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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-26-000-2008-00012-00

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-26-000-2008-00012-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación por pasiva alegada por la parte demandada, de conformidad con las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 046 de 10 de abril de 2003 expedida por la Junta Directiva del INCORA, "[…] Por la cual se suspende la Resolución No. 028 de Diciembre 10 de 2002 […]", de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese la actuación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-26-000-2008-00012-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de nulidad
Número único de radicación: 11001-03-26-000-2008-00012-00
Demandante: Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
Demandado: Agencia Nacional de Tierras (ANT), en calidad de sucesora
procesal del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)

Asunto: Se accede a declarar la nulidad de la Resolución núm. 046 de 10 de
abril de 2003, considerando que la Junta Directiva del Instituto Colombiano de
Reforma Agraria (INCORA) incurrió en falta de competencia, cuando suspendió
los efectos jurídicos de la Resolución núm. 028 del 10 de diciembre de 2002,
“[…] mediante la cual se constituyó la zona de reserva campesina valle del río
cimitarra, en jurisdicción de los municipios de Yondó y Remedios en el
departamento de Antioquia y Cantagallo y San Pablo en el departamento de
Bolívar […]”, hasta que se establezcan plenamente los hechos que motivan
esta decisión o se consideren superados los motivos de inconformidad,
expresados por sectores de la comunidad, la junta directiva proferirá la decisión
que sea legalmente procedente […]”.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el Asociación

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Número único de radicación: 11001-03-26-000-2008-00012-00
Actor: Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra

Campesina del Valle del Río Cimitarra -ACVRC-1, en adelante la parte
demandante, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 046 de 10
de abril de 2003, "[…] Por la cual se suspende la Resolución No. 028 de
Diciembre 10 de 2002 […]", expedida por la Junta Directiva del Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria, en adelante el INCORA.

I.- ANTECEDENTES

I.1. En apoyo de su pretensión, la parte demandante manifestó, en síntesis, los
siguientes hechos:

1. Que mediante Resolución núm. 028 de 10 de diciembre de 20022, la Junta
Directiva del INCORA constituyó y delimitó la Zona de Reserva Campesina Valle
del Río Cimitarra en los municipios de Yondó y Remedios, en el departamento de
Antioquia, y de Cantagallo y San Pablo en el departamento de Bolívar, en área
aproximada de 184 mil hectáreas.

2. Que la mencionada resolución se encuentra debidamente ejecutoriada y no
ha perdido su fuerza ejecutoria, puesto que no ha sido suspendida o anulada
por la jurisdicción contenciosa administrativa.

3. Que mediante Resolución núm. 046 de 10 de abril de 2003, la Junta
Directiva del INCORA resolvió suspender los efectos jurídicos de la Resolución
núm. 028, “[…] hasta que se establezcan plenamente los hechos que motivan
esta decisión o se consideren superados los motivos de inconformidad
expresados por sectores de la comunidad, la Junta Directiva proferirá la
decisión que sea legalmente procedente […]”.

1 Mediante apoderado.
2 Publicada en el diario oficial núm. 45.082 de 31 de enero de 2003 y se comunicó a las autoridades de

los respectivos municipios

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4. Que según lo considerado en la Resolución núm. 046, el 7 de marzo de 2003
se llevó a efecto una reunión convocada por la Presidencia del Concejo
Municipal de Yondó para tratar la problemática generada por la Resolución 028
de 2002; en la cual, “[…] quienes manifiestan ser autoridades, representantes y
comunidad en general de los municipios de Yondó, Cantagallo, Remedios y
San Pablo, profirieron un Comunicado a la opinión pública expresando su
descontento por la constitución y delimitación de la referida ZRC,
argumentando que la mayoría no pudieron asistir a la Audiencia realizada en la
Vereda La Poza, municipio de Cantagallo, el día 18 de agosto de 2002, por
falta de garantías. […] Por esta razón dichas comunidades solicitan al gobierno
nacional y a esta Junta Directiva, revocar la resolución que constituyó y delimitó
la mencionada ZCR […]".

5. Que, de igual forma, la Resolución núm. 046 consideró la comunicación del
director ejecutivo de la Asociación de Municipios del Magdalena Medio
Bolivarense dirigida al Presidente de la República, mediante la cual manifestó
su preocupación en el sentido de que “[…] no se lleguen a canalizar los
recursos de manera correcta […]”.

I.2. La parte demandante adujo la violación de los artículos 4° y 238 de la
Constitución Política; 66, 82 y 158 del Decreto Ley 01 de 2 de enero de 19843,
en adelante, Código Contencioso Administrativo; en síntesis, señaló los
siguientes cargos de violación:

PRIMER CARGO: FALTA DE COMPETENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
DEL INCORA PARA EXPEDIR LA RESOLUCION NÚM. 046 DE ABRIL 10 DE
2003

6. Manifestó que la Junta Directiva del INCORA no era la autoridad competente
para suspender los efectos jurídicos de la Resolución núm. 028, puesto que

3 Cfr. “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.

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dicho acto administrativo alcanzó fuerza ejecutoria según lo previsto en el
artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, esto es: se publicó en el
diario oficial No. 45.082 de 31 de enero de 2003, fue comunicada a las
autoridades de los respectivos municipios, y contra ella no se presentaron
recursos de la vía gubernativa.

7. Afirmó que según lo previsto en el artículo 66 ibidem, la Resolución núm. 028
resultaba obligatoria, tanto para los particulares como para las autoridades,
porque para el momento en que fue suspendida su ejecución no había sido
anulada ni suspendida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
siendo ésta la única autoridad estatal facultada para suspender los efectos de
los actos administrativos, conforme lo prevé el artículo 238 de la Constitución.

8. Aseveró que los artículos 152 y siguientes del Código Contencioso
Administrativo prevén que le corresponde al Consejo de Estado y a los
tribunales administrativos suspender los actos administrativos, conforme con
los requisitos y procedimientos exigidos para tal efecto.

9. Señaló que de acuerdo con las sentencias C-127 de 19984 y T-142 de 19955,
la suspensión provisional “[…] es una declaración judicial atribuida por la
Constitución Política a la jurisdicción de lo contencioso administrativo […]”; en
consecuencia, los actos administrativos dejan de ser oponibles temporalmente
cuando son suspendidos provisionalmente, y en forma definitiva cuando la
jurisdicción de lo contencioso administrativo declara que son nulos.

10. Dijo que en las mencionadas sentencias, la Corte Constitucional consideró
que la cláusula general de competencia prevista en el artículo 238 superior,
impide que el legislador le otorgue la facultad de suspensión de los actos
administrativos a cualquier otra autoridad distinta a los jueces de lo contencioso

4 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia de 1 de abril de 1998. MP. Jorge Arango Mejía.
5 Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión de tutelas. Sentencia de 30 de marzo de 1995. MP. Carlos

Gaviria Díaz.

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administrativo; con lo cual, el ejercicio de esa competencia por parte de una
autoridad administrativa, resulta contrario al principio de separación de poderes
previsto en el artículo 113 de la Constitución.

11. Indicó que en la misma línea se ha pronunciado el Consejo de Estado 6,
considerando que el ejercicio de las potestades públicas es innegociable y la
legalidad de los actos administrativos es indisponible, razón por la cual, solo a
la jurisdicción contencioso-administrativa compete la decisión sobre la
suspensión provisional de los actos administrativos y la de su inconformidad
con la legalidad.

12. En ese orden, concluyó que la Junta Directiva del INCORA no podía,
mediante el acto administrativo acusado, modificar la Constitución y usurpar
competencias que son propias y exclusivas del poder jurisdiccional, en este
caso del Consejo de Estado, y que excluyen su ejercicio en cabeza de otras
autoridades.

13. Por último, manifestó que no siendo el INCORA la autoridad competente
para suspender los efectos de un acto administrativo, la Resolución núm. 046
esta viciada de nulidad según lo previsto en el artículo 84 del Código
Contencioso Administrativo, al haber sido proferida por una autoridad
incompetente.

SEGUNDO CARGO: EXPEDICIÓN IRREGULAR DE LA RESOLUCIÓN NÚM.
046 DE 2003

14. Indicó que de acuerdo con lo considerado en la Resolución núm. 046, la
actuación que dio lugar a suspender los efectos de la Resolución núm. 028 se
inició a petición de parte, contenida en "[…] un comunicado a la opinión pública

6 Cfr. “[…] Consejo de Estado. Sentencia de 24 de febrero de 1994. MP. Jaime Abella Zárate, radicación

5025-94. Sentencia de Sección Tercera. Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez. Santa
Fe De Bogotá, Junio Ocho (8) de Dos Mil (2000). Radicación Número: 169734 […]”.

