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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2008-01005-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2008-01005-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR el ordinal primero de la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, el 14 de noviembre de 2014; y en su lugar, DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación del Ministerio de Justicia y del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, el 14 de noviembre de 2014. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Núm. único de radicación: 050012331000 2008 01005 01 Demandante: Francisco Pineda Madrigal TERCERO: SIN CONDENA en costas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-000-2008-01005-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

3 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 050012331000 2008 01005 01
Demandante: Francisco Pineda Madrigal
Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes (D.N.E.)1

Asunto: Excepción de falta de legitimación por pasiva. Supresión y liquidación de
la Dirección Nacional de Estupefacientes prevista en el Decreto 2177 de 2013. El
Ministerio del Justicia y del Derecho no se subrogó en los derechos y obligaciones
de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación respecto de los bienes
excluidos de la masa de la liquidación. El Ministerio de Justicia y del Derecho no
expidió el acto acusado, tampoco ejerció función de la que se derive conexidad
sustancial con la afectación de los derechos subjetivos que se alegaron en la
demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia en primera instancia, el 14 de noviembre de 2014.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1 Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00017. ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN SENTENCIA

• RESERVADO.(.pdf). Folio 3.
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Núm. único de radicación: 050012331000 2008 01005 01
Demandante: Francisco Pineda Madrigal

1. Francisco Pineda Madrigal2, en adelante la parte demandante, presentó
demanda3 contra la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia (hoy Ministerio de
Justicia y del Derecho) y la Dirección Nacional de Estupefacientes (D.N.E), en
adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el
artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19844, en adelante, Código Contencioso
Administrativo.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes5:

“[…] I. DECLARACIONES Y CONDENAS

1.1. DECLARACIÓN

Declarar que es nula la Resolución número 0424 de 2008 (25 de marzo), expedida
por la Dirección Nacional de Estupefacientes, Unidad Administrativa Especial adscrita
al Ministerio del Interior y de Justicia, mediante la cual se revocó
UNILATERALMENTE, sin previa aceptación expresa del señor FRANCISCO PINEDA
MADRIGAL, y sin que mediara actuación administrativa con garantías del derecho de
defensa y del debido proceso administrativo, la Resolución número 1373 del 6 de
diciembre de 2007, y se nombró nuevo depositario provisional.

1.2. CONDENAS

[…]

Primera.- Que se condene a la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia -
Dirección Nacional de Estupefacientes, a restablecer al señor FRANCISCO PINEDA
MADRIGAL, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.315.715 de Medellín, en
su calidad de depositario provisional de las fincas Paraguay y La Uribe, en las
condiciones definidas en la Resolución N°1373 de 2007, acto administrativo que
volverá a producir todos sus efectos jurídicos, una vez sea nulitado el acto que por
esta vía se demanda.

Segundo.- Que se condene a la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia -
Dirección Nocional de Estupefacientes, a reconocer, liquidar y pagar al señor
FRANCISCO PINEDA MADRIGAL, los perjuicios materiales ocasionados con la
expedición y ejecución del irregular acto administrativo que aquí se demanda, los
cuales comprenden lo siguiente:

A.- Las Mejoras realizadas por el señor FRANCISCO PINEDA MADRIGAL en las
fincas Paraguay y La Uribe -según la relación que se enuncia en el acápite de

2 Mediante apoderado. Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00017. ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf). Folio 10.
3 Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00017. ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -

RESERVADO(.pdf). Folios 1 a 9.
4 Cfr. “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
5 Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00017. ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -

RESERVADO(.pdf). Folios 1 a 9 (escrito inicial de la demanda) y folios 127 a 144 (corrección y adición de la
demanda)

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Núm. único de radicación: 050012331000 2008 01005 01
Demandante: Francisco Pineda Madrigal

pruebas y la tasación que se determine el auxiliar de la justicia- y los gastos
efectuados para la ejecución de los contratos para la explotación ganadera a que se
hace alusión en el hecho 4.9 de la demanda: mejoras y gastos realizados con la
finalidad de cumplir a cabalidad con las obligaciones inherentes a las administración
de dichas fincas, en calidad de depositario provisional, conforme a lo establecido
en el parágrafo del artículo segundo de la Resolución número 1373 de 2007, cuyo
tenor literal era el siguiente:

“PARÁGRAFO: Con respecto a dichos bienes, ejercerá las facultades
administrativas que la ley le confiere a los secuestres judiciales,
comprendiéndose que sus funciones involucran la administración plena
del bien desplazado y excluyendo en sus funciones o pretensiones a
cualquier otra persona natural o jurídica que alegue mejores o iguales
derechos" (Negrilla y subrayas fuera de texto).

B.- Las utilidades dejadas de percibir, desde la fecha en que se ejecutó el acto
administrativo demandado, hasta la data en que efectivamente sea restablecido el
señor PINEDA MADRIGAL como Depositario Provisional de las fincas Paraguay
y La Uribe, en los términos y condiciones fijados en la Resolución N°1373 de 2007.
Dichas utilidades, equivalen al ocho por ciento (8%) de las utilidades netas (art.
Octavo, ibidem), las cuales serán tasadas por un perito que designe el H. Tribunal
Contencioso Administrativo de Antioquia.

Tercera.- Que se declare, igualmente, que la entidad demandada está obligada a
reconocer y pagar al accionante la compensación económica por los perjuicios
morales causados al demandante con la injusta e ilegal determinación unilateral
contenida en el acto administrativo aquí demandado, habida cuenta de que el
demandante es persona reconocida en la región del Bajo Cauca antioqueño como
un exitoso empresario, cuyo buen nombre se ha visto gravemente afectado,
conforme se demostrará a lo largo de este proceso.

Cuarta.- Que el pago que corresponda a los perjuicios materiales y morales sea
actualizado conforme a los ajustes al valor de que trata el artículo 178 del C.C.A.,
tomando como base para la liquidación la variación del índice de precios al
consumidor, entre el período comprendido de exigencia legal del beneficio, es decir
desde cuando se originó la obligación indemnizatoria, hasta la fecha de ejecutoria
de la providencia definitiva que le ponga fin al proceso.

Quinta.- Que la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección Nacional de
Estupefacientes, de cumplimiento a la sentencia que te ponga fin a la presente
demanda dentro de los treinta (30) días siguientes a su ejecutoria, de conformidad
con los artículos 176 y 177 del C.C.A.

Sexta.- Que si el pago no se efectúa en forma oportuna, la entidad liquidará los
intereses comerciales y moratorios hasta que le dé cabal cumplimiento a la
sentencia que le puso fin al proceso, conforme lo prevé el artículo 177 del C.C.A.

Séptima.- Que se condene a la demandada a pagar las costas, gastos y agencias
en derecho en el presente proceso […]” (negrillas y subrayas del texto original).

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

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Demandante: Francisco Pineda Madrigal

3.1. La Dirección Nacional de Estupefacientes, mediante Resolución núm. 1373
de 2007, nombró al demandante depositario provisional de 13 predios que
englobados se corresponden con las fincas identificadas como “[…] Paraguay […]”
y “[…] La Uribe […]”, ubicadas en el Municipio de Caucasia, Antioquia, previo
adelantamiento del procedimiento administrativo correspondiente y la verificación,
por parte de dicha entidad, del cumplimiento de sus requisitos para fungir en dicha
calidad.

3.2. El demandante se posesionó como depositario provisional de los
mencionados predios el 7 de diciembre de 2007, mediante acta de posesión suscrita
por el Subdirector de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes y por el
posesionado.

