Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-00796-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-00796-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-00796-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
31 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00796-00
Accionante: CARLOS MARTÍN YAYA MARTÍNEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA
Tema: Tutela contra providencia judicial / Derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad / Principios
constitucionales a la seguridad jurídica y prevalencia
del derecho sustancial sobre el formal / Medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho /
Defecto sustantivo y defecto fáctico / Expropiación
por vía administrativa / Avalúo comercial de
inmueble
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el
señor Carlos Martin Yaya Martínez, actuando en nombre propio y
como apoderado de los señores Jorge Armando Yaya Martínez, Julio
Alfonso Yaya Martínez, Víctor Manuel Yaya Martínez, Pedro Nel Yaya
Martínez, Luis Miguel Yaya Aguilar y Campo Eduardo Yaya Mejía,
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ACCIÓN DE TUTELA
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Manuel Yaya Mejía, y de las señoras María Esther Yaya Martínez,
Josefina Yaya Martínez, Carmen Alcira Yaya de Aguilar, Luz Evelia
Mejía Díaz y Sandra Liliana Yaya Mejía; en contra de la Sección
Primera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de
derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la expedición de la
providencia de 5 de agosto de 2021, proferida dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado número
25000-23-24-000-2010-00521-01.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, así como de
los principios constitucionales a la seguridad jurídica y prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, se fundamenta en los siguientes:
1. HECHOS
La parte accionante presentó medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Instituto de Desarrollo
Urbano (en adelante IDU) con el fin que se declarara la nulidad de los
actos administrativos mediante los cuales se ordenó una expropiación
por vía administrativa por la construcción de la Fase 3 de
Transmilenio.
El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Primera – Subsección C en descongestión que, mediante
sentencia de 11 de septiembre de 2014, accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda. El IDU interpuso recurso de apelación, el cual
fue resuelto por el Consejo de Estado – Sección Primera que, a través
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de providencia de 5 de agosto de 20211, revocó lo fallado en primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones.
2. PRETENSIONES
Solicita la parte accionante lo siguiente:
«PRIMERA.- Solicito al H. CONSEJO DE ESTADO, de manera respetuosa
se sirva CONCEDERNOS el Amparo de Tutela para protegernos el
derecho fundamental al debido proceso por la inadecuada valoración
del acervo probatorio que hizo el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN
PRIMERA, M. S.: DRA: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN al haber
revocando (sic) la Sentencia de Primera Instancia dictada por el H.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA,
SUBSECCIÓN “C” EN DESCONGESTIÓN, M. S. DRA. ANA MARÍA
CORREA ANGEL, PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO dentro del Proceso radicado con el N°
25000232400020100052-101, siendo demandantes nosotros, MARÍA
ESTHER YAYA MARTÍNEZ, JOSEFINA YAYA MARTÍNEZ, JORGE
ARMANDO YAYA MARTÍNEZ, CARMEN ALCIRA YAYA DE AGUILAR, JULIO
ALFONSO YAYA MARTÍNEZ, VICTOR MANUEL YAYA MARTÍNEZ, PEDRO
NEL YAYA MARTÍNEZ, LUIS MIGUEL YAYA AGUILAR, LUZ EVELIA MEJÍA
DÍAZ, SANDRA LILIANA YAYA MEJÍA, CAMPO EDUARDO YAYA MEJÍA,
MANUEL YAYA MEJÍA Y OTROS, disponiendo la descalificación judicial
total de la Sentencia de fecha 7 de agosto de 2021 (sic) proferida en
Segunda Instancia por el Consejo de Estado, Sección Primera, siendo
ponente la Dra. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN.
SEGUNDA.- Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
proferida el 7 de agosto de 2021 (sic) por LA SECCIÓN PRIMERA DEL
CONSEJO DE ESTADO, M. S. Dra. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN,
dentro del Proceso radicado con el N° 25000232400020100052-101
mediante la cual, se REVOCÓ la Sentencia de Primera Instancia dictada
por TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, la cual aludiré
más adelante en este escrito de Tutela.