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de 7 de marzo de 2003 y en una comunicación que del Director Ejecutivo de la
Asociación de Municipios del Magdalena Medio Bolivarense dirige al presidente
de la república el 12 de marzo de 2003 […]”.

15. Manifestó que las mencionadas comunicaciones no reúnen los requisitos
previstos en el artículo 5° del Código Contencioso Administrativo, referidos a: i)
la designación de la autoridad a la que se dirigen; ii) los nombres y apellidos
completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con
indicación del documento de identidad y de la dirección; iii) el objeto de la
petición; iv) las razones en que se apoya; v) la relación de documentos que se
acompañan y la firma del peticionario, cuando fuere el caso.

16. Aseveró que en el comunicado se indicó el no rechazo a la zona de reserva
campesina constituida, y que se requería de su revisión para que “[…] los
cuatro alcaldes de los municipios lideren la zona de reserva campesina del río
Cimitarra y sean los entes territoriales los que canalicen los recursos de esta
reserva, evitando de esta forma que una Asociación muy cuestionada ya que
su junta directiva posee órdenes de captura, sea la que maneje los dineros (sic)
corre el riesgo de que sean desviados para otros fines muy diferentes a los del
bienestar de la población campesina […]”.

17. Señaló que la ley o la Resolución núm. 028 de 2002 suspendida, no
realizan alguna disposición sobre la administración de la zona de reserva
campesina, en esencia, porque se trata de una figura que conjuga los
esfuerzos y la participación democrática de la población campesina, las
entidades públicas y los particulares; de esta manera, dicha cuestión de
administración no afecta la legalidad de la zona de reserva campesina
constituida, sin perjuicio de que pueda discutirse y definirse por los actores
involucrados.

18. En ese orden, afirmó que las comunicaciones que piden la revocatoria de la

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zona de reserva campesina no determinaron cuáles son las causales, de las
previstas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, que dieron
lugar a dicha petición; tampoco aportaron prueba de que no se permitió la
participación de campesinos.

19. Aseguró que las mismas carencias se advierten en la comunicación
enviada al presidente de la República, más aún si se tiene en cuenta que el
director ejecutivo de la Asociación de Municipios del Magdalena Medio
Bolivarense pretendía que se revisaran los procedimientos adelantados para
establecer la zona de reserva campesina.

20. Conforme con todo lo anterior, concluyó que la Resolución núm. 046 fue
expedida irregularmente por el INCORA, porque los documentos que dieron
lugar al inicio de la actuación administrativa no cumplían con los requisitos que
la ley impone.

TERCER CARGO: FALSA MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NÚM. 046 DE
2003.

21. Afirmó que en la Resolución núm. 046 de 2003 se consignó que los hechos
denunciados en el comunicado a la opinión pública y en la carta dirigida al
presidente de la República: “[…] no fortalecen la concertación social y podrían
profundizar el conflicto social que afecta a la comunidad de esta región del
país; y por razones de interés general y con el fin de garantizar un espacio que
permita mayor participación a todos los integrantes de la comunidad, considera
conveniente suspender los efectos jurídicos de la resolución 028 de 2002 […]”.

22. Indicó que en dicho acto administrativo: i) no se determinó cuál es la
manifiesta infracción de las normas que sustentó la suspensión, y que según el

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INCORA se trata del Decreto núm. 1777 de 1° de octubre de 19967; ii) no se
expresó en qué consiste dicha infracción: simplemente se formula una “[…]
premonición […]”, referida a que “[…] podrían profundizar el conflicto social
[…]”.

23. En ese orden, manifestó que la Resolución núm. 046 adolece de falsa
motivación, toda vez que los hechos consignados en ella no corresponden a la
realidad, al presentar como infracción manifiesta del Decreto núm. 1777 de
1996 un hecho no probado, consistente en que “[…] por la presencia de los
actores armados no hubo participación de la " mayoría" en la audiencia pública
celebrada el 22 de junio de 2001[…]”.

24. Afirmó que contrario a lo anterior, la Resolución núm. 028 de 2002, la cual
goza de presunción de legalidad, consideró cumplido lo previsto en el Decreto
núm. 1777 y en el Acuerdo núm. 024 de 25 de noviembre de 1996 8, expedido
por la Junta Directiva del INCORA.

25. En consecuencia, dijo que la motivación argüida por la Junta Directiva del
INCORA, nada tiene que ver con lo que exige el artículo 152 del Código
Contencioso Administrativo para que sea procedente la suspensión de un acto
administrativo en firme; máxime cuando las comunicaciones enviadas
apuntaron a señalar un desconocimiento del derecho de audiencia y la
preocupación por la adecuada canalización de los recursos, hipótesis que no
fueron probadas ni son causal de nulidad de las taxativamente previstas para
los actos administrativos.

I.3. La parte demandante solicitó la suspensión provisional de los efectos de la
Resolución núm. 028 de 2002, en escrito que presentó por separado; dicha

7 Cfr. “[…] por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIII de la Ley 160 de 1994, en lo relativo a

las Zonas de Reserva Campesina […]”.
8 Cfr. “[…] Por el cual se fijan los criterios generales y el procedimiento para seleccionar y delimitar las

Zonas de Reserva Campesina de que tratan el Capítulo XIII de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1777 de
1996 y se dictan otras disposiciones […]”.

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medida cautelar fue negada por la Sección Primera mediante auto de 22 de
abril de 2009, y confirmada por la misma sección mediante auto de 22 de abril
de 2010.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. El Instituto Colombiano de Reforma Agraria -INCODER-, en adelante
INCODER, mediante apoderado, solicitó denegar las súplicas de la demanda;
para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo
siguiente:

a) En primer lugar, observó que dentro de las políticas o instrumentos de
desarrollo rural, las Zonas de Reserva Campesina son áreas geográficas
seleccionadas teniendo en cuenta las características agroecológicas y socio
económicas regionales, donde predomine la existencia de tierras baldías y las
zonas de colonización, conforme con lo previsto en los artículos 80 y 81 de la
Ley 160 de 3 de agosto de 19949.

b) Explicó que las Zonas de Reserva Campesina buscan proveer el acceso
progresivo a la propiedad de la tierra y cumplir los objetivos previstos en el
artículo 20 del Decreto 1777 de 1996, dirigidos a fomentar y estabilizar la
economía campesina; superar las causas de los conflictos sociales que las
afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia
social en las respectivas áreas, buscando promover y encauzar recursos y
programas para el desarrollo común de la región.

c) Afirmó que sobre dichos parámetros y de acuerdo con el Plan de
Desarrollo Sostenible se expidió la Resolución núm. 028 de 2002, mediante la
cual se constituyó y delimitó la Zona de Reserva Campesina del Valle de

9 Cfr. ”[…] Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se

establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria y se dictan otras disposiciones […]”.

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Cimitarra, con siete programas10, respecto de los cuales se concertaron
compromisos interinstitucionales11 de canalización de recursos y de proyectos.
d) Conforme con lo expuesto, dijo que la constitución de la Reserva
Campesina Valle del Río Cimitarra, como instrumento de política pública,
constituyó una de las estrategias para resolver problemas territoriales,
ambientales, sociales y económicos estructurales de la región, basado en la
concertación y la participación.

e) En eso orden, concluyó que la Resolución núm. 028 de 2002 tiene
carácter programático y no prevé cuáles son los efectos jurídicos de la
delimitación y constitución de esa Zona de Reserva Campesina; el acto se
limita a constituirla y delimitarla como una posibilidad de la ejecución de
políticas públicas, razón por la cual no crea derechos ni constituye obligaciones
recíprocas o de ordenamiento territorial: indicó que tampoco regula o limita la
propiedad u otros derechos dentro de la zona delimitada.

f) Señaló que, por el contrario, se trata de un conjunto de programas
dentro de la política, orientado al desarrollo económico y social, que busca
influir, directa o indirectamente, la acción social del Estado en cuanto a la
asignación de recursos y el apoyo institucional, con el fin de minimizar los
conflictos territoriales y propiciar el desarrollo productivo.

