Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2019-00374-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2019-00374-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-33-000-2019-00374-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71
de la Ley 388 de 18 de julio de 19971
Número único de radicación: 08001233300020190037401
Demandante: Colchones y Muebles Relax S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe (Edubar
S.A.)
Asunto: Titular de indemnización causada como consecuencia de la expropiación
por vía administrativa - Reiteración Jurisprudencial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 2 de octubre de 2020 por la Sección
C del Tribunal Administrativo del Atlántico
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1.Colchones y Muebles Relax S.A., en adelante la parte demandante, presentó
demanda contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla (Edubar S.A.), en adelante la parte
1 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación: 080012333000201900374-01
Demandante: Colchones y Muebles Relax
demandada, en ejercicio de la acción especial contencioso administrativa prevista
en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 19972.
Pretensiones
2.La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRETENSIONES:
PRIMERA: Que se declare la nulidad del Artículo Tercero de la Resolución número EDU-
18-0635 de 14 de diciembre de 2018” POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACION
POR VIA ADMINISTRATIVA DE UN INMUEBLE DE PROPIEDAD DE COLCHONES Y
MUEBLES RELAX S.A. FOLIO DE MATRICULA NO.040-213025 RT PV. CIRCUNVALAR-
38”, expedida por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
REGION CARIBE, EDUBAR S.A., la cual fijo en la suma de $439.423.732,oo el precio
indemnizatorio del predio identificado antes, valor que no aceptamos como correcto ni
como justo, así como la nulidad de la Resolución EDU-19-0109 de 28 de enero de 2019,
“POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA
SOCIEDAD COLCHONES Y MUEBLES RELAX S.A. CONTRA LA RESOLUCIÓN EDU-18-
0635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN
ADMINISTRATIVA DE UN INMUEBLE DE PROPIEDAD DE COLCHONES Y MUEBLES
RELAX S.A. FOLIO DE MATRICULA NO.040-213025, RT: PV CIRCUNVALAR 38”
notificada el día 31 de enero de 2019, en lo que atañe con la nulidad de la resolución de
expropiación, ambas, expedidas por ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL,
representante legal de EDUBAR S.A.
SEGUNDA: Que se declare que el valor comercial del inmueble expropiado es la suma
de $1.183.731. 453.oo resultado de multiplicar $1.810.596,oo valor metro cuadrado
determinado en dictamen pericial presentado la demanda utilizando el Método de
Técnica Residual- por 653,78 metros cuadrados expropiados administrativamente.
TERCERA: Que se restablezca el derecho de mi representado y se condene a la
ALCALDIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y/O
a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE,
EDUBAR S.A. a pagar a OSC COLCHONES Y MUEBLES RELAX S.A por concepto de daño
emergente, la suma de $744.307,721.oo, diferencia entre el valor pagado por los
demandados, $ 439.423.732,oo y el valor comercial del inmueble, $1.183.731.453.oo
determinado en la pretensión segunda anterior, considerados a valores del mes de
febrero de 2019.
CUARTA: Que se declare que el valor comercial del inmueble restante, luego de la
expropiación administrativa, es la suma de $859.953.173,oo resultado de multiplicar
$1.019.240,oo- valor metro cuadrado predio restante determinado en el dictamen
pericial presentado con la demanda utilizando el Método de la Técnica Residual-por
843,72 metros cuadrados expropiados, considerados a valores del mes de febrero de
2019.
QUINTA: Que se declare responsable a la ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y/O a la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE, EDUBAR S.A. por concepto de
daño emergente la pérdida de valor que sufre el predio restante, que pasa de
2 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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Núm. único de radicación: 080012333000201900374-01
Demandante: Colchones y Muebles Relax
$1.810.596.00 Metro cuadrado a $1.019.240.00 metro cuadrado, como consecuencia
de la expropiación administrativa de parte del predio con matrícula No. 040-213025, en
razón al cambio de normatividad que se le aplicará y el mínimo de metros posibles de
utilizar luego de la expropiación administrativa que ha sufrido el lote.
SEXTA: Que se restablezca el derecho de mi representado y se condene a la ALCALDIA
DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y/O a la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE,
EDUBAR S.A., a pagar a COLCHONES Y MUEBLES RELAX S.A., por concepto de daño
emergente dada la responsabilidad determinada por la pretensión quinta anterior, la
suma de $667.682.884,00 resultante de multiplicar los metros restantes 843,72 M2, por
la diferencia ($1,810,596,00- $1.019.240,00) del precio del metro cuadrado que se
pierde, $791.356,oo, considerados a valores del mes de febrero de 2019.
SEPTIMA: Que se declare responsable a la ALCALDIA DEL DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y/O a la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE, EDUBAR S.A., por concepto de
lucro cesante, derivado de la pérdida futura de utilidades que sufre COLCHONES Y
MUEBLES RELAX S.A, por no utilización de su predio completo y para los fines que lo
adquirió, que arroja la suma de $621.447.920.oo.
OCTAVA: Que se restablezca el derecho de mi representado y se condene a la
ALCALDIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y
/O a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE,
EDUBAR S.A. a pagar a COLCHONES Y MUEBLES RELAX S.A., por concepto de lucro
cesante dada la responsabilidad determinada por la pretensión séptima anterior, la
suma de $621.447.920.oo resultante de restar a la suma de $1.230.076.338,00-valor
determinado en dictamen pericial presentado con la demanda utilizando el Método de
la Técnica Residual sobre el predio ante de la expropiación, pág.79 del informe de
avalúo que acompaña la demanda-, considerada a valores del mes de febrero de 2019,
el valor que el predio restante puede producir que es la suma de $608.628.418,00
(Pág.80 del informe de avalúo que acompaña la demanda).
NOVENA: Que se declare responsable a la ALCALDIA DEL DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y/O a la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE, EDUBAR S.A. por concepto de
daño emergente, concepto de los gastos de Notariado y Registro por valor de
$15.624.840,oo determinada en el dictamen pericial que acompaña la demanda (
Pág.81 del informe de avalúo que acompaña la demanda).
DECIMA: Que se declare responsable a la ALCALDIA DEL DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILA Y/O a la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE, EDUBAR S.A. por concepto de
daño emergente, por concepto de la pared que debe ser demolida y requiere el
propietario restituir, la suma de $2.760.500, oo determinada en el dictamen pericial que
acompaña la demanda ( pág.82 del informe de avalúo que acompaña la demanda).
UNDECIMA: Que se restablezca el derecho de mi representado y se condene a la
ALCALDIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y/O
a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE,
EDUBAR S.A., a pagar a COLCHONES Y MUEBLES RELAX S.A., por concepto de LUCRO
CESANTE determinados por las pretensiones novena y décima anteriores, la suma de
$18.385.340,oo por pérdida de utilidad, notariado y registro y gastos de construcción
de nueva pared, considerada a valores del mes de febrero de 2019.
DUODECIMA: Que las sumas a que sea condenada la ALCALDIA DEL DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y/O a la EMPRESA DE
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Núm. único de radicación: 080012333000201900374-01
Demandante: Colchones y Muebles Relax
DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A., en
favor de COLCHONES Y MUEBLES RELAX S.A., se actualicen teniendo en cuenta la
variación del índice de precios al consumidor entre el mes de febrero de 2019 y la fecha
de la sentencia que los declare definitivamente. 3
Presupuestos fácticos
3.La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones4:
3.1. En el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Barranquilla Capital de Vida” se encuentra
enmarcado el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION DE LA
VÍA CIRCUNVALAR ENTRE LA CARRERA 38 LA CARRERA 12ª Y LA
AMPLIACION Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL
DISTRITO DE BARRANQUILLA.”
3.2. Mediante la Resolución núm EDU-18-0342 de 6 de septiembre de 2018, la
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla -EDUBAR S.A, determinó adquirir,
parcialmente, mediante proceso de expropiación administrativa, un área de terreno
de 436,20 metros cuadrados de su inmueble ubicado en la Calle 110 No.28B-33
identificado con folio de matrícula 040-213025 y referencia catastral
011102220004000.
3.3. La oferta de compra del terreno se realizó por valor de $288.110.100
equivalente al avalúo comercial de fecha 28 de agosto de 2018 practicado por la
Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla, y reconoció la suma de
$10.804.129 por concepto de daño emergente relacionado con los gastos de
notariado y registro.
3.4. EDUBAR S.A., través de la Resolución núm EDU-18-0580 de 20 de noviembre
de 2018, ajustó la oferta formal de compra por valor de $439.423.732 más una
indemnización por concepto de daño emergente equivalente a $15.624.840, de
acuerdo a lo señalado en el avalúo comercial de fecha 31 de octubre de 2018
practicado por la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla. Ello, en
3
Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 2019-00374-
01.doc(.DOC) Nro Actua 2. Documento: fls. 20-24 demanda.
