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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00521-01

Expropiación administrativa: indemnización

Fecha
5 de agosto de 2021
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00521-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: REVOCAR la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2010-00521-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

5 de agosto de 2021

EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA – Indemnización / AVALÚO DE INMUEBLE – Determinación. Justificación / INCORRECCIÓN DEL AVALÚO OFICIAL – Prueba / LEGALIDAD Y DE CERTEZA DEL AVALÚO - Se presenta cuando el valor es incorporado al acto administrativo / CRITERIOS PARA DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE OBJETO DE EXPROPIACIÓN – Presunción de legalidad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[P]ara establecer el valor comercial del inmueble, objeto de expropiación, la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. tuvo en cuenta la descripción del inmueble, la evaluación del sector, las características de la construcción y su análisis, así como la evaluación técnica y la información jurídica, lo que permite establecer las condiciones intrínsecas y extrínsecas del inmueble objeto de la expropiación. Y pese a que no hizo referencia a los tipos de construcciones de la zona o del sector donde se encontraba el predio, lo cierto es que la Corporación Lonja Inmobiliaria, en el avalúo oficial, cumplió con especificar que había utilizado el “comparativo de mercado”, como método valuatorio, así como el valor comercial correspondiente a $289.573.400.oo, para lo cual tuvo en cuenta el valor del terreno, de construcción, zona dura y sótano, conforme lo preceptúa el artículo 20 del Decreto 1420. Para determinar el valor comercial del inmueble tuvo en cuenta: la norma urbanística vigente, esto es, la “UPZ 92 LA MACARENA TRATAMIENTO: RENOVACIÓN URBANA ÁREA DE ACTIVIDAD CENTRAL MODALIDAD: DE RECREACIÓN ZONA CENTRO TRADICIONAL núm. DE DECRETO 492-26/10/2007”; la destinación económica “actividad predominante residencial- comercial -industrial”; el valor unitario del terreno, de la construcción, de la zona dura y del sótano; los aspectos físicos, tales como el área del terreno, de la construcción, de la zona dura y del sótano; el estrato 3; su ubicación, es decir que se encontraba en la localidad de Santa Fe, barrio Bosque Izquierdo y que se trataba de un terreno en la manzana 25 A 4, con topografía plana y forma regular; que tenía acueducto-alcantarillado- energía eléctrica- teléfono alumbrado público, como servicios públicos domiciliarios, vías de acceso del sector, por la Calle 26 Transveral 3 y servicio de transporte público; que la construcción constaba de 5 apartamentos, con 22 alcobas, 5 salas, 5 cocinas, 5 lavaderos, 5 comedores, 11 baños, 1 sótano en su distribución interior, con un estado de conservación regular, una edad o vida útil económica de 49 años, y una funcionalidad buena, como lo exigen los artículos 21 y 22 del citado Decreto 1420, lo que demuestra que el avalúo oficial si cumplió con determinar los criterios para la elaboración de los avalúos, establecidos en los artículos 20, 21 y 22 del Decreto 1420. Al respecto, vale la pena aclarar que en atención a que el avalúo practicado por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. fue incorporado en la motivación de los actos acusados, también se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza, que se predica de las decisiones definitivas de la Administración, […] De tal manera que los criterios o consideraciones tenidos en cuenta para establecer el valor comercial del inmueble objeto de expropiación, gozan de presunción de legalidad, al no ser desvirtuados por la parte actora, a pesar de corresponderle dicha carga, pues, en modo alguno demostró que los fundamentos expuestos por la entidad demandada en los actos acusados fueran falsos, errados o inconsistentes. En efecto, la parte demandante no logró demostrar, con las pruebas obrantes en el proceso, cuáles fueron los aspectos de la ubicación del inmueble expropiado y los tipos de construcciones de la zona donde se encontraba el mismo, que omitió valorar el avalúo oficial, que aportaban un valor adicional y llevaban a desvirtuarlo. Ello, en razón a que los avalúos allegados al proceso, esto es, los elaborados por la Arquitecta CARMENZA QUINTERO y el Perito CARLOS MANUEL GUEVARA CALDERÓN, presentaron falencias, puestos de manifiesto por el a quo, que impidieron que estimara su valor probatorio.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1420 DE 1989 – ARTÍCULO 20 / DECRETO 1420 DE 1989 – ARTÍCULO 21 / DECRETO 1420 DE 1989 – ARTÍCULO 22

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-24-000-2010-00521-01

Actor: CARLOS MARTÍN YAYA MARTÍNEZ Y OTROS

Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. NO OBRA EN EL EXPEDIENTE MEDIO PROBATORIO ALGUNO QUE PERMITA DEMOSTRAR QUE EL AVALÚO FIJADO POR LA ADMINISTRACIÓN FUE INCORRECTO, RAZÓN POR LA CUAL NO SE LOGRA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD QUE AMPARA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS QUE ACOGIERON ESE AVALÚO. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU, en adelante IDU, contra la sentencia de 11 de septiembre de 2014, proferida por la Sección Primera, Subsección C, en Descongestión, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1. El señor CARLOS MARTÍN YAYA MARTÍNEZ, actuando en nombre propio y en representación de los señores MARÍA ESTHER YAYA MARTÍNEZ, JORGE ARMANDO YAYA MARTÍNEZ, JULIO ALFONSO YAYA MARTÍNEZ, VICTOR MANUEL YAYA MARTÍNEZ, LEÓN DAVID YAYA NARVAEZ, JOSEFINA YAYA MARTÍNEZ, CARMEN ALCIRA YAYA MARTÍNEZ, SANDRA JANEDT YAYA AGUILAR, LUIS MIGUEL YAYA AGUILAR, MYRIAM CECILIA YAYA AGUILAR, CAMPO EDUARDO YAYA MARTÍNEZ y PEDRO NEL YAYA MARTÍNEZ, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tendiente a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

1ª. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a) La Resolución núm. 4315 de 27 de octubre de 2009, “Por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa”, expedida por la Directora Técnica del IDU.
b) La Resolución núm. 5597 de 15 de diciembre de 2009, “Por cual se resuelve un recurso de reposición”, emanada de la mencionada funcionaria.

c) La Resolución núm. 360 de 18 de febrero de 2010, “Por la cual se modifica la Resolución 4315 del 27 de octubre de 2009 por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa”, expedida por la misma Directora Técnica.

d) La Resolución núm. 970 de 6 de abril de 2010, “Por la cual se aclara la Resolución 4315 del 27 de octubre de 2009 y su modificatoria núm. 360 del 18 de febrero de 2010 “Por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa”, emanada de la funcionaria en mención.

2ª. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene al IDU realizar a la entidad competente un nuevo avalúo comercial del inmueble ubicado en Bogotá, en la Calle 25 A núm. 4-79, matrícula inmobiliaria núm. 50C-550-785 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, identificado con la cédula catastral A26 4-15, Código Chip AAA0087NMEOE, para que, por tanto, se eleve el precio total del predio, tanto en el terreno como en las construcciones y mejoras existentes en el mismo, teniendo como base mínima el avalúo presentado por la Arquitecta CARMENZA QUINTERO CASTAÑEDA, el cual asciende a la suma de $1.155.698.323.

3ª. Que se ordene al IDU pagar el inmueble en referencia, tanto en su terreno, como en sus construcciones, en suma superior a los $1.155.698.323.

4ª. Que se condene al IDU, con base en ese nuevo avalúo, a pagar el inmueble expropiado administrativamente, a prorrata por cada uno de los propietarios en la forma como lo determinó la misma demandada, en las resoluciones acusadas, teniendo en cuenta para tales fines la cesión de los derechos realizados por los señores LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, HÉCTOR FERNANDO RODRÍGUEZ MÉNDEZ y JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ MÉNDEZ, en favor de todos los demandantes en este proceso, de conformidad con la transacción que en septiembre de 2010 fue allegada al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso divisorio núm. 110013103006200300630, promovido por ESTHER MÉNDEZ VIUDA DE RODRÍGUEZ contra herederos indeterminados de MARÍA LUISA MARTÍNEZ VIUDA DE YAYA.

5ª. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido en el artículo 176 del CCA.

6ª. Que si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses comerciales y moratorios, conforme lo ordena el artículo 177 del CCA.

7ª. La condena respectiva será actualizada, según lo previsto en el artículo 178 del CCA, aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la fecha de expropiación del inmueble hasta la ejecutoria de la sentencia que le ponga fin a este proceso.

8ª. Condenar en costas a la entidad demandada.

I.2. La parte actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes hechos:

1º. Señaló que el IDU realizó una expropiación del inmueble, ubicado en la Calle 25 A núm. 4-79, centro, de la ciudad de Bogotá D.C., por la construcción de TRANSMILENIO Fase 3, a través de las resoluciones núms. 4315 de 27 de octubre de 2009, 5597 de 15 de diciembre de 2009, 360 de 18 de febrero de 2010 y 970 de 6 de abril de 2010, por un precio indemnizatorio señalado de $292.459.491, basándose en el avaluó AV-572-08-38230 IDU 04-07, elaborado por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. que, a juicio de la parte actora, no contiene los elementos previstos en la Ley, tales como ubicación, extensión, forma de terreno, valor del metro cuadrado y de construcción en el sector y sobre todo lo establecido en la Ley 388 de 18 de julio de 1997 y en el Decreto 1420 de 24 de julio de 1998.