1
Si bien en el escrito de tutela se indica que providencia acusada es de 7 de agosto de 2021, de
conformidad con el expediente adjunto y con la copia de la decisión de segunda instancia dictada dentro
del proceso radicado número 25000-23-24-000-2010-00521-01, la fecha de decisión proferida por el
Sección Primera del Consejo es el 5 de agosto de 2021.
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TERCERA.- ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, M.
S., DRA. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN, para que dentro del término
de treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión,
o antes, profiera un nuevo Fallo de fondo teniendo en cuenta los
hechos debidamente probados en el Fallo de Primera Instancia, en el
cual, de conformidad con la autonomía judicial y las reglas de la sana
crítica deben evaluar y tener como pruebas suficientes la totalidad del
acervo probatorio del expediente, especialmente los avalúos
presentados por la Arquitecta CARMENZA QUINTERO CASTAÑEDA y el
señor CARLOS MANUEL GUEVARA CALDERÓN, los cuales no fueron
objetados por la Entidad Demandada, ni por ninguna otra Autoridad,
siendo por tanto pruebas suficientes, tal y como ya lo anoté, para
acceder a la Demanda impetrada; y/o en su defecto, decretar
oficiosamente un nuevo avalúo en procura de que nos sean reconocidos
nuestros derechos patrimoniales reales sobre el inmueble expropiado».
(sic en toda la cita)
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Sostiene la parte accionante que el Consejo de Estado – Sección
Primera, con la expedición de la sentencia de 5 de agosto de 2021,
incurrió en:
Defecto sustantivo: por cuanto el operador judicial hizo una
interpretación contra legem de las normas aplicables al caso
concreto que fue claramente perjudicial para los intereses
legítimos de la parte accionante. Sin indicar una disposición
normativa en particular, precisó que, pese a la autonomía
judicial, los análisis que se realicen para resolver un asunto
deben estar dentro del margen de lo razonable.
Defecto fáctico: porque no se le dio valor a los avalúos
aportados al expediente por los demandantes y tampoco la
Sección Primera decretó de forma oficiosa que estos se
realizaran nuevamente, de manera que se hubiesen «respetado
sus derechos sustanciales».
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Manifestó que con la expropiación por vía administrativa se le
impuso una obligación constitucional de salir de su inmueble
contra su voluntad y por un valor «irrisorio, doloroso e
inmisericorde», teniendo en cuenta que, según indica, varios
inmuebles ubicados en zonas lejanas de Bogotá, que incluso no
cuentan con servicios públicos domiciliarios, fueron avaluados a
mejor precio que su bien.
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto de 3 de febrero de 2022, el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A admitió la acción de tutela de la
referencia y ordenó notificar al Consejo de Estado – Sección Primera,
como accionado, y al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, como
tercero interesado en las resultas del proceso, para que ejercieran su
derecho de defensa.
Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.
5. INTERVENCIONES
5.1. El Consejo de Estado – Sección Primera, a través de la
magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, solicitó que se desestime la
presente acción de tutela porque el hecho de que los sujetos
procesales no estén de acuerdo con el sentido de una decisión judicial
no implica que ello pueda representar una afectación de sus derechos
fundamentales.
Sostuvo que la parte accionante tenía la carga de probar en sede del
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medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que el
avalúo oficial era equivocado, demostrando precisamente su
incorreción, así como la corrección de los justiprecios de los avalúos
allegados al proceso, pero a pesar de tener esa carga probatoria, no
lo hizo.
En ese sentido, expuso que la finalidad con la acción de referencia es
reabrir un debate jurídico debidamente concluido y utilizar este
mecanismo de protección constitucional como una tercera instancia,
fundado únicamente en su desacuerdo con lo decidido en la sentencia
de 5 de agosto de 2021 y no en la supuesta vulneración de derecho
fundamental alguno, pues ello no acaeció.