4 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: _ED_EXPEDIENTE DIGITAL 2019-00374-
01.doc(.DOC) Nro Actua 2. Documento: fls. 24-26 demanda.
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Núm. único de radicación: 080012333000201900374-01
Demandante: Colchones y Muebles Relax
razón a que modificó el área de terreno a expropiar a 653,78 metros cuadrados y
67,50 metros cuadrados de un muro de encerramiento.
3.5. Ante la falta de acuerdo con el avalúo comercial que acompañaba la oferta, la
entidad demandada expidió la Resolución EDU-18-0635 de 14 de diciembre de
2018 “[…] POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA DE UN INMUEBLE DE PROPIEDAD DE COLCHONES Y
MUEBLES RELAX S.A. FOLIO DE MATRICULA No. 040-213025 RT PV
CIRCUNVALAR-38” […] decisión que fue recurrida por razones atribuibles al citado
avalúo comercial que acompañaba la oferta y por carecer de ofrecimiento por
concepto de lucro cesante.
3.6. Por medio de la Resolución EDU-19-0109 de 28 de enero de 2019, la parte
demandada resolvió de manera desfavorable el recurso de reposición.
Normas violadas
4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículo 58 de la Constitución Política.
• Ley 388 de 18 de julio de 19975.
• Ley 1437 de 18 de enero de 20116.
• Ley 1450 de 16 de junio de 20117.
• Ley 1474 de 12 de julio de 20118.
• Ley 1579 de 1º de octubre de 20129.
• Ley 1682 de 22 de noviembre de 201310.
• Ley 1742 de 26 de diciembre de 201411.
• Ley 1882 de 15 de enero de 201412.
5 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.
6 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
7 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
8 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
9 Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones.
10 Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se
conceden facultades extraordinarias
11 Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, agua
potable y saneamiento básico, y los demás sectores que requieran expropiación en proyectos de inversión que
adelante el Estado y se dictan otras disposiciones.
12 Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la Contratación Pública en
Colombia, la Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones.
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• Decreto Nacional 1420 de 24 de julio de 199813.
• Decreto Nacional 422 de 8 de marzo de 200014.
• Decreto Nacional 1170 de 28 de mayo de 201515.
• Decreto Distrital 0815 de 28 de diciembre de 201716.
Concepto de violación
5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la
violación, así:
5.1. El avalúo comercial de la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla, que sirvió
como sustento de la oferta formal de compra, se apartó de las normas legales
vigentes al realizar el método de comparación de mercados con insumos
insuficientes que determinaron una situación ajena a la realidad fáctica del predio.
5.2. Los actos administrativos que ordenaron la expropiación parcial del predio no
se ajustan a la normatividad vigente, toda vez que el avalúo comercial expedido por
la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla utilizó el método de técnica residual
sobre un predio distinto, lo que condujo a afirmar que “[…] los predios que van de la
Calle 12 A hasta la 38 sobre la circunvalar tienen el mismo valor no importando el
tamaño del predio ni su forma […]¨ Para el efecto, adujo que no existió similitud de
tamaño entre el predio tomado por la lonja para realizar su análisis residual
(5.128m2) o los utilizados para tomar los datos referentes del mercado, y menos
frente al tamaño del predio afectado.
5.3. El predio antes de la expropiación administrativa contenida en la resolución
acusada tenía la capacidad de tener más de 40 usos, por tener un área utilizable de
1130.756 m2, mientras que en la actualidad se redujo la posibilidad de uso y
comercio a 843.72 m2.
13 Por la cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto Ley
2150 de 1995, los artículos 56,61,62,67,75,76,77,80,82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del
Decreto ley 151 de 1998 que hace referencia al tema de avalúos.
14 Por la cual se reglamenta parcialmente el artículo 50 de la Ley 546 de 1999 y los artículos 60,61 y 62 de la
Ley 550 de 1999.
15 Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información
Estadística.
16 Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación e implementación de los instrumentos
operativos de planeación ambiental del Distrito PACA, PAL y PIGA, y se dictan otras disposiciones.
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5.4. El cambio de la normativa aplicable al lote generó una pérdida de dinero
cuantificable como se demuestra en el dictamen pericial que se adjuntó en la
demanda y que evidenció una reducción ostensible del precio del metro cuadrado,
que pasa de $1.810.596 a $1.019.240.
5.5. A futuro el establecimiento perderá la suma de $621.447.920 por concepto de
la utilidad dejada de percibir por el mayor y mejor uso del predio según se desprende
del dictamen pericial adjunto.
Contestación de la demanda
6. El Distrito Especial y Portuario de Barranquilla17 contestó la demanda, y se
opuso a las pretensiones de la parte demandante18, así:
6.1. Sostuvo que la parte demandante no probó los perjuicios ocasionados con la
expropiación parcial, en razón a que allegó un dictamen pericial del mes de febrero
de 2019 firmado por el Ingeniero Civil Luis Fernando Restrepo Gómez que se refiere
al avalúo comercial realizado al inmueble de matrícula inmobiliaria 040-2013025 que
para el Distrito de Barranquilla no cuenta con el mérito suficiente para ser acreditado
en el proceso.
6.2. Indicó que, en el dictamen pericial allegado por el extremo activo el ingeniero
Restrepo Gómez utilizo más de un método para determinar el monto de los
perjuicios planteados en la demanda tales como el método Danés, L. de Huber y el
residual, desatendiendo las previsiones contenidas en el artículo 25 del Decreto
1420 de 1998, que establecen la necesidad de someterlo a estudio y análisis, previo
a su entrega, ante el instituto Geográfico Agustín Codazzi lo cual era de obligatorio
cumplimiento para convalidar su validez.
6.3. Destacó que el empleo de la técnica residual expuesta en el dictamen de avalúo
de febrero de 2019 se basó en un proyecto hipotético y con respecto a los demás
perjuicios, gastos notariales y adecuación de áreas remanentes, el dictamen no
aporta el material probatorio que permita constatar la veracidad de las sumas
expuestas.
17 Por intermedio de apoderado.
18
Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: fl. 378-415 Contestación. Páginas 1-13
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Núm. único de radicación: 080012333000201900374-01
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6.4. Adujo que el artículo 13 de la Resolución 762 de 1998 del IGAC determina, con
respecto al método residual, que el costo de construcción que se debe restar al total
de ventas del proyecto debe hacerse con sujeción a lo establecido en el artículo 12
ibídem, empero en el dictamen no se realizó los cálculos ni hay constancia que el
perito indagó acerca de los precios respectivos y unidades requeridas para la
construcción.
6.5. Afirmó que el perito particular contratado por la parte demandante desatendió
lo previsto en los artículos 3 y 8 del Decreto 1420 de 1998, en vista de que no obtuvo
la autorización de la lonja de Barranquilla para rendir la experticia o avalúo
expropiado, ubicado dentro del perímetro urbano. Al no contar con la debida
autorización, el perito no cumplió con los requisitos exigidos por la normatividad.
6.6. Por último, propuso la excepción denominada “inexistencia de causales de
nulidad del acto demandado”.
7. La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe
“EDUBAR S.A.”19 contestó la demanda, y se opuso a las pretensiones de la parte
demandante20 así:
7.1. Propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda luego de precisar
que el apoderado judicial de la demandante no explicó con suficiencia el concepto
de la violación, al limitarse a desarrollar algunas consideraciones previas que se
apartan de la debida fundamentación que exige el artículo 162 de la Ley 1437 de
2011.
7.2. Adujo que el avalúo realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla
goza de presunción de legalidad, en atención a que las técnicas valuatorias que
buscaron establecer el valor comercial del terreno se dieron con base en la
metodología de comparación del mercado, según el cual a partir de las ofertas o
transacciones recientes de bienes similares o comparables, ubicados en el sector,
zonas de influencia o sectores comparables de la ciudad, se puede extraer el valor
del predio. Que al usar esa metodología, se tiene en cuenta además zonas
19
Por conducto de apoderado
20
Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: fl. 378-415 Contestación. Páginas 14-33
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homogéneas geoeconómicas que determinan el valor por metro cuadrado del
terreno, de acuerdo a las características del sector, topografía, normas urbanísticas,
servicios públicos domiciliarios, redes de infraestructura vial, tipología de las
construcciones y la destinación económica del inmueble.
7.3. Manifestó que, en lo que respecta a la aplicación de métodos en el dictamen
valuatorias, ratificó que los datos investigados del sector de la circunvalar fueron
debidamente presentados y consolidados en una tabla con su respectiva
identificación de la fuente, teléfono, ubicación, descripción del sector, área, valor de
oferta, valor del metro cuadrado y foto, lo que evidencia el cumplimiento de lo
previsto en la Resolución 620 de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi.
