado por José Adán Zuluaga Arias,
que fundamenta el acto expropiatorio acusado y fue presentado el 2 de agosto de
2006, determinó el monto a pagar por una franja de terreno de 800.21 metros
cuadrados ubicada en la vereda Barro Blanco, sector Alto Vallejo del Municipio de
Rionegro (Antioquia), necesaria para realizar su obra de infraestructura vial, que
consiste en el mejoramiento de la vía entre veredas:

“[…] VALOR TOTAL DEL AVALÚO DE LA PROPIEDAD
AREAS:

Área del lote ………………..800,21 1 m2
Valor total del lote ………… $ 24.006.300
VALOR TOTAL: ……………$ 24.006.300 […]”.

54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Roberto Augusto

Serrato Valdés; sentencia de 30 de abril de 2020; núm. único de radicación: 05001233100020030050001

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

93. De este modo, el valor del metro cuadrado del terreno a expropiar se
determinó en $30,000 pesos en el avalúo.

94. En el expediente consta también un avalúo realizado por el arquitecto Luis
Eduardo Londoño el 8 de agosto de 2006, que determina que el valor del metro
cuadrado para la franja de terreno de 800.21 m² es de $27,500 pesos, valor muy
similar al anterior.

95. Asimismo, el Estudio del Valor del Suelo en el Oriente Antioqueño, llevado a
cabo por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia en agosto de 2006,
determinó el valor del metro cuadrado en los términos siguientes:

“[…] SECTOR 2

El sector 2 del Municipio de Rionegro comprende las veredas El Carmín,
Mampuesto, Abreo, Abreito, Cuchillas de Santa Fe, La Laja, Chachafruto y Barro
Blanco.

Las veredas El Carmín, Mampuesto, Abreo, Abreito y Cuchillas de San José, son
veredas con vocación agropecuaria con algunas fincas de recreo no muy
consolidadas, el valor de los terrenos se encontró que están entre 2.000 y 3.000 $/m2
[…]”.

96. A partir de todo lo anterior, la Sala considera que la parte demandante no
acreditó mediante la prueba idónea (dictamen pericial) que el valor real del metro
cuadrado ($345,000 pesos) para el predio ubicado en el municipio de Rionegro
(Antioquia), objeto de expropiación, fuese el alegado. Por tanto, no logró desvirtuar
la presunción de legalidad del acto acusado ni de su avalúo. Así pues, el avalúo
presentado por la parte demandada sigue siendo válido, y no procede condenar al
pago de ningún excedente.

97. En el mismo sentido, el objeto del avalúo de 20 de agosto de 2008, practicado
en sede judicial55 fue determinar conforme lo solicitado en la demanda “el valor de
la madera extraída al lote global que caprichosamente extrajo por intermedio de
aserradores el Municipio de Rionegro, así como el valor del material sustraído por
el mismo ente territorial del lote que dice haber expropiado, conforme los registros
fotográficos anexos”. Este avalúo, elaborado con el apoyo de un ingeniero forestal,
no tenía por objetivo determinar el valor del metro cuadrado de la zona, puesto que

55 Cfr. Folios 399 a 430.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

su finalidad era específica y diferente (determinar el valor de la madera extraída y
los materiales), por lo que no es idóneo para probar dicho aspecto.

98. En ese sentido, la Sala advierte que correspondía a la parte demandante
indicar y demostrar que el avalúo era erróneo; sin embargo, se limitó a aseverar que
el precio real es diferente, sin refutar el avalúo oficial. Era responsabilidad de la
demandante proporcionar certeza sobre el justiprecio del lote objeto de
expropiación, ya que la simple conjetura no puede dar lugar a su reconocimiento. El
objeto del avalúo realizado en sede judicial no era determinar el valor del metro
cuadrado del terreno, sino "el valor de la madera extraída al lote global que
caprichosamente extrajo por intermedio de aserradores el municipio de Rionegro,
así como el valor del material sustraído por el mismo ente territorial del lote que dice
haber expropiado, conforme los registros fotográficos anexos”, razón por la cual la
parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad del dictamen sobre
el mayor valor alegado del metro cuadrado. Por lo tanto, la parte demandante no
desvirtuó los fundamentos del acto acusado.

99. En otras palabras, la parte demandante no presentó avalúos que
proporcionen razones de orden fáctico y técnico que refuten los valores señalados
en los actos acusados, ni que permitan determinar con certeza que deben ser
corregidos, ni fundamentos que lleven a descartar el valor del precio indemnizatorio
del bien expropiado, que fue de $24,006,300 y fue aceptado en los actos acusados.

100. Al respecto, esta Sección de la Corporación ha señalado que se presume la
legalidad del acto administrativo que incorporó el avalúo oficial, incluso cuando el
informe técnico no especifica las operaciones o la forma en que se calcularon los
valores correspondientes. Por ello, la parte demandante debe aportar pruebas para
demostrar los errores de este. En este contexto, esta Sección, consideró:

“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de los avalúos
comerciales practicados por las entidades legalmente autorizadas, a efectos de fijar
el valor de la indemnización en los eventos de expropiación y ha concluido que, aun
cuando en el informe técnico no se precisen las operaciones o la forma como fueron
calculados los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la
medida en que dicho precio hace parte del acto administrativo mediante el cual se
dispone la expropiación, se presume ajustado o calculado conforme a la ley y, por
ende, corresponde al interesado desvirtuar tal presunción.

En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala, sobre el particular, expresó
lo siguiente:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo elaborado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal,
se anuncia que el precio del inmueble establecido por la administración se determinó

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

como resultado de la aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”, que
“Consiste en deducir el precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de
inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y
localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se han consultado las
estadísticas y avalúos recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de
Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos efectuados
recientemente sobre inmuebles similares”, lo cierto es que en ninguno de los
apartes de dicho documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se
tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación, lo cual permite concluir
que contra el justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían
exactamente las mismas críticas que el apoderado del Municipio demandado formula
en su apelación contra el dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de
la mencionada información, el avalúo practicado por la Subsecretaría de
Catastro Municipal también estaría desprovisto de argumentos técnicos y de
apoyo probatorio.

No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho valor en el texto de los
actos administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se
predica de las decisiones de la administración, lo cual admite desde luego prueba
en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el
proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente su
incorrección56 […].”(la Sala destaca) […]”57.

101. En el mismo sentido, con anterioridad a la sentencia citada, esta
Corporación58 había considerado que, basándose en la normativa que regula el
asunto, el precio indemnizatorio está amparado por la presunción de legalidad al ser
incorporado al acto administrativo que ordena la expropiación. Por lo tanto, la parte
demandante tiene la carga de probar cuál es el error o la incorrección del avalúo
oficial, de la siguiente manera:

“[…] Sin embargo, tal y como lo estimó el a quo en la sentencia apelada, el documento
presentado por el auxiliar de la justicia designado, valga decir, el Avalúo M-0225-03-
12 del 28 de marzo de 2012, que reposa en folios 215 a 222 del cuaderno N. o 1 del
expediente, constituye un nuevo avalúo, según el cual el valor comercial del
inmueble, incluido el daño emergente, asciende a la suma de $238.878.657, sin que
en el mismo se analizara y desvirtuara el realizado por la entidad demandada.