5.2. El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, mediante su
director técnico de gestión judicial, pidió su desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución
Política:
«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
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omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».2
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión
de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:
¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos fijados
en la jurisprudencia para su procedibilidad contra providencias
judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:
¿El Consejo de Estado – Sección Primera, con la expedición de
la sentencia de 5 de agosto de 2021, que resolvió el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
número 25000-23-24-000-2010-00521-01, incurrió en un
defecto sustantivo y fáctico y, por consiguiente, en la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad, así como de
los principios constitucionales a la seguridad jurídica y
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal de la parte
accionante?
2
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
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Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos de procedibilidad, iii) el defecto sustantivo, iv) el defecto
fáctico y v) el caso concreto.
3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.
Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el
principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los
jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia
efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:
i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.
ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.
iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
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presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora.
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.
v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.
vi. Que no se trate sentencias de tutela.
3.1.1. En el presente caso, advierte la Sala de Subsección que la
pretensión de amparo constitucional es de marcada relevancia
constitucional, en la medida en que se contrae a establecer de
manera central si la parte accionada incurrió en la violación de los
derechos fundamentales ya señalados.
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Así mismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional; y se tiene, igualmente, que la interposición del
mecanismo se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por
cuanto la providencia cuestionada se profirió el 5 de agosto de 2021 y
la acción de tutela se presentó el 31 de enero de 2022.
No se trata de irregularidades procesales ni de una tutela contra
tutela.
3.2. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional4, el defecto
material o sustantivo se origina en primer término, cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales5, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, «(i) una norma no aplicable al caso, ya sea,
porque la norma, (a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó
cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es
inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está
vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a
la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del
margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da
aplicación a las sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas
de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y
finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el
4
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de
2015, entre otras.
5
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
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ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la
disposición»6.
En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando
en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción
evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la
explican. En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi)
se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con
omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii)
cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto, (viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el
juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una
manifiesta violación de la Constitución»7. Este defecto, se presenta
ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la
decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría
improcedente8.
3.3. DEL DEFECTO FÁCTICO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Sobre el particular la Corte Constitucional9 ha identificado dos
dimensiones en las que puede presentarse:
6
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
7
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
9
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998,
T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
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a. Una dimensión negativa10, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva11, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la
intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el
juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido,
toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios».12
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
12
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
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4. CASO CONCRETO
En el presente asunto, se resuelve la acción de tutela interpuesta por
el señor Carlos Martin Yaya Martínez, actuando en nombre propio y
como apoderado de los señores Jorge Armando Yaya Martínez, Julio
Alfonso Yaya Martínez, Víctor Manuel Yaya Martínez, Pedro Nel Yaya
Martínez, Luis Miguel Yaya Aguilar y Campo Eduardo Yaya Mejía,
Manuel Yaya Mejía, y de las señoras María Esther Yaya Martínez,
Josefina Yaya Martínez, Carmen Alcira Yaya de Aguilar, Luz Evelia
Mejía Díaz y Sandra Liliana Yaya Mejía; en contra de la Sección
Primera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia e igualdad, así como de los principios constitucionales a la
seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal, ocurrida con ocasión de la expedición de la providencia de 5
de agosto de 2021, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado número 25000-23-24-000-
2010-00521-01.
Para resolver, esta Sala de Subsección considera:
4.1. En primer lugar, la parte accionante señala la configuración de un
defecto sustantivo por la «interpretación contra legem de las normas
aplicables al caso concreto que fue claramente perjudicial para los
intereses legítimos de la parte accionante», lo cual contraría el deber
de los jueces de resolver un asunto dentro del margen de lo
razonable.
Al respecto, se tiene que el Consejo de Estado – Sección Primera
fundamentó normativamente su decisión en lo consignado en los
artículos 20, 21 y 22 del Decreto 1420 de 1998, los cuales señalan los
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parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos, disponiendo
que:
«[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la
entidad que cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas
registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido
independizando el valor del suelo, el de las edificaciones y las mejoras
si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación.
Artículo 21º.- Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la
determinación del valor comercial:
1. La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al
momento de la realización del avalúo en relación con el
inmueble objeto del mismo.
2. La destinación económica del inmueble.
3. Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad
horizontal, el avalúo se realizará sobre las áreas privadas,
teniendo en cuenta los derechos provenientes de los
coeficientes de copropiedad.