2º. Agregó que los artículos 66 y 61 de la Ley 388 disponen que la expropiación por vía administrativa debe contenerse en un acto administrativo, que se notificará al titular del derecho de propiedad sobre el inmueble, constituyendo oferta de compra tendiente a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria con indicación del valor del precio indemnizatorio igual al avalúo comercial, destacando que se faculta al titular del derecho de dominio a presentar medios probatorios idóneos para determinar la indemnización respectiva.

3º. Indicó que con fundamento en el artículo 2º del Decreto 1420, el costo comercial de un inmueble se entiende como el precio más favorable, por el cual se transaría en el mercado, siendo el Instituto Agustín Codazzi, en adelante IGAC, o la entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz, las competentes para realizarlos.

4º. Que las intervenciones de renovación urbana de Bogotá, principalmente en el centro de la ciudad, aumentaron los valores, más aún después de la reglamentación de la Operación Estratégica del Centro y del Plan Zonal del mismo.

Así, el suelo para el comercio en el Centro Internacional (entre calles 26 y 33, carrera 7ª y Avenida Caracas) recuperó su valor en 31,36% anual, pues pasó de $750.000 a $1.700.000 por metro cuadrado, en los últimos tres años.

Que algo similar sucedió en los alrededores de la sede de ECOPETROL, donde un metro de terreno— sin incluir construcción— que estaba en $ 550.000 se elevó a $1.200.000 (29,7 % más cada año). En el Eje Ambiental, las obras de peatonalización y de TRANSMILENIO tuvieron en cuenta valores de $730.000 a $1.400.000.

Para el efecto, trajo a colación los precios comerciales de los barrios Bosque Izquierdo, La Macarena, La Perseverancia, Samper, San Diego, San Martín, a junio de 2009, según la Revista Metro Cuadrado.

5º. Señaló que el IDU, a través de la Lonja de Bogotá, el 18 de junio de 2008, avaluó la totalidad del inmueble, el cual tiene más de 700 Mts2, en la suma de $289.573.400.oo, cuando su estimación real actual es superior a los 4 mil millones de pesos, máxime que el inmueble está ubicado en la zona más céntrica de la ciudad: Calle 25 (Av. El Dorado) y Calle 25 A con carrera 5ª, a la altura del puente curvo, que une a la carrera 5ª con la carrera 3ª, sector donde se están construyendo edificios de gran importancia, cerca de la Biblioteca Nacional y a varias universidades, tales como la Tadeo Lozano y la Central, en el cual existe un extra plan distrital, que le inyectará millones y millones de pesos, para dejarlo como ejemplo de ciudad, tal y como lo publicó el Diario El Tiempo, en ediciones pasadas.

Que en varios de los procesos que se llevaron a término con motivo de la devastación de la Calle del Cartucho, existen avalúos en firme, por los cuales pagó la entidad demandada el metro cuadrado de terreno a valor superior a los $17.000.000; y que algunos de esos procesos cursaron en el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, los cuales podrían ser tenidos en cuenta en este proceso.

6º. Añadió que no fue tenido en cuenta el avalúo rendido por la Arquitecta CARMENZA QUINTERO CASTAÑEDA, que arrojó un valor total de $1.155.698.323,00.

7º. Sostuvo que interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm. 4315 de 27 de octubre de 2009, que acogió el avalúo presentado por la Lonja de Bogotá, en el que ampliamente se discutió la inconformidad y nuevamente se solicitó su elaboración.

8º. Mediante Resolución núm. 5597 de 15 de diciembre de 2009, el IDU resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la antes citada resolución.

I.3. En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de los artículos 29 y 28 de la Constitución Política; 61, 67, 68 y 70, numerales 2 y 4, de la Ley 388; 2°, 21, numerales 2 y 8, 25 y 26 del Decreto 1420 de 24 de julio de 1998; 1°, 2°, 3°, 10°, 11, 12, 15 y 17 de la Resolución núm. 762 de 23 de octubre de 1998; y 84 del CCA.

En síntesis, adujo los siguientes cargos de violación:

PRIMER CARGO

Señaló que se violó el debido proceso, dado que la decisión de expropiación por vía administrativa no produjo efecto alguno, por lo que el IDU debe surtir nuevamente el proceso administrativo, por no haber puesto a disposición de la expropiada, a partir de la expedición de la Resolución núm. 5597 de 15 de diciembre de 2009, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición, los valores y “documentos de deber” dentro del término perentorio de 10 días, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la decisión de expropiación, conforme a los numerales 2 y 4 del artículo 70 de la Ley 388.

Indicó que el IDU consignó al Juzgado 6º Civil del Circuito de Bogotá, fuera del término de la orden de pago, lo que impidió a los afectados recibir ese dinero oportunamente y así evitar perjuicios y desvalorización de la moneda colombiana.

SEGUNDO CARGO

Expresó que la elección del método del avalúo no puede reducirse a un simple acto discrecional, ya que el artículo 25 del Decreto 1420 y la Resolución núm. 762 de ese año establecen 4 métodos sin dar prevalencia sobre alguno, esto es, de comparación o de mercado, de capitalización o rentas de ingreso, de costo de reposición y la técnica residual.

Alegó que el evaluador utilizó el método comparativo de mercado sin dar explicación sobre su pertinencia o conveniencia técnica, lo que demuestra que obedeció a un criterio arbitrario, subjetivo y discrecional; y que, además, no tuvo en cuenta elementos de devaluación tan importantes como: forma, tamaño del inmueble, accesibilidad, visibilidad, su frente sobre las vías, ubicación en el centro de la ciudad, cerca de todo y a grandes obras estructurales de desarrollo y empuje vigente, estratos sociales cercanos 5 y 6 que implican un mayor valor.

Adujo que el método de mercado es aquel en el que el valor comercial del inmueble se establece a partir de las ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes y comparables al inmueble objeto del avalúo.

Anotó que en este caso no se hizo mención a estudios, clasificaciones o interpretaciones de ofertas o transacciones recientes, por lo cual se infiere que estas no se realizaron y si se llevaron a cabo nunca fueron dados a conocer a la parte interesada para que ejerciera su derecho de defensa.

Afirmó que el avalúo elaborado no sigue la discriminación prevista en el artículo 12 de la Resolución núm. 762, lo que imposibilita conocer si en el mismo se fijó correctamente el valor del costo total para construir a precios de hoy, como nuevo, un bien semejante al del objeto de estimación.

Manifestó que el IDU está confundiendo una compraventa con una expropiación administrativa, en la que se debe reconocer como indemnización justa un precio comercial determinado, teniendo en cuenta la destinación económica del bien.
Que en forma arbitraria y abusiva acogió un precio inferior al 50% del valor real del inmueble, cuya expropiación se pretende, con lo cual se desconocieron normas de rango constitucional, que garantizan la propiedad privada y los derechos adquiridos, de acuerdo con las leyes civiles.

Advirtió que el artículo 61 de la Ley 388 dispone el monto de adquisición del bien será igual al valor comercial fijado por el IGAC o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo señalado por el Decreto Ley 2150 de 5 de diciembre de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el Gobierno Nacional.

Que el valor comercial se hallará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital, vigente al momento de la oferta de compra, en relación con el inmueble a adquirir y, en particular, con su destinación económica.

Explicó que cuando se apliquen uno o más de los métodos indicados, el avaluador sustentará las razones y el monto respectivo, toda vez que la finalidad es fijar el costo comercial del bien.

Sostuvo que los avalúos deben contener la revisión de los documentos suministrados por la entidad peticionaria, información adicional que se requiere para la identificación del bien, el reconocimiento del terreno, fotos que permitan visualizar las características más importantes del mismo, entre otros.

Que, así mismo, ha de tenerse en cuenta que para una mejor identificación de la propiedad el IGAC recomienda una consulta de las zonas homogéneas físicas, las cuales pueden suministrar información sobre el valor potencial, clima, vías, usos del suelo del inmueble, etc.

Consideró que como la estimación presentada por la Lonja Inmobiliaria se hizo de acuerdo con el método comparativo de mercado, la Resolución 762 es clara al establecer que de efectuarse el avalúo conforme al mismo, se debe hacer mención explícita del medio del cual se extrajo y la fecha de publicación de las ofertas y de los demás factores que permitan su identificación.

TERCER CARGO

Señaló que al momento de emitirse la resolución, que aprobó el avalúo final, tuvo en cuenta valores de fecha muy superiores al año, en que se practicó la estimación cuestionada, con lo cual contrarió lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 1420, que señala que la validez del avalúo es de un año, contado a partir de la fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la impugnación o revisión.

CUARTO CARGO

Expresó que dentro del precio indemnizatorio no se reconoció el valor correspondiente a la reparación del daño emergente y del lucro cesante, como perjuicios materiales.

Que para que una indemnización sea justa se le debe dar al afectado una compensación reparatoria, que comprende los daños ocasionados, y los demás perjuicios causados que deberán ser indemnizados de acuerdo con la valoración individual de cada caso, teniendo en cuenta los intereses de la comunidad y del expropiado.

Indicó que dentro de los anexos no se encuentran los documentos aportados por la entidad, ni los solicitados por la Lonja, ni las fotos que permitan establecer las características del inmueble para su avalúo, entre otros documentos, tal y como lo establecen los artículos 6º, 7º y 8º de la Resolución IGAC 762.