10 Desarrollo agropecuario y forestal; dotación de infraestructura básica; dotación de servicios;
redistribución y formalización de la tenencia de la tierra; recuperación y protección ambiental; difusión del
estado local; y seguimiento y control y derechos humanos.
11 Por ejemplo: i) Proyecto Piloto ZRC – IIICA con inversión de recursos del Banco Mundial; ii) gestión del

apoyo del Ministerio de Medio Ambiente para el mercado internacional forestal; iii) contribución con
proyectos de irrigación en pequeña escala y capacitación del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras -
INAT-, para la administración, operación y manteamiento de los mismos; iv) acompañamiento y apoyo del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a proyectos productivos, a través de las instituciones del
sector productivo, en asistencia técnica, organización, capacitación y fomento de producción; v)
adelantamiento de programas de titulación y adquisición de tierras y programas de gestión empresarial
por parte del INCORA; vi) Protección de los derechos constitucionales con apoyo de la Red de Solidaridad
para la seguridad y asistencia alimentaria, en especial, a proyectos de cultivo de arroz en la región; vii)
gestión de recursos nacionales e internacional para el desarrollo comunitario; viii) apoyo de los programas
y proyectos integrales a corto, mediano y largo plazo relacionados con el ordenamiento territorial y
ambiental.

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g) Dijo que ese mismo sentido se predica de la Resolución núm. 046 de
2003, que suspendió los efectos jurídicos de la constitución y delimitación de la
Zona de Reserva Campesina Valle del Cimitarra en beneficio del interés
general y para evitar la profundización del conflicto social, como se deducía de
las comunicaciones realizadas por la Presidencia del Concejo Municipal de
Yondó y el director ejecutivo de la Asociación de Municipios del Magdalena
Medio Bolivarense, estaba ocurriendo.

II.2. De otra parte, el INCODER propuso la excepción de falta de
legitimación por pasiva; manifestó que nada le consta sobre los supuesto
fácticos y jurídicos en que se funda la demanda, puesto que dicho instituto no
expidió el acto administrativo; tampoco había sido creado para el momento en
que el acto acusado fue expedido.

Puso de presente que el INCORA fue suprimido y su liquidación fue ordenada
mediante el Decreto núm. 1292 del 21 de mayo de 2003, en cuyo artículo 26 se
señaló que corresponde al Gerente Liquidador del INCORA en Liquidación,
atender los procesos judiciales y demás reclamaciones en curso o los que
llegaron a iniciarse dentro del término de la liquidación, hasta tanto se efectúe
la entrega de inventarios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y que a
esta última entidad le corresponde, una vez culminada la liquidación del
INCORA, asumir los procesos judiciales en los que sea parte dicha entidad en
liquidación y las obligaciones que se deriven de éstos.

Afirmó que dicha norma se modificó por el artículo 2° del el Decreto núm. 4915
del 26 de diciembre de 200712, en el sentido de que: i) el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural asumirá, una vez culminada la liquidación del
INCORA, los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere parte dicha
entidad, a excepción de los procesos y reclamaciones que se relacionen con

12 “[…] por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1292 de 2003 […]”.

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los bienes inmuebles que hacen parte del Fondo Nacional Agrario, que serán
asumidos por la entidad que tenga a su cargo la ejecución de la política
agropecuaria y de Desarrollo Rural, y ii) cada entidad que recibe asumirá las
obligaciones derivadas de estos procesos y reclamaciones.

En consecuencia, manifestó que el INCODER no es la entidad que está
llamada a intervenir en defensa de la legalidad de la Resolución núm. 046,
expedida por la Junta Directiva del INCORA.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en
desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista,
probatoria y alegaciones.

El magistrado sustanciador del proceso se pronunció sobre la solicitud de
sucesión procesal presentada por la Agencia Nacional de Tierras, mediante
auto proferido el 15 de mayo de 2019 en el que resolvió ”[…] RECONOCER a
la Agencia Nacional de Tierras como sucesora procesal del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia […]”.

Mediante auto proferido el 30 de septiembre de 2020, se corrió traslado común
a las partes y al Ministerio Público, para alegar de conclusión.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante, la parte demandada y el Ministerio Público guardaron
silencio en esta oportunidad procesal.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

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El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la Resolución núm.
046 de 10 de abril de 2003, “[…] Por el cual (sic) se suspende la Resolución
número 028 de diciembre 10 de 2002 […]” (sic) expedida por la Junta Directiva
del INCORA, “[…] Por la cual se constituye y se delimita la Zona de Reserva
Campesina del valle del río Cimitarra en los municipios de Yondó y Remedios
en el departamento de Antioquía. Cantagallo y San Pablo en el departamento
de Bolívar […]”

V.1.1. Problema jurídico

Para dicho efecto, la Sala debe determinar si la Junta Directiva del INCORA,
hoy Agencia Nacional de Tierras, podía suspender los efectos jurídicos de la
Resolución núm. 028 de 2002; en caso afirmativo, la Sala procederá a
determinar si esa decisión se ajustó a derecho, o si fue expedida
irregularmente por falta de competencia y/o con falsa motivación.

V.1.2. El acto administrativo demandado

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 046 DE 2003

(abril 10)

Por el cual se suspende la Resolución número 028 de diciembre 10 de
2002.

La Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria,
INCORA, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial
las contenidas en el artículo 76 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO

Que previo el trámite consagrado en la Ley 160 de 1994, en el Decreto
Reglamentario número 1777 de 1996 y en el Acuerdo de J.D. del
Incora número 024 de 1996, y teniendo en cuenta lo acordado en la
audiencia pública celebrada el 22 de junio de 2001, en la vereda La
Poza, municipio de Cantagallo, esta Junta Directiva mediante
Resolución número 028 del 10 de diciembre de 2002, constituyó y
delimitó la zona de Reserva campesina Valle del Río Cimitarra, en los

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municipio de Yondó y Remedios en el departamento de Antioquia y
Cantagallo y San Pablo en el departamento de Bolívar, sobre un área
de aproximadamente 184.000 hectáreas, comprendida dentro de los
linderos previstos en el artículo 2° de la citada resolución. Este acto
fue publicado en el Diario oficial número 0450821 del 31 de enero de
2003 y se comunicó a las autoridades de los respectivos municipios;

Que posteriormente, en reunión del 7 de marzo de 2003, convocada
por la Presidencia del Concejo Municipal de Yondó, quienes
manifiestan ser autoridades, representantes y comunidad en general
de los municipios de Yondó, Cantagallo, Remedios y San Pablo, para
tratar la problemática generada por la Resolución 028 de 2002,
profirieron un «comunicado a la opinión pública» expresando su
descontento por la constitución y la delimitación de la referida ZRC,
argumentando que la mayoría no pudo asistir a la audiencia Realizada
en vereda La Poza, municipio de Cantagallo el día 18 de agosto de
2002, por falta de garantías. (Fax de la Personería de Yondó, marzo
14 de 2003 9:37 a.m.). Por esta razón dichas comunidades, solicitan al
Gobierno Nacional y a esta Junta Directiva, revocar la resolución que
constituyó y delimitó la mencionada ZRC;

Que el señor Luís Alberto Pallares G., en su condición de Director
Ejecutivo de la Asociación de Municipios del Magdalena Medio
Bolivarense, en comunicación de marzo 12 de 2003, dirigida al señor
Presidente de la República, manifiesta que acoge la determinación del
encuentro comunal realizado el 7 de marzo de 2003 en la sede del
Concejo del Municipio de Yondó, porque «vemos con preocupación
que no se lleguen a canalizar los recursos de manera correcta» y por
ello solicita se realice una revisión de los procedimientos que se
adelantaron para la constitución de la ZRC;

De conformidad con el Decreto reglamentario 1777 de 1996, artículo
20 numeral 7, la constitución y delimitación de zonas de Reserva
Campesina tiene como uno de sus objetivos específicos «Fortalecer
los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre
el Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada
participación en las instancias de planificación y decisión local y
regional». Los hechos enunciados, antes que fortalecer la
concertación social, podrían profundizar el conflicto social que afecta a
la comunidad de esta región del país.

Por razones de interés general y con el fin de garantizar un espacio
que permita mayor participación a todos los integrantes de la
comunidad, esta Junta Directiva considera conveniente suspender los
efectos jurídicos de la Resolución 028 de 10 de diciembre de 2002.

Por anteriormente expuesto,

RESUELVE

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Artículo 1°. Suspender los efectos jurídicos de la Resolución de Junta
Directiva del Incora número 028 del 10 de diciembre de 2002,
mediante la cual se constituyó la Zona de Reserva Campesina Valle
del Río Cimitarra, en jurisdicción de los municipios de Yondó y
Remedios en el departamento de Antioquia y Cantagallo y San Pablo
en el departamento de Bolívar, hasta que se establezcan plenamente
los hechos que motivan esta decisión o se consideren superados los
motivos de inconformidad, expresados por sectores de la comunidad,
la Junta Directiva proferirá la decisión que sea legalmente procedente.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación.