4. Para los inmuebles que presenten diferentes características
de terreno o diversidad de construcciones, en el avalúo se
deberán consignar los valores unitarios para cada uno de ellos.
5. Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que
afecten parcialmente el inmueble objeto del avalúo y que
requieran de la ejecución de obras de adecuación para la
utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de
dichas obras se determinarán en forma independiente y se
adicionará al valor estimado de la parte afectada del inmueble
para establecer su valor comercial.
6. Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la
Ley 9 de 1989, los inmuebles que se encuentren destinados a
actividades productivas y se presente una afectación que
ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de
ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá
considerarse independientemente del avalúo del inmueble, la
compensación por las rentas que se dejarán de percibir hasta
por un período máximo de seis (6) meses.
7. Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de
conservación histórica, arquitectónica o ambiental, por no
existir bienes comprables en términos de mercado, el método
utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se
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descontará la depreciación acumulada, también deberá
afectarse el valor por el estado de conservación física del bien.
Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho
inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el
producir el mismo bien, utilizando los materiales y tecnología
con los cuales se construyó, pero debe tenerse en cuenta las
adecuaciones que se le han introducido.
8. La estratificación socioeconómica del bien.
Artículo 22º.- Para la determinación del valor comercial de los
inmuebles se deberán tener en cuenta por lo menos las siguientes
características:
A. Para el terreno
1. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía
y forma 2. Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión
urbana, suburbano y de protección
3. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el
predio
4. Tipo de construcciones en la zona
5. La dotación de redes primarias, secundarias y
acometidas de servicios públicos domiciliarios, así, como
la infraestructura vial y servicio de transporte
6. En zonas rurales, además de las anteriores
características deberá tenerse en cuenta las agrológicas
del suelo y las aguas.
7. La estratificación socioeconómica del inmueble
B. Para las construcciones:
1. El área de construcciones existentes autorizadas
legalmente
2. Los elementos constructivos empleados en su
estructura y acabados
3. Las obras adicionales o complementarias existentes
4. La edad de los materiales
5. El estado de conservación física
6. La vida útil económica y técnica remanente
7. La funcionalidad del inmueble para lo cual fue
construido
8. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las
características de las áreas comunes.
C. Para los cultivos:
1. La variedad
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2. La densidad del cultivo
3. La vida remanente en concordancia con el ciclo
vegetativo del mismo
4. El estado fitosanitario
5. La productividad del cultivo, asociada a las condiciones
climáticas donde se encuentre localizado […]».
En ese sentido, consideró que la Corporación Lonja Inmobiliaria de
Bogotá, entidad que estableció el valor comercial del inmueble, tuvo
en cuenta la descripción del mismo, la evaluación del sector, las
características de la construcción y su análisis, así como la evaluación
técnica y la información jurídica, lo que permitió establecer las
condiciones intrínsecas y extrínsecas del inmueble objeto de la
expropiación.
Frente a esto, encontró que el estudio realizado se hizo siguiendo los
parámetros que fija el Decreto 1420 precitado, por lo que no fue
producto de un análisis arbitrario, sino que cumplió con lo dispuesto
en la ley, a saber:
«Y pese a que no hizo referencia a los tipos de construcciones de la
zona o del sector donde se encontraba el predio, lo cierto es que la
Corporación Lonja Inmobiliaria, en el avalúo oficial, cumplió con
especificar que había utilizado el “comparativo de mercado”, como
método valuatorio, así como el valor comercial correspondiente a
$289.573.400.oo, para lo cual tuvo en cuenta el valor del terreno, de
construcción, zona dura y sótano, conforme lo preceptúa el artículo
20 del Decreto 1420».
Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que se
haya incurrido en un defecto sustantivo, sino que lo pretendido por la
parte accionante es cuestionar la interpretación normativa realizada
por el juez de lo contencioso administrativo en la sentencia acusada,
convirtiendo la acción constitucional en una tercera instancia para
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discutir aspectos que ya fueron resueltos dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.