7.4. Refirió que el pago por concepto del lucro cesante y daño emergente no tenían
vocación de prosperidad, por cuanto se reconocen cuando la administración actúa
de manera unilateral y arbitraria, situación que no se presentó en el caso bajo
análisis porque el procedimiento para la adquisición del inmueble se ajustó a lo
previsto en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997.
7.5. Sostuvo que el dictamen elaborado por los señores Fernando Restrepo Gómez
y Juan Guillermo Rueda, no debe ser valorado por la jurisdicción en atención a que
tales sujetos i) no aportaron la documentación que los avala como peritos
registrados y autorizados para elaborar el dictamen aportado en la demanda, como
lo establece el artículo 12 del Decreto 1420 de 1998; ii) no indicaron de manera
explícita y concreta cuales fueron las ofertas y transacciones recientes que le
sirvieron de base para determinar el valor comercial del bien; y iii) no hicieron
mención de los bienes inmuebles con los que realizó la comparación que se
describe en la Resolución 620 de 1998 proferida por el IGAC.
Sentencia apelada
8. La Subsección C del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia
proferida el 2 de octubre de 202021, resolvió:
21
Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: Sentencia. Páginas 1-49
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Núm. único de radicación: 080012333000201900374-01
Demandante: Colchones y Muebles Relax
“[…] PRIMERO: NEGAR las súplicas de la demanda, de conformidad con las
motivaciones que anteceden
SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, y de no ser apelada la presente
decisión, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor […]”.
Consideraciones del Tribunal
8.1. El Tribunal adujo que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de las
Resoluciones expropiatorias números EDU-18-0635 de 14 de diciembre de 2018 y
EDU-19-0109 de 28 de enero de 2019 a través de los cuales se estimó el precio
indemnizatorio en la suma de $439.423.732.
8.2. Indicó que del análisis del avalúo de fecha 31 de octubre de 2018, que dictaminó
el área a expropiar y el precio indemnizatorio a reconocerse, evidenció que no se
hacía imperativo realizar una visita adicional porque el predio fue plenamente
identificado en cuanto a localización, linderos, colindancias y que la modificación
supuso únicamente la ampliación de la franja de terreno a expropiar.
8.3. Adujo que la aplicación del método de comparación o de mercado, se efectuó
en debida forma. Si bien es ilegible el listado de ofertas o transacciones recientes
de bienes semejantes que se evidencian en el avalúo de fecha 31 de octubre de
2018, se encontró que esa misma relación había sido dada a conocer a la empresa
demandante con la notificación de la Resolución EDU -18-0342 de 6 de septiembre
de 2018, y del avalúo de fecha 28 de agosto de 2018, en la cual si se descifra el
contenido, esto es, tipo de inmueble, fuente, datos de contacto, valor del predio y
fotografías.
8.4. Afirmó que analizado de manera integral el proceso administrativo adelantado
por EDUBAR se consideró que el avalúo fundante de la expropiación cumplió con
la condición impuesta por el artículo 10 de la Resolución 620 de 2008 de […] hacer
mención explícita del medio del cual se obtuvo la información y la fecha de
publicación además de otros factores que permitan su identificación posterior […]
8.5.Sostuvo que el método residual empleado por la Lonja de Propiedad Raíz de
Barranquilla analizó que la escogencia del área del terreno sobre la cual se
desarrollaría “el proyecto hipotético” si bien es distinto a la dimensión del predio
expropiado, esto no constituye un error grave habida cuenta que es válido y factible
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otorgar un valor igual por metro cuadrado para bienes inmuebles del sector, en
consideración a que existía homogeneidad en las actividades comerciales pasibles
de desarrollarse en dicha área.
8.6. Refirió que la utilización de un predio de mayor extensión para la aplicación del
método residual no afectó el derecho del demandante a recibir el precio
indemnizatorio pretendido, teniendo en cuenta que entre más grande el terreno el
uso o destinación puede ser mejor aprovechado.
8.7. Manifestó que el avalúo aportado por COLCHONES Y MUEBLES RELAX con
la presentación de la demanda, no puede ser considerado para desvirtuar el avalúo
que sirvió de fundamento para la expropiación toda vez que a pesar de que el
inmueble puede ser destinado a diferentes utilidades, con la aplicación del método
residual se opta por aquella que sea económicamente mas rentable conforme al
principio de “mayor y mejor uso” es decir, […] este método residual admite un único
uso y no varios aun cuando sea pasible de construir intensidades edificatorias[…].
8.8. Indicó que la parte demandante no realizó el estudio de factibilidad comercial
del “hipotético proyecto” planteado en el dictamen, respecto de la construcción de
bodegas con frente comercial y oficinas, lo cual era indispensable a la luz del inciso
segundo del artículo 4 de la Resolución 620 de 2008, ni tampoco analizó aspectos
relacionados con i) el consumidor y las demandas del mercado y del proyecto,
actuales y proyectadas; ii) la competencia y ofertas del mercado del proyecto,
actuales y proyectadas; iii) comercialización del producto del proyecto; y iv) los
proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos proyectados. Que en tales
condiciones no se logra evidenciar un daño accesorio cierto que hubiera podido
consumarse con la expropiación.
Recurso de apelación
9. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de apelación
contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los siguientes
argumentos22.
9.1. Manifestó su inconformidad con el avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz de
Barranquilla de fecha 31 de octubre de 2018, en relación a la forma, ubicación,
22
Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: Recurso de apelación 2019-00374. Páginas 1-38
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relieve y linderos para precisar que los lotes ubicados entre la carrera 38 y la 12 A
ocupada por el proyecto de ampliación son distintos, la intensidad de la actividad
comercial no es homogénea, y sin demostración alguna, la parte demandada
procedió a aplicar el método residual sobre un predio a todas luces distinto.
9.2. Adujo que la normatividad urbana califica de manera distinta los predios según
su tamaño, lo que permite evidenciar que se desconoció el cumplimiento de los
protocolos establecidos a nivel mundial sobre “buenas prácticas en material
voluntaria de bienes inmuebles”, toda vez que la entidad demandada contaba con
la obligación verificar la dirección del predio para multiplicar por el número de metros
el valor obtenido en la aplicación del método residual en el lote contiguo.
9.3. Dijo que para efectos de la aplicación de la técnica residual, se deben atender
parámetros relacionados con el precio de venta del producto o mejora inmobiliaria
incorporada, el costo de desarrollo o construcción de la mejora del producto
inmobiliario, y el costo de obras preliminares o de urbanización y aprovechamiento,
en aras de obtener el valor en el mercado y que determine el emprendimiento
inmobiliario más probable que puede desarrollarse en el terreno, teniendo en cuenta
la valoración por metro cuadrado edificable para obtener el valor de incidencia del
terreno, aspectos que no tuvo en cuenta el avalúo de fecha 31 de octubre de 2018.
9.4. Refirió que los peritos de la Lonja de Propiedad de Barranquilla no tuvieron en
cuenta linderos, planos, y ubicación, lo que genero un daño en el derecho de
dominio de la propiedad de un bien inmueble que sólo fue valorado en metros
cuadrados y que condujo a una estimación errada en la indemnización.
9.5. Relató que previo a la expedición del avalúo del 31 de octubre de 2018, la
entidad demandada debió visitar el predio para constatar las condiciones
extrínsecas del mismo, relacionadas con el contorno, la vecindad, la apertura de
nuevas infraestructuras en el sector, y la venta de proyectos nuevos, los cuales
podrían afectar la tasación del precio.
9.6. Adujo que las ofertas que consiguió el ingeniero Luis Fernando Restrepo para
elaborar su experticia, evidenció que los precios que se consiguen en el mercado,
luego de la visita de mayo de 2018 por la Lonja de Barranquilla, son superiores y
permiten demostrar que el tribunal no realizó la debida valoración al respecto,
desconociendo que en el informe presentado por el citado profesional realiza una
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pormenorizada y detallada exposición con la “memoria de los cálculos” y
fundamentando cada uno de los “enfoques, métodos, herramientas de apoyo a los
métodos, datos de entrada para su análisis” cada uno con la imagen y citando de
manera clara la fuente de información, para que las mismas pudieran ser verificadas
por el tribunal.
9.7. Indicó Refirió que, si la Lonja de Barranquilla hubiere tenido en cuenta los
aspectos relacionados en el numeral anterior, evidenciaría cuáles eran las
tendencias del mercado para la cuantificación del precio indemnizatorio.