3.3. La Resolución núm. 1373 prevé, entre otras obligaciones del depositario
provisional, las de "[…] Conservar la actividad económica que corresponda a los
bienes, siempre que esta sea lícita […]". y "[...]velar por [su] buen estado y
conservación, adecuado uso y funcionamiento, en aras de devolverlos en el mismo
estado en que fueron recibidos, salvo el deterioro normal por el uso […]”.

3.4. El demandante, en calidad de depositario provisional de los bienes, siguiendo
lo previsto en el literal m) de la Resolución núm. 1373, celebró contratos para la
explotación ganadera de las fincas en la modalidad de participación de las
utilidades: i) 50% para el dueño del ganado; ii) 50% para la D.N.E. como beneficiaria
del predio, y iii) quedando a salvo los honorarios del depositario provisional,
correspondientes al 8%.

3.5. La cuantía de los mencionados contratos, en su totalidad, asciende a más de
dos mil millones de pesos ($2.000.000.000); su objeto corresponde al desarrollo de
una actividad inherente a la destinación ordinaria de los predios; fueron celebrados
de buena fe y sus condiciones se pactaron conforme con la costumbre de la región;
en esa medida, no precisaban de la autorización prevista en el literal m) de la
Resolución núm. 1373.

3.6. La Policía Nacional, Departamento de Policía de Antioquia, Distrito de Policía
núm. Uno, Caucasia, a instancia de la Dirección Nacional de Estupefacientes,
irrumpió en los predios sin justificación y orden judicial, el 24 de marzo de 2008. De

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Demandante: Francisco Pineda Madrigal

la diligencia se levantó el Acta 10/DISlJN DEANT, y agentes de la institución
permanecieron indefinidamente en los predios.

3.7. La Dirección Nacional de Estupefacientes, mediante Resolución núm. 0424
de 25 de marzo de 2008: i) revocó el nombramiento del demandante como
ddepositario pprovisional de los predios que le habían sido confiados mediante la
Resolución núm. 1373, y determinó su ejecución a partir del 15 de junio de 2008.

Normas violadas y concepto de violación6

4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 6.° y 29 de la Constitución Política.
• Artículos 35 y 73 del Código Contencioso Administrativo
• Artículo 20 del Decreto núm. 1461 de 28 de julio de 20007.

Concepto de violación

5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así:

Infracción de normas superiores, falsa motivación y desviación de poder

5.1. Afirmó que la Resolución núm. 0424: i) no expresó los motivos por los que
fue revocado el nombramiento del demandado; ii) tampoco indicó las obligaciones
que el demandante desconoció o infringió, de las que tenía como depositario
provisional; y iii) se limitó a indicar las normas que rigen la actividad de los
depositarios provisionales de los bienes que administra la Dirección Nacional de
Estupefacientes; en consecuencia, la Dirección Nacional de Estupefacientes
infringió el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo.

5.2. Señaló que el acto acusado: i) es un acto de naturaleza particular y concreta;
ii) establecía una situación jurídica favorable al demandado; y, por tanto, iii) no podía

6 Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00017. ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf). Folios 5.
7 Cfr. “[…] por el cual se reglamentan los artículos 47 de la Ley 30 de 1986, 2° del Decreto 2272 de 1992, 25 de

la Ley 333 de 1996 y el artículo 83 del Decreto-ley 266 de 2000 y se dictan otras disposiciones […]”.

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Núm. único de radicación: 050012331000 2008 01005 01
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ser revocado ni modificado sin la previa y expresa aceptación del particular afectado
con su expedición; en consecuencia, infringe el artículo 73 del Código Contencioso
Administrativo.

5.3. Indicó que dicha resolución infringió el artículo 20 del Decreto 1461; norma
que tiene previsto que la Dirección Nacional de Estupefacientes “[…] podría relevar
los depositarios cuando la adecuada administración de los bienes lo exigiera […]”;
evento que no ocurrió en este caso.

5.4. Aseveró que se infringieron el artículo 6.° y el artículo 29 de la Constitución,
porque la Dirección Nacional de Estupefacientes revocó el nombramiento del
depositario provisional, sin que mediara actuación administrativa alguna, de
oportunidad para aportar pruebas, controvertir las que se aduzcan contra el
demandado, y de exponer argumentos jurídicos.

5.5. Esgrimió que, sin perjuicio del amplio margen de discrecionalidad que tiene
la Dirección Nacional de Estupefacientes, dicha autoridad no podía desconocer las
disposiciones legales que son aplicables a los depositarios provisionales, en
especial, las relativas a la exigencia de la adecuada administración de los bienes a
los depositarios.

5.6. Conforme con lo anterior, concluyó que el acto administrativo demandado
está falsamente motivado, en razón a que “[…] no hay soporte fáctico que sirva de
fundamento a la decisión, es decir hay un error de hecho sobre los motivos […]”.

5.7. Asimismo, concluyó que la Resolución núm. 0424 fue expedida con
desviación de poder, toda vez que la Dirección Nacional de Estupefacientes empleó
la facultad “[…] de relevar a los depositarios provisionales cuando la adecuada
administración de los bienes lo exija […]” que le otorga la ley, con un fin de distinto
al previsto por la norma.

5.8. El demandado aseguró que, en este caso, la falsa motivación y la desviación
de poder se estructuran, porque la Dirección Nacional de Estupefacientes sólo
podía considerar que la causal por la cual el habría incumplido las obligaciones
como administrador de los bienes al suscribir los contratos de participación
ganadera; no obstante, dichos negocios se enmarcan dentro de los parámetros
señalados en el artículo 3.° de la Resolución núm. 1373 de 2007.

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5.9. Manifestó que los vicios, en especial, la falsa motivación, residen en la
fundamentación del acto demandado en un supuesto incumplimiento de las
obligaciones del depositario provisional, incurriendo la entidad en una aplicación
indebida de la ley y en la omisión de un procedimiento administrativo encaminado a
probar el incumplimiento de sus obligaciones como depositario provisional.

5.10. Por último, afirmó que la Resolución núm. 0424 desconoce el Pacto de San
José de Costa Rica al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, incorporados al ordenamiento jurídico a través de la Leyes 16 de 1972 y
74 de 1968, contentivas del derecho fundamental al debido proceso.

Solicitud de suspensión provisional de la Resolución núm. 0424

5.11. La medida cautelar indicada supra fue solicitada por la parte demandante en
el escrito de la demanda8, adicionada mediante escrito presentado el 28 de agosto
de 20089.

Contestación de la demanda

6. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:

Ministerio del Interior y de Justicia (hoy Ministerio de Justicia y del Derecho)10

6.1. En primer lugar, manifestó que el acto acusado no lo expidió el Ministerio del
Interior y de Justicia sino la Dirección Nacional de Estupefacientes; razón por la cual
no le consta ninguno de los hechos señalados en la demanda; así mismo, indicó
que los supuestos fácticos que sustentan las pretensiones de la parte demandante
se relacionan con las competencias y funciones de la Dirección Nacional de
Estupefacientes, y no están dentro de los límites funcionales del Ministerio del
Interior y de Justicia.

8 Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00017. ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf). Folio 7.
9 Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00017. ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -

RESERVADO(.pdf). Folios 66 a 74.
10 Mediante apoderado; Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00017. ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01

PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf). Folios 277 a 279 anverso.

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6.2. Conforme con lo anterior, propuso la excepción de falta de legitimación
material por pasiva del Ministerio de Justicia y del Derecho, efecto para el cual indicó
que la Dirección Nacional de Estupefacientes es una entidad pública organizada
como Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica propia, autonomía
administrativa y presupuestal, patrimonio propio y régimen especial de contratación
administrativa, según el artículo 2° del Decreto 2159 de 1992.