En efecto, como lo advirtió el Tribunal de instancia, el documento en análisis
no hizo alusión alguna a la diferencia del precio de indemnización con relación
al avalúo que se había practicado y, muchos menos, se refirió a las
conclusiones a las cuales se habían llegado.

[…]

56 Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-03509-01. Consejero

ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón;

sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de radicación:
08001233100019971225601
58 Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 15 de agosto de 2019

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

Así pues, el avalúo no contiene un razonamiento que soporte tal diferencia de precio,
en los términos solicitados por la propia parte demandante, sujeto procesal
peticionario de la prueba.

[…]

Sobre el particular, la Sala recuerda que es reiterada y pacífica la jurisprudencia
de esta Corporación en la cual se ha sostenido que el precio establecido en los
actos acusado se encuentra amparado por la presunción de legalidad y de
certeza de las decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba establecidos en el
ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el sub-lite […]”59 (Resaltado fuera de
texto).

102. En el caso sub examine, la parte demandante no demostró que el avalúo
oficial fuera incorrecto, especialmente porque no presentó otro avalúo que analizara
y refutara el realizado por la parte demandada. De hecho, las pruebas en el
expediente no mencionan un precio mayor del lote en relación con el avalúo
realizado y, mucho menos, se refieren a las conclusiones a las que se llegó.

103. Además, para determinar la incorrección de un avalúo es necesario un
análisis técnico del valor comercial del bien inmueble, considerando diversos
criterios y parámetros como la reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente, la destinación económica del inmueble, aspectos físicos, la clase del suelo,
las construcciones en la zona, la estratificación socioeconómica del bien inmueble
y las construcciones existentes, entre otros. Asimismo, para establecer el valor
comercial del bien inmueble, se deben aplicar los métodos previstos en la normativa,
específicamente el artículo 25 del Decreto núm. 1420 de 199860).

104. Al respecto, esta Sección de la Corporación61, en un caso con similares
presupuestos fácticos y jurídicos, señaló que el método de mercado sí aplica para
determinar el valor del terreno (lotes), que el valor debe determinarse en el momento
exacto de la expropiación debido a la variación de precios en el mercado
inmobiliario, y que el avalúo debe incluir los elementos fundamentales de la técnica
de comparación o información de ofertas, indicando los inmuebles incluidos en el

59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 15 de agosto de 2019;

C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés; núm. único de radicación: 25000232400020110019601
60 Por el cual el se reglamenta parcialmente los artículos 37 de la Ley 9 de 1989; 27 del Decreto Ley 2150 de 1995;

56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997; y 11 del Decreto Ley 151 de 1998, que hacen
referencia al tema de avalúos
61 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 1º de abril de 2022;

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 25000232400020110020002 […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

39

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

estudio y avalúo, es decir, clasificar e interpretar las transacciones o avalúos que se
utilizaron para determinar el valor comercial.

“[…] 134. La Sala observa que, al igual que lo hizo la Lonja Inmobiliaria de Bogotá
D.C., el auxiliar de la justicia se basó en el método de comparación para determinar
el valor comercial del terreno y adujo que en el sector hay poca comerciabilidad, por
lo que se hizo necesario utilizar muestras de mercado en los barrios Santa Bárbara
y San Bernardo.

135. Se resalta, además, que el perito señaló que, «[p]ara hallar el valor de la
estructura, se aplica el método de reposición, aplicando los métodos de depreciación
y la tabla de fitto y corvini». De esta forma, la experticia confirma que la metodología
adoptada por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. para determinar el
valor comercial del inmueble fue adecuada, teniendo en cuenta su ubicación y
características.

136. Ahora bien, en cuanto al resultado de la valoración, se encuentra que el perito
determinó el valor comercial del inmueble para el momento en que realizó el avalúo,
es decir, para el año 2013, de manera que no puede ser comparado con el justiprecio
fijado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. en el año 2009, y que sirvió de sustento
a los actos administrativos por los cuales el IDU decretó la expropiación
administrativa. Esto, teniendo en cuenta la dinámica del mercado inmobiliario.

137. Por lo demás, la Sala advierte que el avalúo efectuado por el auxiliar de la justicia
no contiene los elementos fundamentales de la técnica de comparación o información
de ofertas, toda vez que no indica cuáles son los inmuebles incluidos en el estudio y
qué características los hacen semejantes o comparables al predio objeto de avalúo.
Por ende, no clasifica, analiza e interpreta las transacciones, ofertas o avalúos de los
cuales se valió para hacer la comparación requerida para determinar el valor
comercial del bien inmueble que fue materia de expropiación, de manera que la
valoración está desprovista de argumentos técnicos y de apoyo probatorio.

138. Esta Sección del Consejo de Estado ha expresado que en estos casos no resulta
insuficiente la mera exposición de los resultados de las operaciones periciales
practicadas y de las deducciones extraídas por el perito, huérfanas de las
explicaciones relativas a su origen y al proceso lógico e intelectivo que ha conducido
a su obtención, omitiendo la exposición y explicación de las razones por las cuales
no es dable mantener otro criterio diferente. Esto, considerando que, tanto las partes
como la autoridad judicial no cuentan con los conocimientos especializados del perito,
por lo que se espera que este revele los datos y los hitos de su discernimiento, que
si bien un entendido en la materia puede reputar elementales, un profano puede
encontrarlos inasequibles.

139. Asimismo, es pertinente anotar que, como lo observó el a quo, esta Sección ha
precisado que, al incorporarse el valor del avalúo oficial en el texto de los actos
administrativos demandados debe entenderse que este se encuentra amparado por
la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de
la administración. Por lo tanto, es obligación de la parte demandante demostrar
en el proceso judicial los errores que se cometieron en dicho avalúo. Así se
estableció en sentencia proferida el 14 de septiembre de 2020, que señaló lo
siguiente:

[…] 5.2.3. En este punto, la Sala considera relevante precisar el alcance de la carga
que recae sobre el demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los actos
de la administración; no basta entonces con que se argumente que los mismos no
cumplieron con lo determinado en la norma para atacar la presunción de legalidad y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

40

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

veracidad de que goza el avalúo oficial. Resulta indispensable que la parte
demandante indique el defecto en que se ha incurrido y cuál es el impacto en el precio
que se ofreció por la administración conforme las normas que regulan la materia.
Así las cosas, la Sala no comparte las apreciaciones de la parte apelante respecto
del avalúo utilizado por el Municipio de Medellín para fijar el valor del precio
indemnizatorio, pues no se desvirtuó su presunción de legalidad y, por el contrario,
se puede concluir que el avalúo acogió las reglas determinadas en la normatividad
aplicable para su determinación […].