Alegó que como se aplicó el método de mercado, no se hizo mención explícita de los medios de los que se extrajeron las ofertas, tal y como lo establece el artículo 10º de la Resolución núm. 762; y que tampoco se discriminaron en la estimación pericial todos los capítulos correspondientes a la construcción, previstos en el artículo 12 de la Resolución 762, para la aplicación del método de reposición.

QUINTO CARGO

Adujo que el avalúo presentado por la Arquitecta CARMENZA QUINTERO CASTAÑEDA no fue impugnado, de manera que es una prueba conducente y pertinente, a la cual se le debe dar la valía real en su momento procesal, no obstante, no fue tenido en cuenta por el IDU, que solo se limitó a atender lo expresado por la Lonja de Bogotá, pese a que se contaba con el derecho para aportar las pruebas necesarias para su cuantificación.

Sostuvo que al hacer la comparación de estos dos avalúos, es decir, el realizado por la Lonja de Bogotá en el año 2008, con el presentado por la Arquitecta en mención, existe una gran diferencia de más de $866.124.923.

Afirmó que la demandada se equivocó al no tener en cuenta el estudio allegado por el particular expropiado, pues el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, en adelante CPC, es claro al establecer que los documentos privados de contenido declarativo se apreciarán por el Juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria lo solicite.

Mencionó que el avalúo presentado por la Lonja Inmobiliaria no cumple con los parámetros señalados en el Decreto núm. 1420 y en la Resolución núm. 762.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El IDU, mediante apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

Que sus actuaciones se han realizado conforme a las competencias y atribuciones establecidas en la ley y de acuerdo con las prioridades fijadas con arreglo a la planeación pública y a la disponibilidad de recursos de orden presupuestal.

Propuso las siguientes excepciones:

-ACTUACIÓN DEL IDU EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA.

Reseñó el marco legal de la adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública, los insumos técnicos y jurídicos previos que sustentan la citada actuación, lo relacionado con el anuncio del proyecto creado mediante el Decreto Distrital núm. 190 de 2004, el esquema legal de la negociación voluntaria y el esquema legal de la adquisición por expropiación por vía administrativa.

Precisó respecto al inmueble, objeto de expropiación, que mediante la Resolución núm. 2801 de 8 de agosto de 2008, se determinó su adquisición por el procedimiento de expropiación administrativa y que esta fue dirigida a MARÍA LUISA VIUDA DE YAYA, LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ MÉNDEZ y ESTHER MÉNDEZ VIUDA DE RODRÍGUEZ.

Posteriormente, hizo un recuento del procedimiento adelantado que dio lugar a la expedición de los actos acusados.

Expresó que la petición de la parte actora de declarar la nulidad de los actos acusados no es de recibo, porque el avalúo elaborado sobre el inmueble, objeto de expropiación, se ajusta a lo previsto en la Ley 388, el Decreto 1420 y la Resolución 620.

Que para la determinación de adquisición del inmueble se utilizó la metodología de comparación de mercado, que busca establecer el valor comercial del inmueble a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes de bienes similares o comparables de la ciudad.

Que se han mantenido unas zonas homogéneas geoeconómicas, que determinan el valor por metro cuadrado de terreno, de acuerdo con las características del sector, en cuanto a la topografía, normas urbanísticas, servicios públicos domiciliarios, redes de infraestructura vial, tipología de las construcciones, áreas morfológicas homogéneas y la estratificación socioeconómica.

Que, en el estudio comercial del inmueble, en el presente caso se tuvieron en cuenta todos los factores y características propias del mismo, además de que la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá apreció en su totalidad la norma urbanística e igualmente se basó en lo previsto en la Ley 388, Decreto 1420 y la Resolución IGAC 620.

Que los parámetros bajo los cuales, el avaluador elaboró el avalúo comercial son los contenidos en los artículos 21 y 22 del Decreto 1420.

-AVALÚO PRACTICADO POR LA LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ AJUSTADO A LAS NORMAS LEGALES.

Sostuvo que, en el presente caso, en el estudio comercial del inmueble se tuvieron en cuenta todos los factores y características propias del mismo. Además, la Corporación Lonja de Bogotá observó, en su totalidad, la norma urbanística.

Aclaró que el predio en cuestión se encuentra ubicado en el sector aledaño al barrio Bosque Izquierdo, pero no es procedente compararlo con los montos determinados en la zona, debido a que no posee las mismas características de ubicación, ya que su acceso no es el mejor, aunado a que la zona aledaña es insegura y no posee las condiciones de ubicación, ni constructivas de los inmuebles localizados en tal sector.

Advirtió que a la propiedad, por ser esquinera, se le dio un 10% de más sobre el valor de sus colindantes, los que fueron determinados por la firma avaluadora en la suma de $350.000 para medianeros y $385.000 para esquineros, como está anotado en el informe técnico de avalúo núm. AV-572-08-38230.

Manifestó que para la determinación del precio de adquisición de construcción se utiliza la metodología avaluatoria del costo reposición depreciado, la que busca establecer el precio total para construir a importes de hoy, un bien semejante al del objeto del avalúo, para luego restar la depreciación por vetustez, estado de conservación y utilidad. De esta manera, el valor por metro cuadrado de construcción para el inmueble depende de varios parámetros y criterios.

Adujo que no es de recibo la petición de la parte actora, en el sentido de hacer valer el avalúo de la Arquitecta CARMENZA QUINETERO CASTAÑEDA, porque, en primer lugar, la estimación requerida dentro del proceso expropiatorio debe ser solicitado por la entidad y no por el propietario del inmueble a confiscar, de acuerdo con los lineamientos fijados en el Decreto 1420, es decir, con la entidad contratada para ello; y que se debe encontrar inscrita en la Lonja Inmobiliaria, en este caso, el avalúo fue realizado por la Lonja de Bogotá. En segundo lugar, dentro del material probatorio aportado por el solicitante, no se acredita la inscripción de la profesional independiente como avaluadora en la Lonja de Propiedad Raíz, tal y como se exige en el artículo 23 del citado decreto.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 11 de septiembre de 2014, la Sección Primera, Subsección “C”, en Descongestión, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró la nulidad de las resoluciones núms. 4315 de 27 de octubre de 2009, 5597 de 15 de diciembre de 2009, 360 de 18 de febrero de 2010 y 970 de 6 de abril de 2010, mediante las cuales el Director Técnico de Predios del IDU ordenó la expropiación por vía administrativa del inmueble ubicado en Bogotá, en la Calle 25 A núm. 4-79 y resolvió un recurso de reposición.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ordenó al IDU disponer la elaboración de un nuevo avalúo comercial del citado inmueble, atendiendo los lineamientos contenidos en los artículos 20, 21 y 22 del Decreto 1420, la Resolución núm. 620 y la Ley 388 y el pago del nuevo valor del precio indemnizatorio a prorrata para cada uno de los propietarios en la forma determinada en las resoluciones anuladas, descontando la suma de $292.459.491.

Advirtió al IDU que al expedir las resoluciones de expropiación respectivas y la correspondiente orden de pago, tenga en cuenta la cesión de los derechos realizados por los señores LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, HÉCTOR FERNANDO RODRÍGUEZ MÉNDEZ y JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ MÉNDEZ, en favor de todos los demandantes en este proceso, por concepto de transacción dentro del proceso divisorio núm. 1100131006200300630 de ESTHER MÉNDEZ VIUDA DE RODRÍGUEZ contra herederos indeterminados de MARÍA LUISA MARTÍNEZ VIUDA DE YAYA.

Los argumentos que sirvieron de fundamentó para que el a quo fallara en ese sentido, se resumen, así:

Luego de hacer un recuento sobre la normativa que regula la expropiación por vía administrativa y pronunciarse sobre las excepciones propuestas por la entidad demandada, que no prosperaron, se refirió al primer cargo, indicando que éste no tenía vocación de prosperidad.

Manifestó que la Ley 388, en su artículo 70, no señaló término alguno para que el IDU cumpliera con la obligación de poner a disposición del particular expropiado, ya sea el valor total correspondiente o el porcentaje del precio indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de deber respectivos, según sea el caso, sino que previó que se efectuara de manera inmediata.

Que, sin embargo, la citada ley anotó que si el interesado no retira dichos valores o los documentos de deber dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad financiera para el efecto, dentro de los 10 siguientes, a órdenes del afectado.

Trajo a colación la sentencia C-1074 de 4 de diciembre de 2002, proferida por la Corte Constitucional, en la que se dijo que si el particular “no retira esos valores y documentos de deber dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria”, la entidad expropiante pondrá a disposición del particular el precio indemnizatorio en la entidad financiera autorizada para el efecto y entregará copia de la consignación al Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre el inmueble, a fin de acreditar el pago formal de la indemnización.

Que, efectuado el registro de la decisión, la entidad podrá exigir la entrega material del bien, según lo establece el numeral 3 del artículo 70 de la Ley 388.

Observó que no es dable a la parte actora imputarle responsabilidad al IDU por supuestamente infringir el término de 10 días, establecido en los numerales 2 y 4 del artículo 70 de la Ley 388, cuando no demostró que la Administración Distrital omitió poner a su disposición, de manera inmediata, el valor de la indemnización o los documentos referidos, según el caso; y porque se evidencia que el citado término, como se deprende de la norma en referencia, obliga a la Administración cuando es el administrado quien no ha retirado la suma consignada o los documentos soportes que garanticen el pago diferido.