6.3. Con sustento en los artículos 113 de la Constitución Política y los artículos
121 y 123 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 199811, señaló que las funciones del
Ministerio del Interior y de Justicia y la Dirección Nacional de Estupefacientes se
encuentran separadas; y con fundamento en el artículo 149 del Código Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 49 de la Ley 146 de 9 de julio de 199812,
el Ministerio de Justicia y del Derecho “[…] no puede ser condenado por causa y
con ocasión de la decisión administrativa proferida por distinta y diferente autoridad
pública […]”.

6.4. Sobre la falta de legitimación material en la causa por pasiva, afirmó que se
trata de un presupuesto necesario para que se profiera sentencia favorable, y citó
una sentencia del Consejo de Estado:

“[…] La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior
y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante
o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por
activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en
el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya
probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino
porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo
para hacerlo -no el procesal-; si la falta de legitimación en la causa es del
demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque
los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las
atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado
debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del
demandante […]''.13

11 Cfr. “[…] por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden

nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
[…]”..
12 Cfr. “[…] por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se

modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279
de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones
sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia […]”..
13 Cfr. “[…] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera: sentencia de 31 de

octubre de 2007. MP. Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 11001032600019971350300; citando una sentencia
la Sección Tercera de 22 de noviembre de 2001. MP. María Elena Giraldo Gómez, expediente 13.356 […]”.

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Dirección Nacional de Estupefacientes

7. Esta entidad no contestó la demanda.

Actuaciones procesales

8. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 19 de noviembre de
200814 admitió la demanda y negó la suspensión provisional solicitada, y ordenó: i)
notificar a los representantes legales de las entidades demandadas15 y al Ministerio
Público16; y ii) fijar en lista el proceso.

9. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 24 de abril de 200917,
resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y mediante auto proferido el 13 de
agosto de 201318, ordenó correr traslado a las partes e intervinientes en el proceso.

10. El Despacho sustanciador, previo agotamiento del periodo probatorio,
mediante auto proferido el 6 de septiembre de 201319, ordenó correr traslado común
a las partes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión, e
informar al Agente del Ministerio Público que antes del vencimiento del término para
alegar de conclusión, podrá solicitar traslado especial.

Alegatos de conclusión

11. La parte demandante, la parte demandada, y el Ministerio Público, guardaron
silencio en esta oportunidad procesal.

Sentencia proferida en primera instancia

12. La Sala Cuarta de D Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante sentencia proferida el 14 de noviembre de 201420, resolvió:

14 Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00017. ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf). Folios 264 a 269.
15 La notificación se surtió conforme a lo dispuesto en el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo,

por aviso fijado el 25 de marzo de 2009 y desfijado el 14 de abril de 2009. Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice
00017. ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf). Folios 269 anverso y 271.
16 Personalmente. Cfr. Ibidem, folio 269 anverso.
17 Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00017. ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -

RESERVADO(.pdf). Folios 286 a 287.
18 Cfr. Ibidem, folio 336
19 Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00017. ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -

RESERVADO(.pdf). Folio 337.
20 Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00017. ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -

RESERVADO(.pdf). Folios 338 a 349.

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Núm. único de radicación: 050012331000 2008 01005 01
Demandante: Francisco Pineda Madrigal

“[…] PRIMERO. Se declara no probada la EXCEPCIÓN DE FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA invocada por la parte accionada,
con base en las razones expuestas en la parte motiva del fallo.

SEGUNDO. Se DECLARA LA NULIDAD del artículo primero de la Resolución 424
de del 25 de marzo de 2008 expedida por la Dirección Nacional de
Estupefacientes, según las razones expuestas en las consideraciones.

TERCERO. SE NIEGAN las demás súplicas de la demanda por las razones
expuestas en las consideraciones precedentes.

CUARTO. SIN CONDENA EN COSTAS, en esta instancia […]”.

Consideraciones del Tribunal

13. El Tribunal Administrativo de Antioquia consideró:

13.1 El problema jurídico que se debía resolver estaba orientado a determinar “[…]
con arreglo a las probanzas allegadas al plenario, así como a las reglas
constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la materia y vigentes para la
época, si debe declararse la nulidad de la actuación demandada, esto es la
Resolución N° 424 del 25 de marzo de 2008 expedida por la Nacional de
Estupefacientes, bajo los cargos de indebida motivación, violación al debido
proceso, y desviación de poder […]”.

13.2 Sobre la excepción de falta de legitimación que alegó el Ministerio del Interior
y de Justicia, consideró que aunque dicha cartera no había expedido el acto
administrativo demandado, siguiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado, sí se
encontraba legitimada, materialmente, para concurrir al proceso, en virtud de los
previsto en los Decretos núms. 3183 de 2 de septiembre de 201121 y 1335 de 17 de
julio de 201422.

13.3 Consideró que, con fundamento en las mencionadas normas, el Ministerio de
Justicia y del derecho subrogó a la Dirección Nacional de Estupefacientes en sus
derechos y obligaciones, y finalizada la liquidación de la entidad, quedó a cargo de

21 Cfr. “[…] por el cual se suprime la Dirección Nacional de Estupefacientes, se ordena su liquidación y se dictan

otras disposiciones […]”.
22 Cfr. “[…] por el cual se prorroga el plazo para la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes en

Liquidación y se dictan otras disposiciones […]”.

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los procesos judiciales en los que fuera parte de la Dirección Nacional de
Estupefacientes, con independencia de que hubieran sido iniciados antes de que se
decretara sus supresión y liquidación.

13.4 Conforme con lo anterior, tuvo por no probada la excepción de falta de
legitimación invocada por el Ministerio del Interior y de Justicia.

13.5 En el caso concreto, con fundamento en el artículo 35 del Código
Contencioso Administrativo y en jurisprudencia desarrollada por el Consejo de
Estado sobre la falta de motivación en los actos discrecionales, atendiendo a los
hechos probados, en especial, lo considerado en la Resolución núm. 0424
demandada, concluyó que había lugar a declarar su nulidad en razón a que dicho
acto administrativo no expresó los supuestos fácticos que llevaron a la Dirección
Nacional de Estupefacientes a relevar, a la parte demandante, del ejercicio de la
función de depositario provisional de los predios.

13.6 Sobre las pretensiones de restablecimiento del derecho, consideró no
acceder a ellas. En primer lugar, se refirió a la solicitud de restitución de la calidad
de depositario provisional: consideró que la propia finalidad de la figura y su
naturaleza temporal no conllevan un vínculo de permanencia ni de un derecho
adquirido. En segundo orden, sobre las mejoras y los honorarios reclamados,
consideró que las pruebas allegadas al proceso no son las idóneas para demostrar
ni su causación ni su cuantía. En tercer lugar, sobre la participación de los contratos
de explotación ganadera, consideró que no había lugar a ellos, en la medida en que
la parte demandante los celebró sin contar con la autorización de la Dirección
nacional de Estupefacientes, prevista en la Resolución 1373, mediante la cual se lo
designó depositario provisional. Por último, respecto de los perjuicios morales,
consideró que no había lugar a su reconocimiento, dada la ausencia probatoria de
la causación de algún daño y de su cuantía.

Recurso de apelación

14. La parte demandada, Ministerio de Justicia y del Derecho, interpuso y
sustentó oportunamente, recurso de apelación23 contra la sentencia proferida por la

23Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00017. ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf). Folios 351 a 353.