140. En esa línea de ideas, las falencias del dictamen pericial que han quedado
evidenciadas impiden darle plena credibilidad, razón por la cual no logra demostrar
la incorrección del avalúo que sirvió de sustento para la fijación del precio
indemnizatorio reconocido y pagado al actor con ocasión de la expropiación
administrativa dispuesta mediante las resoluciones demandadas […]”.

105. De este modo, la Sala considera que es obligación de la parte demandante
demostrar en el proceso judicial los errores cometidos en el avalúo; por tanto, no es
suficiente argumentar que el valor del lote era mayor para cuestionar la presunción
de legalidad y veracidad del avalúo oficial. Resulta indispensable que la parte
demandante especifique el defecto incurrido y el impacto de este en el precio
ofrecido por la administración, conforme a las normas que regulan la materia.

106. De acuerdo con lo anterior, el a quo valoró las pruebas presentadas por la
parte demandante, determinando que en el plenario no existen elementos de prueba
que demuestren que el avalúo fijado por la parte demandada fue incorrecto y, por
ende, no hay motivo para decretar la nulidad solicitada en relación con el precio del
inmueble expropiado.

107. Así, se concluye que en la decisión adoptada en primera instancia se realizó
un adecuado análisis de los avalúos presentados en el proceso, explicando
suficientemente las razones por las cuales no se desvirtúa la presunción de
legalidad que ampara las decisiones acusadas.

108. Asimismo, esta Sección de la Corporación62 ha señalado que se presume la
legalidad de los actos administrativos demandados, que incluyen el avalúo oficial,
aunque en las pruebas no se especificaron exactamente las operaciones
inmobiliarias o los avalúos recientes que se consideraron para realizar la
comparación mencionada, de la siguiente manera:

62 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 5 de agosto de

2021; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 25000-23-24-000-2010-00521-01 […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

41

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

“[…]Asimismo, es del caso traer a colación el reciente pronunciamiento, de 19 de abril
de 202163, en el que la Sala puntualizó que se presume la legalidad del acto
administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun cuando en el informe técnico no
se precisan las operaciones o la forma como fueron calculados los valores
correspondientes, y que por ello la parte demandante debe aportar las pruebas para
demostrar los errores de este.

En dicha oportunidad, se reiteró la citada sentencia de 14 de mayo de 2019, en la
que se estudió un avalúo oficial, que utilizó el método “COMPARATIVO DE
MERCADOS”, el mismo usado en el caso bajo estudio; y se precisó que se presume
la legalidad de los actos administrativos demandados, que incorporaron el avalúo
oficial, aun cuando en el informe técnico no se señalaron cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se
tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación.

De tal manera que los criterios o consideraciones tenidos en cuenta para establecer
el valor comercial del inmueble objeto de expropiación, gozan de presunción de
legalidad, al no ser desvirtuados por la parte actora, a pesar de corresponderle dicha
carga, pues, en modo alguno demostró que los fundamentos expuestos por la entidad
demandada en los actos acusados fueran falsos, errados o inconsistentes.
Ciertamente, en el avalúo efectuado en la vía gubernativa, por la Arquitecta
CARMENZA QUINTERO CASTAÑEDA, para determinar el valor del mismo, se tuvo
en cuenta el valor del metro cuadrado en un estrato 6, a pesar de que el inmueble
objeto de expropiación era de estrato 3, así como el valor de venta del lote, que
quedaba al frente del edificio expropiado, que ascendía a la suma de $170.000.000,
el cual partió de una información de un vecino, del cual no indicó el nombre ni la
fuente de información de ese valor.

Y en el avalúo elaborado en la vía judicial, por el Perito CARLOS MANUEL
GUEVARA CALDERÓN, no se indicó de manera específica el método empleado para
la realización del mismo, lo cual pone en evidencia que estos avalúos están
desprovistos de la suficiente fundamentación para determinar que el avalúo
comercial realizado por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. es errado y
que no se encuentra ajustado a las normas sobre avalúos, valga decir, no desvirtúa
la presunción de legalidad que los cobija.

Aunado a lo anterior, se debe reiterar, como se expresó en la antes invocada
sentencia de 19 de abril de 202164, que no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo realizado por la Lonja
Inmobiliaria de Bogotá D.C., y que sustentaron la expedición de los actos
administrativos acusados, sea que no se indicaron los tipos de construcciones de la
zona, donde se encontraba el inmueble objeto de expropiación, con los cuales se
realizó la comparación, y que ello resulte suficiente para decretar la nulidad de estos
actos.65.

En este orden de ideas, la Sala considera que la parte demandante no allegó prueba,
en este proceso, con suficientes fundamentos técnicos, que permitiera: demostrar
que el avalúo que tuvo en cuenta el IDU al expedir los actos acusados estaba
equivocado e incorrecto; acreditar la corrección de los justiprecios presentados en
los avalúos que fueron allegados al proceso; así como desvirtuar la presunción de

63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, C.P.

Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-00232-01.
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, C.P.

Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-00232-01.
65 En dicha sentencia de 19 de abril de 2021, la Sección Primera consideró:

“[...] Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y que sustentó la expedición de los actos administrativos
acusados, sea que no se indicó los inmuebles con los cuales se realizó la comparación y que al ser mayor el
precio del avalúo comercial determinado en los avalúos contratados por el demandante, ello resulte suficiente para
decretar la nulidad parcial de estos [...].” (Destacado fuera de texto).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

42

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

legalidad que cobija los actos administrativos demandados.

Al no obrar en el expediente ningún medio de prueba que permita demostrar las
inconsistencias o errores de las que adolecía, debe tenerse como válido, creíble y
debidamente fundamentado el referido avalúo, fijado por la administración, que sirvió
de sustento a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo pueda ser objeto de
modificación dado que la parte actora, quien tenía la carga probatoria de desvirtuarlo,
no lo hizo y, por consiguiente, el argumento señalado por el Tribunal, para concluir
que las pretensiones de la demanda tenían vocación de prosperidad, carece de
sustento […]”.

109. De este modo, al no constar en el expediente ningún medio de prueba que
permita demostrar las inconsistencias o errores del avalúo, este debe considerarse
válido, creíble y debidamente fundamentado, dado que fue fijado por la
administración y sirvió de sustento a las decisiones enjuiciadas. El avalúo no puede
ser objeto de modificación, puesto que la parte actora, quien tenía la carga
probatoria de refutarlo, no lo hizo.

110. En efecto, en casos como el presente, el Consejo de Estado ha considerado
que los avalúos deben cumplir con los criterios y requisitos mínimos establecidos
en el ordenamiento jurídico; sin embargo, su omisión o la falta de información
expresa no conduce, por sí sola, a la nulidad del acto administrativo. La parte
interesada tiene la carga de demostrar que esas deficiencias afectaron el avalúo
oficial del bien inmueble objeto de expropiación y que este es incorrecto, lo cual no
ocurrió en el caso sub examine. Al haber sido incluido el avalúo en un acto
administrativo expedido por una entidad pública, goza de una presunción de
legalidad.