Aclaró que en cumplimiento de la norma en cita y ante la renuencia del particular expropiado de retirar la suma de dinero o la documentación referida, dentro del lapso dispuesto legalmente para ello, la entidad demandada, a través de la Tesorera General de TRANSMILENIO SA, informó al Presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del artículo 70 de la Ley 388, remitía fotocopia del recibo de la consignación efectuada el 20 de mayo de 2010, en el Banco Agrario de Colombia, por concepto de expropiación del IDU del precio objeto de expropiación, por valor de $292.459.491.

Consideró que el IDU no violó las disposiciones legales invocadas ni vulneró el derecho al debido proceso de la parte actora.

En cuanto al segundo cargo, después de traer a colación las normas de la Ley 338, así como del Decreto 1420 y de las resoluciones 762 y 620 de 23 de septiembre de 2008, expedidas por el IGAC, sobre la expropiación administrativa, señaló que este cargo tenía vocación de prosperidad y que se abstenía de realizar el estudio de las demás argumentaciones de la Litis.

Afirmó que según consta en el Informe Técnico de Avalúo de la Lonja Inmobiliario de Bogotá DC., el IDU utilizó la metodología valuatoria, denominada “comparativo de mercado”, para la adquisición del predio objeto de expropiación.

Manifestó que al incorporarse el valor del avalúo en el texto de los actos administrativos demandados, debe entenderse que este se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la Administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario.

Que, en tales condiciones, el demandante tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo es equivocado, acreditando precisamente su incorrección.

Anotó que el avalúo, realizado por la Cámara de la Propiedad Raíz-Lonja Inmobiliaria, utilizó el método de mercado, del que se infiere que se tuvo en cuenta la comparación de precios con los inmuebles de condiciones similares, se consultaron valores en revistas especializadas, estudios de oferta y demanda de edificaciones, pero no se allegaron los soportes de dicha investigación.

Trajo a colación la sentencia de 14 de mayo de 2009, proferida por la Sección Primera, en la que se precisó que debe entenderse que el avalúo oficial se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario.

Precisó que, conforme a la antes citada sentencia, la presunción de legalidad admite prueba en contrario, que permite probar la inexistencia de un hecho o derecho; en este sentido, si llega a demostrar o a probar que uno o varios de los elementos del acto en verdad no responden a la preceptiva legal sobre el mismo, se desvirtúa dicha presunción y el acto deviene en nulo.

Que concernía a la parte actora comprobar que el valor comercial del bien no estaba ajustado a los parámetros y criterios expuestos en el Decreto 1420 y demás normas concordantes y que, por tanto, el precio no se acompasaba con la realidad jurídica del inmueble, razón por la cual advirtió que “[…] se obliga a la Sala a observar otros dictámenes allegados en la vía gubernativa como en esta actuación jurisdiccional, para que luego de su cotejo, se pueda colegir con certeza la veracidad o censura de los cargos de demanda en lo que al avalúo se refiere […]”.

Con respecto al avalúo, efectuado, en la vía gubernativa, por la Arquitecta CARMENZA QUINTERO CASTAÑEDA, indicó que utilizó el método comparativo de mercado, que reveló las fuentes de los datos con los cuales se llegó al cálculo del valor del metro cuadrado, pero que hizo referencia al valor del metro cuadrado en un estrato 6, cuando el inmueble objeto de expropiación es de estrato 3.

Que dicho avalúo señaló que el valor de venta del lote, que quedaba al frente del edificio expropiado, ascendió a la suma de $170.000.000, teniendo aquella un área inferior y sin estar construida; sin embargo, la información sobre ese valor la obtuvo de un vecino, del cual no indicó nombre, ni por qué tenía conocimiento de dicho valor, ni de dónde obtuvo tal dato.

Que, por tal razón, estimó que el estudio realizado por la Arquitecta en mención no posee la contundencia alegada por la parte demandante y que no logra desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo efectuado por la Inmobiliaria de Bogotá, soporte de los actos acusados.

Frente al avalúo, elaborado, en la vía judicial, por el Perito CARLOS MANUEL GUEVARA CALDERÓN, destacó que en este se explicaron las razones por las cuales se consideraba que el avalúo, que fundamentó los actos acusados, estaba errado, pero que no se indicó de manera específica el método empleado para su realización.

Que se denota subjetividad en las consideraciones finales del trabajo del Perito, al resaltar que la supuesta negligencia técnica y operativa del IDU al elaborar el informe técnico, objeto de estudio, se debió además al titular de la máxima autoridad del Distrito en ese momento, sin demostrar el nexo de causalidad entre este hecho y la labor desarrollada por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá, por manera que tampoco es apto para reemplazar el estudio efectuado por ésta.

Expresó que de las sumas relacionadas en los avalúos antes mencionados, se infiere que la diferencia encontrada en el informe pericial, fundamento de los actos acusados ($292.459.491), con relación a los estudios efectuados en la vía gubernativa ($1.155.698.323.60) y judicial ($1.613.658.125.00) es “[…] insondable, de lo que se colige la afrenta cierta que constriñe la idea de que la indemnización se debe hacer con la mayor exactitud posible en cobertura de todos los componentes del mismo, de acuerdo con el método utilizado [...]”.

Que la divergencia entre estos últimos avalúos es menos distante, pero presentan falencia, lo que impide que su valor probatorio sea estimado de manera íntegra.

Consideró:
“[…] No obstante lo anterior, la Colegiatura constata que, analizados los avalúos practicados, esto es, el presentado por la Arquitecta Quintero y el aducido por el perito Carlos Manuel Guevara Calderón, salta a la vista que la Lonja Inmobiliaria de Bogotá pasó por alto los parámetros y criterios para la elaboración de avalúos, contenidos en los Artículos 20, 21 y 22 del Decreto 1420 de 1998 anteriormente citados, al omitir analizar aspectos como la ubicaciones del inmueble expropiado y los tipos de construcciones de la zona donde se encontraba, los cuales aportaba un valor adicional mismo.

Se colige de lo expuesto, que el Estado cuenta con la potestad de limitar el derecho de propiedad, a través de la figura de la expropiación siempre y cuando se apegue a los requisitos que la ley exige y reconozca la indemnización justa al particular que se ve afectado, demostrándose en el presente asunto que la entidad accionada no cumplió con lo estipulado en la normatividad vigente sobre la materia, razón por la cual, las pretensiones de la demanda, en este sentido, tienen vocación de prosperidad […]”.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El IDU fincó su inconformidad, en esencia, así:

Señaló que el avalúo comercial practicado sobre el inmueble, objeto de expropiación, fue realizado por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá y se ajusta a lo establecido en la Ley 388 y en el Decreto 1420, que constituyen, entre otros, la normativa aplicable a la expropiación ordenada y realizada por el IDU.

Anotó que la expropiación del referido inmueble no se hizo sobre un único predio; que obedeció al cumplimiento de las normas pertinentes, tales como los artículos 29 y 58 de la Constitución Política, del Código de Procedimiento Civil, CCA, de la Ley 388; de la Ley 9ª de 11 de enero de 1989, del Decreto 1420, Resolución 620 y del Plan de Ordenamiento Territorial.

Indicó que el citado predio se halló dentro de un conjunto de predios o inmuebles a expropiar por vía administrativa, en cumplimiento del Decreto 317 de 19 de julio de 2007, por el cual el Alcalde Mayor de Bogotá declaró las condiciones de urgencia por razones de utilidad pública e interés social, en la adquisición de los inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos viales y de espacio público, entre los cuales se encuentra la obra Troncal de Transmilenio Avenida Jorge Eliécer Gaitán (Calle 26), que se extiende desde la carrera 3ª con calle 19.

Que las características del sector, en el que se encuentra localizado el inmueble expropiado, sí fueron tenidas en cuenta al momento de realizar el avalúo del predio. Es así como se mantuvieron unas zonas homogéneas geoeconómicas, que permitieron determinar el valor por metro cuadrado de terreno, de acuerdo, entre otras, a las características del sector, a las topografías, a las normas urbanísticas, servicios públicos domiciliarios, redes de infraestuctura vial, tipología de las construcciones, áreas morfológicamente homogéneas y la estratificación socioeconómica.

Destacó que el avalúo contó con todos los elementos legales requeridos para llevar a una conclusión precisa sobre el valor del bien inmueble expropiado.

Expresó que, al contrario de lo señalado en el fallo de primera instancia, en la elaboración del avalúo sí se tuvieron en cuenta los parámetros legales consignados en el Decreto 1420, en sus artículos 2º, 21 y 22.

Afirmó que el artículo 164 del Código General del Proceso señala que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, y que el artículo 167 ibídem, establece que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que señalan el efecto jurídico que ellas persiguen.

Alegó que atendiendo a los considerandos de la sentencia apelada, la parte demandante no probó las presuntas falencias que, a su juicio, tenía el avalúo realizado por la Corporación Lonja de Inmobiliaria, sustento del precio pagado por el IDU.

Explicó que los dos dictámenes posteriores, es decir, el realizado por la Arquitecta QUINTERO y por el Perito CARLOS MANUEL GUEVARA CALDERÓN, tienen serias imprecisiones, que fueron advertidas por el Tribunal de primera instancia y que no lograron desvirtuar el avalúo aportado por la entidad demandada. Y que no es dable al a quo subsanar los yerros o defectos probatorios, en que incurrió la parte actora en el presente caso.