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Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia; en síntesis,
expuso los siguientes planteamientos:

14.1. Manifestó que debió declararse probada la excepción de falta de legitimación
propuesta por dicho Ministerio, puesto que el artículo 10.° del Decreto núm. 1335
de 17 de julio de 201424, previó que la Dirección Nacional de Estupefacientes en
liquidación deberá hacer la entrega a la Sociedad de Activos Especiales SAS - SAE
S.A.S., de los procesos judiciales cuyas pretensiones se encuentren relacionadas
con la administración de los bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión
Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO); y de aquellos procesos
derivados de la administración de bienes que estuvieron o se encuentren afectados
con medidas cautelares en procesos de extinción de dominio.

14.2. Indicó que, el presente asunto per se queda incluido en el conjunto de dichos
procesos; y que, normativamente, no le correspondía al Ministerio de Justicia y del
Derecho asumirlo: por su naturaleza los bienes objeto del pleito no hacían parte de
la masa de liquidación de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes; por
tanto, no podía quedar comprendido dentro de los derechos y obligaciones que la
cartera ministerial de justicia asumió al momento de finiquitada la liquidación de la
Dirección Nacional de Estupefacientes, según lo previsto en el artículo 22 del
Decreto 3183 de 2011.

14.3. Afirmó que el artículo 20 del Decreto 3183 de 2 de septiembre de 201125,
señala cuales bienes, además de los que trata el art 21 del Decreto Ley 254 de
200026, quedan excluidos de la masa de liquidación, y por tanto, no son parte de los
derechos y obligaciones que asumiría el Ministerio de Justicia y del Derecho con la
liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

14.4. Asimismo, observó que, según la Ley 1708 de 2014 por medio de la cual se
expidió el Código de Extinción de Dominio, la administración del FRISCO fue

Cfr. Samai, Samai. Expediente Digital. Índice 00017. D_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN
SENTENCIA - RESERVADO.(.pdf). Folio 4 a 6. El recurso de apelación fue admitido mediante auto proferido el
7 de septiembre de 2015; y notificado personalmente al Ministerio Público el 25 de septiembre de 2015; y por
estado el 29 de septiembre de 2015.
24 Cfr. “[…] por el cual se prorroga el plazo para la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes en

Liquidación y se dictan otras disposiciones […]”.
25
Cfr. “[…] por el cual se suprime la Dirección Nacional de Estupefacientes, se ordena su liquidación y se
dictan otras disposiciones […]”.
26
Modificado por el artículo 11 de la Ley 1105 de 2006

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asignada a partir del 20 de Julio de 2014 a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S,
función que ejerció la Dirección Nacional de Estupefacientes hasta el 19 de julio de
2014, según lo previsto en la Ley 793 de 2002, el Decreto núm. 3183, prorrogado
en cuanto al término para el ejercicio de dicha administración por el artículo 1.° del
Decreto 1420 de 2012 y por el artículo 1.° del Decreto 2177 de 2013.

14.5. En ese orden, concluyó que “[…] el Ministerio de Justicia y del Derecho no
administró, no administra y no administrará el Fondo para la Rehabilitación,
Inversión Social y lucha contra el Crimen […]”, y solicitó declarar probada la
excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por el Ministerio de Justicia
y del derecho, en la contestación de la demanda.

Alegatos de conclusión

15. El Despacho sustanciador, mediante auto de 29 de agosto de 201727, corrió
traslado por el término de diez (10) días, para que las partes presentaran sus
alegatos de conclusión; y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

16. La parte demandante, la parte demandada, y el Ministerio Público guardaron
silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
competencia; ii) el problema jurídico; iii) el desarrollo jurisprudencial sobre la
legitimación en la causa; iv) la naturaleza jurídica de la Dirección Nacional de
Estupefacientes v) el marco normativo sobre los bienes que custodia y administra
la Dirección Nacional de Estupefacientes; vi) el marco normativo sobre la disolución
y liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes; vii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial sobre la sucesión procesal; y viii) el análisis del caso
concreto.

Competencia

27 Cfr. Samai. Índice 00017. Expediente digital: D_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN SENTENCIA
• RESERVADO.(.pdf). Folio 7.

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17. Vistos el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo28, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos
del artículo 30829 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201130, sobre el régimen de
transición y vigencia; y el artículo 1331 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en única instancia.

18. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que se observe vicio o causal de nulidad que
puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada: Ministerio de Justicia y del Derecho (antes
Ministerio del Interior y de Justicia).

19. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte demandada en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, el 14 de noviembre de 2014; de conformidad con los artículos 320 y 328
de la Ley 1564 de 12 de julio de 201232, el juez se limitará a conocer de los puntos
o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso.

El problema jurídico

20. Corresponde a la Sala, con sustento en los argumentos del recurso de
apelación y en los fundamentos del fallo de primera instancia, determinar si, en este
asunto, correspondía o no declarar probada la falta de legitimación por pasiva del
Ministerio de Justicia y del Derecho.

28 Cfr. “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de
29 Cfr. “[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir

el dos (2) de julio del año 2012. // Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la
entrada en vigencia. // Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos
en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico
anterior […]”.
30 Cfr. “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

[…]”.
31 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y
90”
32 Norma aplicable al presente caso en virtud de lo previsto en el artículo 267 del Código Contencioso

Administrativo.

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21. En consecuencia, resuelto lo anterior la Sala determinará si hay lugar a
confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida en primera instancia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la legitimación en la causa

22. Visto el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, sobre acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo, particular y concreto, puede acudir ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo con el fin de controvertir la presunción de legalidad del
acto, solicitar que se le restablezca su derecho o que se le repare el daño causado
con la expedición del acto cuya nulidad se solicita.

23. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que la legitimación
en la causa es la idoneidad jurídica que tiene una persona para formular la
demanda, vista desde el extremo activo; y la capacidad jurídica de contradecir las
pretensiones de la demanda, observada desde el extremo pasivo; lo anterior, por
ser el sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial que plantea el proceso.

24. En ese orden, la legitimación en la causa por activa ha sido definida como la
facultad que tiene cualquier persona para reclamar el derecho de que es titular,
mientras que la legitimación en la causa por pasiva es la capacidad del demandado
para acudir al proceso en defensa de la legalidad del acto.

25. La jurisprudencia de la Sección Primera33 al respecto ha considerado:

[…] La legitimación en la causa, conforme lo ha precisado la Corte Constitucional,
“es la idoneidad jurídica que tiene una persona para discutir el objeto sobre que versa
un litigio”. En tal sentido, puede ser entendida como la calidad que tiene una persona
para formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de

33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número de radicado:
44001233100020090002201, actor: Codere Colombia S.A. y otro, demandado: DIAN, Magistrado Ponente: Guillermo Vargas
Ayala. En igual sentido, puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, de 29 de febrero de 2016, número de radicado: 730012331000199715557 01 (36.305), actor: Silverio Sánchez
Sánchez y otros, demandado: Nación – Ministerio de Defensa- Policía Nacional y otros, M.P.: Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, en la cual se dijo: «[…] 3.1 En primer lugar, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la
causa, en sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido a la legitimación en la causa, como la “calidad subjetiva
reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso” e forma tal que cuando una de las
partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas.
3.2 Dentro del concepto de legitimación en la causa, se vislumbra la legitimación de hecho, originada en la simple alegación
de esa calidad en la demanda, como lo prevé el artículo 86 del C. C. A., al señalar “la persona interesada podrá”, siendo
entonces ese interés mínimo, suficiente para accionar y para proponerlo en la instancia procesal de inicio del juicio. La
legitimación material se concreta en el evento en que se pruebe realmente la calidad de damnificado para así obtener una
sentencia favorable a las pretensiones de la demanda»
, de forma tal que cuando una de

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la relación jurídica sustancial que se plantea en el proceso y respecto de la cual gira
la controversia. La legitimación en la causa por activa, debe entenderse como la
facultad que tiene el demandante como titular de un derecho subjetivo, para
reclamarlo a través de los medios de control creados para el efecto y, de otro lado,
la legitimación por pasiva, es la capacidad del demandado para satisfacer tal
derecho […]. (Negrilla fuera de texto)

26. En esa línea, la jurisprudencia de la Corporación ha considerado dos
dimensiones de la legitimación en la causa; por un lado, la legitimación en la causa
de hecho, que se refiere a la relación procesal que surge entre el demandante y
demandado a partir de la presentación de la demanda y la notificación del auto
admisorio, y que se traduce en la posibilidad de los sujetos para intervenir en el
proceso y ejercer los derechos de defensa y de contradicción; por otro lado, la
legitimación en la causa material, que supone la conexión de las partes con los
hechos constitutivos del litigio, en razón de su participación real en la situación
jurídica, sea un acto, un hecho o una conducta que da origen a la demanda, o
porque resultaron perjudicadas.