111. Por las razones expuestas, el cargo no prospera.

De la imparcialidad del avalúo

112. La parte demandante argumentó que los actos acusados infringen el
artículo 27 del Decreto núm. 2150 de 1995, el cual se encuentra derogado. Este
artículo señala que, si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá
a la lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que realizará el
avalúo de bienes.

113. La parte demandante adujo que el artículo 21 de la Ley 388 de 1997 no
permite la designación de uno o varios peritos por la propia entidad pública que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

43

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

realiza la expropiación. A juicio del recurrente, esto sugiere que no hay
imparcialidad en la forma de realizar los avalúos por parte de esa entidad, dado
que estos son realizados por el contratista que favorece los intereses del
contratante, quien es quien le paga por el trabajo.

114. Al respecto, el artículo 27 del Decreto núm. 2150 de 1995 prevé que los
avalúos de bienes inmuebles que deban realizar las entidades públicas podrán
ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier
persona natural o jurídica de carácter privado, registrada y autorizada por la
Lonja de Propiedad Raíz del lugar donde esté ubicado el bien para realizar dichos
avalúos. Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja
determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que realizará el avalúo de
bienes inmuebles.

115. La Corte Constitucional 66 consideró exequible condicionalmente el artículo
27 del Decreto núm. 2150 de 1995 en los siguientes términos:

“[…] Ahora bien, no puede hablarse de que los artículos acusados hayan consagrado
un monopolio, ya que la referencia normativa a "las lonjas de propiedad raíz" no
puede entenderse hecha con nombre propio a las actualmente existentes sino al
género de asociaciones profesionales de esa índole y con el mismo objeto, de suerte
que los peritos avaluadores hoy no afiliados a las lonjas actuales tienen plena libertad
de constituir, si quieren, otras, en ejercicio de la libertad de competencia garantizada
en el artículo 333 de la Constitución.

A juicio de la Corte, las expresiones legales que aluden a las "lonjas de propiedad
raíz" deben entenderse en sentido genérico, no referente de manera exclusiva a
personas jurídicas ya existentes que hayan adoptado ese nombre, y, por tanto,
cobijan, en materia de avalúos a las asociaciones y colegios que agrupen a
profesionales dedicados a ese ramo.

Una interpretación restringida daría razón al demandante, por cuanto implicaría, allí
sí, la violación del derecho a la igualdad, la vulneración de la libertad de ejercer
profesión u oficio y el establecimiento de un monopolio inaceptable a la luz de la
Constitución.

(…) Segundo.- Decláranse EXEQUIBLES los siguientes apartes del artículo 27 del
Decreto 2150 de 1995:

"...que se encuentre registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar
donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.

PARAGRAFO.- Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la
Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo
de bienes inmuebles".

66 Expresiones subrayadas condicionalmente EXEQUIBLES mediante sentencia C-492 de 26 de septiembre de

1996

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

44

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

Tercero.- La exequibilidad de los transcritos apartes normativos se declara sólo
en el entendido de que, para los efectos que en tales disposiciones se
contemplan, las expresiones "lonjas de propiedad raíz" están referidas a todas
las asociaciones y colegios que agrupen a profesionales en finca raíz, peritazgo
y avalúo de inmuebles […]”. (Negrillas fuera de texto)

116. Conforme a lo expuesto, el término "lonjas de propiedad raíz" del artículo 27
del Decreto núm. 2150 de 1995 se refiere a todas las asociaciones y colegios que
agrupan a profesionales en finca raíz, peritaje y avalúo de inmuebles.

117. Sobre el particular, esta Corporación se pronunció en los siguientes términos:

“[…] 2. El avalúo de bienes inmuebles en negociaciones (compra o venta) o
los que se requieran para actuaciones administrativas donde intervengan
entidades estatales, presenta la posibilidad para la entidad pública de recurrir al
Instituto Geográfico Agustín Codazzi o a una persona natural o jurídica,
registrada, autorizada y escogida por la Lonja de Propiedad Raíz del lugar
donde se encuentra ubicado el inmueble.

Si la entidad pública escoge la opción privada puede aplicarla, también, en la
compra de inmuebles de particulares.

3. Los avalúos que deban realizar las entidades públicas para actuaciones
administrativas, pueden adelantarse tanto por el Instituto Agustín Codazzi como por
persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y
autorizada y además sea escogida por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté
ubicado el inmueble, siendo cualquiera de ellos válido y suficiente para la entidad
estatal […]”67.

118. Sobre este punto, la Sala se permite precisar que, de conformidad con la Ley
388, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o los peritos privados inscritos en las
lonjas o asociaciones correspondientes son las entidades llamadas a realizar el
avalúo comercial del inmueble objeto de expropiación administrativa.

119. El artículo 67 de la Ley 388, norma vigente en el momento de realizar el
avalúo, al regular la indemnización y forma de pago, dispone que en el mismo acto
que determine el carácter administrativo de la expropiación, se debe indicar el valor
del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual será igual al
avalúo comercial utilizado para los efectos previstos en el artículo 61 de dicha ley.

120. Por su parte, el artículo 61 de la misma ley prevé que el precio de adquisición
será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín

67
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto núm. 806 de 22 de abril de 1996, consejero ponente Luis
Camilo Osorio Isaza.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

45

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en
las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo establecido por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el
decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno.

121. En concordancia con lo anterior, el artículo 3 del Decreto núm. 1420 de
199868, vigente para el momento en que se practicó el avalúo, dispone que la
determinación del valor comercial de los inmuebles la harán, a través de un avalúo,
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces, o las
personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las
lonjas de propiedad raíz del lugar donde se ubiquen los bienes objeto de la
valoración.

122. En ese orden, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y las personas
naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz en el
lugar donde se ubique el inmueble objeto de expropiación cuentan con la facultad
legal para realizar los avalúos comerciales de los inmuebles.

123. Al respecto, la Sala observa lo siguiente:

124. La parte demandante, el 21 de abril de 2008, solicitó a la Lonja de Propiedad
Raíz de Medellín y Antioquia que certificara si durante el año 2006, la parte
demandada solicitó la designación de un perito avaluador que responde al nombre
de Eduardo Londoño69. La solicitud fue respondida el 22 de abril de 200870.

125. El 3 de junio de 2008, la parte demandante solicitó a Corpolonjas de
Colombia certificar si esta entidad recibió de parte del Municipio de Rionegro,
Departamento de Antioquia, petición para que fuera designado por su conducto un
perito avaluador para la realización de un dictamen pericial sobre el predio rural
denominado Los Cocuyos71. Corpolonjas de Colombia respondió a la solicitud el
mismo día72.

126. El proceso se abrió a pruebas el 26 de junio de 2008, momento en el cual se
incorporaron las pruebas documentales aportadas por las partes.