Comuníquese, publíquese y cúmplase […]”.

V.1.3. La excepción propuesta por el INCODER

De manera preliminar, la Sala debe pronunciarse sobre la excepción de falta de
legitimación por pasiva propuesta por el INCODER, hoy Agencia Nacional de
Tierras.

Sobre la definición de legitimación en la causa, la Sección Primera del Consejo
de Estado ha considerado lo siguiente:

[…] La legitimación en la causa, conforme lo ha precisado la Corte
Constitucional, “es la idoneidad jurídica que tiene una persona para discutir
el objeto sobre el que versa un litigio”. En tal sentido, puede ser entendida
como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las
pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica
sustancial que se plantea en el proceso y respecto de la cual gira la
controversia. La legitimación en la causa por activa, debe entenderse como
la facultad que tiene el demandante como titular de un derecho subjetivo,
para reclamarlo a través de los medios de control creados para el efecto y,
de otro lado, la legitimación por pasiva, es la capacidad del
demandado para satisfacer tal derecho […]13. (Negrilla fuera de texto)

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de abril de

2025. MP. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 05001 23 31 000 2008 01005 01. En
reiteración de Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
14 de abril de 2016. MP. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 44001 23 31 000 2009
00022 01.

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En el caso sub examine, el acto administrativo demandado fue expedido por la
Junta Directiva del INCORA en ejercicio de la función que le fue asignada en el
artículo 1.° del Decreto núm. 1777 de 1996, correspondiente a la constitución y
delimitación de las Zonas de Reserva Campesina de las que trata el Capítulo XIII
de la Ley 160.

Conforme con lo anterior, aun cuando el INCORA era la entidad que en principio
estaba llamada a concurrir al proceso en defensa de la legalidad de su propio
acto, y así fue demandado; lo cierto es que dicha entidad, junto con otras, fue
suprimida y ordenada su liquidación mediante el Decreto núm. 1292 de 21 de
mayo de 2003, expedido por el Presidente de la República, y en esa misma fecha
se creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-, hoy Agencia
Nacional de Tierras, como entidad de Desarrollo Agropecuario y Rural que
cumpla los objetivos de las entidades suprimidas, como se lee en los
considerandos del Decreto Ley 1300 de 2003, expedido por el presidente de la
República:

“[…] Que dentro del Programa de Renovación de la Administración
Pública, el Gobierno Nacional ordenó la supresión del Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, del Instituto Nacional de
Adecuación de Tierras, Inat, del Fondo de Cofinanciación para la
Inversión Rural, DRI y del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura,
INPA, razón por la cual se hace necesario crear una entidad de
Desarrollo Agropecuario y Rural que cumpla con los objetivos de las
entidades suprimidas […]”.

Asimismo, según lo previsto en el numeral 6° del artículo 4° del Decreto Ley 1300
de 2003, entre las funciones generales del INCODER se encuentra la “[…]
regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación al
establecer zonas de reserva campesina, con sujeción a los criterios de
ordenamiento territorial y de la propiedad rural […]” (negrilla fuera de texto).

En consonancia con lo anterior, el artículo 24 del Decreto núm. 1300 de 2003
previó que todas las referencias que hagan las disposiciones legales vigentes al

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INCORA, deben entenderse referidas al INCODER14; con lo cual, se entiende
asignada al INCODER la función del INCORA prevista en el numeral 13 del
artículo 12 de la Ley 160, consistente en “[…] Administrar en nombre del
Estado las tierras baldías de la Nación y, en tal virtud, adjudicarlas, celebrar
contratos, constituir reservas y adelantar en ellas programas de colonización,
de acuerdo con las normas legales vigentes y los reglamentos que expida
la Junta Directiva […]” (negrilla fuera de texto).

En este sentido, conforme con lo indicado en forma precedente. y ateniendo la
supresión del INCORA y la creación del INCODER, no hay duda de que respecto
de esta última entidad se cumple el requisito de la legitimación en la causa por
pasiva aun cuando no haya sido la entidad que expidió el acto demandado,
puesto que dicha legitimación deviene del mandato de su creación, y de las
funciones que le fueron asignadas como entidad de desarrollo agropecuario y
rural que cumpliría los objetivos de las suprimidas, entre las cuales se
encontraba el INCORA.

Además, la Sala considera que no le asiste razón a la parte demandada cuando
afirma que su falta de legitimación está sustentada en el artículo 2615 del Decreto
núm. 1292 de 2003, modificado por el artículo 2.° del Decreto núm. 4915 de 2007;
fundamentalmente, porque lo previsto en esa norma es que le corresponde al
Gerente Liquidador asumir la defensa de los procesos que se encuentren en

14 Esa norma realiza igual previsión en cuanto a las referencias legales referidas al Instituto Nacional de

Adecuación de Tierras, INAT, al Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural, DRI, y al Instituto
Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA.
15 Cfr. “[…] Procesos Judiciales. El Gerente liquidador deberá continuar atendiendo dentro del proceso de

liquidación los procesos judiciales y demás reclamaciones en curso o los que llegaren a iniciarse dentro
de dicho término, hasta tanto se efectúe la entrega de inventarios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y/o Instituto que asuma la ejecución de la política agropecuaria y de desarrollo rural. Así mismo,
deberá presentar al Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Defensa Judicial de la Nación, un
inventario de todos los procesos judiciales y demás reclamaciones en las cuales sea parte la entidad,
como también, cuando ello sea procedente, deberá archivar los procesos y reclamaciones, con sus
respectivos soportes y en los términos señalados por las disposiciones legales vigentes. // El Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural asumirá, una vez culminada la liquidación del Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria, Incora, en Liquidación, los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere parte dicha
entidad, a excepción de los procesos y reclamaciones que se relacionen con los bienes inmuebles que
hacen parte del Fondo Nacional Agrario que serán asumidos por la entidad que tenga a su cargo la
ejecución de la política agropecuaria y de Desarrollo Rural y cada entidad que recibe asumirá las
obligaciones derivadas de estos procesos y reclamaciones […]”.

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curso al momento de ordenarse la supresión y liquidación del INCORA, o los que
se llegaren a iniciar mientras dure la liquidación; y que al Ministerio de Agricultura
le corresponderá asumir la defensa de esos procesos, una vez culminada la
liquidación.

En ese orden, atendiendo a que: i) la Resolución núm. 1389 de 31 de diciembre
de 2007 declaró terminado el proceso de liquidación del INCORA; ii) la demanda
fue presentada el 12 de febrero de 2008, admitida el 22 de abril de 2009 y
ordenada su notificación al INCODER en esa misma fecha; y iii) con la expedición
del Decreto Ley 1300 de 2003 se creó el INCODER, a efectos de asumir las
competencias propias del INCORA; la Sala considera que en el presente caso no
se cumple ninguno de los supuestos previstos en el mencionado artículo 26
indicado supra.

Por esta razón, no resulta admisible el planteamiento realizado por la entidad
demandada, en el que fundamenta la falta de legitimación por pasiva, toda vez
que el mandato referido a asumir la atención y defensa de los procesos del
INCORA en Liquidación es expreso y taxativo en cuanto a que recae sobre los
procesos que estuvieran en curso o los que se iniciaran durante la liquidación, y
no respecto de aquellos que se inician con posterioridad a la culminación de
dicho proceso, como acaeció en este caso.

Para la Sala, dicho planteamiento desconoce que el INCODER, hoy Agencia
Nacional de Tierras, fue creado según el artículo 1.° del Decreto Ley 1300 de
2003, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa y financiera, para que cumpliera los objetivos de las
entidades suprimidas, entre ellas, el INCORA; de manera que, liquidado el
INCORA, la entidad que la reemplazó para los efectos de los procesos
iniciados con posterioridad a la culminación del proceso de su liquidación, fue
el INCODER; entidad que a su vez fue suprimida y sustituida por la Agencia

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Nacional de Tierras, entidad que concurre en este proceso como su sucesor
procesal.

En consecuencia, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación por pasiva, propuesta por la parte demandada.

V.1.4. Las zonas de reserva campesina

Antes de descender al estudio de fondo sobre los cargos de la demanda, la Sala
precisará el marco normativo de las zonas de reserva campesina:

Según el artículo 64 de la Constitución Política es deber del Estado promover
el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en
forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda,
seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los
productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y
calidad de vida de los campesinos.

En desarrollo de dicho mandato constitucional se expidió la Ley 160 de 1994, por
medio de la cual se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo
Rural Campesino como mecanismo obligatorio de planeación, coordinación,
ejecución, evaluación y seguimiento de las actividades dirigidas a la
materialización de la reforma agraria y la reforma rural integral, según lo previsto
en el artículo 2.° ibidem.