27. Sobre este aspecto, en sentencia de 14 de diciembre de 201534, la Sección
Tercera consideró:

“[…] A este respecto resulta fundamental la diferenciación que la doctrina y la
jurisprudencia han realizado entre los conceptos de legitimación en la causa de
hecho y material. La primera, entendida como la relación procesal que se
establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión
procesal, es decir, la relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la
demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado; la segunda, que alude
a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación
de la demanda. En este sentido, no siempre quien se encuentra legitimado de
hecho tiene que necesariamente estarlo materialmente, en consideración a que
si bien puede integrar una de las partes de la litis, en ejercicio de su derecho
de acción y el recíproco de defensa del que se hace titular el demandado, ello
no implica que frente a la ley o a la pretensión, tengan siempre un interés
jurídico sustancial.

La razón de esa diferenciación es meramente instrumental en la concreción del
derecho de acción, por cuanto permite entender que quien se afirma titular de un
derecho y de quien se demanda su reconocimiento, tienen por ese simple hecho la
garantía de que los jueces o los particulares investidos de dicha potestad asuman el
conocimiento del conflicto. Por su parte, el concepto de legitimación material alude
a la necesidad de que se acredite la calidad con que se presenta al proceso el
demandante y el fundamento de la vinculación de su contraparte a la

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 14 de diciembre
de 2015. MP. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 44001-23-31-000-2009-00002-01(40732).

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controversia, esto es, conlleva una primera carga demostrativa que debe
proporcionar quien intenta la reivindicación judicial de su derecho.

Sin embargo, ello no permite entender que el estudio de la legitimación en la causa
de las partes conlleve necesariamente un análisis del fondo del asunto que se ha
planteado, esto es, que forma parte de la pretensión, entendida como el objeto del
proceso en sí mismo. Por el contrario, la legitimación en la causa se constituye
en un presupuesto procesal de la acción, entendida esta última como el
mecanismo procesal que se activa en procura de obtener respuesta del aparato
jurisdiccional, que debe cumplir determinados requisitos legales, entre ellos la
acreditación de la calidad de quien comparece al proceso y la de su
contradictor, por lo que debe verificarse en forma previa al fondo del asunto y
como presupuesto de ello, de modo tal que en ausencia de ésta no resulta
viable resolver de mérito sobre las pretensiones planteadas.

En efecto, el cumplimiento de ese presupuesto impone un primer análisis del juez,
fundado en la aptitud de las partes para llegar a una decisión de mérito de la
litis, pues aunque siempre habrá legitimación de hecho, en razón de ser el
demandante quien reclama el derecho y el demandado de quien lo reclama, no en
todos los eventos es quien acciona el titular del derecho pretendido, ni a quien se
demanda el llamado a satisfacerlo. Ese juicio sobre el legítimo interés de las partes
no compromete la decisión del juzgador en relación con la pretensión, sino que le
permite establecer si quien la incoa tiene la aptitud sustantiva para hacerlo y si ello
es así frente a quien funge como su contraparte […]” (negrillas fuera de texto).

28. Por su parte, las Secciones Segunda y Quinta del Consejo de Estado35 lo han
considerado en el mismo sentido:

[…] En relación con la falta de legitimación en la causa alegada por la parte
demandada en el recurso de apelación, la Sala de Subsección estima importante
precisar, que existen dos clases de legitimación en la causa, una de hecho o
procesal y otra material o sustancial […]

“[…] La legitimación en la causa se concibe desde dos vertientes: la llamada
legitimación de hecho y la material. La primera, la de hecho, se establece a partir
de la relación procesal que el petitum y la causa petendi generan entre las partes
procesales, concretamente, el demandante y demandado; es decir, se está en el
típico terreno de la relación jurídica procesal únicamente. En cambio, la legitimación
material responde al criterio de efectividad, esto es, a la participación real de las
personas en la situación jurídica (acto, hecho, conducta etc.) que da origen a
la demanda, sin importar si accionó o no, para el caso del demandante, o si
fue demandado o no, cuando se trata de la parte pasiva […]36 (negrilla y subraya
fuera del texto).

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A: sentencia de 16 de noviembre
de 2017; Expediente No. 08001-23-31-000-2010-00600-01(2078-15) C.P. William Hernández Gómez. En igual, sentido,
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 6 de febrero de 2014, número de
radicado: 25000-23-31-000-2011-00341-0, actor: José Ignacio Lacouture Armenta, demandado: Contraloría Distrital de
Bogotá D.C., C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 6 de febrero de 2014, rad: 25000-
23-31-000-2011-00341-04, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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29. Por su parte, la Sección Primera de esta Corporación37, de acuerdo con los
casos concretos, ha prohijado esa misma diferenciación entre la legitimación de
hecho y la legitimación procesal al considerar:

[…] En torno al concepto enunciado, la sentencia de 20 de septiembre de 2.001,
expediente No. 10973, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado hizo las siguientes precisiones, que esta
oportunidad se prohíjan:

(…) La legitimación de hecho en la causa es entendida como la relación
procesal que se establece entre el demandante y el demandado por
intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida
de la atribución de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al
demandado. Quien cita a otro y atribuye está legitimado de hecho y por activa, y
a quien cita y atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la
notificación del auto admisorio de la demanda. Vg.: A demanda a B. Cada uno de
estos está legitimado de hecho. La legitimación material en la causa alude, por
regla general, a la participación real de las personas en el hecho origen de
la formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas
o hayan demandado o que hayan sido demandadas´[…] (Resaltado de la Sala)

30. En ese orden, la Sala considera que, de acuerdo con el marco jurisprudencial
indicado supra, la legitimación de hecho corresponde a la relación procesal que
nace con la presentación de la demanda y la notificación de la demanda, originada
de la invocación en la demanda, como se desprende de la lectura del artículo 85 del
Código Contencioso Administrativo; mientras que, la legitimación material apunta a
probar la conexidad material entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, de
manera que esa relación sustancial entre las partes es la que permite obtener una
sentencia favorable a las pretensiones de la demanda, respecto de uno o varios de
los demandados.