68
“[…] por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995,
los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998,
que hacen referencia al tema de avalúos […]”.
69 Cfr. Folio 445 del cuaderno principal.
70 Cfr. Folio 444 del cuaderno principal.
71 Cfr. Folio 446 del cuaderno principal.
72 Cfr. Folio 447 del cuaderno principal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

46

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

127. La parte demandante allegó al proceso los documentos mencionados
anteriormente el 11 de agosto de 200873.

128. No obstante lo anterior, la Sala advierte que en el auto de pruebas del 26 de
junio de 2008 se incorporaron los documentos aportados por la parte demandante,
entre los cuales no se encuentran las certificaciones mencionadas anteriormente.
Es decir, los documentos referidos no fueron incorporados como pruebas en el
expediente, dado que no fueron solicitados con la demanda o su reforma ni
presentados oportunamente por la parte demandante.

129. Asimismo, para la Sala, estos documentos no constituyen una prueba
sobreviniente, dado que pudieron ser solicitados previamente mediante el derecho
de petición o en su defecto, solicitados en la demanda, lo cual no ocurrió. En otras
palabras, dichos documentos no pueden ser incorporados al expediente, toda vez
que ello tenía lugar en el auto de pruebas que fue proferido con anterioridad a que
fueran aportados dichos documentos. Por lo tanto, los documentos mencionados no
tienen valor probatorio dentro del expediente.

130. Así las cosas, la Sala advierte que: i) el artículo 27 del Decreto núm. 2150 de
1995 no estaba derogado para el momento de los hechos, como afirma la parte
demandante; ii) La parte demandante no demostró que el domicilio de Corpolonjas
de Colombia sea en la ciudad de Bogotá, como afirma en el recurso de apelación,
ni ello está acreditado en el expediente; iii) el señor José Adán Zuluaga Arias, quien
realizó el avalúo, formaba parte del Registro Nacional de Avaluadores y de
Corpolonjas de Colombia, por lo que están acreditadas sus calificaciones para emitir
el dictamen, y no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto en dicho aspecto;
iv) no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto acusado respecto al hecho
de que se solicitó a Corpolonjas de Colombia la realización del avalúo; v) el dictamen
realizado por José Adán Zuluaga Arias fue el que permitió determinar el precio de
la franja de terreno a expropiar, sin que se haya considerado otro diferente en el
acto acusado ni se desvirtuó el hecho de que estaba inscrito en una Lonja de
Propiedad Raíz con jurisdicción en el Municipio de Rionegro; vi) lo señalado por la
parte demandante no se encuentra respaldado por las pruebas obrantes en los
antecedentes administrativos.

131. Por las razones expuestas, el cargo no prospera.

73 Cfr. Folio 443 del cuaderno principal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

47

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

De la indemnización de perjuicios

132. La parte demandante adujo que la parte demandada no revisó que para la
indemnización debe tenerse en cuenta los 1660 metros cuadrados expropiados y
que sin el avalúo de las especies plantadas lo que ocurrió fue un “robo”, dado que
se tumbaron más de 250 toneladas de madera sin licencia el 1 de octubre de 2007.

133. En el caso sub examine, el objeto del avalúo dentro del proceso de la
referencia74 fue determinar “[…] el valor de la madera extraída al lote global que
caprichosamente extrajo por intermedio de aserradores el Municipio de Rionegro,
así como el valor del material sustraído por el mismo ente territorial del lote que dice
haber expropiado, conforme los registros fotográficos anexos […]”.

134. En este sentido, es claro que el dictamen de 20 de agosto de 2008, decretado
a solicitud de la parte demandante, no fue practicado para determinar el valor del
metro cuadrado de la extensión del terreno expropiado, sino el valor de la madera
extraída conforme la demanda y el auto de pruebas, razón por la cual no permite
determinar o probar dicho aspecto75.

135. Aunado a lo anterior, según indica la parte demandante en la demanda para
el 1.º de octubre de 2007, la parte demandada procedió a iniciar obra, tumbando la
madera de la plantación sin permiso y a la fuerza, empleando ilegalmente a la
Policía Nacional en el inicio de la obra y sin que previamente se haya dado alguna
indemnización.

136. Al respecto, en la anotación 10 del Certificado de Tradición y Libertad del
inmueble, identificado con el número de matrícula inmobiliaria 020-21904, objeto de
discusión, consta que el 13 de junio de 2007 se registró la anotación de la
expropiación por vía administrativa parcial, de modo que para el 1.º de octubre de
2007, la parte demandada era titular del derecho de dominio sobre la franja objeto
de expropiación, dado que adelantó todas las actuaciones dispuestas para el
procedimiento de expropiación administrativa, lo que desvirtúa el reconocimiento de
la presunta indemnización de un daño a la parte demandante que para ese
momento no tenía derechos sobre la franja de terreno.

74 Cfr. Folios 399 del cuaderno principal.
75 La Sala coincide con lo afirmado por la parte demandada en el escrito que descorre traslado del dictamen en

el que manifestó que la perito no se ciñó al objeto del dictamen solicitado en la demanda. Cfr. Folios 630 y 631
del cuaderno principal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

48

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

137. Por las razones expuestas, el cargo no prospera.

De la falta de pago por la expropiación

138. La parte demandante adujo que, según la Resolución núm. 3389 de 2007, el
área expropiada era de 880.21 metros cuadrados y, en el dictamen, aparece
probado que el Municipio de Rionegro se apropió de 860 metros cuadrados
adicionales, de los cuales no hubo avalúo ni pago correspondiente. Asimismo, indicó
que sin indemnización previa no puede haber expropiación, y se encuentra
acreditado que ninguna suma fue consignada en el Banco Agrario a favor del
propietario del inmueble.

139. Sobre el particular, la Sala advierte que el dictamen al que hace referencia la
parte demandante fue realizado en sede judicial, y su objeto fue determinar el valor
de la madera y el material extraído. Por lo tanto, no puede servir de parámetro para
determinar que se expropió un área superior a la establecida en el acto acusado,
dado que ese no fue su objetivo según lo solicitado por la parte demandante ni fue
decretado para tal efecto. En otras palabras, el acto acusado expropió 880.21
metros cuadrados y, dado que se está discutiendo su legalidad, es únicamente
sobre dicha área que debe hacerse el pronunciamiento, sin que esta sea la vía legal
para buscar reparación por dicho aspecto o para que dicha franja de terreno sea
restituida.

140. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que, según certificación del Banco
Agrario de 6 de marzo de 200876 en la cuenta de ahorros núm. 4-1374-3-00632-4,
se encuentra depositada la suma pagada por concepto de la expropiación ordenada
en la Resolución núm. 3389 de 18 de abril de 2007 por orden del tesorero del
Municipio de Rionegro77. Por lo tanto, no se puede alegar que ninguna suma de
dinero haya sido consignada por concepto de la expropiación en el Banco Agrario a
favor del titular del bien, aspecto que, además, no fue solicitado en la demanda.