Precisó, sobre las características del predio avaluado inicialmente, que se logró probar que el mismo se encuentra ubicado en el sector aledaño al barrio Bosque Izquierdo, pero no es procedente compararlo con los valores determinados en la zona, debido a que no posee las mismas características de ubicación, ya que su acceso no es el mejor y la zona aledaña es insegura, además de que no posee las condiciones de ubicación ni constructivas de los inmuebles localizados en este sector.

IV.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Una vez concedida la apelación por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esta Corporación, por auto de 4 de febrero de 2015, la admitió y, mediante providencia de 14 de abril de 2015, dispuso correr traslado a las partes para alegar de conclusión, y al Ministerio Público, para que, si así lo estimaba, emitiera su concepto.

V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

• La parte actora, en su escrito de alegatos de conclusión solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, para lo cual adujo que la demandada no podía estar a cargo de un nuevo avalúo, dado que ello escaparía del control judicial y permitiría que la administración tuviera la facultad de decidir sobre el restablecimiento del derecho que le corresponde al juez.

Destacó que el dictamen debe ser necesariamente practicado por un tercero, esto es, una persona que no sea parte dentro del proceso, pues debe rendirse con absoluta transparencia e imparcialidad, lo cual no se alcanzaría si se permite que esas valoraciones se efectúen por una de las partes.

Resaltó que el dictamen del perito Carlos Manuel Guevara Calderón se practicó dentro del proceso a instancia de la parte demandante y con conocimiento de la demandada, además de que contaba con elementos probatorios suficientes para respaldar sus conclusiones. Finalmente, solicitó tener en cuenta los argumentos que expuso en los alegatos de primera instancia.

• Por su parte, el IDU en sus alegatos, indicó que no le asistía razón a los accionantes al indicar que el actuar de la administración fue doloso, pues el avalúo se fundamentó en lo que señaló el organismo competente para determinar el valor del predio, el cual se ajustó a los lineamientos previstos en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1420 de 1998.

Destacó que en el estudio comercial del inmueble objeto de expropiación por vía administrativa, se tuvieron en cuenta todos los factores y características del predio, avalúo que realizó la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá; y que el único avalúo que requería el proceso expropiatorio era el solicitado por la entidad expropiante y no por el propietario el inmueble a expropiar, de conformidad con los lineamientos contenidos en el Decreto 1420 de 1998.

Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia.

• En esta etapa procesal, el Ministerio Público guardó silencio.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra los fallos de primera instancia en aquellos temas que constituyeron la oposición específica a la decisión de los Tribunales. De este modo, el estudio y la competencia del fallador de segunda instancia, se limitará a examinar los reproches contra los razonamientos y consideraciones que tuvieron los mismos para resolver las demandas respectivas.

Esta Corporación, en reiterados pronunciamientos, ha delimitado el objeto del recurso de apelación y de conformidad con el artículo 357 del CPC, el juez de instancia deberá pronunciarse solamente frente a los argumentos expuestos por el apelante y, en específico, a las referencias argumentativas que aduce en el escrito contentivo del recurso contra la decisión que adoptó la primera instancia.

En el caso sub examine, el a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró, a través del artículo segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, la nulidad de las resoluciones núms. 4315 de 27 de octubre de 2009, 5597 de 15 de diciembre de 2009, 360 de 18 de febrero de 2010 y 970 de 6 de abril de 2010, expedidas por el Director Técnico de Predios del IDU, por las cuales, respectivamente, se ordenó la expropiación por vía administrativa del inmueble ubicado en Bogotá, en la Calle 25 A núm. 4-79, identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 50C-550-785 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, con la cédula catastral A26 4-15, Código Chip AAA0087NMEOE, al cual se le fijó como valor de precio indemnizatorio la suma de $292.459.491.oo, y se resolvió el recurso de reposición interpuesto por los aquí demandantes, en el sentido de confirmar la citada resolución.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, mediante el artículo tercero de la parte resolutiva del fallo recurrido, ordenó al IDU disponer la elaboración de un nuevo avalúo comercial del citado inmueble, atendiendo los lineamientos contenidos en los artículos 20, 21 y 22 del Decreto 1420, la Resolución núm. 620 y la Ley 388 y el pago del nuevo valor del precio indemnizatoria a prorrata para cada uno de los propietarios en la forma determinada en las resoluciones anuladas, descontando la suma de $292.459.491.

Así mismo, dispuso en el artículo cuarto ibidem que el valor del precio indemnizatorio sea debidamente indexado.

Para acceder a las pretensiones de la demanda, el fallador de primera instancia razonó de la siguiente manera:

“[…] No obstante lo anterior, la Colegiatura constata que, analizados los avalúos practicados, esto es, el presentado por la Arquitecta Quintero y el aducido por el perito Carlos Manuel Guevara Calderón, salta a la vista que la Lonja Inmobiliaria de Bogotá pasó por alto los parámetros y criterios para la elaboración de avalúos, contenidos en los Artículos 20, 21 y 22 del Decreto 1420 de 1998 anteriormente citados, al omitir analizar aspectos como la ubicaciones del inmueble expropiado y los tipos de construcciones de la zona donde se encontraba, los cuales aportaban un valor adicional mismo.

Se colige de lo expuesto, que el Estado cuenta con la potestad de limitar el derecho de propiedad, a través de la figura de la expropiación siempre y cuando se apegue a los requisitos que la ley exige y reconozca la indemnización justa al particular que se ve afectado, demostrándose en el presente asunto que la entidad accionada no cumplió con lo estipulado en la normatividad vigente sobre la materia, razón por la cual, las pretensiones de la demanda, en este sentido, tienen vocación de prosperidad […]”(Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre el particular, el apelante alegó que no le es dable al a quo subsanar los yerros o defectos probatorios en que incurrió la parte demandante, en el presente caso, en cuanto no probó las presuntas falencias que, a su juicio, tenía el avalúo oficial, realizado por la Corporación Lonja de Inmobiliaria de Bogotá D.C., sustento del precio pagado por el IDU del bien objeto de expropiación.

En relación con la controversia sometida al estudio de la Sala, cabe advertir que la Sección en la sentencia de 14 de mayo de 2009, citada por el fallador de primera instancia, aleccionó sobre el alcance de la expropiación administrativa y de la indemnización de carácter reparatorio pleno, de la siguiente manera:

“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30 de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso respecto del precio.” (negrillas ajenas al texto)

En ese orden de ideas, cuando un particular se ve constreñido por el Estado a transferirle una porción de su patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés social debidamente determinados por el legislador, tiene derecho al pago de una indemnización de carácter reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien expropiado, como el que corresponda a los demás perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado.

En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública, debidamente justificada y previa una justa indemnización.” (negrillas ajenas al texto)

El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte del llamado «bloque de constitucionalidad», prevé igualmente en su artículo 21.2 el pago de una indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior significa que el valor que se determine con esa finalidad, debe ser comprensivo de todas las ablaciones patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la línea divisoria que marca las fronteras entre el enriquecimiento y el menoscabo.

Como bien se puede observar, el principio general que subyace en estas normas de rango superior, indica que los daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la incorporación al dominio público de bienes de propiedad particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés general, presupone necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés general deba prevalecer sobre los intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues no puede pretenderse que éste deba asumir a título personal un detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión imperativa de su derecho de dominio, constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral.

Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló que el quantum de la expropiación debe abarcar, además del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado.” (Cursivas de la Corte).

En esa misma línea de pensamiento, el destacado administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que “[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca ni enriquezca, en la medida que tal resultado pueda razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).

En sintonía con la anterior apreciación, el profesor RAFAEL BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa y razonable” y continúa diciendo, “…«el justiprecio» es el que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego, nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (Negrillas ajenas al texto)

Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un bien del dominio privado, comporta necesariamente la obligación de indemnizar el daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado por el constituyente.

Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción contencioso-administrativa, puesto que ésta es procedente respecto del precio, cuando el expropiado considere incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y plena.

Lo anteriormente expuesto explica el porqué el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, en el cual se regula el proceso contencioso administrativo especial de expropiación por vía administrativa, establecen textualmente lo siguiente en el inciso 1° y el numeral 6°:

Artículo 71º.- Proceso contencioso administrativo. Contra la decisión de expropiación por vía administrativa procede acción especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se someterá a las siguientes reglas particulares: (Subrayado fuera de texto)

[…]

6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política, en el proceso no podrán controvertirse los motivos de utilidad pública o de interés social, pero sí lo relativo al precio indemnizatorio. (Subrayado fuera de texto)

Como bien se puede observar, los dispositivos legales que se acaban de indicar, permiten a los propietarios afectados demandar ante la justicia administrativa el pago de los daños derivados de una expropiación por vía administrativa, cuando quiera que el precio indemnizatorio reconocido por la administración a título de indemnización no alcance a proporcionar una reparación justa y plena, esto es, cuando la suma decretada no sea suficiente para cubrir el valor comercial del inmueble y los demás daños irrogados (Ablatio dominii), con lo cual se quiere evitar una ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas.

Por otra parte, no sobra precisar que para poder obtener la reparación de los daños accesorios que hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.