31. De suyo, en los procesos puede llegar a observarse la presencia y
permanencia de varios sujetos procesales durante el desarrollo del proceso,
respecto de los cuales, solo hasta que llega el momento de proferir la decisión de
fondo se puede determinar si tuvieron o no relación material con las causas que
dieron origen al proceso; lo anterior, por cuanto que, es en ese momento procesal
cuenta con un panorama fáctico, probatorio y normativo completo de los asuntos en

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 12 de noviembre de 2009,
Expediente: 68001-23-15-000-1997-13681-01, C.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso. En el mismo sentido, se pueden
consultar, entre otras: Sección Primera: i) Expediente 25000-23-41-000-2018-00303-01, providencia de 13 de diciembre de
2019, C.P. Oswaldo Giraldo López; Expediente 25000-23-41-000-2013-01813-01, Auto de 22 de septiembre de 2016; C.P.
María Claudia Rojas Lasso. Expediente 20001-23-31-000-2003-01273-01(AP), Sentencia de 11 de octubre de 2006, C.P.
Martha Sofía Sanz Tobón. Expediente 11001-03-24-000-2004-00078-01; Auto de 9 de marzo de 2006; C.P. Rafael E. Osteau
de Lafont Pianeta.

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litigio; y puede concluir, con certeza, si todos los sujetos procesales están
materialmente legitimados en la causa, sin perjuicio de que siempre lo hubieran
estado de hecho.

Marco normativo sobre la naturaleza jurídica de la Dirección Nacional de
Estupefacientes

32. Visto el Decreto Ley núm. 494 de 27 de febrero de 1990, “[…] se expiden
normas sobre el Consejo Nacional de Estupefacientes y se dictan otras
disposiciones conducentes al restablecimiento del orden público […].

33. Vistos el artículo 2.° ibidem; se creó la Dirección Nacional de Estupefacientes,
como Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Justicia.

34. Visto el artículo 1°. Del Decreto núm. 2159 de 31 de diciembre de 199238, La
Dirección Nacional de Estupefacientes y el Fondo Rotatorio de Prevención,
Represión y Rehabilitación del Consejo Nacional de Estupefacientes se fusionaron.

35. Visto el artículo 2.° ibidem, “[…] La Dirección Nacional de Estupefacientes es
una entidad de carácter técnico y se organiza como Unidad Administrativa Especial
adscrita al Ministerio de Justicia, con personería jurídica, autonomía administrativa
y presupuestal, patrimonio propio, y régimen especial de contratación administrativa
[…]”.

36. Visto el artículo 82 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 199839, “[…] Las
Unidades administrativas especiales y superintendencias con personería
jurídica. Las unidades administrativas especiales y las superintendencias con
personería jurídica, son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa
y patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las
crea y en lo no previsto por ella, al de los establecimientos públicos […]”.

38 Cfr. “[…] por el cual se fusiona la Dirección Nacional de Estupefacientes con el Fondo Rotatorio de Prevención,

Represión y Rehabilitación del Consejo Nacional de Estupefacientes […]”.
39 Cfr. “[…] por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden

nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
[…]”.

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37. Visto el artículo 68 ibidem, sobre entidades descentralizadas, “[…]. Son
entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos,
las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las
sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades
administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del
Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas
por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones
administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades
industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio […]” (negrilla fuera de texto).

38. De acuerdo con lo anterior, la naturaleza jurídica de la Dirección Nacional de
Estupefacientes es la de una unidad administrativa especial del orden nacional de
carácter descentralizado, adscrita al Ministerio de Justicia, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio.

Marco normativo sobre los bienes que custodia y administra la Dirección
Nacional de Estupefacientes

39. Visto el artículo 47 de la Ley 30 de 31 de enero de 198640, los bienes,
muebles, equipos y demás objetos asociados o adquiridos por las actividades ilícitas
allí enunciadas41, serán decomisados y puestos a disposición inmediata del Consejo
Nacional de Estupefacientes, el cual, por Resolución, podrá destinarlos
provisionalmente al servicio oficial o entidades de beneficio común instituidas
legalmente, darlos en arriendo o depósito.

40. Visto el artículo 1.° de la Ley 785 de 27 de diciembre de 2002, sobre sistemas
de administración de bienes incautados, la norma previó que los bienes incautados
por su afectación a un proceso penal por los delitos de narcotráfico y conexos o a
una acción de extinción de dominio, serán administrados por la Dirección Nacional
de Estupefacientes aplicando los sistemas de enajenación, contratación,
destinación provisional y deposito provisional, agregando que no se podrán ejercer
funciones distintas de las contempladas en el artículo 76 de la Ley 489.

40 Cfr. “[…] “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones […]”
41 “[…] almacene, conserve, fabrique, elabore, venda o suministre a cualquier título marihuana, cocaína, morfina,

heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia, al igual que los vehículos y demás medios de
transporte, utilizados para la comisión de los delitos descritos en este capítulo, lo mismo que los dineros y
efectos provenientes de tales actividades […]”.

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41. Visto el artículo 2.° del Decreto 1461 del 23 de junio de 2000 42, preveía que
la Dirección Nacional de Estupefacientes administraría los bienes de conformidad
con los sistemas establecidos legalmente, llevando a cabo su seguimiento,
evaluación, control y tomando de forma oportuna las medidas correctivas a que
hubiere lugar para garantizar la adecuada administración de los bienes.

42. Visto el artículo 18 ibidem, sobre procedencia del depósito, la norma tiene
previsto que la Dirección Nacional de Estupefacientes de manera preferente podrá
mediante resolución motivada entregar en calidad de depósito provisional a quien
tuviere un derecho lícito demostrado legalmente, los bienes que sean objeto de
comiso, decomiso, incautación y demás medidas decretadas en procesos
penales por delitos de narcotráfico y conexos; asimismo, la norma prevé que
“[…] El producto económico resultante de esta forma de administración ingresará al
Fondo para la Rehabilitación, la Inversión Social y Lucha contra el Crimen
Organizado […]”.

Marco normativo sobre la disolución y liquidación de la Dirección Nacional de
Estupefacientes

43. Visto el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política, corresponde
al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, “[…]
Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de
conformidad con la ley […]” (Destacado fuera de texto).

44. Visto el inciso primero y segundo del artículo 1.° del Decreto 3183 de 2 de
septiembre de 201143; el Presidente de la República dispuso: “[…] Suprímase la
Dirección Nacional de Estupefacientes, Entidad de carácter técnico creada
mediante el Decreto 494 de 1990, organizada como unidad administrativa especial
del orden nacional, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, con personería
jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, y patrimonio propio […]”; y, en
consecuencia se ordenó su liquidación.

42 Cfr. “[…] "Por el cual se reglamentan los artículos 47 de la Ley 30 de 1986, 2° del Decreto 2272 de 1992, 25

de la Ley 333 de 1996 y el artículo 83 del Decreto-ley 266 de 2000 y se dictan otras disposiciones […]".
43 Cfr. “[…] por el cual se suprime la Dirección Nacional de Estupefacientes, se ordena su liquidación y se dictan

otras disposiciones […]”.

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45. Visto el artículo 20 ibidem, sobre los bienes excluidos de la masa de la
liquidación; se previó: “[…] No formarán parte de la masa de la liquidación, además
de los bienes de que trata el artículo 21 del Decreto-ley 254 de 2000 modificado por
el artículo 11 de la Ley 1105 de 2006, los siguientes:

1. Los bienes y recursos que tenga la Dirección Nacional de Estupefacientes en
Liquidación que tengan destinación específica en virtud de su origen.
2. Los bienes administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes a través
del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado
(Frisco).
3. Los bienes dejados a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes
por encontrarse afectos a procesos penales por delitos relacionados con
actividades de narcotráfico y conexas.
4. Los compromisos asumidos por la Dirección Nacional de Estupefacientes previo
a su liquidación en su condición de administrador del Fondo de Rehabilitación,
Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) con la Sociedad de
Activos Especiales y los adquiridos con la Nación en virtud de los documentos
Conpes 3412 de 2006, 3476 de 2007 y 3575 de 2009.
5. Los demás que establece el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero […]”.