141. Por las razones expuestas el cargo no prospera.

76 Cfr. Folio 161 del cuaderno prinicipal.
77 Cfr. Folio 163 del cuaderno prinicipal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

49

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

De la indebida interpretación de la publicidad de los actos administrativos

142. La parte demandante adujo que los actos administrativos acusados no se
notifican a las partes por las inscripciones en el folio de matrícula sino
personalmente (lo cual se omitió) o, en su defecto, por correo certificado enviado a
la dirección del predio afectado y, cuando no se logra, por edicto, lo que genera la
nulidad del procedimiento sancionatorio. Asimismo, la decisión del a quo infringe el
artículo 62 de la Ley 388, el cual dispone que la resolución de expropiación se
notificará en los términos del Código Contencioso Administrativo.

143. Al respecto, el artículo 66 de la Ley 388 señala que la determinación de la
expropiación por vía administrativa se hará mediante acto administrativo formal, el
cual se notificará al titular del derecho de propiedad sobre el inmueble cuya
adquisición se requiera y será inscrito por la autoridad expropiante en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos dentro de los cinco días hábiles siguientes a su
ejecutoria, acto que constituirá la oferta de compra tendiente a obtener un acuerdo
de enajenación voluntaria.

144. En ese orden, el artículo 66 ibidem ordena la notificación del acto
administrativo al titular del derecho de dominio del inmueble que se requiere, pero
no establece la forma de notificación, por lo que por remisión se deben aplicar los
artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, es decir, por notificación
personal en la que se envía por correo certificado a la dirección que la persona a
notificar haya aportado. Si no se logra realizar después de 5 días del envío de la
citación, se fijará un edicto en un lugar público del respectivo despacho por el
término de 10 días, con inserción de la parte resolutiva en la providencia. En los
eventos que se afecte directamente a terceros que no hayan intervenido en la
actuación, se publicará su parte resolutiva en un diario oficial o en un periódico de
amplia circulación del lugar.

145. El artículo 68 de la Ley 388 prevé que, cuando transcurran 30 días de la
ejecutoria del acto administrativo expropiatorio de que trata el artículo 66 ibidem sin
que se haya llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido
en un contrato de promesa de compraventa, la autoridad dispondrá mediante acto
motivado la expropiación administrativa del inmueble, que contendrá la orden de
inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado, en la correspondiente
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para efectos de que se inscriba la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

50

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que haya dispuesto
la expropiación y la orden de notificación a los titulares del derecho de dominio u
otros derechos reales sobre el bien expropiado con indicación de los recursos que
proceden en la vía gubernativa.

146. Ahora bien, si transcurridos 30 días hábiles después de la comunicación de
la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación
voluntaria, inicia el proceso de expropiación propiamente dicho, donde la
administración, mediante un acto motivado, decide unilateralmente la expropiación,
el precio del bien y las condiciones de pago. Este acto es susceptible de ser
controlado judicialmente mediante la acción especial de nulidad y restablecimiento
del derecho prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, para controvertir no
solo la decisión de expropiación por vía administrativa, sino también el precio
indemnizatorio reconocido durante ese trámite.

147. Aunado a lo anterior, de acuerdo con los artículos 15 a 17 del Decreto 1420
de 1998, en el trámite de revisión e impugnación del avalúo que determina el precio
de oferta, no está previsto que se deba notificar dichas actuaciones al propietario
del bien a expropiar, así como tampoco que éste pueda controvertirlas vía
administrativa, puesto que, se reitera, el escenario previsto por el legislador para
que el propietario del bien a expropiar pueda discutir el avalúo que determina el
precio de la indemnización es en sede judicial.

148. En el caso sub examine, las notificaciones se hicieron conforme al Código
Contencioso Administrativo, dado que se enviaron a las direcciones de la parte
demandante y a las que sus familiares aportaron a la parte demandada durante las
negociaciones que sostuvieron intentando la notificación personal, como es
reconocido en los hechos 3 y 5 de la demanda78. Se fijó el edicto79 exigido por la
normatividad y se hizo la publicación en un periódico de amplia circulación en este
lugar, como lo es el Mundo80. Además, los actos acusados fueron objeto de registro
en el Certificado de Tradición del bien inmueble, garantizando el conocimiento de
su existencia a terceros o los herederos del titular del bien.

149. Aunado a lo anterior, es pertinente aclarar que incluso en el evento de que
los actos acusados no se hayan notificado personalmente a la parte demandante,

78 Cfr. Folios 254 a 258 del cuaderno principal.
79 Cfr. Folios 318 a 320 del cuaderno principal.
80 Cfr. Folio 321 del cuaderno principal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

51

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

cuyo padre es el titular del bien, dicho yerro no vicia de nulidad el acto, dado que “la
no notificación del acto es un factor extrínseco que sólo puede generar la no
producción de efectos jurídicos y no es, por lo tanto, causal de nulidad, las cuales
están claramente señaladas en el artículo 84 del C.C.A.” 81.

150. Por las razones expuestas el cargo no prospera.

Del debido proceso, notificaciones y negociación previa

151. La parte demandante adujo que no se notificó previamente el Acuerdo 92 del
año 2003, decisión particular y concreta que afecta a un ciudadano específico. Para
ese momento, el señor Carlos Sanín Aguirre ya había fallecido ocho años atrás, y
no se notificó a la viuda ni a los herederos, cuando era necesario hacerlo a quienes
se les afectaban sus derechos. Este acto administrativo es el origen de todo el
proceso, por lo que no se entiende la razón por la cual no puede ser demandado en
el proceso.

152. Sobre el particular, la Sala advierte que mediante el Acuerdo núm. 092 de 20
de noviembre de 200382, expedido por el Concejo del Municipio de Rionegro,
Antioquia, se declara competente al Alcalde del Municipio de Rionegro para hacer
uso de las atribuciones necesarias y aplicar los artículos 64 y 65 de la Ley 388 en
cuanto a la expropiación administrativa.

153. En ese sentido, el acto administrativo es de carácter general (sus efectos
recaen sobre los ciudadanos del Municipio de Rionegro en general) y no afecta,
modifica, o revoca derechos subjetivos de la parte demandante, por lo que no es
cierto que la afectaba directamente y le debió ser notificado.

154. Al respecto, la Sala considera que el Acuerdo núm. 092 de 2003 no es el
origen del procedimiento de expropiación administrativa, dado que el mismo solo
facultó al Alcalde del Municipio de Rionegro para adelantar dicho procedimiento de
forma general y en el caso concreto el procedimiento particular inició en el año 2006.

81 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 14 de mayo de 2015, Rad.: 25000232400020060090401,

Actora: Carol Lina Rojas Rubio, M.P. María Elizabeth García González. En el mismo sentido, ver: “[…] Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de enero de 2016; C.P.
MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO; número único de radicación 05001-23-31-000-2002-04925-01[…]”.
82 Cfr. Folio 89 del cuaderno principal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

52

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

155. Además, la Sala advierte que en el recurso de apelación no se está
reprochando lo que el a quo analizó sobre la acumulación de pretensiones y su
inaplicación “[…] el acuerdo es un acto de carácter general por lo que esta Sala
considera que no es posible acumular dichas pretensiones bajo el Decreto 01 de
1984 – Código Contencioso Administrativo-, pues lo que se debió solicitar fue que
el mismo se inaplicará […]”, es decir, no lo cuestionó, por lo que no se hará ningún
pronunciamiento sobre el particular.