9.8. Afirmó que el tribunal incurrió en un error conceptual al afirmar que el único
método que sirve de sustento para la cuantificación del precio indemnizatorio es el
residual […] pues en su premisa parte del supuesto de que, en la valoración de
bienes inmuebles, o se usa uno o se usa otro método sin advertir que la técnica o
método residual, está conformada por la combinación de todos los métodos de
ingresos, de mercado y de costos, siendo todos validos nacional e
internacionalmente y que aparecen en la legislación colombiana, en el Decreto
1.420 que reglamenta a la Ley 388 de 1997 y en la Resolución 620 de 2008 del
IGAC […]23
9.9. Sostuvo que el método de mercado adelantado por la Lonja de Barranquilla se
realizó bajo premisas que no comprobó ni aportó pruebas que evidenciaran que
todos los predios ubicados entre las carreras 38 y 12 A con Avenida Circunvalar
cuestan lo mismo, sin evidenciar aspectos tales como ubicación, forma, frente sobre
la vía y tamaño, aun cuando los tres predios que compara arrojan precios de venta
distintos.
Actuación en segunda instancia
10. El Despacho sustanciador mediante auto de 18 de marzo de 2021, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 2 de octubre de 2020 por la Sección C del Tribunal Administrativo del
Atlántico.
11. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso de apelación, el despacho
23
Folio 16 del recurso de apelación
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sustanciador mediante auto proferido el 18 de marzo de 2021 corrió traslado a las
partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para
que emitiera concepto.
Alegatos de conclusión
12. La parte demandada, Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.
13. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
14. La parte demandada, Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región
Caribe - EDUBAR, guardó silencio en esta oportunidad procesal.
Concepto del Ministerio Público
14. La Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
el que solicitó confirmar la sentencia apelada24. Al respecto, adujo lo siguiente:
14.1. Dentro de los reparos efectuados por la parte demandante en contra del
avalúo está el hecho de que no se realizó una visita al predio al momento de
incrementar el área que se iba a expropiar; no obstante, se logró establecer que la
lonja al momento de efectuar el avalúo del área primigenia a expropiar de 436.20
m2 sí realizó una visita al terreno, obviando hacer una segunda inspección para
emitir su segundo avalúo, dado que se trataba del mismo inmueble sobre el cual no
se habían presentado variaciones, simplemente se iba a incrementar el número de
metros a expropiar.
14.2. El dictamen allegado por la parte demandante no cuenta con un estudio de
factibilidad comercial que permitiera determinar la procedencia de los valores
indemnizatorios reclamados, costos y utilidades que arrojaría el mejor desarrollo
para el inmueble, lo que va en contravía de lo dispuesto en el artículo 4 de la
Resolución 620 de 2008.
24 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:14CONCEPTO_ Páginas 1-26
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14.3. La parte demandante desconoció lo previsto en el artículo 167 del Código
General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011,
en razón a que no desvirtuó los métodos aplicados en el avalúo oficial aportado por
la parte demandada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
15. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo de la
expropiación administrativa; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre
la posesión; y vi) el análisis del caso en concreto.
Competencia de la Sala
16. Visto el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo sobre la competencia del Consejo de Estado, en
segunda instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de
2011, sobre el régimen de transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 2019 , expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la
Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto, en segunda instancia.
17. Agotados los trámites inherentes a la acción especial contencioso administrativa
prevista en el artículo 71 de la Ley 388, sin que se observe causal de nulidad que
pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.
18. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos expuestos
por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
proferida el 2 de octubre de 2020 por la Sección C del Tribunal Administrativo del
Atlántico, de conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio
de 201225, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo
306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
25 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
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Actos acusados
19. Los actos acusados son los siguientes:
19.1. El artículo tercero de la Resolución núm. EDU-18-0635 de 14 de diciembre de
201826 “[…] Por la cual se dispone la expropiación por vía administrativa de unas
mejoras y anexidades […]”, expedida por la Representante Legal de la Empresa de
Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe EDUBAR S.A. que resolvió:
“[…]
ARTÍCULO TERCERO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. - El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se decide por la presente Resolución de
conformidad con lo establecido por el artículo 68 de la ley 388 de 1997 numeral 2 y
sentencia C-476 de 2007, es por la suma CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS M.L. ($439.423.732). el cual se establece según lo siguiente
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.L. ($439.423.732)
según Avalúo Comercial de fecha 31 de octubre de 2018, practicado por corporación
Lonja De Propiedad Raíz De Barranquilla, adelantado con observancia de los
parámetros y criterios establecidos en el Decreto 1170 de 2017 Capitulo 3 artículos
2.2.2.3.1-2.2.2.3.30
19.2. La Resolución núm. EDU-19-0109 de 28 de enero de 201927, mediante la cual,
se resolvió un recurso de reposición, así:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución EDU-18-
0635 del 14 de diciembre del 2018, por los motivos expuestos en la parte
considerativa de este acto administrativo. […]
Problema jurídico
20. Corresponde a la Sala, con fundamento en el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante, determinar si: i) la parte demandada incurrió, en el avalúo
oficial, en alguna incorrección o defecto que afectara el precio indemnizatorio y iii)
si se desconocieron las pruebas presentadas por la parte demandante encaminadas
a desvirtuar el avalúo oficial.
21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la
26 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 2019-00374-
01.doc(.DOC) Nro Actua 2. Documento: fls. 103-110
27 Cfr. Folios 23 a 27.
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nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho
solicitado y, en consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida por la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico.
22. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán infra, de la siguiente
manera:
Marco normativo de la expropiación administrativa
23. Visto el artículo 58 de la Constitución Política, “[…] [p]or motivos de utilidad
pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador,
dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior
acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio. […]”.
24. El capítulo VIII de La Ley 388 regula la expropiación administrativa, la cual está
compuesta por varias etapas: i) la declaratoria de urgencia, de conformidad con los
artículos 63 a 65 ibidem, que indica que por motivos de utilidad pública o interés social
se puede expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás
derechos reales sobre terrenos e inmuebles; ii) la oferta de compra, en los términos
del artículo 66 ibidem; iii) la negociación del precio; iv) la enajenación voluntaria; y v)
la decisión de expropiación, en caso de no lograrse un acuerdo en la etapa de
enajenación voluntaria, como se explicará infra.
25. Visto el artículo 66 ibidem, la decisión de expropiación por la vía administrativa
deberá tomarse a partir de la iniciación del procedimiento correspondiente, mediante
acto administrativo formal, el cual se notificará al titular del derecho de propiedad
sobre el inmueble cuya adquisición se requiera y será inscrito por la entidad
expropiante en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Este mismo acto constituirá la oferta de
compra dirigida a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria.
26.Visto el artículo 67 ibidem, en el acto que determine el carácter administrativo de
la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se
reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza
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para los efectos previstos en el artículo 61 ibidem28. Además, la entidad deberá
precisar las condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán
prever el pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento
(60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco
(5) contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés
bancario vigente en el momento de la adquisición voluntaria.
27.El pago del precio indemnizatorio se podrá realizar en dinero o títulos valores,
derechos de construcción y desarrollo, de participación en el proyecto o permuta.
En todo caso el pago se hará siempre en su totalidad de contado cuando el valor de
la indemnización sea inferior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
al momento de la adquisición voluntaria o de la expropiación.
28. Visto el artículo 68 de la Ley 388, sobre la decisión de la expropiación, que
dispone:
“[…] Artículo 68º.- Decisión de la expropiación. Cuando habiéndose determinado
que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía administrativa, y
transcurran treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo de que trata el artículo 66 de la presente Ley, sin que se haya llegado
a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un contrato de
promesa de compraventa, la autoridad competente dispondrá mediante acto motivado
la expropiación administrativa del bien inmueble correspondiente, el cual contendrá lo
siguiente:
1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación.
2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.
3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de
utilidad pública o de interés social que se hayan invocado y las condiciones de
urgencia que se hayan declarado.
4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado en la
correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los efectos de
que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que
haya dispuesto la expropiación.
5. La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros derechos
reales sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos que legalmente
procedan en vía gubernativa […]”.
29. De acuerdo con las normas citadas supra, el Estado puede adquirir el bien
inmueble por medio de una enajenación voluntaria que implica un acuerdo formal
de voluntades entre las partes; sin embargo, si esto no es posible dentro del término
28
Artículo 67 Ley 388.
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de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo
que determina que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía
administrativa, la autoridad competente, mediante un acto administrativo motivado,
debe ordenar la expropiación.
30. La expropiación por vía administrativa conlleva la obligación, a cargo de la
entidad, de reconocer una indemnización justa y plena que comprenda el valor del
bien inmueble objeto de expropiación y los perjuicios toda vez que esta “[…]
constituye “[…] un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral” […]”29.
31. La Ley 388 fue reglamentada por el Gobierno Nacional por medio del Decreto
1420 de 1998, cuyas disposiciones regulan los procedimientos, parámetros y
criterios para la elaboración de los avalúos que determinan el valor comercial.