Por su parte, el artículo 3.° siguiente, prevé las actividades propias del Sistema
Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino para el cumplimiento
de los fines de la reforma, así: i) adquisición y adjudicación de tierras; ii)
organización de las comunidades rurales; iii) ofrecimiento de servicios sociales
básicos e infraestructura física, crédito, diversificación de cultivos, adecuación de

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tierras, seguridad social, transferencia de tecnología, comercialización, gestión
empresarial y capacitación laboral.

Por su parte, el artículo 4° dispuso la conformación del mencionado sistema por
seis subsistemas con atribuciones y objetivos propios, pero que actúan
coordinadamente, así:

“[…] a) De adquisición y adjudicación de tierras, cuyo ejecutor exclusivo
será el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, sin perjuicio de que las
entidades territoriales participen en la cofinanciación con el INCORA en la
compra de tierras en favor de quienes sean sujetos de reforma agraria
[…];

b) De organización y capacitación campesina e indígena, coordinado por
el Viceministerio de Desarrollo Rural Campesino e integrado por el
INCORA, el SENA, la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-
y el Plan Nacional de Rehabilitación -PNR. […]”.

c) De servicios sociales básicos, infraestructura física, vivienda rural,
adecuación de tierras y seguridad social, coordinado por el Fondo de
Cofinanciación, para la Inversión Rural, DRI e integrado por el Instituto
Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, los Ministerios de Transporte,
Salud Pública y Educación, las entidades territoriales, el Fondo de
Cofinanciación para la Inversión Social, FIS, la Sociedad Financiera de
Desarrollo Territorial S.A., Findeter, el Fondo de Solidaridad y Emergencia
Social y las entidades no gubernamentales reconocidas por el Gobierno
que presten esta clase de servicios;

d) De investigación, asistencia técnica, transferencia de tecnología y
diversificación de cultivos, coordinado por la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria -CORPOICA, y conformado por el Instituto
Colombiano Agropecuario -ICA, las Corporaciones de Asistencia Técnica
e Investigación Agropecuaria, las UMATAS y las entidades privadas
reconocidas por el Gobierno que desarrollen estas actividades;

e) De mercadeo, acopio, empaque, procesamiento y fomento
agroindustrial, coordinado por el IDEMA e integrado por el Ministerio de
Comercio Exterior, el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural
DRI, las Cooperativas de beneficiarios de reforma agraria y demás formas
asociativas campesinas, las Centrales de Abastos y la Corporación
Financiera Popular. […]

f) De financiación, coordinado por FINAGRO e integrado por la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero, los intermediarios financieros, bancos
y cooperativas de crédito que realicen operaciones de redescuento y que
destinen recursos para el financiamiento de los objetivos establecidos en
el Sistema.

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PARAGRAFO 1º.- En desarrollo de los planes, programas y actividades
de los subsistemas a que se refiere este artículo, el Gobierno garantizará
la participación y concertación de las organizaciones Campesinas.

PARAGRAFO 2º.- Para todos los efectos legales a que hubiere lugar,
dentro del concepto de sector agropecuario quedan comprendidas las
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas […]”.

Ahora bien, la Sala considera que, para el adecuado entendimiento de la
contenido y alcance de la figura de las zonas de reserva campesina, es necesario
acudir a la lectura integral y completa de los siguientes artículos de la Ley 160 de
1994, mediante los cuales se determinan elementos básicos de su orientación, de
su definición, así como de sus implicaciones.

En primer lugar, el artículo .°, en especial el ordinal noveno, en el que se prevé
como uno de los objetivos de la Ley 160, ”[…] Regular la ocupación y
aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su
adjudicación a los campesinos de escasos recursos, y establecer Zonas de
Reserva Campesina para el fomento de la pequeña propiedad rural, con sujeción
a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables y a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural que
se señalen […]”.

En segundo orden, el artículo 79, norma en la que se fija como una de las
finalidades de las actividades que desarrolla el INCORA en los procesos de
colonización, “[…] la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural,
eliminar su concentración y el acaparamiento de tierras baldías a través de la
adquisición o implantación de mejoras, fomentar la pequeña propiedad
campesina y prevenir, con el apoyo del Sistema Nacional de Reforma Agraria y
Desarrollo Rural Campesino, la descomposición de la economía campesina del
colono y buscar su transformación en mediano empresario […]”.

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En su inciso segundo, la norma indica que en las zonas de colonización “[…] se
regulará, limitará y ordenará la ocupación, aprovechamiento y adjudicación de las
tierras baldías de la Nación, así como los límites superficiarios de las que
pertenezcan al dominio privado, según las políticas, objetivos y criterios
orientadores de la presente Ley, con la finalidad de fomentar la pequeña
propiedad campesina, evitar o corregir los fenómenos de inequitativa
concentración de la propiedad rústica y crear las condiciones para la adecuada
consolidación y desarrollo de la economía de los colonos, a través de los
mecanismos establecidos en el Capítulo II de esta Ley […]”.

En este punto, debe precisarse, de acuerdo con lo previsto en el artículo 81 de la
Ley 160 de 1994, que “[…] las Zonas de Colonización y aquellas en donde
predomine la existencia de tierras baldías, son Zonas de Reserva Campesina
[…]”, mientras que no lo son las Zonas de Desarrollo Empresarial de las que se
ocupa el artículo 83 ibidem.

A su turno, el artículo 80 ibidem establece que “[…] son Zona de Reserva
Campesina las áreas geográficas seleccionadas por la Junta Directiva del
INCORA, teniendo en cuenta las características agroecológicas y
socioeconómicas regionales. En los reglamentos respectivos se indicarán las
extensiones mínimas y máximas que podrán adjudicarse, determinadas en
Unidades Agrícolas Familiares, el número de éstas que podrá darse o tenerse en
propiedad, los requisitos, condiciones y obligaciones que deberán acreditar y
cumplir los ocupantes de los terrenos […]”.

En su inciso segundo, la norma determina que “[…] En las Zonas de Reserva
Campesina la acción del Estado tendrá en cuenta, además de los anteriores
principios orientadores, las reglas y criterios sobre ordenamiento ambiental
territorial, la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los
campesinos, su participación en las instancias de planificación y decisión
regionales y las características de las modalidades de producción […]”.

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Y en su inciso tercero dispone que, “[…] Para regular las áreas máximas de
propiedad privada que podrán tenerse por cualquier persona natural o jurídica, o
en común y proindiviso, en las Zonas de Reserva Campesina que se
establezcan, el Instituto procederá a adquirir mediante el procedimiento señalado
en el Capítulo VI de esta Ley o por expropiación, las superficies que excedan los
límites permitidos […]”.

El artículo 84 de la Ley 160 de 1994 contempla que, “[…] En la formulación y
ejecución de los planes de desarrollo de los procesos de colonización en las
Zonas de Reserva Campesina, será obligatoria la participación de los Alcaldes de
los municipios incorporados en los respectivos estudios, así como de las
organizaciones representativas de los intereses de los colonos […]”; en el inciso
segundo consigna que en todas las reglamentaciones que expida el INCORA,
hoy Agencia Nacional de Tierras, relacionadas con los procesos de colonización,
“[…] se incluirán las normas básicas que regulan la conservación, protección y
utilización de los recursos naturales bajo el criterio de desarrollo sostenible, en la
respectiva región, y se determinarán, de manera precisa, las áreas que por sus
características especiales no pueden ser objeto de ocupación y explotación […]”.

En lo que corresponde al desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina el
Gobierno Nacional expidió el Decreto núm. 1777 de 1996, cuyo artículo 1°
prevé que su constitución y delimitación le corresponde a la Junta Directiva del
INCORA en zonas de colonización, en las regiones con predominio de tierras
baldías, y en las áreas geográficas cuyas características agroecológicas y
socioeconómicas requieran la regulación, limitación y ordenamiento de la
propiedad o tenencia de predios rurales, y con el objeto de fomentar y estabilizar
la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las
afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia
social en las áreas respectivas.

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En concordancia, en su artículo 2° previó los objetivos de las zonas de reserva
campesina; en esencia dirigidos a: i) el adecuado control de la frontera
agropecuaria; ii) evitar y corregir la concentración inequitativa o fragmentación
antieconómica de la propiedad rústica; iii) crear condiciones para la consolidación
y desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos en las zonas
respectivas; iv) regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías,
dando preferencia en su adjudicación a los campesinos o colonos de escasos
recursos; v) crear y construir una propuesta integral de desarrollo humano
sostenible, de ordenamiento territorial y de gestión política; vi) facilitar la ejecución
integral de las políticas de desarrollo rural; y vii) fortalecer los espacios de
concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las
comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias
de planificación y decisión local y regional.