156. Aunado a lo anterior, la Sala no advierte que se haya vulnerado el artículo 66
de la Ley 388, toda vez que la parte demandante admitió en el escrito de demanda
que se recibió la oferta por parte del Municipio de Rionegro y el acto expropiatorio,
y no se advierte que se haya adelantado la sucesión del titular del bien (su padre) y
se hayan acercado al ente territorial para el efecto teniendo pleno conocimiento de
la actuación administrativa que se adelantaba, máxime si los actos se registraron
ante la Oficina de Instrumentos Públicos garantizando el conocimiento de la
actuación a terceros.

Por las razones expuestas, el cargo no prospera.

De la utilidad pública y urgencia manifiesta

157. La parte demandante adujo que la utilidad pública, urgencia manifiesta e
interés social para ampliar una vía terciaria en la finca Los Cocuyos debe
consignarse en el plan de desarrollo vigente al año 2007 aprobado por el Concejo
Municipal y no en el acto administrativo expropiatorio.

158. En el presente asunto, se pudo comprobar que no había urgencia de realizar
esa obra conforme al artículo 65 de la Ley 388 de 1997 y ni siquiera era necesario
expropiar ninguna faja de terreno en los términos del literal e del artículo 58 de la
Ley 388, dado que la vía beneficia solo al vecino y se contaba con otros terrenos
disponibles.

159. Al respecto, mediante Resolución núm. 2909 de 27 de octubre de 2006,
expedida por el alcalde del Municipio de Rionegro (Antioquia), se declaró de utilidad
pública o interés social la adquisición de una faja del predio identificado con la
matrícula inmobiliaria número 020-21904 de la Oficina de Instrumentos Públicos,
faja ubicada en el costado oriental de la finca “Los Cocuyos”, formando una "C"

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

53

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

invertida, cuyo origen se ubica en la parte baja del inmueble, en la intersección de
la vía que conduce a las veredas Abreo y Abreito con la vía hacia el Aeropuerto
José María Córdoba o en el otro sentido hacia el área urbana de Rionegro; se
accede por carretera pavimentada en un corto tramo que luego se transforma en
rieles de concreto en la parte más empinada del tramo, para continuar finalmente la
carretera en afirmado en buen estado. La faja de terreno está delimitada por un
cerco vegetal constituido por árboles de edad madura de pino, eucalipto y bambú y
cuenta con un área de ochocientos veintiún metros cuadrados (800.21 m2). El bien
inmueble es propiedad de Carlos Enrique Sanín Aguirre, identificado con cédula de
ciudadanía 524.824, según consta en la escritura Nro. 4.689 del 26 de noviembre
de 1986, Notaría 8 de Medellín – Antioquia con fundamento en lo siguiente:

“[…] A. Que en la misión del Municipio de Rionegro - Antioquia, en la implementación
del Estado social de Derecho Colombiano y escuchando el querer de la comunidad,
está el garantizar la conectividad y movilidad para asegurar el transporte y tránsito
necesarios en las actividades, que dan como beneficio, el bienestar socio -
económico y la calidad de vida en el ámbito de la redistribución de riqueza y el ingreso
para obtener la JUSTICIA SOCIAL (…)

C Que uno de los principales objetivos del Municipio de Rionegro, en la
implementación de los programas de movilidad y/o conectividad para la comunidad,
es apreciar e implementar las normas para mejorar todos los aspectos necesarios,
para el mejoramiento continuo, del transporte y tránsito, proyecto que se encuentra
contemplado dentro del Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial.

D. Que teniendo presente el principio del INTERES GENERAL e identificándose los
requerimientos de las comunidades de Abreito y Barro Blanco, Sector Alto de Vallejo,
lideradas por sus correspondientes Juntas de Acción Comunal en donde han
manifestado a las anteriores y actual Administración todo el apoyo, gestión y
colaboración para dar una solución al problema vial que se presenta en el camino
veredal y básicamente en el punto de intersección de ios dos ejes viales (Alto de
Vallejo)

E. Que desde hace varios años los vecinos de estos sectores han venido
presentando esta inquietud a la Administración Municipal, pues a partir de la
implementación del transporte público y los servicios de gas y recolección de
basuras, este camino veredal en dicho sector presenta grandes dificultades por su
grado de pendiente, por su estrechez, por el alto grado de deterioro en los rieles y
por las grandes dificultades de empalme con la vía principal, además estas
deficiencias de carácter técnico se agravan con el alto número de vehículos que están
circulando por este camino y las dificultades de maniobra en una zona con una
protección mínima […]”.

160. Conforme a lo expuesto, los motivos de utilidad pública para realizar la
expropiación fueron garantizar la conectividad y movilidad para asegurar el
mejoramiento del transporte y tránsito por petición de las juntas de acción comunal,
lo que está conforme a lo previsto en el artículo 63 de la Ley 388 al evidenciar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

54

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

condiciones de urgencia en concordancia con el artículo 58 ibidem para mejor la
infraestructura vial conforme al Plan de Desarrollo 2004-200783.

161. Por las razones expuestas, el cargo no prospera.

De la imposibilidad de adelantar la expropiación por la vía administrativa

162. La parte demandante adujo que no era viable realizar la expropiación de
naturaleza administrativa por ausencia de reglamentación legal en la materia con
base en un Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación84.

163. Al respecto, el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil85 fundamento
del argumento presentado en el recurso de apelación señala lo siguiente:

“[…] 2. Consulta
....

2.1 ¿Además de lo previsto en el art. 35 de la Ley 105 de 1993, es necesaria alguna
otra disposición normativa para que las autoridades administrativas a las que se
refiere dicha norma puedan adelantar la expropiación por vía administrativa de
inmuebles destinados a obras de infraestructura de transporte?

2.2 En caso de resultar suficiente la previsión del artículo citado ¿existe un
procedimiento aplicable a dicha expropiación?

2.3 En caso de existir ¿cuál sería este procedimiento?

(…)

LA SALA RESPONDE

1. Además de la autorización contenida en el artículo 35 de la Ley 105 de 1993,
decretar la expropiación administrativa con indemnización para la adquisición de
predios destinados a obras de infraestructura de transporte requiere un estatuto legal
que fije el procedimiento administrativo para llevarla a cabo.

2. En la actualidad no existe un procedimiento general aplicable a la expropiación por
vía administrativa. Las normas del Código Contencioso Administrativo, que
reglamentan las actuaciones administrativas, no son aplicables para adelantar dicho
procedimiento, por cuanto no contienen reglas para tramitar asuntos tales como la
oferta de compra, el monto de la indemnización y su forma de pago, indispensable
para llevar a término toda expropiación.

3. Ante la ausencia de un procedimiento aplicable no es posible ejecutar la previsión
contenida en el artículo 35 de la Ley 105 de 1993 porque las normas sobre
procedimiento no se pueden establecer por vía analógica o deducción.