32. Visto el artículo 2.° ibidem, el valor comercial de un inmueble es el precio más
favorable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el
vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y
jurídicas que afectan el bien. En efecto, la determinación del valor comercial de los
inmuebles la debe realizar, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de
carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar
donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración30.
33. Visto el artículo 20 ibidem, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad
que cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y
autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo, especificarán el método
utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de las
edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal
estimación.
34. Visto el artículo 21 ibidem, para determinar el valor comercial se deben tener en
cuenta los siguientes parámetros:
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 6 de febrero de 2020, C.P. Dra.
Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 08001233100019971225601.
30
Artículo 3.° Decreto 1420 de 1998.
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“[…] La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo.
La destinación económica del inmueble.
Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se
realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de
los coeficientes de copropiedad.
Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad
de construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios para cada
uno de ellos.
Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el
inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación
para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se
determinará en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte
afectada del inmueble para establecer su valor comercial.
Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los
inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de
ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se
dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.
Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de mercado,
el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la
depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de
conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho
inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el mismo bien,
utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó, pero debe tenerse
en cuenta las adecuaciones que se le han introducido.
La estratificación socioeconómica del bien […]”
35.Visto, el artículo 22 ibidem, para la determinación del valor comercial de los
inmuebles, se deberá tener en cuenta, por lo menos, las siguientes características:
36. Para el terreno:
• Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma.
Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección.
• Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio.
• Tipo de construcciones en la zona.
• La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios
públicos domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de
transporte.
• En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse
en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.
• La estratificación socioeconómica del inmueble.
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37. Para las construcciones:
• El área de construcciones existentes autorizadas legalmente.
• Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados.
• Las obras adicionales o complementarias existentes.
• La edad de los materiales.
• El estado de conservación física.
• La vida útil económica y técnica remanente.
• La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido.
38. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas
comunes.
39.Visto el artículo 25 ibidem, para la elaboración de los avalúos que se requieran
con fundamento en las Leyes 9. ° de 1989 y 388, se deberá aplicar uno de los
siguientes métodos: el método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual.
40.En suma, para elaborar el avalúo y determinar el valor del bien inmueble objeto
de expropiación administrativa, la autoridad debe tener en cuenta la reglamentación
urbanística municipal vigente y criterios de carácter objetivo; además, este no puede
incorporar meras expectativas sino hechos ciertos y verificables.
Precio indemnizatorio justo: Reconocimiento del daño emergente y el lucro
cesante
41.Visto el artículo 58 de la Constitución Política prevé que, por motivos de utilidad
pública o de interés social definidos por el legislador, el Estado podrá adelantar una
expropiación por vía judicial o administrativa, mediante una indemnización previa,
la cual se debe fijar consultado los intereses de la comunidad y del afectado.
42. Visto el artículo 67 de la Ley 388, sobre la indemnización y forma de pago, prevé
que en “[…] el mismo acto que determine el carácter administrativo de la
expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá
a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los
efectos previstos en el artículo 61 de la presente ley. Igualmente se precisarán las
condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el
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pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento (60%)
del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco (5)
contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés bancario
vigente en el momento de la adquisición voluntaria […]”.
43.La Corte Constitucional ha considerado que la indemnización debe ser justa y
ponderar los intereses de la persona afectada y de la comunidad; asimismo, es
necesario atender el principio de igualdad para que los particulares no tengan que
soportar una carga pública desproporcionada que afecte el acceso a la propiedad.
44.En la sentencia C-476 de 2007, esa Corporación explicó que, por regla general,
la indemnización no se limita al precio del bien, toda vez que esta pude incluir los
daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la expropiación; sin embargo,
esta es diferente a la indemnización prevista en el artículo 90 de la Constitución
Política porque el artículo 58 ibidem no se refiere a un daño antijurídico, sino a una
carga que debe soportar el particular.
45.Además, reiteró que la indemnización que procede como consecuencia de la
expropiación no se fundamenta exclusivamente en los intereses privados, toda vez
que esta debe tener en cuenta el bienestar común. Por lo tanto, en algunos casos,
cuando los intereses de la comunidad asumen una relevancia especial, la
indemnización cumple una función compensatoria; no obstante, también puede
ocurrir que los intereses de la persona afectada tengan una importancia
constitucional especial y, en este caso, la indemnización tiene una función
restitutiva.
46.La Corte Constitucional explicó en la sentencia C-1074 de 2002 las reglas
generales que rigen la indemnización, en el marco de la expropiación, así:
“[…] De lo anterior, a la luz de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional en
la materia, se deducen las siguientes conclusiones:
1. No puede haber expropiación sin indemnización;
2. La indemnización debe ser previa al traspaso del dominio del bien del particular
al Estado;
3. La indemnización debe ser justa, es decir, debe ser fijada teniendo en cuenta
los intereses de la comunidad y del afectado y, por lo tanto, esos intereses deben ser
ponderados caso por caso. La ponderación dentro del marco legal y constitucional la
hará el juez civil en el evento de expropiación por vía judicial, y la entidad expropiante
o el juez contencioso en el evento de la expropiación por vía administrativa;
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4. La función de la indemnización es, por regla general, de orden reparatorio.
Comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. No obstante, en algunas
circunstancias, al ser consultados los intereses de la comunidad y asumir dichos
intereses un peso especial, ésta puede reducirse y cumplir tan sólo una función
compensatoria. De otra parte, en circunstancias diversas, al ser consultados los
intereses del afectado y adquirir éstos una relevancia constitucional especial, como
en el evento de la vivienda familiar y en otros que serán precisados en esta sentencia,
la indemnización puede, tanto en su monto como en su forma de pago, asumir una
modalidad que la lleve a cumplir una función restitutiva.
5. La indemnización no tiene que ser siempre pagada en dinero en efectivo, pero
si se paga la indemnización con instrumentos distintos al dinero, éstos han de reunir
por lo menos las siguientes características: i) No pueden transformar el pago de la
indemnización previa, en un pago futuro, posterior a la trasmisión del dominio del bien
expropiado; (ii) deben garantizar un pago cierto de la obligación y no meramente
simbólico o eventual; (iii) deben constituir un medio legal de pago de obligaciones, de
tal forma que realmente constituyan para el afectado una indemnización; (iv) deben
permitir que el valor de la indemnización por expropiación reconocido como justo, en
el caso concreto, se mantenga en el tiempo, si el expropiado actúa en los negocios
diligentemente; (v) deben ser libre y efectivamente negociables, a fin de garantizar
que el afectado pueda convertirlos, en dinero en el momento en que lo desee,
inclusive al día siguiente del traspaso del dominio del bien; (vi) no pueden ser
revocados unilateralmente por la entidad que los emite […]”31.
47. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 6
de febrero de 2020, con fundamento en los artículos 21.232 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos33 y 1734 de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, reiteró que la expropiación conlleva la obligación de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio. Además, esta Corporación explicó lo siguiente:
“[…] Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un
bien del dominio privado comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por
defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o
que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado
por el constituyente.
[…]
No sobra precisar que, para poder obtener la reparación de los daños accesorios que
hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos
sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la
decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.
El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su
ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente no
31
Corte Constitucional C-1074 de 4 de diciembre de 2002, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
32
“[…] 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones
de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley […]”
33
Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de
1972.
34
“[…] Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la
necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición de haya una justa y previa
indemnización […]”
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pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido
entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento,
pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar
lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para que se tengan como ciertos
aquellos daños futuros que a pesar de no haberse consolidado todavía, no existe
ninguna duda acerca de su advenimiento. Para que el perjuicio exista, resulta
completamente indiferente que aquél ya se haya presentado como un hecho existente
en el plano ontológico o que aparezca como la prolongación cierta y directa de un
estado de cosas actual. Al fin y al cabo, el daño futuro no es sino una modalidad del
daño cierto, tal como lo ha sostenido, en reiteradas oportunidades esta Corporación.
En todo caso, los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio deben ser
acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de
lesiones ya causadas o de daños que, si bien no se han producido todavía, existe una
alta probabilidad en torno a su ocurrencia […]”35.
48.De acuerdo con lo expuesto, cuando la persona afectada acude a la jurisdicción
contenciosa administrativa porque, a su juicio, la indemnización no fue justa y plena,
le asiste la carga de probar la existencia de los perjuicios que reclama -daño
emergente y lucro cesante- y su nexo de casualidad con el acto administrativo que
dispuso la expropiación.