46. Visto el artículo 22 ibidem, sobre subrogación de derechos y obligaciones y
traspaso de bienes de la masa de la liquidación, se prevé: “[…] El Ministerio de
Justicia y del Derecho se subrogará en las obligaciones y derechos de la Dirección
Nacional de Estupefacientes en Liquidación una vez queden en firme el acta final
de liquidación y se declare terminado el proceso de liquidación de la Entidad […]”.

47. Visto el parágrafo 1.° del artículo 25 ibidem, sobre los procesos judiciales, la
norma previó, “[…]. Con el propósito de garantizar la adecuada defensa del Estado,
el Liquidador de la entidad continuará atendiendo los procesos judiciales, y demás
reclamaciones, notificadas antes del inicio de la liquidación, así como los que se
llegaren a iniciar y notificar dentro del trámite de la liquidación. La defensa judicial
se realizará hasta tanto se efectúe la entrega de los procesos, con sus
respectivos expedientes, al Ministerio de Justicia y del Derecho […]” (negrilla
fuera de texto).

48. Visto el parágrafo 2°. ibidem, “[…] El Ministerio de Justicia y del Derecho
constituirá la provisión correspondiente para atender las eventuales resultas
negativas de los procesos judiciales en contra de la Dirección Nacional de
Estupefacientes. Para tal efecto, se aplicarán las reglas establecidas para el pago

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de obligaciones por procesos en curso establecidas en el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y normas que lo reglamentan. El liquidador suministrará la
información que se requiera para estos fines […]”.

49. Visto el artículo 29 ibidem, sobre la función de administración del FRISCO, la
norma previó: “[…] Trasládase la función de administración del Fondo para la
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) al
Ministerio de Justicia y del Derecho; y “[…] las referencias que a la Dirección
Nacional de Estupefacientes hace el artículo 12 de la Ley 793 de 2002, modificado
por el artículo 80 de la Ley 1453 de 2011 y demás normas que con anterioridad a la
expedición del presente decreto refieran a la Dirección Nacional de Estupefacientes,
se entenderán que hacen relación al Ministerio de Justicia y del Derecho. Así mismo,
todas las referencias que hagan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes
relacionadas con la administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión
Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), deben entenderse referidas
al Ministerio de Justicia y del Derecho, salvo para efectos de la transitoriedad de
que trata el presente decreto […]”.

50. Visto el artículo 30 ibidem, sobre el ejercicio transitorio de la función indicada
supra, se tiene que, con el fin de garantizar la continuidad en la función de
administración, la Dirección Nacional de Estupefacientes continuaría ejerciendo la
función de administración del FRISCO, por el término de un año contado a partir de
la expedición de esta misma norma, término dentro del cual el Ministerio de Justicia
y del Derecho deberá celebrar los contratos o convenios, o desarrollar los
mecanismos de administración que requiera para el ejercicio de la función
trasladada en el artículo anterior.

51. Visto el artículo 2.° del Decreto núm. 2177 de 7 de octubre de 201344, se tiene
que, el Liquidador de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación
deberá entregar al Ministerio de Justicia y del Derecho el inventario depurado de la
totalidad de los bienes que hacen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión
Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) y de bienes afectados con
medidas cautelares en procesos de extinción de dominio y penales con fines de
comiso por actividades del narcotráfico y conexas, el 31 de julio de 2014, de acuerdo

44 Cfr. “[…] por el cual se prorroga el plazo para la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes en

Liquidación […].

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con los parámetros y condiciones fijados por el Consejo Nacional de
Estupefacientes.

52. Visto el artículo 10.° del Decreto núm. 1335 de 17 de julio de 201445, sobre
entrega de procesos judiciales, “[…] la Dirección Nacional de Estupefacientes en
liquidación deberá hacer la entrega a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. –
SAE S.A.S. –, de los procesos judiciales cuyas pretensiones se encuentren
relacionadas con la administración de los bienes del Fondo para la Rehabilitación,
Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) y de aquellos
procesos derivados de la administración de bienes que estuvieron o se encuentren
afectados con medidas cautelares en procesos de extinción de dominio, la cual
deberá estar acompañada de un diagnóstico respecto a su estado actualizado y al
nivel de contingencia que reviste cada acción.

53. Esa misma norma dispone que “[…] A partir de la publicación del presente
decreto, la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación continuará
entregando los procesos de extinción de dominio y los demás procesos judiciales o
coactivos que corresponden al proceso liquidatorio de la Dirección Nacional de
Estupefacientes en Liquidación, junto con sus archivos al Ministerio de Justicia y del
Derecho, subrogándose dicho Ministerio a partir de la entrega de dichos procesos
de los derechos y obligaciones de la Entidad en Liquidación de conformidad con en
el Decreto 3183 de 2011 y demás que lo modifican […]”.

Marco normativo sobre la sucesión procesal

54. Visto el contenido del artículo 6846 del Código General del Proceso47, sobre
la sucesión procesal, prevé: “[…] Fallecido un litigante o declarado ausente, el
proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los
herederos o el correspondiente curador.// Si en el curso del proceso sobreviene la
extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, los
sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal

45 Cfr. “[…] por el cual se prorroga el plazo para la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes en

Liquidación y se dictan otras disposiciones […]”.

46
Anteriormente, artículo 60 del Código de Procedimiento Civil.
47
Aplicable en los términos del artículo 30847 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 47, sobre el régimen de transición y
vigencia; y del artículo 625 del Código general del Proceso, sobre tránsito de legislación (numeral 1.°, literal b)).

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carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque
no concurran [...]” (negrilla fuera de texto).

Análisis del caso en concreto

38. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, y atendiendo a que el presente asunto la parte demandada,
Ministerio del Interior y de Justicia, solicitó que se revoque el ordinal primero de la
sentencia proferida el 14 de noviembre de 2014, mediante el cual se declaró no
probada la excepción de falta de legitimación en la causa, la Sala procede a realizar
el análisis correspondiente; y a resolver lo que en derecho corresponda.

39. En el presente caso, la parte demandada cuestiona que la sentencia indicada
supra, desconoció que los bienes objeto de comiso, decomiso, incautación y demás
medidas decretadas en procesos penales por delitos de narcotráfico y conexos,
cuya administración se encontraba a cargo de la Dirección Nacional de
Estupefacientes no formaban parte de la masa de liquidación de la entidad; con lo
cual, no es cierto que la cartera ministerial estuviera legitimada, materialmente, para
asumir la defensa de la legalidad del acto acusado ni responder por un eventual
restablecimiento del derecho.

55. Según el argumento central del apelante, el Ministerio de Justicia y del
Derecho no subrogó a la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación ni
recibió los procesos judiciales en que esta era parte, relacionados con los bienes
que esta custodiaba y administrativa o de los que hicieran parte del Fondo FRISCO;
mientras que, la Sala Cuarta de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia,
consideró que dicha subrogación si operó, en virtud de los Decretos núms. 2177 y
1335.

56. La Sala, en primer lugar, considera probado que los bienes que dieron lugar
al presente proceso fueron entregados a la Dirección Nacional de Estupefacientes,
provenientes de causas penales adelantadas con ocasión de delitos de narcotráfico
y actividades conexas y lavado de activos; con lo cual, según lo dispuesto en el
numeral 3.° del artículo 20 del Decreto núm. 3183, no formaban parte de la masa
de liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación.