83 Cfr. Folio 94 del cuaderno principal.
84 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: Roberto Suárez Franco. Concepto

de 2 de septiembre de 1996
85 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: Roberto Suárez Franco. Concepto

de 2 de septiembre de 1996

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

55

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

Transcríbase al señor Ministro de Transporte y Director del Departamento Nacional
de Planeación. Igualmente envíese copia a la Secretaría Jurídica de la Presidencia
de la República […]”.

En el salvamento de voto de la decisión se indicó lo siguiente:

“[…] El procedimiento aplicable a la expropiación por vía administrativa, se define en
las siguientes normas existentes:

Constitucionales, que señalan el debido proceso y el derecho de la defensa con la
posterior acción contencioso - administrativa, incluida la que resulte respecto al precio
(arts. 29 y 58).

Del orden legal, con la Ley 105 de 1993, donde se determinan las autoridades que
pueden decretarla: a nivel nacional, el Ministerio de Transporte y los gobernadores y
alcaldes en las respectivas entidades territoriales.

Esta ley además prevé procedimiento previo a la expropiación administrativa que
permite evitarla con la adquisición de los predios por vía directa o por delegación en
concesionarios o terceros para que la realicen (art. 34, inciso 1º ibidem).

La ley también determina los mecanismos para el cálculo del máximo valor a pagar
por los predios y las mejoras, de conformidad con las normas vigentes sobre la
materia, o mediante avalúos comerciales que se harán por firmas afiliadas a las lonjas
de propiedad raíz, con base en los criterios generales que determine para el efecto el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (art. 34, inciso 2º).

El Código Contencioso administrativo, contiene la regulación para la actuación de los
funcionarios reglamentada por vía general, donde señala que sus normas se aplicarán
a todos los órganos y dependencias del poder público (art. 1º, inciso 1º).

Citado por el consultante el Magistrado Libardo Rodríguez dice en su texto de
Derecho Administrativo que las reglas aplicables para el ejercicio de las competencias
por las autoridades, se rigen por los principios generales las cuales “se encuentran
contenidas en la primera parte del nuevo Código Contencioso Administrativo” (arts. 1
a 81).

Cuestión que también es reiterada por la Corte Constitucional cuando afirma:

“El Código Contencioso administrativo actualmente vigente contiene una relación
ordenada y sistemática de los procesos administrativos ...advierte el inciso 2 del
artículo 1º del Código que los procedimientos administrativos regulados por leyes
especiales se regirán por éstas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de
esta parte primera que sean compatibles, ...” (C - 252 de 1994).

Estos criterios conducen a la conclusión, según la propia Corte Constitucional, de que
el procedimiento administrativo debe contener normas que preserven el derecho de
defensa y el debido proceso y estas condiciones se cumplen plenamente en los
procedimientos generales.

Consecuencia de lo anterior es que existe un procedimiento aplicable a la
expropiación por vía administrativa, contenido en las disposiciones de procedimiento
general, de la parte primera del Código Contencioso Administrativo.

Las razones anteriores fundan mi discrepancia, especialmente las que asistieron al
constituyente para hacer válido el principio del interés general sobre el individual con

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

56

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

actuaciones y procedimientos expeditos como el administrativo para afectar la
propiedad individual en beneficio de la comunidad.

El procedimiento administrativo general para actuar en beneficio de dotar de vías a la
comunidad observa el respeto por el debido proceso, el derecho de defensa y el pago
de la correspondiente indemnización, todo lo cual impone su aplicación inmediata; lo
contrario sería desconocer uno de los principios fundamentales del Estado social de
derecho previsto en la nueva Carta Fundamental […]”.

164. Conforme a lo expuesto, la Sala advierte que el concepto fue proferido el 2
de septiembre de 1996, es decir, la normatividad vigente para el momento de la
consulta no es la misma para cuando se declaró la utilidad pública de la franja de
terreno (27 de octubre de 2006), se hizo la oferta de compra (7 de febrero de 2007)
y se declaró la expropiación del inmueble, momento para el cual se encontraba en
vigencia la Ley 388, que en el capítulo VIII reglamentó la expropiación
administrativa, normatividad86 a la cual dio aplicación la parte demandada en los
actos acusados, lo que desvirtúa el argumento planteado por la parte demandante.

165. En ese sentido, de la lectura de la Resolución núm. 2909 del 27 de octubre
de 2006, “Por la cual se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de
un inmueble” y de la Resolución núm. 3203 del 07 de febrero de 2007, “Por la cual
se inician las diligencias tendientes a la adquisición de un inmueble bajo el
procedimiento previsto para la expropiación por vía administrativa y se formula una
oferta de compra” en el que se realiza la declaración de urgencia, la Sala advierte
que se dio cumplimiento a lo previsto en los artículos 63 a 68 que reglamentan la
expropiación administrativa.

166. En ese orden, la parte demandada agotó el procedimiento vigente para
declarar el predio de utilidad pública o de interés común y adelantar la respectiva
expropiación administrativa, dado que realizó la declaración de urgencia, amparado
en el artículo 58 de la Ley 388, literal e, el cual dispone: “e) Ejecución de programas
y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo”.

167. En consecuencia, la Sala considera que la expropiación que opera para el
caso concreto es la administrativa, y que la parte demandada cumplió con todos los
requisitos para llevarla a cabo, debido a que la misma se hizo para el mejoramiento
de la movilidad de los ciudadanos, en especial de las veredas Abreo y Abreito, por
lo que se trata de un proyecto de infraestructura vial.

86 Artículos 63 a 68 de la Ley 388

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

57

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

Conclusiones

168. En suma, la Sala concluye que: i) la expropiación por la franja de terreno fue
pagada pero no ha sido reclamada; ii) no se causó ningún perjuicio con ocasión de
los actos acusados; iii) el avalúo del inmueble está conforme con la normatividad
sobre la materia; iv) se respetó el debido proceso a la parte demandante; v) las
normas vigentes permitían realizar la expropiación administrativa; y vi) se acreditó
la utilidad pública con ocasión de la cual se declaró la expropiación administrativa.
En consecuencia, se modificará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, de 13 de diciembre de 2013, en cuanto a que la Resolución núm. 3203
de 7 de febrero de 2007, expedida por el Alcalde del Municipio de Rionegro,
Antioquia, no es objeto de control, por lo que se declara la excepción de falta de
jurisdicción, y se confirmará en lo demás la sentencia proferida en primera instancia.

Condena en costas

169. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre la condena
en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que
no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará
en costas a la parte demandante, en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de 13 de diciembre de 2013, en cuanto a que la Resolución núm. 3203 de 7
de febrero de 2007, expedida por el Alcalde del Municipio de Rionegro, Antioquia, no es
susceptible de control, y en consecuencia DECLARAR probada la excepción de falta de
jurisdicción por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

58

Núm. único de radicación: 050012331000 2007-01551 01
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Aclara voto
Aclara voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.