Acervo probatorio
49. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub examine
son las siguientes36:
• Resolución núm. EDU-18-0342 de 6 de septiembre de 2018, “[…] POR LA
CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN PARCIAL DE UN INMUEBLE
POR EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACION ADMINISTRATIVA Y SE
FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA A LA SOCIEDAD DE COLCHONES
Y MUEBLES RELAX S.A. FOLIO DE MATRICULA No. 040-213025, RT PV
CIRCUNVALAR 38”
• Avalúo corporativo suscrito por la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de
Barranquilla de 31 de octubre de 2018 (modificación)
• Resolución núm EDU-18-0580 de 20 de noviembre de 2018 “[…]POR LA
CUAL SE MODIFICA LA OFERTA DE COMPRA EDU-18-0342 DE 6 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 MEDIANTE LA CUAL SE DETERMINÓ LA
ADQUISICION PARCIAL DE UN INMUEBLE POR EL PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACION ADMINISTRATIVA Y SE LE FORMULA UNA OFERTA DE
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón;
sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 08001233100019971225601
36
Cfr. índice 28 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado: ED_C02_01
OTROS-CUADERNO DE APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 28.
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COMPRA A LA SOCIEDAD COLCHONES Y MUEBLES RELAX S.A. FOLIO
DE MATRICULA 040-213025 RT PV CIRCUNVALAR 38”
• Resolución núm EDU -18-0635 de 14 de diciembre de 2018 “[…]POR LA
CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACION POR VÍA ADMINISTRATIVA DE
UN INMUEBLE DE PROPIEDAD DE COLCHONES Y MUEBLES RELAX
S.A. FOLIO DE MATRIOCULA NO. 040-213025 RT. PV. CIRCUNVALAR-
38”
• Resolución núm EDU-19-0109 de 28 de enero de 2019 […]"POR LA CUAL
SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA
SOCIEDAD COLCHONES Y MUEBLES RELAX S.A., CONTRA LA
RESOLUCION EDU-18-0635 DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR LA
CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA DE
UN INMUEBLE DE PROPIEDAD DE OSCAR LARA VILLARREAL FOLIO DE
MATRICULA NO. 040-213025. RT: PV CIRCUNVALAR 38".
• Dictamen pericial rendido por LUIS FERNANDO RESTREPO GOMEZ y
JUAN GUILLERMO RUEDA OSORIO con fecha 15 de febrero de 2019.
50. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas obrantes en el expediente,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
de la Ley 156437, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.
Análisis del caso concreto
51. De conformidad con los marcos normativos y desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Incorrección del avalúo respecto al valor comercial del bien inmueble objeto
de expropiación
52.La parte actora en el recurso de apelación manifestó su inconformidad con la
valoración adoptada en el avalúo de fecha 31 de octubre de 2018 y la aplicación
37
Visto el artículo 624 de la Ley 1564, esa normativa resulta aplicable al caso sub examine, teniendo en cuenta que el recurso
fue interpuesto el 6 de mayo de 2015.
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indebida del método de la técnica residual que condujo a tasación del precio
indemnizatorio.
53. Para resolver este argumento de apelación, la Sala recuerda que la
jurisprudencia, con fundamento en la normativa que regula el asunto, ha
considerado que el precio indemnizatorio está amparado por la presunción de
legalidad al ser incorporado al acto administrativo que ordena la expropiación, por
lo tanto, la parte demandante tiene la carga de probar cuál es error o la incorrección
del avalúo oficial. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante sentencia proferida el 20 de febrero de 2020, precisó lo siguiente:
“[…] Esta Corporación ha sostenido que al haber sido incorporado el avalúo
comercial al acto administrativo, este goza de presunción de legalidad y debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien
recurre, en este caso, demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección. La Sala ha indicado sobre este
particular:
«[…] la Sala recuerda que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de esta
Corporación en la cual se ha sostenido que el precio establecido en los actos
acusados se encuentra amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser desvirtuada a través de
los diferentes medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no
ocurrió en el sub lite.
Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al analizar objeciones frente
al avalúo que sirvió de fundamento para la determinación del monto de una
indemnización expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la
misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo
oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección”38 (negrillas
fuera de texto).
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección39 sostuvo que “todo lo
anterior conduce a la Sala a considerar que debe tenerse como válido, creíble
y fundamentado, el avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin
que el mismo pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien tenía
la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como lo concluyó
el juez de primera instancia, el actor no logró demostrar la incorrección del
avalúo en virtud del cual el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo
precio de la indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, que lo incorporó
38
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2009. Radicado:
2005-03509. Magistrado Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
39
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 17 de marzo de 2011. Radicado:
2005 – 00273. Magistrada Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias la 31 de mayo de 2018,
Rad.: 2008 – 0074. Magistrada Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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[…]»40 […]”41. (Destacado fuera de texto)
54.Además, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que el
dictamen pericial es la prueba idónea para acreditar la incorrección del avalúo
oficial; en la sentencia proferida el 30 de abril de 2020, indicó lo siguiente:
“[…] Con fundamento en las anteriores premisas, en nuestro ordenamiento jurídico
la prueba idónea para demostrar la incorrección del avalúo oficial que determinó el
valor comercial de un bien inmueble objeto de expropiación es el dictamen pericial
y, en consecuencia, tal y como lo estimó el a quo, el avalúo presentado por el actor
con la demanda, siendo una prueba documental, no resulta conducente para esa
finalidad […]”42.
55. La determinación del valor comercial del bien inmueble tiene un carácter técnico,
toda vez que este se fundamenta en varios criterios y parámetros como la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente, la destinación económica
del inmueble, los valores unitarios para cada una de las construcciones del terreno,
aspectos físicos, la clase del suelo, las construcciones en la zona, la estratificación
socio económica del bien inmueble, las construcciones existentes, entre otros;
asimismo, para establecer el valor comercial del bien inmueble debe acudirse a los
métodos previstos en la normativa.
56.En este orden de ideas, la parte demandante debe realizar un esfuerzo
probatorio para desvirtuar la corrección del avalúo oficial.
57.El artículo 67 de la Ley 388, sobre la indemnización y forma de pago, prevé que
en “[…] el mismo acto que determine el carácter administrativo de la expropiación,
se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá a los
propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos
previstos en el artículo 61 de la presente ley. Igualmente se precisarán las
condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el
pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento (60%)
del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco (5)
contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés bancario
vigente en el momento de la adquisición voluntaria […]”.
40
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VALDÉS. Sentencia de quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 25000-23-24-
000-2011-00196-01. Actor: Daniel Patiño Parra. Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López; sentencia de
20 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 25000232400020110011501.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés;
sentencia de 30 de abril de 2020; núm. único de radicación: 05001233100020030050001
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58. El avalúo elaborado por la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla
de fecha 31 de octubre de 2018, determinó el valor del terreno en $439.423.731,70
el cual se discriminó así:
Y en cuanto a las metodologías de evaluación, precisó lo siguiente:
[…]"METODOLOGIAS DE EVALUACIÓN
MÉTODO DE COMPARACIÓN PARA EL TERRENO
Resolución IGAC 620 de 2008, Artículo 1. Artículo 1º.- Método de comparación o de
mercado. Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien,
a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y
comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor
comercial.
DESARROLLO
Se encontraron 16 datos de lotes ofertados en la zona, los que fueron clasificados
en cuatro grupos: GRUPO 1: Constituido por las ofertas 1 y 2, con uso normativo
CAE - 4con valor de $350.000/m2 que corresponde a los lotes ubicados en sector
de las granjas, con menor consolidación en el uso comercial respecto al trayecto en
estudio. GRUPO 2: Lo forman las ofertas 3, 5 y 11, con uso normativo CAE - 4, se
trata de lotes localizados dentro de los parques industriales, con valores entre
$680.000 y $752.000/m2. GRUPO 3: Los forman las ofertas 4, 6, 10 Y 15, con uso
normativo CAE - 4 y PR-3, son lotes ubicados en el sector de El Pueblito donde la
actividad comercial es de menor intensidad respecto al trazado en estudio, con
valores entre $500. Y 600.000/m2. GRUPO 4: Formado por las ofertas 12 Y 14,
localizados en el barrio la Pradera, el primero a pocos metros de la vía Juan Mina,
negociado recientemente y el segundo más retirado de esta vía, los dos con uso
normativo PR-3, con valores entre $453.000 y 828.000. GRUPO 5: Formado por las
ofertas 8, 13 y 16, con uso normativo CAE - 4 y C-ОСС, se considera que
representan el trayecto en estudio y se encuentran dentro del mismo, son
procesados estadísticamente resultando un límite inferior de $600.000
(Redondeando) y superior de $690.000 (Redondeando)
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METODOLOGÍA RESIDUAL PARA EL TERRENO
Resolución IGAC 620 de 2008 Art. 4. Método (técnica) residual: Es el que
busca establecer el valor comercial del bien, normalmente para el terreno, a
partir de estimar el monto total de las ventas de un proyecto de construcción,
acorde con la reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el
mercado del bien final vendible, en el terreno objeto de avalúo. Para
encontrar el valor total del terreno se debe descontar al monto total de
lasventas proyectadas, los costos totales y la utilidad esperada del proyecto
constructivo. Es indispensable que además de la factibilidad técnica y jurídica
se evalúe la factibilidad comercial del proyecto, es decir la real posibilidad de
vender lo proyectado. Parágrafo. - Este método (técnica) debe desarrollarse
bajo el principio de mayor y mejor uso, según el cual el valor de un inmueble
susceptible de ser dedicado a diferentes usos será el que resulte de
destinarlo, dentro de las posibilidades legales y físicas, al económicamente
más rentable, o si es susceptible de ser construido con distintas intensidades
edificatorias, será el que resulte de construirlo, dentro de las posibilidades
legales y físicas, con la combinación de intensidades que permita obtener la
mayor rentabilidad, según las condiciones de mercado.