Por último, la Sala considera que la lectura integral del Decreto núm. 1777 de
1996 permite inferir que la acción estatal en materia de zonas de reserva
campesina fue concebida como interinstitucional, y su realización sujeta a los
principios de coordinación, complementariedad, participación y concertación.

En suma, la Sección Primera concluye que las zonas de reserva campesina son
una figura creada por la ley 160 de 1994 que reconoce, en esencia, la necesidad
de ordenación social, ambiental y productiva de una zona geográfica ligada a su
población campesina; sus finalidades más importantes son solucionar conflictos
socioeconómicos y ambientales; evitar la concentración, acaparamiento y
fragmentación antieconómica de la propiedad rural; ordenar la adjudicación de
baldíos y orientarla hacia campesinos de escasos recursos; fomentar la pequeña
propiedad rural; proteger, fortalecer y promover las economías campesinas;
ordenar los procesos de colonización, y contribuir a la realización de los derechos
económicos, sociales y culturales de los campesinos.

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Finalmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional16 ha reconocido: i) al
campesinado como sujeto de especial protección constitucional, y el acceso
progresivo a la tierra como medio para la materialización de los derechos de la
población campesina; ii) que la inequidad en el campo y la concentración de la
tierra en unos pocos fueron los móviles para que la Constitución de 1991
consagrara el derecho de acceso progresivo a la propiedad de la tierra, como una
garantía dirigida a contribuir a la distribución equitativa de la tierra, así como a
mejorar la calidad de vida de la población campesina; iii) que las zonas de
reserva campesina son un instrumento destinado a cumplir esos dos objetivos.

V.1.5. Naturaleza del acto administrativo demandado

Precisado el anterior marco normativo, la Sala debe referirse a la naturaleza de la
Resolución. núm. 046 de 2003 demandada, para considerar que se trata de un
acto administrativo de carácter general, puesto que la suspensión de los efectos
jurídicos de la Resolución núm. 028 de 2002 que realizó, modifica la delimitación
y constitución de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra en
términos de condicionar su ejecutividad “[…] hasta que establezcan plenamente
los hechos que motivan esta decisión o se consideren superados los motivos
de inconformidad, expresados por sectores de la comunidad […]”.

El carácter general, impersonal y abstracto de la Resolución núm. 046 de 2003 se
propugna, precisamente, porque el acto suspendido, relativo a la delimitación y
constitución de dicha zona de reserva campesina, como instrumento creado en la
Ley 160 de 1994 para alcanzar los fines de la reforma agraria, orientado a la
regulación y ordenación territorial, ambiental, socioeconómica de unas
determinadas zonas geográficas, está dirigido de manera objetiva y abstracta a
esos territorios y a su población campesina, así como a las autoridades y

16 Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión, sentencia T-090 de 29 de marzo de 2023. MP. José

Fernando Reyes Cuartas, expediente T-8.348.353. En la sentencia se realiza un recuento de la
jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional, relacionada con las Zonas de Reserva Campesina; en
especial, las sentencias C-371 de 2014; SU-426 de 2016, en reiteración de las sentencias C-623 de 2015
y T-763 de 2012; T-052 de 2017.

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estamentos que hacen parte del Sistema Nacional de Reforma Agraria y
Desarrollo Rural Campesino; en consecuencia, se trata de una situación
constitutiva general que versa sobre la población campesina como pluralidad
indeterminada que habita o llegare a habitar la zona geográfica delimitada.

Lo anterior se corrobora del propio texto de la parte resolutiva de la Resolución
núm. 028 de 2002, así:

“[…] Artículo 1.°- Constituir la Zona de Reserva Campesina Valle del río
Cimitarra en los municipios de Yondó y Remedios en el departamento de
Antioquia, y Cantagallo y San Pablo en el departamento de Bolívar con área
de 184000 hectáreas, aproximadamente, sustentada en el Plan de Desarrollo
Sostenible aprobado en Audiencia Pública, celebrada en junio 22 de 2001 en
la vereda La Poza, municipio de Cantagallo, la cual cumple con los requisitos
exigidos en el Acuerdo 024 de 1996.

Artículo 2.°- Límites de la Zona de Reserva Campesina con base en el plano
del Incora1 1-630 de julio de 2001.
Punto de partida. Linderos técnicos: Norte: Del punto 1 se sigue en sentido
general […] Sur: del punto 2 se continúa en sentido […] Este: Del punto 3 se
continúa en sentido […] Oeste: Del punto 4 se sigue en sentido […]

Artículo 3.°- Fijar para el municipio de Yondó 2.5 Unidades Agrícolas
Familiares, para Remedios 3.0 Unidades Agrícolas Familiares y para
Cantagallo y San Pablo 2.0 Unidades Agrícolas Familiares, como áreas
máximas de propiedad privada que podrán tenerse por cualquier persona
natural o jurídica, o en común y proindiviso en la Zona de Reserva
Campesina del valle del río Cimitarra.

Artículo 4.° En concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1777 de 1996 se
convoca el apoyo preferencial de las Instituciones del Estado a nivel nacional,
departamental y municipal que conforman el Sistema Nacional de Reforma
Agraria y Desarrollo Rural Campesino, el Sistema Nacional Ambiental, Fondo
Nacional de Regalías; Banco Mundial, Plan de Desarrollo Alternativo, Fondo
Nacional para la Paz, Red de Solidaridad Social, entre otras, para que
contribuyan a la financiación del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de
Reserva Campesina, de acuerdo con los planes y programas especiales del
Gobierno Nacional destinados a la inversión social rural.

Artículo 5.°- Hace parte integrante de esta Resolución el documento “Plan de
Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina del valle del no
Cimitarra, municipios de Yondó y Remedios (Antioquia) y San Pablo y
Cantagallo (Bolívar) […]”

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Como se observa, la Resolución núm. 028 no crea situaciones jurídicas
particulares y concretas respecto de ninguna persona natural o jurídica en
específico; de suyo, en lo que se refiere al acceso a la propiedad rural se indica
que cualquier persona podrá acceder a ellas con los límites máximos allí
establecidos; asimismo, el mencionado acto no impone obligaciones de esa
naturaleza a las entidades públicas o privadas, en tanto simplemente las convoca
para concurrir al apoyo y cumplimiento del Plan de Desarrollo Sostenible
aprobado en el marco del proceso participativo y de concertación previsto para tal
efecto.

De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que la Resolución núm. 046
demandada es de carácter general, porque al suspender los efectos de la
Resolución núm. 028, también de carácter general, no realizó ninguna previsión
de carácter específico que cree, modifique o extinga la situación jurídica individual
o personal de quienes conforman el grupo de la población campesina en las
zonas delimitadas de los municipios de Yondó, Remedios, Cantagallo y San
Pablo.

V.1.6. Caso concreto

Bajo las claridades realizadas, la Sala procederá a resolver los cargos expuestos
en la demanda de la siguiente manera:

El primer cargo consiste en la falta de competencia de la Junta Directiva del
INCORA para expedir la Resolución núm. 046 acusada, mediante la cual
suspendieron los efectos jurídicos de la Resolución núm. 028 de 2002 que
delimitó y constituyó la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río
Cimitarra; el actor señala que dicha facultad está reservada a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, atendiendo lo previsto en el artículo 238 de la
Constitución y 152 del Código Contencioso Administrativo

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Sobre la competencia como presupuesto de validez de los actos
administrativos, la Sección Primera ha considerado lo siguiente:

“[…] Según el punto de vista activo, la competencia es la aptitud o
autorización que tiene todo funcionario u organismo estatal para ejercer
las funciones y la autoridad que le han sido asignadas, dentro de
circunstancias objetivas y subjetivas señaladas en la Constitución, la ley
o el reglamento, y sólo dentro de ellas. Desde una perspectiva pasiva,
es el conjunto de asuntos que a toda autoridad pública le está atribuido
por la Constitución, la ley o el reglamento, para que actúe o provea en
orden a la atención de los mismos […]”17.