El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético, estocástico o contingente no pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar lugar a una indemnización […]” (Las subrayas fuera de texto).

Frente a esta temática, debe señalarse que el actor es quien tiene la carga de probar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorreción.

En tratándose de la carga de la prueba frente a la inconformidad con el valor de la indemnización, conviene precisar que en la sentencia antes invocada, la de 14 de mayo de 2009, esta Sección se pronunció así:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el precio del inmueble establecido por la administración se determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo cierto es que en ninguno de los apartes de dicho documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación, lo cual permite concluir que contra el justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado del Municipio demandado formula en su apelación contra el dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la mencionada información, el avalúo practicado por la Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo probatorio.

No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección.
[…]

Según el criterio expresado por esta Corporación, en estos casos resulta insuficiente la mera exposición de los resultados de las operaciones periciales practicadas y de las deducciones extraídas por el perito, huérfanas de las explicaciones relativas a su origen y al proceso lógico e intelectivo que ha conducido a su obtención, omitiendo la exposición y explicación de las razones por las cuales no es dable mantener otro criterio diferente.

Precisamente por el hecho de que tanto las partes como la autoridad judicial no cuenten con los conocimientos especializados del perito, es de esperar que éste revele los datos y los hitos de su discernimiento, que si bien un entendido en la materia puede reputar elementales, un profano puede encontrarlos inasequibles. Obsérvese que el cometido principal de cualquier experticia no es otro que la persuasión, y esta difícilmente se logra cuando solamente se efectúan afirmaciones o negaciones de manera apodíctica, negándole al juez y a las partes la posibilidad de conocer los rudimentos básicos del análisis efectuado. La labor del perito consiste precisamente en proporcionar, junto con el fruto de su propia interpretación, los fundamentos que lo soportan, para situar a sus destinatarios en condiciones de poder valorar la objetividad, la razonabilidad, la coherencia y la sensatez de las conclusiones presentadas.

Teniendo cuenta las falencias que quedan expuestas y ante la imposibilidad de dar plena credibilidad a la prueba pericial practicada en el proceso en relación con el justiprecio del inmueble expropiado, la Sala considera, al amparo de la sana crítica, que el actor no logró desvirtuar en el proceso la corrección del justiprecio preparado por la Subdirección de Catastro de Medellín. Por esa misma razón ha de concluirse que el actor tampoco logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos administrativos demandados que acogieron ese justiprecio, pues al no obrar en el expediente ningún medio de prueba que permita demostrar que el avalúo fijado por la administración fuese incorrecto, no hay ninguna razón para decretar la nulidad parcial deprecada por el actor en lo relativo al precio indemnizatorio.

Todo lo anterior tiene su fundamento legal en el numeral 6° del artículo 237 del C. de P. C., en donde se dispone que "El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones". Esta disposición consagra la necesidad de explicar el porqué se rinde el dictamen en determinado sentido, indicando las razones de orden técnico, científico o artístico que se tuvieron en cuenta para conceptuar, a fin de que, como ya se dijo, las partes puedan ejercer el derecho de contradicción de la prueba y el juez, por su parte, pueda valorar la racionalidad y objetividad de las conclusiones emitidas.

El actor tenía la carga de demostrar la incorrección del avalúo oficial y acreditar la corrección del justiprecio presentado por quien actuó como perito en el curso de la primera instancia, cometido que no se logró en el asunto sub examine.

Por todo lo anterior, habrá de modificarse la sentencia de primer grado, en el sentido de revocar la condena impuesta al Municipio de Medellín en lo que tiene que ver con el pago de las sumas pretendidas en relación con el valor indemnizatorio del inmueble […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Además, debe destacarse que en reciente sentencia, proferida el 15 de agosto de 2019, por esta Sección, se puntualizó que el avalúo que sirve de base a los actos acusados debe tenerse como válido, creíble y fundamentado, cuando el actor no lo desvirtúa probatoriamente.

Así, discurrió la Sala:

“[…] Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección sostuvo que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe tenerse como válido, creíble y fundamentado, el avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

De conformidad con la jurisprudencia traída a colación, cuando no obre en el expediente medio probatorio alguno que permita desvirtuar la corrección del precio del avalúo fijado por la Administración, contenido en los actos acusados, debe tenerse como válido, creíble y fundamentado el referido avalúo oficial.

Revisado el material probatorio allegado se echa de menos la prueba sobre el particular.

En efecto, como se puso de presente anteriormente, en el caso sub lite el Tribunal de primera instancia, para acceder a las pretensiones de la demanda, señaló que la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. pasó por alto los parámetros y criterios para la elaboración de avalúos, contenidos en los artículos 20, 21 y 22 del Decreto 1420, al omitir analizar aspectos tales como la ubicación del inmueble expropiado y los tipos de construcciones de la zona donde se encontraba, los cuales aportaban un valor adicional mismo.

Y previamente a arribar a dicha conclusión, expresó:

“[…] Del avalúo presentado en vía gubernativa.
En ese sentido, ahora procede esta Corporación, a revisar el avalúo comercial presentado por el accionante en vía gubernativa, suscrito por la Arquitecta CARMENZA QUINTERO CASTAÑEDA, del que se destaca:
[…]

Así las cosas, la Sala estima que el estudio realizado por la Arquitecta en mención, no posee la contundencia alegada por el demandante, razón por la que con ella no se logra desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo efectuado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá soporte de los actos administrativos enjuiciados.
[…]
Del avalúo presentado en vía judicial
Por su parte, corresponde a esta Colegiatura revisar el avalúo comercial presentado por el accionante en vía judicial por parte del perito CARLOS MANUEL GUEVARA CALDERÓN, que contiene:
[…]
Por otra parte, no es cierto que la Lonja Inmobiliaria haya omitido realizar el estudio fotográfico, el cual aparece anexo al avalúo en mención y el plano topográfico correspondiente.

Así mismo, se denota subjetividad en las consideraciones finales del trabajo del perito, al resaltar que la supuesta negligencia técnica y operativa del IDU al elaborar el informe técnico objeto de estudio, se debió además al titular de la máxima autoridad del distrito en ese momento, sin demostrar el nexo de causalidad entre este hecho y la labor desarrollada por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá, por manera que tampoco es apto para reemplazar el estudio efectuado por esta.

Existiendo las inexactitudes en los avalúos referidos, que indudablemente arrojan una serie de desatinos en los montos a indemnizar […]

De las sumas relacionadas anteriormente, se infiere que la diferencia encontrada en el informe pericial fundamento de los actos cuestionados con relación a los estudios efectuados en vía gubernativa y judicial es insondable, de lo que se colige la afrenta cierta que constriñe la idea de que la indemnización se debe hacer con la mayor exactitud posible en cobertura de todos los componentes del mismo, de acuerdo con el método utilizado.

Por su parte, aunque la divergencia entre estos últimos es menos distante, ambos, como se advirtió con anterioridad, presentan falencias, lo que impide que su valor probatorio sea estimado por esta Sala de manera íntegra [...]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sin embargo, no fundamentó dicha conclusión en algún medio probatorio, habida cuenta que no sustentó su afirmación con pruebas acerca de la ubicación del referido inmueble ni sobre los tipos de construcción de la zona donde se encontraba el mismo, que llevaran a demostrar un valor adicional al establecido en el avalúo oficial, teniendo en cuenta que no le dio valor probatorio a los avalúos elaborados por la mencionada Arquitecta CARMENZA QUINTERO CASTAÑEDA y el Perito CARLOS MANUEL GUEVARA CALDERÓN, allegados al proceso.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el a quo señaló que la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. pasó por alto los parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos, establecidos en los artículos 20, 21 y 22 del Decreto 1420, es del caso tener en cuenta lo previsto en las citadas disposiciones, que son del siguiente tenor:

“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo, especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación.

Artículo 21º.- Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del valor comercial:
1. La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo.
2. La destinación económica del inmueble.
3. Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes de copropiedad.
4. Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad de construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios para cada uno de ellos.
5. Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se determinarán en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte afectada del inmueble para establecer su valor comercial.
6. Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.
7. Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de mercado, el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el mismo bien, utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó, pero debe tenerse en cuenta las adecuaciones que se le han introducido.
8. La estratificación socioeconómica del bien.

Artículo 22º.- Para la determinación del valor comercial de los inmuebles se deberán tener en cuenta por lo menos las siguientes características:
A. Para el terreno
1. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma 2. Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección
3. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio
4. Tipo de construcciones en la zona
5. La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de transporte
6. En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.
7. La estratificación socioeconómica del inmueble
B. Para las construcciones:
1. El área de construcciones existentes autorizadas legalmente
2. Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados
3. Las obras adicionales o complementarias existentes
4. La edad de los materiales
5. El estado de conservación física
6. La vida útil económica y técnica remanente
7. La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido
8. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas comunes.
C. Para los cultivos:
1. La variedad
2. La densidad del cultivo
3. La vida remanente en concordancia con el ciclo vegetativo del mismo
4. El estado fitosanitario
5. La productividad del cultivo, asociada a las condiciones climáticas donde se encuentre localizado […]”.