4.2. En segundo lugar, se alega que se incurrió en un defecto fáctico
porque no se le dio valor a los avalúos aportados al expediente por los
demandantes y tampoco la Sección Primera decretó de forma oficiosa
que se realizaran nuevamente, de manera que se hubiesen
«respetado sus derechos sustanciales».
Sobre este punto, de conformidad con lo señalado en la sentencia de
5 de agosto de 2021, se advierte que la Sección Primera fundamentó
su decisión en el criterio jurisprudencial que establece que cuando no
obre en el expediente medio probatorio alguno que permita desvirtuar
la corrección del precio del avalúo fijado por la administración,
contenido en los actos acusados, debe tenerse como válido y creíble
el referido avalúo oficial.
Por ello, indicó lo siguiente:
«En tratándose de la carga de la prueba frente a la
inconformidad con el valor de la indemnización, conviene
precisar que en la sentencia antes invocada, la de 14 de mayo de
2009, esta Sección se pronunció así:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo elaborado por
la Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante a folios 66 a 74 del
cuaderno principal, se anuncia que el precio del inmueble establecido
por la administración se determinó como resultado de la aplicación del
“MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el
precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de
inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de tiempo,
conformación y localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se
han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la de varios
miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S. A.,
sobre operaciones y avalúos efectuados recientemente sobre
inmuebles similares”, lo cierto es que en ninguno de los apartes de
dicho documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que
se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación, lo cual
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permite concluir que contra el justiprecio realizado por esa
dependencia municipal cabrían exactamente las mismas
críticas que el apoderado del Municipio demandado formula en
su apelación contra el dictamen rendido por la perito, pues
ante la ausencia de la mencionada información, el avalúo
practicado por la Subsecretaría de Catastro Municipal también
estaría desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo
probatorio.
No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho valor en
el texto de los actos administrativos demandados, debe
entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma
presunción de legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde luego
prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la
carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su incorrección.
[…]
Según el criterio expresado por esta Corporación, en estos casos
resulta insuficiente la mera exposición de los resultados de las
operaciones periciales practicadas y de las deducciones
extraídas por el perito, huérfanas de las explicaciones relativas
a su origen y al proceso lógico e intelectivo que ha conducido a
su obtención, omitiendo la exposición y explicación de las
razones por las cuales no es dable mantener otro criterio
diferente.
Precisamente por el hecho de que tanto las partes como la autoridad
judicial no cuenten con los conocimientos especializados del perito, es
de esperar que éste revele los datos y los hitos de su discernimiento,
que si bien un entendido en la materia puede reputar elementales, un
profano puede encontrarlos inasequibles. Obsérvese que el cometido
principal de cualquier experticia no es otro que la persuasión, y esta
difícilmente se logra cuando solamente se efectúan afirmaciones o
negaciones de manera apodíctica, negándole al juez y a las partes la
posibilidad de conocer los rudimentos básicos del análisis efectuado.
La labor del perito consiste precisamente en proporcionar, junto con el
fruto de su propia interpretación, los fundamentos que lo soportan,
para situar a sus destinatarios en condiciones de poder valorar la
objetividad, la razonabilidad, la coherencia y la sensatez de las
conclusiones presentadas.
Teniendo cuenta las falencias que quedan expuestas y ante la
imposibilidad de dar plena credibilidad a la prueba pericial practicada
en el proceso en relación con el justiprecio del inmueble expropiado,
la Sala considera, al amparo de la sana crítica, que el actor no
logró desvirtuar en el proceso la corrección del justiprecio
preparado por la Subdirección de Catastro de Medellín. Por esa
misma razón ha de concluirse que el actor tampoco logró
desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos
administrativos demandados que acogieron ese justiprecio,
pues al no obrar en el expediente ningún medio de prueba que
permita demostrar que el avalúo fijado por la administración
fuese incorrecto, no hay ninguna razón para decretar la
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nulidad parcial deprecada por el actor en lo relativo al precio
indemnizatorio.
Todo lo anterior tiene su fundamento legal en el numeral 6° del
artículo 237 del C. de P. C., en donde se dispone que "El dictamen
debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes,
experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los
fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones".