Dado que la competencia permite que las decisiones de la administración se
encuentren revestidas de legalidad, para que el acto administrativo sea válido
se requiere, entre otras condiciones, que al sujeto de quien emana dicho acto,
bien se trate de una entidad, órgano, institución o individuo, le haya sido
atribuida por la Constitución, la ley o los reglamentos la facultad de tomar dicha
decisión; por ello, el artículo 84 del Código Contencioso administrativo prevé la
falta de este elemento como uno de los vicios invalidantes de los actos
administrativos, el cual es insaneable como lo ha señalado la jurisprudencia de
esta Corporación18; consecuentemente, la competencia como presupuesto de
validez de los actos administrativos es fundamento del principio de legalidad
inherente al Estado social de derecho y constituye límite al ejercicio del poder
público.

Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación las características que la
jurisprudencia de la Sección Primera ha reconocido a la competencia, así:

“[…] i) Origen objetivo, en razón de que a todo funcionario u organismo la

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de

2012. MP. Marco Antonio Velilla, expediente 25000-23-24-000-2007-00345-01, acción de nulidad.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 15 de junio de 2004.

MP. Elizabeth Whittingham García, expediente 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782), recurso de súplica
contra sentencia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 3 de diciembre de 1997MP. Manuel Santiago Urueta A., expediente 4179, acción de nulidad.

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competencia le viene dada por el ordenamiento jurídico, de modo tal que
siempre tiene un origen externo a la voluntad de sus titulares, a quienes
no les está permitido auto asignársela; ii) Es taxativa, toda vez que
aparece señalada de manera expresa y precisa, tanto en su objeto como
en las circunstancias que la determina, respecto de quienes ejercen
funciones públicas; iii) Es irrenunciable, por cuanto los funcionarios no
pueden declinar la atribución correspondiente: así como implica un
derecho a su favor, en tanto aptitud para actuar sobre el asunto, también
conlleva un deber de proceder, de hacer uso de la misma; iv) Es
inenajenable, pues el titular de la competencia no puede disponer de su
radicación o asignación, no le es permitido transferir su titularidad
mediante actos suyos; v) Es improrrogable, esto es, que la competencia
no debe ejercerse por fuera de las circunstancias de tiempo, modo, lugar,
etc. que prevé la Constitución, la ley o el reglamento; y vi) Es indelegable,
pues, en principio, toda competencia debe ser ejercida de manera directa
por el funcionario o el órgano al que le ha sido asignada por la
Constitución, la ley o el reglamento, pudiendo solo transferir el ejercicio
de la misma cuando cualquiera de estas fuentes normativas le den
expresa autorización y bajo las circunstancias que al efecto les sean
señaladas en las disposiciones respectivas.

En línea con lo anterior, resulta necesario considerar el principio de autotutela
administrativa, según el cual, a la administración se le conceden una serie de
potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente
los intereses jurídicos que le asisten, sin necesidad de acudir a instancias
judiciales; así, se trata de un principio especial, en cuanto admite una relación
de desigualdad entre las entidades públicas y los administrados, a quienes
resultan oponibles las decisiones que motu proprio toman las primeras en aras
de hacer efectivo el interés público.

Sin embargo, esta facultad no es irrestricta ya que encuentra límites en el
interés general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas
a cada autoridad; esto, en razón a que, se reitera, uno de los postulados
esenciales del Estado social de derecho es que las autoridades o los
particulares que cumplen funciones públicas o administrativas no gozan de
plena autonomía, ya que toda conducta que deseen desplegar debe estar
consagrada en una norma habilitante.

En este sentido, la competencia como regla última para la distribución y

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delimitación material de la autoridad estatal y de la consecuente
responsabilidad, es una premisa implícita en los artículos 619, 12120, 12221,
12322 superiores, normas con base en las cuales puede sostenerse que, se
encuentra proscrito el ejercicio de competencias y facultades implícitas o
admitir el ejercicio de competencias o facultades cuyo alcance no esté bien
definido y sea ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines
esenciales del Estado.

En la misma línea, se tiene que el artículo 6° dispone que los servidores
públicos, además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes,
lo son también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, es
decir, están limitados desde un aspecto positivo; de allí que solo pueden hacer
lo que les está permitido por la Constitución, las leyes y los reglamentos.

Por su parte, el artículo 121 superior prevé que las autoridades del Estado no
pueden ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la
ley, y según el artículo 122 ibidem, el contenido funcional de todo empleo
público debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario para que pueda
ejercerse el cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la Constitución,
así como desempeñar los deberes que le incumben; asimismo, el artículo 123
ibidem prevé que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la
comunidad, y que ejercerán sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento.

19 Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los

servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones.
20 Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y

la ley.
21 No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de

carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus
emolumentos en el presupuesto correspondiente.
22 Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del

Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. //Los servidores públicos
están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento. //La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que
temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.

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Bajo este panorama, es claro que los distintos mecanismos de autotutela de la
administración deben tener consagración constitucional y/o legal expresa, pues
sólo así se habilita a la autoridad administrativa para su aplicación y las
condiciones en que ello puede tener lugar.

En este punto, atendiendo a que los actos administrativos gozan de la
presunción de legalidad y del privilegio de su ejecutoriedad, previsto en el
artículo 6423 del Código Contencioso Administrativo, esto es, que una vez
en firme están llamados a producir efectos; la Sala estima oportuno hacer
algunas precisiones conceptuales con respecto a las figuras de la suspensión,
derogatoria, pérdida de fuerza ejecutoria y revocatoria directa de los actos
administrativos, puesto que el sentido de la decisión que ha de adoptarse
depende en muy buena medida de esas claridades conceptuales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 152 del Código Contencioso
Administrativo, la suspensión provisional de un acto administrativo es una
medida cautelar, que se adopta para evitar que los efectos de un acto
administrativo que se considera ilegal continúen produciéndose mientras se
resuelve la demanda que discute la legalidad del acto acusado de nulidad; se
trata de una medida de cautela, y, por ende, temporal y accesoria, que afecta la
eficacia del acto administrativo mientras la jurisdicción define sobre su validez.

Por su parte, la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, según se
desprende de lo previsto en el artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo24, corresponde a la falta de obligatoriedad de lo resuelto por la
autoridad mediante determinado acto definitivo, es decir, a la imposibilidad de
la manifestación de voluntad estatal de seguir produciendo efectos jurídicos
hacia futuro; la figura opera de manera sobreviniente y por ministerio de la ley

23 Carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos. Salvo norma expresa en contrario, los

actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo, serán suficientes, por sí mismos,
para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La
firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados.
24 Modificado por el artículo 9.° del Decreto 2304 de 7 de octubre de 1989.

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bien sea por suspensión provisional o anulación, o cuando reconozcan
derechos a la administración si al cabo de 5 años de estar en firme no han sido
ejecutados, o por pérdida de vigencia.

Consecuentemente, la pérdida de fuerza ejecutoria afecta la eficacia del acto
administrativo y no su validez, toda vez que entraña, en sí mismo, la pérdida de
los efectos vinculantes del acto administrativo y determina su inaplicación de
pleno derecho, sin perjuicio de que en sede administrativa la autoridad
competente haga una declaración sobre su ocurrencia, sin que tal
manifestación constituya en sí misma una nueva manifestación de la voluntad
de la administración: se trata de un acto de simple constatación de un evento
sobreviniente cuyos efectos están previamente determinados por el legislador.

En punto de lo anterior, es preciso señalar que la suspensión del acto
administrativo es una de las facultades previstas en el artículo 67 del Código
Contencioso Administrativo, referido a la excepción de pérdida de fuerza
ejecutoria de los actos administrativos, circunscrita expresa y taxativamente a
dicho trámite, en los siguientes términos:

“[…] Cuando el interesado se oponga por escrito a la ejecución de un
acto administrativo alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, quien
lo produjo podrá suspenderla, y resolver dentro de un término de
quince (15) días. Contra lo que se decida no habrá recurso alguno
[…]”.

A su turno, según lo previsto en el artículo 69 del Código Contencioso
Administrativo, la revocatoria directa de los actos administrativos está referida
a la decisión unilateral de la administración de dejar sin efectos los actos
expedidos por ella misma, de oficio o a solicitud de parte, por las causales
expresa y especialmente previstas en la ley, esto es, cuando sea manifiesta su
oposición a la Constitución Política o a la ley, no estén conformes con el interés
público o social o atenten contra él, o con ellos se cause agravio injustificado a
una persona.

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En ese orden, la revocatoria directa es un mecanismo unilateral de la
administración, otorgado por el legislador con el fin de revisar sus propias
actuaciones, que le permite sacar del tránsito jurídico decisiones por ella misma
adoptadas, ya sea dentro del contexto de la actuación oficiosa o a solicitud de
parte, pero siempre en cumplimiento del debido proceso que corresponda
según se trate de un acto administrativo de carácter general o de un acto
administrativo particular y concreto; con lo cual, aquellos actos administrativos
que son revocados por la administración dejan de ser eficaces.