Al desarrollar los criterios expuestos en la referida jurisprudencia, así como en las indicadas disposiciones, en el avaluó núm. AV-572-08-38230 IDU 04-07 de 18 de junio de 2008, elaborado por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., a petición del IDU, que concluyó como valor comercial total del inmueble la suma de $289.573.400, se observa que este enunció que se había utilizado el “comparativo de mercado” como metodología valuatoria e indicó lo siguiente:
“[…]
1 INFORMACIÓN BÁSICA AVALÚO

-PROPÓSITO DEL AVALÚO: ADQUISICIÓN DE PREDIOS
-CLASE DE AVALÚO: COMERCIAL CORPORATIVO
-FECHA: 18 DE JUNIO DE 2008
-DIRECCION: CALLE 25A No. 4-79
-PROPIETARIO: MARIA LUISA MARTÍNEZ VDA DE YAYA Y OTROS
-LOCALIDAD: SANTA FE
-BARRIO: BOSQUE IZQUIERDO
-TIPO DE INMUEBLE: EDIFICIO

2 DESCRIPCION SEL SECTOR
-ACTIVIDAD PREDOMINANTE: RESIDENCIAL-COMERCIAL-INDUSTRIAL
-VÍAS DE ACCESO DEL SECTOR: CALLE 26 TRANSVERSAL 3
-TIPO DE DESARROLLO: HETEROGENEO
-ALTURA PREDIO: 4
-TRANSPORTE PÚBLICO: X
-NORMA APLICABLE: UPZ 92 LA MACARENA TRATAMIENTO: RENOVACIÓN URBANA ÁREA DE ACTIVIDAD CENTRAL MODALIDAD: DE RECREACIÓN ZONA CENTRO TRADICIONAL No. DE DECRETO 492-26/10/2007.

3 INFORMACION JURIDICA
-ESCRITURA: SENTENCIA
-FECHA: 08/05/1991
-NOTARIA: JZ DE FLIA DE BOGOTA
-MATRÍCULA INM: 050C-550785
-CED CATASTRAL: A26 4 15

4 TERRENO
-MANZANA: 25 A 4
-TOPOGRAFIA: PLANA
-FORMA: REGULAR
-SERVICIOS PÚBLICOS: ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO- ENERGÍA ELÉCTRICA- TELÉFONO ALUMBRADO PÚBLICO.

5 CONSTRUCCIÓN
-DISTRIBUCIÓN INTERIOR: ALCOBAS 22, SALA 5, COCINA 5, LAVADERO 5, COMEDOR 5, BAÑOS 11, SÓTANO 1.
-OTRAS ÁREAS: CUENTA CON 5 APARTAMENTOS
-VIDA ÚTIL ECONÓMICA:49
-FUNCIONALIDAD: BUENA
[…]
-ESTADO CONSERVACIÓN: REGULAR

6 METODOLOGÍA VALUATORIA
-COMPARATIVO DE MERCADO

7 AVALÚO COMERCIAL
DESCRIPCIÓN
AREA
EN M2
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
TERRENO
226,00
$385.000.00
$87.010.000.00
CONSTRUCCIÓN
500,40
$350.000.00
$175.140.000.00
ZONA DURA
10,04
$40.000.00
$401.600.00
SOTANO
142,22
$190.000.00
$27.021.800.00
TOTAL
ESTE AVALÚO

$289.573.400.00

[…]” (Las subrayas y negrillas fuera de texto).

De lo antes reseñado se puede colegir que para establecer el valor comercial del inmueble, objeto de expropiación, la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. tuvo en cuenta la descripción del inmueble, la evaluación del sector, las características de la construcción y su análisis, así como la evaluación técnica y la información jurídica, lo que permite establecer las condiciones intrínsecas y extrínsecas del inmueble objeto de la expropiación.

Y pese a que no hizo referencia a los tipos de construcciones de la zona o del sector donde se encontraba el predio, lo cierto es que la Corporación Lonja Inmobiliaria, en el avalúo oficial, cumplió con especificar que había utilizado el “comparativo de mercado”, como método valuatorio, así como el valor comercial correspondiente a $289.573.400.oo, para lo cual tuvo en cuenta el valor del terreno, de construcción, zona dura y sótano, conforme lo preceptúa el artículo 20 del Decreto 1420.

Para determinar el valor comercial del inmueble tuvo en cuenta: la norma urbanística vigente, esto es, la “UPZ 92 LA MACARENA TRATAMIENTO: RENOVACIÓN URBANA ÁREA DE ACTIVIDAD CENTRAL MODALIDAD: DE RECREACIÓN ZONA CENTRO TRADICIONAL núm. DE DECRETO 492-26/10/2007”; la destinación económica “actividad predominante residencial- comercial -industrial”; el valor unitario del terreno, de la construcción, de la zona dura y del sótano; los aspectos físicos, tales como el área del terreno, de la construcción, de la zona dura y del sótano; el estrato 3; su ubicación, es decir que se encontraba en la localidad de Santa Fe, barrio Bosque Izquierdo y que se trataba de un terreno en la manzana 25 A 4, con topografía plana y forma regular; que tenía acueducto-alcantarillado- energía eléctrica- teléfono alumbrado público, como servicios públicos domiciliarios, vías de acceso del sector, por la Calle 26 Transveral 3 y servicio de transporte público; que la construcción constaba de 5 apartamentos, con 22 alcobas, 5 salas, 5 cocinas, 5 lavaderos, 5 comedores, 11 baños, 1 sótano en su distribución interior, con un estado de conservación regular, una edad o vida útil económica de 49 años, y una funcionalidad buena, como lo exigen los artículos 21 y 22 del citado Decreto 1420, lo que demuestra que el avalúo oficial si cumplió con determinar los criterios para la elaboración de los avalúos, establecidos en los artículos 20, 21 y 22 del Decreto 1420.

Al respecto, vale la pena aclarar que en atención a que el avalúo practicado por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. fue incorporado en la motivación de los actos acusados, también se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza, que se predica de las decisiones definitivas de la Administración, conforme lo precisó esta Sección, en la antes citada sentencia de 14 de mayo de 2009, cuando al efecto dijo:

“[…] al haberse incorporado el valor del precio en el texto de los actos administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la administración […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Asimismo, es del caso traer a colación el reciente pronunciamiento, de 19 de abril de 2021, en el que la Sala puntualizó que se presume la legalidad del acto administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun cuando en el informe técnico no se precisan las operaciones o la forma como fueron calculados los valores correspondientes, y que por ello la parte demandante debe aportar las pruebas para demostrar los errores de este.

En dicha oportunidad, se reiteró la citada sentencia de 14 de mayo de 2019, en la que se estudió un avalúo oficial, que utilizó el método “COMPARATIVO DE MERCADOS”, el mismo usado en el caso bajo estudio; y se precisó que se presume la legalidad de los actos administrativos demandados, que incorporaron el avalúo oficial, aun cuando en el informe técnico no se señalaron cuáles fueron exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación.

Así discurrió la Sección:
“[...] 68. En esa línea, se observa que estos avalúos más allá de controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo AV-466-07-36549-IDU realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá sobre el cual se sustentó la expedición de los actos demandados, presentan características generales correspondientes a cualquier avalúo; razón por la cual no le asiste razón al accionante cuando indica que el a quo no tomó en cuenta estos avalúos, puesto que los mismos no controvierten ni aportan pruebas sobre las cuales se pueda determinar que el avalúo comercial realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá es errado y no se encuentra ajustado a las normas sobre avalúos., valga decir, no desvirtúa la presunción de legalidad que los cobija.

69. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado ha indicado que se presume la legalidad del acto administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun cuando en el informe técnico no se precisan las operaciones o la forma como fueron calculados los valores correspondientes, por ello la parte demandante debe aportar las pruebas para demostrar los errores de este. En este contexto, esta Sección, mediante sentencia proferida el 6 de febrero de 2020, expuso lo siguiente:

“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de los avalúos comerciales practicados por las entidades legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor de la indemnización en los eventos de expropiación y ha concluido que, aun cuando en el informe técnico no se precisen las operaciones o la forma como fueron calculados los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la medida en que dicho precio hace parte del acto administrativo mediante el cual se dispone la expropiación, se presume ajustado o calculado conforme a la ley y, por ende, corresponde al interesado desvirtuar tal presunción.

En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala, sobre el particular, expresó lo siguiente:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el precio del inmueble establecido por la administración se determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo cierto es que en ninguno de los apartes de dicho documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación, lo cual permite concluir que contra el justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado del Municipio demandado formula en su apelación contra el dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la mencionada información, el avalúo practicado por la Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo probatorio.

No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección […].”(la Sala destaca) […]” (Destacado fuera de texto).

De tal manera que los criterios o consideraciones tenidos en cuenta para establecer el valor comercial del inmueble objeto de expropiación, gozan de presunción de legalidad, al no ser desvirtuados por la parte actora, a pesar de corresponderle dicha carga, pues, en modo alguno demostró que los fundamentos expuestos por la entidad demandada en los actos acusados fueran falsos, errados o inconsistentes.

En efecto, la parte demandante no logró demostrar, con las pruebas obrantes en el proceso, cuáles fueron los aspectos de la ubicación del inmueble expropiado y los tipos de construcciones de la zona donde se encontraba el mismo, que omitió valorar el avalúo oficial, que aportaban un valor adicional y llevaban a desvirtuarlo.

Ello, en razón a que los avalúos allegados al proceso, esto es, los elaborados por la Arquitecta CARMENZA QUINTERO y el Perito CARLOS MANUEL GUEVARA CALDERÓN, presentaron falencias, puestos de manifiesto por el a quo, que impidieron que estimara su valor probatorio.