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VALOR ADOPTADO PARA TERRENO
Analizado el comportamiento de la dinámica inmobiliaria de la zona sobre la
Circunvalar, entre la carrera 38 y la 12 A, ocupada por el proyecto de
Ampliación y notando que no se presenta diferenciación de valores de terreno
por tamaño. Además de que la intensidad de la actividad comercial es
relativamente homogénea, se adopta un solo valor de terrero sobre el
trayecto, el cual corresponde al resultante del ejercicio residual, es decir
$660.500/m2 de terreno, valor que se encuentra de los límites inferior y
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superior calculados en el procesamiento estadístico aplicado en la
metodología de mercado.
METODOLOGÍA DEL COSTO PARA VALORAR LAS CONSTRUCCIONES
Y ANEXOS
MÉTODO DEL COSTO DE REPOSICIÓN
RESOLUCIÓN IGAC 620 2008 Art. 3.- Es el que busca establecer el valor
comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la
construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y
restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar
el valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizará la siguiente fórmula:
Vc = {Ct - D} + Vt En donde: Vc = Valor comercial Ct = Costo total de la
construcción D = Depreciación Vt = Valor del terreno Parágrafo.
Depreciación. Es la porción de la vida útil que en términos económicos se
debe descontar al inmueble por el tiempo de uso, toda vez que se debe
avaluar la vida remanente del bien. Existen varios sistemas para estimar la
depreciación, siendo el más conocido el Lineal, el cual se aplicará en el caso
de las maquinarias adheridas al inmueble. Para la depreciación de las
construcciones se deben emplear modelos continuos y no los discontinuos o
en escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad y el
estado de conservación, tal como lo establece Fitto y Corvini para lo cual se
presentan las ecuaciones resultantes el ajuste para los estados 1,2,3 y 4.
Para establecer los valores de reposición (a nuevo) se tomó como base la
información de la revista especializada en costos de construcción SISPAC Y
CONSTRUDATA.
Costo de Reposición a nuevo depreciado (CRND). Para estimar el valor de
las construcciones se utiliza el enfoque o m todo del costo. Este método en
su aplicación se denomina costo de reposición a nuevo depreciado Para la
estimación de los costos directos de construcción se utiliza la información de
las revistas Construdata y Sispac
Los factores de ajusta que se aplican a las construcciones y anexos son: 1.
Costos Indirectos en obra, 2. Costos indirectos del proyecto de construcción
Calificación de las construcciones, 4 Ajuste por tipo y características, 5.
Depreciación de las construcciones y 6. Análisis del Costo de Reposición a
Nuevo
1. Costos indirectos en obra: El factor de ajuste para los costos indirectos
(Honorarios, licencia, personal de casa en obra, residente, etc) en obra para
estimar el costo total de la obra de construcción corresponde a porcentaje
aproximado al 13,63%.
2. Costos indirectos del proyecto de construcción. Los factores de ajuste
generalmente utilizados para los costos indirectos aplicables al costo directo
total de la construcción y estimar el costo total del proyecto construido son:
Costos financieros 9%, administración y gerencia 5%, Imprevistos 4% y
utilidad 15%, para un total de un 33%.
3. Calificación de las construcciones. En el caso de ser necesario se presenta
en el informe de avalúo en el Item y en los anexos correspondientes.
4. Ajuste por tipo y características. En el caso de ser necesario porque la
tipología del Inmueble no se ajuste a las desarrolladas en las revistas
Construdata y Sis sac se procede a un ajuste según el análisis propio de cada
caso y se presenta en el item y en los anexos correspondientes.
5. Depreciación de las construcciones. La depreciación de las construcciones
se aplica con base en la edad aparente y el estado de la construcción,
métodos de Ross y Heideck y tabulados en las tablas de Fitto y Corvini, las
cuales se contemplan en la R.IGAC 620 de 2008 y se presenta en el
aparte y en los anexos correspondientes.
6. Análisis del Costo de Reposición a Nuevo. El análisis del costo de
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reposición a nuevo depreciado (CRND) de las construcciones y de las
mejoras (terraza y patio) se presenta en el Informe de avalúo en el item y en
los anexos correspondientes.
(…)
59. A través de la Resolución núm EDU-18-0580 de 20 de noviembre de 2018,
Edubar modificó los artículos primero, cuarto, quinto y sexto de la Resolución núm
EDU18-0342 de 6 de septiembre de 2018 en los siguientes términos:
[…]RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar los artículos primero, cuarto, quinto y sexto de la
Resolución No. EDU-18-0342 de 06 de septiembre de 2018, los cuales quedará de
la siguiente forma:
"ARTICULO PRIMERO: Determinar mediante el proceso de expropiación
administrativa establecido en el capítulo VIII de la ley 388 de 1997 en concordancia
con la ley 1682 de 2013 y sus modificaciones y con destino al programa de PLAN
VIAL CIRCUNVALAR, la adquisición PARCIAL de un área de terreno de 653.78 m2
y 67.50 m2 de muro de encerramiento, ubicado en la Ciudad de Barranquilla, en la
dirección Calle 110 T 28B-33, identificado con el folio de matrícula No. 040-213025
y Referencia Catastral No. 011102220004000.
ARTICULO CUARTO: El valor del precio indemnizatorio, que para tal efecto
presenta EDUBAR S.A., es de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
M.L. ($439.423.732) valor del inmueble a adquirir de acuerdo al avalúo comercial de
fecha octubre 31 de 2018 actualmente vigente, practicado por la Corporación Lonja
de Propiedad Raíz de Barranquilla, según los criterios establecidos en el Decreto
1170 de 2015 (compilatorio del 1420 de 1998).
ARTÍCULO QUINTO. INDEMNIZACIÓN O COMPENSACIONES. De conformidad
con lo señalado por los artículos 23 y 37 de la ley 1682 de 2013, este último
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modificado por el artículo 6 de la ley 1742 de 2014, y de acuerdo con la Resolución
N° 0898 de 19 de Agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionada por la
Resolución N° 1044 de 29 de Septiembre de 2014, ambas expedidas por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi IGAC- y demás normatividad que regula la materia, se
reconocerá además del valor señalado en el artículo cuarto de la presente
resolución, los valores definidos a continuación:
60.En el recurso de apelación, la parte demandante reitero que el avalúo de 31 de
octubre de 2018 se realizó sin visita al predio, desatendiendo que las condiciones
extrínsecas del terreno pudieron cambiar y tampoco se verificó el área del predio
objeto a expropiar.
61. Pese a lo expresado por la parte demandante, la Sala considera que el avalúo
de fecha 31 de octubre de 2018 si bien realizó modificaciones frente a la afectación
del área y al valor a indemnizar, no alteró las condiciones
precisadas en el dictamen de la Lonja de Propiedad Horizontal de fecha agosto 28
de 2018 en cuanto a la información del sector, usos del suelo, reglamentación
urbanística, características particulares del inmueble, y valor del mismo.
62. Ahora bien, respecto de la aplicación del método de comparación o de mercado,
el que a la postre sirvió de sustento para la cuantificación del preciso indemnizatorio
a través del método residual, se tiene que el listado de ofertas o transacciones de
bienes similares y comparables se allegaron desde el avalúo de fecha 28 de agosto
de 2018 en las que se puede evidenciar el tipo de inmueble, fuente, datos de
contacto y valor de los predios, documentación que no tuvo variaciones para la
fecha de la expedición de la Resolución EDU-18-0580 de 20 de noviembre de 2018.
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63.Teniendo presente lo anterior, la Sala advierte que, examinado el dictamen de la
Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla contiene los elementos fundamentales del
método comparativo o de mercado, definido en los artículos 1 y 10 de la Resolución
620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que señalan lo siguiente:
[…]“Artículo 1º. Método de comparación o de mercado. Es la técnica
valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del
estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y
comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán
ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del
valor comercial.”