Esta disposición consagra la necesidad de explicar el porqué se rinde
el dictamen en determinado sentido, indicando las razones de orden
técnico, científico o artístico que se tuvieron en cuenta para
conceptuar, a fin de que, como ya se dijo, las partes puedan ejercer el
derecho de contradicción de la prueba y el juez, por su parte, pueda
valorar la racionalidad y objetividad de las conclusiones emitidas.
El actor tenía la carga de demostrar la incorrección del avalúo
oficial y acreditar la corrección del justiprecio presentado por
quien actuó como perito en el curso de la primera instancia,
cometido que no se logró en el asunto sub examine.
Por todo lo anterior, habrá de modificarse la sentencia de primer
grado, en el sentido de revocar la condena impuesta al Municipio de
Medellín en lo que tiene que ver con el pago de las sumas pretendidas
en relación con el valor indemnizatorio del inmueble […]” (Las
negrillas y subrayas fuera de texto).13
Además, debe destacarse que en reciente sentencia, proferida el 15
de agosto de 201914, por esta Sección, se puntualizó que el avalúo
que sirve de base a los actos acusados debe tenerse como
válido, creíble y fundamentado, cuando el actor no lo desvirtúa
probatoriamente.
[…]».
De tal manera, precisó que los criterios o consideraciones tenidos en
cuenta para establecer el valor comercial del inmueble objeto de
expropiación gozan de presunción de legalidad y la carga de la prueba
para desvirtuarlos corresponde a la parte actora, la cual en modo
alguno demostró que los fundamentos expuestos por el IDU en los
actos acusados fueran falsos, errados o inconsistentes. Al contrario,
de lo probado en el proceso se concluyó que el método valuatorio
13
Este criterio fue reiterado por esta Sección en reciente sentencia, esto es, la sentencia proferida el 11
de julio de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, 25000-23-24-000-2012-00509-01).
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, 25000-23-24-000-2011-00196-01.
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efectuado cumplió con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 1420
de 1998, estableciéndose que:
«Al desarrollar los criterios expuestos en la referida jurisprudencia, así
como en las indicadas disposiciones, en el avaluó núm. AV-572-08-
38230 IDU 04-07 de 18 de junio de 200815, elaborado por la
Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., a petición del IDU,
que concluyó como valor comercial total del inmueble la suma de
$289.573.400, se observa que este enunció que se había utilizado el
“comparativo de mercado” como metodología valuatoria e indicó lo
siguiente:
“[…]
1 INFORMACIÓN BÁSICA AVALÚO
-PROPÓSITO DEL AVALÚO: ADQUISICIÓN DE PREDIOS
-CLASE DE AVALÚO: COMERCIAL CORPORATIVO
-FECHA: 18 DE JUNIO DE 2008
-DIRECCION: CALLE 25A No. 4-79
-PROPIETARIO: MARIA LUISA MARTÍNEZ VDA DE YAYA Y OTROS
-LOCALIDAD: SANTA FE
-BARRIO: BOSQUE IZQUIERDO
-TIPO DE INMUEBLE: EDIFICIO
2 DESCRIPCION SEL SECTOR
-ACTIVIDAD PREDOMINANTE: RESIDENCIAL-COMERCIAL-
INDUSTRIAL
-VÍAS DE ACCESO DEL SECTOR: CALLE 26 TRANSVERSAL 3
-TIPO DE DESARROLLO: HETEROGENEO
-ALTURA PREDIO: 4
-TRANSPORTE PÚBLICO: X
-NORMA APLICABLE: UPZ 92 LA MACARENA TRATAMIENTO:
RENOVACIÓN URBANA ÁREA DE ACTIVIDAD CENTRAL MODALIDAD:
DE RECREACIÓN ZONA CENTRO TRADICIONAL No. DE DECRETO 492-
26/10/2007.