Ciertamente, en el avalúo efectuado en la vía gubernativa, por la Arquitecta CARMENZA QUINTERO CASTAÑEDA, para determinar el valor del mismo, se tuvo en cuenta el valor del metro cuadrado en un estrato 6, a pesar de que el inmueble objeto de expropiación era de estrato 3, así como el valor de venta del lote, que quedaba al frente del edificio expropiado, que ascendía a la suma de $170.000.000, el cual partió de una información de un vecino, del cual no indicó el nombre ni la fuente de información de ese valor.

Y en el avalúo elaborado en la vía judicial, por el Perito CARLOS MANUEL GUEVARA CALDERÓN, no se indicó de manera específica el método empleado para la realización del mismo, lo cual pone en evidencia que estos avalúos están desprovistos de la suficiente fundamentación para determinar que el avalúo comercial realizado por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. es errado y que no se encuentra ajustado a las normas sobre avalúos, valga decir, no desvirtúa la presunción de legalidad que los cobija.

Aunado a lo anterior, se debe reiterar, como se expresó en la antes invocada sentencia de 19 de abril de 2021, que no es de recibo para esta Sala que los argumentos que sustentan la incorrección del avalúo realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y que sustentaron la expedición de los actos administrativos acusados, sea que no se indicaron los tipos de construcciones de la zona, donde se encontraba el inmueble objeto de expropiación, con los cuales se realizó la comparación, y que ello resulte suficiente para decretar la nulidad de estos actos..

En este orden de ideas, la Sala considera que la parte demandante no allegó prueba, en este proceso, con suficientes fundamentos técnicos, que permitiera: demostrar que el avalúo que tuvo en cuenta el IDU al expedir los actos acusados estaba equivocado e incorrecto; acreditar la corrección de los justiprecios presentados en los avalúos que fueron allegados al proceso; así como desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos administrativos demandados.

Al no obrar en el expediente ningún medio de prueba que permita demostrar las inconsistencias o errores de las que adolecía, debe tenerse como válido, creíble y debidamente fundamentado el referido avalúo, fijado por la administración, que sirvió de sustento a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo pueda ser objeto de modificación dado que la parte actora, quien tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo y, por consiguiente, el argumento señalado por el Tribunal, para concluir que las pretensiones de la demanda tenían vocación de prosperidad, carece de sustento.

Las consideraciones precedentes llevan a la Sala a advertir que el segundo cargo no estaba llamado a prosperar, como lo sostuvo equivocadamente el a quo, razón por la cual se revocará la sentencia apelada, en sus artículos segundo, tercero y cuarto de su parte resolutiva.

Comoquiera que los cargos restantes están íntimamente ligados al avalúo oficial que no fue desvirtuado, habrán de denegarse las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

REVOCAR la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 5 de agosto de 2021.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SALVAMENTO DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-24-000-2010-00521-01

Actor: CARLOS MARTÍN YAYA MARTÍNEZ Y OTROS

Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

SALVAMENTO DE VOTO

De manera respetuosa expongo las razones por las cuales, salvo mi voto frente a lo resuelto por la Sala en la providencia del 5 de agosto de 2021, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el IDU contra la sentencia de 11 de septiembre de 2014.

En la decisión de la cual me aparto se resolvió:

“REVOCAR la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.

En cuanto a los fundamentos expuestos en la decisión que no comparto, destaco los siguientes:

“En este orden de ideas, la Sala considera que la parte demandante no allegó prueba, en este proceso, con suficientes fundamentos técnicos, que permitiera: demostrar que el avalúo que tuvo en cuenta el IDU al expedir los actos acusados estaba equivocado e incorrecto; acreditar la corrección de los justiprecios presentados en los avalúos que fueron allegados al proceso; así como desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos administrativos demandados.

Al no obrar en el expediente ningún medio de prueba que permita demostrar las inconsistencias o errores de las que adolecía, debe tenerse como válido, creíble y debidamente fundamentado el referido avalúo, fijado por la administración, que sirvió de sustento a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo pueda ser objeto de modificación dado que la parte actora, quien tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo y, por consiguiente, el argumento señalado por el Tribunal, para concluir que las pretensiones de la demanda tenían vocación de prosperidad, carece de sustento.

Las consideraciones precedentes llevan a la Sala a advertir que el segundo cargo no estaba llamado a prosperar, como lo sostuvo equivocadamente el a quo, razón por la cual se revocará la sentencia apelada, en sus artículos segundo, tercero y cuarto de su parte resolutiva”.

Ahora bien, la razón que me lleva a apartarme de la decisión mayoritaria de la Sala es que, en mi concepto, el avalúo realizado por la Corporación Lonja Inmobiliaria desconoce el artículo 20 del Decreto 1420 de 1998 y el artículo 10 de la Resolución 620 de 1998, como paso a explicar.

En el avalúo realizado por la Corporación Lonja Inmobiliaria se indica que utilizó el método comparativo de mercado para establecer el valor comercial del inmueble.

Respecto de la aplicación de este método de valuación, el artículo 10 de la Resolución 620 de 1998 establece:

“ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda a información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación, además de otros factores que permitan su identificación posterior.

Ahora bien, a pesar de que en el informe de avalúo se indicó que la metodología valuatoria utilizada fue el método “comparativo de mercado”, lo cierto es que se omitió señalar o aportar cuáles fueron las ofertas o transacciones clasificadas, analizadas e interpretadas por el experto avaluador para llegar a la estimación del valor comercial, así como la mención del medio del cual se obtuvo dicha información y la fecha de su publicación. En efecto, de la lectura del avalúo no se observa ningún dato que permita inferir de dónde el perito avaluador determina el valor del metro cuadrado (m2), ya que no se mencionó un precio de referencia, así como tampoco se hizo alusión a algún estudio o trabajo que complementara o soportara sus conclusiones.

Así las cosas, si bien el peritaje en que se fundamentaron los actos acusados cumple con la mayoría de los requisitos previstos en los artículos 21 y 22 del Decreto 1420 de 1998, no ocurre lo mismo con lo previsto en los artículos 20 de la citada normativa y 10 de la Resolución 620 de 1998 del IGAC, toda vez que no basta con señalar cuál fue el método valuatorio utilizado, sino que además se deben mencionar las consideraciones que llevaron a la estimación del valor comercial del bien, lo que incluye indicar las ofertas o transacciones clasificadas, analizadas e interpretadas, así como el medio del cual se obtuvo dicha información.

En estos términos dejo expuesto mi salvamento de voto.

Fecha ut supra,

(firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.”
“Por la cual se establece la metodología para la realización de los avalúos ordenados por la Ley 388 de 1997”.
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia de 4 de diciembre de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, núm. único de radicación D 4062.
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2005-03509-01.
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”.
Índice núm. 4 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.
Índice núm. 12 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

El citado valor incluye el avalúo comercial AV-572-08-38230 IDU 04-07 de 18 de junio de 2008 del inmueble por valor $289.573.400, efectuado por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. y la indemnización por daño emergente por valor de $2.886.091. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2005-03509-01. Este criterio fue reiterado por esta Sección en reciente sentencia, esto es, la sentencia proferida el 11 de julio de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, 25000-23-24-000-2012-00509-01). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, 25000-23-24-000-2011-00196-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 17 de marzo de 2011. Radicado: 2005 – 00273. Magistrada Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias la 31 de mayo de 2018, Rad.: 2008 – 0074. Magistrada Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Folios 40 a 44 del C.1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2005-03509-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-00232-01. Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-03509-01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de radicación:08001233100019971225601
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-00232-01. En dicha sentencia de 19 de abril de 2021, la Sección Primera consideró:
“[...] Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los argumentos que sustentan la incorrección del avalúo realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y que sustentó la expedición de los actos administrativos acusados, sea que no se indicó los inmuebles con los cuales se realizó la comparación y que al ser mayor el precio del avalúo comercial determinado en los avalúos contratados por el demandante, ello resulte suficiente para decretar la nulidad parcial de estos [...].” (Destacado fuera de texto). Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2009, Rad. 05001-23-31-000-2005-03509-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. “[N]o basta simplemente con anunciar en el avalúo cuál fue el método empleado en su elaboración o con señalar que en su diseño se dio estricta aplicación a las disposiciones de la Ley 388 de 1997, en el Decreto 1420 de 1998 y en la Resolución 762 del mismo año, pues de conformidad con los principios de publicidad, transparencia y contradicción que gobiernan la gestión administrativa y por razón de la lealtad debida a los administrados, las comparaciones efectuadas deben ser explicitadas y dadas a conocer al propietario del inmueble cuyo traspaso forzoso se pretende, quien como resulta obvio pensar, tiene todo el derecho de saber cuáles fueron los criterios y parámetros de comparación que se tuvieron en cuenta y cuáles las operaciones que se realizaron para determinar el monto de la respectiva indemnización expropiatoria.

De ninguna otra manera podría el particular entrar a controvertir un avalúo, cuando el valor asignado a cada metro cuadrado aparezca infundada e inexplicablemente señalado por el titular de la potestas expropiandi, sin que se conozca en el fondo de dónde se dedujo ese valor ni cuáles fueron las negociaciones inmobiliarias, las ofertas o los avalúos recientes que sirvieron de parámetro para realizar la mencionada comparación”

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