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57. En efecto, en la Resolución núm. 1373 "[…] Por medio de la cual se revoca
parcialmente la Resolución N° 0083 del 24 de enero de 2006 y se designa un
depositario provisional […]", que reposa en el expediente48, la Dirección Nacional
de Estupefacientes hizo constar que a través del Oficio núm. 10.333 E.D. de 15 de
diciembre de 2000, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho
de Dominio y contra el Lavado de Activos, Fiscalía 31, puso a su disposición 13
predios ubicados en el municipio de Caucasia, bajo el código núm. 15587; los cuales
quedaron identificados y corresponden a los que dieron origen al presente proceso.

58. En ese orden, la Sala considera que, según lo previsto en los artículos 22,
“[…] sobre subrogación de derechos y obligaciones y traspaso de bienes de la masa
de la liquidación […]”, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en relación con los
procesos en los que hiciera parte la Dirección Nacional de Estupefaciente, sí
subrogó a dicha entidad en sus derechos y obligaciones, “[…] una vez queden en
firme el acta final de liquidación y se declare terminado el proceso de liquidación de
la Entidad […]”, pero solo respecto de los bienes que hacían parte de la masa de
liquidación.

59. De esta manera, con independencia de que el Acta Final del Proceso
Liquidatorio de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación de 30 de
septiembre de 201449 hubiera dejado consignado que el proceso liquidatorio
culminó, y que los procesos judiciales en los que fuera parte la Dirección Nacional
de Estupefacientes, independientemente de que hubieran iniciado antes de que se
decretara la supresión y la liquidación o después de la misma, la subrogación
prevista en el artículo 22 ibidem operó para los bienes que hacían parte de la masa
de liquidación, y no para aquellos que fueron excluidos.

60. A dicha conclusión se arriba atendiendo la lectura integral y armónica de lo
previsto en el parágrafo primero del artículo 25, los artículos 29 y 30 del Decreto
núm. 3183, y el artículo 2.° del Decreto núm. 2177, por el cual se prorrogó el plazo
para la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación.

48
Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00017. ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf). Folios 23 a 29.

49

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61. Según la primera de las normas indicadas, el Liquidador de la Dirección
Nacional de Estupefacientes, con el propósito de garantizar la adecuada defensa
del Estado, continuaría atendiendo, entre otros, los procesos judiciales que hubieran
sido notificados antes del inicio de la liquidación, así como los que se llegaren a
iniciar y notificar dentro del trámite de la liquidación; defensa judicial que se
realizaría hasta que se efectuara la entrega al Ministerio de Justicia y del Derecho,
de los procesos con sus respectivos expedientes.

62. En este sentido, la Sección Primera considera que, la norma en que se previó
la subrogación de derechos y obligaciones encabeza del Ministerio de Justicia y del
Derecho, por un lado, esta incorporada en el Capítulo VI del Decreto núm. 3183,
relativo al trámite de la liquidación; por el otro, su propia denominación imprime una
relación directa entre la subrogación prevista y los bienes de la masa de la
liquidación, al indicar “[…] ARTÍCULO 22. DE LA SUBROGACIÓN DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES Y TRASPASO DE LOS BIENES DE LA MASA DE
LIQUIDACIÓN […]”; por lo que, en consecuencia, dicha subrogación estaba llamada
a operar respecto de los procesos que involucren los bienes de la masa de la
liquidación.

63. A su turno, según lo previsto en el artículo 29 ibidem, se trasladó al Ministerio
de Justicia y del Derecho la administración del Fondo para la Rehabilitación,
Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO); sin embargo,
conforme al artículo 30 ibidem, esa función continuó en cabeza de la Dirección
Nacional de Estupefacientes por el término de un año contado a partir de la
expedición de esta misma norma, lo que ocurrió el 2 de septiembre de 2011; término
dentro del cual el Ministerio de Justicia y del Derecho realizaría las acciones
necesarias para asumir dicha administración.

64. No obstante, en virtud de que el Decreto núm. 2277: i) prorrogó el término de
liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes hasta el 31 de julio de 2014,
y ii) en el numeral 2.° de su artículo 20 previó que, los bienes administrados por la
Dirección Nacional de Estupefacientes a través del Fondo de Rehabilitación,
Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), fueran igualmente
excluidos de la masa de liquidación de la entidad; y iii) que la Dirección Nacional de
Estupefacientes le entregaría al Ministerio del Interior y de Justicia el 31 de julio de
2014, el inventario depurado de la totalidad de los bienes que hacen parte fondo y

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de bienes afectados con medidas cautelares en procesos de extinción de dominio y
penales con fines de comiso por actividades del narcotráfico y conexas; tampoco
hay lugar a deducir, de esta norma, la subrogación del Ministerio del Interior y de
Justicia, de los derechos y obligaciones que tuviera la Dirección Nacional de
Estupefacientes, respecto de los procesos judiciales que involucraran dichos
bienes.

65. La Sección Primera, al respecto, observa que previo a la suscripción del Acta
Final de Liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes el 30 de
septiembre de 2014, el artículo 90 de la Ley 1708 de 20 de enero de 201450, que
entró en vigencia el 20 de julio de 2014 según lo ordenado en el artículo 218 ibidem,
le asignó a la Sociedad de Activos Especiales S.A.E. S.A.S la administración del
Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado
(FRISCO); en consecuencia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, por esta vía,
tampoco administró transitoriamente los bienes que dieron lugar al presente
proceso.

66. En este orden, la Sección Primera concluye que: el Ministerio de Justicia y
del Derecho no subrogó a la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación
en sus derechos y obligaciones respecto de los bienes que fueron excluidos de la
masa de liquidación, como son los 13 predios que conforman las fincas
denominadas “[…] Paraguay […]” y “[…] La Uribe […]”, ubicadas en el municipio de
Caucasia, Antioquia; asimismo, que el Ministerio del Interior y de Justicia no tuvo
oportunidad material de cumplir la función de administración de los bienes del
Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado
(FRISCO) por virtud de la voluntad del legislador, el cual previó, antes de que llegara
la fecha establecida para que dicha cartera asumiera su administración, que tal
función la ejercería la Sociedad de Activos Especial S.A.E. S.A.S.

67. La Sección Primera, en consecuencia, considera que, en los términos del
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, y de la jurisprudencia citada
supra, en el caso sub examine, el Ministerio de Justicia y del Derecho no expidió el
acto administrativo acusado; en tanto lo hizo la Dirección Nacional de
Estupefacientes; y por virtud de las normas estudiadas supra y de lo probado en el

50 Cfr. “[…] Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio […]”.

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proceso, no ejerció ninguna función de la que se derive conexidad sustancial con la
afectación de los derechos subjetivos que ventiló el demandante en este proceso.

68. En consecuencia, la Sección Primera revocará el ordinal primero de la
sentencia proferida el 14 de noviembre de 2014, y en su lugar, declarará probada la
excepción de falta de legitimación en la causa alegada por el Ministerio del Interior
y de Justicia; y en los demás la confirmará.

69. Por último, la Sala advierte que, en el presente caso, como el proceso inició
en el año 2008 y la supresión de la parte demandada, Dirección Nacional de
Estupefacientes, se ordenó en el año 2011, y culminó en el año 2014; para todos
los efectos debe atenderse lo previsto en el inciso segundo del artículo 68 del
Código General del Proceso indicado supra, sobre sucesión procesal.

Condena en costas

70. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena
en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que
no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, por lo que no
condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el ordinal primero de la sentencia proferida por la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia,
el 14 de noviembre de 2014; y en su lugar, DECLARAR PROBADA la excepción
de falta de legitimación del Ministerio de Justicia y del Derecho, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida por la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, el 14 de
noviembre de 2014.

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TERCERO: SIN CONDENA en costas, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que
haya lugar.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado Salvamento de voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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