“Artículo 10º Método de Comparación o de mercado. Cuando para la
realización del avalúo se acuda a información de ofertas y/o transacciones,
es necesario que en la presentación del avalúo se haga mención explícita del
medio del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación, además de
otros factores que permitan su identificación posterior.”
64. A la luz de los anteriores parámetros, en el citado dictamen se advierte la
presentación y correlación de datos, informes, escritos o fotográficos, reportes o
identificación de los inmuebles con los cuales se efectuó la comparación, de modo
que se evidencia con suficiencia la exposición detallada el listado de ofertas.
65. De otro lado, en relación con la aplicación del método residual es preciso advertir
que el artículo 4 de la Resolución 620 de 2008 lo definió en los siguientes términos:
[…]“Artículo 4º. Método (técnica) residual. Es el que busca establecer el valor
comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto total
de las ventas de un proyecto de construcción, acorde con la reglamentación
urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien final vendible, en el
terreno objeto de avalúo.
Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar al monto total de las
ventas proyectadas, los costos totales y la utilidad esperada del proyecto
constructivo. Es indispensable que además de la factibilidad técnica y jurídica se
evalúe la factibilidad comercial del proyecto, es decir la real posibilidad de vender lo
proyectado.
Parágrafo.- Este método (técnica) debe desarrollarse bajo el principio de mayor y
mejor uso, según el cual el valor de un inmueble susceptible de ser dedicado a
diferentes usos será el que resulte de destinarlo, dentro de las posibilidades legales
y físicas, al económicamente más rentable, o si es susceptible de ser construido con
distintas intensidades edificatorias, será el que resulte de construirlo, dentro de las
posibilidades legales y físicas, con la combinación de intensidades que permita
obtener la mayor rentabilidad, según las condiciones de mercado”.
66. De la definición transcrita se evidencia que la aplicación de método residual opta
por una destinación del inmueble que sea económicamente más rentable conforme
al principio de “mayor y mejor uso”, potencial de desarrollo que se estableció en el
avalúo previamente cuestionado en cuanto al área total del terreno, al área vendible,
en este caso de bodegas, y a valor del metro cuadrado que se estableció por valor
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de $660.547.
Observaciones frente al dictamen pericial aportado con el escrito de la
demanda
67. La parte actora en el recurso de apelación manifestó que el dictamen aportado
en la demanda evidenció que los precios que se consiguen en el mercado, con
posterioridad al mes de mayo de 2018, son superiores y permiten evidenciar una
mejora sustancial en la cuantificación del precio tazado en la indemnización.
68. Al respecto, esta Sección de la Corporación43, ha señalado que el método de
mercado si aplica para determinar el valor del terreno, que el valor debe
determinarse en el momento exacto de la expropiación debido a la variación de
precios en el mercado inmobiliario, y que el avalúo debe incluir los elementos
fundamentales de la técnica de comparación o información de ofertas, indicando los
inmuebles incluidos en el estudio y avalúo, es decir, clasificar e interpretar las
transacciones o avalúos que se utilizaron para determinar el valor comercial.
Veamos:
"[...] 134. La Sala observa que, al igual que lo hizo la Lonja Inmobiliaria de Bogotá
D.C., el auxiliar de la justicia se basó en el método de comparación para determinar
el valor comercial del terreno y adujo que en el sector hay poca comerciabilidad, por
lo que se hizo necesario utilizar muestras de mercado en los barrios Santa Bárbara
y San Bernardo.
135. Se resalta, además, que el perito señaló que, «[p]ara hallar el valor de la
estructura, se aplica el método de reposición, aplicando los métodos de depreciación
y la tabla de fitto y corvini». De esta forma, la experticia confirma que la metodología
adoptada por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. para determinar el
valor comercial del inmueble fue adecuada, teniendo en cuenta su ubicación y
características.
136. Ahora bien, en cuanto al resultado de la valoración, se encuentra que el perito
determinó el valor comercial del inmueble para el momento en que realizó el avalúo,
es decir, para el año 2013, de manera que no puede ser comparado con el justiprecio
fijado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. en el año 2009, y que sirvió de
sustento a los actos administrativos por los cuales el IDU decretó la expropiación
administrativa. Esto, teniendo en cuenta la dinámica del mercado inmobiliario.
137. Por lo demás, la Sala advierte que el avalúo efectuado por el auxiliar de la
justicia no contiene los elementos fundamentales de la técnica de comparación o
información de ofertas, toda vez que no indica cuáles son los inmuebles incluidos
en el estudio y qué características los hacen semejantes o comparables al predio
objeto de avalúo. Por ende, no clasifica, analiza e interpreta las transacciones,
ofertas o avalúos de los cuales se valió para hacer la comparación requerida para
determinar el valor comercial del bien inmueble que fue materia de expropiación, de
manera que la valoración está desprovista de argumentos técnicos y de apoyo
probatorio.
138. Esta Sección del Consejo de Estado ha expresado que en estos casos no
43
[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: sentencia de 5 de agosto de 2021; C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 25000-23-24-000-2010-00521-01[…]
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resulta insuficiente la mera exposición de los resultados de las operaciones
periciales practicadas y de las deducciones extraídas por el perito, huérfanas de las
explicaciones relativas a su origen y al proceso lógico e intelectivo que ha conducido
a su obtención, omitiendo la exposición y explicación de las razones por las cuales
no es dable mantener otro criterio diferente. Esto, considerando que, tanto las partes
como la autoridad judicial no cuentan con los conocimientos especializados del
perito, por lo que se espera que este revele los datos y los hitos de su discernimiento,
que si bien un entendido en la materia puede reputar elementales, un profano puede
encontrarlos inasequibles.
139. Asimismo, es pertinente anotar que, como lo observó el a quo, esta Sección ha
precisado que, al incorporarse el valor del avalúo oficial en el texto de los actos
administrativos demandados debe entenderse que este se encuentra amparado por
la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de
la administración. Por lo tanto, es obligación de la parte demandante demostrar en
el proceso judicial los errores que se cometieron en dicho avalúo. Así se estableció
en sentencia proferida el 14 de septiembre de 2020, que señaló lo siguiente:
[...] 5.2.3. En este punto, la Sala considera relevante precisar el alcance de la carga
que recae sobre el demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los
actos de la administración; no basta entonces con que se argumente que los mismos
no cumplieron con lo determinado en la norma para atacar la presunción de legalidad
y veracidad de que goza el avalúo oficial. Resulta indispensable que la parte
demandante indique el defecto en que se ha incurrido y cuál es el impacto en el
precio que se ofreció por la administración conforme las normas que regulan la
materia. Así las cosas, la Sala no comparte las apreciaciones de la parte apelante
respecto del avalúo utilizado por el Municipio de Medellín para fijar el valor del precio
indemnizatorio, pues no se desvirtuó su presunción de legalidad y, por el contrario,
se puede concluir que el avalúo acogió las reglas determinadas en la normatividad
aplicable para su determinación [...].
140. En esa línea de ideas, las falencias del dictamen pericial que han quedado
evidenciadas impiden darle plena credibilidad, razón por la cual no logra demostrar
la incorrección del avalúo que sirvió de sustento para la fijación del precio
indemnizatorio reconocido y pagado al actor con ocasión de la expropiación
administrativa dispuesta mediante las resoluciones demandadas [...]".
69.De este modo, la Sala considera que es obligación de la parte demandante
demostrar en el proceso judicial los errores cometidos en el avalúo; por tanto no es
suficiente argumentar que los precios de los inmuebles -aledaños-que se evidencian
en el marcado son superiores, pues resulta indispensable que la parte demandante
especifique el defecto incurrido y el impacto de éste en el precio ofrecido por la
administración, conforme a las normas que regulan la materia.
70.De acuerdo con lo anterior, el a quo valoró las pruebas presentadas por la parte
demandante, determinando que en el plenario no existen elementos de prueba que
demuestren que el avalúo fijado por la parte demandada fue incorrecto y, por ende,
no hay motivo para decretar la nulidad solicitada en relación con el precio de la
indemnización
71. Así, se concluye que en la decisión adoptada en primera instancia se realizó un
adecuado análisis de los avalúos presentados en el proceso, explicando
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suficientemente las razones por las cuales no se desvirtúa la presunción de
legalidad que ampara las decisiones acusadas.
Conclusiones
72.La Sala considera que la parte demandante no desvirtuó la presunción de
legalidad de los actos acusados; en consecuencia, se confirmará la sentencia
proferida, en primera instancia.
Condena en costas
73.Vistos el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso44, sobre la
condena en costas y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y a que
en el expediente no aparecen causadas ni probadas, la Sala no condenará en
costas a la parte demandante, en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de octubre de 2020 por la Sección
C del Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen
44
Atendiendo a la remisión efectuada a las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del proceso.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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