A diferencia de la pérdida de fuerza ejecutoria, la revocatoria de los actos
administrativos de carácter particular y concreto sí afecta la situación jurídica a
la que había dado lugar el acto administrativo revocado, cambiando la decisión
inicial por otra distinta; misma razón que conduce, por regla general, a que la
administración este obligada a obtener el consentimiento claro y expreso del
particular afectado, como lo prevé el artículo 73 del Código Contencioso
Administrativo.

Ahora bien, en lo que se refiere a la derogatoria de los actos administrativos de
carácter general, la jurisprudencia de la Corporación25 ha considerado que la
administración posee la atribución de derogarlos por cuanto en ellos existe un
interés público inmediato, y por tanto, ni la Constitución ni la ley han
consagrado para esta clase de actos restricción de esa naturaleza; asimismo,
se ha considerado que la derogatoria de un acto administrativo de carácter
general afecta su eficacia pero no su validez; de manera que, como acto
administrativo que es, debe cumplir los requisitos para su existencia y validez.

25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 11 de abril de

2019. MP. Oswaldo Giraldo López, expediente 11001-03-24-000-2009-00091-00. Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Auto de 31 de octubre de 2018. MP. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-27-000-2016-00034-00(22518). Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 31 de mayo de 2012.
MP. Gerardo Arenas Monsalve, expediente 68001-23-31-000-2004-01511-01(0825-09).

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En suma, la Sección Primera considera que hay claridad suficiente en cuanto
se refiere a que la eficacia u obligatoriedad del acto administrativo es
independiente de su validez o invalidez, y en que la ejecución obligatoria de un
acto administrativo de carácter general sólo puede suspenderse o impedirse
por tres vías: i) jurisdiccional, cuando el órgano judicial competente suspende
provisionalmente o anula el acto administrativo, lo que ocurre por razones de
inconstitucionalidad o ilegalidad pero nunca por razones de conveniencia; ii)
administrativa, mediante la revocatoria directa del acto administrativo o su
derogatoria, eventos en los cuales la autoridad que expidió el acto, o su
superior jerárquico, lo deja sin efectos mediante un acto posterior plenamente
motivado, con base en las tres causales consagradas en el artículo 69 del
Código Contencioso Administrativo; iii) automática, cuando se presentan las
causales previstas en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo para
la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo.

Conforme con todo lo anterior, al revisar el caso expuesto, se concluye prima
facie, que al expedir la Resolución núm. 046 de 2003 la Junta Directiva del
INCORA actuó de manera autónoma en defensa del interés general y con el fin
de garantizar un espacio que permitiera mayor participación de la población
campesina que habita el espacio geográfico, delimitado y constituido como
Zona de Reserva Campesina del valle del río Cimitarra.

Por consiguiente, resulta fundamental determinar si el INCORA contaba con la
competencia normativa necesaria para adoptar y ejecutar, como medida de
autotutela, la suspensión de los efectos jurídicos de la Resolución núm. 028.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 160 de 1994, el INCORA continuará
funcionando como un establecimiento público descentralizado del orden
nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura; y en su artículo 80 previó
que, son zonas de reserva campesina la que seleccione la Junta Directiva del

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INCORA teniendo en cuenta los criterios establecidos en la misma norma.

Por su parte, el artículo 1.° del Decreto núm. 1777 de 1996, reglamentario de
las Zonas de Reserva Campesina de que trata la Ley 160, precisó que le
corresponde a la Junta Directiva del INCORA delimitar y constituir las zonas de
reserva campesina; y en los artículos 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8° y a 9.° reguló lo
correspondiente a la actuación administrativa que debe surtirse para la
selección, delimitación y constitución de las zonas de reserva campesina; en
especial, lo relativo a su iniciación de oficio o a solicitud de parte, el contenido
de la solicitud, el trámite que debe seguirse, la obligatoriedad del plan de
desarrollo sostenible, su adopción y concertación, la audiencia pública y el
contenido de la decisión.

Al respecto, la Sala observa que ninguna de las normas legales o
reglamentarias le confiere al INCORA la competencia relativa a suspender los
efectos del acto administrativo con el que culmina la actuación administrativa
que delimita y constituye las zonas de reserva campesina.

Es importante destacar que en el acto administrativo impugnado se invocó la
facultad conferida por el artículo 76 de la Ley 489 de 29 de diciembre de
199826, en la que se señalan, de manera general, las siguientes funciones que
tienen los consejos directivos de los establecimientos públicos.

“[…] a) Formular a propuesta del representante legal, la política general
del organismo, los planes y programas que, conforme a la Ley Orgánica
de Planeación y a la Ley Orgánica del Presupuesto deben proponerse
para su incorporación a los planes sectoriales y a través de éstos, al
Plan Nacional de Desarrollo;

b) Formular a propuesta del representante legal, la política de

26 “[…] por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden

nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones […]”.

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mejoramiento continuo de la entidad, así como los programas
orientados a garantizar el desarrollo administrativo;

c) Conocer de las evaluaciones semestrales de ejecución presentadas
por la administración de la entidad;

d) Proponer al Gobierno Nacional las modificaciones de la estructura
orgánica que consideren pertinentes y adoptar los estatutos internos
de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca de
conformidad con lo dispuesto en sus actos de creación o
reestructuración;

e) Aprobar el proyecto de presupuesto anual del respectivo
organismo;

f) Las demás que les señalen la ley, el acto de creación y los estatutos
internos […]”.

Sobre el particular, la Sección Primera encuentra que esa disposición legal
tampoco le otorgó a la Junta Directiva del INCORA alguna facultad que le
permitiera, por vía administrativa, suspender los efectos del acto administrativo
por medio del cual se delimita y constituye una zona de reserva campesina.

En ese orden, la Sala considera que la entidad interpretó de manera incorrecta
la normativa mencionada anteriormente, toda vez que, por un lado, aunque la
Ley 160 de 1994 y el Decreto reglamentario núm. 1777 de 1996 facultan a la
Junta Directiva del INCORA la selección, delimitación y constitución de las
zonas de reserva campesina, no le habilitan prerrogativa alguna, dirigida a
suspender los efectos del acto administrativo constitutivo de las zonas de
reserva campesina; tampoco lo hacen las disposiciones del artículo 76 de la
Ley 489 de 1998, más aún si se tiene en cuenta que en su literal f) se alude al
ejercicio de otras funciones previstas en la ley, y que, en este caso concreto, en
la ley no encuentra alguna referida a la suspensión de los efectos del acto
administrativo.

En consonancia con lo anterior, esta Corporación reitera que el artículo 238 de

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la Constitución Política reserva a la jurisdicción contencioso administrativa la
prerrogativa de suspender provisionalmente los efectos de los actos
administrativos, siempre que ello ocurra en el marco de un proceso judicial en
el que se ataca la legalidad de la decisión administrativa; de igual forma, que
las normas del Código Contencioso Administrativo no consagran una potestad
administrativa expresa, encaminada a conferirle a la administración la
prerrogativa de suspender los efectos de sus propios actos administrativos.

En tal sentido, la Sala concluye que la Resolución núm. 046 de 2003 esta
viciada de nulidad, en razón a que a la Junta Directiva del INCORA no se le ha
conferido la prerrogativa de suspender los efectos jurídicos de los actos
administrativos mediante los cuales delimita y constituye una zona de reserva
campesina; de manera que, al haber adoptado una decisión en tal sentido,
respecto de la Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra, ejerció una
competencia o prerrogativa que está reservada a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

En consecuencia, se declara la nulidad de la Resolución núm. 046 de 10 de
abril de 2003 expedida por la Junta Directiva del INCORA, "[…] Por la cual se
suspende la Resolución No. 028 de Diciembre 10 de 2002 […]".

En lo que respecta a los cargos segundo y tercero de nulidad contenidos en
la demanda, consistentes en la expedición irregular y en la falsa motivación,
siguiendo el criterio jurisprudencial de esta Sección, la Sala se releva de su
estudio atendiendo a la prosperidad del cargo de nulidad por falta de
competencia.

Ahora, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de
conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, no hay
lugar a ello, habida cuenta de que en esta acción se ventila un interés público.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación
por pasiva alegada por la parte demandada, de conformidad con las razones
consignadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 046 de 10 de abril
de 2003 expedida por la Junta Directiva del INCORA, "[…] Por la cual se
suspende la Resolución No. 028 de Diciembre 10 de 2002 […]", de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese la actuación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se

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Número único de radicación: 11001-03-26-000-2008-00012-00
Actor: Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra

garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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