3 INFORMACION JURIDICA
-ESCRITURA: SENTENCIA
-FECHA: 08/05/1991
-NOTARIA: JZ DE FLIA DE BOGOTA
-MATRÍCULA INM: 050C-550785
-CED CATASTRAL: A26 4 15
4 TERRENO
-MANZANA: 25 A 4
-TOPOGRAFIA: PLANA
-FORMA: REGULAR
15
Folios 40 a 44 del C.1.
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-SERVICIOS PÚBLICOS: ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO- ENERGÍA
ELÉCTRICA- TELÉFONO ALUMBRADO PÚBLICO.
5 CONSTRUCCIÓN
-DISTRIBUCIÓN INTERIOR: ALCOBAS 22, SALA 5, COCINA 5,
LAVADERO 5, COMEDOR 5, BAÑOS 11, SÓTANO 1.
-OTRAS ÁREAS: CUENTA CON 5 APARTAMENTOS
-VIDA ÚTIL ECONÓMICA:49
-FUNCIONALIDAD: BUENA
[…]
-ESTADO CONSERVACIÓN: REGULAR
6 METODOLOGÍA VALUATORIA
-COMPARATIVO DE MERCADO
7 AVALÚO COMERCIAL
DESCRIPCIÓN AREA VALOR VALOR TOTAL
EN M2 UNITARIO
TERRENO 226,00 $385.000.00 $87.010.000.00
CONSTRUCCIÓN 500,40 $350.000.00 $175.140.000.00
ZONA DURA 10,04 $40.000.00 $401.600.00
SOTANO 142,22 $190.000.00 $27.021.800.00
TOTAL $289.573.400.00
ESTE AVALÚO
[…]». (sic en toda la cita)
Así las cosas, no se advierte que se haya incurrido en un defecto
fáctico sino que, tal como lo señaló la Sección Primera de esta
corporación, al no obrar en el expediente ningún medio de prueba que
permitiera demostrar las inconsistencias o errores de las que adolecía,
debía tenerse como válido, creíble y debidamente fundamentado el
referido avalúo, fijado por la administración, que sirvió de sustento a
las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo pueda ser objeto de
modificación dado que la parte actora, quien tenía la carga probatoria
de desvirtuarlo, no lo hizo.
Siguiendo lo descrito, se advierte que las conclusiones a las que llegó
la parte accionada para resolver el caso no obedecieron a un capricho
o arbitrariedad, sino que se basaron en las pruebas aportadas al
expediente y a lo que la jurisprudencia ha señalado el estudio del caso
concreto. Por lo anterior, no se estructura una situación en la cual se
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vislumbre una lesión de derechos, porque la intervención del juez de
tutela se activa únicamente en los casos específicos en que se
evidencia una argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente, o
inexistente al punto que se torna arbitraria, supuestos que no se
cumplen en el presente asunto.
En este orden de ideas, esta Sala de Subsección negará la acción de
tutela interpuesta por el señor Carlos Martin Yaya Martínez, actuando
en nombre propio y como apoderado de los señores Jorge Armando
Yaya Martínez, Julio Alfonso Yaya Martínez, Víctor Manuel Yaya
Martínez, Pedro Nel Yaya Martínez, Luis Miguel Yaya Aguilar y Campo
Eduardo Yaya Mejía, Manuel Yaya Mejía, y de las señoras María Esther
Yaya Martínez, Josefina Yaya Martínez, Carmen Alcira Yaya de Aguilar,
Luz Evelia Mejía Díaz y Sandra Liliana Yaya Mejía; en contra de la
Sección Primera del Consejo de Estado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
IV. FALLA
PRIMERO.- NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de
tutela interpuesta por el señor Carlos Martin Yaya Martínez, actuando
en nombre propio y como apoderado de los señores Jorge Armando
Yaya Martínez, Julio Alfonso Yaya Martínez, Víctor Manuel Yaya
Martínez, Pedro Nel Yaya Martínez, Luis Miguel Yaya Aguilar y Campo
Eduardo Yaya Mejía, Manuel Yaya Mejía, y de las señoras María Esther
Yaya Martínez, Josefina Yaya Martínez, Carmen Alcira Yaya de Aguilar,
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Luz Evelia Mejía Díaz y Sandra Liliana Yaya Mejía; en contra de la
Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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